Sentencia Definitiva N° 234/2025

Montevideo, 16 de setiembre de 2025 Ministro redactor Dra. Beatriz Venturini VISTOS: Para sentencia definitiva estos autos caratulados: “AMARAL, BENITO Y OTROS C/ MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS - DIRECCIÓN GENERAL DE CASINOS – COBRO DE PESOS” – IUE: 2-967/2024, venidos a conocimiento de este Tribunal en virtud del recurso de apelación interpuesto por la parte actora a fs. 554-562 vto. y adhesión de la parte demandada a fs. 566-586 vto., contra la sentencia definitiva Nº 93/2024 del 15 de diciembre de 2024 de fs. 550-552 vto., dictada por el Sr. Juez Letrado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo de 3º Turno, Dr. Pablo Javier Gandini Bottini. RESULTANDO: 1) Por la recurrida – a cuya relación de antecedentes procesales útiles se hace remisión por ajustarse a las resultancias de autos – se desestimó la demanda, sin especial condenación. 2) Contra la referida providencia se alzó en tiempo y forma la parte actora, quien en escrito de fs. 554-562 vto. manifestó que existió una errónea aplicación de las normas de derecho y errónea aplicación de los principios (especialmente el principio de igualdad). Agravia a esta parte la incorrecta aplicación del artículo 2 del Decreto Nº 360/978, el cual es claro en cuanto a que el beneficio se percibe por el trabajo efectivamente realizado (incluyendo sábados y domingos). La sentencia es escueta y se limita a expresar que habiendo los trabajadores optado por cobrar el beneficio por oficina central, no les corresponde el régimen del establecimiento en el que desempeñan su cargo (pese a que no existe mandato normativo que lo excluya. Sostuvo que le agravia la desigualdad en la aplicación de la norma y la violación al principio de igualdad. Esta parte jamás pretendió la aplicación de la normativa de otro grupo de funcionarios sino que busca la igualdad de trato ante un mismo beneficio legal que ambos grupos de trabajadores tienen derecho a percibir y viene de la misma norma. Esta diferencia en el trato tiene como consecuencia el desfavorecer a un grupo sobre otro sin explicación alguna. Afirma que existió una errónea aplicación del Decreto Nº 360/978 y sus modificativos, que establece el derecho por parte de los trabajadores a percibir el complemento salarial por el trabajo realizado en la dependencia asignada por DGC en los días en que la misma, de acuerdo con su actividad, esté habilitada al público y, por ende, deban cumplir funciones. Los encargados o gerentes pueden optar entre percibir el porcentaje en virtud del casino en el cual se encuentran cumpliendo funciones o el correspondiente a la Oficina Central de la DGC que termina siendo un promedio entre la recaudación de todos los establecimientos del país. Los actores siempre optaron por cobrar el beneficio por Oficina Central, pero tomando como límite máximo los días en que la oficina estuvo abierta al público (que siempre es menor a los días efectivamente trabajados y no considera los fines de semana que es donde se obtienen las mayores ganancias). Destacó que el cambio en la redacción de la normativa favorece la tesis de los actores. Así, destacó lo dispuesto en el artículo 17 del Decreto Nº 360/978 (Leyes Nº 13.797 y 13.921) que otorgó a los gerentes el derecho de optar por percibir el beneficio y en caso de hacerlo por Oficina Central, el mismo sería calculado como si fueran funcionarios de ésta; pero luego se modificó y se permitió optar por el establecimiento en el cual se desempeña el cargo o por Oficina Central. La demandada, arbitrariamente, desconoce el trabajo efectivamente realizado por los actores y únicamente abona por Oficina Central. La modificación puede entenderse como un reconocimiento de la realidad laboral. Agregó que los actores no pretenden un ingreso indebido al régimen sino que pretenden que se les abone el beneficio en su propio régimen conforme a los días trabajados, respetándose la igualdad de los trabajadores en el cálculo (que resulta discriminatorio pues hay dos grupos de trabajadores que cobran el mismo beneficio en base a la misma norma en forma distinta). La disparidad de criterios es clara. Dedujo, como segundo agravio, los perjuicios respecto a la desigualdad en la aplicación de la norma así como la violación al principio de igualdad de los trabajadores. En efecto, sostuvo que la demandada no logra aclarar el por qué aplica desigualmente la norma entre dos grupos de trabajadores que tienen derecho a percibir el mismo beneficio salarial. La diferencia genera una situación de desigualdad laboral que configura una conducta arbitraria de la administración. La compensación tiene naturaleza salarial y la norma reglamentaria dispone a texto expreso que se tiene el derecho al cobro de la compensación por el efectivo trabajo. La interpretación de la contraria lesiona el principio de igualdad y brinda la solución más favorable a otro grupo de trabajadores. Agregó que también se viola el principio in dubio pro-operario. 