Sentencia Definitiva N° 198/2025

. SENTENCIA DEFINITIVA TRIBUNAL DE APELACIONES DEL TRABAJO DE 4º TURNO MINISTRA REDACTORA: DRA. MÓNICA IVANOVICH OUJO. MINISTROS FIRMANTES: DRA. SYLVIA DE CAMILLI HERMIDA, DRA. MÓNICA IVANOVICH OUJO Y DR. ADOLFO FERNÁNDEZ DE LA VEGA MÉNDEZ. VISTOS EN EL ACUERDO: Para sentencia definitiva de segunda instancia estos autos caratulados: “MARTÍNEZ, ANDRÉS C/ GIMASS S.R.L. - PROCESO LABORAL ORDINARIO (LEY 18.572)” IUE 2-97809/2024, venidos en apelación del Juzgado Letrado de Trabajo de la Capital de 6º Turno, a cargo de la Dra. Julia Isabel Rodríguez Mederos. RESULTANDO: 1) La Sala acepta el relato de antecedentes procesales que se consignan en la sentencia apelada, procediendo al dictado de la presente. 2) Por sentencia definitiva de primera instancia Nº 20/2025 de fecha 13 de mayo de 2025 (fs. 454-456 vto.), se desestima la demanda sin especial condenación en costas y costos. 3) El representante de la parte actora, interpone recurso de apelación (fs. 468-478 vto.), contra la referida sentencia, agraviándose, en síntesis, por cuanto: A) Desestimó la categoría reclamada por el trabajador realizando una errónea valoración de la prueba y consecuente incorrecta determinación del grupo actividad aplicable, desconociendo el trabajo en altura, como elemento determinante de la categoría y salario del actor. Resulta fundamental que la categorización de un trabajador, no puede, ni debe depender exclusivamente de la autodefinición que la empresa haga de su giro principal o de la denominación formal del cargo, sino de la naturaleza efectiva, real y tangible de las tareas que el empleado desempeña día a día. Si las tareas del Sr. Martínez como “oficial instalador”, incluyendo como parte consustancial de ellas era el trabajo habitual en altura, encuentra una descripción, una regulación y una remuneración más específica, adecuada y protectora en el Grupo 9 y este es el que debe regir la relación laboral, en aplicación no sólo del principio de primacía de la realidad, sino también del principio protector, de la norma más favorable al trabajador y del derecho a una justa remuneración. Además, resultó sumamente probado el trabajo en altura del actor a través de los testimonios de Roberto Blanco, Jorge Panosian, Nicolas Texeira y Andrés Clavijo, y que la parte demandada intentó minimizar alegando que sólo se realizó en contadas ocasiones. B) No hizo lugar al reclamo por horas nocturnas trabajadas y no abonadas o en su defecto incorrectamente liquidadas, no valorando adecuadamente la prueba testimonial, ni las propias admisiones parciales de la demanda. Adicionalmente, la a quo omitió considerar la base de cálculo para la liquidación del rubro nocturnidad. Aún en el hipotético caso de que se consideraran únicamente las horas nocturnas que la demandada admite (lo cual no se concede), o las que finalmente este Tribunal determine como probadas, la liquidación de la compensación por nocturnidad debe realizarse sobre una base amplia que refleje la remuneración integral del trabajador, y no sobre un salario básico menguado o conceptos salariales seleccionados arbitrariamente por el empleador. C) Desestimó los rubros salariales accesorios como aguinaldo, licencia, salario vacacional y multa. Los errores de la sentencia de primera instancia con respecto a la categorización del trabajador, acarrean como consecuencia lógica e ineludible, la errónea desestimación o el cálculo incorrecto y a la baja de todos los rubros salariales accesorios que dependen de dicho salario base. D) En general, vulneró los principios procesales fundamentales especialmente en lo relativo a la carga de la prueba en el marco de la Ley 18.572, y una deficiente fundamentación, lo que afecta la tutela judicial efectiva del trabajador. 