Sentencia Definitiva N° 207/2025

Sentencia Nro. 207/2025 - IUE: 2-7724/2024 Montevideo, 17 de septiembre de 2025 Ministra Redactora: Dra. Cecilia Schroeder Rius Ministras Firmantes: Dra. Analía García Obregón Dra. Gabriela Rodríguez Marichal Dra. Cecilia Schroeder Rius VISTOS: Para sentencia definitiva de segunda instancia, estos autos caratulados: “SCAVINO, Carlos y Otro c/ FERNILAND SA y Otro - DAÑOS Y PERJUICIOS” IUE 2-7724/2024, venidos a conocimiento de este Tribunal en virtud del recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia definitiva No. 139/2024 dictada por la Sra. Jueza Letrada de Primera Instancia en lo Civil de 4o Turno, Dra. Ana María Guzmán Emmerich. RESULTANDO: I. Por el referido pronunciamiento del 2 diciembre de 2024 (fojas 244 - 250), en lo que interesa a la instancia se falló: “Haciendo lugar parcialmente a la demanda. Condénase a FERNILAND SA a abonar a la parte actora la suma total y única de U$S 20.000 más intereses legales desde la fecha de presentación de la demanda A los daños y perjuicios solicitados, no ha lugar. Desestímase la demanda respecto a AZOFLEX SR. Sin especiales condenas procesales.” II. Contra dicha decisión se alzó la demandada, FERNILAND S.A, interponiendo recurso de apelación en escrito obrante de fojas 251-276, agraviándose, en lo medular, por entender que la sentenciante no consideró que el actor, Sr. Scavino, reclamó el pago de un contrato que no había abonado y que, por el contrario, fue afrontado por Ferniland S.A., circunstancia que considera probada con la documentación obrante en autos; la sentenciante no valoró correctamente los medios de prueba acreditados; omitió valorar los elementos aportados que dan cuenta de que la única afectada por la problemática de la azotea fue su parte, y que por el contrario se le condenó a abonar la suma reclamada por el actor, que no afrontó gasto alguno, y en definitiva su pretensión no tiene justificación alguna; la decisoria no consideró lo establecido en la cláusula de la “Declaratoria” suscripta por las partes el 20 de diciembre de 2022, en la cual se acordó el monto de la retención para la reparación de la azotea reconociendo expresamente la existencia del problema, que aún persiste, incluso con posterioridad a los trabajos realizados por Azoflex SRL. Reitera que la retención pactada en la declaratoria fue de U$S 20.000,00, suma referida a la reparación integral de la azotea (que no existieran perforaciones, ni pérdidas de agua),que el actor, pese a no haber realizado desembolso alguno, pretende ahora cobrarla, configurando un supuesto de enriquecimiento sin causa. Enfatiza que la sentencia impugnada incurre en error al considerar que no le permitió al actor ingresar al inmueble para solucionar el problema, cuando en realidad Ferniland S.A. actuó de acuerdo a lo pactado en la declaratoria y activó la garantía vigente con la empresa Azoflex SRL. Indica que lo único que solicitó fue que los trabajos se realizaran con materiales adecuados, conforme la cláusula de la declaratoria que exigía una solución inmediata y completa para toda la azotea, no un trabajo parcial como el que había encargado el actor. No existió por su parte un actuar arbitrario, si no que se limitó a evitar que la situación se agravara, ajustándose a lo acordado, por lo que debía actuar de inmediato. Señala que existen diversas pruebas que acreditan que el Sr. Scavino estaba dispuesto a abonar parte de los costos necesarios para solucionar la problemática relativa a las filtraciones de la azotea. Denuncia hechos nuevos, consistentes en el acta de constatación y el informe del Arquitecto Modernell (fs. 251 - 267), tendientes a acreditar que las reparaciones realizadas no resultaron suficientes. No obstante, considera que brindaron una respuesta temporal a la situación, señalando expresamente la posibilidad de problemas estructurales o de sobrecarga que deben ser atendidos de inmediato, dadas sus posibles consecuencias en la seguridad y el buen uso de las instalaciones. III. Sustanciada la impugnación deducida, a fojas 280 - 287 comparecen los accionantes, Carlos Alberto Scavino Crisci y Celia Sena Millán y evacuando el recurso de apelación en traslado, abogan por la confirmatoria de la recurrida. Manifiestan que el recurso carece de la expresión fundada de agravios consistente en una crítica concreta y razonada de los fundamentos de la sentencia, limitándose a reiterar hechos alegados