Sentencia Definitiva N° 204/2025

Sentencia Nro. 204/2025 - IUE: 2-10220/2022 Montevideo, 17 de septiembre de 2025 Ministra Redactora: Dra. Cecilia Schroeder Rius Ministras Firmantes: Dra. Gabriela Rodríguez Marichal Dra. BBlía García Obregón Dra. Cecilia Schroeder Rius VISTOS: Para sentencia definitiva de segunda instancia, estos autos caratulados: “AA C/ BB – DAÑOS Y PERJUICIOS” IUE: 2- 10220/2022, venidos a conocimiento de este Tribunal en virtud del recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia definitiva No. 128/2024 dictada por el Sr. Juez Letrado de Primera Instancia en lo Civil de 18o Turno, Dr. Diego Saravia García. RESULTANDO: I. Por el referido pronunciamiento del 18 de noviembre de 2024 (fojas 521 - 554), en lo que interesa a la instancia se falló: “AMPARANDO PARCIALMENTE LA DEMANDA Y, EN SU MÉRITO, CONDENANDO A LA DEMANDADA BB A PAGARLE AL ACTOR AA LAS SIGUIENTES SUMAS: -$ 45.585 (PESOS URUGUAYOS CUARENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO) POR CONCEPTO DE DAÑO EMERGENTE POR REPARACIÓN DEL BIRRODADO, CON MÁS REAJUSTES E INTERESES LEGALES DEL 6% DEL DECRETO LEY 14.500 DESDE EL HECHO ILÍCITO (30/5/2018) Y HASTA EL EFECTIVO PAGO (CF. CONSIDERANDO N.o VIII.A.A.) -$ 35.000 (PESOS URUGUAYOS TREINTA Y CINCO MIL) POR CONCEPTO DE DAÑO EMERGENTE POR GASTOS NO DOCUMENTADOS, CON MÁS REAJUSTES E INTERESES LEGALES DEL 6% DEL DECRETO LLEY 14.500, DESDE EL MES DE MAYO DEL AÑO 2019 Y HASTA EL EFECTIVO PAGO (CF. CONSIDERANDO N.o VIII.A.b). -$ 191.616 (PESOS URUGUAYOS CIENTO NOVENTA Y UN MIL SEISCIENTOS DIECISÉIS), POR CONCEPTO DE LUCRO CESANTE, CON MÁS REAJUSTES E INTERESES LEGALES DEL 6% DEL DECRETO LEY 14.500, A PARTIR DE LA EXIGIBILIDAD DE CADA IMPORTE (CF. CONSIDERANDO N.o VIII.B). - $ 254.097 (PESOS URUGUAYOS DOSCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVENTA Y SIETE) POR CONCEPTO DE DAÑO EXTRAPATRIMONIAL, CON MÁS REAJUESTES E INTERESES LEGALES DEL 6% ANUAL DESDE EL DÍA 29 DE ENERO DE 2019 Y HASTA EL EFECTIVO PAGO; POR YA HABERSE CALCULADO LOS REAJUSTES E INTERESES DESDE EL HECHO ILÍCITO Y HASTA ESA FECHA, EN OPORTUNIDAD DE DETRAERSE LA SUMA PERCIBIDA POR EL ACTOR POR CONCEPTO DE SOA (CF. CONSIDERANDO N.o VIII.C y IX). DESESTIMANDO LA DEMANDA EN LO DEMÁS. COSTAS Y COSTOS EN EL ORDEN CAUSADO.” II. Contra dicha decisión se alzó la demandada, interponiendo recurso de apelación en escrito obrante de fojas 560 - 563, agraviándose, en lo medular, por considerar que el sentenciante valoró erróneamente la prueba diligenciada en autos, particularmente en lo que respecta a la atribución íntegra de responsabilidad a su parte; corresponde, en cambio, reconocer una concurrencia causal de culpa del accionante en, al menos, un 50%, en atención a la falta de habilitación para circulación. Impugna también la cuantificación de los daños, argumentando que los montos establecidos resultan excesivos y que no se acreditó debidamente la existencia y entidad de los mismos. Solicita la revocación de la condena por concepto de daño emergente —específicamente, la reparación de la motocicleta y los gastos indocumentados—, el abatimiento del monto resultante por daño moral y la correcta liquidación del lucro cesante conforme a los parámetros propuestos por su parte. Asimismo, se agravia respecto al inicio del cómputo de los intereses, considerando que deben calcularse desde la interposición de la demanda, en contraposición a lo resuelto en la sentencia recurrida. Pide que se revoque la recurrida en los términos señalados. III. Sustanciada la impugnación deducida, a fojas 571 - 575 comparece el accionante, AA y evacuando el recurso de apelación en traslado, aboga por la confirmatoria, argumentando que la responsabilidad en la causación del accidente recae exclusivamente en la demandada. Sostiene que la Sra. BB no respetó la señalización existente en el