Tribunales de Apelaciones · Tribunal Apelaciones Civil 2ºTº
Sentencia Definitiva N° 238/2025
17 de setiembre de 2025
En el marco de una acción reivindicatoria, el Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 2º Turno, confirmó la sentencia de primera instancia, la cual condenó a los demandados a restituir a la parte actora los bienes objeto de la acción reivindicatoria en el plazo de treinta días.
- Ficha (IUE)
- 156-420/2021
- Procedimiento
- Proceso civil ordinario
- Materia
- Derecho civil
- Importancia
- Media
- Resultado (estimado)
- Confirma
- Derecho civil › Accion de reivindicacion › Prueba
- Derecho civil › Accion de reivindicacion › Prescripcion
- Derecho civil › Prescripcion › Yuxtaposicion de posesiones
Texto de la sentencia
Sentencia No. 238/2025 Tribunal de Apelaciones en lo Civil de Segundo Turno Ministro redactor: Patricia Hernández Ministros firmantes: Rosario Sapelli, Pablo Benítez y Patricia Hernández.-
Montevideo, 17 de setiembre de 2025.-
VISTOS:
Para sentencia definitiva de segunda instancia estos autos caratulados “CORTICOR SA c/ IRIGARAY SUÁREZ, SERGIO Y OTRA – ACCIÓN REIVINDICATORIA – IUE 156-420/2021” venidos a conocimiento de este Tribunal en virtud del recurso de apelación interpuesto contra la sentencia definitiva nro. 34 del 12/XII/2024 dictada por el Sr. Juez Letrado de Primera Instancia de Artigas de 2º Turno, Dr. Juan José Ruggiero Reijía.-
RESULTANDO:
1)Que por sentencia definitiva nro. 34 del 12/XII/2024 fue amparada la demanda y, en su mérito, se condenó a los Sres. Sergio Irigaray Suárez y Matilde Ayala a restituir a la parte actora los bienes objeto de la acción reivindicatoria en el plazo de treinta días.-
2) Que de fs. 539 a fs. 543 compareció la parte demandada e interpuso recurso de apelación.- Invocó como agravios: (a) Tuvo por acreditada la propiedad de la parte actora de los bienes inmuebles que se reivindica: (a.1) no aportó el estudio del proceso dominial por los últimos treinta años; (a.2) el certificado notarial agregado es insuficiente en este sentido; (a.3) la cuestionada falta de prueba de la verificación del modo tradición no fue objeto de pronunciamiento; y (a.4) de la falta de prueba fehaciente del título y modo, deviene la falta de legitimación activa de Corticor SA; (b) Desestimación de la verificación la prescripción adquisitiva decenal de las áreas reclamadas: (b.1) el justo título es la compraventa judicial aportada; (b.2) quince años después de dicho negocio, desconociendo el error, aparece la Dirección Nacional de Catastro señalando ese error pero la compraventa judicial (mayo 2003) hace referencia al plano de mensura del Ing. Agr. Ricardo Nario (diciembre 2002); y (b.2) las fechas de la compraventa judicial y la fecha de intervención de los organismos públicos denuncian su buena fe; (c) Desestimación de la prescripción adquisitiva treintañal: (c.1) con fecha 9/V/2003 se otorgó escritura judicial de compraventa de los bienes inmuebles padrones nros. XX y ZZ por la que se transfirió la propiedad y posesión del área total; y (c.2) fue probada la posesión desde el año 1987 por el vendedor de aquéllos, a quien le fue adjudicado el padrón nro. YY en la partición de fecha 21/X/1987 e inscripta el 29/II/1988; y (d) Omisión de pronunciamiento respecto del artículo 592 del Código Civil.- En definitiva, solicitó que se revoque la apelada y se desestime la demanda o, en su defecto, se ampare la excepción de prescripción adquisitiva decenal o treintañal.-
3) Que por providencia nro. 40 del 11/II/2025 se confirió traslado del recurso de apelación a la parte actora por el plazo de quince días.-
4) Que de fs. 547 a fs. 555 compareció la parte actora y evacuó el traslado conferido.- Manifestó en síntesis: (a) Respecto a la falta de acreditación de la calidad de propietaria de los bienes inmuebles padrones nros. SS, TT y UU: (a.1) la misma se acreditó con el certificado notarial de fs. 42 y con los certificados registrales, que indican las sucesivas transmisiones dominiales desde el año 1957; (a.2) del testimonio notarial de la compraventa judicial por la que se adquirieron los bienes inmuebles que se reivindican surge que el Juzgado Letrado de Primera Instancia de Salto de 5º Turno encargó a la Oficina Actuaria respectiva el estudio de los títulos de propiedad previo a la subasta, el que se efectuó sin ninguna observación; y (a.3) lo anterior se acompasa con la jurisprudencia nacional actual; (b) Sobre la falta de tradición a favor de la parte actora, el juez a quo no se pronunció porque no se consideró en el juicio, al no haber objeto la parte demandada la existencia del modo tradición, siendo que operó la tradición simbólica; (c) Sobre la desestimación de la excepción de prescripción decenal: (c.1) la parte demandada sólo detenta título perfecto respecto de 996 hás 5150 mts 2653 cm que integran el padrón nro. YY según plano de Agr. Carlos Bica de junio de 1906 actualizado por Agr. Nunes en 1946; (c.2) respecto de los padrones actuales nros. SS, TT y UU no poseen justo título porque no fueron incluidas en la compraventa judicial; (c.3) comenzaron a ser poseídos por la vía de los hechos, sin justo título ni buena fe; y (c.4) el único plano del padrón nro. YY que se tuvo en cuenta al momento del remate, de la cesión de los derechos de mejor postor a favor del Sr. Sergio Irigaray y en la escritura definitiva fue el del Agr. Carlos Bica de junio de 1906, por el cual el padrón nro. YY tenía superficie de 996 hás 5150 mts 2653 cts; (d) Sobre la desestimación de la excepción de prescripción adquisitiva treintañal: (d.1) la Ley 19.889 no es aplicable al caso; (d.2) los demandados comenzaron a poseer los inmuebles en cuestión en mayo de 2003 no cumplen con el plazo de 30 años; y (d.3) no es viable la acumulación a los suyos de los años que poseyó el anterior propietario por falta de título habilitante de la pretendida yuxtaposición; y (e) Respecto del artículo 592 del Código Civil: (e.1) éste no es transcendente al objeto del litigio; (e.2) el fundamento de la demanda no es la simple modificación gráfica de uno o varios planos sino la ocupación sin legitimación de bienes inmuebles.- Solicitó que se confirme la apelada.-
