Texto de la sentencia
. SENTENCIA DEFINITIVA
TRIBUNAL DE APELACIONES DEL TRABAJO DE 4º TURNO
MINISTRA REDACTORA: DRA. MÓNICA IVANOVICH OUJO.
MINISTROS FIRMANTES: DRA. SYLVIA DE CAMILLI HERMIDA, DRA. MÓNICA IVANOVICH OUJO Y DR. ADOLFO FERNÁNDEZ DE LA VEGA MÉNDEZ.
VISTOS EN EL ACUERDO:
Para sentencia definitiva de segunda instancia estos autos caratulados: “AROCENA PRESENTADO, JOSÉ C/ RIET BERNARDI, CECILIA Y OTRO - PROCESO LABORAL ORDINARIO (LEY 18.572)”. IUE 2-34912/2024, venidos en apelación del Juzgado Letrado de Primera Instancia de Durazno de 3er. Turno a cargo de la Dra. Carolina Lourdes Machado García.
RESULTANDO:
1) La Sala acepta el relato de antecedentes procesales que se consignan en la sentencia apelada, procediendo al dictado de la presente.
2) Por sentencia definitiva de primera instancia Nº 8/2025 de fecha 29 de abril de 2025 (fs. 116-127):
- Se ampara la excepción de falta de legitimación pasiva de Cecilia Riet.
- Se ampara parcialmente la demanda y en su mérito, se condena al demandado Rene Gonzalo Dalia, al pago al actor José Arocena Presentado de la suma de $ 6.834 en concepto de licencia no gozada, $ 6.834 en concepto de salario vacacional, $ 10.011 en concepto de aguinaldo, $ 2.367 en concepto de daños y perjuicios y $ 2.367 en concepto de multa, sin perjuicio de reajustes e intereses legales hasta la fecha efectiva de su pago.
- Se desestima la demanda en cuanto a horas extra, indemnización por despido, feriados trabajados, descanso semanal trabajado.
3) El representante de la parte actora, interpone recurso de apelación (fs. 130-133 vto.), contra la referida sentencia, agraviándose, en síntesis, por cuanto:
A) Acogió la excepción de falta de legitimación pasiva interpuesta por la Sra. Cecilia Riet, cuando en autos quedó demostrado que los cónyuges entre sí Riet – D’Alía eran no solo quienes explotaban el parador del camping donde desempeñaba labores el actor, sino también dueños de otros locales del rubro gastronómico de la ciudad de Durazno, como ser el restaurante “El Encuentro” y heladería “Grido”.
La a quo, pasó totalmente por alto, el principio de disponibilidad de los medios probatorios, estableciendo la carga de la prueba al respecto sobre esta parte y valoró erróneamente la prueba testimonial. Lógicamente, se probó en autos también que los esposos eran los patrones del actor, daban órdenes, pagaban sus salarios y, por sobre todas las cosas, la Sra. Riet, se beneficiaba directa e indirectamente de los servicios del Sr. Arocena. Vale aclarar que, la excepción interpuesta por la contraria no es más que una estratagema para evadir el cumplimiento de las obligaciones laborales y que sólo se condene a D’Alia debido a que es insolvente y así, nunca poder hacer efectivo el pago al trabajador.
B) Desestimó la demanda en cuanto al reclamo de horas extras, feriados y días de descanso trabajados, habiendo quedado acreditados en autos los rubros referidos.
C) No hizo lugar a la indemnización por despido por concluirse que se estaba en presencia de un contrato zafral, cuando en realidad no surge agregado en autos ningún contrato de trabajo escrito.
4) Por decreto Nº 189/2025 de fecha 15 de mayo de 2025 (fs. 135), se dispuso el traslado a la contraria del recurso interpuesto, resultando evacuado a fs. 138-143 vto., abogando por la confirmación de la apelada en todos sus términos, con costas y costos a la contraria.
