Sentencia Definitiva N° 237/2025

Montevideo, 16 de setiembre de 2025 Ministro redactor Dra. Ana Rivas VISTOS: Para sentencia definitiva estos autos caratulados: “UNION RURAL DE FLORES COOPERATIVA AGRARIA DE RESP. LIMITADA C/ DIAZ ALBERTO, ROBERTO JAVIER Y DIAZ ALBERTO, ALVARO DANIEL – ACCIÓN PAULIANA” – IUE: 2-55736/2023 , venidos a conocimiento de este Tribunal en virtud del recurso de apelación interpuesto por la parte actora a fs. 253-264, contra la sentencia definitiva Nº 27/2024 del 12 de diciembre de 2024 de fs. 223-252, dictada por la Sra. Juez Letrado de Primera Instancia de Flores de 2º Turno, Dra. Erika Armendano -Juez Suplente-. RESULTANDO: 1) Por la recurrida – a cuya relación de antecedentes procesales útiles se hace remisión por ajustarse a las resultancias de autos – se desestimó la demanda en todos sus términos, sin especial condenación. 2) Contra la referida providencia se alzó en tiempo y forma la parte actora, quien en escrito de fs. 253-264 manifestó que le agravia que la A quo no tuvo en cuenta la particularidad que tiene este tipo de accionamientos, que conlleva a que difícilmente se cuente con prueba directa de los hechos que fundan la pretensión, imponiéndose, por ende, la necesaria valoración de indicios y presunciones que se infieren del contenido del contrato, las relaciones entre los contratantes y las circunstancias que le acompañan, conforme a la aplicación de las reglas de la sana crítica, de la experiencia y el principio de razonabilidad. A esto agrega que debe tenerse presente la teoría de las cargas probatorias dinámicas y la disponibilidad de los medios probatorios. Realizadas estas precisiones, esta parte analizará los indicios de conductas que no son usuales en el comportamiento normal de dos hermanos que deben repartir, adjudicar o compensar créditos o deudas con bienes sucesorios. Los hermanos codemandados actuaron en forma apresurada, con sinuosidad e inexcusable negativa de no saber la situación de endeudamiento en la que se encontraba el enajenante. Así, como primer indicio, destaca que los hermanos efectuaron una compraventa entre sí de los bienes de la sucesión de su padre José Díaz sin que hubieran sido declarado herederos aun en la sucesión del mismo. La declaratoria de herederos fue efectuada el 21 de julio de 2022 e inscripta el 14 de setiembre de dicho año en Flores y el 13 de octubre de 2022 en Montevideo. Esto motivó que las compraventas fueran observadas e inscriptas en forma provisoria. Este actuar denota un claro apresuramiento, la deuda que se pagó al tío de los codemandados tenía diez años de contraída (IUE 254-90/2022) y los restantes procesos habían quedado en meros embargos genéricos. Como segundo indicio, manifiesta que las partes renunciaron a la obtención de los certificados registrales y declararon vender libre de obligaciones y gravámenes, cuando del certificado del Registro de Actos Personales consta claramente que el vendedor tenía inscripción vigente de cuatro embargos genéricos que recién fueron levantados el 21 de julio de 2022, es decir, un mes y medio después de la escrituración en cuestión. Ante estos hechos cabe preguntarse si es creíble que exista tal confianza como para no pedir información registral cuando el vendedor tenía una importante deuda con la actora compareciente y había sido formalmente intimada el 11 de marzo de 2022. En tercer lugar, sostuvo que debe tomarse como inicio la ausencia de instrumentos escritos. La versión ensayada por los demandados padece de absoluta orfandad documental en tanto se habla de un acuerdo que nunca se agregó. Según el artículo 1595 del Código Civil la transacción debe consignarse por escrito para cualquier obligación que supere las 100 UR. Como cuarto indicio, manifestó que es claro que el deudor Roberto Díaz no procuró la obtención de los fondos para saldar sus cuentas en una venta a terceros sino que toda la operativa quedó dentro del ámbito familiar en una actuación claramente urgida, fuera de las pautas que son de uso y costumbre, estando asesorado por el mismo abogado y escribano. Agregó, en quinto lugar, que el inmueble se encuentra ocupado por el vendedor, tal como ambos codemandados declararon en el