Sentencia Definitiva N° 193/2025

. SENTENCIA DEFINITIVA TRIBUNAL DE APELACIONES DEL TRABAJO DE 4º TURNO MINISTRO REDACTOR: DR. ADOLFO FERNÁNDEZ DE LA VEGA MÉNDEZ MINISTROS FIRMANTES: DRA. SYLVIA DE CAMILLI HERMIDA, DRA. MÓNICA IVANOVICH OUJO Y DR. ADOLFO FERNÁNDEZ DE LA VEGA MÉNDEZ. VISTOS EN EL ACUERDO: Para sentencia definitiva de segunda instancia estos autos caratulados: “SOSA DELGADO, NAHIELLI C/ PROMODUS S.R.L. Y OTROS - PROCESO LABORAL ORDINARIO (LEY 18.572)” IUE 2-9227/2025, venidos en apelación del Juzgado Letrado de Trabajo de la Capital de 5º Turno a cargo del Dr. Luis Fourment. RESULTANDO: 1) La Sala acepta el relato de antecedentes procesales que se consignan en la sentencia apelada, procediendo al dictado de la presente. 2) Por sentencia definitiva de primera instancia Nº 38/2025 de fecha 9 de junio de 2025 (fs. 240-255): - Se desestiman las excepciones opuestas. - Se ampara parcialmente la demanda y, en su mérito, se condena a PRODOMUS S.R.L., al MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL y a ANTEL (estos dos últimos en carácter de responsables solidarios con PRODOMUS S.R.L.) a pagar por los conceptos y montos que surgen en el considerando de esta sentencia, más los reajustes e intereses desde su exigibilidad hasta su efectivo pago, un 10% sobre los rubros salariales en concepto de daños y perjuicio y un 10% en concepto de multa legal. 3) El representante de la parte codemandada MINISTERIO DE DESARROLLO SOCIAL (MIDES), interpone recurso de apelación (fs. 259-263 vto.), contra la referida sentencia, agraviándose, en síntesis, por cuanto: A) Desestimó la excepción de incompetencia opuesta por esta parte, contrariando el art. 341 de la Ley 18.172, por el cual el proceso marras debe ser tratado ante el Juzgado Letrado de lo Contencioso Administrativo. Se aclara que gran parte de la doctrina y la Suprema Corte de Justicia en oportunidad de analizar el tema en contiendas de competencia entre los juzgados laborales y el de lo contencioso administrativo, han declarado en forma constante que el art. 341 de la Ley 18.172 continúa vigente. B) A su vez, también desestimó la excepción de falta de legitimación pasiva del MIDES, habiendo quedado demostrado a lo largo del proceso que PRODOMUS S.R.L., era quien contrató a la trabajadora realizando una selección de personal. Además, la parte actora reconoce en su demanda que su empleadora era PRODOMUS, quien la contrató, le impartía órdenes de trabajo y abonaba el salario, todo lo cual se desprende también de las diversas declaraciones testimoniales arrimadas a la causa. En conclusión, resulta agraviante la no admisibilidad de la falta de legitimación pasiva en el proceso de esta parte, la cual se torna en un tercero que solo supervisa las rendiciones de cuentas que cada tercerizada hace, siendo esta una supervisión técnica exclusivamente. C) La sentencia de primera instancia otorgó licencia no gozada a la trabajadora Nahielli Sosa, por 9 días del año 2022, 20 días en el año 2023 y 3 días en el año 2024, cuando un testigo de la parte actora que dijo ser ex trabajador de PRODOMUS y pareja de la madre de la trabajadora, alegó no saber si la demandante gozó de la licencia de 2022. Con respecto a la indemnización por despido, también se confirió, pese a que se probó que el fin del vínculo de la trabajadora con MIDES se debió a que esta pasó a desempeñar funciones para PRODOMUS fuera de MIDES. Es por esta razón, que esta secretaría de estado no puede ser responsable por el despido de una trabajadora que fue desvinculada por PRODOMUS en el mes de octubre de 2024, y que ya no de desempeñaba en dependencias de MIDES desde febrero de 2024. D) La sentencia de primera instancia establece montos nominales, cuando debe considerar los descuentos que corresponden por orden público. E) Hizo lugar al porcentaje solicitado por daños y perjuicios sin haberse invocado ni acreditado circunstancias excepcionales o cargas familiares, por lo que en su defecto corresponde el mínimo del 5%. 4) Por decreto Nº 1345/2025 de 23 de junio de 2025 (fs. 265), se dispuso el traslado del recurso de apelación interpuesto por el término de 10 días, resultando evacuado por la parte actora a fs. 276-278. 5) La representante de la parte codemandada ANTEL, interpone recurso de apelación (fs. 268-271 vto.) contra la referida sentencia, agraviándose, en síntesis, por cuanto: A) Atribuyó responsabilidad solidaria a ANTEL configurando una errónea valoración probatoria de los documentos aportados al proceso, así como una errónea aplicación de las normas de tercerizaciones, por concluir que no cumplió a cabalidad con el ejercicio del derecho a la información que habilita a mutar el carácter solidario de precepto de la responsabilidad del garante a subsidiario. Se probó que ANTEL efectuó los controles conforme establecen las leyes de tercerización y para ello realizó una intimación a PRODOMUS para que entregara los recibos de sueldo y constancia de pago con BPS. Por cuanto, a la fecha en que la trabajadora establece laborar en el local de Montevideo Shopping de ANTEL (2/9/2024 al 7/10/2024), la empresa PRODOMUS S.R.L. ya se encontraba en incumplimientos con esta parte y ello fue mostrado a través del TCCPC de fecha 11/10/2024, por el que se intimó a la empresa a que presentara recaudos por los meses de agosto, setiembre y octubre. De modo que, surge acreditado el cumplimiento de ANTEL a hacer efectivo su derecho a ser informada, sin perjuicio del incumplimiento de PRODOMUS. B) Asimismo, resulta agraviante también la condena en relación a la indemnización por despido indirecto, multa y daños y perjuicios; habiendo la actora trabajado en el servicio únicamente desde el 2/9/2024 al 7/10/2024, es decir, un mes y siete días, incumpliendo con la limitación de las obligaciones devengadas en la Ley 18.251. Por otro lado, se aclara también que, estos rubros por su naturaleza punitiva, reparatoria, resarcitoria, son absolutamente ajenos al concepto de “obligaciones laborales” señalado en las Leyes 18.099 y 18.251. En consecuencia, la condena se aparta de lo previsto en la normativa. 