Sentencia Definitiva N° 192/2025

. SENTENCIA DEFINITIVA TRIBUNAL DE APELACIONES DEL TRABAJO DE 4º TURNO MINISTRO REDACTOR: DR. ADOLFO FERNÁNDEZ DE LA VEGA MÉNDEZ MINISTROS FIRMANTES: DRA. SYLVIA DE CAMILLI HERMIDA, DRA. MÓNICA IVANOVICH OUJO Y DR. ADOLFO FERNÁNDEZ DE LA VEGA MÉNDEZ. VISTOS EN EL ACUERDO: Para sentencia definitiva de segunda instancia estos autos caratulados: “RODRÍGUEZ, RAIMEL C/ PRODOMUS SRL Y OTRO - PROCESO LABORAL ORDINARIO (LEY 18.572)” IUE 2-119996/2024, venidos en apelación del Juzgado Letrado de Trabajo de la Capital de 5º Turno a cargo del Dr. Luis Fourment. RESULTANDO: 1) La Sala acepta el relato de antecedentes procesales que se consignan en la sentencia apelada, procediendo al dictado de la presente. 2) Por sentencia definitiva de primera instancia Nº 32/2025 de fecha 2 de junio de 2025 (fs. 255-269), se ampara parcialmente la demanda y en su mérito, se condena a PRODOMUS SRL y a la INTENDENCIA DE MONTEVIDEO a pagar en forma solidaria a Raimel Rodríguez la suma de $ 153.756 (pesos uruguayos), por los conceptos detallados en esta sentencia, más reajustes e intereses desde su exigibilidad hasta su efectivo pago, un 15 % sobre los rubros salariales en concepto de daños y perjuicios preceptivos, y un 10% por concepto de multa legal. 3) El representante de la parte codemandada INTENDENCIA DE MONTEVIDEO, interpone recurso de apelación (fs. 272-276 vto.) contra la referida sentencia, agraviándose, en síntesis, por cuanto: A) No acogió la excepción de incompetencia por razón de materia, contrariando el art. 341 de la Ley 18.172 que delimita el ámbito de conocimiento de jurisdicción en los conflictos laborales de trabajo, estableciendo una excepción clara en que aquellos casos en los que cualquiera sea la naturaleza de la relación, una parte sea una administración estatal se ventilarán ante los Juzgados con competencia Contencioso Administrativa. B) Hizo lugar a los rubros de daños y perjuicios, multa e indemnización por despido, siendo que dichas partidas son improcedentes respecto a la Intendencia de Montevideo, atento a la responsabilidad configurada por las Leyes Nos. 18.099 y 18.251. Esos rubros, sin lugar a dudas son indemnizatorios, en tanto, esta parte como “empresa principal” no tenía la posibilidad y menos aún la obligación de controlar su efectivo pago por la subcontratada. C) Condenó a la Intendencia de Montevideo al pago de rubros salariales en forma solidaria, habiéndose probado que esta parte ejerció su derecho de información conforme lo establece el art. 6 de la Ley 18.251, por lo que, la responsabilidad debe ser calificada como subsidiaria. No se comparte la calificación de básicos de los documentos solicitados por su mandante, ni de falta de diligencia de los controles que efectuara. La norma no reclama que tipo de información es la necesaria para que la responsabilidad sea subsidiaria. 1.D. En general realizó una incorrecta valoración probatoria y acogió la demanda a pesar de la falta de afirmación y sustanciación en la que incurrió la actora al incoar la demanda. Un solo testigo declara haber trabajado con el actor, haber coincidido 2 o 3 veces en el sector y un solo día haber laborado en el mismo horario, por lo que, el actor no logró siquiera haber acreditado la vinculación con su mandante para que sea condenada. Por existir 2 o 3 recibos, se dieron por probados rubros, como nocturnidad o descansos intermedios, haciéndose un promedio con esos tres meses, en lugar de hacerlo con el 100% del período trabajado. La Sede llega a un promedio de rubros variables incorrecto, ya que solo se logró acreditar uno de $ 1.701,89, por lo cual, de mantenerse la recurrida, se reclama que se modifique el quantum de la liquidación en atención a una correcta valoración de los rubros variables. 4) Por decreto Nº 1300/2025 de 17 de junio de 2025 (fs. 278), se dispuso el traslado del recurso de apelación interpuesto por la Intendencia de Montevideo por el término de 10 días, resultando evacuado por la parte actora a fs. 280-282 vto. 5) Por auto Nº 1460/2025 de 16 de julio de 2025 (fs. 284), se tuvo por evacuado el traslado por la parte actora. 6) Por providencia Nº 1597/2025 de 29 de julio de 2025, habiéndose interpuesto recurso de apelación contra la sentencia definitiva de autos, se dispuso franquear la impugnación con efecto suspensivo para ante el Tribunal de Apelaciones del Trabajo que por turno corresponda (fs. 287). 