4) Por decreto Nº 941/2025 de fecha 28 de mayo de 2025 (fs. 480), se dispuso el traslado de la impugnación deducida por el término legal, resultando evacuado a fs. 482-488 vto., abogando por la confirmación de la impugnada en todos sus términos. 5) Por providencia Nº 1115/2025 de fecha 13 de junio de 2025, se tuvo por evacuado el traslado conferido y se dispuso conceder el recurso de apelación opuesto con efecto suspensivo y en su mérito franquear la alzada para ante el Tribunal de Apelaciones del Trabajo que por turno corresponda (fs. 490). 6) Recibidos los autos en el Tribunal el 24 de junio de 2025, los mismos fueron devueltos por mandato verbal Nº 214/2025 de esa misma fecha (fs. 494-496). 7) Levantadas las observaciones y recibidos nuevamente el 6 de agosto de 2025, se señaló fecha de acuerdo y se dispuso el pase a estudio de conformidad con lo establecido en el art. 17 de la Ley 18.572 en la redacción dada por el art. 6 de la Ley 18.847 (fs. 503-504), debiéndose dejar constancia que este Colegiado estuvo desintegrado desde el 26 de agosto al 3 de setiembre de 2025, inclusive y desde el 10 al 13 de setiembre de 2025, inclusive, por licencia de sus miembros. CONSIDERANDO: I) La Sala por la unanimidad de sus voluntades naturales irá a confirmar la sentencia apelada, por los fundamentos que seguidamente se expondrán. II) En primer lugar, cabe precisar que el agravio relativo a la vulneración de principios procesales fundamentales y errónea aplicación del derecho en la valoración de la pretensión y la prueba con especial énfasis en la carga probatoria en el Proceso Laboral, no constituye un verdadero agravio, si no está vinculado con una decisión específica de la recurrida y sólo en dicha circunstancia es posible su consideración. III) En particular, en lo que hace a la categoría del accionante, y en base a la cual reclama diferencias de salarios por no habérsele abonado el trabajo en altura, asiste razón a la recurrida en cuanto existe un incumplimiento de la carga de la debida afirmación. La actora en su pretensión, se limitó a expresar que: se desempeñó como Oficial Instalador, el sueldo que percibió, los lugares, días y horarios en los que trabajó en altura, utilizando andamios, máquina elevadora o canasto, así como en los que realizó horas nocturnas. Asimismo, señaló que colocaba el cableado y colocación de cámaras, conducía la camioneta de la empresa trasladando personal de la misma y realizaba compras de materiales solicitados por la empresa. Establece que nunca se le abonó como chofer, ni las horas nocturnas realizadas, lo cual conllevó a generar salario vacacional, aguinaldo, diferencia de salario, multa legal y daños y perjuicios preceptivos, por todo el período trabajado el que ubica entre el año 2019 a febrero de 2024, fecha en que fue despedido. Así, liquida aguinaldo, salario vacacional, nocturnidad, diferencias de salarios, multa, 20% de daños y perjuicios, reajustes e intereses. En particular, en lo que hace a las diferencias salariales, las reclama por un monto total de $ 190.000, ya que nunca se le abonó por trabajar en la altura. En tanto, ante requerimiento de la Sede a quo conforme al art. 8 de la Ley 18.572, se liquidó las diferencias salariales en base al trabajo en altura en $ 194 por hora (fs. 33 a 40). Analizando tales elementos, en primer lugar, no es posible determinar de dónde se extrae la base de cálculo ($ 194 la hora) utilizada para efectuar el reclamo. Ahora bien, aún suponiéndose o deduciéndose que, en base al documento agregado a fs. 13 a 19, lo pretendido es el complemento por trabajo en altura establecido para los trabajadores de la construcción (art. 4 del Decreto 7/986), el accionante tampoco explica por qué razón le resulta aplicable, máxime cuando la empresa no está comprendida en el Grupo 9 y cuando la misma llevó a cabo trabajos en dicho ámbito por contratación indirecta, tales