5) Que por providencias nro. 110 del 10/III/2025 y nro. 125 del 14/III/2025 se franqueó el recurso de apelación interpuesto con efecto suspensivo para ante este Tribunal.-
6) Que estos autos fueron recibidos el 4/IV/2025 y por decreto nro. 137 del 23/IV/2025 se dispuso su pasaje a estudio.- Cumplido éste, en el acuerdo del día de la fecha, se resolvió el dictado de esta sentencia definitiva por decisión anticipada (artículo 200 del Código General del Proceso).-
CONSIDERANDO:
I-Que esta Sala, con el voto coincidente de sus miembros naturales (artículo 61 de la Ley 15.750), habrá de confirmar la sentencia definitiva nro. 34 del 12/XII/2024 por los fundamentos que se exponen a continuación.-
II- Compendio de la litis.-
2.1- Que en el sub-lite Corticor SA dedujo con fecha 22/X/2021 contra los Sres. Sergio Alberto Irigaray Suárez y Matilde Ayala Alegre acción reivindicatoria de los bienes inmuebles padrones nro. SS (fracción A, superficie 43 hás, 637 mtsc), nro. TT (fracción B, superficie 3 hás 6553 mtsc) y nro. UU (fracción C, superficie 8 hás 6212 mtsc) (antes padrón nro. RR en m/a) de la Segunda Sección Catastral y Judicial de Artigas.-
La parte actora fundamentó su pretensión de condena en: (a) es propietaria de los actuales bienes inmuebles indicados, antes integrantes del bien inmueble en mayor área nro. RR como fracciones 1, 3 y 4 del plano de Ing. Agr. Carlos Nario del 29/V/1968 inscripto con el nro. 529, el que hubieron por título compraventa y modo tradición otorgada por el Sr. Juez Letrado de Primera Instancia de Salto de 5º Turno en representación del Sr. Juan Francisco Solari Farinha en los autos caratulados “BROU c/ Solari, Juan – Ejecución de Hipoteca y Prenda – IUE 356-221/2001”; (b) por plano de mensura posterior a la construcción de la nueva Ruta 30, del Ing. Agr. José Luis González, de fecha 8/II/2021 inscripto el 22/VII/2021 con el nro. 3180, ese padrón en m/a nro. RR se fraccionó en los tres padrones detallados en el párrafo precedente con una superficie total e 55 hás 3.406 mts2; (c) el bien inmueble padrón nro. RR en m/a junto con el padrón lindero nro. YY, en tanto fueron propiedad del Sr. Juan Francisco Solari Farinha, constituyeron una única unidad productiva, pero en el año 2003 había sido también subastado este último, el que fue adquirido por título compraventa y modo tradición por la parte demandada por compraventa judicial otorgada en los autos “Banco Sudameris c/ Solari Farinha, Juan y otra – Ejecución Hipotecaria – Ficha 103/2001” tramitados ante el Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Civil de 15º Turno, sin embargo, en la práctica los padrones nro. SS, nro. TT y UU continuaron siendo poseídos y explotados por establecimiento propiedad de la parte demandada; (d) en diciembre de 2002 el Ing. Agr. Ricardo Nario efectuó plano de fraccionamiento del bien inmueble padrón nro. YY, inscripto el 13/V/2003 con el nro. 496 del que resultó la creación de los padrones nro. XX y nro. ZZ; (e) este plano de mensura padeció de errores ostensibles debido a que incluyó en éstos superficies del dominio público y las fracciones actuales padrones nro. SS, nro. TT y nro. UU, los que fueron constatados en oportunidad de los estudios preliminares del MTOP a la construcción de la nueva Ruta 30; (f) por Resolución de la Dirección General de Catastro del 17/IX/2017 (expediente nro. 848/2017) se anuló ese plano, y recobró vigencia plano de mensura del Ing. Agr. Arsenio Nunes del año 1946, de acuerdo con el cual los tres padrones cuya reivindicación formulan, integran el padrón nro. RR.-
2.2- Que fueron hechos admitidos por la parte demandada y probados la posesión de los bienes inmuebles actuales padrones nro. SS, nro. TT y nro. UU de la Segunda Sección Judicial y Catastral de Artigas por los Sres. Sergio Alberto Irigaray Suárez y Matilde Ayala Alegre desde el 9/V/2003 así como la confección de los planos de mensura relacionados y la anulación por resolución de la Dirección General de Catastro del plano del Ing. Agr. Ricardo Nario de diciembre de 2002 inscripto el 31/XII/2002 con el nro. 1275 y vigencia del plano del Ing. Agr. Carlos Bica de junio de 1906 actualizado por el Ing. Agr. Arsenio Nunes en marzo de 1946.-
No obstante, la parte demandada controvirtió frontalmente la procedencia de la restitución de los bienes inmuebles pretendida por la agonista.- Arguye haber adquirido su dominio por el modo prescripción.- En tales términos, opuso la excepción de prescripción adquisitiva decenal con alcance incidenter tantum.- Basó la misma en: (a) verificación de los requisitos exigidos por el artículo 1204 del Código Civil: justo título y buena fe y posesión de los bienes por el período de diez años; (b) sin perjuicio, opera la accesión de la posesión detentada por el anterior propietario, Sr. Juan Francisco Solari Farinha (artículo 1206 del Código Civil); y (c) el vínculo jurídico de los accionados con los bienes inmuebles reclamados es anterior a la constitución misma de Corticor SA.-
2.3- Que pues, planteada la litis en estos términos, su objeto se circunscribió a determinar si se verifican los requisitos legales exigidos para el éxito de la acción reivindicatoria o de dominio incoada y la procedencia o no del amparo a la excepción de prescripción adquisitiva opuesta con alcance incidenter tantum aposta de los bienes inmuebles cuya restitución se pretende.-