5) Por providencia Nº 284/2025 de fecha 30 de junio de 2025 se tuvo por evacuado el traslado conferido y habiéndose interpuesto en tiempo y forma el recurso de apelación contra la sentencia definitiva de autos se dispuso franquear el mismo con efecto suspensivo para ante el Tribunal de Apelaciones del Trabajo que por turno corresponda (fs. 152).
6) Recibidos los autos en el Tribunal el 6 de agosto de 2025, se señaló fecha de acuerdo y se dispuso el pase a estudio de conformidad con lo establecido en el art. 17 de la Ley 18.572 en la redacción dada por el art. 6 de la Ley 18.847 (fs. 162-163). Dejándose constancia que el Colegiado estuvo desintegrado del 26 de agosto al 3 de setiembre de 2025 inclusive y del 10 al 13 de setiembre de 2025 inclusive, por licencias de sus integrantes.
CONSIDERANDO:
I) La Sala por la unanimidad de sus voluntades naturales irá a confirmar la sentencia apelada, salvo en cuanto desestimó los rubros: horas extras, descansos semanales y feriados, en lo que se revoca y en su lugar, se condena a su pago, conforme a la liquidación presentada por el actor, más 10% de daños y perjuicios, multa, reajustes e intereses hasta la fecha del efectivo pago, por los fundamentos que seguidamente se expondrán.
II) En primer lugar, la parte actora se agravia, por cuanto la recurrida acogió la excepción de falta de legitimación pasiva interpuesta por la codemandada Cecilia Riet. Entiende que, contrariamente a las conclusiones a las que arribó la sentenciante, en autos quedó demostrado que los Sres. Riet – D’Alía, cónyuges entre sí, eran quienes explotaban, ya no sólo el parador del Camping, lugar donde se desempeñaba labores el actor, sino que, también son dueños de otros locales del rubro gastronómico de la ciudad de Durazno (Restaurante El Encuentro y Heladería Grido), como lo declaró Beatriz Ruiz Díaz. Agrega que la excepción no es más que una estratagema para evadir el cumplimiento de las obligaciones laborales y que la Sra. Juez a quo puso toda la carga de la prueba en esa parte, pasando por alto la carga probatoria que recae sobre el empleador y el principio de disponibilidad de los medios probatorios. Asimismo, indica que la empresa y la facturación del parador estaban a nombre de Cecilia Riet, preguntándose por qué la demandada no agregó ninguna documentación de la empresa inscripta en B.P.S. y D.G.I. Por otra parte, considera no ajustada a derecho la valoración probatoria de la prueba testimonial diligenciada en autos, pasando por alto a la única testigo imparcial, clienta habitual del lugar y la verdad de sus dichos, en tanto los testigos propuestos por la contraria faltaron a la misma, desprendiéndose lo direccionada de su declaración y su falta de imparcialidad, ya que todos trabajaban o trabajan para los demandados por más que, lógicamente lo negaron.
A juicio de la Sala, a efectos de determinar la legitimación pasiva de la Sra. Riet, es preciso ingresar a considerar si existió o no, un vínculo laboral con el actor. Sobre el punto, nuestra jurisprudencia postula que lo esencial para determinar la existencia de una relación laboral, es la prueba de la subordinación y remuneración. Así, se ha indicado: “Para que haya relación de trabajo se necesita que existan dos elementos fundamentales: subordinación y remuneración. La primera se expresa a través de índices objetivos externos, como son el acatamiento de órdenes precisas, la vigilancia y dirección de actividad por parte del empleador, sujeción a horarios y demás. La segunda la paga de la remuneración acordada o instituida por ley que debe efectuarse regularmente en ciclos predeterminados. (TAT 2° Turno, Sentencia 697/2008 y T.A.T. 1° Turno, Sentencia 97/2009). Asimismo se ha considerado que “lo esencial es la prueba de la existencia de subordinación lo cual se traduce en la prestación de una trabajo personal por un salario determinado, el cumplimiento de determinado horario bajo la supervisión o contralor del empleador, la existencia en la relación de un poder disciplinario v.gr. el acatar órdenes, las sanciones como suspensiones, amonestaciones u observaciones, la entrega de máquinas, herramientas o materiales para realizar la labor en un determinado lugar, etc.” (T.A.T. 3° Turno, Sentencia 366/2009).