rubros fueron efectivamente abonados (ver trabajo para Tebetur S.A. fs. 10 y 11, 99, 102 a 105, 108, 128 a 138), lo que ni siquiera fue considerado, ni expuesto en la demanda. En efecto, todo reclamo por diferencia de categoría o de salarios tiene la carga de la afirmación de los supuestos fácticos y jurídicos correspondientes, así como de la prueba respectiva. Debe establecerse en primer lugar en la demanda claramente, cómo y por qué se genera esa supuesta diferencia que reclama, durante todo el período objeto del mismo, lo que implica establecer cuál es el sustento normativo que lo justifica, relacionando las descripciones de las categorías de los laudos, convenios colectivos y decretos que entiende le son aplicables, individualizando concretamente los mismos, así como estableciendo cuáles eran las tareas que realizaba correspondientes a las definiciones de las categorías para permitir verificar que asiste razón en el reclamo. En el caso, el actor incumplió con la carga de la debida afirmación que el impone el art. 117 del C.G.P., en virtud de la remisión que al mismo hace el art. 8 de la Ley N° 18.752. Dicha norma optó por la teoría de la sustanciación, que establece lo siguiente: "el objeto de la pretensión y del proceso estar constituido no solo por la relación jurídica, sino también por los fundamentos de hecho y de derecho que determinaron la deducción de dicha pretensión y el petitorio al juzgador" (cfr. "Código General del Proceso - Anotado, comentado y concordado", tomo 3, pág. 95). La necesidad de expresar claramente los fundamentos fácticos y jurídicos en que se funda la pretensión, que emerge del art. 117 del C.G.P., debe exigirse al momento de sentenciar, puesto a través de ello se da cumplimiento al principio de la buena fe y lealtad procesal recogido por el art. 5 del C.G.P. Klett y Pereira Campos establecen que existe un estándar del buen litigante que “impone a las partes deber de adecuar su comportamiento procesal al modelo establecido por el legislador”, señalando que en los actos de alegación inicial, los hechos deben ser precisados de forma categórica, explícita y clara “a fin de que el relato no constituya una emboscada para el adversario” (cfr. “Valor de conducta procesal de las partes desde la perspectiva probatoria en el C.G.P. en “Revista Uruguaya de Derecho Procesal” págs. 49 y ss.). La Sala Laboral de 1er. Turno ha señalado que: “No existe motivo para que en el proceso laboral este principio pueda dejarse de lado, salvo que se trate de hechos que no puedan llegar a conocimiento del trabajador, en base a su condición, no así con relación a todo aquello que sustente su pretensión, como sucede en este caso” (cfr. “Anuario de Jurisprudencia Laboral” Año 2011, c. 529). Dado que en autos se desconoce por qué razón el actor pretende el complemento “en altura”, resulta imposible que en esos términos la pretensión pudiera prosperar. En cuanto a la ubicación en el Grupo de actividades de la construcción (Grupo 9), si bien se trata de un elemento extemporáneo, por cuanto no se expuso en la demanda, su consideración tampoco modifica las conclusiones de la recurrida. Sobre el punto cabe señalar que para la calificación de una empresa en un determinado Grupo y Subgrupo de los Consejos de Salarios, no resulta procedente partir de la tarea llevada a cabo por sus trabajadores, como lo pretende el recurrente en sus agravios. Por lo tanto, resulta equivocado considerar el desempeño del accionante para determinar el giro o actividad de Gimass S.R.L. Es la actividad principal de la empresa para la cual se trabaja, la que define el Grupo y Subgrupo y, por ende, la normativa salarial aplicable. Así, el sólo hecho de trabajar en altura no determina ni define la categoría del actor y mucho menos el Grupo de actividades de la empleadora. Existen múltiples trabajos