3) La parte demandada evacuó el traslado de la apelación conferido en escrito de fs. 566-586 vto., adhiriendo al mismo con agravio eventual. Advirtió que no hay agravios con relación al acogimiento de la excepción de prescripción respecto al cual la contraria oportunamente anunció apelación, por lo cual ello ha quedado firme. En cuanto al fondo, manifestó que el apelante pretende hacer decir a la norma algo que no dice con su claro tenor literal, partiendo de un erróneo razonamiento. Los agravios de la contraria no son de recibo pues no se conmueve la contundente y sólida fundamentación de la impugnada. Expresó que la DGC es la entidad a nivel nacional con actividad comercial de juegos de azar de Casinos y Salas de Esparcimiento que se funda en lo dispuesto, entre otras, en la Ley Nº 13.921 y Decreto Ley Nº 15.206. Su régimen presupuestal es común a todas las entidades y se integra por la Oficina Central (autoridades de conducción, gerenciamiento, asesoramiento), casinos y salas de esparcimiento. La mayor parte del personal de la organización participa en las utilidades brutas de la forma “porcentaje”, y dentro de dicho grupo se encuentran los actores. Dichos porcentajes están regulados en las Leyes citadas y en la Ley Nº 13.797 con sus modificaciones para las situaciones de los gerentes de Casinos y Salas de Esparcimiento. La evolución de la situación llegó a que se llegara al “Fondo Común”, instrumento que adecuó la principal retribución de la mayor parte de los funcionarios a la gestión orgánica de la explotación de los casinos. Explicó que el fondo es distribuido, no en base a una sola variable, sino en base a aproximadamente 20 factores que interactúan, lo que determina que cada funcionaria perciba una remuneración diferente (porque se tiene en cuenta antigüedad, inasistencias, etc.). Continuó expresando que la regla general tiene una excepción: los gerentes de casinos, quienes son los únicos que tienen el beneficio de optar por percibir el beneficio por establecimiento de juego o por Oficina Central. Explicó la evolución de los casinos en base a las nuevas tecnologías, lo que determinó que se necesitara personal presente en cada casino y se crearan diferentes controles centralizados en forma remota, creándose para los mismos un nuevo régimen de participación en el porcentaje. En definitiva, se reconoció la existencia de dos colectivos diferentes de beneficiarios que necesitaban regímenes diversos y se crearon las diferentes categorías según el rol de gerente que se tratara. Además se otorgó un beneficio adicional (compensación especial por cambio de residencia). Estimó que no se pueden comparar ambas categorías en base a un único factor como hace la parte interesada, quien desconoce la creación de las categorías y conjuntos de beneficiarios en base a que existiría un tratamiento desigual e ilegítimo. La categoría se forma en base al único factor “cobrar por Oficina Central) y tiene diferencia notoria más favorables para los gerentes. Surge de autos que los actores optaron por el régimen de Oficina Central, opción que realizaron en base a su conveniencia. Sostuvo que debe tenerse presente que operó la paga (como extinción de cualquier adeudo) y que debe aplicarse la teoría del acto propio pues no hubo impugnación en vía administrativa. Sobre estos puntos, adhirió a la apelación con agravio eventual manifestando que deben tomarse las defensas indicadas en este escrito como agravios eventuales. 4) La parte actora evacuó el traslado de la adhesión a la apelación conferido en escrito de fs. 595-596 manifestando que el monto reclamado tiene naturaleza salarial y por tanto es irrenunciable; la Administración debe proceder con el correcto pago de estas. No existió ningún tipo de consentimiento de los dicentes pues hasta se presentó una propia petición administrativa para percibir el monto por los días efectivamente trabajados. 