Sentencia Interlocutoria N° 522/2025

Ministro Redactor: Dr. Marcelo Malvar Juncal VISTA : Para interlocutoria de segunda instancia esta pieza: AA – PRUEBA ANTICIPADA Y/O DILIGENCIA PREPARATORIA – (TEST. IUE 2- 46094/2025). IUE 557-31/2025 ; venida del Juzgado Letrado Penal de 37º Turno, en virtud del recurso interpuesto por la Fiscalía Letrada de Violencia Doméstica y Violencia Basada en Género de 4º Turno, representada por la Dra. Alicia Abreu, contra la resolución N.º 1557/2025 dictada el 11 de junio de 2025 por la Dra. Mercedes Reyes, con intervención de la defensa Dra. Verónica Camacho. RESULTANDO : I) La hostilizada resolvió: Téngase por ilegalmente efectuada la detención de AA, decretándose la libertad inmediata . II) La Dra. Alicia Beatriz Abreu por fiscalía, fundamenta la apelación anunciada en audiencia (fs. 18) y expresa que la decisión de la A quo de declarar ilegal la detención de AA es errónea. La Sra. Magistrada fundamentó su posición en que el imputado estuvo más de veinticuatro horas sin ser presentado ante un juez, en contravención al art. 16 de la Constitución. Sin embargo, fiscalía sostiene que ese plazo debe contarse desde las 17:40 horas del 10 de junio de 2025, momento en que AA fue detenido en virtud de una orden del juzgado penal, y no desde la mañana de ese día, cuando había sido aprehendido por disposición de un Juez de Familia con fines distintos, la reconexión de un dispositivo electrónico. Según la apelante, el art. 16 de la Constitución refiere exclusivamente a la materia penal, lo que se desprende del propio texto – sumario, acusado, diligencias sumariales – y debe interpretarse en conjunto con el art. 15, que exige orden escrita de juez competente para privar de libertad. En este caso, la detención fue ordenada por un juez penal competente, con semiplena prueba del delito. Además, destaca que mientras estuvo a disposición del Juez de Familia, AA no era acusado en términos penales, sino denunciado en un expediente de violencia doméstica, y en ese contexto sus derechos fueron respetados, ya que se lo notificó, se dispuso la reconexión del dispositivo y se ordenó el cese de la requisitoria. En conclusión, fiscalía entiende que la detención fue legal, pues se cumplió con los requisitos constitucionales y se garantizó la presentación ante el tribunal dentro del plazo de veinticuatro horas contadas desde la detención penal efectiva. III) La Dra. Verónica Camacho por la defensa, aboga por la confirmatoria (fs. 23). L a detención de AA fue ilegal porque estuvo privado de libertad más de veinticuatro horas sin ser presentado ante un juez, lo que viola el art. 16 de la Constitución y normas internacionales de Derechos Humanos. AA se presentó voluntariamente en la seccional el 10 de junio de 2025 a las 11:30, quedando detenido por orden del Juez de Familia para la reconexión de su dispositivo electrónico. Aunque a las 17:35 se dispuso su liberación, nunca recuperó efectivamente la libertad, ya que cinco minutos después la policía simuló un cese y una nueva detención en cumplimiento de una orden penal, sin que llegara a salir del recinto policial. La audiencia de control recién se realizó el 11 de junio a las 15:24 horas, es decir, más de veinticuatro horas después de la primera detención. La defensa entiende que el plazo constitucional debe contarse desde las 11:30 del día 10 de junio, y que el simulacro policial fue un intento de blanquear la irregularidad. Una orden de detención solo puede ejecutarse si la persona está en libertad, lo que no sucedió en este caso, y que el accionar policial vulneró garantías fundamentales al mantener privado de libertad al imputado de manera arbitraria. Citando jurisprudencia nacional e interamericana, la defensa concluye que la detención fue manifiestamente ilegal y solicita que el Tribunal de Apelaciones confirme la resolución. IV) Por providencia N.