La subordinación es un estado de hecho que debe ser probado por quien lo afirma y no por quien lo niega (Cabanellas. Compendio de Derecho Laboral, Tomo I, pág. 398). La misma se “descompone en dos elementos: una facultad jurídica del patrono, en virtud de la cual puede dictar los lineamientos, instrucciones u órdenes que estime conveniente para la obtención de los fines de la empresa y una obligación igualmente jurídica del trabajador de cumplir esas disposiciones en la prestación de su trabajo" (T.A.T. 3° Turno Sentencia 411/002). La subordinación: "...es una situación en que se encuentra el trabajador que tiene que obedecer o acatar las órdenes que le imparta su empleador o quien lo represente, dentro de los límites del contrato de trabajo" (Julio J. Martínez Vivot "Elementos del derecho del trabajo y de la seguridad social" pág. 97, Sentencia N° 185 del 4 de setiembre de 1998 de la Suprema Corte de Justicia) (Sentencia N° 9 de 5.2.2002 del TAT 2° Turno publicada en el Anuario de Jurisprudencia Laboral 2002, caso N° 586, pág. 277).
Asimismo, tal como sostuvo el T.A.T. 1º Turno: “Alegada la relación laboral y negada ésta, la carga de la prueba sobre los elementos constitutivos de aquélla, corresponden a quien la alega, no pudiendo aplicarse criterios favorables al trabajador, porque precisamente es esa calidad la que ha resultado cuestionada.- Sin embargo, de acuerdo a lo previsto por el artículo 139.1 C.G.P., también quien contradiga esa pretensión tiene la carga de probar los hechos impeditivos a su respecto…” (Sentencia Nº 53/2015).
Por ende, a nuestro juicio yerra la recurrente cuando afirma que la apelada invirtió la carga de la prueba y que debía aplicar los principios en materia laboral, cuando lo que se discute justamente es la relación laboral con la Sra. Riet.
En el caso, el accionante no demostró que la codemandada Riet, pareja de quien admitió la relación laboral (Sr. D’Alía), fuese también su empleadora. Ello no se deriva de la supuesta calidad de dueños de otros locales del rubro gastronómico en la ciudad de Durazno, máxime cuando no existe prueba fehaciente sobre tales extremos.
Por otra parte, tampoco se verificó una incorrecta valoración de la prueba. En tal sentido, los testimonios fueron considerados en sus justos términos y en conjunto con el resto de los medios probatorios diligenciados. Así, no surge un solo elemento que permita determinar que la Sra. Riet explotara comercialmente el parador donde se desempeñó el actor. Por el contrario, surge de autos que, en distintos períodos, fue al codemandado D’Alía a quien se le otorgó el uso temporal de la Planta Baja del parador del Camping 33 Orientales de Durazno, en alguna oportunidad junto con Sergio Camargo, sin que se haya demostrado alguna participación de la Sra. Riet, como usuaria del parador. Es más, conforme a lo señalado por la representante de la comodataria, Esc. Dinorah Vaz, la Sra. Cecilia Riet no participó en las negociaciones (fs. 62). Tampoco se ha demostrado que la empresa estuviera registrada al nombre de la Sra. Riet y que esta fuera quien facturara, en todo caso, si el accionante pretendía que se agregara la documentación a que refiere, hubiese operado los mecanismos para hacerse de la misma (art. 168 del C.G.P.) sin embargo, optó por no hacerlo (fs. 8). A lo que cabe agregar que tales extremos formales, tampoco determinan por sí solos la existencia de la relación laboral esgrimida.
