Sentencia Definitiva N° 208/2025

Sentencia Nro. 208/2025 - IUE: 2-11924/2018 Montevideo, 17 de septiembre de 2025 Ministra Redactora: Dra. Gabriela Rodríguez Marichal Ministras Firmantes: Dra. Cecilia Schroeder Rius Dra. Rosario Sapelli Ferber Dra. Gabriela Rodríguez Marichal VISTOS: Para sentencia definitiva de segunda instancia, estos autos caratulados: “AA c/ BB y otros – RESPONSABILIDAD MÉDICA”, IUE: 2- 11924/2018, venidos a conocimiento de este Tribunal en virtud del recurso de apelación interpuesto por el codemandado CASMU contra la sentencia definitiva No. 118/2024 dictada por la Sra. Jueza Letrada de Primera Instancia en lo Civil de 7o Turno, Dra. Virginia Ginares. RESULTANDO: I. Por el referido pronunciamiento de fecha 11 de noviembre de 2024 (fojas 788 a 796), en lo que interesa a la instancia, se dispuso: “CONDÉNASE A CASMU IAMPP A REPARAR A LA SRA. AA LA PÉRDIDA DE CHANCE POR INCUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES CONTRACTUALES Y COMO CONSUMIDORA POR LA DEMORA EN LA INTERVENCIÓN QUIRÚRGICA A PARTIR DEL DESPRENDIMIENTO DE RETINA DE SU OJO IZQUIERDO, LO QUE SE ESTIMA EN LA SUMA DE U$S 9.000 (dólares americanos nueve mil) CON MÁS INTERESES DESDE LA PROMOCIÓN DE LA DEMANDA Y HASTA SU EFECTIVO PAGO. DESESTÍMASE LA DEMANDA RESPECTO DE LOS MÉDICOS ACTUANTES POR NO HABER EXISTIDO CULPA EN SU ACCIONAR. SIN ESPECIAL CONDENACIÓN.” II. Contra dicha decisión se alzó el codemandado CASMU, interponiendo recurso de apelación en escrito obrante de fojas 800 a 809, agraviándose, en lo medular, por el rechazo de la perención planteada en el curso del proceso, conjuntamente con los codemandados, con fecha 21 de febrero de 2024, cuando se configuraron los requisitos legalmente previstos para la declaración pretendida, considerando aplicable en segunda instancia lo dispuesto en el artículo 216 del Código General del Proceso; además, el régimen de las nulidades habilita al Tribunalpronunciarse sobre los errores in procedendo que no hayan quedado convalidados a lo largo del proceso; la recurrida no respetó el principio de congruencia ni el dispositivo, ya que el fundamento de la condena consistió en la falta de información a la paciente, situación que la accionante no alegó; tal circunstancia no fue objeto de las pericias practicadas, una de ellas realizada por un médico legista, quien tampoco relevó la existencia de omisión de información alguna; la distinción entre el éxito funcional (recuperación de la visión, que no se obtuvo) y el anatómico con relación a la operación de retina, surge de las pericias diligenciadas, pero no implica la existencia de abuso alguno que le sea imputable; siempre se busca el resultado funcional (recuperar la visión) además del anatómico (reacolamiento de la retina), no obstante lo cual, en muchos casos no se obtiene el primero; la sentencia se apartó de las conclusiones periciales, al considerar que existió demora en el tratamiento de la paciente y que ello supuso una pérdida de chance; las apreciaciones vertidas con respecto a la demora en decidirse si la intervención podía o no ser realizada, con base en si estaba o no incluida en las prestaciones médicas a su cargo carece de sustento; el tiempo que llevó la coordinación de la cirugía no sólo estuvo dentro de los habituales (el diagnóstico se efectuó el 30 de mayo y la intervención se realizó el 6 de junio siguiente), sino que no incidió en el resultado; la sentenciante no analizó que la Sra. AA consultó por la disminución de agudeza visual que llevó al diagnóstico de desprendimiento de retina luego de 20 días desde que comenzó a notarla, lo que comprometió su pronóstico visual; surge probado que aún si se hubiera realizado antes la cirugía, ello no aseguraba otro resultado; el monto de la condena resulta excesivo, no siendo correcta la forma de determinación de la pérdida de la chance cuantificada en un 10% de lo reclamado. Solicitó que, en definitiva, se revoque la sentencia apelada, desestimándose la demanda en