6) Por decreto Nº 1398/2025 de fecha 26 de junio de 2025 (fs. 273), se dispuso el traslado del recurso de apelación interpuesto por el término de 10 días, resultando evacuado por la parte actora a fs. 276-278. 7) Por providencias Nº 1483/2025 y Nº 1648/2025 de 17 de julio de 2025 y 4 de agosto de 2025, respectivamente, se tuvo por evacuado el traslado de los recursos por la parte actora y por la última de las nombradas, por no evacuado el traslado conferido por parte de ANTEL, MIDES y PRODOMUS S.R.L. y habiéndose interpuesto recursos de apelación contra la sentencia definitiva de autos se dispuso su franqueo con efecto suspensivo para ante el Tribunal de Apelaciones del Trabajo que por turno corresponda (fs. 280 y 281). 8) Recibidos los autos en el Tribunal el 11 de agosto de 2025, se señaló fecha de acuerdo y se dispuso el pase a estudio de conformidad con lo establecido en el art. 17 de la Ley 18.572 en la redacción dada por el art. 6 de la Ley 18.847 (fs. 286-287). Dejándose constancia que el Colegiado estuvo desintegrado del 26 de agosto al 3 de setiembre de 2025 inclusive y del 10 al 13 de setiembre de 2025 inclusive, por licencias de sus miembros. CONSIDERANDO: I) La Sala por la unanimidad de sus voluntades naturales irá a confirmar la sentencia apelada por los fundamentos que seguidamente se expondrán. II) En autos por una cuestión de orden, corresponde considerar el agravio planteado por el codemandado MIDES, relativo a la desestimación de la excepción de incompetencia en razón de la materia. Al respecto, considera que el art. 341 de la Ley 18.172 importa una excepción a la norma atributiva de competencia del art. 2 de la Ley 18.572 de los Procesos Laborales. Asimismo, expone que en los procesos en que se juzguen conflictos individuales de trabajo en los que sea parte una Administración estatal, la estructura procesal aplicable no es la del proceso laboral ordinario previsto en la Ley 18.572, sino la del proceso ordinario de conocimiento regulada por el Código General del Proceso. En primer lugar, se observa que en estas actuaciones se está frente a un conflicto individual de trabajo, en el que son demandados en calidad de empleadora directa, una persona jurídica de Derecho Privado, Prodomus S.R.L. y como garantes de los créditos laborales, en virtud de la responsabilidad establecida por las leyes de tercerización para el caso de subcontratación, las entidades de Derecho Público, MIDES y ANTEL. Consecuentemente, se ha producido una acumulación subjetiva inicial, por lo que, la situación se encuentra comprendida en el art. 120.2 del C.G.P. Tal como lo ha sostenido este Tribunal, la vigencia del art. 341 de la Ley 18.172 no excluye la eventual ampliación competencial derivada de la aplicación del art. 120 del C.G.P., disposición que admite la acumulación de pretensiones de diferente materia mediando conexión (Sentencia Nº47/2013). En función de la acumulación de pretensiones contra diversos demandados, resulta competente más de una Sede, por lo que la problemática se resuelve de acuerdo con el art. 7 de la LOT, es decir conforme al principio de prevención. Así, resulta competente la Sede que primero tomó conocimiento del asunto. Al respecto la S.C.J. en Sentencia Interlocutoria Nº 1801/2015 sostuvo lo siguiente: “… la Corte en anteriores pronunciamientos (Sentencia No. 506/2010) que: “(...) ‘en supuestos en que la acumulación inicial de pretensiones reúna los requisitos del art. 120, es dable al actor optar por la presentación de la demanda en una u otra sede, provocando con este acto procesal la competencia de la escogida’ (cf. Tarigo, E.: Lecciones, T. 1, pág. 388). Al respecto expresaba Teitelbaum: ‘Tal sería el caso de la acumulación de dos pretensiones de diversa materia como sería la civil y la contencioso administrativa, acumulables ante la sede que elija el actor’ (‘La acumulación de pretensiones y el dilema del art. 120.1 C.G.P.’, en R.U.D.P. 1/94, pág. 46). Igual fenómeno se produce en sede de competencia por razón de territorio y en determinados casos cuando son varios los demandados y tienen el domicilio en lugares diferentes (art. 24 L.O.T.)... (Sent. No. 77/02 del 27/5/02, LJU, T. 127, año 2003, c-14.556). (...) La acumulación de pretensiones de diversa materia, habilita a quien las incoa a optar por el tribunal competente en virtud de lo edictado por el principio dispositivo y lo preceptuado por el propio art. 120: ‘El demandante podrá acumular’”. Como sostiene Díaz, al estudiar el art. 341 de la ley 18.172 en integración con las disposiciones procesales de las leyes 18.099 y 18.251, en “Grupo de los miércoles - Cuarenta estudios sobre la legislación laboral uruguaya”, 342-343, citando a Loustaunau, de acuerdo a lo dispuesto por el art. 120 del C.G.P. es posible la acumulación en la misma demanda de pretensiones correspondientes a diversas materias, siempre que exista entre ellas relación de conexión. Esto en aplicación de los principios de economía procesal, continencia de la causa y coherencia interna del