Sentencia Definitiva N° 213/2025

SENTENCIA DEFINITIVA TRIBUNAL DE APELACIONES DEL TRABAJO DE PRIMER TURNO. Ministra Redactora: Dra. Ana Karina Martínez Larrosa. Ministros Firmantes: Dra. Gabriela Rodriguez Fagián, Dr. Julio Alfredo Posada Xavier, Dra. Ana Karina Martínez Larrosa. VISTOS: Para sentencia definitiva de segunda instancia estos autos caratulados: “RODRIGUEZ ACUÑA, LUIS c/ CHAMERY SOCIEDAD ANONIMA – PROCESO LABORAL ORDINARIO (LEY 18.572)”, IUE: 2-123777/2023, venidos a conocimiento de esta Sala en virtud del recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia definitiva No. 423/2025 (numerada como interlocutoria), dictada el 9 de junio de 2025 por la Sra. Jueza Letrada de Primera Instancia de Pando de 5º turno, Dra. Rossana Re Fraschini Benítez. RESULTANDO: 1.- Por el referido pronunciamiento, obrante a fojas 298 a 310, a cuya relación de antecedentes cabe remitirse, se hizo lugar a la demanda, condenando a la demandada a pagar a la parte actora los rubros y montos liquidados en el Considerando V, con reajustes e intereses desde su exigibilidad hasta su efectivo pago. Condenó a la demandada en costas, sin especial condenación en costos. 2.- A fojas 313 a 315 consta recurso de apelación introducido por la parte demandada, agraviándose por: -el amparo de las diferencias de salario por diferencia de categoría, - la condena al pago de indemnización por despido, al categorizar al actor como trabajador permanente, y – la condena al pago de jornales caídos. 3.- Conferido traslado del recurso, lo evacuó en tiempo y forma la contraparte, en escrito de fojas 318-319, abogando por la confirmatoria del fallo. 4.- Por auto 625/2025, del 12/8/2025, se franqueó la alzada, recibiéndose los autos en este Tribunal el día 22/8/2025. Seguidamente se fijó fecha de acuerdo y pasaron los autos a estudio de los Sres. Ministros, de conformidad a lo dispuesto en el art. 17 de la Ley No. 18.572, practicándose en forma sucesiva, por carecer de medios técnicos apropiados para cumplir el estudio simultáneo previsto en la ley. 5.- Acordada sentencia, se procede a su dictado. CONSIDERANDO: 1.- Por la voluntad unánime de sus integrantes naturales, la Sala confirmará parcialmente la sentencia recurrida, revocándola en los aspectos y por los fundamentos, que se expondrán a continuación. 2.- En autos tramita el reclamo del Sr. Luis Rodriguez Acuña contra Chamery S.A., empresa constructora, expresando que fue contratado por ésta para desempeñarse como peón práctico en las obras que la demandada estaba realizando en el predio empadronado en Canelones con No. 59.888, en Barrio La Juana, Barros Blancos. Señaló que a los pocos días de ingresar se le ordenó realizar tareas de mayor responsabilidad y destreza y maniobrar herramientas eléctricas, tareas propias de la categoría “Medio Oficial”. Lo que continuó hasta su egreso. Sufrió accidente laboral, realizando tratamiento y rehabilitación, reintegrándose a sus tareas habituales el 12 de junio de 2023. El 29 de setiembre de 2023 fue despedido. Reclamó en autos diferencias de salario por diferencia de categoría, jornales perdidos por despido en período de estabilidad, indemnización por despido común, daños y perjuicios y multa. La empresa demandada contestó negando que el accionante desempeñara tareas de medio oficial, diciendo que era peón práctico y trabajaba en la cuadrilla de colocación de mallas. Señaló que el actor falló en la carga de la afirmación pues no describió las tareas de mayor responsabilidad que supuestamente hizo. Afirmó que el egreso se produjo en razón del avance de obra, habiendo sido contratado para obra determinada. En la misma fecha se desvincularon otros trabajadores, un total de 100, ajustando el personal a las necesidades de la obra en ese momento. Por lo que el reclamo de indemnización por despido es improcedente, y también el reclamo por el período de estabilidad. La sentencia definitiva dictada resolvió la controversia condenando a la demandada al pago de todos los rubros reclamados, por lo que recurrió en apelación la parte demandada, invocando los agravios que a continuación serán analizados. 