todos sus términos. III. Sustanciada la impugnación deducida, de fojas 821 y 822 comparecen los codemandados, Sres. BB y CC y evacuando el traslado conferido, expresan que su exoneración de responsabilidad no fue objeto de agravio y solicitan se confirme la recurrida a su respecto. IV. De fojas 825 a 829 se presentó la parte actora, Sra. AA, abogando por la confirmatoria, señalando, en síntesis, que la decisión que rechazó la pretensión de perención de la instancia se encuentra firme al no haber sido apelada; tampoco procede la modificación de la decisión en base a lo dispuesto en el artículo 216 del Código General del Proceso, pues no se configuran los requisitos de tiempo y forma para que opere la perención; la recurrida no vulnera el principio de congruencia, habiéndose demostrado que el CASMU no cumplió con su obligación asistencial; no se agregó consentimiento informado suscrito por ella; la prueba pericial fue correctamente valorada, surgiendo de la misma que los médicos demandados no actuaron con dolo ni culpa; fue el CASMU quien no respetó los tiempos razonables sugeridos por los facultativos intervinientes; se probó el nexo causal entre la demora atribuible a la mutualista y el daño reclamado. V. Franqueada la alzada (fojas 831), el expediente fue recibido en esta Sala (fojas 836 vuelto), pasando los autos a estudio el 3 de abril de 2025 (fojas 843), luego de repuesta la tributación omitida. Culminado el estudio (luego de que la Dra. Analía García Obregón, integrante natural de la Sala, se inhibiera de oficio de intervenir, conforme las razones expuestas a fojas 845 y que resultara designada por sorteo -fojas 851- para integrar el Tribunal la Dra. Rosario Sapelli Ferber), en sesión del 26 de agosto de 2025 (fojas 853), se acordó sentencia, designándose redactora. CONSIDERANDO: I. El Tribunal, debidamente integrado y por unanimidad, en régimen de decisión anticipada adoptada al amparo de lo establecido por el artículo 200.1 del Código General del Proceso, revocará la recurrida y desestimará la demanda en todos sus términos, sin especiales sanciones procesales, por los fundamentos que se exponen a continuación. II. En el caso, la Sra. AA promovió demanda de indemnización de dañosperjuicios por responsabilidad médica contra CASMU, de la que es usuaria desde el año 1973 y contra los médicos tratantes, Dres. BB y CC. Afirmó que partir del año 1988 comenzó a consultar por problemas de visión, habiendo sido sometida a tratamientos y varias intervenciones quirúrgicas en ambos ojos, comenzandocontrolarse más periódicamente desde enero de 2014 por haber notado que la visión de su ojo izquierdo empeoraba. En consulta del 9 de enero de ese último año, se le dijo que estaba todo normal, volviendo a consultar el 10 de febrero siguiente con su médico tratante desde el año 1994, el Dr. BB, que le recetó medicamentos. En virtud de que la pérdida de visión del ojo izquierdo continuaba creciendo, volvióconsultar el 27 de mayo siguiente, consignando en la oportunidad el Dr. BB: “Dilatado el ojo izquierdo, imagen compatible con desprendimiento de retina. Solicitó urgente ecografía Bpase a departamento de retina”. El 30 de mayo del mismo año la atendió la Dra. CC que hizo constar en la historia clínica: “Cuesta dilatar ojo derecho retina acolada, ojo izquierdo retina desprendida, casi total, acolada temporal. Disminución de agudeza visual de 20 días de evolución. Se realiza ecografía, se entrega la impresión al paciente y se deriva urgente a cirugía”. Se le informó que, por ser viernes ese día, no se le podría atender por ningún cirujano oftalmólogo hasta el martes 3 de junio, siendo operada el día 6 de junio de 2014 por el Dr. Antes en el Hospital Británico. En control posterior, del 27 de junio, se estableció por este médico que “se operó desprendimiento de retina ojo izquierdo, por agujero macular ojo derecho se le colocó gas, la retina está acolada se controlará.”, volviendo a ser intervenida el 11 de julio siguiente