º 1597/2025 se franqueó la apelación sin efecto suspensivo. Recibida la pieza, se citó para sentencia, que se acordó previo pasaje a estudio. CONSIDERANDO : I) La Sala, por unanimidad, habrá de confirmar la interlocutoria impugnada, por los fundamentos que expondrá. II) Los hechos que motivaron la judicialización del asunto consisten en que e l 29 de marzo de 2025, BB denunció a su pareja, el imputado AA por hechos de violencia doméstica. A consecuencia de ello, el juzgado de familia competente le impuso al denunciado la medida de prohibición de comunicación y/o acercamiento en un radio de exclusión de quinientos metros por el plazo de ciento ochenta días. Medida que fue notificada a este el día 30 de mayo de 2025 a las 05.30. Ese mismo día, se dio cuenta al tribunal de familia que se encontraba de turno de la ocurrencia de nuevos hechos lo que ameritó ampliar el elenco de medidas cautelares disponiéndose el ingreso de las partes al sistema de monitoreo electrónico, lo que se dio cumplimiento. El mismo 30 de mayo, DIMOE advirtió que el imputado AA registró a las 18.26 un evento de apertura o corte de tobillera. Es así que intento comunicarse con él sin éxito, por lo que se envió a la policía hasta el lugar donde marco por última vez el dispositivo, hallándolo en dicho lugar con daños. El imputado había fugado. De acuerdo al informe realizado por la empresa "Surely S.A.", la malla del equipo fue cortada y debe ser sustituida por no poder ser reparada. Estimó el costo del daño en U$S 98,70. De esta forma a criterio de la fiscalía se ha configurado el delito previsto en el art. 359 bis del Código Penal, retiro o destrucción de medios o dispositivos electrónicos. En la audiencia del 11 de junio, la fiscalía anuncia que el imputado fue detenido en cumplimiento de orden judicial, el día 10 de junio, a la hora 17.40, y que previamente había sido detenido por requisitoria del Juzgado de Familia Especializado. Una vez que cesó la requisitoria, cinco minutos después, fue detenido en virtud de la orden referida (3.05). La defensa invoca que se venció el plazo constitucional sin que el imputado fuera llevado ante el juez competente, y se simuló una liberación – haciéndolo caminar por el pasillo de la seccional – para volver a detenerlo. Oídas las partes, la Sra. Magistrada expone verbalmente sus argumentos, señalando que más allá de las versiones, no está controvertido que el imputado no salió nunca de las instalaciones policiales (9.00) y dicta la resolución objeto de esta apelación. III) Como este Tribunal ha señalado reiteradamente, tanto en el antiguo sistema procesal, como más claramente en el actual, los agravios contenidos en la apelación son los que marcan los límites de la jurisdicción de la alzada: tantum devolutum quantum apellatum. En este sentido, no está controvertido y ni expresado como agravio, la situación de hecho verificada; esto es, que AA fue detenido el 10 de junio en horas de la mañana por orden del Juzgado de Familia Especializado, y una vez liberado, cinco minutos después, fue nuevamente detenido en cumplimiento de la orden judicial librada por el Juzgado Penal de 34º turno. El agravio consiste en entender que la disposición del art. 16 de la Constitución se aplica a las detenciones dispuestas por la justicia penal y no por tribunales no penales, y en la medida que ello es así, que el imputado estuvo a disposición de la fiscalía recién a la hora 17.40, por lo que el plazo constitucional no se habría vulnerado. La interpretación que la fiscalía realiza de la norma constitucional se comprende pero no se comparte, ya que peca de excesivamente literal, y por consiguiente, alejada a la hermenéutica constitucional más garantista, en cuanto a que las disposiciones de la Carta, así como la de los instrumentos internacionales de Derechos Humanos, deben ser leídos en clave de asegurar el efectivo ejercicio de tales derechos, por lo que una interpretación al pie de la letra que permita que una persona esté