5) Franqueada la alzada por Decreto Nº 703/2025 del 7 de abril de 2025 (fs. 598), se asignó esta Sala (fs. 601) y recibidos los autos en el Tribunal el 25 de abril de 2025 (fs. 601 vto.), tras el estudio de precepto, se resolvió emitir decisión anticipada al amparo de lo dispuesto por el art. 200.1 del CGP. CONSIDERANDO: I). El Tribunal con el voto conforme de todos sus integrantes acordó revocar la sentencia definitiva Nro. 93/2024 y, en su lugar, hacer lugar a la demanda, sin especial sanción procesal, en mérito a las siguientes consideraciones. II). Frente a la desestimatoria total de la pretensión los accionantes interponer recurso de apelación, y, para la Sala por unanimidad, los agravios son parcialmente de recibo. III). Se agravia en primer término la parte actora porque se interpreta erróneamente el Decreto Nro. 360/978, por el cual se debe abonar el beneficio de acuerdo con los días efectivamente trabajados. En este punto, a criterio del Tribunal no asiste razón al recurrente. El art. 2 del Decreto 360/978 establece “Siendo este beneficio un complemento del sueldo que se percibe por el trabajo realizado, tendrán derecho al mismo aquellos funcionarios que presten servicios efectivos en la Dirección General de Casinos. Sólo se generará derecho a percibir porcentaje por los días en que cada dependencia, de acuerdo con su actividad principal, esté habilitada al público. Los funcionarios que por razones de servicio deban trabajar en el organismo en días en que no se genera derecho a la percepción de porcentaje, se considerarán actuando en día hábil para el cobro de estos hasta tanto no sobrepasen el límite máximo posible de días computables para el porcentaje, por mes y en cada dependencia, de acuerdo a las condiciones establecidas en el inciso precedente.” Esta norma en primer lugar señala que el beneficio se cobra por los días efectivamente trabajados pero agrega “Sólo se generará derecho a percibir porcentaje por los días en que cada dependencia, de acuerdo con su actividad principal, esté habilitada al público.” , por ende debe estarse a los días de atención al público de la dependencia en que trabaja. Y luego prevé otra hipótesis, que es el caso en que se deban trabajar en días no habilitados al público , señalando que se considerarán hábiles para el cobro del beneficio. Ahora bien, el art 17 de dicho cuerpo normativo, da a quienes ocupan determinados cargos una opción. En efecto, esta norma establece “Los funcionarios que ocupen el cargo de Gerente de Casino en carácter de titulares o aquéllos que lo ocupen en forma interina por así haberlo dispuesto los Jerarcas de la Dirección General de Casinos, tendrán derecho a optar al comienzo de cada período contractual o cuando asuman las expresadas funciones, en su caso, entre percibir el porcentaje del Casino donde actúan o el correspondiente a la Oficina Central, como si fueren funcionarios de esta última repartición. Este derecho comprende también a los Gerentes de los Casinos cuyas salas de juego se encuentren transitoriamente sin actividad.” La opción que se plantea es cobrar el beneficio de acuerdo con el porcentaje del Casino en que trabajan o el correspondiente a la Oficina Central. Pero en este último caso agrega “como si fueren funcionarios de esta última repartición”. Esta acotación sella negativamente la pretensión planteada en autos. La norma claramente determina que en el caso de optar por el cobro de acuerdo a Oficina Central, se hará como si fueran funcionarios de esta última, lo que claramente implica que se tomarán en cuenta los días que esta oficina está habilitada al público únicamente , esto es, como si trabajaran en la misma. IV). Ahora bien, con posterioridad, el Decreto Nro. 488/008, el que en su art. 32 expresa “Los Gerentes de Casinos y Salas de Esparcimiento o quienes hagan sus veces, que se encuentren comprendidos en lo dispuesto en el artículo 11 del presente Decreto, tendrán derecho de optar por percibir el beneficio regulado en el Decreto 360/978, por el establecimiento en el cual desempeñan su cargo o por Oficina Central. Dicha manifestación de voluntad, deberán comunicarla formalmente a la Dirección General, en el término de 30 días de tomar posesión de un nuevo destino y/o durante los primeros 15 días del mes de diciembre de cada año. Derógase, a partir del 1/04/08, lo dispuesto en el inciso tercero del artículo 17 del Decreto 360/978.” La única derogación que realiza esta norma en forma expresa es del inc. tercero del art, 17 citado. Entonces, a criterio del Tribunal, puede entenderse que al referir a la opción expresamente, sin hacer referencia alguna a la limitación planteada en el propio Decreto Nro. 360/978, corresponde interpretar que se produjo una derogación tácita de aquella exigencia. En este punto, atendiendo a una interpretación in dubio pro-operario, a criterio del Tribunal corresponde entender que este limitante ha sido derogado tácitamente por esta última norma. Por lo tanto, la compensación debería abonarse por los días efectivamente trabajados, ya que no se toma en cuenta esa ficción jurídica de trabajo en la Oficina Central. Véase que las normas presupuestales posteriores tampoco incluyen ese requisito (véase los artículos 21 del Decreto Nro. 354/018 y 21 del Decreto Nro. 328/23). V). A ello se suma, en favor de la solución revocatoria, el segundo agravio de los accionantes, esto es , la violación del principio de igualdad, entendiendo el Tribunal que asiste razón a los apelantes. La Sala comparte plenamente el análisis realizado en el libelo de agravios al respecto. Obsérvese que en la extensa explicación que pretende dar la demandada, no se concluye una justificación objetiva de las diferencias en la concreta forma de pago de lo reclamado, más que el hecho de haberse dispuesto con posterioridad el beneficio para las salas de entretenimiento, pero, como se afirma en la apelación, no se encuentra esa diferencia objetiva requerida. De la propia explicación de la demandada surge que, al formarse el Fondo Común para generar el beneficio igualitario para todos los funcionarios abarcados por el mismo, se buscaba eliminar diferencias retributivas. Pero las Salas de entretenimiento creadas con posterioridad también aportan a ese Fondo y por tanto, sus funcionarios también se benefician de lo aportado por los Casinos. En definitiva, sigue siendo un fondo común para todos. Pero la explicación que se da es que para cubrir el cupo de estos “nuevos funcionarios” que realizan el monitoreo de las salas y casinos en forma remota, debía recurrirse a funcionarios ya existentes o nuevos y por tanto debían incentivarlos para que se trasladaran a sus lugares de trabajo y por tanto se creó un nuevo régimen de participación en el porcentaje. De acuerdo con este sistema, se les abona el porcentaje por todos los días en que las salas que monitorean están habilitadas al público ,aunque trabajan en Oficina Central.(Decreto 294/15, art. 29) Además, el hecho de que los actores fueran beneficiados con una partida especial por cambio de residencia, no tiene relación con el beneficio que aquí se pretende, el que tiene por finalidad igualar el nivel retributivo en atención a las diferentes ganancias de los Casinos. La diferencia sería válida si se abonara por separado a quienes trabajan en Casinos y Salas de Esparcimiento según las ganancias de cada sector. Pero si las ganancias de ambos sectores se vuelcan en un fondo común, no existe, por este lado tampoco, argumento sólido para afirmar que quienes optan por cobrar por Oficina Central, a unos se les computen todos los días de trabajo efectivo y a otros no. En efecto, la existencia de norma posterior que habilita para un grupo de funcionarios distintos el cobro de todos los días de trabajo efectivo, sin importar los que expresamente están habilitados al público en la Oficina Central, habilita el presente reclamo al amparo del principio de igualdad. Si no existe una justificación objetiva que explique la diferencia en las condiciones para el cobro del presente beneficio, no puede concluirse otra cosa que se está violando el principio de igualdad y de justa remuneración, provocando una situación de clara discriminación hacia los actores. La justa remuneración, de la que el Tribunal tiene jurisprudencia abundante, supone abonar lo que corresponde, en relación también al resto de los funcionarios. Asimismo, la Sala tiene jurisprudencia que refiere al principio de igualdad , en numerosas sentencias en que se igualaron salarios que estaban diferenciados sin razones objetivas. A vía de ejemplo de la jurisprudencia firme de este Tribunal, en Sentencia Nro. … recaída en autos caratulados KUCHAN CABRERA, ALICIA C/ ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO – COBRO DE PESOS” – IUE: 2-103484/2023, se afirma: “III) El segundo argumento, es de franco rechazo, de acuerdo a la posición que sustenta el Tribunal. En efecto, que no haya autorización presupuestal, no es óbice para reconocer derecho subjetivo de la funcionaria que cumple con la tarea incluida en el incentivo de salud mental. Y ello, porque no puede afectarse el principio de igualdad, derecho humano fundamental ( art. 8 de la Constitución) , que impone que las personas deben ser iguales ante la ley. Frente a ello, si la resolución de ASSE prevé el pago de un incentivo para el cargo y tarea que realiza la actora, no puede luego alegarse falta de previsión presupuestal para incumplir con su propia disposición. Todo trabajador sea público o privado tiene derecho a la justa remuneración ( art. 54 de la Constitución) lo que implica, en el caso, que se les abone el salario acorde a las tareas realizadas incluidos los beneficios que corresponden y que otros funcionarios en la misma situación están percibiendo. En este sentido, la Sala se remite a las consideraciones vertidas en la Sentencia N° 69/2022: “Dentro de estas normas constitucionales