7) Recibidos los autos en el Tribunal el 6 de agosto de 2025, se señaló fecha de acuerdo y se dispuso el pase a estudio de conformidad con lo establecido en el art. 17 de la Ley 18.572 en la redacción dada por el art. 6 de la Ley 18.847 (fs. 291-292). Dejándose constancia que el Colegiado se encontró desintegrado del 26 de agosto al 3 de setiembre de 2025 inclusive y del 10 al 13 de setiembre de 2025 inclusive, por licencias de sus miembros. CONSIDERANDO: I) La Sala por la unanimidad de sus voluntades naturales irá a confirmar la sentencia apelada por los fundamentos que seguidamente se expondrán. II) Como precisión liminar, cabe puntualizar que, en el presente juicio el actor promovió la demanda laboral conjuntamente contra la empresa de vigilancia PRODOMUS SRL, a quien señala como empleadora y contra la Intendencia de Montevideo, para quien prestaba los servicios la primera, siendo que, en una de sus dependencias, concretamente en el Municipio C, el accionante se desempeñaba como vigilante. Por una cuestión de orden, nos pronunciaremos, en primer lugar, sobre los agravios deducidos por la Intendencia de Montevideo por el rechazo de la excepción de incompetencia material de la Sede. Respecto al tema de la competencia de la Sede laboral para conocer en juicios donde se demanda al Estado en sentido amplio, la Sala participa de la posición que sostiene que continúa vigente el art. 341 de la ley 18.172, no compartiendo la postura, acerca de que fue derogado tácitamente por el art. 2º de la ley 18572, norma que sólo reitera la solución ya consagrada legalmente por el art. 106 de la ley 12.803. Sin embargo, en el caso que nos ocupa, como se señalara supra, no nos encontramos únicamente, ante un juicio laboral contra una administración estatal, sino que los demandados son dos: una administración departamental, la Intendencia de Montevideo (IM) y la empresa privada Prodomus empleadora del actor, Sr. Rodríguez. En efecto, el Sr. Rodríguez, promovió la demanda contra la empresa a quien considera su empleador ante la justicia laboral, para resolver su conflicto individual de trabajo entre particulares y demanda, conjuntamente, a la Intendencia de Montevideo, quien al ejercer su derecho de defensa invoca la normativa prevista en las leyes de tercerización. De ahí, que, tratándose de una acumulación subjetiva de pretensiones conforme a lo previsto en el art. 120.2 del C.G.P. y art. 31 de la ley 18.572, el trabajador tiene la opción de plantear su reclamo tanto en sede laboral o en sede con competencia en lo contencioso administrativo. Como sostiene Díaz, al estudiar el art. 341 de la ley 18.172 en integración con las disposiciones procesales de las leyes 18.099 y 18.251, en “Grupo de los miércoles - Cuarenta estudios sobre la legislación laboral uruguaya”, págs. 342-343, citando a Loustaunau, de acuerdo a lo dispuesto por el art. 120 del C.G.P. es posible la acumulación en la misma demanda de pretensiones correspondientes a diversas materias, siempre que exista entre ellas relación de conexión. Esto, en aplicación de los principios de economía procesal, continencia de la causa y coherencia interna del sistema judicial, “determinándose la competencia efectiva por la del Tribunal que elija el actor”. Al respecto, la S.C.J. en Sentencia Interlocutoria Nº 1801/2015 sostuvo lo siguiente: “… la Corte en anteriores pronunciamientos (Sentencia No. 506/2010) que: “(...) ‘en supuestos en que la acumulación inicial de pretensiones reúna los requisitos del art. 120, es dable al actor optar por la presentación de la demanda en una u otra sede, provocando con este acto procesal la competencia de la escogida’ (cf. Tarigo, E.: Lecciones, T. 1, pág. 388). Al respecto expresaba Teitelbaum: ‘Tal sería el caso de la acumulación de dos pretensiones de diversa materia como sería la civil y la contencioso administrativa, acumulables ante la sede que elija el actor’ (‘La acumulación de pretensiones y el dilema del art. 120.1 C.G.P.’, en R.U.D.P. 1/94, pág. 46). Igual fenómeno se produce en sede de competencia por razón de territorio y en determinados casos cuando son varios los demandados y tienen el domicilio en lugares diferentes (art. 24 L.O.T.)