interrogatorio de parte. Por tanto, sigue haciendo uso y goce del padrón que enajenó. Álvaro Díaz enajenó el padrón en forma inmediata a una tercera persona, resultando evidente que su adquisición no respondía a una necesidad de uso del mismo. Estimó que un sexto indicio refiere a la inequidad de los bienes permutados, lo que ocurre aún si tomáramos la posición de que Álvaro Díaz entregó a su hermano el producido de la venta del 50% del padrón 2560 a fin de pagar sus deudas. En función de la versión dada por los demandados, Álvaro se habría desprendido de $963.750 a favor de su hermano y habría recibido en compensación bienes por $4.600.000, es decir, casi cinco veces el importe prestado. Aun si tomáramos como válida la versión de que el padrón 2560 se vendió en U$S 110.000, la escritura consigna que fue por U$S 50.000, por lo que Álvaro Díaz se habría desprendido de U$S 55.000 y habría recibido a cambio U$S 119.325 (más del doble). Claramente los hermanos estaban sacando bienes del patrimonio del deudor a fin de dejarlos a resguardo de la acción del acreedor que había intimado con anterioridad. Agregó que hay un séptimo indicio y es la discordancia entre lo escrito en los instrumentos públicos y lo declarado por los escribanos intervinientes. Los escribanos desdicen lo que transcribieron en la escritura, quedando en claro que tenían pleno conocimiento de que la realidad era diversa a lo planteado y que pese a ello autorizaron las escrituras. Esto deja en evidencia que se estaba burlando la buena fe. Continúa expresando que en nuestra legislación existe una amplia batería de disposiciones que declaran inadmisible la prueba testimonial para acreditar una cosa diferente al contenido de los instrumentos (art. 1561 del Código Civil, art. 1594 y siguientes de dicho cuerpo normativo), normas que han sido aplicadas por nuestra jurisprudencia. En virtud de estas normas, no puede tenerse por probada la existencia del acuerdo transaccional alegado, ni el pago de un precio mayor al estipulado en el compromiso de compraventa respecto al padrón 2560, ni que las escrituras fueron realizadas como pago de una deuda, ni la existencia de un mutuo o préstamo entre los codemandados. Agravia a esta parte la relevancia que se otorgó a la prueba testimonial, que claramente resulta improcedente para acreditar una cosa diferente al contenido de los instrumentos. Sostuvo que la declaración efectuada por Roberto Díaz es por demás elocuente en que jamás existió una voluntad de vender ni se discutió un precio ni una forma de integración; sino que le cedió a su hermano la casa para que pudiera asumir sus deudas. De la declaración de su hermano, se puede advertir que el vendedor sigue viviendo en el inmueble enajenado. Todo esto determina que mal pueda concluirse que el negocio simulado u oculto fue una dación en pago porque no guarda relación con el monto por el cual se cedió el inmueble. Si el verdadero fin era compensar entre hermanos las deudas, resultaban absolutamente innecesarios los apresuramientos cometidos, la realización de escrituras e instrumentación de negocios que son discordes con lo pretendido. El cúmulo de indicios, sumado a estas declaraciones, general la firme convicción de que la operación tuvo la finalidad de lesionar la capacidad satisfactiva del patrimonio de Roberto Díaz ante la inminente ejecución del crédito. Los bienes que sacó de su patrimonio eran los únicos que le quedaban libres de obligaciones y gravámenes. Por otra parte, estima que el desistimiento acordado de la acción contra Ricardo Díaz Negocios Rurales y Ricardo Díaz en nada afecta la conducta fraudulenta alegada contra las escrituras traslativas de dominio entre los hermanos Álvaro y Javier Díaz; todo lo que la Sede A quo valora erróneamente. Aun cuando fuera cierto que existió una dación en pago, no legitima por sí sola la entrega efectuada de Roberto a su hermano Álvaro de dos inmuebles por valor varias veces superiores al que se cediera. Agregó que la acción pauliana fue promovida en forma subsidiaria, y habiendo resultado probado que el deudor no recibió contraprestación que venga a sustituir en su patrimonio el bien que acaba de salir, hay daño pauliano. Si el deudor