Sentencia Definitiva N° 238/2025

Montevideo, 16 de setiembre de 2025 Ministro redactor Dra. Beatriz Venturini VISTOS: Para sentencia definitiva estos autos caratulados: “AA C/ MINISTERIO DEL INTERIOR Y OTRO – COBRO DE PESOS” – IUE: 2-19797/2020, venidos a conocimiento de este Tribunal en virtud del recurso de apelación interpuesto por la parte codemandada Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE) a fs. 900-904, y adhesión del codemandado Ministerio del Interior a fs. 911-913 vto. y de la parte actora a fs. 916-930 vto., contra la sentencia definitiva Nº 99/2024 del 14 de noviembre de 2024 de fs. 877-890, dictada por el Sr. Juez Letrado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo de 1º Turno, Dr. Gabriel Ohanian Hagopian. RESULTANDO: 1) Por la recurrida – a cuya relación de antecedentes procesales útiles se hace remisión por ajustarse a las resultancias de autos – se acogió parcialmente la demanda y se condenó a las demandadas a pagarle a la actora la suma de U$S 38.000 por concepto de daño moral, con el interés legal desde la presentación de la demanda. Desestimó la demanda en lo demás. 2) Contra la referida providencia se alzó en tiempo y forma la parte codemandada Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), quien en escrito de fs. 900-904 vto. manifestó que le agravia que la condena se funda en elementos que no se encuentran dentro del objeto del proceso y apartándose de la pericia de autos. En efecto, el perito sostuvo que fue correcto que ante la primer descompensación padecida por el recluso fallecido se le suministrara suero, por lo que el fundamento utilizado para condenar a ASSE se aparta de lo que surge de la prueba de autos. La declaración del médico actuante, Dr. BB, así como lo afirmado en la pericia de la Dra. CC, dan cuenta que la atención fue adecuada y que no existió responsabilidad de esta parte por el fallecimiento del Sr. DD. La sede A quo realiza una valoración probatoria errónea y prioriza argumentos asilados de la pericia por sobre toda la prueba pericial y testimonial. La parte actora renunció a la pericia que solicitó en su demanda y no impugnó el dictamen de la Dra. CC, quien determinó que no hubo apartamiento a la lex artis y determinó también cuál fue la causa de su fallecimiento y el modo, que no fue consecuencia de estar en la cárcel porque, inclusive estando en libertad, hubiese ocurrido lo mismo. Sostuvo que le agravia el apartamiento que hace la Sede respecto al nexo causal expresado por la perito de autos, porque en definitiva el accionar se realizó con diligencia y prudencia, de acuerdo con los estándares del buen profesional médico y atendiendo las pautas técnicas y científicas más aceptadas y recomendadas, teniendo en cuenta que estamos ante situaciones particulares de un privado de libertad. Por otro lado, le agravió el monto de condena por daño moral, el que se estima en U$S 38.000 para la hermana del fallecido. Esto no se ajusta a los criterios jurisprudenciales y demuestra inaplicación del criterio de la sana crítica y la no ponderación del dictamen pericial a efectos de esta determinación. Quedó plenamente probado que se actuó conforme a la lex artis y por tanto debe desestimarse la demanda. 3) La parte codemandada Ministerio del Interior evacuó el traslado de la apelación conferido en escrito de fs. 911-913 vto., adhiriendo al mismo. Manifestó que se coincide con la apelante que la pericia fue clara al expresar que, una vez estabilizado el paciente con el suero administrado por los médicos de ASSE, estaba en condiciones de que se le diera el alta y retornara a su celda; agregando que el infarto fulminante, dadas las patologías y obesidad del paciente, pudo perfectamente haber ocurrido intra o extramuros, lo que claramente deja la cuestión fuera de la órbita de responsabilidad de los codemandados. El paciente fue monitoreado por ASSE, se le efectuó un electrocardiograma que no evidenció anomalías. De ser tal la afección que dice la actora que el fallecido padecía, debió pedir prisión domiciliaria o continuar los controles médicos que surgen de su historia