que se desarrollan en esas condiciones y las empresas no forman parte del Grupo de la Construcción, como equivocadamente expone el actor en su escrito recursivo. Por lo que, no es el trabajo en altura, ni las tareas que desarrolla un trabajador día a día, lo que define el Grupo de actividades de la empleadora. En efecto, la jurisprudencia ha establecido que a los efectos de determinar la categoría del trabajador, corresponde analizar en primer término la actividad de la empresa en la cual se desempeña, a los efectos de incluir dicha actividad en un determinado Grupo y recién luego de determinado el mismo, ubicar en este la tarea que cumple el trabajador para individualizar su categoría. Es decir que en contra a lo que establece el recurrente en sus agravios, la tarea del trabajador no define el Grupo de la actividad de la empresa, sino que es a la inversa. Es la actividad principal de la empleadora para la cual se trabaja, la que define el Grupo y, por ende, la normativa a aplicarse. Por lo que, en la especie resulta erróneo partir, como elemento definitorio, de las tareas que realizaba el actor. Y sabido es que, en funciones no categorizadas, la norma es no salirse del Grupo, sino que las pautas se deben buscar en la actividad del referido Grupo al que pertenece la empresa (cfr. "Anuario de Jurisprudencia Laboral" Año 1992, c. 825; Año 1993, c. 488; Años 1994-1995, c. 263; Años 1996-1997, c. 1.000 y 1-002; Año 1999, c. 91 y 660; Año 2007, c. 319). Además, conforme a lo dispuesto por las Leyes Nos. 10.449 y 18.566, es el Poder Ejecutivo quien debe calificar el grupo de actividad al que pertenece la empresa y de no existir adecuación a la clasificación, debe recurrirse a la vía administrativa para resolver el diferendo. Aun cuando se considerara la posición según la cual la Sede tiene jurisdicción “incidenter tantum” para resolver respecto al Grupo de Actividades al que pertenece el empleador a efectos de determinar la procedencia de los rubros reclamados, la prueba diligenciada en autos no resulta pertinente para acreditar tal circunstancia. Para ello, tal como lo sostuvo el T.A.T. 1° Turno, es necesario la prueba técnica, del mismo modo que lo requiere el órgano especializado, la que puede consistir en una pericia o bien en el informe de la Comisión de Clasificación que opera la misma función (Sentencia Nº 18/2014). En la medida que tal medio probatorio ni siquiera fue solicitado y tampoco existe un pronunciamiento de la Comisión de Clasificación, se concluye que la parte actora no cumplió con la carga que le correspondía. Por ende, en estas actuaciones el actor no cuestionó la “autodeterminación” de la empresa, y aún soslayando tal extremo, tampoco expuso ni acreditó que lo denunciado ante el M.T.S.S., no se compadeciera con la realidad. A diferencia de lo aconteció en el expediente caratulado “Hernández Cuervo, Celiar c/ Aerolíneas Argentinas S.A. y otros.” I.U.E. 2-51459/2020, en estas actuaciones el Grupo de actividades de la demandada, ni la categoría del actor fueron cuestionadas, de hecho, en la demanda no se menciona en qué Grupo de actividades estaba situada la accionada, ni en cuál entendía que debería ubicarse, extremos fácticos que no pueden ser subsanados con la aplicación de la máxima iura novit curia, ni con la aplicación del principio protector. Por ende, no es posible realizar una adecuación jurídica en base a hechos que no fueron aportados al proceso en el momento procesal oportuno. En el mismo sentido, tampoco puede valorarse la prueba, si no existe una alegación previa de los hechos a los que refiere. En el caso, no se puede obviar que el rechazo de las diferencias salariales reclamadas se determinó en el incumplimiento de la carga de la sustanciación, un aspecto que, se verifica, en un estadio anterior a la determinación de la carga probatoria