con anterioridadensayar una disconformidad genérica con el fallo. Destacan que la “Declaratoria” suscrita por las partes previó expresamente que la suma de U$S 20.000 retenida, sería liberada a favor de los accionantes una vez que las reparaciones fueran efectuadas. Según confesara el recurrente, utilizó el dinero retenido a los actores para abonar a AZOFLEX SRL la realización de un segundo trabajo que FERNILAND SA le encomendó a dicha empresa, con posterioridad al trabajo contratado por el Sr. Scavino a la empresa AZOFLEX SR. y por el cual existía una garantía vigente que a posteriori se activó, habiendo FERNILAND SA retenido la suma de U$S 20.000 a fin de garantizar la realización de los mismos. Resulta llamativo que FERNILAND SA no haya formulado reclamo algunoAZOFLEX SRL, dada la disconformidad exhibida a lo largo de la litis para con el resultado de los trabajos que fueron abonados por el Sr. Scavino a AZOFLEX SRL y finalizados los mismos, tras activarse la garantía, contrató a la misma firma para realizar nuevos trabajos en tales superficies, abonándole con el dinero retenido a los actores. Consideran que la demandada, alega hechos falsos, en particular, lo expresado en relación a la necesidad de un segundo contrato, con un objeto más amplio que el solicitado por su parte, y que de la existencia de ese contrato dependiera el accionamiento de la garantía; ese segundo contrato no tiene vinculación con el suscrito por el Sr. Scavino y AZOFLEX S.R.L. Existen diversas contradicciones en las expresiones de la demandada, por lo que la conducta desplegada por FERNILAND SA determina la procedencia de la condena al reintegro de los U$S 20.000 dispuesta. Se oponen a la admisión de hechos nuevos, por considerar que resultan inconducentes, innecesarios y extemporáneos; que el demandado intenta atacar la sentencia con la agregación de un supuesto hecho nuevo que no tienen relación con el objeto del proceso; por el contrario refiere a la contratación de la demandada con AZOFLEX S.R.L. Solicitan, por lo tanto, el rechazo de la apelación y la confirmación de la sentencia, con la imposición de las sanciones procesales a la parte apelante por su accionar temerario. IV. Comparece AZOFLEX S.R.L a fs. 290 - 293, evacuando el traslado del recurso de apelación, sosteniendo que cumplió cabalmente con las obligaciones derivadas del contrato suscrito con el Sr. Scavino, realizando los trabajos de impermeabilización parcial y respondiendo por la garantía otorgada. Destaca que no existió incumplimiento alguno de su parte, sino que la suma cuya devolución se reclama no fue abonada por el actor sino por FERNILAND S.A, a quien contrató para la realización de trabajos adicionales y distintos de los que constituyeron el objeto del contrato con el Sr. Scavino. La sentencia valoró correctamente la prueba incorporada a los autos, concluyendo que no corresponde condenar a AZOFLEX S.R.L. V. Franqueada la alzada (fojas 296), el expediente fue recibido en esta Sala (fojas 296 vuelto), requiriéndose a las partes por decreto N.o 155/2025 la reposición de tributos omitidos (fojas 297), lo que fue cumplido (fojas 301 vto - 302). Pasaron los autos a estudio el 7 de mayo de 2025, culminado el cual, en sesión del 2 de setiembre de 2025, se acordó sentencia por unanimidad, designándose redactora. Consta en autos el período en el cual el Tribunal estuvo desintegrado por licencia reglamentaria de la Dra. Schroeder desde el 4 al 8 de agosto de 2025. CONSIDERANDO: I. El Tribunal, por decisión anticipada adoptada al amparo de lo establecido por el artículo 200.1 del Código General del Proceso, confirmará la recurrida, por los fundamentos que se exponen a continuación. II. Los Sres. Carlos Scavino y Celia Sena promovieron demanda contra FERNILAND S.A. y AZOFLEX S.R.L., reclamando el reintegro de sumas de dinero y daños y perjuicios derivados, según sostienen, de incumplimientos contractuales y enriquecimiento sin causa. La pretensión de los accionantes se origina en la ejecución de trabajos de impermeabilización contratados inicialmente por el Sr. Scavino a AZOFLEX S.R.L. en el inmueble ubicado en Cochabamba 2949, padrón 163.559, y en las dificultades que surgieron posteriormente en ocasión de la compraventa de dicho inmueble a favor de FERNILAND S.A, en virtud de la persistencia de filtraciones en la azotea y de la retención de U$S 20.000 del precio de venta convenida en el documento denominado “Declaratoria”, en el que los promotores se obligaban a reparar las mencionadas filtraciones. Una vez que las reparaciones fueran constatadas por la Arquitecta Tranquilo, correspondía devolver la retención a los accionantes. Los actores sostienen que AZOFLEX S.R.L. incumplió sus obligaciones al no ejecutar correctamente la impermeabilización, que FERNILAND S.A. dispuso indebidamente del dinero retenido y prohibió al Sr. Scavino, ingresar al inmueble a efectos de la reparación antes mencionada. Luego de diversas intimaciones cursadas entre las partes, entendieron que se agotó la vía extrajudicial, por lo que iniciaron estos procedimientos, y en definitiva, reclaman el reintegro de las sumas de U$S 2.649,84 y $ 791.500 respecto a AZOFLEX S.R.L, por considerar que incumplieron con las reparaciones para las que fueron contratados así como también por no responder por la garantía emitida; y U$S 20.000, por concepto de suma retenida indebidamente, a FERNILAND S.A, más U$S 6.000 por daños y perjuicios. La demandada, FERNILAND S.A, contestó la demanda, controvirtiendo los hechos alegados por los accionantes. Fundamentalmente, negó los incumplimientos aducidos a su parte, expresando que el Sr. Scavino contrató a AZOFLEX S.R.L. en forma directa y que, ante las continuas filtraciones y la falta de respuesta, se vio obligada a disponer del dinero retenido para solucionar los problemas de impermeabilización, contratando a la propia AZOFLEX S.R.L para nuevos trabajos, que consideró necesarios en virtud del estado de la azotea, teniendo presente además lo acordado en la “Declaratoria” que permitía utilizar el dinero retenido a tal fin. Alegó, además, que la suma reclamada por el actor le fue transferida directamente por la empresa GROUVET S.A perteneciente al Sr. Laudelino Fernández al Sr. Scavino, conforme comprobante de transferencia obrante en autos. Señala además que los accionantes padecieron diversos errores en cuanto a la presentación de su demanda, y sus pretensiones, en tanto fundó su derecho en el incumplimiento contractual sin que se aplique resolución expresa o tácita del contrato, se limitó a iniciar las presentes acciones, reclamando la devolución del dinero que entiende le corresponde; asimismo reclama conforme la regulación del enriquecimiento sin causa, por responsabilidad extracontractual, lo que no resulta posible además de ser contradictorio. Por su parte, AZOFLEX S.R.L. negó cualquier incumplimiento en relación al contrato firmado con el Sr. Scavino, destacando que realizó los trabajos comprometidos y activó la garantía otorgada cuando fue intimada a ello. Sostuvo que los montos reclamados por el actor no corresponden a las tareas pactadas en el contrato original que refirieron a impermeabilización parcial; lo que representó un monto de $ 262.500. Señala que la mayor parte de los trabajos posteriores fueron encargados y abonados directamente por FERNILAND S.A, sin relación con el contrato inicial suscripto con el actor. III. En orden lógico, corresponde rechazar liminarmente la incorporación de prueba en la instancia, referida a “Informe Técnico” “Acta de solicitud” con sus correspondientes fotografías (fs. 251 – 267) agregadas al momento de la interposición de apelación contra sentencia definitiva, con fecha 23 de diciembre de 2024. Al respecto, el artículo 253.2 del Código General del Proceso, dispone: “Las partes podrán solicitar el diligenciamiento de prueba en segunda instancia, tanto en el escrito de interposición del recurso como en el de contestación al mismo, exclusivamente en los siguientes casos: 1) Si se tratare de presentar documentos de fecha posterior a la conclusión de la causa o anteriores, cuando, en este último caso, se afirmare bajo juramento no haber tenido antes conocimiento de los mismos, circunstancia que apreciará el tribunal para admitir o rechazar la prueba. A tal efecto, podrá requerir o recabar la información sumaria que la acredite. 