Sentencia Definitiva N° 226/2025

SEF 226/2025. Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 6º Turno Ministra redactora: Dra. Gloria Seguessa Mora Ministras firmantes. Dras. Gloria Seguessa Mora, Marta Gómez Haedo Alonso, Mónica Bórtoli Porro. Montevideo, 17 de setiembre de 2025. VISTOS: Para sentencia definitiva de segunda instancia estos autos caratulados: “AMARANTE, VERÓNICA c/ OMAR ANDRÉS LARROSA ITURRALDE - ESCRITURACIÓN FORZADA Y COBRO DE MULTA -” IUE 2-89821/2023, venidos a conocimiento de la Sala en virtud del recurso de apelación interpuesto contra la Sentencia Definitiva N° 137/2024 el 6 de diciembre de 2024, dictada por el Sr. Juez Letrado de Primera Instancia en lo Civil de 9° Turno, Dr. Alejando Recarey Mastrangelo.- RESULTANDOS: 1) La referida sentencia, a cuyo relato de antecedentes cabe remitirse, desestimó la demanda.- 2) A fs. 140/144 vta. comparece el representante judicial de la actora interponiendo recurso de apelación contra la referida sentencia deduciendo agravio por la desestimatoria de la demanda.- Manifiesta que la Sentencia efectúa una errónea interpretación de la aplicación práctica de los arts. 18, 19 y 20 de la Ley 18.795 considerando que esos tres artículos corresponden a situaciones jurídicas asimilables, cuando ello no es así, en efecto por un lado en el art. 18 se encuentran desarrollados los requisitos para la incorporación a Propiedad Horizontal, en el art. 19 se define que si se cumple con los requisitos legales establecidos en el artículo anterior se obtiene al horizontalidad definitiva, hasta aquí la ley considera determinados requisitos que las empresas se obligan a cumplir cuando se amparan a la misma, luego el art. 20, en forma subsidiaria desarrolla otro régimen que tiene por objeto subsanar la situación de los edificios que “carezcan de habilitación final”, la confusión de ambos regímenes conducen a la Sede a conclusiones jurídicamente erróneas, asimismo en la Sentencia de efectúa una errónea valoración de la conducta seguida por la empresa, adjudicando la demora al Estado (Intendencia de Montevideo) cuando tal demora se debe exclusivamente a la desidia de la Empresa, que el compromiso de compraventa es de fecha 18 de agosto de 2021, el plazo establecido por la empresa para estar en condiciones de escriturar fue de 1 año contados desde el otorgamiento del compromiso, las leyes aplicables respecto de la obtención de la horizontalidad fueron las Leyes 10.751 y 18.795, el 18 de mayo de 2023 se intima por telegrama colacionado a la empresa el cumplimiento de su obligación de escriturar, cayendo la misma en mora, luego de la intimación, el 21 de junio de 2023, la empresa se presenta ante la Intendencia, la demanda se presentó el 23 de setiembre de 2023, esto es 25 meses después de acordado el plazo de un año y 13 meses después de vencido el mismo, la contraria alegó y la Sede compartió que el régimen aplicable al caso era el establecido en el art. 20 de la Ley 18.795, lo que no se ajusta a Derecho, la multa pactada es del 25 % del precio acordado para el caso de incumplimiento en todo o en parte del compromiso, que la sentencia de primera instancia interpreta que el artículo 20 constituye el régimen general, lo que no se comparte en virtud de lo que surge el contexto normativo aplicable (Ley 18.795 y su Decreto Reglamentario N° 97/2012), sino que es exactamente al revés, el art. 20 tiene por objeto subsanar patologías cuando las empresa constructoras no cumplen en tiempo y forma con sus obligaciones, que no comparte lo concluido en la sentencia en cuanto a que no puede indilgarse incumplimiento ni temporal ni definitivo a la demandada en mérito a que es incorrecto sostener que era obligatorio esperar los 3 años, los art. 18 y 19 regulan de manera precisa de que forma debía actuar la empresa constructora, siendo que nada hizo desde que fue intimada, los tres años que hace referencia la Sentencia no son un requisito establecido y ni siquiera está mencionado en los referidos artículo, los Organismos Estatales actúan a partir de actuaciones de los particulares, no pueden sustituir a los particulares danto trámite a cuestiones