y a su valoración. Lo que impide ingresar a su consideración. En conceptos trasladables de Palacio (cfr. “Tratado de Derecho Procesal Civil”, t. V; pág. 46), el ámbito de conocimiento de los tribunales de alzada está delimitado por el contenido de las cuestiones propuestas a la decisión del inferior. Y el Juez no se encuentra sólo limitado por los hechos alegados, sino también por la pretensión deducida, le está impedido sustituir la acción interpuesta o sus fundamentos por otros distintos, así como tampoco podrá elaborar conclusiones que signifiquen alterar las pretensiones que sirvieron de base para la articulación de la relación procesal (De Hegedus en “El Principio de Congruencia y el Principio “iura novit curia”. Su alcance”, en “Estudios en memoria de Gelsi Bidart”, pág. 517 y ss.) En definitiva, dado que el actor no solo no fundamentó el derecho aplicable —lo que podría haber dado mérito a la aplicación del principio iura novit curia—, sino que en su escueta demanda ni siquiera brindó los elementos fácticos necesarios para determinar la procedencia de las diferencias salariales pretendidas, en base al sólo trabajo en altura, la confirmatoria de la recurrida se impone. IV) También, el recurrente se agravia por cuanto considera que la sentencia apelada desestima o cuanto menos, no pondera adecuadamente la prueba, ni aplica correctamente el derecho en lo referente al reclamo por horas nocturnas trabajadas y abonadas, o, en su defecto, incorrectamente liquidadas. Al respecto, en la demanda en un principio reclama un total de 360 horas nocturnas, las cuales considera que le fueron abonadas como horas comunes por un total de $ 158.263, lo cual debería haber sido de $ 189.918, por lo que, en los tres meses trabajados en Aguada Park de lunes a viernes la diferencia asciende a $ 94.965. Sin embargo, al cumplir con lo requerido por la Sede a quo, el accionante modifica su pretensión inicial y requiere el pago de 480 horas nocturnas a un valor de $ 92 la hora, lo que hace un total de $ 44.160. En primer lugar, se observa que en la demanda se omitió establecer, que en los tres meses en cuestión, el actor percibió el pago de horas nocturnas. Por lo tanto, no corresponde que lleve a cabo un reclamo como si nunca se le hubiera contemplado dicho rubro, lo que importa otro nuevo incumplimiento de la carga de la sustanciación, perdiendo credibilidad el reclamo. Como ha establecido la Dra. Rosina Rossi: "Si la ambigüedad, evasión o reticencia en la contestación de la demanda, es descalificada legalmente al implicar inobservancia de la carga de la respuesta categórica, meritando la consecuencia gravosa de la admisión, por similares razones (aquí el principio de igualdad juega sin retaceo) debe merecer el disfavor legal la conducta procesal del actor que, en desconocimiento del deber de veracidad concretado en el relato integral de los hechos fundamentales involucrados en el objeto litigioso, oculta circunstancias de hecho decisivas, deforma la verdad, o retiene información útil a los efectos de la justa decisión de la controversia (cfr. "La teoría de las cargas dinámicas en el derecho procesal uruguayo" en "La Justicia Uruguaya", tomo CXI fojas 447 y ss.). Cabría aun cuestionarse si la omisión o reticencia en la fundamentación fáctica de la demanda y en el correlativo aporte probatorio, que contraría los deberes de colaboración y de moralidad puede valorarse como indicio contrario a la fundabilidad de la pretensión que constituye el objeto del proceso" (cfr. "Anuario de Jurisprudencia Laboral", Años 1996-1997, sent. N° 7 de fecha 21.3.1997 del J.L.T. 8°, c. 489). Así las cosas, en el caso, las deficiencias, omisiones y la deformación de la verdad realizada por el actor en su demanda, determinan el incumplimiento de los principios de sustanciación y buena fe. En segundo