Sólo una testigo, clienta del Parador, Sra. Beatriz Ruiz, identificó a los demandados como patrones del actor, señalando que Cecilia Riet estaba atrás de la barra y cobraba a veces, agregando que “La vi dar órdenes a Arocena y otros empleados” (fs. 63). Pero tal como lo destaca la recurrida, se trata de un testimonio por demás genérico, en el que ni siquiera se determina en qué consistían esas supuestas órdenes, llamando poderosamente la atención que, si concurría varias veces a la semana, sólo identificara al actor y no así al resto de los trabajadores (“Habían dos o tres trabajando ahí, no sé si hombre mujer, joven o viejo.”, fs. 64). A lo que se agrega, que se trata de un testimonio aislado, por cuanto no se condice con los diversos testigos que se desempeñaron con el actor en el Parador, quienes, han sido contestes en que quien los contrató y pagó su salario fue el Sr. D’Alía, y que no recibieron órdenes de la Sra. Riet, situándola circunstancialmente en el Parador, ya sea a cenar, con sus hijos o llevando cosas (fs. 65 a 68). Además de lo que viene de decirse, la testigo Largacha, si bien admitió un vínculo de amistad con la codemandada Riet, respecto al resto de los testigos, no consta en autos que estuvieran afectados por algún motivo de sospecha, por cuanto el vínculo laboral sólo fue temporal y no se ha demostrado que el mismo persistiera al momento de la declaración; por lo menos tales extremos no fueron probados en estas actuaciones conforme al art. 158 del C.G.P. Consecuentemente, su valor convictivo a nuestro juicio no se encuentra afectado.
En consecuencia, dado que no se ha demostrado que la codemandada Cecilia Riet haya contratado al actor, dirigido su trabajo, ejercido potestad disciplinaria o abonado su salario, la solución de la recurrida merece ser confirmada en esta instancia.
III) Por otro lado, el accionante se agravia por cuanto la resistida desestimó el reclamo de horas extras.
Así, sostiene que de la prueba diligenciada en autos no se puede concluir otra cosa que la realización de horas extras por parte del trabajador, porque ingresaba a las 23 horas y trabajaba hasta el otro día que llegaba gente para abrir el local, 10:30 u 11 horas. Asimismo, destaca que la contraria al contestar la demanda reconoció expresamente que el actor hacía horas extras, más allá que minimizó la cantidad e inventó en su imaginario que las horas extras que hacía las pagaban. Por lo que considera inentendible que la recurrida concluyera que no se probó la realización de horas extras.
A nuestro juicio, dichos agravios son procedentes, puesto que las horas extras han sido admitidas e incluso acreditadas en el expediente, algo que la sentencia apelada no podía haber ignorado.
En efecto, el propio empleador reconoció que el actor realizó horas extras, al igual que el resto de los trabajadores, no obstante, expone que fueron abonadas (fs. 33 vto.).
Al respecto, corresponde tener presente que existe un único y decisorio medio aceptado, lógico e idóneo para demostrar el pago de los aumentos salariales y demás rubros, que no es otro que el recibo de pago el que, obviamente debe encontrarse en poder del patrono o sea, de la parte demandada (Revista de Derecho Laboral Tomo XX Nro. 107 pág. 561).
En particular, el art. 10 de la Ley 16.244 estableció entre otras cosas que: “Los trabajadores deberán recibir de sus empleadores en cada oportunidad de cobro de sus salarios, una constancia de su situación laboral, que deberá contener los datos que establezca la reglamentación.” Esto dio mérito al dictado del Decreto 337/996 y 108/008, el cual fue derogado por el Decreto 278/017, y en su art. 19 preceptúa lo siguiente: “Todo empleador, inclusive los del servicio doméstico, estará obligado a expedir y entregar a sus trabajadores el recibo de pago correspondiente en oportunidad de abonar cualquier suma o remuneración, sea cual sea el sistema de pago utilizado. Dichos recibos servirán de constancia laboral a los efectos establecidos en el artículo 10° de la Ley N° 16.244 de 30 de marzo de 1992 y en ellos deberá constar:
a) Nombres y apellidos completos del trabajador, cédula de identidad, fecha de ingreso, cargo y/o categoría y forma de remuneración.
b) Nombre y domicilio del empleador, grupo y subgrupo de actividad…
c) Relación detallada de todos los rubros que componen la remuneración: sueldo, horas extras, feriados pagos, nocturnidad, antigüedad, aguinaldo, jornal, jornal de vacaciones, salario vacacional, indemnizaciones y en general todo otro concepto relativo al vínculo laboral…” (el subrayado nos corresponde).