que no son presentadas en tiempo y forma, del expediente de la Intendencia de Montevideo, remitido en forma electrónica, se desprende de fs. 126 que el 11 de setiembre de 2020 (un año antes de otorgarse el compromiso de compraventa) fue archivado, surgiendo que la siguiente actuación se encuentra agregada a fs. 127, el 21 de junio de 2023, esto es un mes después de haber caído en mora, por lo que la imputación que se realiza a los Organismo Públicos a la hora de intentar una explicación para el incumplimiento del plazo contractual resulta ser equivocada, en clara violación de la ley, y que, en cuanto a la valoración de la diligencia de la empresa, cabe preguntarse si su parte hubiera esperado dos años luego de vencido el plazo contractual para intimarla hubiese actuado por decisión propia en junio de 2023, o fue la caída en mora lo que la obligó.- Solicita se revoque la sentencia apelada y se haga lugar a la demanda de autos.- 3) Por decreto 110/2025 del recurso de apelación interpuesto se dio traslado a la parte demandada por el término de 15 días.- 4) A fs. 148/156 vta comparece la representante judicial de demandado evacuando el traslado conferido solicitando se mantenga la impugnada en todos sus términos.- 5) Por providencia 586/2025 se franqueó con efecto suspensivo el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia definitiva dictada en autos para ante el Tribunal de Apelaciones en lo Civil que por turno corresponda.- 6) Recibido los autos por la Sala, de mandato verbal N° 38/2025 del 21 de marzo de 2025, dispuso el pasaje a estudio por su orden.- Habiéndose logrado la mayoría legalmente requerida se procede al dictado del presente pronunciamiento, dejándose constancia que la redactora gozó de licencia del 11 al 15 de agosto.- CONSIDERANDO: 1) La Sala por la voluntad unánime de sus integrantes naturales confirmará la sentencia recurrida por los fundamentos que a continuación se expresan.- 2) El caso de autos.- 2.1) Demanda La actora deduce pretensión de escrituración forzada y cobro de multa.- Alega que es promitente compradora de la unidad 004 del edificio construido en el inmueble con frente a la calle Buenos Aires 382, 384 y 386 según surge del testimonio del compromiso de compraventa otorgado el 18 de agosto de 2021 que se acompaña, en cuya cláusula décima se estableció el plazo de un año a contar desde el otorgamiento, salvo caso fortuito o fuerza mayor no imputables al promitente vendedor, a los efectos de realizar la escritura definitiva, plazo en el cual el promitente vendedor deberá obtener toda la documentación necesaria que habilite a enajenar, el mismo venció el 18 de agosto de 2022, luego de 8 meses de vencido el plazo sin recibir una comunicación tendiente al cumplimiento de lo acordado intimó tal cumplimiento a la demandada, en la cláusula 13 se estableció que la parte que incumpliere el contrato, en todo o en parte, abonará a la otra parte en concepto de pena una cantidad igual al 25 % del precio pactado, acumulable al cumplimiento forzado o a la rescisión, que acreditado el incumplimiento del promitente vendedor solicita se proceda a la ejecución forzada de tal obligación procediéndose a la escrituración judicial del bien y se condene a la demandada al pago de la multa pactada que asciende a la suma de U$S 20.375, disponiéndose la compensación con el saldo de precio que debe abonar conjuntamente con el otorgamiento de la compraventa que asciende a U$S 12.225, y que el edificio fue construido al amparo de la Ley 10.751, siendo el proyecto declarado promocional de acuerdo a la Ley 18.795, correspondiendo tener presente lo dispuesto en el art. 20 de la misma que establece la posibilidad de la “horizontalidad adquirida” siempre que se cumplan los requisitos establecidos, no siendo de aplicación en el caso el de tres años de ocupación de la una o más unidades en virtud de que la obligación de escriturar se estableció en el plazo de un año.