lugar del siniestro (cartel de PARE), lo que constituyó la causa determinante del siniestro. Asimismo, considera que la falta de habilitación para circular en motocicleta por parte del actor no resulta un elemento que permita modificar la atribución de responsabilidad. En relación con el agravio planteado respecto a los montos de la condena, específicamente en lo que concierne al daño moral, expresa que fue debidamente acreditado. Destaca el sufrimiento físico y emocional padecido por el actor, las intervenciones quirúrgicas a las que debió someterse, las internaciones requeridas, las limitaciones en su vida de relación y un período de recuperación que se extendió por al menos dos años, por lo que el monto de la condena es acorde y no corresponde su abatimiento. Respecto al lucro cesante sostiene que la liquidación efectuada por el sentenciante se ajusta a derecho, en tanto se basa en los ingresos efectivamente percibidos por el actor antes del evento dañoso (promedio de los 180 días anteriores al siniestro). Señala que los parámetros propuestos por la parte demandada para el cálculo del lucro cesante no resultan correctos, ya que su aplicación implicaría una pérdida salarial para el actor. Entiende que el agravio deducido respecto a la condena por concepto de daño emergente, no es de recibo; el costo por la reparación de la motocicleta fue debidamente acreditado mediante prueba documental, consistente en un presupuesto emitido por el taller correspondiente, y prueba testimonial del tallerista que efectuó el presupuesto. La demandada no formuló oposición a estos medios probatorios en la oportunidad procesal correspondiente. En referencia a los gastos indocumentados considera que son acordes a las consecuencias padecidas por el accidente y a la asistencia médica necesaria para su recuperación, incluyendo, entre otros conceptos, estudios, medicación, tratamientos y tickets médicos. Por último, señala que el cómputo de los intereses fue debidamente analizado y resuelto conforme a la normativa aplicable; que el sentenciante determinó correctamente el inicio del cómputo de los intereses, tomando como referencia la oportunidad del nacimiento de la obligación, por lo que no corresponde su modificación. IV. Franqueada la alzada (fojas 577), el expediente fue recibido en esta Sala (fojas 580 vuelto), requiriéndose a las partes por decreto N.o 153/2025 la reposición de tributos omitidos (fojas 581), lo que fue cumplido (fojas 584 - 585). Pasaron los autos a estudio el 5 de mayo de 2025, culminado el cual, en sesión del 2 de setiembre de 2025, se acordó sentencia por unanimidad, designándose redactora. Consta en autos el período en el que la Sala estuvo desintegrada por licencia reglamentaria de la Dra. Schroeder, desde el 4 al 8 de agosto de 2025. CONSIDERANDO: I. El Tribunal, por decisión anticipada adoptada al amparo de lo establecido por el artículo 200.1 del Código General del Proceso, confirmará la recurrida, por los fundamentos que se exponen a continuación. II. El accionante, Sr. AA , promovió demanda indemnizatoria reclamando los daños y perjuicios sufridos a consecuencia del siniestro de tránsito ocurrido el 30 de mayo de 2018, cuando circulaba en moto por la calle Joanicó y, al llegar a la intersección con Carlos Crocker fue impactado por el vehículo matrícula ZZ, conducido por la Sra. BB. Atribuye a la demandada la responsabilidad en la producción del siniestro, que según alega, fue resultado de no haber respetado la señalización existente en la intersección, Cartel de PARE, contraviniendo la normativa de tránsito. Describe las lesiones sufridas y reclama daño moral ($ 900.000); lucro cesante respecto a la diferencia del salario que recibía antes del siniestro y lo abonado en concepto de subsidio por enfermedad, en el lapso de 23 meses ($ 283.032) y daño emergente, incluyendo