2) Si se tratare de acreditar hechos nuevos conforme con lo dispuesto por el Artículo 121.2. En todos los casos, se solicitará el diligenciamiento de la prueba correspondiente, conforme con lo prescripto por el Artículo 118.” En el caso, la prueba ofrecida en oportunidad de deducirse la apelación no refiere a la presentación de documentos de fecha posterior a la conclusión de la causa o anteriores pero desconocidos, ni se trata de acreditar hechos nuevos ocurridos con posterioridad, resultando inadmisible en tanto se trata de informe y actuación notarial practicados ambos a requerimiento de parte, que se pretende incorporar en forma extemporánea. En este sentido, el TAC de 2o Turno en Sentencia 10/2020, en posición que se comparte, señaló: “El artículo 253.2 del Código General del Proceso, prevé con carácter excepcional, la facultad de las partes de solicitar el diligenciamiento de prueba en segunda instancia ya en el escrito de interposición del recurso de apelación ya en el escrito de contestación del mismo, sólo en tanto se verifiquen estos requisitos: (a) se tratare de presentar documentos de fecha posterior a la conclusión de la causa; (b) si se tratare de presentar documentos de fecha anterior a la conclusión de la causa, la parte oferente habrá de prestar juramento de no haber tenido conocimiento anterior de dicho documento; y (c) si se tratare de medio de prueba referente a hechos nuevos, habrá de cumplir con requisitos establecidos por el artículo 121.2 del Código General del Proceso: hecho posterior a la conclusión de la causa con influencia sobre el derecho invocado por las partes en el proceso y medio de prueba acorde al artículo 118 del mismo cuerpo normativo.”, (RUDP 1/2023, caso 743, páginas 484 y 485). Como viene de señalarse, el ofertorio probatorio de la apelante no cumple con las exigencias referidas, por lo que se rechazará la prueba propuesta en la instancia. IV. Respecto a AZOFLEX la decisora de primera instancia expresó lo siguiente: “En relación a AZOFLEX cabe concluir que los hechos fueron tal como lo señaló esa empresa en su contestación de la demanda. Ninguna responsabilidad le cabe en relación al único contrato que hizo con el actor Scavino por sí, el 6 de febrero de 2022 por $ 256.500. Ese contrato fue por reparaciones en áreas acotadas, dio garantía y luego trabajó para cumplir la garantía. Además, de ninguna manera se justificaría una condena a devolver al Ing. Scavino las sumas que reclama, que fueron abonadas por FERNILAND y no por él.” Debe tenerse presente que la decisión acerca de la falta de responsabilidad respecto a AZOFLEX no fue cuestionada por la apelante, por lo que la sentencia devino firme en este punto. V. Es dable señalar que el libelo recursivo de la parte demandada resulta poco claro en cuanto a los agravios efectivamente deducidos y la disconformidad con lo decidido en la sentencia recurrida, reiterando en múltiples oportunidades alegaciones ya vertidas en otras comparecencias, lo que en definitiva genera una dificultad mayor al momento de su análisis El Sr. Scavino contrató a AZOFLEX SRL para realizar reparaciones parciales de impermeabilización de la azotea del inmueble, trabajos por los cuales abonó $ 256.500. Posteriormente, se verificaron otras tareas y obras adicionales realizadas por AZOFLEX, por sumas que fueron abonadas por FERNILAND SA y no directamente por el actor, en tanto había sido contratado directamente por la empresa. Al momento de celebrar la compraventa del inmueble los actores y FERNILAND SA, suscribieron un acuerdo “Declaratoria” en el cual convinieron la retención de U$S 20.000 del precio de venta, a cargo del escribano actuante, Alejandro Montoro, para asegurar la correcta ejecución de los trabajos de impermeabilización y reparación de la azotea. La finalidad de la retención realizada, era garantizar la ejecución de las obras de impermeabilización total del techo por parte de personal especializado contratado por el actor, estableciéndose además la supervisión de las tareas y la verificación final a cargo de la Arquitecta Tranquilo. Conforme lo expresado en la sentencia recurrida y lo que resulta acreditado por la prueba documental obrante en estos autos, la relación entre las partes derivó en la imposibilidad de que el actor ingresara nuevamente al inmueble para cumplir con la ejecución de las obras comprometidas, situación que se encuentra corroborada con los telegramas colacionados agregados a fs. 31 a 36. Tal como fue manifestado por las partes, posteriormente, FERNILAND S.A. decidió encargar nuevos trabajos directamente a AZOFLEX S.R.L., disponiendo para ello del dinero retenido sin contar con la autorización expresa de la contraparte, basando dicha decisión en la interpretación que realizó de la “Declaratoria”, la que la Sala no comparte. Asimismo, la parte demandada entendió que el actor había reconocido su conformidad para realizar ciertos gastos