- 2.2) Contestación La demandada controvierte la procedencia de la pretensión de la actora manifestando que no incurrió en incumplimiento, que la actora olvida que la cláusula establece la prórroga automática del plazo para escriturar en caso de demoras en las oficinas correspondientes para la expedición de la documentación habilitante para enajenar, tal como menciona la actora la Ley 18.795 en su art. 20 establece un serie de requisitos a los efectos de adquirir la horizontalidad y poder llevar a cabo la escritura definitiva, la falta de documentación para escriturar no es imputable a su parte ya que hasta el momento ha cumplido con su obligaciones cabalmente, ha tramitado el premiso de construcción ante la Intendencia de Montevideo, ha presentado plano proyecto aprobado correctamente y continuado los tramites requeridos, hasta el momento no ha sido posible realizar la escrituración definitiva debido a la falta de cumplimiento de uno de los requisitos establecidos en el art. 20 de la Ley 18.795 y por tanto la Dirección Nacional de Catastro no permite la inscripción del plano, ya que a la fecha el edificio no cuenta con ocupación por un plazo mayor a tres años, que al momento existen obligaciones pendientes de ambas parte por lo que se ve perjudicado por la falta del otorgamiento de la escritura definitiva lo que demuestra que excede a su voluntad el cumplimiento de la escrituración, ya que no realizar la compraventa definitiva le genera un perjuicio económico de gran entidad, que la actora interpreta mal la norma al entender que las partes pueden modificar de común acuerdo el plazo mínimo establecido en el art. 20 de la ley 18.795 lit. B, si la Sede entendiera que le asiste razón a la contraparte sería imposible llevar a cabo la escrituración debido a la falta de ese requisito indispensable para inscribir el plano de fraccionamiento, y como consecuencia de ello imposible el otorgamiento del Reglamento de Copropiedad y la constitución de Hipoteca Recíproca, que es evidente que la contraparte, aun sabiendo que no corresponde intenta se condene al demandado al pago de la multa y evadir sus obligaciones solicitando la compensación de estas, lo que no corresponde bajo ningún concepto, que el 10 de febrero de 2021 fue cuando se ocupó la primer finca del inmueble por lo que es recién en febrero de 2024 se encontraría en condiciones de iniciar el trámite a efectos de adquirir la horizontalidad mediante la Ley 18.975, por lo que la imposibilidad de escriturar no es imputable a su parte, y que la actora no establece a que clase de incumplimiento alude (definitivo temporal), doctrina y jurisprudencia mayoritaria entiende que la cláusula penal, debe ser precisamente establecida por las partes para el caso de incumplimiento temporal, lo que en el caso no se estableció, por lo que no procede, y en caso que la Sede entendiera que su parte tuviera que abonar la cláusula penal debería tener presente lo establecido en el art. 1370 del C. Civil (prorrateo de la pena).- 2.3) Sentencia El Sr. Juez a quo desestimó la demanda con fundamento en que en el caso es de aplicación la Ley 18.795 que determina que para acceder a la horizontalidad definitiva la necesidad de inscripción catastral del plano de mensura y fraccionamiento horizontal (arts. 18 lit. B y 19), por su parte el art. 20 entre los requisitos para obtener la “Horizontalidad adquirida definitiva” establece que se haya ocupado una o más unidades de edificio por un plazo mayor a tres años, por consiguiente la entrada del edificio reciclado en régimen de PH recién puede darse con la plasmación de uno de los requisitos antedichos, sin que ninguna alternativa administrativa municipal pueda obliterarlos, en obrados Catastro no inscribió el plano (hasta el momento de presentarse la demanda) y no podía cumplirse tampoco por evidentes razones cronológicas, la exigencia del plazo trienal, no relevándose culpas u omisiones a cargo del accionado, en orden a la no concreción de la referida inscripción, por consiguiente no hubo ningún incumplimiento que se pueda indilgar, ni siquiera temporario, que no puede argumentarse que la previsión contractual del plazo de un año para cumplir baste para sustentar la condena propuesta porque simultáneamente se acordó un sistema de renovación automática, únicamente dependiente del ritmo de trabajo del Estado, con lo que se estaba contemplando las hipótesis como la que finalmente se dio, en cualquier caso no podría leerse la cláusula contra legem, y los trámites han avanzado hacia la escrituración, que no se ha alegado ni acreditado la ocurrencia de daños y perjuicios para la pretensora por causa de la demora, (inimputable al demandado) y que de las declaraciones de Callico y Skocilich emerge que el trámite municipal no fue archivado por causa de la supuesta desidia del accionado, por lo que tampoco se aprecia incumplimiento.