... (Sent. No. 77/02 del 27/5/02, LJU, T. 127, año 2003, c-14.556). (...) La acumulación de pretensiones de diversa materia, habilita a quien las incoa a optar por el tribunal competente en virtud de lo edictado por el principio dispositivo y lo preceptuado por el propio art. 120: ‘El demandante podrá acumular’”. Sin perjuicio de lo expuesto, puede entenderse, como plantean Garmendia y Gauthier en “Tercerizaciones - Nuevo régimen legal - Leyes 18.099 y 18.251”, pág. 60, que cuando una entidad estatal es demandada por la responsabilidad que le es inherente como consecuencia de haber recurrido a subcontratistas, intermediarios o suministradores de mano de obra, no se le está ubicando como parte en el conflicto individual de trabajo, sino como responsable o garante (solidario o subsidiario), según el caso, por expresa atribución legal. Desde este punto de vista, se fortalece aún más el argumento anterior. Como corolario de todo lo expresado, manteniendo la Sala la posición asumida en anteriores pronunciamientos, se concluye, que como con acierto estableció la recurrida, la justicia laboral es competente desde el punto de vista material para conocer en este proceso, por lo corresponde confirmar la sentencia apelada en dicho punto. III) En relación a los agravios esgrimidos por la Intendencia de Montevideo por la condena al pago de la indemnización por despido, multa y daños y perjuicios preceptivos sobre los rubros de naturaleza salarial, los mismos tampoco resultan de recibo. Al respecto, se comparte plenamente la argumentación de la recurrida a fs. 265, que ha sido la seguida en forma unánime por las 4 Salas de Segunda instancia con competencia en materia laboral, conforme a calificada doctrina. En efecto, la recurrente, finca sus agravios en que de una interpretación armónica de los arts. 4, 6, y 7 de la Ley 18.251 surge que la responsabilidad de la empresa principal o cliente se encuentra limitada a las obligaciones de naturaleza salarial, pues son las que surgen de la documentación que se encuentra habilitada a exigir que se le exhiba y que puede controlar su cumplimiento. Por lo que, no corresponde que responda por la indemnización por despido, el que además se genera luego de la finalización de su vínculo con la empresa prestadora de servicios, ya que tampoco puede responsabilizarse a la empresa principal de las vicisitudes de la relación laboral, cuando al no prestarle servicios el trabajador la empresa principal no lo puede controlar. En lo que hace a la multa, plantea que es de carácter sancionatorio y la sanción solo corresponde aplicarla a quien incurrió en la conducta ilegítima. Los daños y perjuicios preceptivos no son tampoco una carga del empleador durante el vínculo laboral, sino que se tratan de una indemnización adicional contra el patrono que se aplicará en el litigio cuando se constate omisión en el pago de salarios, por lo que, se trata de condenas basadas en normas de carácter punitivo que no pueden trasmitirse en tanto, como todas las sanciones, su aplicación resulta restrictiva. A nuestro juicio, como ya adelantamos, no merecen ser amparados los agravios esgrimidos por la recurrente, cuando pretende sostener que su parte no debe responder de acuerdo a lo establecido por las leyes de tercerización, también por las indemnizaciones por despido, multas, daños y perjuicios preceptivos. Entendemos, al igual que la apelada, que la interpretación restrictiva que postula, limitada a los rubros de naturaleza salarial, no se compadece con el texto legal, ya que el art. 1º de la ley 18.099 y el art. 7 de la ley 18.251, refieren a la responsabilidad de la empresa principal por “obligaciones laborales”, sin realizar distinción alguna entre rubros salariales e indemnizatorios, y donde no distingue la ley no debe hacerlo el intérprete. A diferencia del régimen de la ley 10.449, que restringía dicha responsabilidad al ámbito salarial y más concretamente a los salarios mínimos, el régimen legal vigente en materia de tercerizaciones, abarca a todas las obligaciones laborales, tanto de naturaleza salarial como indemnizatoria, ya que el art. 7º de la ley 18.251, es una norma de notoria amplitud en este sentido. Como lo expresan los Dres. Mario Garmendia Arigón y Gustavo Gauthier en “Tercerizaciones – Análisis de las Leyes Nº 18.099 y Nº 18.251 y su aplicación jurisprudencial”, Segunda Edición. F.C.U., mayo de 2012, la responsabilidad de las empresas principales o comitentes: “abarca a todas las obligaciones laborales, cualquiera sea su naturaleza específica (salarial o indemnizatoria) e inclusive, involucra no solamente las obligaciones de dar, sino también las obligaciones de hacer (como por ejemplo la obligación de seguridad de la que es deudor el empleador frente a sus dependientes).” El art. 7 de la Ley 18.251 establece: “(Alcance de la responsabilidad de la empresa principal).