lugar, no surge de autos que el actor haya realizado mayor cantidad de horas nocturnas que las efectivamente abonadas, las que se corresponden con los meses de: noviembre de 2023 (80,5 horas nocturnas), diciembre de 2023 (16 horas nocturnas) y enero de 2024 (8,45 horas nocturnas). En tal sentido, los recibos de salario y las planillas de control horario que constan en autos no han sido desconocidos ni impugnados (fs. 141, 142, 144, 146, 242 a 244) y la prueba testimonial tampoco los desvirtúa. Así, el testigo Jorge Panosian señaló que a veces si la obra lo requería trabajaban de noche, tal como ocurrió en el World Trade Center y en Aguada Park, en este último caso 11 días (fs. 440 vto.). En particular indicó: “Con el actor, luego de las 22 horas, recuerdo que trabajamos en Aguada Park, fueron 11 días de nocturnidad, la obra duró dos o tres meses, fueron 10 días un mes y 1 día otro, es que no se podía hacer ruido durante el día, sea para usar el taladro o hacer agujero. Fue algo puntual, la empresa me pagó complemento de nocturnidad, no recuerdo si no es un 20 o 25% que se paga la nocturnidad.” (fs. 441). Asimismo, el testigo Nicolás Texeira, quien trabajó desde fines de 2023 a mediados de 2024, señaló que si bien él no trabajó de noche, el actor tiene entendido que lo hacía en UPM y en el Puerto si no se equivoca (fs. 441 y vto.). Por ende, habiendo cumplido la parte demandada, con la carga que le correspondía, en función del principio de disponibilidad de los medios probatorios, y dado que los documentos agregados no han sido desconocidos, se habrá de estar a los mismos, no advirtiéndose adeudos por concepto de nocturnidad. Por otra parte, en lo que hace a un potencial incorrecto cálculo, tal extremo ni siquiera fue considerado en la pretensión inicial. De allí que su ingreso al proceso en esta etapa procesal resulta extemporáneo. En tal sentido, no resulta pertinente introducir al apelar cuestiones diversas a las tenidas en cuenta en la etapa de proposición que se ajustan al objeto del proceso previamente determinado, ya que no existe en el sistema nacional el “novum judicim” y el órgano de la apelación solo puede actuar dentro del material fáctico de la instancia anterior. En conceptos trasladables de Palacio (cf. “Tratado de Derecho Procesal Civil”, t. V., pág. 46), el ámbito de conocimiento de los tribunales de alzada está limitado por el contenido de las cuestiones propuestas a la decisión del inferior. De allí, que su pronunciamiento en esta instancia importaría violentar los principios de debida defensa y de congruencia. Sin perjuicio de lo cual se advierte que conforme a la Ley 19.313 y su decreto reglamentario N° 234/015, el recargo o sobretasa por nocturnidad, es de un 20% sobre el salario base por hora del trabajador, lo cual se ve reflejado en el caso concreto. De acuerdo con todo lo expuesto, se habrá de confirmar la recurrida, desestimándose los agravios. V) En función de lo señalado precedentemente, tampoco se advierten errores en la desestimación de los rubros salariales accesorios (aguinaldo, licencia y salario vacacional), y la multa. De allí que en este punto también, se proceda a la confirmatoria de la recurrida. VI) No se establecerá especial imposición de costas y costos en el grado. Por tales fundamentos, disposiciones legales citadas, arts. 17 y 18 de la Ley N° 18.572 del 13.9.2009, arts. 6 y 7 de la Ley N° 18.847 del 15.11.2011 y concordantes, el Tribunal, FALLA: CONFÍRMASE LA SENTENCIA DEFINITIVA APELADA. SIN ESPECIAL IMPOSICIÓN DE COSTOS Y COSTAS EN EL GRADO. HONORARIOS FICTOS: CINCO BASES DE PRESTACIONES Y CONTRIBUCIONES. NOTIFÍQUESE ELECTRÓNICAMENTE Y DEVUÉLVASE. DRA. SYLVIA DE CAMILLI HERMIDA MINISTRA PRESIDENTE DRA. MÓNICA IVANOVICH OUJO MINISTRA ADOLFO FERNÁNDEZ DE LA VEGA MÉNDEZ MINISTRO ESC. VERÓNICA LAMELA SANTURIO SECRETARIA LETRADA