- 2.4) Hecho nuevo- A fs. 156 comparece la actora denunciado como hecho nuevo que el 25/3/205 recibió un telegrama colacionado enviando por el demandado intimando la escrituración del inmueble y pago del saldo de precio en un plazo máximo de 30 días, manifestando que su parte está en condiciones de escriturar y en relación a la intimación del pago del saldo del precio en la medida en que entiende que existe litispendencia en virtud del reclamo efectuado en autos, solicita se disponga la apertura de una cuenta judicial a la orden del Tribunal bajo el rubro de autos a efectos el depósito del mismo.- 3) Análisis agravio actor.- La Sala entiende que agravio deducido por la parte actora no es de recibo.- Y ello por cuanto, el argumento de la recurrente para demostrar el supuesto error de lo decidido en la impugnada implica una extemporánea modificación de la litis, alegando extremos que no pudieron ser tenidos en cuenta al momento de dictarse la sentencia de primera instancia, y por ende devienen claramente improcedentes, en la medida en que la instancia revisiva es regida por el principio de congruencia (derivado del dispositivo) según lo preceptúa el art. 257.2 del CGP, por lo que resulta aplicable a la segunda instancia el aforismo tantum devolutum quantum apellatum (E. Vescovi en Derecho Procesal Tomo VI pags. 126-128). Por ello se considera indebida e ilegal la pretensión de introducir una cuestión -supuesto agravio- que no constituyó oportunamente objeto del proceso, no alegado, ni considerado en el curso del proceso de primera instancia. Los agravios alegados deben estar comprendidos dentro del elenco de cuestiones abordadas en el primer grado (Conforme Sentencia TAC 3 N 3/1999 en RUDP N 4/2000 caso 534 citado en la obra colectiva de Angel Landoni y otros Código General del Proceso….” Vol 2 pag 952).- En efecto.- El incumplimiento en que la parte actora funda su pretensión de ejecución forzada del compromiso de compraventa celebrado con el demandado el 18 de agosto de 2021 y cobro de la pena pactada en el mismo en la cláusula decimotercera para el caso de incumplimiento en todo o en parte de las obligaciones asumidas pendientes, radica en el supuesto incumplimiento del demandado (promitente vendedor) de estar en condiciones de otorgar la escritura definitiva del inmueble a cuyos efectos en la cláusula décima se estableció un plazo de un año.- Ahora bien, también en la clausula décima se acordó que el plazo establecido a efectos del otorgamiento de la escrituración definitiva y pago del saldo del precio que debía hacerse en forma simultanea conforme lo previsto en la cláusula tercera, era prorrogable en forma automática “En caso de demora en las oficinas correspondientes para la expedición de la documentación necesaria que habilite a enajenar…”.- El inmueble objeto del compromiso de compraventa celebrado entre las partes integra un edificio regido por Ley 10.571 de propiedad horizontal edificado de acuerdo a un proyecto promocional al amparo de la Ley 18.795.- La parte actora para fundar el incumplimiento que le atribuye al demandado refiere a que éste no cumplió con los requisitos que el art. 20 de la Ley 18.795 establece para obtención de la “horizontalidad adquirida” (fs. 15 y 15 vta).- Ninguna mención hace la actora en la demanda a que el demandado no hubiera cumplido con los requisitos previstos en los arts. 18 y 19 de la referida ley para obtener la horizontalidad, diferenciado ahora, en forma extemporánea, los diversos mecanismo previstos en la Ley 18.795 para incorporar un inmueble al régimen de propiedad horizontal, y en base a ello fundar tardíamente el incumplimiento del demandado en la obtención de la documentación para escritura de acuerdo a las previsiones de los arts. 18 y 19 de la norma.