Por otra parte, en términos que se comparten y fueran acogidos en la Sentencia Definitiva N° 176/2022, la Dra. Rosina Rossi sostuvo que: “si las obligaciones de la relación sustantiva, consistían en registrar a la trabajadora en la seguridad social, en la planilla de trabajo y expedirle recibos, todo ello conllevaba la confección de documentos, entonces, la prueba conducente es la documental y no corresponde que se la sustituya con la testimonial. El empleador tuvo todo el poder necesario en la relación de trabajo para confeccionar estos documentos, que ni más ni menos ilustraban la tutela de los derechos de la trabajadora, si no los confeccionó asumió el riesgo de no poder demostrar los hechos en la relación de trabajo a través de medios idóneos. Para el empleador que gozó de todo el poder de gestión y dirección del trabajo, de regla, no le es admisible la sustitución de un medio apropiado por otro.” De acuerdo con lo expuesto, en la medida que la demandada no ha cumplido con la carga de acreditar el efectivo pago de las horas extras por un medio idóneo, las que ni siquiera identifica ni precisa su número, corresponde condenar al empleador a su pago.
En lo que hace al quantum, conforme al principio de disponibilidad de los medios probatorios, se habrá de estar al número de horas extras reclamadas (4 horas diarias), las que resultan razonables al cúmulo probatorio de autos, puesto que los testigos dan cuenta que el actor trabajaba como sereno desde las 23 o 24 horas hasta las 10:30 u 11 horas (fs. 64, 65, 66 y 68).
De allí, que se revoque la recurrida y en su lugar se acoja la pretensión de horas extras conforme a la liquidación realizada por la accionante a fs. 6 vto., la que asciende a $ 121.261. A lo que se debe sumar el 10% de daños y perjuicios preceptivos, 10% de multa, reajustes e intereses conforme fuera dispuesto por la recurrida y que no han sido objeto de agravio concreto.
IV) Por los mismos fundamentos expuestos precedentemente, también corresponde acoger los agravios por la desestimación de los días de descanso y feriados.
Así, se ha acreditado que el actor trabajó el 25 de diciembre de 2023, pero no se ha probado el pago correspondiente. Lo declarado por los testigos respecto al pago, resulta insuficiente por no tratarse de un medio idóneo. A lo que cabe agregar que los testigos hacen referencia a su propia situación y no la del actor (fs. 66 y 68). Por lo que, se habrá acoger el reclamo por feriados trabajados, estándose a la liquidación de la parte actora, la que asciende a $ 1.133,33.
En cuanto al trabajo durante el descanso semanal, también ha sido admitido por la parte demandada, aunque sin establecer su quantum y alegando su pago con el recargo correspondiente, lo que no ha sido probado en estas actuaciones. Así las cosas, teniendo en cuenta lo expuesto a fs. 34 y que se ha probado que el actor laboraba de lunes a lunes, lo que se condice con la apertura del parador todos los días y siendo el único sereno (fs. 64, 67 y 69), se estará a lo reclamado por concepto de descansos semanales, siendo ajustada la liquidación realizada por la parte actora a fs. 6 vto. De allí que se revoque la recurrida, condenándose al pago de los descansos semanales los que ascienden a la suma de $ 15.866.
A las sumas indicadas se debe aplicar el 10% de daños y perjuicios preceptivos, 10% de multa, reajustes e intereses conforme fuera dispuesto por la recurrida
V) Finalmente, la parte actora se agravia por la desestimación del reclamo de indemnización por despido. Al respecto, considera que la recurrida no es ajustada a derecho y a la realidad, por cuanto se concluye que había un contrato zafral, cuando no surge agregado en autos, ningún contrato de trabajo escrito. Asimismo, expone que no fue controvertido el despido, y que el hecho de que los demandados habían celebrado un contrato de arrendamiento del local por la temporada, no los enerva de su obligación de pagar a los trabajadores los rubros laborales que le correspondan y si su intención era contratarlo temporalmente, así se lo debieron hacer saber, más aun siendo la temporalidad en la relación laboral una excepción a la regla, la contraria debió agregar un contrato escrito del cual no queden dudas del plazo por el cual se contrataba al trabajador.