traslados, medicamentos, órdenes y tickets mutuales ($ 35.000) y reparación de la motocicleta siniestrada ($ 58.440). La demandada, Sra. BB, contestó la demanda, controvirtiendo la atribución de responsabilidad imputada y la forma de ocurrencia del siniestro, admitiendo únicamente el lugar en que se produjo. Señala que el accionante circulaba con exceso de velocidad, sin ropa reflectiva, sin luces encendidas y sin contar con la libreta de conducir habilitante, atribuyéndole responsabilidad en la producción del siniestro. Expresó que se detuvo en la intersección y, al no advertir la presencia de otros vehículos, reanudó la marcha. Alega que no percibió la motocicleta debido a las condiciones climáticas y al horario en que ocurrió el accidente, factores que habrían dificultado la visibilidad, además del exceso de velocidad, falta de chaleco reflectivo y luz de la motocicleta. Controvierte la existencia y entidad de los daños, así como el nexo causal y los montos. La sentencia definitiva ampara parcialmente la demanda, condenando a la demandada a indemnizar el daño moral, que estima en $ 254.097, más intereses desde 29 de enero de 2019, el daño emergente $ 35.000 por gastos indocumentados desde mayo de 2019 y $ 45.585 por la reparación del birrodado, más los reajustes e intereses desde el 30 de mayo de 2018 y (en todos los casos) hasta su efectivo pago; el lucro cesante por la cantidad de $ 191.616, más reajustes e intereses a partir de la exigibilidad de cada importe. El sentenciante realizó la detracción correspondiente de lo percibido por concepto de SOA, fijando la suma final por daño moral en la expresada anteriormente, esto es $ 254.097. La impugnada atribuye la responsabilidad en la ocurrencia del siniestro a la conductora demandada, quien inicia el cruce de la intersección sin respetar la señalización existente ni detener su vehículo, oportunidad en la que embistió al accionante, concluyendo el decisor: “V) A partir de lo señalado y conforme a la plataforma fáctica admitida por las partes, a juicio del decisor, emerge en forma primaria la responsabilidad aquiliana de la demandada, quien pretendió cruzar la calle Juanicó por calle Croker, la cual se encontraba señalizada con un cartel de “Pare”, maniobra que le exigía detenerse por completo y adoptar la máxima diligencia en asegurar la no colisión con los vehículos preferentes.” III. La Sala comparte la valoración de la prueba y el análisis realizado en la recurrida en cuanto atribuye responsabilidad exclusiva en la ocurrencia del siniestro a la conductora demandada. En efecto, la accionada insiste en la concurrencia del hecho de la víctima, pero no resultó probada su impericia en el manejo ni la incidencia causal de la carencia de libreta de conducir en la ocurrencia del insuceso, más allá que pueda constituir una infracción administrativa. La jurisprudencia en forma constante ha sostenido que la falta de la libreta de conducir no es sinónimo de impericia en el manejo, en el caso concreto no reviste relevancia a la hora de dilucidar la responsabilidad en la causación del evento dañoso, ni configura por sí sola demostración de impericia al conducir, que solo importa una infracción administrativa en tanto inobservancia de una de las exigencias del tránsito (Cf. Sentencia de la Sala N.o 2/2011 y 327/2024). La demandada, fundamenta su agravio en este punto exclusivamente -la falta de libreta de conducir habilitante por parte del actor-, sin cuestionar otros aspectos relacionados con la producción del siniestro. Este planteo resulta insuficiente para desvirtuar los sólidos fundamentos de la sentencia apelada. IV. En cuanto al monto del daño moral, se estima que fue debidamente justipreciado por el a quo adecuándose a los parámetros manejados por la Sala para casos similares, por lo que se rechazará el agravio