clínica -los cuales nunca solicitó hacer luego de su ingreso al sistema penitenciario, evidenciando un claro hecho de la víctima-. La Sede no fundamenta su conclusión de que el fallecido debió haber sido ser trasladado. Concluyó que la actuación de la Administración no surge como causa directa e inmediata del evento dañoso, y la conducta de los funcionarios policiales, médicos y enfermeros que intervinieron no merece reproche administrativo ni penal. Esta parte adhiere en su totalidad a los agravios referentes al monto del daño moral, el que es extremadamente exorbitante y ajeno a la jurisprudencia y doctrina más recibida. Ante la eventual condena, se debe recurrir a los parámetros jurisprudenciales y doctrinarios además de la sana crítica. Véase que el occiso no sólo no vivía con la actora, sino que los gastos que afirma haber expresado no fueron tales (en tanto, por ejemplo, el velatorio fue a cargo de la Intendencia de Montevideo). 4) La parte actora evacuó el traslado de la apelación interpuesta por ASSE conferido en escrito de fs. 916-930 vto., adhiriendo al mismo. Manifestó que se comparte la determinación de responsabilidad de los demandados en la producción del hecho dañoso, no compartiéndose la exclusión de la indemnización de ciertos rubros reclamados, lo que motiva la adhesión de esta parte. Expresa que ASSE y el Ministerio del Interior pretenden exonerarse de una clara responsabilidad en la producción del hecho dañoso que causó la muerte de una persona joven, con una vida por delante, que fue imputado por la comisión de un delito y llevado a prisión preventiva en condiciones indignas con claras faltas de servicio que, de no haber existido, hubieran evitado el fallecimiento del Sr. DD. Tal vez por su situación económica y social de no poder acceder a un abogado particular, la víctima no pudo acceder a beneficios como la prisión domiciliaria, entre otros beneficios dados a primarios absolutos como el Sr. DD. Con la prisión efectiva comenzaron los acontecimientos que lamentablemente determinaron el fallecimiento, en tanto no se consideró la patología de insuficiencia cardíaca e hipertiroidismo con afección de hipertensión arterial que requería que el Sr. DD necesitara medicación permanente. Estimó que no es de recibo el agravio referente a que la condena se funda en elementos que no se encuentran en el objeto del proceso porque el apelante no hace una debida fundamentación y no se logra comprender qué elementos no estaban allí. El sentenciante falla cumpliendo con el objeto del proceso que se funda en hechos claros y concretos que surgen debidamente acreditados en autos. Con relación al agravio referente al apartamiento de la pericia, citó doctrina referente al tema y manifestó que el apelante pretende atribuir a la pericia el carácter de sentencia, suplantando al Juez. La responsabilidad endilgada no se verifica exclusivamente en lo acontecido ese día sino que es un cúmulo de acciones y omisiones de la demandada desde que la víctima ingresó al centro penitenciario. El Juez se apartó legítimamente de la pericia cumpliendo estrictamente con lo establecido en el artículo 184 del CGP. Aun así, la propia pericia dejó en evidencia la falta de servicio de la demandada por falta de controles sanitarios y que se suministró suero sin atender la historia clínica del paciente (a la que, surge probado, no se pudo acceder por ser sábado). Es claro que un paciente con su sintomatología no debió trasladarse caminando a la policlínica ni debió dársele de alta. Hubo también omisión al realizar los estudios paraclínicos prescritos por la Dra. EE que no se realizaron en su totalidad (hecho admitido por la perito y razón por la que no se pudo prever el fallo cardíaco). Es evidente que de haberse tenido la historia clínica el tratamiento hubiera sido otro y no hubiera ocurrido la muerte. También surge probado que al volver a su celda estaba sufriendo y pidió ayuda por más de 2 horas, y el médico que fue obligado a ir constató su fallecimiento. Concluye destacando que la propia perito afirma que la administración de suero pudo haber