sin solución al problema, perdiendo totalmente la visión del ojo izquierdo, con el que tenía mejor visión. Alegó que el Dr. BB incurrió en un error médico inexcusable generador de responsabilidad al no tomar medidas urgentes, dando un pase a emergencia o directamente de internación para ser vista por cirujano ante el riesgo de pérdida definitiva de su visión, cuando el 27 de mayo de 2014 constató desprendimiento de retina. Estima que el médico actuó con impericia al no tomar medidas de urgencia, perdiendo la chance de ser asistida de forma inmediata, lo que le causó un daño irreparable, con la pérdida completa de la visión de su ojo izquierdo, privándola de una reparación del desprendimiento de la retina cuando aún podía ser salvada. Afirma que la Dra.CC, pese a que concuerda con el diagnóstico de desprendimiento de retina, le expresó que no la enviaba directamente a emergencia porque esa clase de operaciones se coordinan en ventanilla y que debía realizar los trámites y autorizaciones que requiere la institución para ser intervenida, privándola también de la chance de que su retina fuera reparada en forma inmediata. Fundó su reclamo contra CASMU por la demora en la coordinación de la operación, por no haber brindado la asistencia adecuada y porque, una vez intervenida, no obtuvo resultados satisfactorios “en la periodicidad en la realización de los controles oftalmológicos post operatorios”, cuando se trataba de una emergencia y debió ser vista y atendida el mismo día que se constata el desprendimiento de retina. Solicitó la condena de los demandados al pago de la suma de $ 900.000 actualizados según Decreto -Ley No. 14.500 desde la omisión de tratamiento quirúrgico y el interés legal desde la interposición de la demanda, por el daño moral derivado de la pérdida de la chance de ser sometida a tratamiento quirúrgico en forma inmediata, una vez constatada su afección más los gastos del proceso y honorarios profesionales de la letrado patrocinante, que estima en el 25% del monto del daño moral reclamado, con su actualización. Los médicos demandados, BB y CC y el CASMU, contestaron la demanda, controvirtiendo tanto la responsabilidad que se les atribuye, como la existencia, nexo causal y cuantificación de los daños reclamados. La sentencia de primera instancia condenó al CASMU a reparar la pérdida de la chance pretendida, cuantificando el daño moral a indemnizar en la suma de U$S 9.000, por considerar que el demandado incumplió sus obligaciones contractuales, imputándole la existencia de una demora (de diez días) en la realización de la intervención quirúrgica practicada a la actora, tras el desprendimiento de retina diagnosticado. Señala la sentencia en el Considerando V: “A fs. 64 los médicos tratantes sitúan el examen clínico que aconseja como urgente por surgir una imagen compatible con desprendimiento de retina es del 27 de mayo de 2014. La misma conclusión confiesa CASMU a fs. 295. La operación de la que no existe registro es del 6 de junio de 2014. La espera de la paciente, que no es ni especialista, ni gestiona a la Institución, fue de 10 días. A fs. 591 la Dra. Sangenis, como perito, explica “Debido a las características del desprendimiento de retina de la Sra. AA tenía indicación de vitrectomía, dado que no existía una buena visualización de la retina, no se constataron las roturas y se desconocía la presencia o ausencia de vitreorretinopatía proliferativa. Ninguna cirugía oftalmológica es de emergencia. Existen situaciones de urgencia quirúrgica, esto es, que deben resolverse en las siguientes 24 horas del diagnóstico. Si bien no es habitual, en situaciones puntuales puede ser necesario una victrectomía de urgencia, no siendo el caso del desprendimiento de retina. La oportunidad de la cirugía de desprendimiento de retina depende fundamentalmente del compromiso macular y el tiempo de evolución del mismo, debiendo realizarse de forma temprana, cuanto antes dentro de los primeros siete días del diagnóstico...”