sistema judicial, “determinándose la competencia efectiva por la del Tribunal que elija el actor”. Teniendo presente lo expuesto, la decisión en primera instancia, por la cual se desestimó la excepción de incompetencia material resulta ajustada, por lo que, estos agravios no son de recibo. Tampoco comparte la Sala, los agravios formulados por esta recurrente, por el correcto tracto procesal dado al juicio laboral planteado en autos. Sabido es que por precepto constitucional las leyes fijaran el orden y formalidades de los juicios, habiéndose entendido que estamos ante una disposición de orden público. Al respecto, como ha sostenido esta Sala en anterior pronunciamiento, debemos partir de que la norma del art. 341 de la Ley Nº 18.172 es meramente atributiva de competencia, aun cuando no excluye el régimen general de ampliación competencial contenido en el art. 120 del C.G.P, ya que como ha establecido el T.A.C. de 6º Turno en sentencia Nº 343 de fecha 5.12.2007: “el alcance de la Ley es claro y no cabe realizar interpretaciones amplificadoras, acudiendo a la intención del legislador. Los antecedentes legislativos echan por tierra cualquier intento de trasladar los efectos del art. 341 al presente caso, en tanto la discusión parlamentaria deja en claro que los legisladores no tuvieron presente el instituto de los procesos acumulativos y la incidencia de la ley (Diario de Sesiones de la Cámara de Senadores, 26º Sesión Extraordinaria).-Y puesto que el art. 341, pudiendo hacerlo, no reguló el supuesto de los procesos acumulativos, no corresponde extender una solución que implica alterar la competencia inicialmente asignada, de conformidad con la previsión del art. 8 LOT." (Cfr. Klett, Hounie y Martínez, en "La Justicia Uruguaya", c. 15.831). Entonces, tratándose de un reclamo formulado para perseguir en juicio el cobro de diversos rubros laborales que se regulan en base a normas de Derecho Laboral Privado, en que la parte actora demanda a su empleadora directa Prodomus S.R.L. y como garante, en virtud de la responsabilidad establecida en las Leyes de Tercerización al Ministerio de Desarrollo Social y a la Administración Nacional de Telecomunicaciones, no habiendo duda en consecuencia que estamos ante un “asunto originado en un conflicto individual del trabajo”, por el mismo razonamiento, también se concluye que el proceso aplicable, no es otro que el proceso laboral ordinario previsto en la Ley Nº 18.572, en su actual redacción dada por la Ley Nº 18.847. Si bien puede admitirse que el punto de la competencia, no determina el procedimiento a aplicar, de todos modos, entendemos que el art. 341 de la Ley 18.172, cuando excluye a los casos en que sea parte una Administración Estatal, se limita a regular la competencia, pues a ello es a lo único que se refiere en el párrafo siguiente, no estableciendo absolutamente nada respecto del procedimiento. Y si de los antecedentes parlamentarios, no se desprende que se hubiere tenido presente el instituto de los procesos acumulativos, tampoco se desprende que hubieren considerado el procedimiento a seguir en estos casos, simplemente se desprende que se quiso sacar la competencia de la justicia laboral a los reclamos laborales contra la Administración Estatal, pero sin excluir el régimen general de ampliación competencial contenido en el art. 120 del C.G.P., ni tocar el procedimiento a aplicar para un reclamo originado en un conflicto individual de trabajo. Por ende, si la norma legal referida no establece nada, tampoco acerca del procedimiento, ni resulta de los antecedentes parlamentarios que se quiso comprenderlo, pues solo se refiere a la competencia cuando el demandado es el Estado, resulta aplicable plenamente la norma del art. 7 de la Ley Nº 18.572, que salvo para el caso de procesos especiales, preceptúa que para tramitar reclamos laborales los procesos aplicables son los que establece dicha ley y estamos en materia laboral porque es un asunto originado en un conflicto individual de trabajo, o sea, en la posición tradicional, aquel que tiene que ver con relaciones laborales que se rigen por el derecho laboral privado, excluyendo solo los funcionarios públicos que tienen un régimen estatutario de derecho público propio. Por otra parte, para definir el procedimiento, debe primar el conflicto principal, que es la relación entre el trabajador y su empleador directo, pues de lo contrario estaríamos generando una desigualdad entre trabajadores, privando a unos de poder gozar de la celeridad a la que apunta el nuevo proceso laboral abreviado. De ahí, que, a nuestro juicio, en caso de acumulación plurisubjetiva, como en el que nos ocupa, en que son codemandadas administraciones estatales como garantes, nada impide que el proceso laboral se tramite por la ley procesal especial que regula el procedimiento ordinario. En tal sentido se ha pronunciado la Sala Laboral de 3er Turno en sentencia Nº 136/2012: “El agravio no es de recibo. Y ello por cuanto respecto a la estructura aplicable la Sala ha sostenido en pronunciamientos anteriores, que entiende que en procesos como el de autos, en que el bien de la vida reclamado son créditos laborales derivados de la existencia de una relación laboral de derecho privado, son de aplicación las estructuras procesales previstas en la Ley 18.572 con independencia de los sujetos involucrados, conforme lo dispuesto en el art. 2 de la referida norma, posterior a la Ley 18.172, siendo que, desde la entrada en vigencia de la referida norma, lo dispuesto en el art. 341 de la Ley 18.172 solo puede eventualmente tener incidencia en la asignación de competencia, no en la estructura procesal aplicable.