contribuido al fallo cardíaco. Estimó que no es de recibo el agravio referente al monto de la condena por daño moral en tanto el A quo estableció el mismo de acuerdo con criterios que surgen de la causa a estudio y teniendo en cuenta la gravedad del tema. Existen graves hechos que constituyen la falta de servicio de la demandada y que provocaron la muerte de la víctima, y que produjeron en la reclamante serios padecimientos y aflicciones que deben ser reparados. Adhirió a la apelación manifestando que corresponde la exclusión de algunos rubros reclamados en la demanda. Así, en primer término, se agravió en cuanto a las consideraciones del A quo con relación al daño premuerte o iure hereditatis, pues nadie puede llegar a desconocer el enorme padecimiento de la víctima por la reclusión dispuesta en un centro penitenciario en condiciones inhumanas, el recibir un tratamiento inadecuado el día de su descompensación, ser trasladado a la policlínica en un carro de comidas y morir allí dolorosa y angustiantemente. Se ha acreditado que la víctima era consciente de todo ello. Estimó que debe apreciarse el informe de la Dra. FF de las S.A.I. de las P.P.L. de ASSE, donde informó las condiciones sanitarias de DD y solicitó una alternativa a la reclusión pues había compromiso vital por las condiciones de su encierro. Por otra parte y en relación con los gastos indocumentados, manifestó que le agravia que la Sede estime que no se incurrió en ellos porque el sepelio fue realizado por la Intendencia de Montevideo. Los gastos indocumentados responden a trámites que tuvo que realizar la hermana del fallecido que demandaron traslados y produjeron gastos que nadie en la situación dolorosa como la que pasaba la actora hubiera solicitado documentos para acreditar los gastos que se reclaman. 5) La parte actora evacuó el traslado de la adhesión a la apelación conferido en escrito de fs. 936-953 vto. manifestando que se comparte la determinación de responsabilidad efectuada por la A quo. Así, sostuvo que de la prueba de autos surge que se produjo la muerte de una persona joven, con una vida por delante, que fue imputado por la comisión de un delito con prisión preventiva en condiciones indignas, configurándose falta de servicio del demandado apelante. Por su condición económico-social el Sr. DD no pudo acceder a un abogado particular y recibir beneficios del ordenamiento penal para primarios absolutos como es la prisión domiciliaria. Se envió a la víctima a cumplir prisión efectiva en el peor establecimiento carcelario en cuanto a las condiciones de los privados de libertad por constante violación de los derechos humanos (debidamente probada por informes del Comisionado Parlamentario). De hecho, el centro cerró al poco tiempo del fallecimiento de DD. Agregó que la prueba de autos demuestra la trascendencia pública del tema y el hecho de que los demandados aduzcan su falta de responsabilidad demuestra su gran insensibilidad y el solo evitar una condena de reparación económica. Las faltas de servicio están debidamente probadas. A diferencia de lo sostenido por el apelante, estimó que no hubo una errónea valoración de la prueba, principalmente de la pericia. Todos los apartamientos de la pericia efectuados por el sentenciante fueron argumentados y son compartidos por esta parte. La perito designada declaró en audiencia y fue clara y contundente al afirmar que las condiciones carcelarias influyeron en las patologías de la víctima y determinaron su fallecimiento en la forma en que éste se desencadenó. El apelante pretende atribuir a la pericia el carácter de sentencia, suplantando al Juez de la causa y que la pericia transforme la sentencia exonerando de responsabilidad a su parte, hecho inadmisible desde el punto de vista jurídico. El Ministerio no puede pretender exonerarse de responsabilidad cuando ni siquiera tenía en el establecimiento una camilla para trasladar al recluso a la policlínica de ASSE en el establecimiento carcelario. Sostuvo que no hay prueba que respalde las afirmaciones de la contraria con relación a la historia clínica y el electrocardiograma. El