Tribunales de Apelaciones · Tribunal Apelaciones Trabajo 4ºT
Sentencia Definitiva N° 194/2025
17 de setiembre de 2025
CONFÍRMASE LA SENTENCIA APELADA, salvo en cuanto a los montos de las liquidaciones por licencia y salarios vacacional, en lo que se revoca y en su lugar, se dispone estar a los recepcionados en la presente.
- Ficha (IUE)
- 2-74054/2024
- Procedimiento
- Proceso laboral
- Materia
- Derecho laboral
- Importancia
- Media
- Resultado (estimado)
- Confirma en parte
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Texto de la sentencia
. SENTENCIA DEFINITIVA
TRIBUNAL DE APELACIONES DEL TRABAJO DE 4º TURNO
MINISTRO REDACTOR: DR. ADOLFO FERNÁNDEZ DE LA VEGA MÉNDEZ
MINISTROS FIRMANTES: DRA. SYLVIA DE CAMILLI HERMIDA, DRA. MÓNICA IVANOVICH OUJO Y DR. ADOLFO FERNÁNDEZ DE LA VEGA MÉNDEZ.
VISTOS EN EL ACUERDO:
Para sentencia definitiva de segunda instancia estos autos caratulados: “GONZALEZ, DANIEL C/ CASMU - PROCESO LABORAL ORDINARIO (LEY 18.572)” IUE 2-74054/2024, venidos en apelación del Juzgado Letrado de Trabajo de la Capital de 15º Turno a cargo del Dr. Walter Hugo Burella Asconeguy.
RESULTANDO:
1) La Sala acepta el relato de antecedentes procesales que se consignan en la sentencia apelada, procediendo al dictado de la presente.
2) Por sentencia definitiva de primera instancia Nº 12/2025 de fecha 18 de marzo de 2025 (fs. 246-271), se hace lugar parcialmente a la demanda incoada, condenando al CASMU a abonar al actor las sumas reclamadas en la demanda por concepto de licencia no gozada, salario vacacional, aguinaldo, comisiones correspondientes al mes de agosto de 2023, e indemnización por despido, con más 10% por concepto de daños y perjuicios preceptivos (sobre los rubros que tienen naturaleza salarial) y 10% por concepto de multa (art. 29 Ley Nro. 18.572), con los respectivos reajustes desde la fecha de producción del egreso del trabajador hasta el efectivo pago, no haciendo lugar a los demás reclamos realizados.
3) El representante de la parte actora, interpone recurso de aclaración y ampliación (fs. 274-274 vto.), contra la referida sentencia, agraviándose, en síntesis, por cuanto:
No se pronunció con respecto a los intereses, correspondiendo también adicionarse a la condena reajustada desde el egreso del trabajador hasta su efectivo pago.
4) Por auto Nº 306/2025 de 24 de marzo de 2025 se resolvió ampliar la sentencia definitiva dictada en autos estableciéndose que el reajuste de los créditos debe efectuarse desde la fecha en que se produjo el egreso del trabajador y hasta el efectivo pago, debiéndose adicionar los respectivos intereses legales.
1.5. El representante de la parte demandada, interpone recurso de apelación (fs. 279-284 vto.) contra la referida sentencia y su posterior ampliación, agraviándose, en cuanto a la liquidación de la licencia y salario vacacional por haber recepcionado la formulada por la parte actora en su demanda, descartando la alternativa detallada presentada por CASMU, sin hacer realizado una fundamentación objetiva, ni haber realizado la más mínima confrontación entre las pruebas presentadas por las partes.
La sentencia, se limita a descalificar los valores aportados por la demandada, entendiendo que son inverosímiles e incorrectos, pero no explica en que se basa para ello, ni cual serían los errores que incurre la liquidación alternativa, ni mucho menos porque sería más atendible la de la parte actora, prescindiendo de la detallada aportada por esta parte, desconociendo que en materia de determinación de adeudos laborales, el juez debe verificar cual cálculo se ajusta a la prueba rendida. Esto lleva a una ausencia de análisis racional y específico que configura una violación del deber de motivar las decisiones judiciales establecido en el art. 197 del C.G.P., colidando con la afectación de las garantías del debido proceso. Asimismo, existió una errónea valoración probatoria o franca omisión valorativa, debido a que CASMU acompañó su contestación detallada, con notas explicativas, calculando los promedios de ingresos con parámetros objetivos, acompañando de la debida prueba y ello no fue tenido en cuenta. Se agregaron recibos de sueldo y ninguno de ellos fue impugnado o desconocido por la contraparte y conforme a las reglas procesales y jurisprudencia, si el trabajador alega haber recibido un monto diferente al que surge de sus recibos oficiales, le corresponde a él la carga de probar la falsedad o inexactitud de dichos documentos, cosa que tampoco ocurrió. Además, se produjo prueba testimonial, que corroboró la metodología empleada por Casmu, ratificando que las comisiones integraban el salario del actor y que el cálculo reflejaba fielmente sus ingresos promedio por tal concepto. En definitiva, se desconoció prueba legítima y sustancial presentada por esta parte, infringiendo las reglas de la sana crítica y alterando la carga probatoria en detrimento de la parte demandada.