- Considerado los hechos alegados en la demanda es que el demandado desplegó su defensa negando haber incurrido en el incumplimiento que le atribuye la parte actora por no haberse verificado uno de los requisitos para obtener la horizontalidad adquirida, a la vez requisito para inscribir el plano de fraccionamiento en forma definitiva y estar en condiciones de otorgar el Reglamento de Copropiedad y constituir la hipoteca recíproca, todos requisitos necesarios para poder otorgar la escritura definitiva.- Los hechos alegados en la demanda y eventualmente los esgrimidos como defensa delimitan el objeto del proceso de los que el tribunal no puede apartarse so pena de violar los principios dispositivo y de congruencia.- En el caso, el Sr. Juez a quo, en cumplimiento de los referidos principios, se ciñó a los términos los hechos alegados en la demanda para fundar la pretensión deducida en autos y en los invocados por el demandado para repelerla, y en base a ellos determinar si el demandado incurrió o no en el incumplimiento contractual que le atribuye la actora analizando los requisitos requeridos por el art. 20 de la Ley 18.975 para la obtención de la horizontalidad adquirida y a partir de ello toda la documentación necesaria que lo habilitara a enajenar.- También la prueba diligenciada refiere a la referida hipótesis legal (oficio 29 fs. 45 y su contestación fs. 122vta.).- Se comparte con el Sr. Juez a quo que el art. 20 de la Ley 18.975 establece como requisito indispensable para obtener la horizontalidad adquirida “Que se haya ocupado una o más unidades del edificio por un plazo mayor a tres años…” (Literal B), plazo que no se había cumplido a la fecha de la presentación de la demanda (22/5/2023).- La recurrente no deduce agravio concreto ni critica el argumento de la impugnada que viene de señalarse.- Tampoco critica el argumento del Sr. juez a quo, que la Sala también comparte respecto a que “no podría leerse esa cláusula contra legem” (fs. 139) refiriendo a la cláusula décima que establece el plazo de un año desde el otorgamiento del compromiso a efectos de realizar la escritura definitiva, plazo que en principio vencía el 18/8/2022, pero las partes acordaron prorrogarlo en forma automática en caso de demora en las oficinas correspondientes para la expedición de la documentación habilitante para enajenar.- La generalidad de la expresión “demora en las oficinas correspondientes para la expedición de la documentación habilitante para enajenar” para que procediera la prorroga automática del plazo de un año establecido para la escrituración definitiva, que según la parte actora sería la obligación contractual incumplida por el demandado, interpretada conforme las reglas de interpretación de los contratos establecidas en el art. 1300 y 1304 en cuanto prevén que las clausulas ambiguas “deben tomarse en el sentido que más convenga a la naturaleza del contrato y a las reglas de la equidad”, lo que en el caso debe analizarse en el contexto de que la parte actora detenta la posesión del inmueble desde la celebración del compromiso de compraventa según surge de la cláusula cuarta, así como “en favor del deudor”, respectivamente , que en el caso de la obligación que se alega incumplida es el demandado, y art. 1301 en cuanto dispone “Los hechos de los contrayentes, posteriores al contrato que tengan relación con lo que se discute, servirán para explicar la intención de las partes al tiempo de celebrar el contrato”, adquiriendo en el punto relevancia el tiempo transcurrido entre el vencimiento del plazo de 1 año inicialmente establecido y la intimación al demandado para que cumpla con la obligación y la referencia concreta efectuada en la demanda a la hipótesis de horizontalidad adquirida prevista en el art. 20 de la Ley 18.975, determina concluir que las partes consideraron esta hipótesis de adquisición de horizontalidad para el edificio del que forma parte la unidad objeto del contrato celebrado entre las partes.