Los agravios del apelante, a nuestro juicio, no resultan de recibo, compartiéndose la valoración probatoria realizada por la recurrida, en la que se concluye que el actor llevó a cabo para la demandada trabajo en forma zafral.
Nuestra jurisprudencia es conteste en considerar que, admitido el trabajo del accionante a favor del Sr. D’Alía, recae sobre este último la carga de probar la naturaleza discontinua o meramente zafral del trabajo invocado, ya que todo trabajo se presume en principio, continuado. (Cfr. "Anuario de Jurisprudencia Laboral", Año 1993, sent. N° 275/93 del T.A.T 2°, Pírez, Sunhary y Echeveste, c. 213; Años 1994-1995, c. 321; Años 1996-1997, sent. N° 452 del T.A.T. 1°, Nario, Pírez y De Paula, c. 425; Año 2001, sent. N° 23/2001 del J.L.T. 14, Morales, c. 908; Año 2002, sent. N° 82/2002 del T.A.T. 1°, Kerouglián, De Paula y Pérez Brignani, c. 140; sent. N° 329/2002 del T.A.T. 2°, Tosi, López y Echeveste, c. 588). Por lo tanto, en estas actuaciones el demandado debía acreditar la calidad de zafral del accionante.
El Dr. Plá Rodríguez, considera zafrales aquellos trabajos que duran cierta parte del año y que se repiten periódicamente todos los años en la misma época, llamados también por la doctrina trabajos de temporada o estacionales. Por su parte, el Dr. Héctor Hugo Barbagelata, ha definido a los trabajadores zafrales como aquellos que sufren una paralización total o casi total, en períodos fijos y regulares del año. En tanto, el Dr. Ameglio distingue los trabajadores propiamente zafrales, o sea aquellos cuyas tareas están vinculadas a ciclos de la naturaleza y cumplen sus actividades preferentemente en el área de la agropecuaria, de los trabajadores por temporada, entendiendo que estos son aquellos empleados en actividades que por lo general son permanentes, pero que regularmente en determinada actividad del año tienen un incremento, como hotelería, heladerías, etc. Finalmente, el Dr. Pérez del Castillo, explica al respecto, que caben diversas opciones: a) contrato con plazo, o a término y distinto por zafra; b) contrato con plazo y preferencia para la recontratación en las estaciones sucesivas; c) trabajo permanente discontinuo. Sostiene, que el trabajo permanente discontinuo es aquél que se desempeña en determinadas fechas a la semana, al mes o al año. Son permanentes porque el contrato no se agota en un día, pero son discontinuos porque no trabajan todos los días del año o con la continuidad propia de quien se desempeña todos los días. Y agrega, que la diferencia entre un trabajador permanente discontinuo y un contratado con plazo o un temporero o zafral, dependerá del análisis concreto de cada caso. Así, en la reiteración de temporadas claras y cortas, es difícil considerar que nace un derecho a mantener el vínculo para el futuro, si no está dicho en forma expresa entre las partes y si el tipo de actividad es claramente estacional. Sin embargo, no es posible afirmar lo mismo, cuando existe una temporalidad confusa por contrataciones prolongadas o superposición de zafras. En este caso, un vínculo permanente es probablemente más acorde con la propia filosofía de las leyes del 44. El cuidado de las normas sobre indemnización por despido a la hora de señalar la forma en que se calcula la antigüedad de los jornaleros, parte de la base que existe un trabajador sin ocupación todos los días, pero con derecho a cobrar una reparación en caso de perder el vínculo estable con el empleador. Y prosigue señalando el mencionado autor, que el caso de zafrales con períodos extendidos de actividad en el año y muchas zafras reiteradas, si bien puede no provocar dificultades a la hora de considerar si son o no zafrales, puede sí generar dudas sobre si le concede durabilidad al vínculo del trabajador o no. Pues se trata del problema de la extensión del período de tiempo que dura la actividad anual. Si consiste en un trabajo a lo largo de nueve o diez meses y decrece durante dos o tres, resulta poco comprensible hablar propiamente de zafra y de trabajadores zafrales. (Cf. Autor citado en “Trabajadores Zafrales”, Revista de Judicatura Nº 36, págs. 33, 39 y 43).