se insolventa y realiza operaciones ruinosas, sustituyendo sus bienes por un bien fácilmente embargable o por dinero que se esfuma sin dejar rastros, puede perjudicar a los acreedores. A través de los actos impugnados en este juicio se generó un daño al acreedor, imposibilitando el derecho al cobro de la suma intimada por generarse una situación de insolvencia por aumento de pasivo. Si se entendiera que el acto disimulado en realidad fue una partición extrajudicial, la misma en función de la inequidad de los valores, puede ser también atacada a través de la acción pauliana. En conclusión, estima que cualquiera hubiera sido el negocio querido pro las partes, la manifiesta y abultada inequidad de las contraprestaciones medidas por los propios valores plasmados en las propias escrituras dejan en evidencia que una gran parte del patrimonio de Roberto Díaz fue traspasado a su hermano Álvaro Díaz en un acto parcialmente gratuito, con fraude y daño al acreedor, y si no corresponde hacer lugar a la acción por nulidad por simulación corresponde proceder con la acción pauliana instaurada en subsidio. 3) La parte demandada evacuó el traslado de la apelación conferido en escrito de fs. 268-270 manifestando que la recurrida analiza correctamente que los negocios atacados fueron queridos y tuvieron por objeto cancelar las deudas ejecutadas judicialmente contra el codemandado Roberto Díaz; no hubo intención de evadir deudas sino de pagarlas. Javier Díaz no vació su patrimonio, sino que mantuvo en el mismo el padrón 945 de Trinidad, que, aunque hipotecado, se intentaba cancelar dicha deuda con la garantía real (que era de un monto menor a su valor). El actor accionó contra tres escrituras, pero en el medio del proceso desistió respecto de una de ellas, por lo que convalidó su legitimidad. Tratándose de tres escrituras otorgadas en el mismo contexto, el accionante reconoce que las tres fueron válidas. Si la actora hubiera perseguido su crédito con diligencia y no hubiera esperado tanto tiempo, no se habría visto en la necesidad de promover esta acción intentando subsanar su desidia. Si Javier Díaz tuviera intención de defraudar a sus acreedores y su hermano estuviera en concierto, hubiera seguido el camino más práctico que era repudiar la herencia de su padre (fallecido el 29 de enero de 2022). 4) Franqueada la alzada por Decreto Nº 162/2025 del 23 de marzo de 2025 (fs. 271), se asignó esta Sala (fs. 276) y recibidos los autos en el Tribunal el 4 de abril de 2025 (fs. 279 vto.), tras el estudio de precepto, se resolvió emitir decisión anticipada al amparo de lo dispuesto por el art. 200.1 del CGP. CONSIDERANDO: I) El Tribunal, con la voluntad conforme de todos sus integrantes naturales; habrá de confirmar la sentencia apelada, sin especial condenación, por los fundamentos que se expondrán. II) Cabe indicar, con carácter previo que, si bien las acciones de simulación y pauliana pueden entablarse al mismo tiempo y una en subsidio de la otra, el orden lógico impone considerar en primer lugar la acción de declaración de simulación y descartada ésta, analizar en segundo lugar la acción pauliana. Ello por cuanto la primera acción supone la inexistencia del contrato que se impugna y en la segunda, el contrato existe, pero se ha realizado en fraude de los acreedores (cf. Ferrara, “La simulación de los negocios jurídicos, pág. 437 y ss.). Tanto en la simulación absoluta como en la relativa, el contrato aparente, es nulo absolutamente. La diferencia, consiste en lo siguiente: en un caso, no hay nada fuera de ese acto, mientras que, en el otro, en cambio, ese contrato aparente, oculta uno verdadero. En autos se pretende la declaración de nulidad compraventa celebrada el 30 de junio de 2022, entre Roberto Javier Díaz y Álvaro Daniel Díaz sobre mitad indivisa del padrón urbano 3737 del Departamento de Flores; compraventa celebrada el 30 de junio de 2022, entre Roberto Javier Díaz y Álvaro Daniel Díaz sobre la mitad indivisa del padrón 29405 unidad 701 del Departamento del Montevideo ; y conforme suscrito por Javier Díaz Alberto el 30 de diciembre de 2021 que fuera ejecutado en autos caratulados “ Díaz, Ricardo c/ Díaz Alberto, Javier – Juicio ejecutivo”, IUE 