. De la lectura de los informes de fs. 570 y del ampliado que viene de referirse resulta claro que todo el “combo” de patologías oculares le hacía especialmente vulnerable a una eventual desprendimiento de retina. A criterio de la firmante, los médicos demandados adecuaron formalmente su actuar a las políticas burocráticas de la institución sobre qué estudios autorizar y cuándo o cómo ser efectuados. Cumplieron con colocar la referencia a “urgente”, CASMU luego se tomó su tiempo para resolver si lo solicitado podía o no ser autorizado eventualmente por encontrarse dentro de las prestaciones médicas a su cargo conforme el Sistema Nacional Integrado de Salud, con quién efectuarlo. Esta decisión institucional insumió un período importante de eventual intervención de la patología de desprendimiento. Si la medicina no es una ciencia exacta, entonces mal puede descartarse que de haberse efectuado la vitrectomía con antelación, el resultado no hubiera sido otro. No se está sosteniendo que la Sra. AA, con la totalidad de enfermedades que padece, hubiera recuperado una visión que no tenía. Lo que se sostiene es que la forma en que CASMU dispuso la tramitación de las recomendaciones médicas de sus empleados (cuya actuación la institución califica como impecable) le hizo perder una chance de obtener otro resultado.” La decisión atribuye además al CASMU omisión en el suministro de información a la accionante con respecto a la evolución de su patología a la peoría, pese a la intervención quirúrgica con la que se obtuvo éxito anatómico pero no funcional. Se desestimó la demanda respecto a los médicos BB y CC, por entenderse que no existió culpa en su actuación, lo que ha quedado firme al no haberse deducido agravios sobre el punto. III. Como surge de autos, el 21 de febrero de 2024 la parte demandada solicitó la perención de la instancia (fojas 707 y 708), que fue denegada por providencia No. 347/2024 dictada el 22 de febrero de 2024 (fojas 710), por considerarse que el proceso no estaba paralizado, ya que el expediente se encontraba en el ITF a efectos de practicarse la pericia ordenada. El expediente había sido remitido al ITF con fecha 22 de noviembre de 2022 (fojas 689 vuelto), designándose el 23 de diciembre de 2022 a la Dra. EE para realizar el informe (fojas 691). Finalmente, los autos con el dictamen pericial realizado, fueron devueltosla Sede a quo el 17 de abril de 2024 (fojas 693 a 704). El decreto No. 347/2024 fue recurrido por la parte demandada mediante la interposición de recursos de reposición (fojas 714 a 717 y fojas 721 a 723), que fueron rechazados por providencia No. 1982/2024 (fojas 754 a 756). De modo que la decisión que rechazó la declaración de perención de la instancia, se encuentra firme, pretendiendo ahora el CASMU reabrir el debate sobre el punto al amparo de lo dispuesto en el artículo 216 del Código General del Proceso, que dispone: “Lo resuelto por sentencias interlocutorias firmes, que no pongan fin al proceso, puede ser modificado al dictarse la sentencia definitiva, siempre que ello no importe retrotraer el procedimiento.” Sin embargo, esta última norma no resulta aplicable en la instancia, dado que la solución que propicia implica que el propio tribunal que dictó la interlocutoria pueda luego, en la sentencia definitiva, modificar lo decidido, siempre que no implique retrotraer el proceso. Resulta al menos dudoso que el tribunal de segunda instancia se encuentre facultado para modificar la resolución atacada, cuando no fue quién la pronunció y cuando además la decisión cuya revisión se pretende no es susceptible de apelación (artículo 238.2 Código General del Proceso). Admitir la aplicación del artículo 216 del Código General del Proceso en el caso, habilitaría la revisión en segunda instancia, de una resolución que el mismo Código determinó que es inapelable. Por otra parte, aplicar la solución promovida por el demandado, implicaría retrotraer el proceso hasta una etapa