Sentencia Interlocutoria N° 961/2025

VISTOS: Para sentencia interlocutoria de segunda instancia este expediente caratulado “RECURSO DE APELACIÓN. TESTIMONIO DE LOS AUTOS: (AA C/ BB – LEY 19.580 – I.U.E. 681-330/2025) TAF 3”, I.U.E. 681-381/2025, venido a conocimiento de este Tribunal en virtud del recurso de apelación que la denunciante interpuso contra la sentencia interlocutoria No 2013/2025 dictada por el Sr. Juez Letrado Especializado en Violencia Basada en Género, Doméstica y Sexual de Salto de 1° Turno, Dr. Rodrigo Maciel. RESULTANDO: I) Por sentencia interlocutoria No 2013/2025, dictada en la audiencia que se realizó el 17 de julio de este año, el Sr. Juez Letrado Especializado en Violencia Basada en Género, Doméstica y Sexual de Salto de 1° Turno resolvió: “1- Manténganse las medidas dispuestas a BB de prohibición de acercamiento, relacionamiento y comunicación por cualquier medio hacia AA, así como su domicilio y/o lugares que ella frecuente, por el plazo de 6 meses y en radio de 500 mts, bajo apercibimiento de incurrir en delito de desacato, por ahora y sin perjuicio (art. 66 de la Ley 19.580, art. 173 del C. Penal; cuya pena oscila entre los 3 meses de prisión y los dos años de penitenciaría), a contar desde el 15/07/2025 cuyo vencimiento acaecerá el 5/01/2026 (inclusive). Encomiéndase al personal policial especial vigilancia en el cumplimiento de las medidas practicando rondas de vigilancia discretas en el domicilio de la Sra. AA. Déjase constancia que ante eventuales incumplimientos, más allá de la eventual responsabilidad penal del denunciado, la Sra. AA ha brindado su consentimiento para ingresar al SME y el informe de riesgo ha concluido en coordenadas de Alto Riesgo (más allá de las consideraciones efectuadas en la presente). 2- Exhórtase al denunciado a iniciar un tratamiento por consumo de alcohol, pudiendo concurrir al dispositivo Ciudadela (sito en BARBIERI 1887; TEL 473-35546), su prestador de salud o institución semejante, debiendo acreditar documentalmente en audiencia evaluatoria que se fijará. Asimismo, exhórtase al denunciado a efectuar consulta con profesional psicólogo a los efectos de vincular situaciones como la denunciada con otros eventuales sucesos referido con parejas transitorias. 3- Exhórtase a la denunciante a concurrir a los servicios de atención sicosocial de INMUJERES – MIDES (VILARDEBÓ 912 ESQ. TREINTA Y TRES TEL 473-24174; CEL NRO. 091378828). Asimismo, a sostener su proceso psico-terapéutico y retomar consulta psiquiátrica a los efectos de analizar el tratamiento farmacológico que lleva adelante; en este orden, ofíciese al HRS-Salud Mental a los efectos de que se sirvan otorgar pronta fecha para consulta con profesional del área de psiquiatría. Finalmente, exhórtase a la Sra. AA a iniciar proceso de rehabilitación por consumo de alcohol con patrón presuntamente problemático, pudiendo hacerlo en la misma área de psiquiatría, Dispositivo Ciudadela, Alcohólicos Anónimos, o institución semejante. 4- Téngase por cumplido el informe de riesgo previsto en el lit b Art. 61 de la Ley 19.580 por el ETEC de la Sede. 5- Comuníquese esta Resolución a la C.E.V.D.G. en forma urgente, oficiándose. 6- Convócase audiencia evaluatoria para el día jueves 4 de Diciembre de 2025 a la hora 13:00 la Sra. AA y hora 13:20 el Sr. BB quedando las partes notificadas en este acto” (fs. 38-41 de la presente pieza). II) Contra dicha decisión, el Defensor Público (subrogante) de la denunciante anunció en audiencia la interposición del recurso de apelación (fs. 41), el cual posteriormente fundó dentro del plazo legal. La recurrente se agravió por considerar equivocada la decisión del Sr. Juez a quo consistente en rechazar su solicitud de ingresar al sistema de monitoreo electrónico. Expresó que siente temor de que el denunciado incumpla la prohibición de acercamiento. Su defensor (subrogante) solicitó expresamente en la audiencia que se ingrese a las partes al sistema de monitoreo electrónico. Sostuvo que existió una errónea o nula valoración del peritaje realizado por el ETEC de la Sede, el cual concluyó que la situación es de riesgo alto. Además, señaló que se verifican todos los requerimientos previstos en la Acordada N° 8028 del 30 de mayo de 2019, comunicada a través de la Circular N° 80/2019, referente al monitoreo electrónico, en especial, en lo que respecta al consentimiento de la víctima. Concluyó postulando que la decisión del juzgador de primer grado vulneró lo dispuesto en la ley 19.580, en la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (ratificada por decreto-ley 15.164) y en la Convención interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer (ratificada por ley 16.735), (fs. 47-48 vto.). III) Sustanciada la impugnación (decreto