Por la sentencia definitiva nro. 34 del 12/XII/2024 apelada, fue amparada la demanda y desestimada la excepción de prescripción adquisitiva opuesta y, en su mérito, se condenó a los Sres. Sergio Alberto Irigaray Suárez y Matilde Ayala Alegre a restituir los bienes inmuebles padrones nro. SS, nro. TT y nro. UU de la Segunda Sección Judicial y Catastral de Artigas a Corticor SA en el plazo de treinta días.-
III- Primer agravio: Falta de prueba de la calidad de propietaria de Corticor SA respecto de los bienes inmuebles cuya reivindicación pretende.-
3.1- Que la parte demandada en el numeral 1) de su escrito de interposición del recurso de apelación a fs. 539 y 540 invocó como agravio el haberse reputado que Corticor SA acreditó su calidad de propietaria de los bienes inmuebles padrones nros. SS, TT y UU (antes padrón en m/a RR) de la Segunda Sección Judicial y Catastral de Artigas y, con ello, su legitimación causal activa.- Fundamentó su agravio en: (a) el juez a quo efectuó una incorrecta valoración de los medios de prueba al entender probada la calidad de propietaria mediante certificado notarial y certificados registrales agregados; (b) la circunstancia que no hubiese planteado la cuestión sino hasta la formulación de los alegatos, no es óbice a su consideración ya que la prueba de la calidad de propietario del bien que se reivindica constituye una carga legal que grava a la parte actora; y (c) se omitió pronunciamiento sobre la cuestionada ausencia de tradición respecto de los bienes cuya restitución se reclama.-
Los apelantes citaron jurisprudencia respaldatoria de su agravio como así también lo hizo la parte actora en oportunidad de evacuar el traslado del recurso de apelación y refutar este agravio.-
3.2- Que la acción reivindicatoria se define “como aquella por la cual el propietario no poseedor hace efectivo sus derechos contra el poseedor no propietario a los efectos que tenga presente su derecho de propiedad sobre la cosa y se ordene su restitución … Vale decir que lo que se busca con esta acción es la efectiva concreción de uno de los derechos que emanan del dominio, esto es, la restitución del bien que se postula como propio y que indebidamente retiene un tercero poseedor” (ADCU, Tomo XXXIX, caso 25; cfe. ADCU, Tomo XXXII, caso 23).-
De conformidad con los artículos 676 y 680 del Código Civil, los requisitos esenciales para que proceda la acción reivindicatoria son: (1) que el demandante sea propietario; (2) que el propietario no esté en posesión del bien o que haya sido desposeído del bien; y (3) que dirija la acción contra el actual poseedor del bien y que pretenda retenerlo.-
Concordante con lo anterior, el artículo 679 del Código Civil exige que el reivindicante pruebe su derecho de propiedad.-
3.3- Que se desestimará este agravio por lo que se dirá.-
3.4- Que pues bien, la parte actora Corticor SA a fin de cumplir con la normativa citada y probar su legitimación causal activa en esta litis, adjuntó a su escrito de demanda: (1) testimonio notarial de contrato de compraventa judicial, obrante de fs. 28 vto. a fs. 41; (2) certificado del Registro de la Propiedad de Artigas, Sección Inmobiliaria solicitado por padrón nro. RR, agregado de fs. 43 a fs. 89; y (3) certificado notarial de fs. 42.-
Según testimonio notarial de ‘Compraventa Judicial’ autorizada por la Esc. Inés Guarino Malvasio agregado de fs. 28 vto. a fs. 41 el día 20/VII/2004 el Sr. Juan Francisco Solari Farinha representado por la Sra. Juez subrogante del Sr. Juez Letrado de Primera Instancia de Salto de 5º Turno en calidad de parte vendedora, en cumplimiento de lo actuado en los autos caratulados “BROU c/ Solari Farinha, Juan Francisco – Ejecución Hipotecaria y Prendaria – IUE 356-221/2021 tramitados ante aquélla Sede, vendió libre de obligaciones y gravámenes a Corticor SA la propiedad y posesión (entre otros) por el precio total $ 24.206.334 (pesos veinticuatro millones doscientos seis mil trescientos treinta y cuatro) (a razón de $ 8.700 la hectárea) de las tres fracciones de campo del bien inmueble padrón nro. RR de la 2ª Sección Judicial y Catastral de Artigas, zona rural, Paraje “Tres Cruces”, siguientes: (a) fracción 1 del plano de mensura de Carlos Nario y Carlos Borotra de mayo de 1968 e inscripto en la Dirección General de Catastro Nacional (DGCN) con el nro. 529 del 29/V/1968 con una superficie de 2.782 hás 3.773 mtsc; (b) fracción 3 de igual plano, con una superficie de 48 hás 7.738 mtsc; y (c) fracción 4 de igual plano, con una superficie de 12 hás 1.325 mtsc.- Por la Cláusula Cuarto (fs. 37), en señal de tradición, la parte vendedora facultó a la compradora Corticor SA - con precio integrado por el que se confirió total y eficaz carta de pago, Cláusula Tercero in fine – para que a título de propietario tome la posesión del bien vendido.- Según testimonio notarial de constancia expedido por el Registro de la Propiedad de Artigas – Sección Inmobiliaria a fs. 40 vto., dicha compraventa fue inscripta el día 26/7/2004 con el nro. 986.-
En la Cláusula D) de esta escritura pública, la escribana autorizante Inés Guarino Malvasio hizo constar el proceso dominial del bien inmueble padrón nro. RR fracciones 1, 3 y 4 adquiridas por Corticor SA, en el sentido de que había sido adquirido según escritura del 21/X/1987 autorizada por la Esc. Beatriz Iribarne e inscripta el 28/II/1992 con el nro. 148 por el Sr. Juan Francisco Solari Farinha (de estado civil casado y separado judicialmente de bienes de Natalie Schek Tapie) en la partición y división de bienes y deudas al fallecimiento de Pedro Benito Solari Olascoaga otorgada con sus hermanos: Benito Pedro, Isidra Elsa y Luis Ignacio Solari Farinha.-
Esta información concuerda con la que emerge del certificado del Registro de la Propiedad de Artigas a fs. 51 y 52.-