indefectiblemente precluida, lo que resulta contrario a la solución normativa. Mucho menos puede considerarse nula la sentencia interlocutoria que no hizo lugar a la perención de la instancia, por no haber existido error in procedendo. Por las razones expuestas, entonces, no procede la revisión de lo decidido por sentencia interlocutoria No. 347/2024 que rechazó la pretensión de perención de la instancia promovida por la parte demandada. IV. La Sala revocará la decisión recurrida por considerar de recibo el agravio que el apelante esgrime en el punto relativo al apartamiento de las conclusiones periciales. Como se dijo, la sentencia al fundar la condena impuesta a la institución de asistencia médica demandada, consideró probada la existencia de una demora de diez días en la realización de la intervención quirúrgica practicada a la actora, tras el desprendimiento de retina diagnosticado y que ello supuso una pérdida de chance de obtener un resultado satisfactorio, citando en el considerando V el dictamen pericial de la Dra. Sangenis, en conclusión que el Tribunal no comparte y que tampoco puede extraerse del dictamen referido. En efecto, no surge del dictamen pericial de la Dra. Gabriela Sangenis que el tiempo transcurrido entre el diagnóstico y la intervención quirúrgica tuviera incidencia en la pérdida de la chance de obtener un resultado satisfactorio. La perito expresó: “Del análisis de la historia clínica, así como de la bibliografía consultada considero que la cirugía por desprendimiento de retina que presentó la Sra. AA, fue realizada a tiempo, y que es altamente probable que una cirugía más precoz no hubiese cambiado la agudeza visual final del ojo izquierdo.” (fojas 570 y 586). Indicó que el diagnóstico, previa ecografía ocular para confirmarlo y examen clínico de fondo de ojo con dilatación pupilar ante la disminución de la agudeza visual del ojo izquierdo, fue correctamente realizado y dentro de los tiempos esperables (fojas 571). Sostiene que “La cirugía de desprendimiento de retina de la Sra. AA fue realizada al séptimo día de confirmado el diagnóstico del mismo. Como ya se mencionó, la cirugía en los siguientes siete días del diagnóstico, se considera una cirugía temprana y está formalmente indicada en pacientes sin compromiso macular. Dado que la Sra. AA presentaba varios elementos de mal pronóstico visual como son la disminución de agudeza visual de veinte días de evolución, la extensión casi total del desprendimiento de retina, y el compromiso de la mácula, sumado a la baja visión de base, pienso que la realización de la cirugía más precoz, no hubiese cambiado el pronóstico visual.” (fojas 577 y más ampliamente a fojas 590). “Ninguna cirugía oftalmológica es de emergencia. Existen situaciones de urgencia quirúrgica, esto es, que deben resolverse en las siguientes 24 horas del diagnóstico. Si bien no es habitual, en situaciones puntuales puede ser necesario una victrectomía de urgencia, no siendo el caso del desprendimiento de retina. La oportunidad de la cirugía de desprendimiento de retina depende fundamentalmente del compromiso macular y el tiempo de evolución del mismo, debiendo realizarse de forma temprana, cuanto antes dentro de los primeros siete días del diagnóstico, en los casos que se presentan sin compromiso macular, o cuando el compromiso macular es menor a una semana. En los casos que se presentan con compromiso macular mayor a una semana, la cirugía podría realizarse después de los siete días.” (fojas 591). Señaló, asimismo, la Dra. DD que la técnica quirúrgica utilizada de vitrectomía por pars plana fue correcta, porque no existía una buena visualización de la retina, no se constataron las roturas y se desconocía la presencia o ausencia de vitreorretinopatía proliferativa (fojas 577 y 591). “La cirugía de desprendimiento de retina debe ser realizada por un cirujano oftalmólogo con experiencia en cirugía vítreo retinal. No la realizan todos los cirujanos oftalmólogos.” (fojas 577 y 