254-90/2022. En los casos de simulación, la unanimidad de la jurisprudencia recurre a la reunión de elementos presuncionales e indiciarios como prueba, siguiendo en esto la doctrina clásica, en cuanto postula que "la prueba de la simulación es indirecta" , se funda primordialmente sobre " indicios y conjeturas ", que revelan apropiadamente la simulación por ser los que "...verdaderamente hieren a fondo a la simulación porque la combaten en su propio terreno ." (cf. Ferrara, "La simulación...", p. 397). Al demandar, se indicaron como indicios de las simulación absoluta: a) todas las enajenaciones se realizaron estando la sucesión del causante en trámite y antes de que existiera la declaratoria de herederos; b) existe entre vendedor y adquirentes un vínculo sanguíneo directo, tratándose uno de ellos el tío por parte de padre y el otro, hermano directo; c) inexistencia de relación comercial previa o causa razonable entre el insolventado y su tío para que surgiera intempestivamente la creación de un título valor; d) Álvaro Díaz, quien adquirió el apartamento en Montevideo, no tenía interés en el negocio, porque lo vendió a terceras personas unos meses después y e) el padrón N° 3737 de la localidad catastral de Trinidad, tampoco fue ocupado por el adquirente, ni le está prestando utilidad de ningún tipo, estando actualmente a la venta. Adviértase que otros indicios que doctrina y jurisprudencia vernácula señalan como demostrativos de la simulación (vr. gr. renuncia a los certificados registrales, precio vil, falta de ejecución de los negocios, falta de capacidad económica, etc.) no fueron alegados al demandar. Recién menciona alguno de ellos al apelar, lo que claramente constituye una argumentación extemporánea. Partiendo de tales consideraciones, a criterio de la Sala, los indicios relevados, no solo lucen insuficientes, sino que, esencialmente, son equívocos, para acreditar la existencia de la simulación del negocio jurídico cuestionado. Con relación a la causa simulandi, lejos está de haberse acreditado el hecho de querer perjudicar a la parte actora. Los negocios atacados son válidos, queridos y explicables. La existencia de las deudas de Javier Díaz, están acreditadas (fs. 67 a 82). Con los negocios realizados, el demandado canceló las deudas que pesaban sobre su patrimonio. La circunstancia aislada de que no existiera relación comercial entre el demandado y su tío paterno, no puede servir de sustento para considerar que el vale es insincero. No solo porque el título valor por definición es incausado, sino porque en la hipótesis del actor, el juicio ejecutivo que da cuenta el acordonado N° 254-90/2022 debió ser atacado de fraude procesal (art. 114 del CGP), lo que claramente ni siquiera se invocó. Tampoco es un indicio inequívoco de la existencia de la simulación que haya realizado los negocios cuestionados antes de la declaratoria de herederos. Las compraventas son válidas, los contrayentes se sabían únicos y universales herederos, por lo que no se advierte que sea demostrativo de simulación. Por su parte, que se haya vendido el apartamento de Montevideo a los pocos meses de realizar el negocio cuestionado, tampoco es demostrativo de la simulación. Una vez en el patrimonio del adquirente, lo que haga con el bien posteriormente, ingresa en la esfera de la libertad de decisión. Además, puede tener más de una explicación. Nada obliga al comprador a quedarse con el bien. A todo ello se agrega la circunstancia que haya desistido de la pretensión contra Ricardo Díaz (fs. 65), dejando fuera de cuestionamiento la promesa de compraventa sobre el padrón 2560 de la primera sección judicial de Flores, sin que brindara una explicación razonable de tal proceder. Y ello porque con la misma se cubrió la deuda del vale cuya nulidad pretende. Ello claramente debilita su posición. A ello se agrega, que la mayoría de la prueba testimonial ofrecida refiere justamente a esta promesa de compraventa ( fs. 185-189) El único indicio relevado de la simulación es el parentesco entre los contratantes que, en el caso en análisis, se encuentra justificado. Así las cosas, la causa simulandi, articulada por el actor, en la mejor hipótesis para su