N° 2067/2025; fs. 50), el denunciado no evacuó el traslado del recurso interpuesto. IV) Por sentencia interlocutoria N° 2352 del 8 de agosto de este año, el Sr. Juez a quo concedió, sin efecto suspensivo, el recurso de apelación interpuesto (fs. 56). V) El expediente se recibió en este Tribunal de Apelaciones el 2 de setiembre del año en curso (nota de cargo a fs. 68) y, por decreto N° 888 del mismo día, se dispuso el pasaje del expediente a estudio de los Sres. Ministros por su orden (fs. 69), al término del cual se acordó sentencia en forma legal y oportuna. CONSIDERANDO: I) El Tribunal, por el quórum legalmente requerido (art. 61 inc. 3 de la ley 15.750) y con la integración del Sr. Ministro de Tribunal de Apelaciones Suplente Dr. Gustavo Nicastro (art. 63 de la referida ley, en la redacción dada por el art. 237 de la ley 18.834), hará lugar al recurso de apelación interpuesto, en los términos y por los fundamentos que se expresarán a continuación. II) El caso en análisis En el caso, el 15 de julio de 2025 la Sra. AA (de 39 años de edad) formuló denuncia contra el Sr. BB (de 41 años de edad) ante la Comisaría Especializada en Violencia Doméstica y de Género de la Jefatura de Policía de Salto. Resultó un hecho no controvertido que, al momento de la denuncia, los Sres. AA y BB mantenían una relación afectiva de aproximadamente un mes de duración. La Sra. AA expresó que, en la casa del Sr. BB, aproximadamente a las 04.30 horas del 15 de julio, éste le dijo que se iba a acostar y, como ella demoró en ir con él, éste la tiró al piso, le pegó una patada en el estómago, la sacó de la casa con un empujón y le tiró la mochila. Afirmó que se comunicó por teléfono con su amiga, la Sra. CC, para que llamara a la Policía. La denunciante sostuvo que esa fue la primera vez que el denunciado la agredió físicamente, pero añadió que ya había demostrado con determinadas actitudes que era un hombre agresivo. Manifestó que tomaron bebidas alcohólicas esa noche. Negó que la hubiera amenazado. Ante la pregunta que se le formuló en la referida Comisaría, la Sra. AA manifestó que deseaba ingresar al Sistema de Monitoreo Electrónico (en adelante: SME) y que no quería contar con custodia policial en su domicilio (fs. 6-7). Por su parte, las Sras. DD y EE declararon ante la Policía que son vecinas del Sr. BB, que no es la primera vez que él tiene problemas con mujeres y que se trata de un tema recurrente. Sostuvieron que el Sr. BB trae mujeres a su casa y pasan la noche de fiesta con música alta (fs. 18-19). El Sr. BB dio una versión diferente. Sostuvo que se ha visto con la Sra. AA tres o cuatro veces desde el inicio del vínculo. Expresó que el día en cuestión, estando en la casa de él, encienden la estufa y empiezan a consumir alcohol. Ella le mencionó el fallecimiento de su padre, ocurrido tres años atrás, y expresó ideas suicidas. Él sostuvo que intentó apoyarla, señalándole lo valiosa que es la vida, pero ella no acepta ayuda. El Sr. BB manifestó que decidió retirarse a descansar y le dijo textualmente a ella: “hacé lo que quieras, yo me voy a dormir”. Afirmó que ella permaneció en el comedor en evidente estado de alteración y embriaguez. Antes de irse a su habitación, observó que ella realizó una llamada diciendo “vení a buscarme”. Luego se retiró a dormir y al día siguiente notó que la cortina del baño estaba rota. Describe a la Sra. AA como una persona depresiva, con múltiples problemas emocionales, lo que considera como un obstáculo en la relación. Expresó ante la Policía que, en caso de que se le impongan medidas cautelares, las acatará estrictamente (fs. 21). Las medidas telefónicas que se adoptaron fueron: “Prohibición de acercamiento, comunicación y relacionamiento por un radio de 500 metros por 180 días, prohibición de tenencia de arma, coordinar audiencia con ITF, audiencia para el día jueves horas 17:00, elevar antecedentes el día de mañana a la hora 13:00” (fs. 22). El 17 de julio de 2025 la Lic. Psic. María del Mar Gamboa realizó el informe técnico de rigor (fs. 34-36). Ese mismo día se realizó la audiencia respectiva, en la cual se adoptó la decisión recurrida (acta a fs. 37-41). III) La resolución del recurso interpuesto En la audiencia que se celebró el 17 de julio, la denunciante ratificó lo que declaró ante la autoridad policial y añadió que, a raíz del evento en cuestión, sufrió pesadillas, no puede dormir, no puede comer, no quiere salir de su casa y siente miedo. También reiteró en audiencia su solicitud de contar con tobillera electrónica porque siente miedo. Sostuvo que el denunciado intentó comunicarse con el ex esposo de ella luego de que hizo la denuncia. Aproximadamente tres horas después del evento (7.45 horas del 15 de julio de 2025) la denunciante registró un