privada de libertad por más de veinticuatro horas, no parece razonable, y la propia acción de dejarla libre durante cinco minutos – como admite la propia fiscalía – o incluso, hacer el simulacro de liberación – como sostiene la defensa – vuelve a dicha interpretación todavía más contraria al sentido garantista del art. 16 de la Constitución. En este sentido, el Tribunal ya ha tenido oportunidad de escoger un concepto amplio de detención, en una sentencia que – mutatis mutandi – es aplicable a este caso: Ahora bien, a estar a lo que emerge del intenso debate argumentativo, es muy claro que la detención de M. no se produjo en el instante en que la Fiscalía pretende, sino con bastante antelación, cuando el funcionario mencionado sujetó del brazo a M. y lo condujo – de manera compulsiva, obviamente – hacia donde estaba estacionado el patrullero y mantuvo allí de igual manera: ‘De allí que entre nosotros tenga cabida la idea de adoptar un concepto amplio de detención, comprensivo de toda privación de libertad ambulatoria que no sea prisión preventiva o ejecución de pena, invocando un fin previsto y permitido por el ordenamiento jurídico. La incorporación de un concepto amplio de detención permite reconocer como tal al resultado material, físico o puramente fáctico en la esfera de libertad de una persona, respecto de quien se puede decir que en la realidad de las cosas, está efectivamente privada de ella, con independencia del nombre con el cual se le denomine’ (Cristián Arias Vicencio. El control jurisdiccional de la detención, p.231. Revista de Estudios de la Justicia, N.º 6, Año 2005. http:// web.derecho.uchile.cl/ cej/ htm / media / controljurisaladetencion. pdf) . (Interlocutoria 846/2020. TAP 1º. BJN). En consecuencia, no puede obviarse que AA estuvo privado de libertad por disposición de una autoridad – tribunal de familia o tribunal penal, tanto da – por un plazo mayor al establecido en el art. 16 de la Constitución. No medió entre una detención y la otra una verdadera recuperación de la libertad ambulatoria, sino una ficción de libertad que duró cinco minutos, y que solo se hizo – aparentemente – con la finalidad de dotar de un manto de legalidad una acción que evidentemente no lo tenía. IV) Entonces, hallándose el imputado privado de libertad, le asiste el derecho consagrado en el art. 16 de la Constitución, y en el artículo 7 numerales 5 y 6 de la Convención Americana de Derechos Humanos, porque el plazo que establece la norma, no puede interpretarse como a favor de la autoridad, sino como límite máximo tolerable para el ejercicio del derecho del privado de libertad de conocer el motivo de su arresto y eventualmente, hacer valer las defensas que correspondieren. Este derecho permite que el detenido conozca sus derechos y el motivo de su detención, o que eventualmente se controle que se le hicieron saber esos extremos, permite que la persona esté asesorada por un defensor, y previene de malos tratos y obviamente, de situaciones aún más gravosas que no son del caso traer a colación (Steiner, Christian y Uribe, Patricia. Convención Americana de Derechos Humanos Comentada. Suprema Corte de Justicia de la Nación. Konrad Adenauer Stiftung. Agosto 2014. Pág. 199 y ss.). Si bien puede discreparse respecto a si el vencimiento del plazo convierte en ilegal la detención o no, o si es conveniente que se indague a las partes sobre la posibilidad de continuar la audiencia con la persona en libertad, lo cierto es que el plazo fenecido conlleva la inmediata libertad de la persona, porque se ha vulnerado su derecho a ser conducido ante la autoridad competente y se le ha privado de las garantías de control de la detención en el plazo constitucional. En consecuencia, el Tribunal confirmará la acertada decisión de la Sra. Magistrada A quo. POR CUYOS FUNDAMENTOS, SE RESUELVE: 1.- CONFÍRMASE LA RECURRIDA. 2.- NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE Y DEVUÉLVASE .