posición, se encuentra severamente afectada, en cuanto a su prueba. Además, no debe perderse de vista, claro está, salvo prueba en contrario – que no se verifica en autos – que el ejercicio del derecho de propiedad, implica disponer libremente de los bienes, sin existir ninguna norma que imponga mantener “el statu quo” patrimonial, para salvaguardar eventuales derechos hereditarios. La más calificada doctrina (MORELLO, La Prueba -Tendencias Modernas- p. 137), enseña que la solución en casos arduos, sea cual fuere el sistema probatorio que se utilice es no franquear el límite de razonabilidad al que está subordinada la valoración de la prueba y en la especie no es razonable dar por acreditada la simulación relativa objetiva, cuando los escasos indicios relevados, no son graves, concurrentes, concordantes, inequívocos y coherentes. Así las cosas, la parte actora, no cumplió adecuadamente con la carga referida ya que de un examen conforme a las reglas de la sana critica de la prueba producida, no surge acreditada la simulación esgrimida. III) En forma subsidiaria se plantea una acción pauliana, cuyo rechazo también es objeto de agravio. En primer lugar, cabe resaltar que a la acción pauliana prácticamente carece de un planteo de fundamentos claros, haciendo referencia únicamente a los elementos analizados en la simulación. Sin perjuicio de ello, se analizarán los agravios expuestos. En conceptos aplicables al caso, este Tribunal expresó en sentencia Nº 191/2019, en otro caso en que se rechaza la pretensión de simulación y de pauliana , que : “II) Los agravios de la actora no son de recibo. En primer término la Sala comparte la fundamentación de la distinguida a quo para el rechazo de la acción pauliana, desde que no se acreditaron en autos los requisitos del art. 1296 CC para procediera su amparo, y en especial no se logró acreditar que la compradora tuviera conocimiento de que con la venta de los cuatro inmuebles rurales sitos en el Departamento de Florida, Diwin S.A. caía en la insolvencia. En efecto como sostuvo el Tribunal, con su anterior parcial integración, en sentencia N° 150/2015: “ III. La acción pauliana constituye un acto de conservación porque tiende a restablecer la garantía genérica de los acreedores (Conf. Jorge Gamarra “Estudios sobre Obligaciones” pág. 139) (sentencia del Tribunal Nº 24/2005 en ADCU Tomo XXXV c. 16, pág 20, entre otras) Está dirigida a restablecer el patrimonio del deudor a la situación en que se encontraba antes del acto fraudulento, con el único fin de que el acreedor accionante se encuentre en el estado anterior al acto fraudulento, como si éste no hubiera sido consumado (Conf. Miguel Ángel Tomé “Negocios Jurídicos Simulados y Fraudulentos” pág 343). La acción pauliana ataca un acto real del deudor, aunque viciado por el fraude (Conf. Ferrara “La Simulación de los Negocios Jurídicos” pág 437; Jorge Gamarra “Estudios sobre Obligaciones” págs. 150/151) El artículo 1296 del Código Civil, fundamento jurídico en el que basa su accionamiento la actora (fs. 14 vuelta/17) establece que son impugnables mediante la revocatoria los actos del deudor cometidos “en perjuicio de los acreedores”. El Código Civil exige que el acto fraudulento provoque un perjuicio al acreedor (Conf. Jorge Gamarra “Contribución al Estudio de la Acción Pauliana” en L.J.U Tomo XXIV pág 15, Héctor Martín Sturla en “Acción Pauliana y la Jurisprudencia Nacional” en ADCU Tomo X vol II pág.151) El fraude se define en la norma citada no como el propósito directo de dañar a los acreedores como sostiene una de las posiciones (Conf. Jorge Gamarra “Estudio sobre Obligaciones” pág. 135, Miguel Angel Tomé Gómez “Negocios Jurídicos Simulados y Fraudulentos” Pág 347), sino como el conocimiento de la insolvencia del deudor, o como han señalado la doctrina y jurisprudencia de que el fraude pauliano no exige el ánimo de defraudar bastando que se haya tenido o debido tener conciencia de crear o aumentar la insolvencia del deudor (Conf. Jorge Gamarra “Estudio sobre Obligaciones” pág 135; Héctor Martín Sturla “La Acción Pauliana y la Jurisprudencia Nacional” en ADCU Tomo X vol II, pág 150/151, Miguel Ángel Tomé Gómez “Negocios Jurídicos Simulados y