3.- El primer agravio del recurrente proviene del acogimiento y condena al pago de diferencias salariales por diferencia de categoría. En tanto la sentencia fundamentó el reconocimiento de la categoría Medio Oficial en el uso de herramientas eléctricas por parte del actor, la parte recurrente analiza la prueba testimonial a fin de demostrar que dicho uso fue puntual, no obligatorio y bajo supervisión del encargado de la cuadrilla. Además de señalar la falla del actor en su carga de la afirmación, por lo que entiende que no debió acogerse el rubro. La Sala comparte con el recurrente que los defectos en la sustanciación de la demanda son importantes, al punto de impedir la consideración de la diferencia de categoría alegada al demandar. Véase que el accionante nunca describió cuáles eran las tareas que puntualmente realizaba a diario, en qué sector de la obra las hacía, y señaló como único argumento para sustentar la diferencia de categoría el uso de herramientas eléctricas, pero sin puntualizar qué tareas desarrollaba con esas herramientas. En este escenario, no son los testigos los que pueden introducir hechos omitidos por la parte. Debió haber proporcionado la descripción de tareas que define a cada una de las categorías en pugna, la de peón práctico y la de medio oficial, a efectos de realizar la comparación pertinente. Incluso omitió indicar cuál es la especialidad de medio oficial a la que supuestamente pertenecía. Ello por cuanto, en el sector albañilería donde se desempeñaba el actor, existen tres cargos de medio oficiales: medio oficial albañil, medio oficial armador hierro (ambos dentro de las categorías del sector V y remuneradas con el mismo salario), y medio oficial armador madera, identificado con la categoría VI (Conforme: Rodolfo Canabal, “Construcción Régimen Laboral y de la Seguridad Social”, FCU, 4ª. Edic, setiembre 2010, pág. 123 y 124). El medio oficial armador madera recibe una remuneración mayor que la fijada para las otras dos especialidades de medio oficial. Si nos atenemos al salario o jornal que el accionante pretende por el año 2023 ($ 256,68 por hora), y lo comparamos con los salarios que surgen de los laudos incorporados, se advierte que la categoría remunerada con ese monto de jornal es la VI (fs. 192 vto.), que como se dijo corresponde al medio oficial armador madera. En tanto, la categoría peón práctico, en la que formalmente revestía el actor, es la IV, siendo remunerada con un jornal de $ 219,16. Por tanto, el Sr. Rodríguez reclamó, en definitiva, el salario del medio Oficial madera, sin brindar ninguna explicación al respecto, ni justificar el derecho a percibir dicha remuneración. Máxime cuando algunos testigos, e incluso la demandada en su contestación, refirieron a un desempeño del actor en el sector herrería o mallas, aparentemente torneando alambres, perforando la platea, pinchando las varillas y atando las mallas, colocando moldes (Gerez a fs 232, Márquez a fs 233, Barboza a fs. 234, Lamas a fs 235). Todos los testigos lo asocian, pues, a la realización de tareas dentro del sector de herrería, por lo que en todo caso debió reclamar el salario del medio oficial herrero (categoría V), y no el de medio oficial armador madera, con una remuneración mayor. En suma, la demanda está muy mal sustanciada, y por ello no pudo ser amparada la diferencia de categoría, aun cuando haya podido demostrar que utilizó herramientas eléctricas, que no está previsto sean utilizadas por el peón práctico en la descripción acompañada. Lo impide la carga de la sustanciación incumplida, además de advertirse el reclamo de un salario que corresponde a una especialidad de medio oficial que no pudo haber desempeñado. 4.