- Las obligaciones laborales a que refiere el inciso primero del artículo 1º de la Ley Nº 18.099, de 24 de enero de 2007, comprenden aquellas derivadas de la relación de trabajo que surgen de las normas internacionales ratificadas, leyes, decretos, laudos o decisiones de los Consejos de Salarios, o de los convenios colectivos registrados o de la información que surja de la documentación a la que refiere el literal D) del artículo 4º de la presente ley, así como el deber del patrono o empresario principal de colaborar en la aplicación de las medidas previstas en el artículo 1º de la Ley Nº 5.032, de 21 de julio de 1914, sus decretos reglamentarios y convenios internacionales del trabajo vigentes.” “Las obligaciones previsionales respecto del trabajador contratado comprenden las contribuciones especiales de seguridad social (patronales y personales), excluyendo las multas, los recargos, los impuestos y adicionales recaudados por los organismos de seguridad social. Tampoco están comprendidas las sanciones administrativas por concepto de infracciones a las normas laborales, las que se regularán en función del grado de responsabilidad que a cada empresa corresponda por el incumplimiento.” Es decir, que como lo señalan Garmendia y Gauthier (ob. cit. pág. 128 y ss.): “resulta muy claro que la vocación del legislador fue otorgarle a las normas un alcance extremadamente amplio, dentro del que quedan incluidas, tanto las obligaciones laborales de dar, como las de hacer … La extensa puntualización que realiza éste artículo 7º de la ley Nº 18.251, deja bien clara la vocación omnicomprensiva que inspiró al legislador. Se trata, como puede apreciarse, de una enumeración bastante pormenorizada de fuentes normativas del derecho del Trabajo”(ob. cit pág.130). Por otra parte, se comparte el criterio de la Sala Laboral de 1er. Turno, cuando para descartar la posición citada por la recurrente señala que: “Surge de la exposición de motivos que el objetivo de la reforma – que finalmente se plasmó en la ley 18.251 – siguió siendo la protección del trabajador por lo que corresponde deducir que también en este caso, la disposición deber ser interpretada en sentido protector (Raciatti, Octavio. “La ley 18.251: el retorno a la responsabilidad subsidiaria en las relaciones de trabajo triangulares” en revista Derecho Laboral n. 229 pág. 165).- En consecuencia y por cuanto viene de decirse, el doble designio de la reglamentación de la tercerización – la protección del trabajador que reclama el art. 53 de la Constitución al tiempo de la admisión de las nuevas formas de organización de la actividad empresarial que involucran trabajo – conduce a afirmar que toda la interpretación debe apuntar también, a la tutela de quien presta el trabajo. Aunque ello conlleve la reformulación de algunos conceptos clásicos – como el de empleador – así como a la interpretación estricta de las situaciones de exclusión de la responsabilidad laboral ampliada. Ello por cuanto las modalidades de responsabilidad laboral ampliada constituyen técnicas de desigualdad compensatoria.- También aporta una perspectiva interpretativa, la Recomendación N° 198 de OIT por cuanto obedece a la solución normativa de la comunidad internacional como alternativa a la aprobación de un convenio internacional de trabajo sobre descentralización empresarial. Este instrumento recomienda a los estados a “…adoptar medidas aplicables a todas las formas de acuerdos contractuales incluidas las que vinculan a varias partes, de modo que los trabajadores asalariados tengan la protección a la que tienen derecho”. Y agrega que “la interpretación de la legislación debería ser compatible con los objetivos del trabajo decente y la protección de los trabajadores en su condición de ser la esencia del mandato de la OIT, de conformidad con los principios de la Declaración de principio y derechos fundamentales en el trabajo de 1998”.