aplicables a toda persona que trabaja en régimen de subordinación, se encuentra el derecho a la justa remuneración. En efecto, la constitución en su art. 54 le da rango constitucional al derecho a la justa remuneración por el trabajo realizado, lo que se traduce en que todo funcionario debe recibir el salario acorde a la función que realiza, expresado en el concepto de “a igual trabajo igual salario”. Esta norma constitucional es la expresión nacional de un Derecho Humano reconocido internacionalmente en múltiples instrumentos que nuestro país ha ratificado (Declaración Universal de los Derechos Humanos – ONU, art. 23; Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales , ONU, art. 7; Protocolo de San Salvador adicional a la Convención Americana de Derechos Humanos, OEA, art. 7, entre otros), y por tanto, está obligado a cumplirlos de buen fe , como reza el Tratado de Viena sobre Derecho de los Tratados (art. 26 ). Estas normas internacionales refieren al concepto de “salario equitativo e igual por trabajo igual”. De tal forma que, los conceptos “equitativo” y “justo”, suponen el respeto del principio de igualdad, que también rige nuestro ordenamiento jurídico y que se encuentra expuesto en el art. 8 de la Carta Magna. (Barretto, Hugo, Teoría y método en el Derecho del Trabajo, p. 27) No se trata de una norma meramente programática, sino de un Derecho Humano consagrado constitucionalmente que se condice con la especial protección del trabajo que impone el art. 53 de la Carta Magna, y que no debe dejar de aplicarse como lo impone dicho cuerpo normativo (art. 332 de la Constitución). El concepto de justa remuneración tiene una connotación vinculada a “una aspiración y objetivo del Estado social y de bienestar”, lo que supone un significado más profundo que el de simple “salario mínimo”, entendiendo por tal el límite inferior e infranqueable de una escala salarial. El empleador cumple con el art. 7 de la Constitución que protege el trabajo, al abonar el salario mínimo , pero cumple con la justa remuneración al actualizar dicho salario a las circunstancias del momento y con independencia de los requerimiento de subsistencia del trabajador, lo que implica un plus y que responde a la dinámica del “trabajo vivo”, más que nada relacionado con los valores de dignidad .(Hugo Barretto, ob. cit, p. 28-31)…” Entonces, como señala Beatriz Durán: “Si el Estado ha sancionado una legislación para regir el trabajo humano subordinado al servicio del patrono, cuando el Estado como sujeto de derecho incurre en los presupuestos fácticos del trabajo subordinado, por justicia debe ser alcanzado por el derecho que regula esa relación. No solo es así cuando el Estado actúa como sujeto privado, sino también cuando emplea trabajo humano, aun en cumplimiento de sus fines esenciales.” (“Derecho General del Trabajo y su aplicación a los funcionarios públicos”, en Cuadernillos de Fundación Electra, Nº 30, p 23)ob. cit, p. 31)”. En conclusión, estima el Tribunal que, ya sea porque se entiende que la limitación de días ha sido derogada tácitamente por las normas subsiguientes, o porque se está violando el principio de igualdad y justa remuneración, corresponde hacer lugar al reclamo. VI). Por último con referencia a la respuesta de la parte demandada a la impugnación de los accionantes, el hecho que los accionantes no hayan reclamado hasta ahora, salvo por el instituto de la prescripción, no tiene ninguna consecuencia negativa, ya que rige en este punto el principio de irrenunciabilidad que deviene totalmente aplicable atento a que enfrentamos una relación laboral incuestionable. Por tanto, toda la argumentación sobre la paga que efectúa la parte demandada es inadmisible. VII). Corresponde analizar el recurso de adhesión a la apelación deducido por la parte demandada. A criterio del Tribunal, la adhesión aparece como genérica. En efecto, se entiende por la Sala que la demandada pretende que la contestación de la apelación haga las veces de adhesión en caso de solución revocatoria, ya que refiere al numeral tres que es toda la contestación de la apelación. En este entendido el agravio es de rechazo. VIII). La conducta procesal de las partes y la solución adoptada determinan que no corresponda especial imposición de sanciones procesales. Por los fundamentos expuestos y normas citadas, el Tribunal FALLA: REVÓCASE LA SENTENCIA DEFINITIVA APELADA NRO. 93/2024, Y, EN SU LUGAR, SE HACE LUGAR A LA DEMANDA EN TODOS SUS TÉRMINOS, SIN ESPECIAL SANCIÓN PROCESAL EN EL GRADO. HONORARIOS FICTOS $ 30.000.- NOTIFÍQUESE Y OPORTUNAMENTE, DEVUÉLVASE. Dra. Beatriz Venturini – Dra. Ana Rivas – Dr. Álvaro Messere MINISTROS Esc. Mónica Falótico SECRETARIA