- En segundo lugar, se agravió la demandada por su condena a abonar indemnización por despido común. La recurrida fundó dicha condena en el hecho de que la empresa no probó que la vinculación con el actor era para una obra determinada. Pues bien, la Sala no coincide con esta apreciación de la distinguida magistrada a-quo. Ya en la demanda el accionante señaló haber sido contratado como peón práctico para desempeñarse “en las obras” que estaba realizando la demandada en el predio padrón No. 59.888 de Canelones, Camino de Los Aromos y Camino Ventura, Barrio La Juana (fs. 15 y vto.). Si bien utiliza el plural, luego identifica una sola obra, la existente en el padrón individualizado. Por otra parte, los testigos relataron que la obra en la que trabajaban junto al actor, y que denominaron “La Juana” era una, y consistía en la construcción de unas 170 viviendas aproximadamente, constituyendo un barrio privado (Gérez a fs 232, Márquez a fs 233, Barboza a fs 234-235, Lamas a fs 235 y García a fs 236-237). También debe atenderse a que lo usual en el rubro o sector de la construcción es la contratación para obra determinada. Las reglas de la experiencia indican que la enorme mayoría de trabajadores del sector son contratados para obra determinada, por las características propias de la actividad. Entonces, si bien generalmente se pretende el requisito probatorio del contrato escrito, no puede desatenderse la realidad plasmada en los términos de la demanda y la contestación, y en las declaraciones testimoniales recabadas. El actor no dijo ser trabajador permanente de la empresa, ni invocó su desempeño en otras obras de la misma, ni tener siquiera la expectativa de continuar trabajando para la demandada una vez finalizada la obra La Juana. Por tanto, el tipo de contratación, para obra determinada, o con plazo incierto, resulta incompatible con el derecho a percibir indemnización por despido. La empresa empleadora invocó el cese por cumplimiento de la circunstancia prevista, la finalización de la obra, puntualmente referida a las tareas de la categoría del actor necesarias a esa altura del desarrollo de la obra para la que fue contratado. Y si ello no fuera cierto (en el caso veremos que no lo fue) lo que se produce es una ruptura ante tempus del contrato para obra determinada, que en todo caso genera el derecho del trabajador a ser indemnizado en los daños y perjuicios que ello le genera. Esto se traduce en la práctica en el pago de la remuneración que habría percibido hasta la finalización de la obra o hasta que ya no se requirieran en la misma las tareas de su categoría. Conforme: Sentencia No. 286/2020 de esta Sala con anterior integración. Sin embargo, el actor no reclamó dichos daños y perjuicios sino una indemnización por despido, por lo que no existiendo despido, habrá de revocarse la condena a abonar indemnización por esa causa. 5.- Por último, argumentó la recurrente que tampoco tenía derecho el actor al período de estabilidad consagrado en el artículo 69 de la ley 16.074, por lo que carece del derecho a indemnización alguna. Lo que implica que también se agravió por la condena a abonar jornales caídos. En este aspecto, la Sala tiene posición en torno a que la calidad de trabajador contratado con plazo indeterminado o indefinido, y que no tiene derecho a cobrar Ipd (como el trabajador para obra determinada) no implica que no tenga derecho a los jornales caídos que derivan de su desvinculación durante el plazo de estabilidad consagrado en el artículo 69 de la ley 16.074 a favor del trabajador accidentado luego de su reintegro al trabajo. Como señaló este Tribunal en la Sentencia No. 233/2024 (en BJN), en caso similar relativo a una trabajadora jornalera con contrato a plazo indeterminado que no computaba 100 jornales trabajados, en términos que resultan enteramente aplicables al sub exámine: “En opinión del Cuerpo, no le asiste razón a la impugnante y ello, porque si el empleador viola la prohibición de despedir o de desvincular al trabajador disponiendo su cese dentro de los 180 días posteriores a su readmisión tal como ocurrió en el