- Por lo expuesto, habiendo sido correcta la estructura procesal por la cual se tramitó el proceso que refiere a materia laboral procede confirmar la sentencia recurrida en cuanto desestimó la excepción de inadecuación del trámite procesal.-“ Todo lo que determina la desestimación estos agravios. III) Que también se agravia el codemandado MIDES por el correcto rechazo que hace la recurrida de la excepción de falta de legitimación pasiva, que se interpusiera argumentando que no fue empleadora de la trabajadora de marras, sino que lo era exclusivamente la empresa PRODUMUS S.R.L., que fue quien contratara a la trabajadora, le impartiera órdenes y abonara el salario. Es inconcuso y por ende indubitable, que tal argumentación es totalmente irrelevante en este juicio, puesto que como ya establecimos en el capítulo anterior, el Ministerio de Desarrollo Social no fue codemandado en ningún momento como empleador de la actora, como parece entender la agraviada, en un planteo totalmente divorciado de la realidad del presente juicio, sino exclusivamente como garante, en virtud de la responsabilidad que establecen las leyes 18.099 de 24 de enero de 2007 y 18.251 de 6 de enero de 2008, para cuando se tercerizan servicios, en el caso, de vigilancia, recurriendo a la figura de la subcontratación de PRODOMUS, la empleadora directa de la actora. Así, resulta con meridiana claridad, que en tal supuesto, el MIDES está plenamente legitimado para ser demandado y condenado en juicio, tal cual lo entendió el Sr. Juez de Primera Instancia, como empresa principal o usuaria y en el marco normativo de la Ley 18.251, atribuyéndole responsabilidad en tal sentido, siendo totalmente irrelevante que no haya participado en la contratación de la trabajadora reclamante, que no le diera órdenes y que no le abonara el salario, como alega en la contestación de la demanda e insiste en forma insólita en su apelación, cuando el rechazo de la excepción de falta de legitimación pasiva opuesta sobre tales erráticos fundamentos, fue acertadamente resuelto en el grado anterior. Que tampoco resultan de recibo los argumentos que pretende introducir el codemandado MIDES, en el nral. III de sus agravios a fs. 263-263 vto. por la condena al pago de licencia e indemnización por despido, ya que siquiera pueden ser considerados en esta instancia por la sencilla razón de que no se habían invocado en la contestación, lo que obsta a que puedan considerarse siquiera en la etapa de apelación de acuerdo al claro tenor de lo prevenido en el art. 257.2 del C.G.P. (cfr. “Revista Uruguaya de Derecho Procesal” N° 4/2005, c. 1200 y 1209; N° 2/2006, c. 978 y 984; N° 2/2007, c 1097, 1099 y 1104; N° 1-2/2009, c. 959 a 961; N° 1-2/2010, c. 1066). No resulta pertinente introducir al apelar cuestiones diversas a las tenidas en cuenta en la etapa de proposición que se ajustan al objeto del proceso previamente determinado, ya que no existe en el sistema nacional el “novum judicim” y el órgano de la apelación solo puede actuar dentro del material fáctico de la instancia anterior. En conceptos trasladables de Palacio (cf. “Tratado de Derecho Procesal Civil”, t. V., pág. 46), el ámbito de conocimiento de los tribunales de alzada está limitado por el contenido de las cuestiones propuestas a la decisión del inferior. Así, los tales agravios por la condena al pago de la licencia y la indemnización por despido, resultan extemporáneos por cuanto no se expusieron en el momento procesal oportuno. Por otra parte, el pago de la licencia debió acreditarse por medio idóneo, es decir con el correspondiente recibo de salario, lo que no fue agregado a estas actuaciones. En lo que hace a la indemnización por despido, más allá que el mismo ser verificó cuando la actora ya no prestaba servicios en el MIDES, resulta aplicable al caso concreto el criterio del devengamiento. Al respecto, cabe señalar que el art. 8 de la Ley 18.251, reza: “La responsabilidad queda limitada a las obligaciones devengadas durante el período de subcontratación, intermediación o suministro de mano de obra, por el personal comprendido en cualquiera de las modalidades de contratación referidas. Cuando se trate de obligaciones que se determinen en función de períodos mayores al de la subcontratación, intermediación o suministro, la cuantía máxima por la que responderá el patrono o el empresario principal o la empresa usuaria no podrá exceder el equivalente de lo que se hubiera devengado si los operarios trabajasen en forma directa para el mismo.” Tal como sostienen Rosenbaum y Castello, en posición que la Sala comparte, de acuerdo con lo establecido por el art. 8 de la Ley 18.251, “el criterio del “devengamiento” de los créditos laborales del trabajador implica dejar de lado la regla de la exigibilidad. Esto significa que lo debe mirarse no es el momento en que el crédito se tornó exigible, sino el de su nacimiento y desarrollo, aunque a veces ambos hechos coinciden temporalmente. En la práctica, este criterio puede no resultar de fácil aplicación, debiéndose examinar cada prestación o beneficio concreto y fraccionar el mismo en función del tiempo efectivamente trabajado bajo el régimen de intermediación o subcontratación…” (“Subcontratación e Intermediación Laboral”, pág. 176). Sobre el punto el T.A.T. de 3° Turno en Sentencia Nº DFA-0014-000251/2014 SEF-0014-000161/2014: “En efecto, conforme lo previsto por el artículo 8vo. de la Ley Nro. 18251 (que sustituye el inciso final del artículo 1º de la Ley Nro. 18099), “La responsabilidad queda limitada a las obligaciones devengadas durante el período de subcontratación, intermediación o suministro de mano de obra, por el personal comprendido en cualquiera de las modalidades de contratación referidas. Cuando se trate de obligaciones que se determinen en función de períodos mayores al de la subcontratación, intermediación o suministro, la cuantía máxima por la que responderá el patrono o el empresario principal o la empresa usuaria no podrá exceder el equivalente de lo que se hubiera devengado si los operarios trabajasen en forma directa para el mismo.”