A su vez, de la Cláusula Primero (Antecedentes), numerales III) y IV) de la escritura de compraventa judicial mencionada (fs. 32), surge que el acreedor hipotecario y prendario ejecutante BROU en la etapa procesal correspondiente de la vía de apremio tramitada en los autos con IUE 356-221/2001, aportó los títulos de propiedad y antecedentes dominiales del bien inmueble padrón nro. RR de Artigas hipotecado (que a posteriori se remató judicialmente) cuyo estudio de títulos practicó la Oficina Actuaria del Juzgado Letrado de Primera Instancia de Salto de 5º Turno, con aprobación de la titulación sin observación.-
Acorde con la documentación anterior resulta el certificado notarial expedido el 5/X/2021 por la Esc. Inés Luján Guarino Malvasio agregado a fs. 42, según el cual Corticor SA es propietaria del padrón nro. VV anterior padrón en mayor área nro. RR de la 2ª Sección Catastral de Artigas y de los bienes inmuebles: padrón nro. SS (fracción A), padrón nro. TT (fracción B) y padrón nro. UU (fracción C) de la 2ª Sección Catastral de Artigas, todos con última procedencia compraventa judicial y tradición de fecha 20/VII/2004 inscripta en el Registro de la Propiedad de Artigas el 26/VII/2004 con el nro. 986.-
Se conocen los conceptos blandidos por Álvaro Guillot en “Comentarios del Código Civil”, 2ª edición, 1926, págs. 268-270 aposta de comentar el citado artículo 679 del Código Civil, del que la jurisprudencia citada por los apelantes en su impugnación, son su aplicación estricta.- De ahí que hubiese sido apropiado el diligenciamiento de la prueba trasladada ofrecida por la parte actora en el ‘Capítulo IV Prueba’ literal B) de su escrito de demanda a fs. 216 vto. y ordenada por la juez a quo en audiencia preliminar a fs. 301.- Por el contrario, malgrado ello, no sólo no se libró por la Oficina Actuaria el oficio al Juzgado respectivo a fin de solicitar la remisión de los autos con IUE 356-221/2001 sino que tampoco los operadores (juez a quo y partes) se percataron de la falta de cumplimiento del medio de prueba otrora dispuesto.-
Sin embargo, debe estarse a las peculiaridades de cada caso; como aconteció en la jurisprudencia citada por la agonista al evacuar el traslado del recurso de apelación, entre otras.-
Precisamente, de la relación precedente de los medios probatorios diligenciados, surge que el bien inmueble padrón nro. RR en m/a de la 2ª Sección Catastral de Artigas había sido hipotecado a favor del acreedor hipotecario ejecutante BROU por el anterior propietario Sr. Juan Francisco Solari Farinha y que fue dicho acreedor quien entregó los títulos de propiedad de dicho bien inmueble en oportunidad de encontrarse la vía de apremio tramitada en los autos con IUE 356-221/2001 en el estadio correspondiente al estudio de títulos (artículos 384 del Código General del Proceso).- Como se indicó antes, en la Cláusula Primero (Antecedentes), numerales III) y IV) a fs. 32, la escribana autorizante de la escritura pública de compraventa judicial, Inés Luján Guarino Malvasino, asentó que la Oficina Actuaria del Juzgado Letrado de Primera Instancia de Salto de 5º Turno, practicó el estudio de dichos títulos de propiedad y los aprobó sin observación – ergo, con titularidad del dominio por parte del deudor hipotecario parte demandada en la vía de apremio - y, en su mérito, se procedió seguidamente a su subasta judicial y, final otorgamiento de la escritura de compraventa judicial con parte vendedora Juan Francisco Solari Farinha a favor del mejor postor: Corticor SA.- Y es precisamente, Corticor SA quien también aparece como último propietario registral del que fuera el padrón nro. RR en m/a, actuales: padrón individuales nros. VV, SS, TT y UU de la 2ª Sección Catastral de Artigas.-
En función de esto, se entiende que la parte actora acreditó la titularidad del derecho de propiedad de los bienes cuya reivindicación procura, cumpliendo así con el presupuesto de admisibilidad de la acción de dominio incoada.-
Además como corolario, importa señalar la información que refulge del certificado notarial expedido por la Esc. María del Rosario Simón Busto agregado a fs. 226 y del propio título y modo en base a los cuales los Sres. Irigaray Suárez y Ayala Alegre invocan su calidad de propietarios del bien inmueble lindero a aquéllos que se reivindican: padrón nro. YY de la 2ª Sección Catastral de Artigas.- En efecto, el título está constituido por compraventa judicial otorgada el día 9/V/2003 en escritura pública autorizada por la Esc. María del Rosario Simón Busto, por la que el mismo vendedor Juan Francisco Solari Farinha, representado en el caso por la Sra. Juez Letrado de Primera Instancia en lo Civil de 15º Turno, vendió libre de obligaciones y gravámenes al Sr. Sergio Irigaray el bien inmueble padrón nro. YY por el precio de U$S 250.000 (dólares doscientos cincuenta mil).- La Esc. Simón Busto en la ‘Cláusula C) Procedencia’ a fs. 231 indicó como antecedente dominial de este bien inmueble la adjudicación del mismo a Juan Francisco Solari Farinha en virtud de la partición y división de bienes y deudas al fallecimiento de Pedro Benito Solari Olascoaga otorgada conjuntamente con sus hermanos Benito Pedro, Isidra Elsa y Luis Ignacio Solari Farinha por escritura del 21/X/1987 autorizada por la Esc. Beatriz Iribarne cuya primera copia se inscribió en el Registro de la Propiedad de Artigas el 29/II/1988 con el nro. 168; títulos cuyo estudio realizó la Oficina Actuaria según ‘Cláusula Primero-Antecedentes’, numeral IV) a fs. 229 vto. y la escribana que autorizó dicha escritura según certificado que expidió agregado a fs. 226.- Véase que el antecedente dominial del bien inmueble padrón nro. YY de la 2ª Sección Catastral de Artigas propiedad de la parte demandada es el mismo que el antecedente dominial de los bienes inmuebles cuya reivindicación Corticor SA pretende.-