nivel de 2,51 gramos de alcohol por litro de sangre (fs. 10). Más allá de las consideraciones que formuló el Sr. Juez a quo en audiencia con relación al consumo de alcohol por parte de la denunciante y a que éste ha sido un factor común en otros episodios que motivaron denuncias de violencia doméstica en la que se alternaron como denunciante y denunciada la Sra. AA y su ex pareja, la Sra. FF (minuto 10:38 a minuto 14:56 del registro en audio y video), eso no resulta determinante, a juicio del Tribunal, para adoptar decisión en el caso en análisis. En la oportunidad correspondiente de la audiencia, el Sr. Defensor Público de la denunciante solicitó, entre otras medidas, que se ingrese a las partes al SME en atención a la evaluación de la situación como de riesgo alto realizada por el equipo técnico interviniente (minuto 31:19 a minuto 32:25 del registro en audio y video). En el informe elaborado por la Lic. Psic. María del Mar Gamboa, se consignó claramente: “(...) - Percepción de peligro de muerte 5 - Vulnerabilidad de la víctima 2 - Existencia de violencia susceptible de causar lesiones 4 - Aumento de la frecuencia y gravedad de los incidentes violentos 5 Señales claras de causar lesiones graves o muy graves 3 Historial de conductas violentas con pareja anterior 3 Consumo abusivo de alcohol 2 Conductas frecuentes de crueldad y desprecio a la víctima con falta de arrepentimiento 3 En suma: De la valoración pericial parcial surgen coordenadas de alto riesgo, solicitando la peritada las medidas que comporten su máxima seguridad. El denunciado de autos niega haber agredido física ni verbalmente a la denunciante siendo enfático en sus manifestaciones. Refiere haber sido agredido verbalmente por la misma. Se apreció en la entrevista de carácter pericial la dotación de una imagen negativa de la denunciante donde resaltan aspectos de salud mental que el peritado considera comprometen a la denunciante en su conducta (...)” (fs. 34-36, en especial, fs. 36; el destacado en negrita y subrayado no luce en el texto original). Sin perjuicio de que el magistrado de primera instancia fundamentó adecuadamente su decisión y de que se comparten las medidas de protección que ordenó (las cuales no fueron impugnadas), el Tribunal considera que la ponderación del nivel de riesgo alto que formuló el equipo técnico, el temor que manifestó la denunciante y su conformidad con ingresar al SME tornan necesaria la imposición de la medida de monitoreo electrónico. Esta medida se justifica en función del análisis concreto de los hechos que surgen del expediente y en virtud de los principios y de las directrices de prevención y de precaución que inspiran la ley 19.580. Resolver el sometimiento a monitoreo electrónico impone evaluar, en el caso concreto, el grado de violencia existente. Y, en función de lo informado por el ETEC, se advierten indicadores de riesgo algo, por lo que resulta necesaria y razonable la conexión al monitoreo electrónico, tal como solicitó la recurrente (cf. sentencia interlocutoria N° 641/2025 de este Tribunal, publicada en la Base de Jurisprudencia Nacional Jaime Zudáñez). Por todo lo expuesto, en virtud de los principios y de las directrices de prevención y de precaución que inspiran la ley 19.580, en atención a la regla que determina optar por la solución que resulte más favorable a la mujer en situación de violencia basada en género (art. 3 de dicha ley) y tomando en consideración lo previsto en el art. 65 lit. C) inc. 1 de la ley 19.580 y en la Acordada N° 8028 de la Suprema Corte de Justicia, el Tribunal RESUELVE: Acógese el recurso de apelación interpuesto por la denunciante Sra. AA y, en su mérito, revócase la sentencia interlocutoria N° 2013/2025 en cuanto rechazó su solicitud de ingreso al Sistema de Monitoreo Electrónico. En su lugar, dispónese el ingreso de los Sres. AA y BB al Sistema de Monitoreo Electrónico hasta la celebración de la audiencia evaluatoria fijada para el 4 de diciembre de 2025 inclusive, oportunidad en la cual el Juzgado de Primera Instancia evaluará la situación. Con carácter previo a la realización de dicha audiencia, realice el Equipo Técnico correspondiente de Salto nuevo informe de evaluación de riesgo. Comuníquese en forma urgente al Juzgado de Primera Instancia para el cumplimiento inmediato de la medida ordenada, debiendo especificar dicha Sede los datos requeridos en el punto 1° de la parte resolutiva de la Acordada N° 8028. Sin especial condenación procesal. Oportunamente, devuélvase el expediente al Juzgado de origen para la continuación del procedimiento, con copia para el Sr. Juez, y notifíquese. Dra. María Noel Tonarelli de Pena - Ministra Dr. Gustavo Nicastro Seoane - Ministro (r) Dra. María Catalina Elhordoy - Secretaria Letrada