sublite, ese despido o cese en contravención con la disposición legal y, por consecuencia, ilegítimo tal como lo sostuvo esta Sala con otra integración, debe reputarse nulo, “por lo que el mismo no existirá y en ese tiempo que la ley establece igualmente se generará derecho a percibir el salario” (Cfme. Sentencia Nº 202/2009 en ADL 2009, caso 226). Es decir, aunque no se genere derecho a percibir la indemnización por despido, se generará igualmente derecho a que el trabajador de que se trate -en este caso la actora- sea indemnizada con el pago de los jornales que hubiera percibido durante ese período en que la ley asegura su ingreso salarial. Claramente hay una desvinculación unilateral por parte de la empleadora, que consecuentemente determina la obligación de pago de la correspondiente indemnización por despido, a la que se acumula el pago de los jornales caídos. Y si como ocurrió en la especie, la trabajadora estaba en el período de carencia y aún no había computado los jornales necesarios para tener derecho al pago del despido, no le corresponderá la indemnización por despido, pero sí la indemnización en los jornales caídos. En el mismo sentido Héctor Babace analizando la situación de los jornaleros en período de carencia -al igual que la actora- en relación a la protección consagrada en el artículo 69 de la ley 16.074 afirmaba, que “A nuestro criterio no es de recibo la vinculación que se hace de inexistencia de derecho a la IPD con no aplicación de protección del artículo 69”, concluyendo, que la solución en estos casos de negar a esta clase de trabajadores la protección de la ley, es la de interpretar la ley “contra su finalidad” (Cfme. Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales”, segunda edición, octubre de 2005, FC, página 156 y 157). Justamente la situación de indiscutible vulnerabilidad en la que se encuentra el trabajador accidentado, reclama una solución flexible y fundamentalmente protectora del trabajador, privilegiando la solución que mejor contemple la tutela efectiva de sus derechos sustanciales como establece el artículo 1º de la ley 18.572. En este sentido se comparte lo sostenido por el Tribunal de Apelaciones de 3º Turno en sentencia 238/2023 (en BJN), en la cual sostuvo que “La tutela del trabajador accidentado, ha de ser, por su mayor vulnerabilidad, más intensa en cuanto a la aplicación e interpretación de los mecanismos tuitivos del empleado en esa situación. Por aplicación del principio protector de rango constitucional, artículos 23 y 24 de la Constitución y por la desigualdad compensatoria justificada en favor de la parte más vulnerable de la relación laboral. No puede afirmarse a juicio de este Colegiado que, por estar contratado bajo modalidad de contrato con plazo, un trabajador pierda toda tutela especial y posibilidad de percibir algún tipo de indemnización ante la hipótesis de accidente regulada en la Ley 16.074. O ante su despido el artículo 69 de la Ley debe ser interpretado en el contexto de las restantes normas y principios del derecho del trabajo, que marcan la excepcionalidad del contrato a prueba frente a los contratos de duración indefinida que son la regla. El artículo 69 Ley 16.074, no distingue el universo de sujetos comprendido en la norma según el plazo o modalidad del contrato, sino que consagra la prohibición de despedir y un plazo de carencia de 180 días para el trabajador que se reintegra luego del alta”. Aplicados estos criterios interpretativos a la circunstancia del accionante de autos, ha de reconocérsele el derecho a la estabilidad legal post accidente laboral, salvo que se configure la causal de cese prevista contractualmente. Lo que ocurre es que el fin de la obra, o en su caso de las tareas propias de la categoría del trabajador accidentado debido al avance de la misma, prima sobre el período de estabilidad consagrado en la ley, pues si naturalmente no hay más trabajo para darle, no es posible asegurarle el período de 180 dias de