3.5- Que complementa análisis precedente, la cuestión relativa a la superficie de cada uno de los padrones involucrados.-
(A) De acuerdo al testimonio de la escritura pública de compraventa judicial de fecha 20/VII/2004 celebrada entre parte vendedora Juan Francisco Solari Farinha y parte compradora Corticor SA e inscripta en el Registro de la Propiedad de Artigas el 26/VII/2004 con el nro. 986, agregada de fs. 28 vto. a fs. 41, los bienes inmuebles objeto de la misma – entre otros – fueron: tres fracciones de campo ubicadas en la 2ª Sección Judicial y Catastral de Artigas, zona rural, Paraje “Tres Cruces” empadronadas con el nro. RR, señaladas como fracciones 1, 3 y 4 en el plano de mensura de los Ing. Agr. Carlos Nario y Carlos Borotra de mayo de 1968, inscripto en la DGCN con el nro. 529 el 29/V/1968 con una superficie total de 2.782 há 3.373 mtsc: (1) fracción 1: con una superficie de 2.721 hás 4.310 mtsc; (2) fracción 3: con una superficie de 48 hás 7.738 mtsc; y (3) fracción 4: con una superficie de 12 hás 1.325 mtsc.-
De acuerdo al certificado notarial agregado a fs. 42 y resultado de nuevo plano de mensura del Ing. Agr. José Luis González de fecha 8/II/2021 e inscripto en la Oficina Departamental de Catastro de Artigas el 22/VII/2021 con el nro. 3180 agregado a fs. 92, Corticor SA es propietaria de: (a) la anterior fracción 1 del bien inmueble en m/a padrón nro. RR de la 2ª Sección Catastral de Artigas, actual padrón individual nro. VV con una superficie de 2.721 hás 4.310 mtsc según plano de mensura de Ings. Agrs. Carlos Nario y Carlos Borotra de mayo de 1968, inscripto en DGCN el 29/V/1968 con el nro. 529; (b) de tres bienes inmuebles (superficie total de 55 hectáreas 3.406 metros) resultado del plano de mensura del Ing. Agr. José Luis González antes aludido – objeto de este juicio - : (b.1) padrón nro. SS, fracción A, con superficie de 43 hectáreas 637 metros; (b.2) padrón nro. TT, fracción B, con superficie de 3 hectáreas 6.557 metros; y (b.3) padrón nro. UU, fracción C, con superficie de 8 hectáreas 6.212 metros.-
(B) De acuerdo con el testimonio notarial de la escritura pública de compraventa judicial celebrada el 9/V/2003 entre la parte vendedora Juan Francisco Solari Farinha y la parte compradora Sergio Irigaray Suárez (casado con Matilde Ayala Alegre) e inscripta en el Registro de la Propiedad de Artigas el 22/VII/2004 agregada de fs. 229 a fs. 232, el bien inmueble objeto de la misma fue el padrón nro. YY de la Segunda Sección Judicial y Catastral de Artigas, zona rural, según plano de mensura y fraccionamiento del Ing. Agr. Carlos Bica de junio de 1906 actualizado por el Agr. Arsenio Nunes en marzo de 1946 inscripto en la Oficina Departamental de Catastro de Artigas el 11/III/1946, con una superficie de 996 hectáreas 5.150 mts 2.653 ctsc.-
A fs. 232 vto. y 233 luce certificado notarial por el cual la Esc. María del Rosario Simón Busto certificó la confección de un nuevo plano de mensura y fraccionamiento del padrón nro. YY por el Agr. Ricardo Nario de fecha 14/XII/2002 inscripto en la DNC-Oficina Delegada de Artigas el 30/XII/2002 con el nro. 1275.- Resultaron de éste dos fracciones: (1) fracción 1 con padrón individual nro. 6.346 y con superficie de 244 hectáreas 1.616 centiáreas; y (2) fracción 2 con padrón individual nro. ZZ y con superficie de 787 hectáreas 3.532 centiáreas.-
Con el testimonio del expediente nro. 848/2016 tramitado ante la Dirección Nacional de Catastro (DNC) agregado de fs. 100 a fs. 191 y de la respuesta al oficio nro. 1199/2022 y nro. 1206/2022 librado al MEF-Dirección Nacional de Catastro agregada a fs. 435 y 436, fue probado que:
(a) en oportunidad de consulta realizada por el MTOP aposta de la expropiación para la construcción de un tramo de la ruta 30 y puente sobre Arroyo Tres Cruces, el Ing. Agr. Ricardo Xavier informó el 8/VI/2016 que el plano del Ing. Agr. Ricardo Nario registrado el 30/XII/2002 con el nro. 1275 adolecía de errores insalvables por haber incluido superficie del domino público (camino) y superficies que no pertenecen al predio medio, padrón nro. YY;
(b) ante esto, la DNC inicio trámite administrativo dirigido a la anulación de la inscripción del plano de mensura registrado el 30/XII/2002 con el nro. 1275;
(c) cumplido aquél, por Resolución de la Dirección de la DNC de fecha 27/IX/2017 se anuló la inscripción del plano de mensura de marras y se retrotrajo la vigencia del plano de mensura anterior: plano de mensura del Ing. Agr. Carlos Bica de junio de 1906 actualizado por el Ing. Agr. Arsenio Nunes de marzo de 1946.-
Pues entonces, el padrón nro. YY propiedad de los Sres. Irigaray Suárez y Ayala Alegre detenta una superficie de 996 hectáreas 5.150 mtsc 653 ctsc; coincidente con la compraventa judicial del 9/V/2003 y no la superficie de 1.031 hectáreas 5.148 centiáreas que resultaran del plano de mensura del 30/XII/2002 cuya inscripción nro. 1275 fue anulada.- Diferencia que excluida la superficie de dominio público habría de coincidir con la superficie correspondiente a los padrones linderos cuya reivindicación se incoa en la sub-causa y que como surge del expediente administrativo nro. 858/2016 habían sido incluidos según plano de mensura del Ing. Agr. Ricardo Nario en el padrón nro. YY.-
En conclusión, la parte actora probó la titularidad del derecho de propiedad respecto de los bienes inmuebles padrones nro. SS, nro. TT y nro. UU de la 2ª Sección Catastral de Artigas, Paraje “Tres Cruces” así como la posesión de los mismos por la parte demandada; hecho éste último (tal como se adelantó en el Considerando 2.2 ut-supra) que incluso fue admitido por los propios Sres. Sergio Irigaray y Matilde Ayala en su escrito de demanda, oportunidad en la que esgrimieron la excepción de prescripción adquisitiva de los mismos.-