.- Sobre ello se expresa que: “La regla parece razonable, ya que la responsabilidad sólo puede surgir si hubo utilización o aprovechamiento del trabajo y por el tiempo que se verificó tal situación. Ello excluye toda posibilidad de reclamación contra la empresa principal o usuaria, por parte de trabajadores contratados por el intermediario, suministrador de mano de obra o subcontratista, que no hayan trabajado o intervenido directa y efectivamente en obras y servicios realizados a favor de la primera, extremo que deberá ser acreditado fehacientemente por el trabajador. El criterio del “devengamiento” de los créditos laborales del trabajador implica dejar de lado la regla de la exigibilidad. Esto significa que lo que debe mirarse no es el momento en que el crédito se tornó exigible, sino el de su nacimiento y desarrollo, aunque algunas veces ambos hechos coinciden temporalmente. En la práctica, este criterio puede no resultar de fácil aplicación, debiéndose examinar cada prestación o beneficio concreto y fraccionar el mismo en función del tiempo efectivamente trabajado bajo régimen de intermediación o subcontratación.” (…) “En todo caso, la cuantificación de cada crédito o prestación laboral siempre se deberá determinar tomando como base que la responsabilidad nunca podrá exceder el equivalente de los que se hubiera devengado si los obreros trabajasen en forma directa para el empresario principal, lo que llevará a hacer la ficción de que los créditos objeto de reclamo son solamente aquellos generados durante ese lapso.” (vide de los Dres. Jorge Rosenbaum y Alejandro Castello, op. Cit. Páginas 185 y 186).- En suma tal nuevo criterio del aludido “devengamiento” lleva en el caso, a determinar la condena al pago de la indemnización por despido atendiendo al período trabajado para la empresa comitente estableciendo el monto indemnizatorio equivalente por el mismo independientemente de que el trabajador haya estado vinculado para su empleador durante un período mayor.-“ En el caso, aplicando el criterio referido, no cabe más que concluir que la indemnización por despido se devengó en parte del período en que el actor se desempeñó en locales del MIDES, de allí la procedencia de la condena y el rechazo del agravio. En cuanto al porcentual del 10% de los rubros salariales fijado por concepto de daños y perjuicios preceptivos tampoco le asiste razón a la recurrente, pues resulta acorde cuando no se invoca ninguna carga familiar, sino que debe ponderarse exclusivamente el tiempo transcurrido, siguiendo el criterio establecido para estos casos por la jurisprudencia de alzada de las Salas Laborales y la Corporación (Cfr. sents. Nos. 91 del 18.3.92 y 277 del 18.10.93 del T.A.T. 1°, en "Anuario de Jurisprudencia Laboral", Año 1992, c. 426 y Año 1993, c. 238; sent. N° 142 del 28.6.93 del T.A.T. 2° en ob. cit., Año 1993, c. 240; sent. N° 11 del 25.4.97 del T.A.T. 3° en ob. cit., Años 1996-1997, c. 479; sent. N° 155 de la S.C.J. en ob. cit., Año 2000, c. 296; SEF-0012-000350 del T.A.T. 1° en ob. cit. Año 2013, c. 181, etc.). IV) En lo que refiere a los agravios expresados por la codemandada ANTEL por la condena al pago de indemnización por despido, multa y daños y perjuicios por el alcance material de la responsabilidad atribuida en las leyes de tercerizaciones, la Sala manteniendo la posición asumida en casos similares al presente, entiende que, no resulta compartible la interpretación restrictiva postulada por esta recurrente, limitada a los rubros de naturaleza salarial, la que, no se compadece con el texto legal. El art. 1º de la ley 18.099 y el art. 7 de la ley 18.251, refieren a la responsabilidad de la empresa principal por “obligaciones laborales”, sin realizar distinción alguna entre rubros salariales e indemnizatorios, y donde no distingue la ley no debe hacerlo el intérprete. A diferencia del régimen de la ley 10.449, que restringía dicha responsabilidad al ámbito salarial y más concretamente a los salarios mínimos, el régimen legal vigente en materia de tercerizaciones, “abarca a todas las obligaciones laborales, cualquiera sea su naturaleza específica (salarial o indemnizatoria) e inclusive, involucra no solamente las obligaciones de dar, sino también las obligaciones de hacer (como por ejemplo la obligación de seguridad de la que es deudor el empleador frente a sus dependientes),” como sostienen Garmendia y Gauthier, en “Tercerizaciones nuevo régimen legal - Leyes Nº 18.099 y Nº 18.251.”, pág. 107, el art. 7º de la ley 18.251, norma de notoria amplitud en este sentido. Como ha señalado reiteradamente esta Sala, siguiendo la doctrina y jurisprudencia más recibidas, las Leyes Nos. 18.099 y 18.251, implantaron un sistema de responsabilidad que abarca a todas las obligaciones laborales sin distinción, por lo que, comprende tanto las obligaciones salariales como indemnizatorias, entre las que se halla la indemnización por despido, la multa y los daños y perjuicios preceptivos. Cabe tener presente que el art. 7 de la Ley 18.251, define a las obligaciones laborales alcanzadas por la responsabilidad como aquellas derivadas de la relación de trabajo que surgen, entre otras, de las normas internacionales ratificadas y leyes, por lo que, por lo que, siendo la indemnización por despido, la multa y los daños y perjuicios preceptivos obligaciones laborales consagradas legalmente (Ley 10.570, art. 29 de la Ley 18.572, art. 4 de la Ley 10.449) y siendo consecuencia natural de la finalización de la relación laboral por decisión unilateral del empleador y de los incumplimientos constatados, los mismos se encuentran comprendidos en el presupuesto de hecho de la norma. En efecto, el art. 7 de la Ley 18.251 establece: “(Alcance de la responsabilidad de la empresa principal).