deducido al respecto. Asimismo, cabe destacar que el agravio esgrimido, no constituyó una verdadera crítica razonada de la sentencia sino solamente una expresión de disconformidad con lo resuelto. En efecto, el decisor realizó una correcta valoración de la prueba allega a la causa, habiendo tomado en cuenta para arribar al monto establecido todos los elementos producidos, relevando adecuadamente los daños padecidos, consistentes en fractura expuesta en tibia y peroné derecha, fractura de clavícula derecha, internación por el lapso de 12 días, el hecho de que fue sometido a tres intervenciones quirúrgicas, la primera de ellas el 30 de mayo de 2018 y la última el 10 de diciembre de 2019. Se le colocó material de osteosíntesis (clavo Küntscher) y posterior retiro por intolerancia al implante, todo conforme resulta de la historia clínica obrante a fs. 102 a 233 y de las declaraciones testimoniales de CC, DD y EE(fs. 240 – 241 y registros de audire). La suma fijada en pesos uruguayos ($ 350.000), equivalente a U$S 11.300 al día del siniestro (fs. 552) es la estimada por el Tribunal en un caso reciente de fractura de tibia y peroné, donde se expresó “Si bien se trata de un tema opinable, el daño extrapatrimonial del actor fue razonablemente determinado por el Decisor de primer grado atendiendo a las lesiones padecidas y el tiempo que requirió su tratamiento, por lo que el monto fijado de U$S 10.000 es acorde a las lesiones padecidas, tiempo de recuperación y parámetros jurisprudenciales actuales y será, por lo tanto, confirmado” (Sentencia N.o 152/2023). Como fue expresado en la recurrida, la detracción correspondiente por lo percibido por concepto de indemnización SOA, ya fue realizado por el sentenciante “En definitiva, al detraerse a la suma fijada por concepto de daño extrapatrimonial sufrido por la parte actora ($ 350.000) con reajuste e intereses legales del 6% anual desde el hecho ilícito (30/5/2019) y hasta el día 29 de enero de 2019 ( $374.832), la suma percibida por SOA ($ 120.735) en esa última fecha, deja un saldo de $ 254.097, el que deberá abonar la demandada BB, con más reajustes e intereses desde el día 29 de enero de 2019.” V. En relación al daño emergente, en particular por la condena por la reparación de la motocicleta y los gastos indocumentados, los agravios tampoco resultan debidamente fundados, limitándose a una simple alegación de disconformidad, razón por la que se entiende que el apelante no cumple con el requisito exigido por el art. 253.1 del Código General del Proceso. Por otra parte, la parte demandada no agregó prueba alguna tendiente a demostrar que el monto reclamado por concepto de reparación de la moto resultaba excesivo, por lo que el mismo será confirmado, resultando un monto acorde al daño producido, esto es, $ 45.585. En cuanto a los gastos indocumentados, lo peticionado refiere a gastos comprensivos de erogaciones que fueron consecuencia del evento dañoso, que el decisor consideró razonablemente probados y relevados en la recurrida. La Sala se ha expresado sobre este punto en los siguientes términos: “Sobre la prueba cuya ausencia motivó el agravio, cabe citar: E) Gastos de tickets, medicamentos y traslados. Generalmente, la víctima no conserva los comprobantes de ciertas erogaciones que se efectúan en la etapa posterior al accidente. Si se exige una comprobación directa y detallada de los gastos realizados mediante la agregación de recibos y facturas, la víctima no sería indemnizada de este daño material. Para suplir esta dificultad probatoria, se sostiene que dichas erogaciones acontecen normalmente, puesto que si la víctima sufre lesiones debe concurrir al centro asistencial una vez recibida el alta médica, así como adquirir calmantes o medicinas, o en su caso, abonar los tickets que cobran las instituciones médicas. En sentencias