3.7- Que como apostilla, la parte demandada en el numeral 1.6) de su escrito de interposición del recurso de apelación a fs. 540 vto. aludió a la no verificación del modo tradición respecto a los bienes inmuebles en cuestión en tanto a la fecha de celebración de la compraventa judicial del 20/VII/2004 aquéllos estaban siendo poseídos por los Sres. Irigaray Suárez y Ayala Alegre.-
Este comentario no es eficaz.-
Repárese que en la Cláusula Cuarto de la escritura pública de compraventa judicial autorizada por la Esc. Inés Luján Guarino Malvasio, cuyo testimonio notarial luce agregado a fs. 37, se estableció la declaración generalmente utilizada por los escribanos en los contratos de compraventa.- En aplicación del artículo 770 del Código Civil, la Sra. Juez Letrado de Primera Instancia de Salto de 5º Turno en nombre y representación del Sr. Juan Francisco Solari Farinha faculta a la compradora Corticor SA para que como propietaria tome la posesión que le corresponde sobre el bien vendido (al 20/VII/2004: padrón nro. RR de la 2ª Sección Judicial y Catastral de Artigas), y con tal carácter, en el interín que ello no se verifique, la tendrá a su nombre “quedando así consumada la tradición de ley”.-
Se ha entendido que en tanto no existen términos sacramentales, tal cláusula utilizada en la práctica, reviste el carácter de tradición ficta (artículo 767 numeral 1º) del Código Civil), también denominada como “tradición por cláusula” (Howard, Walter en “Modos de Adquirir”, págs. 278-279).-
IV- Segundo agravio: Desestimación de la excepción de prescripción adquisitiva decenal-Ley 19.889.-
4.1- Que la parte demandada en el numeral 2) de su escrito de interposición del recurso de apelación de fs. 540 vto. a fs. 542 esgrimió como agravio la desestimación de la consumación de la prescripción adquisitiva decenal respecto de las fracciones 3 y 4 del bien inmueble padrón nro. RR en m/a de la 2ª Sección Catastral de Artigas, actuales padrones nro. SS, nro. TT y nro. UU: existió justo título y buena fe.- Fundamentó su agravio en: (a) detenta justo título constituido por la escritura de compraventa judicial del 9/V/2003, la que se otorgó sobre la base del plano de mensura del Ing. Agr. Ricardo Nario; (b) desconociendo los errores incurridos en la confección de aquel plano de mensura, quince años después, la Dirección General de Catastro tramitó el expediente nro. 848/2016 que finalizó con la anulación de la inscripción de ese plano de mensura y declaración de pervivencia del plano anterior del Ing. Agr. Carlos Bica del año 1906 actualizado por el Ing. Agr. Arsenio Nunes del año 1946; (c) el bien inmueble rural fue transferido a los apelantes en las condiciones que se indicaron en la escritura pública del 9/V/2003: el plano es de diciembre de 2002 y durante todo ese tiempo intermedio intervino la Oficina Actuaria respectiva; y (d) los errores en que incurrió el Ingr. Agr. Ricardo Nario en la confección del plano no son detectables a simple vista.-
4.2- Que la jurisprudencia nacional coincide en la procedencia de la oposición, en caso de tramitación de proceso reivindicatorio, de la excepción de usucapión incidenter tantum (cfe. Doctrina y Jurisprudencia de Derecho Civil, Año VI, nro. VI, caso 323; ADCU, Tomo LIV, caso 4).- Su amparo, con ese alcance, obviamente exige al excepcionante probar la verificación de los requisitos legales exigidos para entender configurado dicho modo de adquirir a propósito del bienes o bienes cuya reivindicación pretende la parte actora.-
4.3- Que la configuración de la prescripción adquisitiva de bienes inmuebles ordinaria o abreviada, el artículo 1204 del Código Civil exige la posesión de diez años con buena fe y justo título.-
4.3.1- El artículo 1208 inciso 1º del Código Civil define al justo título como el legal y capaz de transferir la propiedad.- Además, conforme el inciso 2º de ese artículo y el artículo 1209 del Código Civil, el justo título debe ser verdadero, válido y probado.- Amézaga conceptualizó el justo título como “… aquél que reúne todos los requisitos necesarios para transferir la propiedad – menos uno: que quien lo otorga no es propietario.- El justo título es aquel que debía contener un derecho, pero, que no contiene nada, dice Bufnoir.- El molde es de buena calidad del punto de vista jurídico, y esto es lo que la ley exige.- El contenido que le falta, la prescripción lo reemplazará.- El justo título está destinado a consolidar por la prescripción decenal el título emanado de un no propietario.- …” (Couture, Eduardo en “Estudios de Derecho Procesal Civil”, Tomo II, edit. Depalma, 1989, págs. 199-200; cfe. Cestau, Saúl en “De la Prescripción” en Revista AEU, Tomo 71, nros. 1-6, págs. 13-64).-
En la especie, a propósito de los bienes inmuebles objeto de la acción reivindicatoria padrones nros. SS, TT y UU de la 2ª Sección Castastral de Salto – anterior fracciones 3 y 4 del padrón nro. RR en m/a - los accionados invocaron como justo título la compraventa judicial del 9/V/2004 inscripta en el Registro de la Propiedad de Artigas el 13/V/2003 con el nro. 496, cuyo testimonio luce de fs. 229 a fs. 234.-