- Por lo que no puede caber duda de que aún en el caso de la ley 18.251, la interpretación debe hacerse desde la perspectiva de protección del trabajador. … En definitiva, el principio protector que informa el sistema legal de la tercerización en Uruguay, no admite la interpretación restrictiva de la tutela del trabajador y sus créditos laborales.” (cfr. DFA-0012-000036/2019 SEF-0012-000022/2019). Como sostuvo esta Sala en pronunciamientos anteriores, no se comparte la interpretación que hace el recurrente de la modificaciones de la Ley 18.251, para que, a partir de las mismas, entender que la responsabilidad se limita a los rubros salariales, ya que como establece el TAT de 1er Turno en su citada sentencia, se entiende que no corresponde omitir “un análisis contextual del art. 4 de la ley 18.251 y especialmente en diálogo con el art. 1 de la ley 18.099.- En efecto.- Cierto es que el art. 4 literal d) de la ley 18.251 refiere a los “…recibos salariales…”.- Empero, refiere a los recibos salariales cuando indica – en el mismo artículo 4 - cuáles son los documentos que el empresario principal “queda facultado exigir a la empresa contratada “ a los efectos de lograr la “información sobre el cumplimiento de las obligaciones laborales y de seguridad social”.- El art. 4 de la ley 18.251 no regula el alcance de la responsabilidad ampliada sino, el derecho-carga de información del empresario principal. En su lugar, el alcance objetivo de la responsabilidad ampliada, concretamente qué es lo que corresponde entender por “obligaciones laborales” se encuentra reglado por los arts. 7 de la misma ley y el 1 de la ley 18.099 en tanto aquella se remite a ésta.- El art. 7 de la ley 18.251 expresa que la responsabilidad del empresario principal comprende “Las obligaciones laborales a que refiere el nc. Primero del art. 1 de la ley 18.099 (…) , derivadas de la relación de trabajo que surgen de las normas internacionales ratificadas, leyes , decretos , laudo o decisiones de los Consejos de Salarios o de los convenios colectivos registrados o de la documentación que surja del art. 4 de la presente ley así como el deber del patrono o empresario principal de colaborar en la aplicación de las medidas previstas en el art. 1 de la ley 5032 (…), sus decretos reglamentario, y convenios internacionales vigentes.”- Vale decir que, tanto por la cadena expresa de remisiones como de la comprensión desde el principio protector, se infiere que el literal d) del art. 4 de la ley 18.251 debe, necesariamente, ser interpretado en diálogo coherente con el art 7 de la misma ley y el art. 1 de la ley 18.099.” Y conforme surge de la historia de la aprobación de la que finalmente fue la ley 18.251, se buscó lograr consenso con el sector empleador, lográndose como solución dialogada la modificación del alcance subjetivo de la responsabilidad empresario principal: de la solidaridad de la ley 18.099, a la posibilidad que ésta se atenúe en subsidiariedad como surge del art. 6 de aquella, pero no se releva argumento alguno que permita afirmar que en esta oportunidad, se buscó también restringir el alcance objetivo de la responsabilidad mediante la exclusión de alguna obligación laboral. Así, “acumulado a cuanto viene de plantearse, el derecho al crédito indemnizatorio surge de una de las fuentes normativas que menciona el art. 7 ley 18.251: las “leyes” nacionales 10.489, 10.542, 10.570 y 12.597 que disciplinan la indemnización por despido.” De acuerdo a lo expuesto, siendo evidente que, en sentido amplio, la indemnización por despido, la multa prevista por el art. 29 de la Ley 18.572, así como los daños y perjuicios preceptivos, también constituyen obligaciones laborales, no hay duda que la recurrente Intendencia de Montevideo, debe responder por el pago de estos rubros. Cabe agregar, que precisamente lo que genera los daños y perjuicios preceptivos, es el no pago de rubros salariales (art. 4º ley 10.449). Y la multa es por “la omisión de pago de los créditos laborales” (art. 29 de la ley 18.572), por lo tanto, más allá de su naturaleza punitiva, la multa también constituye una obligación laboral, aun cuando sea de carácter accesorio. De manera que, entonces, conforme a la norma referida, las únicas multas excluidas son las aplicadas por “organismos de seguridad social” y no la multa prevista por el art. 29 de la ley 18.572 que precisamente constituye una “obligación laboral” derivada de “la omisión