médico encargado, Dr. BB, expresó en Fiscalía que ASSE como prestador del servicio de atención a los reclusos debió advertir desde el primer momento a los encargados del centro de reclusión como es el INR, pero nada se hizo. Surge probado que se lo atendió sin historia clínica y es evidente que de haber estado en forma la historia clínica con los antecedentes el tratamiento hubiera sido otro y la muerte no hubiera ocurrido. En relación con el monto de la condena por daño moral, estima que el agravio es de rechazo, pues la jurisprudencia no es fuente de derecho. El A quo estableció un monto de acuerdo con criterios que surgen de la causa a estudio, teniendo en cuenta la gravedad del hecho, las faltas de servicio, la trascendencia pública, etc. No existe disposición legal que establezca parámetros rígidos. 6) La parte codemandada ASSE evacuó el traslado de la apelación conferido en escrito de fs. 956-957 manifestando que se coincide con la codemandada en cuanto a que el perito fue claro al expresar que una vez estabilizado el paciente con el suero estaba en condiciones de que se diera el alta. El infarto fulminante, dadas las patologías y obesidad del paciente, pudo darse intra o extramuros, claramente deja la cuestión fuera de la órbita de responsabilidad de los codemandados. Además, cuando el paciente ingresó al sistema en ningún momento solicitó a los médicos funcionarios la posibilidad de continuar con los controles que hacía en libertad, lo que demuestra el hecho de la víctima que rompe el nexo causal para accionar contra los demandados. En cuanto a los daños reclamados recordó que el occiso no vivía con la actora y los gastos expresados no fueron tales (por ejemplo, el velatorio estuvo a cargo de la Intendencia de Montevideo). 7) Franqueada la alzada por Decreto Nº 587/2025 del 1º de abril de 2025 (fs. 960), se asignó esta Sala (fs. 964) y recibidos los autos en el Tribunal el 10 de abril de 2024 (fs. 964 vto.), tras el estudio de precepto, se resolvió emitir decisión anticipada al amparo de lo dispuesto por el art. 200.1 del CGP. CONSIDERANDO: I). El Tribunal con el voto conforme de todos sus integrantes acordó II). En primer término se analizarán los críticas formuladas por la parte codemandada ASSE en su libelo de impugnación. Se agravia porque el Juez a quo se apartó de la pericia, no compartiendo sus fundamentos Para la Sala este cuestionamiento no es de recibo. Considera el Tribunal que la pericia no fue concluyente y, además, que el Juez analizó la prueba en su conjunto en forma correcta. En efecto, la pericia no es categórica. Así en sus conclusiones señala que la afección era anterior y también que con anterioridad no estaba siendo bien tratada por falta de control previo a su ingreso a la cárcel , por tanto, no atribuible a la parte demandada, ya que no se hace imputación alguna. Reconoce que desde el ataque era imposible dar una respuesta en tiempo por las distancias y lo fulminante del desenlace. Admite el dictamen pericial que la atención fue adecuada en cuanto a las consultas realizadas en la emergencia pero agrega que existieron fallas en la coordinación de consultas programadas en tiempo y forma antes y después del ingreso al SIA-PPL, en este último caso, una consulta, y que una vez obtenidos los resultados de los estudios realizados se demoró en la coordinación de la consulta con nefrología. Termina señalando que “todo esto contribuye al lamentable desenlace como lo fue el fallecimiento del Sr. DD”. Para la Sala puede verse que la pericia, si bien en principio parece deslindar la responsabilidad de la parte demandada, en realidad es ambigua, ya que admite una falta parcial de atención debida. Sin embargo, el Tribunal comparte las conclusiones formuladas por el distinguido A quo, que lucen a fs. 888,y, amparadas en el análisis probatorio que las precede. Como se dijo en Sentencia Nro. 111/2021 de este TAC 1º : “Respecto a la responsabilidad del Estado, puntualmente, en relación a las personas privadas de libertad, esta Sala considera que tiene el deber de cumplir con custodia de estos y propender a