591). La pericia fue impugnada por parte de la actora, conforme surge a fojas 610, por considerar que no cuenta con respaldo documental “la premisa de que la Sra. AA tuvo un desprendimiento de retina con compromiso de mácula”. Posteriormente, se cometió al ITF la práctica de la pericia solicitada por la parte actora a fojas 36 vuelto (fojas 627 y 658), con el alcance dispuesto por providencia No. 3735/2022 (fojas 683): “contestar las preguntas referentes a su patología y tratamiento en forma genérica.” La segunda pericia, a cargo del ITF con las salvedades apuntadas, concluyó del mismo modo que la primera, considerando la dictaminante, Dra. EE, que los estudios, diagnóstico e intervención realizados lo fueron en tiempo y forma, dentro de los márgenes temporales esperables (fojas 702), coincidiendo con la anterior perito también en cuanto a que en este caso estaba comprometida la mácula (fojas 701 vuelto y 702). Específicamente sobre la chance que tenía la Sra. AA de mantener su visión de haber “sido intervenida de urgencia una vez constatado el desprendimiento de retina” (fojas 701 vuelto in fine), la experta dictamina: “La cirugía se realizó dentro de los tiempos habituales, tratándose de una urgencia oftalmológica. En el supuesto de caso de poder realizar la valoración requerida preoperatoria en forma inmediata y de haberla operado con mayor premura, teniendo en cuenta la bibliografía consultada, no es posible afirmar que el desenlace hubiera sido diferente, teniendo en cuenta la data del desprendimiento (más de 20 días) que estaba evolucionado al momento de su detección. Asimismo, el desprendimiento constatado fue casi total, encontrándose solamente acolada la retina en el sector temporal, por lo que se concluye que afectada al sector de la mácula, lo que traduce un mal pronóstico funcional.” (fojas 702). Sobre la incidencia que pudo tener la demora de una semana en ser intervenida, concluye: “Muy probablemente ninguna.” (fojas 702). El fundamento del reclamo y de la condena impuesta al CASMU radica en que no actuó en los tiempos que la situación requería, pero como viene de verse, esta afirmación carece de apoyo probatorio, siendo la prueba pericial, la pertinente para determinar dicho aspectoresultó negativa para el interés de la accionante, tanto la primera que fue impugnada por ésta, como la segunda, realizada por especialista en medicina legal y no impugnada. Tampoco existen otros elementos objetivos para apartarse de los dictámenes técnicos realizados, en forma independiente y fundada, ni se diligenciaron otros medios de prueba que permitan arribar a una conclusión distinta, tales como por ejemplo, la existencia de pautas dadas y comunicadas o publicadas por organizaciones, institutos o cátedras que aconsejen la actuación en tiempos más breves que los transcurridos en este caso. Lo expuesto, determina que no sea posible imputar al CASMU la responsabilidad que se le atribuye en la demanda, no habiendo logrado demostrar la accionante los hechos constitutivos de su pretensión, pues los dictámenes periciales descartan que el tiempo transcurrido entre el diagnóstico y la intervención quirúrgica haya tenido incidencia causal en la pérdida de la chance de obtener un resultado satisfactorio. Incluso de haberse actuado con mayor premura, el resultado no habría sido distinto. Al respecto, la pericia de la Dra. EE es categórica: “aún en el caso de consultar inmediatamente tras el desprendimiento, no es posible afirmar que el desenlace hubiera sido otro, teniendo en cuenta su mal terreno ocular previo, con patologías oculares como la miopía elevada y glaucoma, que de por sí son causas de baja visión y predisponen al desprendimiento de retina y a la mala evolución posterior a la cirugía, pudiendo incluso volver a desprenderse la retina tras una cirugía anatómicamente exitosa, como ocurrió en el caso.” (fojas 702). Preguntada la Dra. EE en audiencia acerca de este punto, contestó: “dada la situación de esta señora y