de pago de los créditos laborales”, o sea, obligación “derivadas de la relación de trabajo que surgen de…leyes”. Demás está decir que la multa del art. 29 de la Ley 18.572 tampoco ingresa en el concepto de “sanciones administrativas por concepto de infracciones a las normas laborales”. Conforme a lo expuesto, habrá de confirmarse la atacada también en este punto. IV) Que finalmente, la apelante sostiene que ha mediado una errónea valoración de la prueba, lo que determina que la recurrida arribe a conclusiones inexactas, en diversos tópicos que hacen a la admisión del reclamo. Así las cosas, corresponde pasar a considerar el agravio sobre el carácter solidario (en vez de subsidiario) de la responsabilidad, en tanto la recurrente afirma haber dado cumplimiento al derecho de información y que, a su criterio, la sentencia de primera instancia realizó en tal sentido, una errónea valoración probatoria, en tanto sostiene que el art. 6 de la Ley 18.251, no expresa cuales son los documentos que deben solicitar las empresas principales a las subcontratistas, ni califica la actitud de la empresa principal como diligente, ni con falta de diligencia. Es sabido que, el art. 6º de la ley 18.251 hace depender la naturaleza de dicha responsabilidad, de la circunstancia de haber ejercido el derecho a ser informada. Rosenbaum y Castello al estudiar el punto en “Subcontratación e intermediación laboral- Estudio de las leyes 18.099 y 18.251”, págs. 155-159, sostienen -sin dejar de reconocer su opinabilidad-, que para que sea procedente la aplicación de la responsabilidad laboral subsidiaria, la empresa principal o usuaria deberá no solamente requerir la exhibición o presentación de la documentación referida en el art. 4º de la ley 18.251, sino demostrar que ha realizado un examen razonable, un control de la misma. Afirman los destacados autores, que el fundamento para transformar la responsabilidad laboral solidaria en subsidiaria, radica en que la empresa principal demuestre haber actuado con la diligencia de un buen hombre de negocios en la elección y mantenimiento de sus proveedores de obras, servicios o mano de obra. “...En tal sentido no obraría diligentemente si de la documentación exhibida por estos últimos se desprendiese que existen irregularidades fácilmente constatables, las cuales pasaron inadvertidas para la empresa principal por haberse limitado a requerir la documentación, sin haber realizado un estudio o examen normal o razonable de la misma”... Será carga de la empresa principal, demostrar que ejerció su derecho a ser informada sobre el estado de cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales, lo cual implica además de aportar los documentos mencionados en la ley, haber realizado de ser necesario para el ejercicio de ese control, determinadas gestiones, tales como intimaciones de presentación de documentación, de regularizar su situación, o que haya rescindido el contrato civil o comercial a causa del incumplimiento. El derecho de información debe de ser ejercido con la periodicidad y frecuencia adecuada al principio de razonabilidad a fin de que se repute cumplido el requisito, ya que la finalidad de la ley es mejorar la posición de la empresa que demuestre haber actuado diligentemente en el ejercicio de su derecho de información de forma regular y permanente, conforme al principio de razonabilidad. Se entiende, que para responder subsidiariamente, la empresa principal debe exigir a la tercerizada la exhibición de: A) Declaración nominada de historia laboral (Artículo 87 de la Ley No. 16.713, de 3 de setiembre de 1995) y recibo de pago de cotización es al organismo previsional; B) Certificado que acredite situación regular de pago de las contribuciones a la seguridad social a la entidad previsional que corresponda (Artículo 663 de la Ley No. 16.170, de 28 de diciembre de 1990); C) Constancia del Banco de Seguros del Estado que acredite la existencia del seguro de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales; D) Planilla de control de trabajo, recibos de haberes salariales y, en su caso, convenio colectivo aplicable (art. 4 de la Ley 18.251). Y proceder a su control. En el sub lite, se entiende, que la Comuna no cumplió razonablemente, con los controles referidos, de acuerdo con lo expresado precedentemente, resultando compartible la argumentación de la recurrida