Sin embargo, surge de la Cláusula Segunda de esa escritura de compraventa judicial que su objeto estuvo constituido por el bien inmueble padrón nro. YY de la 2ª Sección Judicial y Catastral de Artigas según plano de mensura del Ing. Agr. Carlos Bica de junio de 1906, actualizado por el Ing. Agr. Arsenio Nunes en marzo de 1946 e inscripto en la ODCArtigas el 11/III/1946 con el nro. 21, con superficie de 996 hectáreas 5.150 mts 2.653 cts..- Esto, concordante con la Cláusula Primero Antecedentes, numerales VI), IX), XI) según las cuales por providencia nro. 2938 del 19/IX/2001 se había ordenado su remate judicial, el que se efectivizó el 24/VI/2002 con mejor postor el acreedor ejecutante Banco Sudameris por la suma de U$S 250.000, derechos que el 27/XI/2002 cedió al Sr. Sergio Irigaray Suárez.- Así pues, este título no tiene por objeto las 55 hectáreas 3.406 mts. Correspondientes a los bienes inmuebles que Corticor SA pretende reivindicar, de ahí que mal pueda invocarse a la compraventa judicial del 9/V/2003 como justo título base para adquirir por el modo prescripción bienes inmuebles diversos al que constituyó su objeto: padrón nro. YY con 996 hectáreas 5.150 mts 2.653 cts..-
Cierto es que a fs. 232 vto. y 233 luce certificado notarial expedido por la Esc. María del Rosario Simón Busto con fecha 9/V/2003 en el que certifica la confección de un nuevo plano de mensura y fraccionamiento del bien inmueble padrón nro. YY de la 2ª Sección Catastral de Artigas por decreto nro. 236 del 26/VI/2002.- Empero, ello no modifica conclusión precedente.- En el certificado notarial no se explicitó el fundamento de aquél decreto, ni donde recayó.- La escribana certificó que el plano de mensura resultante es el del Ing. Agr. Ricardo Nario del 14/XII/2002 inscripto en la DNC-ODA el 30/XII/2002 con el nro. 1275 (inscripción finalmente anulada por resolución de la Dirección General de Catastro del 27/IX/2017 recaída en expediente nro. 848/2016, fs. 150 y 151), por el que se fraccionó el bien inmueble padrón nro. YY en dos fracciones, las que se empadronaron individualmente con nro. XX y nro. ZZ y con una superficie total de 1.031 hectáreas 5.148 centiáreas.- Por consiguiente, se continuó individualizando como bien objeto de la compraventa judicial el padrón nro. YY de la 2ª Sección Catastral de Artigas aunque fraccionado en dos, con formación de dos padrones, cuya superficie total supera la superficie del padrón nro. YY que es de: 996 hectáreas 5.150 mtsc 2.653 ctsc.- Como se indicó en el Considerando 3.6 ut-supra, con el testimonio del expediente tramitado ante la DGC nro. 848/2016 cuyo testimonio luce agregado de fs. 100 a fs. 191, fue probado que esa diferencia de superficie en más fue resultado de incorporar por el Ing. Agr. Ricardo Nario en el plano de mensura y fraccionamiento inscripto el 30/XII/2002 con el nro. 1275 superficie que corresponde al dominio público y superficie que corresponde a las fracciones 3 y 4 del padrón lindero en m/a nro. RR, actuales padrones nros. SS, TT y UU; lo que ameritó la anulación de su inscripción y restauración de la vigencia del plano de mensura anterior del Ing. Agr. Arsenio Nunes de marzo de 1946.- El certificado notarial refirió a bien inmueble diversos al rematado y al que objeto de la compraventa judicial, Cláusula Segundo.-
4.3.2- Esa ausencia de justo título es suficiente a fin de confirmar la desestimatoria de la excepción de prescripción adquisitiva decenal opuesta.-
No obstante, se le agrega la ausencia de buena fe de los accionados apelantes.-
El artículo 1207 del Código Civil define a la buena fe como la creencia que aquél de quien se recibe la cosa es dueño y puede enajenarla conforme artículo 693 del Código Civil.- A los efectos de la prescripción adquisitiva ordinaria o abreviada, el legislador exige la buena fe inicial, la que – conforme artículo 1207 inciso 2º del Código Civil – se presume.-
En la sub-causa se observa que los cónyuges Sres. Sergio Irigaray y Matilde Ayala el mismo día 9/V/2003 en que como comprador el primero firmó la escritura pública de compraventa judicial autorizada por la escribana contratada por la parte compradora – Simón Busto – previa lectura de la misma, en la que se aludió explícitamente a la superficie del bien inmueble rematado y adquirido padrón nro. YY y del posterior certificado notarial en la que se refirió expresamente a éste, a su fraccionamiento y a la superficie total resultante superior en 55 hectáreas 3.406 mtsc; la parte demandada hubo necesariamente de tomar conocimiento del vicio en el que se había incurrido.- Esta circunstancia fáctico-jurídica desvanece la presunción relativa de buena fe prevista por el artículo 1207 inciso 2º del Código Civil antes mencionada.-
4.3.3- Ante este panorama de inexistencia de justo título y de buena fe inicial no se verificaron los requisitos legales de la prescripción adquisitiva ordinaria o abreviada pretendida por lo que corresponde desestimar el agravio.-
V- Tercer agravio: Desestimación de la excepción de prescripción adquisitiva treintañal.-
5.1- Que la parte demandada en el numeral 3) del escrito de interposición del recurso de apelación a fs. 542 invocó como agravio la desestimación también de la excepción de prescripción adquisitiva treintañal.- Fundamentó el mismo en que se acreditó la yuxtaposición de posesiones resultante de adicionar a la posesión que detentaron desde la compraventa judicial y tradición verificada el 9/V/2003, la posesión que sobre los bienes inmuebles reclamados ejerció el anterior propietario – Juan Francisco Solari Farinha - resultado de la adjudicación del bien inmueble padrón nro. YY de la 2ª Sección Catastral de Artigas acaecida el 21/X/1987 e inscripta el 29/II/1988 con el nro. 168.-
5.2- Que sabido es que la accesión o yuxtaposición o adjunción de posesiones para que sea válida para prescribir debe reunir determinados requisitos: (a) la posesión transmitida debe ser “buena” para prescribir (artículo 647 inciso 2º del Código Civil); (b) las posesiones deben ser continuas; (c) las posesiones recaigan sobre la misma cosa; y (d) la existencia entre el poseedor actual y el precedente, de una relación jurídica (continuidad jurídica).-
Empero, esa accesión o adquisición derivada de posesiones no operó.-