teniendo en cuenta que la dificultad y la pérdida de visión databa de 20 días antes, no hubiese cambiado el pronóstico” (audiencia del 28 de agosto de 2024, pistaminuto 5:32). Respecto a si la pérdida de visión pudo deberse a los cargados antecedentes oftalmológicos de la paciente más que a las cirugías realizadas, contestó: “sí, sí, la señora tenía un estado patológico que se fue agravando con el correr de los años y que se intentó frenar con la cirugía pero no se pudo” (audiencia del día 28 de agosto de 2024, pista 4, minuto 0:24). Sabido es que, careciendo los magistrados de conocimientos científicos y técnicos en el área de la medicina, la pericia adquiere una singular e insustituible relevancia, tornándose un medio de prueba de fundamental importancia, no existiendo en el caso de autos motivo alguno para apartarse de las coincidentes conclusiones periciales de las Dras. DD y EE. En materia de responsabilidad médica cabe tener presente que: “Paracalificar si existió culpa en el diagnóstico, el Tribunal indica que esta debe analizarse ex ante y no ex post facto. Ello es así, por cuanto la culpa se configura cuando no existen dudas y la prueba confirma el apartamiento de la lex artis, en la medida en que no existe culpa dentro del ámbito de lo opinable. Tomando ello como punto de partida, entiende el Oficio que no existió responsabilidad porque ésta se configura en casos groseros, juzgándose la acción y la decisión según lo que se vio o se debió percibir en el momento de la atención médica. Es así que no se condena cuando existe ‘cualquier ligereza o nos ubicamos en el ámbito de lo opinable, probable o discutible’. En suma, para el caso de duda los jueces deben optar por no condenar.” (Dora Szafir y otros, en Cuadernos del Anuario de Derecho Civil Uruguayo, Responsabilidad Médica, FCU, 1a. Edición, marzo de 2015, páginas 29 y 30). V. Además, la decisión responsabilizó a la institución médica CASMU por no haber informado debidamente a la paciente, a lo largo de todo el tiempo en que fue tratada de diversas patologías oftalmológicas acerca del riesgo de sufrir un desprendimiento de retina, de “la dramática evolución de la patología hacia la peoría” o de advertirle que estuviera “atenta” a este fenómeno. Sin embargo, la falta de información no fue un hecho alegado en la demanda, por lo que al respecto se incurrió en violación del principio de congruencia, resultando también de recibo el agravio fundado en el punto. Asimismo, la a quo calificó como “una violación de los derechos que asisten a la Sra. AA como paciente” el hecho de que el Hospital Británico no tuviera registro sobre las intervenciones practicadas, pero este argumento tampoco puede fundar una condena, pues no se alegó mala praxis en los actos quirúrgicos practicados a raíz del desprendimiento de retina que sufrió la actora, los que llevó a cabo del Dr. Antes que no fue demandado. VI. Atento a la solución a la que se arriba, carece de objeto ingresar al análisis del agravio vinculado a la cuantificación del daño reclamado. VII. La conducta procesal de los litigantes ha sido correcta, por lo cual no se impondrán sanciones procesales (artículo 56 del Código General del Proceso y artículo 688 inciso 2o del Código Civil). Por todo lo expuesto y de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 197, 198, 200, 256 y 257 del Código General del Proceso y demás normas concordantes y complementarias, el Tribunal, integrado, FALLA: REVÓCASE LA RECURRIDA Y, EN SU LUGAR, DESESTÍMASE LA DEMANDA EN TODOS SUS TÉRMINOS, SIN ESPECIALES CONDENAS PROCESALES. ESTABLÉCESE EN LA SUMA DE $ 40.000 LOS HONORARIOS POR EL PATROCINIO LETRADO DE CADA PARTE GRAVADA EN LA SEGUNDA INSTANCIA, A LOS SOLOS EFECTOS FISCALES. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LAS PARTES Y DEVUÉLVASE CON COPIA PARA LA SRA. JUEZA ACTUANTE. Dra. Cecilia Schroeder Rius Dra. Rosario Sapelli Ferber Dra. Gabriela Rodríguez Marichal Ministras Esc. Mónica Falótico Secretaria Subrogante