- El argumento de la recurrente no radica en que el Sr. Juez a quo hubiera interpretado en forma incorrecta la referida norma ni que no compartiera lo concluido en la impugnada en cuanto a que a la fecha de la presentación de la demanda no se había cumplido el requisito temporal para obtener la horizontalidad adquirida mediante el procedimiento previsto en la misma, sino, en que en el caso de autos, no era de aplicación ese artículo, sino los artículos 18 y 19 de la multicitada ley que prevén otra hipótesis para la adquisición de horizontalidad y otros requisitos a tal efecto, lo que no fue alegado en la demanda, y como consecuencia de ello el demandado no fundó sus defensas en esa otra hipótesis, ni el Juez se pronunció sobre si procedía una u otra hipótesis de horizontalidad, en la medida en que ello no formó parte del objeto de proceso que se integra por los hechos alegados por el actor, que en el caso referían exclusivamente al incumplimiento que se le atribuye al demandado de la obligación de escriturar por no contar con los documentos necesarios a tal efecto considerado la hipótesis de horizontalidad adquirida prevista en el art. 20 de la Ley 18.975.- Lo pretendido extemporáneamente por la parte actora en cuanto a que debe considerarse que en el caso no era de aplicación el mecanismo de adquisición de horizontalidad establecido en el art. 20 de la Ley 18.975, sino el previsto en los arts. 18 y 19, implicaría aplicación ilegítima de la regla iura novit curia. En efecto, si bien el derecho invocado por las partes no impide que el juez aplique la norma de Derecho Positivo que regula el caso concreto sometido a su decisión conforme la regla “iura novit curia”, la aplicación de la referida está sometida a límites como sostiene Valentín en cuanto expresa “existen ciertos límites o condiciones para su ejercicio legítimo; estos límites, a nuestro juicio, derivan de la necesidad de respetar ciertos principios procesales: el principio general de contradicción, el principio general de imparcialidad y el principio especial o categorial de congruencia. Si esos principios se respetan, la regla iura novit curia encuentra las condiciones legítimas para su aplicación, y puede superar el test de ajuste al Estado de Derecho” (En Principio de Congruencia y Regla Iura Novit Curia en el Derecho Procesal Uruguayo pag. 21).- Al analizar los referidos límites sostiene “…la primera condición legítima para la aplicación de la esa regla es, precisamente, la existencia de una efectiva oportunidad de debate… resulta imprescindible que aquel contra quien se pretende aplicar la regla iura novit curia haya tenido una efectiva oportunidad de proporcionar al tribunal su propio punto de vista acerca de la cuestión se derecho” (obra citada pag. 190), y continúa manifestando el autor “A veces se sostiene que el demandado tiene la posibilidad de ensayar todas las posibles defensas a la luz de las diferentes posibles calificaciones de los hechos alegados por el actor. Sin embargo, no puede dejar de tenerse presente que en todo caso quien ha hecho una calificación jurídica errónea es el actor: si es así, como se advierte, ¿Por qué debería entonces el demandado cargar con las consecuencias de la negligencia del actor?. Y agregamos, en ese caso ¿Por qué el tribunal, que debe permanecer imparcial, es quien debe enmendar el error de una de las partes?” (obra citada pag. 194). El otro límite para la legítima aplicación de la regla iura novit curia es el de imparcialidad que puede verse afectado en caso de que el juez aplique una norma jurídica no invocada por las partes (obra citada pag. 195). Y por último refiere al principio especial de congruencia como tercer límite a la aplicación de la regla iura novit curia, que implica que el juez debe respetar los hechos y la requisitoria que conforman el objeto del proceso (obra citada pag. 200 y 201).