consignada en el considerando IV) (fs. 265-266), siendo que, luego de ponderar el cumplimiento del derecho de información de la empresa principal conforme a lo dispuesto en el art. 4º de la ley 18.281 y de considerar la prueba documental aportada por dicha codemandada, a la que refiere expresamente, concluye, en forma fundada que la Intendencia de Montevideo, no dio cabal cumplimiento al derecho de información. Consecuentemente, tampoco los agravios en el punto objeto de apelación no son de recibo, y habrá de confirmarse el carácter solidario de la responsabilidad atribuida a la recurrente. V) En cuanto a la falta de la afirmación no se advierte que el actor haya incumplido con dicha carga. En lo que hace a los agravios que refieren a la prueba del desempeño del actor en los servicios de vigilancia prestados a la recurrente, sin perjuicio de que resultara comprobado con el singular testimonio recepcionado en el juicio, ocurre que ese supuesto fáctico siquiera integraba el objeto del proceso y de la prueba, ya que no fue objeto de específica controversia en la contestación, por lo cual, debe tenerse por admitido. La recurrente soslaya en sus agravios sobre el punto, que no resulta pertinente introducir al apelar cuestiones diversas a las tenidas en cuenta en la etapa de proposición que se ajustan al objeto del proceso previamente determinado, ya que no existe en el sistema nacional el “novum judicim” y el órgano de la apelación solo puede actuar dentro del material fáctico de la instancia anterior. En conceptos trasladables de Palacio (cf. “Tratado de Derecho Procesal Civil”, t. V., pág. 46), el ámbito de conocimiento de los tribunales de alzada está limitado por el contenido de las cuestiones propuestas a la decisión del inferior. Como se ha indicado por doctrina y jurisprudencia, inclusive del propio Tribunal con anterioridad, el objeto del proceso en la segunda instancia no puede ser distinto al de la primera fijado por la actora en su pretensión inicial y delimitado por la demandada en su defensa. Por tanto, tal agravio resulta extemporáneo, no resultando procedente en esta instancia ingresar a su consideración. Sin perjuicio de lo cual, el actor, como se indicara, probó haber trabajado para Prodomus SRL prestando servicios para la Intendencia de Montevideo, por lo en ese caso, en función del derecho a ser informada pudo y debió determinar el período laborado, lo que incumplió, estándose a lo expuesto por el accionante. VI) Tampoco resultan de recibo los agravios formulados por haberse computado la incidencia de los descansos intermedios, al ser evidente que era práctica de la empleadora abonarlos por tener un régimen de relevos que permitieran gozarlos, lo que resulta no solo de los tres recibos del actor que se agregaran en autos, sino de los múltiples, que agregara la demandada, correspondientes a otros trabajadores. Como apunta la Dra. Ivanovich en su estudio, tratándose de una partida variable, corresponde considerar su promedio para determinar su incidencia en los rubros que fueran objeto de condena. A su vez, dado que el empleador ni la Intendencia de Montevideo acreditaron lo acaecido en los meses de agosto a octubre de 2024, a través de los correspondientes recibos de salarios, se ha de estar al promedio realizado por la parte actora. En suma, en cuanto al promedio de rubros variables, al no haberse presentado por la parte demandada los recibos correspondientes a todo el período trabajado por el actor, se entiende que si la accionada hubiera ejercido el derecho de información en forma diligente, podría haberse procurado copias para presentar en autos, por lo tanto, es correcto, como hace la recurrida, estar al denunciado en la demanda. VII) No se establecerá especial imposición de costas y costos en el grado. Por tales fundamentos, disposiciones legales citadas y en los arts. 17, 18, 28, 29 y concordantes de la Ley N° 18.572 del 13.9.2009, art. 7 de la Ley N° 18.847 del 15.11.2011, el Tribunal, FALLA: CONFÍRMASE LA SENTENCIA APELADA. SIN ESPECIAL IMPOSICIÓN DE COSTOS Y COSTAS EN EL GRADO. HONORARIOS FICTOS: CINCO BASES DE PRESTACIONES Y CONTRIBUCIONES. NOTIFÍQUESE ELECTRÓNICAMENTE Y DEVUÉLVASE. DRA. SYLVIA DE CAMILLI HERMIDA MINISTRA PRESIDENTE DRA. MÓNICA IVANOVICH OUJO MINISTRA DR. ADOLFO FERNÁNDEZ DE LA VEGA MÉNDEZ MINISTRO ESC. VERÓNICA LAMELA SANTURIO SECRETARIA LETRADA