Sentencia Definitiva N° 235/2025

Montevideo, 16 de setiembre de 2025 Ministro redactor Dra. Beatriz Venturini VISTOS: Para sentencia definitiva estos autos caratulados: “BANCO HIPOTECARIO DEL URUGUAY C/ OLIVERA, ÁNGEL Y OTROS – ACCIÓN REIVINDICATORIA” – IUE: 2-81876/2023, venidos a conocimiento de este Tribunal en virtud del recurso de apelación interpuesto por la parte codemandada Sr. Ángel Olivera a fs. 65-66, contra la sentencia definitiva Nº 4/2025 del 6 de febrero de 2025 de fs. 62-64, dictada por la Sra. Juez Letrado de Primera Instancia en lo Civil de 4º Turno, Dra. Ana María Guzmán. RESULTANDO: 1) Por la recurrida – a cuya relación de antecedentes procesales útiles se hace remisión por ajustarse a las resultancias de autos – se amparó la demanda y, en su mérito, se condenó a los demandados a restituir al Banco Hipotecario del Uruguay el inmueble padrón XX de Montevideo, en un plazo de 60 días corridos a contar desde el día siguiente a aquel en que esta sentencia quede ejecutoriada, bajo apercibimiento de desapoderamiento por Alguacil. Sin especial condenación en costos y costas. 2) Contra la referida providencia se alzó en tiempo y forma la parte codemandada Sr. Ángel Olivera, quien en escrito de fs. 65-66 vto. manifestó que le agravia la recurrida en tanto omite un elemento fundamental que surge de los acordonamientos realizados y versan sobre la mejora económica que el dicente verificó en el terreno que poseyó. En 2002 el compareciente, Sr. Ángel Olivera, adquirió los derechos posesorios del Sr. Silvestre, tal como surge del certificado notarial glosado en autos IUE 2-53181/2018. Del mismo surge que el Sr. Olivera y la Sra. Mercedes Salinas comenzaron a convivir en el año 2005, sin perjuicio de que el Sr. Olivera lo ocupó desde 2002. Continuó expresando que desde en época (2002), existía una única finca en muy mal estado de conservación, lo que motivó que se realizaran mejoras y nuevas construcciones, obras de reacondicionamiento y mantenimiento para garantizar a su familia un hogar con la característica de digna habitabilidad. En efecto, el inmueble tenía una única vivienda situada a mitad del predio, y el compareciente fue realizando nuevas construcciones al frente y fondo, quedando él en el frente y al fondo la Sra. Salinas. Todas las mejoras están evaluadas en U$S 30.000, lo que el fallo omitió considerar y produce graves perjuicios al compareciente, porque se debió aplicar la solución de los artículos 698 a 699 del Código Civil, reservándose el derecho de retención hasta el pago de las mejoras, todo sin perjuicio del valor sentimental familiar que mantiene el dicente con el inmueble ya que fue el centro de vida común con quien fue su pareja y el nacimiento y desarrollo de sus hijos. Concluyó que debe tenerse al compareciente como poseedor de buena fe, que así lo fue desde 2002, tomando conocimiento de la situación dominial del inmueble en el expediente IUE 2-53181/2018, cuando fue emplazado en ocasión del desalojo por ocupante precario iniciado por el BHU contra el dicente. 3) La parte actora evacuó el traslado de la apelación conferido en escrito de fs. 69-70 manifestando que la contraria al contestar la demanda no probó la realización de las mejoras sino que simplemente las enumeró. No existe en autos ni en los acordonados prueba sobre las mejoras realizadas, la fecha de realización de estas y su autoría. Quien alega un hecho debe probarlo y más en el caso de autos que es el propio demandado quien vive en el inmueble y está en mejores condiciones de obtener dicha prueba. Agrega que el bien lo hubo el BHU por escritura de adjudicación judicial el 22 de octubre de 2018 y fue la Sra. Salinas quien entregó, en el proceso de entrega de la cosa, al Alguacil el bien el 15 de febrero de 2008. Naturalmente los demandados reingresaron al bien o de lo contrario el acta diría otra cosa. Posteriormente se promovió juicio de desalojo de ocupante precario, en el que se acogieron las defensas opuestas, lo que motivó la presente acción reivindicatoria. El demandado sabía que el inmueble era de esta parte y entró al mismo de forma ilegítima. Esta parte trató de recuperar el mismo utilizando todos los mecanismos legales que tenía a su disposición. En definitiva, la falta de título para poseer reconocida por los demandados los hace ocupantes de mala fe, no teniendo derecho a compensaciones por mejoras ni derecho de retención por garantía. Solo pueden llevarse los materiales en cuanto puedan separarlos sin detrimento de la cosa reivindicada (art. 700 del Código Civil). 4) Franqueada la alzada por Decreto Nº 711/2025 del 3 de abril de 2025 (fs. 72), se asignó esta Sala (fs. 74) y recibidos los autos en el Tribunal el 23 de abril de 2025 (fs. 74 vto.), tras el estudio de precepto, se resolvió emitir decisión anticipada al amparo de lo dispuesto por el art. 200.1 del CGP. CONSIDERANDO: I). El Tribunal con el voto conforme de todos sus integrantes acordó confirmar la sentencia apelada, con costas y sin especial sanción en costos, en mérito a las siguientes consideraciones. II). El único impugnante, el codemandado Sr. Ángel Olivera, impugna la sentencia definitiva de primera instancia porque la misma omitió pronunciarse sobre las mejoras realizadas en el inmueble y el derecho de retención. A criterio del Tribunal el agravio es de franco rechazo. El demandado no evacuó el traslado de la demanda (rectius: se tuvo por presentada la contestación de la demanda en forma extemporánea, procediéndose a su desglose, ver Decreto 657/2024 a fs. 36). Así las cosas, la solicitud de mejoras realizadas en el inmueble y el derecho de retención no fueron peticionados en la estación procesal hábil al efecto (contestación de la demanda) y por lógica consecuencia, no fueron incluidos en el objeto del proceso y de la prueba (ver fs. 40 y vto.) De tal forma que la Sra. jueza “a quo” procedió conforme a derecho, ya que, si se hubiera expedido con relación a estos puntos, hubiera infringido el principio de congruencia. Entonces, a criterio del Tribunal por unanimidad, la solicitud realizada al alegar y apelar resulta extemporánea. III). De acuerdo con la solución adoptada, no corresponde ingresar al análisis sobre si efectivamente se realizaron mejoras, así como la buena o mala fe del demandado. IV). Asimismo, y por lo precedentemente expresado, el apelante es merecedor de la condena en costas, pues se advierte la ligereza culpable, al apelar. (arts. 688 CC y 261 CGP).- Por los fundamentos expuestos, normas citadas y lo dispuesto por los arts. 197, 198 y 257 del C.G.P., el Tribunal F A L L A: CONFÍRMASE LA SENTENCIA APELADA, CON COSTAS A CARGO DEL APELANTE Y SIN ESPECIAL CONDENACIÓN EN COSTOS.- HONORARIOS FICTOS: $ 25.000.- NOTIFIQUESE Y DEVUÉLVASE. Dra. Beatriz Venturini – Dra. Ana Rivas – Dr. Álvaro Messere MINISTROS Esc. Mónica Falótico SECRETARIA