trabajo. Pero para que ello ocurra, el empleador debe acreditar que en verdad el cese obedeció a esa circunstancia, que configura la causa pactada para el término del contrato de trabajo. En la especie, la empleadora no logró demostrar “el avance de obra” con el que justificó el cese del Sr. Luis Rodriguez en fecha 30/9/2023. Si bien resultó acreditado el cese masivo de trabajadores en importante número en la misma fecha o el mismo mes (bajas incorporadas a fojas 41 a 147, informe de BPS a fs. 277), ello no indica necesariamente tener por probado el avance de obra que justificara el cese del actor. Y es que la demandada omitió todo detalle acerca de la obra, y mas aun del estado de la misma a la fecha de cese del trabajador. No consta una descripción acerca de en qué consistía la obra para la que fue contratado Rodríguez, ni se agregó un “cronograma de obra”, ni se precisó qué avance presentaba al 30/9/2023, no se dijo cuántos trabajadores continuaron en ella, ni de qué categorías. Tampoco se ofreció la declaración del arquitecto responsable de la obra. Todo lo cual configura una clara omisión en la carga de la controversia y de la prueba. El cese masivo de trabajadores puede ser un indicador de avance de obra, pero también puede deberse a otros motivos. Y en el caso los testimonios aluden a problemas económicos que enfrentaba la empresa como determinantes de tales egresos. Gustavo Márquez declaró que “En la primera tanda que echaron a 100 ó 150 personas, fuimos al seguro de desempleo, decían que no había plata. … La obra siguió dos o tres meses y después la cerraron, está parada, supuestamente porque no hay plata” (fs. 233). Jorge Barboza, por su parte, señaló: “Creo que nos echaron a los dos el mismo día, fue un viernes. A mi cuando me despidieron, me dijeron que rescindían mi contrato, había trabajo como para tres años más. Habían 271 casas para hacer en la primera etapa. Cuando me despidieron creo que habían 90 ó 92 casas. … Creo que fueron 6 meses más de trabajo y después cerraron la obra por falta de dinero según me comentaron” (fs. 234-235). También Adrian Lamas refirió que “fuimos desvinculados como 200 personas, por falta de dinero” (fs. 236). E incluso el testigo propuesto por la demandada, el capataz Juan de Dios García, atribuyó el cese del actor a “la reducción de personal porque la empresa no costeaba los gastos”. Indicó que el proyecto era de 170 casas y a la fecha de la desvinculación se llevarían hechas unas 100 casas, se continuó la obra con el personal que quedaba hasta abril en que la empresa dio quiebra (fs. 237). En este escenario, las dificultades económicas y posterior quiebra o concurso de la demandada, faltando la construcción de muchas unidades para terminar la obra, permiten concluir que el cese del actor no se debió al avance de obra sino a un problema de costos. No habiendo cesado el contrato por su causa natural, y no respetándose el período de estabilidad posterior al reintegro luego de accidente de trabajo, corresponde mantener la condena al pago de jornales caídos. 6.- Las costas del grado serán de cargo de la demandada, no existiendo mérito para la imposición de condena en costos (arts 56.1 y 261 del CGP y 688 del C. Civil). Por los fundamentos expuestos, las normas legales citadas y lo establecido en los arts. 197, 198 y 344 del CGP y art. 17 de la Ley 18.572 en la redacción dada por el art. 6 de la ley 18.847, EL TRIBUNAL FALLA: CONFIRMASE LA SENTENCIA DEFINITIVA APELADA, SALVO EN CUANTO AMPARÓ EL RECLAMO DE DIFERENCIAS DE SALARIOS E INDEMNIZACION POR DESPIDO, EN LO QUE SE REVOCA Y EN SU LUGAR, ABSUELVESE A LA PARTE DEMANDADA DE LA CONDENA A ABONAR DICHOS RUBROS. COSTAS DE LA INSTANCIA DE CARGO DE LA PARTE DEMANDADA, SIN ESPECIAL CONDENACIÓN EN COSTOS. NOTIFIQUESE Y, OPORTUNAMENTE, DEVUELVASE A LA SEDE DE ORIGEN. DR. JULIO POSADA XAVIER PRESIDENTE DRA. KARINA MARTÍNEZ LARROSA MINISTRA DRA. GABRIELA RODRÍGUEZ FAGIÁN MINISTRA ESC. ADRIANA AGUIRRE MEDEROS SECRETARIA LETRADA.-