Fraudulentos” pág. 347( (TAC 6º Sentencia Nº 152/1992 en ADCU Tomo XXII c. 20, pág 13, y en ACDU Tomo XXVIII c. 12, pág. 11; TAC 2º sentencia Nº 171/1995 en ADCU Tomo XXVI c. 12, pág 11; sentencia Nº 124/2001 y Nº 24/2005 en ADCU Tomo XXXVI c. 16, pág. 20, entre otras de la Sala).” Y, como se adelantara, no se logró acreditar que la finalidad de la venta fuera crear la insolvencia del deudor, aspecto este que no se probó fuera de conocimiento de la compradora.” Asimismo, reconocida doctrina señaló: “A) La acción pauliana. Es este instituto el más antiguo, pues proviene del derecho romano. Se trata de la acción que corresponde al acreedor a fin de obtener la revocación (inoponibilidad) de los actos celebrados por su deudor en su perjuicio y en fraude de sus derechos. Por ello también el primer fraude que aparece es justamente el fraude pauliano, que en nuestro derecho positivo ha sido definido expresamente en el art. 1296 como el “conocimiento de la insolvencia del deudor”, superando viejas discusiones doctrinarias en el sentido de si era o no necesaria la intención de causar daño al acreedor a través del acto o si bastaba el conocimiento (ver Héctor Martín Sturla. La acción pauliana y la jurisprudencia nacional, en ADCU T. X p. 148 y ss.). Entonces, el fraude es uno de los presupuestos y el otro es el daño pues la acción abarca a aquellos actos hechos no solo con fraude sino también en perjuicio del acreedor. Se trata de un acto que es real y querido, y que, desde el punto de vista de sus efectos es válido y eficaz, pero que mediante este accionamiento ha de volverse inoponible al acreedor, que podrá comportarse como si tal acto no hubiera tenido lugar en la realidad” ( Beatriz Venturini y Juan Blengio, “El Fraude en la negociación privada”, en La corrupción y la empresa, AAVV, Ed. Uruguay Transparente- Asociación de Magistrados del Uruguay y Fundación Konrad Adenauer, Ed. Tradinco, oct.1999, pág. 39-49) Entonces, con relación a los elementos requeridos para la procedencia de la acción pauliana, y tratándose de negocios de naturaleza onerosa, resulta fundamental demostrar que “medió fraude por parte de ambos contrayentes” o que "el adquirente tenía noticia del fraude", aspectos sobre los cuales los artículos referidos establecen expresamente que la carga de la prueba le corresponde al acreedor o acreedores. El fundamento de tal establecimiento específico relativo a la carga de la prueba se encuentra en el principio de la seguridad del vínculo jurídico, pues con la acción pauliana se busca la declaración de inoponibilidad de un negocio frente al acreedor pretendiente, y ello se evidencia en la referencia del art. 229 a la buena fe del adquirente. Como se ha dicho, sin seguridad jurídica, no hay derecho, ni bueno ni malo, ni de ninguna clase (Cf. Recasens Siches citado por Gustavo Ordoqui en La Acción Pauliana, Ed. del Foro, 1995, p. 1). En este mismo sentido según ha afirmado el TAC de 6° Turno (LJU 11827): "...no alcanza que haya conocimiento del fraude por parte solamente del deudor-enajenante, puesto que el tercero adquirente algo, pero soporta también, a su vez, un sacrificio patrimonial; por eso, en conexión, se exige, en cuanto a los actos a título oneroso también la conciencia del perjuicio (conscientia fraudis) que se trama por el deudor, también el tercero adquirente, llamado entonces particeps fraudis (cf. Messineo ob.cit. p. 154)". En el caso a estudio la parte actora no logra acreditar ni directa ni indirectamente que con los negocios celebrados entre su deudor y su hermano hubiera existido por parte de ambos, siendo un negocio a título oneroso, el fraude al acreedor (actor. Tampoco hay acreditación con relación al perjuicio pues el deudor continua teniendo un bien en su patrimonio, independientemente del gravamen hipotecario existente. IV) La conducta procesal de las partes no amerita especial condenación en costas y costos. Por los fundamentos expuestos y normas citadas, el Tribunal FALLA: CONFÍRMASE LA SENTENCIA APELADA, SIN ESPECIAL CONDENACIÓN. HONORARIOS FICTOS 3 BPC. NOTIFÍQUESE Y OPORTUNAMENTE, DEVUÉLVASE. Dra. Beatriz Venturini – Dra. Ana Rivas – Dr. Álvaro Messere MINISTROS Esc. Mónica Falótico SECRETARIA