- Las obligaciones laborales a que refiere el inciso primero del artículo 1º de la Ley Nº 18.099, de 24 de enero de 2007, comprenden aquellas derivadas de la relación de trabajo que surgen de las normas internacionales ratificadas, leyes, decretos, laudos o decisiones de los Consejos de Salarios, o de los convenios colectivos registrados o de la información que surja de la documentación a la que refiere el literal D) del artículo 4º de la presente ley, así como el deber del patrono o empresario principal de colaborar en la aplicación de las medidas previstas en el artículo 1º de la Ley Nº 5.032, de 21 de julio de 1914, sus decretos reglamentarios y convenios internacionales del trabajo vigentes.” “Las obligaciones previsionales respecto del trabajador contratado comprenden las contribuciones especiales de seguridad social (patronales y personales), excluyendo las multas, los recargos, los impuestos y adicionales recaudados por los organismos de seguridad social. Tampoco están comprendidas las sanciones administrativas por concepto de infracciones a las normas laborales, las que se regularán en función del grado de responsabilidad que a cada empresa corresponda por el incumplimiento.” Es decir, que como lo señalan Garmendia y Gauthier (ob. cit. pág. 128 y ss.): “resulta muy claro que la vocación del legislador fue otorgarle a las normas un alcance extremadamente amplio, dentro del que quedan incluidas, tanto las obligaciones laborales de dar, como las de hacer … La extensa puntualización que realiza este artículo 7º de la ley Nº 18.251, deja bien clara la vocación omnicomprensiva que inspiró al legislador. Se trata, como puede apreciarse, de una enumeración bastante pormenorizada de fuentes normativas del derecho del Trabajo” (ob. cit pág. 130). Por tanto, el alcance objetivo de la responsabilidad no ha sido restringido, como lo sostienen las codemandadas, por lo que, ninguna obligación laboral se encuentra excluida. En este sentido, el Colegiado, comparte el criterio de la Sala Laboral de 1er. Turno, cuando señala lo siguiente: “Surge de la exposición de motivos que el objetivo de la reforma – que finalmente se plasmó en la ley 18.251 – siguió siendo la protección del trabajador por lo que corresponde deducir que también en este caso, la disposición deber ser interpretada en sentido protector (Racciatti, Octavio. “La ley 18.251: el retorno a la responsabilidad subsidiaria en las relaciones de trabajo triangulares” en revista Derecho Laboral n. 229 pág. 165).- En consecuencia y por cuanto viene de decirse, el doble designio de la reglamentación de la tercerización – la protección del trabajador que reclama el art. 53 de la Constitución al tiempo de la admisión de las nuevas formas de organización de la actividad empresarial que involucran trabajo – conduce a afirmar que toda la interpretación debe apuntar también, a la tutela de quien presta el trabajo. Aunque ello conlleve la reformulación de algunos conceptos clásicos – como el de empleador – así como a la interpretación estricta de las situaciones de exclusión de la responsabilidad laboral ampliada. Ello por cuanto las modalidades de responsabilidad laboral ampliada constituyen técnicas de desigualdad compensatoria.- También aporta una perspectiva interpretativa, la Recomendación n. 198 de OIT por cuanto obedece a la solución normativa de la comunidad internacional como alternativa a la aprobación de un convenio internacional de trabajo sobre descentralización empresarial. Este instrumento recomienda a los estados a “…adoptar medidas aplicables a todas las formas de acuerdos contractuales incluidas las que vinculan a varias partes, de modo que los trabajadores asalariados tengan la protección a la que tienen derecho”. Y agrega que “la interpretación de la legislación debería ser compatible con los objetivos del trabajo decente y la protección de los trabajadores en su condición de ser la esencia del mandato de la OIT, de conformidad con los principios de la Declaración de principio y derechos fundamentales en el trabajo de 1998”.