Por lo que ya se señaló en el Considerando 4.3 precedente, el objeto de la compraventa judicial fue el bien inmueble padrón nro. YY de la 2ª Sección Judicial y Catastal de Artigas de 996 hectáreas 5.150 mts 2.653 cts hipotecado, embargado y rematado en virtud de la vía de apremio tramitado en los autos ”Banco Sudameris c/ Solari, Juan Francisco y otra – Ejecución de hipoteca – Ficha 103/2001” tramitado ante el Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Civil de 15º Turno.- Fue este bien inmueble el objeto del contrato de compraventa judicial del 9/V/2003, aposta del cual Banco Sudameris le cedió al Sr. Sergio Irigaray Suárez sus derechos de mejor postor en el remate judicial del mismo.- A aquél es peregrina, la posterior alteración de la superficie de dicho padrón nro. YY llevada a cabo por la parte demandada con un aumento de la misma – sin que conste la razón o fundamento de la misma –, con resultado: su fraccionamiento en dos fracciones (padrones nro. XX y nro. ZZ) y la incorporación a la superficie primigenia del padrón nro. YY de superficies del dominio público y superficie correspondiente a otro padrón, concretamente, al padrón lindero nro. RR (incremento de superficie que ameritó la posterior anulación de la inscripción de ese plano de mensura erróneo del Ing. Agr. Ricardo Nario).-
Ergo, no fue posible que el anterior propietario del bien inmueble rematado nro. YY de Artigas (Juan Francisco Solari Farinha representado por la Sra. Juez Letrado de Primera Instancia en lo Civil de 15º Turno, Dra. Graciela Berro), a través del título compraventa judicial del 9/V/2003 y modo tradición, hubiese transmitido al Sr. Irigaray Suárez la posesión de fracciones 3 y 4 del padrón lindero nro. RR y, menos aún, de superficies del dominio público.- La posesión que detentó la parte demandada respecto de los bienes inmuebles cuya restitución se le reclama en el sub-exánime no recayó sobre el mismo bien inmueble padrón nro. YY de la 2ª Sección Judicial de Salto que fue objeto del contrato de compraventa judicial, Cláusula Segunda de escritura pública de fs. 229 a fs. 232; sino, sobre la fracción 3 y 4 del anterior padrón nro. RR en m/a (actuales padrones nros. SS, TT y UU).- De ahí que no haya operado ninguna continuidad jurídica en la posesión de la misma cosa o bien.-
VI- Cuarto agravio: Omisión referencia al artículo 592 del Código Civil.-
6.1- Que finalmente, la parte demandada en el numeral 4) de su escrito recursivo a fs. 543 esgrimió como agravio la omisión de pronunciamiento a propósito de la invocación de la aplicabilidad del artículo 592 del Código Civil.- Arguyó que el plano de mensura del Ing. Agr. José Luis González no es título ni modo de demostrar la titularidad dominial de un bien y la parte actora no probó la titularidad del derecho de propiedad respecto de los bienes inmuebles cuya reivindicación impetra.-
6.2- Que sobre el alcance de esta norma, Guillot apunta que: “… En resumen, el amojonamiento no prueba por sí solo que el que lo hace esté o haya estado en posesión de la parte del terreno comprendido dentro de los límites así fijados; pero desde que se hace dicha operación, empieza un estado posesorio que puede conducir hasta el derecho de posesión o hasta la adquisición de la propiedad por prescripción.- De donde resulta, en conclusión, que la mensura y el amojonamiento constituyen prueba de la posesión en el sentido últimamente indicado.- …” (en “Comentarios del Código Civil-De las Servidumbres”, págs. 187-198).-
En el ocurrente, el plano de mensura del Ing. Agr. Ricardo Nario pudo constituir punto de partida de la posesión que detentó la parte demandada respecto de los bienes inmuebles que se reivindican pero - como se analizó en la hostigada y en el Considerando IV y V – no concurrieron los restantes requisitos legales exigidos para su adquisición por el modo usucapión ordinaria ni extraordinaria.-
Respecto a la titularidad del derecho de propiedad de los bienes inmuebles que se reivindican el rol del plano de mensura del Ing. José Luis González del 8/2/2021 inscripto el 22/VII/2021 con el nro. 3180 agregado a fs. 92, no es el argüido por los accionados a fs. 543.- Éste se llevó a cabo diecisiete años después del título y modo por el que Corticor SA es propietaria de las fracciones 1, 3 y 4 del padrón nro. RR en m/a, en base al plano de mensura de los Ings. Agrs. Carlos Nario y Carlos Borotra de mayo de 1968 inscripto el 29/V/1968 con el nro. 529.- Sólo supuso el fraccionamiento de las fracciones 3 y 4 en tres padrones individuales.-
En lo demás, sobre el ítem acreditación de la legitimación causal activa de Corticor SA, se habrá de estar a lo referido en Considerando III ut-supra.-
VII- Condenas causídicas.-
Que de acuerdo con los artículos 56 y 261 del Código General del Proceso y con el artículo 688 del Código Civil, la correcta conducta procesal de las partes no amerita la imposición de sanciones.-
Por los fundamentos antes expuestos y de conformidad con los artículos 7,8,12, 18, 72, 332 de la Constitución; artículos 676, 679, 680, 688, 1204, 1206 a 1209 del Código Civil; artículos 24, 130, 137 a 142, 198, 257 del Código General del Proceso; y disposiciones concordantes y complementarias; el Tribunal
FALLA:
Confírmase la sentencia definitiva nro. 34 del 12/XII/2024.-
Las costas y costos por el orden causado.-
Déjese constancia por la Oficina Actuaria de la licencia de la redactora.-
Honorarios fictos cinco Bases de Prestación y Contribución para cada parte.-
Notifíquese en el domicilio.-
Oportunamente, vuelvan a la Sede de origen con las formalidades de estilo.-
Rosario Sapelli Ministra Pablo Benítez Ministro Patricia Hernández Ministra Esc. Lucía Carballa Secretaria Letrada
Fuente: Base de Jurisprudencia Nacional del Poder Judicial. Los nombres de las partes figuran anonimizados en el original.