Sentencia Definitiva N° 236/2025

Montevideo, 16 de setiembre de 2025 Ministro redactor Dra. Beatriz Venturini VISTOS: Para sentencia definitiva estos autos caratulados: “FISCO C/ AA - CONTRABANDO” – IUE: 442-80/2024, venidos a conocimiento de este Tribunal en virtud del recurso de apelación interpuesto por la parte demandada a fs. 268-275 vto., contra la sentencia definitiva Nº 13/2025 del 25 de febrero de 2025 de fs. 260-264, dictada por la Sra. Juez Letrado de Aduana, Dra. María del Carmen Roybal Silva. RESULTANDO: 1) Por la recurrida – a cuya relación de antecedentes procesales útiles se hace remisión por ajustarse a las resultancias de autos – se condenó a AA como autor de una infracción aduanera de contrabando y en su mérito se le impuso el comiso del vehículo incautado, el pago de los tributos correspondientes, el pago del doble de los tributos a la importación, una multa del 20% del valor en aduana del vehículo, las costas y costos del juicio. 2) Contra la referida providencia se alzó en tiempo y forma la parte demandada, quien en escrito de fs. 268-275 vto. manifestó que le agravia que no se haya considerado el estatus de “turista” del denunciado. El compareciente ingresó a Uruguay con el vehículo de su propiedad matriculado en Paraguay para cremar y enterrar a una mascota que había dejado en el país, y en ningún momento utilizó el vehículo para desarrollar actividad comercial o industrial. Estimó que existió una errónea valoración de la prueba de autos en tanto un análisis de la información remitida por Migraciones permite concluir que desde 2020 a la fecha los viajes del acusado fueron esporádicos y no con la periodicidad que sostiene la sentencia y que todos los viajes fueron en avión por lo que jamás puede afirmarse que ingresó con su vehículo. La sentencia es errónea, descontextualizada y argumenta con falacias en tanto no existe ninguna constancia de que el compareciente haya entrado a Uruguay con su vehículo particular. Estimó que la normativa exige, a quien pretende ostentar la calidad de turista, que se ingrese el vehículo y se pruebe tener la residencia habitual o permanente en un estado parte y que el vehículo sea comunitario (artículo 3.5 del Decreto Nº 92/018). El hecho de que el Sr. AA posea una empresa en Uruguay no le impide tener la residencia habitual en Paraguay, como claramente la tiene, y poseer un vehículo comunitario (el cual tiene) para ingresar a Uruguay como turista con su vehículo utilizado para el viaje de turismo. El Ministerio Público no ha aportado en la causa una sola prueba que haga suponer que el denunciado no vino a Uruguay más que para cremar y enterrar a su mascota y era su carga de la prueba acreditar la actividad comercial alegada. Sostuvo que existen tres argumentos a considerar, el primero de ellos es lo dispuesto en relación al término turista en el literal b del artículo 1º de la Convención de Facilidades Aduaneras para el Turismo de Nueva York de 1954 (aprobada por la Ley Nº 13.535). En segundo lugar, la argumentación usada por la Fiscalía y la A quo interpreta erróneamente las prohibiciones de los “turistas” establecidas en el párrafo 2 del artículo 1 del Decreto Nº 477/84. Y, como tercer punto, que la norma exige que el ingreso sea “sin propósito de inmigración”. Indicó que el dicente tenía la documentación requerida, tanto en relación a su persona como al “vehículo comunitario”, y ello no ha sido cuestionado por el Ministerio Público. El dicente no incumplió el plazo máximo de permanencia en el territorio al amparo de la franquicia de turista. De la normativa analizada resulta que no se prohíbe la “doble residencia” ni se establece expresamente la prohibición de tener un vehículo comercial (en la medida que no ha sido utilizado para desarrollar dicha actividad). La normativa citada permite que el turista ingrese a hacer negocio cuando no tenga el propósito de inmigración. 3) La Fiscalía en lo Civil, de Aduana y Hacienda de Montevideo evacuó el traslado de la apelación conferido en escrito de fs. 277-280 manifestando que en la especie no se desarrollan agravios debidamente fundados sino que el apelante se limita a reiterar los argumentos ya manifestados. Estimó que la A quo ha resuelto con acierto y en forma ajustada a derecho. Se remitió a lo dicho por esta parte en la demanda acusatoria. Expresó que surge de autos que el indagado manifestó residir habitualmente en Paraguay, viajando asiduamente a Uruguay pues es socio y representante legal de dos empresas y titular de una empresa unipersonal. El demandado tiene aportes vigentes al BPS hasta el año 2020. El hecho de tener emprendimiento en Uruguay descarta la calidad de turista y la conducta del imputado ingresa en la hipótesis infraccional aduanera de contrabando (art. 209 del CAROU). 4) Franqueada la alzada por Decreto Nº 1500/2025 del 2 de abril de 2025 (fs. 281), se asignó esta Sala (fs. 284) y recibidos los autos en el Tribunal el 22 de abril de 2025 (fs. 284 vto.), tras el estudio de precepto, se resolvió emitir decisión anticipada al amparo de lo dispuesto por el art. 200.1 del CGP. CONSIDERANDO: I). El Tribunal con el voto conforme de todos sus integrantes acordó confirmar la sentencia definitiva apelada, sin especial sanción procesal, en mérito a las siguientes consideraciones. II). Se agravia la parte demandada porque en la sentencia impugnada no se lo consideró turista. Para el Tribunal esta crítica no es de recibo. Ha sido admitido que el denunciado tiene actividad comercial en nuestro país, aunque reside en el Paraguay, viaja periódicamente al país. El impugnante pretende poner en dudas las afirmaciones de la atacada en cuanto a sus ingresos mensuales, alegando