- Por lo que no puede caber duda de que aún en el caso de la ley 18.251, la interpretación debe hacerse desde la perspectiva de protección del trabajador. … En definitiva, el principio protector que informa el sistema legal de la tercerización en Uruguay, no admite la interpretación restrictiva de la tutela del trabajador y sus créditos laborales.” (cfr. DFA-0012-000036/2019 SEF-0012-000022/2019). Cabe agregar, que precisamente lo que genera los daños y perjuicios preceptivos, es el no pago de rubros salariales (art. 4º ley 10.449). Y la multa es por “la omisión de pago de los créditos laborales” (art. 29 de la ley 18.572), por lo tanto, más allá de su naturaleza punitiva, la multa también constituye una obligación laboral, aun cuando sea de carácter accesorio. De manera que, entonces, conforme a la norma referida, las únicas multas excluidas son las aplicadas por “organismos de seguridad social” y no la multa prevista por el art. 29 de la ley 18.572 que precisamente constituye una “obligación laboral” derivada de “la omisión de pago de los créditos laborales”, o sea, obligación “derivadas de la relación de trabajo que surgen de…leyes”. Demás está decir que la multa del art. 29 de la Ley 18.572 tampoco ingresa en el concepto de “sanciones administrativas por concepto de infracciones a las normas laborales”. Por ende, dado que la indemnización por despido, la multa y los daños y perjuicios preceptivos, constituyen obligaciones laborales derivadas de la relación laboral y establecidas por ley, en el caso concreto, ANTEL y MIDES, responderán como garantes de todos los rubros derivados de la relación laboral que vinculaba a la actora, con la codemandada empresa Prodomus S.R.L., por lo que, habrá de confirmarse lo resuelto al respecto, en el grado anterior. V) Pasando a considerar los agravios sobre el carácter solidario (en vez de subsidiario) de la responsabilidad atribuida en la resistida, la recurrente ANTEL afirma haber dado cumplimiento al derecho de información y que, a su criterio, la sentencia de primera instancia realizó en tal sentido, una errónea valoración probatoria. Es sabido que, el art. 6º de la ley 18.251 hace depender la naturaleza de dicha responsabilidad, de la circunstancia de haber ejercido el derecho a ser informada. Rosenbaum y Castello al estudiar el punto en “Subcontratación e intermediación laboral- Estudio de las leyes 18.099 y 18.251”, págs. 155-159, sostienen -sin dejar de reconocer su opinabilidad-, que para que sea procedente la aplicación de la responsabilidad laboral subsidiaria, la empresa principal o usuaria deberá no solamente requerir la exhibición o presentación de la documentación referida en el art. 4º de la ley 18.251, sino demostrar que ha realizado un examen razonable, un control de la misma. Afirman los destacados autores, que el fundamento para transformar la responsabilidad laboral solidaria en subsidiaria, radica en que la empresa principal demuestre haber actuado con la diligencia de un buen hombre de negocios en la elección y mantenimiento de sus proveedores de obras, servicios o mano de obra. “...En tal sentido no obraría diligentemente si de la documentación exhibida por estos últimos se desprendiese que existen irregularidades fácilmente constatables, las cuales pasaron inadvertidas para la empresa principal por haberse limitado a requerir la documentación, sin haber realizado un estudio o examen normal o razonable de la misma”... Será carga de la empresa principal, demostrar que ejerció su derecho a ser informada sobre el estado de cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales, lo cual implica además de aportar los documentos mencionados en la ley, haber realizado de ser necesario para el ejercicio de ese control, determinadas gestiones, tales como intimaciones de presentación de documentación, de regularizar su situación, o que haya rescindido el contrato civil o comercial a causa del incumplimiento. El derecho de información debe de ser ejercido con la periodicidad y frecuencia adecuada al principio de razonabilidad a fin de que se repute cumplido el requisito, ya que la finalidad de la ley es mejorar la posición de la empresa que demuestre haber actuado diligentemente en el ejercicio de su derecho de información de forma regular y permanente, conforme al principio de razonabilidad. Se entiende, que para responder subsidiariamente, la empresa principal debe exigir a la tercerizada la exhibición de: A) Declaración nominada de historia laboral (Artículo 87 de la Ley No. 16.713, de 3 de setiembre de 1995) y recibo de pago de cotización es al organismo previsional; B) Certificado que acredite situación regular de pago de las contribuciones a la seguridad social a la entidad previsional que corresponda (Artículo 663 de la Ley No. 16.170, de 28 de diciembre de 1990); C) Constancia del Banco de Seguros del Estado que acredite la existencia del seguro de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales; D) Planilla de control de trabajo, recibos de haberes salariales y, en su caso, convenio colectivo aplicable (art. 4 de la Ley 18.251). Y proceder a su control. En el sub lite, se entiende, que ANTEL no cumplió razonablemente, con los controles referidos, de acuerdo con lo expresado precedentemente, resultando compartible la argumentación de la recurrida del nral. 59 de la recurrida (fs. 252), siendo que, luego de ponderar el cumplimiento del derecho de información de la empresa principal conforme a lo dispuesto en el art. 4º de la ley 18.281 y de considerar la prueba documental aportada por dicha codemandada, a la que refiere expresamente, concluye, en forma fundada que ANTEL, no dio cabal cumplimiento al derecho de información. Consecuentemente, tampoco los agravios en el punto objeto de apelación no son de recibo, y habrá de confirmarse el carácter solidario de la responsabilidad atribuida a esta codemandada. VI) Que tampoco resultan de recibo los agravios expuestos por MIDES, por no haberse expedido la recurrida sobre los descuentos legales, condenando en montos nominales. Así, sobre los descuentos legales (Aporte Jubilatorio, FONASA, FRL e IRPF), esta Sala ha sostenido reiteradamente, que los mismos no constituyen créditos laborales, por lo que, no debe expedirse