necesarios para la reparación de la azotea, abonando a AZOFLEX S.R.L. la suma de $ 293.500, extremo que no fue controvertido por ninguna de las partes. No surge acreditado que dichas reparaciones no fueran, en principio, suficientes ni que la activación de la garantía por parte de AZOFLEX S.R.L. no resultara adecuada para lograr que la azotea se encontrara en condiciones óptimas. El documento “Declaratoria” reviste naturaleza contractual y constituye un acuerdo con fuerza obligatoria para las partes (arts. 1291 y 1297 CC). En virtud de lo pactado, la facultad de disponer del monto retenido en garantía correspondía exclusivamente al cumplimiento de la obligación asumida por el actor: contratar personal especializado y realizar las reparaciones. Luego de la verificación de las obras y el plazo de 60 días de prueba, el dinero retenido sería liberado al actor. El incumplimiento de esta mecánica habilitaba la devolución del dinero retenido, dado que la imposibilidad de cumplimiento no es atribuible al actor. FERNILAND SA, optó por impedir el ingreso del actor a la planta industrial, lo que constituye un incumplimiento al contrato que la obligaba a permitir el acceso para la ejecución de las obras. Tal proceder no solo desconoce la fuerza obligatoria del acuerdo, sino que también vulnera el principio de buena fe que rige la ejecución de los contratos. Como lo señala Gamarra "... Si el contrato es un ‘todo coherente’, un ‘organismo coherente’, debe existir necesariamente armonía entre las diversas cláusulas que lo componen... cada elemento singular debe entenderse en función de los otros, en función del todo del cual es parte integrante..." (T.D.C.U. T. XVIII, Ed. Año 1992, p. 232). Los contratos forman una regla a la que las partes deben someterse como a la ley misma. Como expresa la SCJ en Sent 92/2004, Gutiérrez (red), Van Rompaey, Parga, Rodriguez Caorsi, Troise: “las cláusulas que integran los contratos son normas jurídicas en la medida que conforme a la regla que consagra el art 1291 del CC – principio de asimilación del contrato a la ley- constituyen normas que vinculan a las partes como la ley misma.” “Para deducir la voluntad contractual, se debe considerar que la interpretación judicial del contrato es una actividad reglada por una serie de preceptos que fijan los criterios que deben presidir la labor. Y de estos métodos o criterios lógico-jurídicos el magistrado no puede apartarse.” (Conf. Jorge Gamarra “Tratado del Derecho Civil Uruguayo” Tomo XVIII, pág.193; Andrés Mariño López “La Interpretación del Contrato en el Derecho Uruguayo” en A.D.C.U Tomo XXVIII, pág. 602) (sentencias No 14/2001, No 19/2001 en A.D.C.U Tomo XXXII, c.487, pág. 221; No58 /2003 en A.D.C.U Tomo XXXIV, c.450, pág.195; No 618/2003, No16/2004 en A.D.C.U Tomo XXXV, c. 459, pág. 208; No 216/2004 y No 111/2007 en A.D.C.U Tomo XXXVIII, c. 469, págs. 236/237). “Toda cláusula contractual debe interpretarse dentro del proceso de negociación, procurando establecer la voluntad de las partes resultante de los elementos textuales y contextuales aportados; la interpretación de los contratos no puede limitarse a su tenor literal porque su objeto es la manifestación de voluntad de las mismas” (Cf. GAMARRA, “Tratado...” T. XVIII, 1977, pág. 217). La demandada no logró acreditar los fundamentos de su defensa. Por el contrario, de lo emergente de la “Declaratoria” suscrita por las partes y de la conducta de FERNILAND, surge constatado su incumplimiento. En consecuencia, corresponde desestimar los agravios deducidos y confirmar la impugnada. VI. La conducta procesal de los litigantes ha sido correcta, por lo cual no se impondrán sanciones procesales (artículo 56 del Código General del Proceso y artículo 688 inciso 2o del Código Civil). Por todo lo expuesto y de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 197, 198, 200, 256 y 257 del Código General del Proceso y demás normas concordantes y complementarias, el Tribunal, FALLA: I) Confírmase la sentencia impugnada, sin especial condenación procesal. II) Establécese en la suma de $ 30.000 los honorarios por el patrocinio letrado de cada parte gravada en la segunda instancia, a los solos efectos fiscales. III) Notifíquese personalmente a las partes y devuélvase con copia para la Sra. Jueza Actuante. Dra. Analía García Obregón Dra. Gabriela Rodríguez Marichal Dra. Cecilia Schroeder Rius Ministras Esc. Mónica Falótico Secretaria Subrogante