su bienestar psico-físico adoptando todas las medidas que garanticen el goce efectivo de sus derechos evitando la producción de daños (Conforme S.C.J., Sent. 665/2016) Esta obligación emana de las normas constitucionales que imponen al Estado obligación de garantizar el ejercicio de los derechos de todos los habitantes sin excepciones (art. 7 y 26 de la Constitución). Además, nace de las instrumentos internacionales ratificados por nuestro país que imponen al Estado asegurar a todas las personas el libre ejercicio de sus derechos sin discriminación alguna ( art. 1.1 de la Convención Americana de Derechos Humanos; art. 2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos; art. 2 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, entre otros) Estos instrumentos internacionales además, destacan que el Estado debe garantizar a la persona privada de libertad un tratamiento humano y respetuoso de su dignidad como persona. Así, dentro del Sistema Interamericano de DDHH, el art. 25 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre, establece que la persona privada de libertad tiene derecho a un “tratamiento humano durante su privación de libertad” , o el art. 5.2 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que insiste en que “Toda persona privada de libertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano”. Por su parte, en el ámbito del Sistema Universal de DDHH, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos , en su art. 10 sostiene que “Toda persona privada de libertad será tratada humanamente y con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano” (entre otros instrumentos internacionales) En este sentido también se ha expresado la Corte IDH en el caso “Caso GG y otros Vs. Perú. Fondo.”, sentencia del 19 de enero de 1995, donde expresa que en aplicación del art. 5.2 de la CADH , se debe concluir que , el Estado, como responsable de los establecimientos de detención, es el garante de estos derechos de los detenidos. Esta posición es reiterada en el caso “HH y otros vs. Argentina. Excepciones Preliminares, Fondo y Reparaciones” , en sentencia del 14 de mayo de 2013 donde expresa que “… el Estado es responsable, en su condición de garante de los derechos consagrados en la Convención, de la observancia del derecho a la integridad personal de todo individuo que se halla bajo su custodia. Así, este Tribunal reitera que, como responsable de los establecimientos de detención y reclusión, el Estado tiene el deber de salvaguardar la salud y el bienestar de las personas privadas de libertad, y de garantizar que la manera y el método de privación de libertad no excedan el nivel inevitable de sufrimiento inherente a la detención… Asimismo, la jurisprudencia de este Tribunal ha señalado que siempre que una persona es privada de libertad en un estado de salud normal y posteriormente aparece con afectaciones de salud, corresponde al Estado proveer una explicación satisfactoria y convincente de esa situación y desvirtuar las alegaciones sobre su responsabilidad, mediante elementos probatorios adecuados (...).” (citada por la S.C.J. , en Sent. 275/2016) E incluso esta Corte Internacional, va más allá de esta obligación del Estado de explicar convincentemente el daño sufrido por un recluso bajo su custodia, determinando la existencia de una presunción de responsabilidad en estos casos. En efecto, en el caso “Asunto de la Cárcel de Urso Branco respecto Brasil. Medidas Provisionales. Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos de 18 de junio de 2002” , expresa que: “8. Que, en virtud de la responsabilidad del Estado de adoptar medidas de seguridad para proteger a las personas que estén sujetas a su jurisdicción, la Corte estima que este deber es más evidente al tratarse de personas recluidas en un centro de detención estatal, caso en el cual se debe presumir la responsabilidad estatal en lo que les ocurra a las personas que están bajo su custodia.” A nivel nacional además , son varias las normas que regulan el sistema carcelario, insistiendo en el trato humano y el respeto de todos los derechos de