la Justicia del Trabajo, entendiendo que se trata de un tema administrativo no correspondiendo determinar su monto en las sentencias, para lo cual incluso se carecería de elementos. No obstante, no es menos cierto, que el empleador debe efectuar las retenciones de los descuentos legales para realizar las aportaciones correspondientes a los organismos tributarios y previsionales, pues por disposición legal como agente de retención es solidariamente responsable, aún cuando haya cesado la relación laboral, lo que lógicamente debe efectuar al momento del pago. Vale decir que, aunque la sentencia no lo indique –en virtud de las consideraciones antes expuestas-, las retenciones deben efectuarse, pues de no hacerse, las partes incurrían en responsabilidad por imperio legal (Sentencia N° 381/2018). Como ha establecido la Suprema Corte de Justicia en sentencia Nº 193/2015, de acuerdo con el principio de legalidad que rige en materia tributaria y conforme lo dispuesto en el artículo 24 del Código Tributario, la configuración del tributo y la existencia de la obligación tributaria se verifican con el mero acaecimiento del supuesto fáctico que constituye el hecho generador del tributo de que se trate. Por ello, determinado judicialmente un crédito laboral, las eventuales responsabilidades y deberes tributarios a que refiere la parte recurrente operarán con independencia de su consignación en el fallo judicial de que se trate. En ese mismo sentido, se señaló en certero estudio sobre el punto: “(…) el hecho, causa o título que justifica la obligación tributaria se encuentra previsto exclusivamente en la ley, lo que deriva del principio de legalidad (arts. 7, 10 y 85 numerales 4º y 9º y 87, Constitución y en el art. 2 del CT). Ello se resume en que la existencia, estructura y cuantía de la obligación tributaria es una actividad reglada que excluye la posibilidad de actuación discrecional y veda a los particulares su afectación, por imperio expreso del art. 14 inc. 3 del CT. “Acaecido en el mundo fenoménico el supuesto de hecho hipotéticamente establecido en la norma, se deriva (relación de causalidad) el nacimiento de una obligación. La sentencia estimatoria de la pretensión en el proceso laboral “declara” la pertinencia de determinados rubros y “condena” a su efectivo pago. Acertados estos aspectos, procederá (según lo dispongan las normas tributarias aplicables), el pago de los tributos que correspondan” (Rodolfo Saldain y Gonzalo Martínez, “Sentencia de condena líquida y obligaciones laborales”, en Revista CADE Profesionales y Empresas, Tomo XXII, Octubre 2013, pág. 58). Los autores citados agregan un argumento adicional, relativo a la no competencia de la Justicia laboral. En tal sentido, señalaron, con acierto, que cuando el artículo 2 de la ley 18.572 define la competencia material de los tribunales de la jurisdicción laboral, recurre a la consabida definición de “asuntos originados en conflictos individuales de trabajo”. Y, en términos que se comparten, expresaron que: “(…) las contribuciones especiales de seguridad social (art. 153 ley Nº 16.713 o su equivalente en sectores de afiliación no BPS), la aportación al fondo nacional de salud (art. 61 ley Nº 18.211) y el impuesto a la renta de las personas físicas (art. 8 de la ley Nº 18.083), tienen naturaleza tributaria, por lo que no ingresan en aquella definición. En todos los casos el sujeto activo de la relación jurídico – obligacional tributaria, es una persona jurídica estatal (según el caso). “En consecuencia, un eventual conflicto sobre tales aspectos excede la competencia material de la jurisdicción laboral, ya que de otro modo se estaría disponiendo de créditos de un sujeto (persona jurídica pública) que ni siquiera fue parte del proceso. “Ello es congruente con la propia sistemática de la ley Nº 18.572 y modificativa (ley Nº 18.847), cuando expresa que la demanda deberá contener “la liquidación detallada de cada uno de los rubros reclamados”, incluyendo: a) el cálculo de la multa prevista en el art. 29 de la ley , b) el cálculo de la actualización monetaria de acuerdo al decreto–ley Nº 14.500, c) los intereses legales calculados desde la fecha de la exigibilidad de cada uno de los créditos, d) los daños y perjuicios preceptivos del art. 4 de la ley Nº 10.449. “Véase que no se exige (en la liquidación inicial) la detracción de los créditos tributarios, lo que es lógico, pues ello surge de otras normas de rango legal; aspecto ajeno al conflicto individual de trabajo…” (obra citada, pág. 59). En virtud de lo que viene de expresarse, en principio, los fallos condenatorios deben ser en sumas nominales, pero esto no implica que en una suerte de defraudación tributaria se exonere a las partes de la relación laboral de hacer las retenciones y aportes correspondientes, conforme establecen las normas tributarias y previsionales. De acuerdo con lo expuesto, la confirmatoria se impone. VII) No se establecerá especial imposición de costas y costos en el grado. Por tales fundamentos, disposiciones legales citadas, arts. 17 y 18 de la Ley N° 18.572 del 13.9.2009, arts. 6 y 7 de la Ley N° 18.847 del 15.11.2011 y concordantes, el Tribunal, FALLA: CONFÍRMASE LA SENTENCIA APELADA. SIN ESPECIAL IMPOSICIÓN DE COSTOS Y COSTAS EN EL GRADO. HONORARIOS FICTOS: CINCO BASES DE PRESTACIONES Y CONTRIBUCIONES. NOTIFÍQUESE ELECTRÓNICAMENTE Y DEVUÉLVASE. DRA. SYLVIA DE CAMILLI HERMIDA. MINISTRA PRESIDENTE DRA. MÓNICA IVANOVICH OUJO MINISTRA DR. ADOLFO FERNÁNDEZ DE LA VEGA MÉNDEZ MINISTRO ESC. VERÓNICA LAMELA SANTURIO SECRETARIA LETRADA