- En el caso de autos, como se expresara precedentemente, la actora en el acto de proposición alegó como hecho subsumible en un supuesto de responsabilidad contractual que el demandado no cumplió con la obligación de contar con la documentación necesaria para escriturar en el plazo de un año desde la celebración del compromiso de compraventa, especificando que la misma correspondía a la requerida para el mecanismo de horizontalidad adquirida previsto en el art. 20 de la Ley 18.975, consecuentemente determinar, como pretende la recurrente, que la conducta del demandado respecto de cumplimiento/incumplimiento de la obligación de escriturar debe analizarse aplicado una norma diversa a la invocada en la demanda, que regula otra hipótesis de adquisición de horizontalidad, implicaría violar el principio de contradicción y de congruencia, lo que obstaculiza la aplicación legitima de la regla iura novit curia que en forma implícita pretende la actora en vía recursiva.- Efectuada la aclaración que antecede, considerando que cuando se presentó la demanda no se había verificado el requisito temporal requerido por el literal B del art. 20 de la Ley 18.975 para obtener la horizontalidad adquirida y como consecuencia de ello el resto de la documentación necesaria para el otorgamiento de la escritura definitiva, cabe concluir, como correctamente lo hizo el Sr. Juez a quo, que el demandado no incurrió en incumplimiento, puesto que el plazo de 1 año inicialmente pactado se prorrogó automáticamente por imposibilidad de la obtención de la horizontalidad adquirida hasta que transcurriera el plazo de 3 años desde la ocupación de una o más unidades del edificio, a lo que cabe agregar que surge acreditado por el hecho nuevo denunciado a fs. 88, admitido por providencia 1207/2024 y prueba diligenciada en relación al mismo (fs. 129/132) que cuando se cumplió el plazo previsto en la norma referida el demandado estuvo en condiciones de gestionar la inscripción definitiva del plano ante la Dirección Nacional de Catastro, no pudiendo por tanto imputársele responsabilidad alguna de la demora de la obtención de la horizontalidad adquirida conforme el mecanismo previsto en el art. 20 de la Ley 18.975.- Cabe aclarar que el referido mecanismo puede ser utilizado tanto por los promitentes vendedores como por los promitentes adquirentes no pudiendo ninguno de ellos prescindir del requisito temporal previsto en el literal B de la norma, en caso de que sean los adquirentes lo que tramiten al incorporación a propiedad horizontal, del requisito que se prescinde es del reglamento de copropiedad y la hipoteca recíproca (inciso final del art. 20).- Y que el procedimiento de incorporación a propiedad horizontal previsto en los arts. 18 y 19 de la Ley 18.975 establece entre los requisitos para adquirir la horizontalidad definitiva “el otorgamiento de crédito hipotecario de por los menos una unidad” (Literal F del art. 18 y d del art. 4 del Dec. 97/012), lo que en autos no surge alegado ni acreditado haya acontecido.- Asimismo es de ver que la recurrente tampoco criticó el argumento del Sr. Juez a quo en cuanto a que su parte no alegó ni acreditó perjuicio alguno en la demora de la escrituración, argumento que la Sala comparte y coadyuva en la desestimatoria de la demanda, en la medida en que implica que no se verifica insatisfacción del acreedor, consecuentemente daño cuyo resarcimiento pueda imputarse al co contratante en base a responsabilidad contractual.- Por lo expuesto procede confirmar la sentencia de primera instancia en cuanto desestima la demanda.- 4) La confirmatoria de la sentencia de primera instancia en cuanto desestima la demanda vuelve innecesario que la Sala se pronuncie respecto de la procedencia del hecho nuevo denunciado por la parte actora a fs. 165/167, en la medida en que el mismo ninguna incidencia tiene en el objeto del proceso, e improcedente lo solicitado en los petitorios 3 y 4 de fs. 167.- 5) Habiendo sido correcta la conducta procesal de las partes no procede la imposición de condenas procesales en la instancia.- Por los fundamentos expuesto el Tribunal.- FALLA: CONFÍRMASE LA SENTENCIA RECURRIDA; SIN ESPECIAL CONDENAS PROCESALES EN EL GRADO.- NOTIFÍQUESE A LAS PARTES A DOMICILIO.- OPORTUNAMENTE DEVUÉLVASE A LA SEDE DE ORIGEN.- Dra. Gloria Seguessa Mora Ministra Dra. Marta Gómez Haedo Alonso Ministra Dra. Mónica Bórtol Porro Ministra Esc. Jacquline Chico Salgado Secretaria Letrada