primero que no es así para luego sostener que viajaba por avión. Sin embargo, releva la Sala que la sentencia atacada no dice que ingresara con el vehículo todas las veces, sino que ingresaba al país periódicamente y que con el vehículo lo hizo cuatro veces, todo lo cual desvirtúa completamente sus alegaciones. El Sr. AA no puede negar estos ingresos a Uruguay con el automóvil matriculado en el Paraguay (XX), que surgen documentados a fs. 143 y 201. Además de los restantes ingresos por otros medios ( fs. 104 a 142). Claramente no puede considerase turista ya que tiene varios negocios y empresas en el país lo que no controvierte. Su único argumento es que no entró con fines comerciales sino a enterrar a una mascota, y parece afirmar que podría ingresar al país de esta forma si su única finalidad es hacer turismo. Ello no es así, las normas son claras que quien tiene actividad comercial en el país no es turista. La Sala ha afirmado en Sentencia Nro. … recaída en los autos caratulados: “ “FISCO C/ BB – DET: VEHÍCULOS, RELOJES, PERFUMES” - IUE: 583-306/2020, lo siguiente: “I). El Tribunal, con el voto conforme de todos sus integrantes, acordó confirmar la sentencia apelada, sin especial sanción procesal, en mérito a las siguientes consideraciones. II). La parte demandada apelante insiste como agravio fundamental en esgrimir su condición de turista y por ello es fundamental determinar si el Sr. BB lo es o no conforme al régimen jurídico uruguayo De acuerdo con la normativa incidente se considera turista comunitario a la persona física que ingresa a un Estado Parte distinto de aquel en el que tiene su residencia habitual y allí permanece, en esa calidad, sin exceder el plazo máximo establecido por la autoridad migratoria de este Estado Parte. Los vehículos que podrán circular libremente dentro del territorio del Mercosur serán, en cuanto interesa al caso, los automóviles que no transporten carga y/o pasajeros con fines comerciales, que estén registrados y/o matriculados en cualquiera de los Estados Parte. En este mismo sentido la Sala en Sentencia Nro. 218/2022 ha afirmado: “III) El denunciado se agravia porque no se reconoce en la atacada que su residencia es en Brasil, no siendo suficiente para determinar su residencia en Uruguay su condición de socio de una empresa uruguaya, o que aporte a la seguridad social en nuestro país. De acuerdo con la normativa aplicable se considera turista comunitario a la persona física que ingresa a un Estado Parte distinto de aquel en el que tiene su residencia habitual y allí permanezca, en esa calidad, sin exceder el plazo máximo establecido por la autoridad migratoria de este Estado Parte (art. 3 lit. 2 de la Resolución N° 35/02 del Grupo del Mercado Común sobre "Normas para la Circulación de Vehículos de Turistas, Particulares y de Alquiler, en los Estados Parte del MERCOSUR”, incorporada al ordenamiento jurídico nacional por el Decreto 92/2018) A su vez, los vehículos que podrán circular libremente dentro del territorio del Mercosur serán, en cuanto interesa al caso, los automóviles que no transporten carga y/o pasajeros con fines comerciales, que estén registrados y/o matriculados en cualquiera de los Estados Parte. (art. 2 del cuerpo normativo citado) En función de este marco normativo, la Sala considera que ha quedado acreditado que el impugnante tiene domicilio en Uruguay (Punta del Este) desde el año 2018, así como que trabaja dentro del territorio nacional, desempeñándose como socio administrador de una sociedad registrada en el B.P.S.” III). Además, pretende el impugnante que la fiscalía demuestre que en ese viaje realizó actividad comercial. Ello no es procedente y constituye una “prueba diabólica”, ya que es tan difícil como demostrar por parte del denunciante que no lo hizo, pues ello se encuentra en la esfera privada del actor. Por tanto, atento a la normativa aplicable, queda admitido que el actor residente en Paraguay , y con varias empresas en Uruguay ingresó con su vehículo matriculado en Paraguay. Por tanto, no puede ser considerado turista . Incluso la Fiscalía cita sentencia de la Sala Nro. 218/2022 precedentemente citada, que analiza la situación de aportante al BPS, lo que ocurre en el caso de autos. IV) Se agravia el demandado porque no se considera que puede ser un “desvío de exoneraciones” conforme al art. 208 del CAROU. A criterio del Tribunal este agravio es contradictorio en su argumentación. Comienza agraviándose porque se le imputa contrabando y no desvío de exoneraciones, para finalmente reconocer que este instituto no es aplicable al caso. Entonces, si en su argumentación pretende una sanción menor , pero luego admite que la tipificación de esta no es compatible con los hechos , no puede valorarse el agravio por contradictorio y resulta ser de rechazo. V) Finalmente, se agravia porque se tipificó a la figura de contrabando a título de dolo y no de culpa. Considera el Tribunal que los varios emprendimiento en el país, desde muchos años atrás, así como sus ingresos prácticamente mensuales, en reiteradas oportunidades con el vehículo de autos matriculado en Paraguay, permiten excluir claramente la mera culpa de su accionar. No puede sostenerse que no pudo prever lo que podía pasar. VI). La conducta procesal de las partes no amerita la aplicación de sanciones procesales .- Por los fundamentos expuestos, normas citadas y lo dispuesto por los arts. 197, 198 y 257 del C.G.P., el Tribunal F A L L A: CONFÍRMASE LA SENTENCIA APELADA, SIN ESPECIAL SANCION PROCESAL.- HONORARIOS FICTOS: $ 25.000.- NOTIFIQUESE Y DEVUÉLVASE. Dra. Beatriz Venturini – Dra. Ana Rivas – Dr. Álvaro Messere MINISTROS Esc. Mónica Falótico SECRETARIA