los reclusos . Entre ellas, el Decreto-Ley Nro. 14.470 sobre “Normas sobre reclusión carcelaria y personal penitenciario”, que incorpora algunas de las Reglas mínimas para el Tratamiento de los Reclusos, adoptadas por la ONU en 1955, establece el deber del Estado de garantizar todos los derechos de los reclusos en tanto personas sin distinción alguna los que además detalla; ; la Ley Nº 17.684 de agosto de 2003 que crea la figura del Comisionado Parlamentario con el fin de asesorar al Parlamento Nacional en su función de control del cumplimiento de la normativa nacional e internacional referidos a la situación de las personas privadas de libertad y asimismo supervisar la actividad de los organismos encargados de la administración penitenciaria; o el Decreto 440/978 que aprueba reglamento interno de centros de recuperación carcelaria, que establece en su art. 1: “Derechos legales y constitucionales.- En el Centro de Recuperación se cumplirán estrictamente las normas que acuerdan derechos a las personas recluidas por la disposición de la Justicia, (Const., artículo 26 y ley 14.470, de 2 de diciembre de 1975)” y a continuación detalla los derechos de los reclusos cuyo goce debe ser especialmente protegido (vida, honor, seguridad, trabajo, propiedad y trato igualitario). Todas estas normas no tendrían razón de ser si no fuera por el hecho de que es el Estado el garante de los derechos de los reclusos, ya que es quien, mediante sus autoridades carcelarias, ejerce el control o dominio sobre las personas privadas de libertad que se encuentran sujetas a su custodia. Por lo tanto, su obligación es la de emplear la diligencia necesaria para asegurar el ejercicio de esos derechos.” Considera el Tribunal que en el caso ambas demandadas, en tanto Estado, no han cumplido con sus deberes para con el fallecido , favoreciendo con sus acciones y omisiones la violación de sus derechos, especialmente el derecho a la salud que acabó con su vida. 2) La codemandada ASSE también se agravia en cuanto al monto del daño moral fijado en la atacada. El agravio es de recibo. En la demanda se reclaman daño premuerte por la situación vivida por el PPL y daño moral por su hermana, siendo su único hermano y con vinculación estrecha La sentencia atacada afirma que condenará a daño moral , y el fundamento para imponer la cifra se vincula a la especial forma de muerte del PPL y que la misma circuló en redes sociales. Esta situación habría afectado especialmente a la accionante Sra. AA hermana del fallecido. Considera el Tribunal que el monto debe abatirse, en particular siendo la reclamante la hermana del fallecido, y en atención al fundamento de la sentencia, esto es, que se vio en redes sociales la forma de muerte del PPL. Releva la Sala que nada dice la sentencia sobre el vínculo entre los hermanos , si era cercano o no. Conforme a lo señalado se estima que el monto del daño extrapatrimonial de la actora debe reducirse a la suma de U$S 10.000.- III). En segundo término se analiza el recurso de apelación en vía adhesiva deducido por parte codemandada Ministerio del Interior. Al igual que la codemandada ASSE, se agravia por el análisis de la pericia efectuada en autos, y en este punto la Sala se remite a lo ya expuesto en el Considerando anterior. Igualmente cabe agregar que la condena no es por la muerte en sí misma, esto es, si se pudo o no atender en forma al fallecido en ese momento por lo fulminante del ataque, sino que la atacada relaciona, en forma muy completa, todas las omisiones cometidas por ambas demandadas que pudieron evitar este desenlace ( el lugar donde fue recluido a pesar de informes que señalaban las enfermedades, la falta de HC cuando fue atendido por el SAIP PPL. , la falta de personal del SAIP, la falta de garantías para acudir al módulo, la falta de personal para trasladar al enfermo, etc.). Muy en particular, para el Tribunal no puede el Ministerio del Interior pretender excluir su responsabilidad por el hecho de que el PPL no pidiera oportunamente prisión domiciliaria por sus afecciones de salud. Este impugnante se agravia en cuanto al