varias se ha sostenido que tales gastos resultan probados mediante presunciones judiciales y su evaluación debe hacerse con criterio de normalidad y en base a las ‘presuntio hominis’. De la propia comprobación empírica, el magistrado extrae del hecho conocido (lesiones) otro desconocido (traslados y gastos) mediante una operación lógico - crítica basada en las normas generales de la experiencia. Mittermaier entiende que la prueba de indicios y presunciones se establece por medio de las consecuencias que sucesivamente se deducen de los hechos (Dora Szafir, Cuadernos del Anuario del Derecho Civil uruguayo N.o 14, Accidentes de Tránsito. Segunda edición, julio 2017, Fundación de Cultura Universitaria, páginas 62 y 63) ” (Sentencia N.o 25/2020). En definitiva, la condena por este rubro resulta ajustada a las circunstancias de autos, no correspondiendo su abatimiento. VI. El agravio esgrimido por la condena por lucro cesante no es de recibo, compartiendo la Sala el razonamiento y la base de cálculo (ingresos líquidos promedio) considerados por elquo, quien realiza su cálculo con base en la información aportada por el BPS. VII. En relación con el dies a quo de los intereses para la condena por daño moral, siguiendo la posición de la Sala, se confirmará lo resuelto, puesto que en materia de responsabilidad aquiliBB los mismos se hacen exigibles desde la fecha del evento dañoso. Así, se ha expresado en términos trasladables -mutatis mutandis- al subjúdice: “La Sala en anteriores integraciones, posición que en la actual se revalida, entendió que los intereses se generan desde que nace la obligación indemnizatoria extracontractual, esto es, cuando se produce el perjuicio a consecuencia del hecho ilícito dañoso, pues es en ese instante que nace el derecho del acreedor a la reparación integral del daño que comprende tanto las sumas objeto de condena con la actualización e intereses (ADCU T. XXX, c. 469, T. XXXIII, c. 377) (Cf. Sentencias 80/2004, 101/2008, 81/2010, 45/2012, 348/2013)”; Sentencia N.o 170/2021 TAC 5, Ministros: Dra. L. Pera, Dra. C. Schroeder, Dra. A. García -r-; Sentencias N.o 30/2022220/2024, entre otras). Sobre el dies a quo de los intereses para la condena fijada por concepto de daño emergente (gastos indocumentados), siguiendo también la posición de la Sala (Sentencia N.° 157/2023), se confirmará lo decidido, puesto que cuando se trata de sumas de dinero que se erogan durante un período de tiempo, el daño se produce en el momento en que se produjo la erogación que habría sido innecesaria de no haber ocurrido el ilícito, estimándose razonable el punto medio considerado por el a quo. El accionante no estableció la fecha concreta en que se produjo cada erogación, lo que fue fijado por el decisor a mayo de 2019, no existiendo motivos para apartarse de lo decidido. En relación con los intereses por la reparación de la moto, debe estarse a lo expresado anteriormente, por lo que correrán desde la fecha del ilícito. VIII. La conducta procesal de los litigantes ha sido correcta, por lo cual no se impondrán sanciones procesales (artículo 56 del Código General del Proceso y artículo 688 inciso 2o del Código Civil). Por todo lo expuesto y de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 197, 198, 200, 256 y 257 del Código General del Proceso y demás normas concordantes y complementarias, el Tribunal, FALLA: I) Confírmase la sentencia impugnada, sin especial condenación procesal. II) Establécese en la suma de $ 30.000 los honorarios por el patrocinio letrado de cada parte gravada en la segunda instancia, a los solos efectos fiscales. III) Notifíquese personalmente a las partes y devuélvase con copia para el Sr. Juez Actuante. Dra. Gabriela Rodríguez Marichal - Dra. Analía García Obregón-Dra. Cecilia Schroeder Rius Ministras Esc. Mónica Falótico Secretaria Subrogante