Aplicando los conceptos precedentemente señalados al caso concreto, a criterio de la Sala no es posible concluir que el actor fuese un trabajador permanente.
Así quedó acreditado que sólo fue contratado durante la temporada estival, cuando al demandado se le concedió el uso temporal (durante el verano) de la Planta Baja del Parador del Camping 33 Orientales de Durazno (fs. 29, 30 y 62).
Así, el testigo Dominique Chinante Ribeiro, sostuvo que era un trabajo temporal (fs. 65). En tanto, la testigo Mailen Machín señaló: “En las dos temporadas sabía que era un trabajo por la temporada, desde el momento en que me lo plantearon lo sé, era un trabajo zafral, por tres meses, yo no pedía despido.” (fs. 67). En el mismo sentido se pronunció Agustina Largacha a fs. 68, al indicar que se trataba de un trabajo zafral, solo por la temporada de verano.
Además, no resulta necesario para la prueba de la zafralidad la suscripción de contrato escrito, ni a prueba, ni a término, pues el mismo no es un requisito de solemnidad, sino que tal calidad resulta de cómo se ejecutó la relación entre las partes, siendo contestes los testigos respecto a un empleo zafral, el que se verificaba durante la temporada de verano, cuando al empleador le era concedido el uso del Parador.
Sin perjuicio de los fundamentos que anteceden, elementales reglas de experiencia y razonabilidad descartan la verosimilitud de la contratación de una persona para trabajar fuera del verano, en un local cuyo uso se concede solamente para la temporada estival, en una zona, que, como es de conocimiento público, en algunos periodos del año, suele estar cubierta por las aguas del Río Yí debido a las crecientes, todo lo que torna irreal la posibilidad de una contratación permanente.
Por ende, tratándose indudablemente, de un trabajador zafral, el mismo se encuentra excluido del cobro de la indemnización por despido. Por lo tanto, sobre el punto se procederá a confirmar la solución de la recurrida.
VI) No se establecerá especial imposición de costas y costos en el grado.
Por tales fundamentos, disposiciones legales citadas, arts. 17 y 18 de la Ley N° 18.572 del 13.9.2009, arts. 6 y 7 de la Ley N° 18.847 del 15.11.2011 y concordantes, el Tribunal,
FALLA:
CONFÍRMASE LA SENTENCIA APELADA, salvo en cuanto desestimó los rubros: horas extras, descansos semanales y feriados, en lo que se revoca y en su lugar, se condena A SU PAGO, conforme a la liquidación presentada por EL ACTOR, más 10% de daños y perjuicios, multa, reajustes e intereses hasta la fecha del efectivo pago.
SIN ESPECIAL IMPOSICIÓN DE COSTOS Y COSTAS EN EL GRADO.
HONORARIOS FICTOS: CINCO BASES DE PRESTACIONES Y CONTRIBUCIONES.
NOTIFÍQUESE ELECTRÓNICAMENTE Y DEVUÉLVASE.
DRA. SYLVIA DE CAMILLI HERMIDA
MINISTRA PRESIDENTE
DRA. MÓNICA IVANOVICH OUJO
MINISTRA
DR. ADOLFO FERNÁNDEZ DE LA VEGA MÉNDEZ
MINISTRO
ESC. VERÓNICA LAMELA SANTURIO
SECRETARIA LETRADA
Fuente: Base de Jurisprudencia Nacional del Poder Judicial. Los nombres de las partes figuran anonimizados en el original.