daño moral y también cuestiona su monto Al igual que en el caso de la apelación de ASSE, la crítica es de recibo y la Sala se remite a lo dicho en el Considerando anterior. IV). Finalmente, corresponde analizar el recurso de apelación en vía adhesiva deducido por parte actora. En primer término se agravia la accionante por el rechazo del daño pre-muerte y cita jurisprudencia de esta Sala, así como la opinión de la redactora en su obra “El Daño Moral en la Jurisprudencia y en el Derecho comparado”. Para la Sala este agravio es de recibo y, efectivamente el Tribunal tiene posición en esta y en anteriores integraciones en el sentido de la admisión de este rubro. Entre otras se transcribe la Sentencia del Tribunal Nro. 99/2024, que fue invocada en la apelación, y es la mas reciente sobre esta cuestión. En ella se afirma: “En cuanto al daño premuerte, la Sala tiene posición firme en cuanto a su admisión, y su trasmisión a los herederos , tal como se dispuso en la sentencia apelada. En efecto, en sentencia Nº 39/2020 la Sala ha sostenido: “Como sostuvo la Sala integrada y en mayoría en sentencia Nº 100/2015, y comparten las actuales integrantes: “… los miembros naturales de esta Sala Dres. Nilza Salvo y Eduardo Vázquez y el Sr. Ministro integrante Dr. John Pérez adhieren a la posición de Gamarra que sostiene que “Si bien existe una lesión a un derecho de la personalidad (derecho no patrimonial), el derecho al resarcimiento del daño se configura como un derecho al resarcimiento pecuniario; es un derecho de crédito que tiene por objeto una prestación pecuniaria , lo que determina que se trasmita a los herederos según las reglas de la sucesión hereditaria y que sean ellos los titulares de la acción (T.D.C.U., T. XXIII, p. 87-89) (cf. sentencias Nos. 216/1997, 198/2005, 11/2008 de la S.C.J., Nº 38/2004 de la Sala, entre otras).- Dicho sea en otras palabras, la lesión de derechos extrapatrimoniales hace nacer un derecho de crédito (a su reparación) y este derecho, que integraba el patrimonio de la víctima antes de su fallecimiento, es el que se trasmite a sus herederos.- En ese mismo sentido, se sostuvo en sentencia Nº 113/2013 que: “III.- Si bien existe jurisprudencia que establece que el daño moral premuerte no es transmisible a los herederos (LJU c.12.950), siendo negada también la transmisión en caso de muerte instantánea (Conf. Jorge Gamarra “Tratado de Derecho Civil Uruguayo” T.XXIII, pág.70/77).- Por otro lado, doctrina y jurisprudencia admiten que el daño premuerte es indemnizable y trasmisible a los herederos en hipótesis de efectivo padecimiento y dolor, configurándose toda vez que ha existido conciencia de parte de la víctima (Conf. Jorge Gamarra “Tratado de Derecho Civil Uruguayo” pág.86).- Y aún existiendo inconciencia de la víctima igualmente merita el resarcimiento en base a que el artículo 1319 del Código Civil que obliga al autor de un hecho ilícito a indemnizar todo daño causado sin distinción alguna basada en el hecho de que la víctima sufra o no por tal mal, debiendo desecharse el criterio restrictivo que identifica daño moral subjetivamente referido al dolor sufrimiento (Conf. Jorge Gamarra “Tratado de Derecho Civil Uruguayo” T.XXV, pág.201/206) (sentencia en LJU c.14.079 de la Suprema Corte de Justicia) (Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 2º Turno sentencia Nº 192/2000 en LJU c.123.060, sentencias Nº 149/2001 y Nº 235/2004 en ADCU T.XXXV c.188 y c. 190 págs.108 y 109, entre otras) (sentencia en LJU c.123.027 del Tribunal).- “IV.- Se entiende que procede la resarcibilidad y trasmisibilidad “iure hereditatis” en tanto derecho a la reparación, de claro contenido patrimonial que ya existía potencialmente en el patrimonio de quien sufriera el daño y que pasa a su muerte a sus herederos, junto con los demás elementos integrantes de su patrimonio en actuación del principio de integralidad de la reparación del daño causado.- “El daño moral premuerte al constituir un deterioro de un derecho típico de la personalidad que se traduce en definitiva, en un derecho de naturaleza pecuniaria.- Por consecuencia, toda lesión y consiguiente dolor padecido por la víctima causado por el ilícito determina el ingreso a su patrimonio del derecho a exigir su reparación.- “Para que un derecho de crédito no sea trasmisible “iure hereditatis” debe existir una norma que lo prohíba expresamente, o que, por no ser un derecho de naturaleza pecuniaria, no corresponda su trasmisión.- “La acción pasa a los herederos conforme con las reglas que regulan la sucesión hereditaria.- No corresponde, en consecuencia, la exigencia de que sea el causante quien, en vida, haya iniciado acción, la promoción de la pretensión no tiene la virtualidad de variar la naturaleza del derecho que la originó.- En efecto, el daño provocado por una lesión es un daño que sufre una persona que, como tal, tiene derecho a la indemnización correspondiente.- Si esa persona fallece, es claro que, como derecho de naturaleza pecuniaria se trasmite a sus herederos, de lo que se trata no es de la trasmisión del dolor, del padecimiento, sino del derecho a obtener su reparación cuando éste es causado por el hecho ilícito de un tercero y, en ese sentido, no se advierte razón alguna que obste a su trasmisibilidad.- “Ese derecho a la reparación de claro contenido patrimonial y que como tal, ya existía potencialmente en el patrimonio de quien sufriera ese daño pasa consecuentemente, a su muerte, a sus herederos (sentencias Nº 216/1997, Nº 166/2004, Nº 202/2004, Nº 198/2005, Nº 205/2007 y Nº 570/2011 de la Suprema Corte de Justicia, con discordias, en ADCU T.XLII c.30, pág.73)”.” En igual sentido, se expide la Dra. Beatriz Venturini en su reconocida obra Daño Moral (p. 46 y ss.). Cabe señalar, que no puede confundirse el daño premuerte con el daño mortal, como parece hacerlo el apelante en su escrito. Y en el sublite surge acreditado el efectivo padecimiento del fallecido, que ingresó “quejoso” a la emergencia, y que sobrevivió 11 horas luego del accidente.”. Por tanto, considera el Tribunal que corresponde condenar por este rubro, ya que la prueba obrante en autos es muy clara respecto del periplo de situaciones disvaliosas que atravesar el fallecido antes de su muerte. Por ello, salvando las dificultades de su determinación , se estima adecuado fijarlo en la suma de U$S 10.000.- En segundo término se agravia la parte actora en cuanto a los gastos indocumentados que fueron rechazados por falta de prueba. A criterio del Tribunal por unanimidad este agravio es de rechazo En realidad en general los gastos indocumentados si bien carecen de prueba escrita, surgen de alguna otra forma, generalmente por las circunstancias del caso. La accionante reclama por traslados a la cárcel, traslado al velatorio y al entierro. El A quo rechaza este agravio afirmando que no determina cuales son concretamente los daños que no fueron documentados. Efectivamente, en la demanda señala la Sra. AA se trata de transporte y otros gastos de trámites que, en realidad, no identifica. Entonces, si bien en general no se requiere prueba, mínimamente se deben detallar los gastos en los que se incurrió, y ello no es el caso de autos. Por tanto, al no cumplir la accionante con lo dispuesto por el art. 117 numeral 4 del CGP, el agravio no es de recibo. V). La correcta conducta procesal de la accionante no merita la imposición de especial condena al pago de las costas y costos de esta instancia (arts. 688 CC y 261 CGP).- Por los fundamentos expuestos, normas citadas y lo dispuesto por los arts. 197, 198 y 257 del C.G.P., el Tribunal F A L L A: CONFÍRMASE PARCIALMENTE LA SENTENCIA APELADA SALVO -EN CUANTO AL MONTO FIJADO POR CONCEPTO DE DAÑO MORAL DE LA PARTE ACTORA, EN QUE SE REVOCA, Y, EN SU LUGAR, SE FIJA EN LA SUMA DE U$S 10.000 (DOLARES AMERICANOS DIEZ MIL) -EN CUANTO SE RECHAZA EL DAÑO EXTRAPATRIMONIAL PREMUERTE, EN QUE SE REVOCA, Y, EN SU LUGAR, SE AMPARA DICHO RUBRO QUE SE FIJA EN LA SUMA DE U$S 10.000 (DOLARES AMERICANOS 10.000). SIN ESPECIAL CONDENACIÓN EN LA INSTANCIA.- HONORARIOS FICTOS: $ 25.000.- NOTIFIQUESE Y DEVUÉLVASE. Dra. Beatriz Venturini – Dra. Ana Rivas – Dr. Álvaro Messere MINISTROS Esc. Mónica Falótico SECRETARIA