Fundar la desestimación global de la liquidación de CASMU en la falta del cómputo del aguinaldo representa un grave error, porque aun cuando se incorpore el aguinaldo omitido, los demás valores de los restantes rubros presentandos eran correctos y estaban acreditados, por lo que, debieron tenerse en cuenta, máxime cuando la liquidación presentada por el actor adolecía de imprecisiones y carencias en su sustento, incluyendo montos calculados de modos genérico e incluso retroactivamente aplicando condiciones contractuales nuevas.
Hizo lugar a los rubros de salario vacacional y licencia correspondientes al período 2021 a 2023, surgiendo de la prueba agregada que el actor ya había gozado plenamente de los períodos de licencia correspondientes a esos años, así como que había percibido oportunamente los montos correspondientes a salario vacacional, siendo ello incuestionable por haber sido debidamente acreditado de forma documental.
Explica en forma circunstanciada por qué, entiende que solo quedan 2 días de licencia sin tomarse, entendiendo que si bien no tiene derecho a la licencia y salario vacacional del 2023 por no haber cumplido funciones, serían en todo caso 3 días, por el monto de $ 25.620.
Solicita que, en definitiva, se revoque la recurrida, teniéndose por correcta la cuantificación del crédito realizada en la liquidación alternativa realizada por su parte respecto al despido, debiéndose desestimar la demanda respecto a licencia y salario vacacional, por haber sido ya abonados.
6) Por decreto Nº 456/2025 de 8 de abril de 2025 (fs. 286), se dispuso el traslado del recurso de apelación interpuesto por el término de 10 días, resultando evacuado por la parte actora a fs. 289-293 vto. adhiriéndose al mismo, agraviándose por cuanto no hace lugar al reclamo por comisiones impagas estableciéndose que la demanda no es suficientemente clara al respecto. Por un lado, se expresó con meridiana claridad que se reclaman comisiones desde el ingreso mismo a la institución, ya que desde su comienzo percibió comisiones erróneamente liquidadas y asimismo se expresó que las tareas que realizó el actor fueron siempre atinentes a un gerente del área comercial y no las de un oficial grado II. Y por otro lado, resulta agraviante también que el señor magistrado de primera instancia entienda que la demanda carece de la debida sustanciación, cuando en realidad se realizó una narración detallada en cuanto a la forma errónea en que CASMU realizaba la liquidación de las comisiones.
7) Por auto Nº 588/2025 de 29 de abril de 2025, se tuvo por evacuado el traslado conferido y no se hizo lugar a la adhesión al recurso de apelación, por no resultar prevista la misma en el proceso laboral (fs. 295).
8) Por providencia Nº 656/2025 de fecha 7 de mayo de 2025 habiéndose interpuesto en tiempo y forma recurso de apelación por la parte demandada contra la sentencia definitiva de autos se dispuso franquear el mismo con efecto suspensivo para ante el Tribunal de Apelaciones del Trabajo que por turno corresponda (fs. 298).
9) La parte actora interpuso recurso de queja por denegación a la adhesión a la apelación, lo que fue resuelto con efecto suspensivo en la pieza IUE 514-21/2025 que luce agregada a los presentes autos.
10) Recibidos los autos en el Tribunal el 5 de agosto de 2025, se señaló fecha de acuerdo y se dispuso el pase a estudio de conformidad con lo establecido en el art. 17 de la Ley 18.572 en la redacción dada por el art. 6 de la Ley 18.847 (fs. 325-326). Dejándose constancia que el Colegiado se encontró desintegrado del 26 de agosto al 3 de setiembre de 2025 inclusive y del 10 al 13 de setiembre de 2025 inclusive, por licencias de sus miembros.
CONSIDERANDO:
I) La Sala por la unanimidad de sus voluntades naturales irá a confirmar la sentencia apelada, salvo en cuanto a los montos de las liquidaciones por licencia y salario vacacional en lo que se revoca y en su lugar, se dispone estar a los recepcionados en la presente, por los fundamentos que seguidamente se expondrán.
II) En primer lugar, corresponde considerar los agravios de la parte demandada en cuanto a la falta de fundamentación y análisis comparativo de la prueba. Al respecto, el recurrente entiende que la apelada carece de la fundamentación exigible, sustituyendo el análisis crítico por un mero calificativo subjetivo, privando a la decisión de un sustento argumental válido, colidiendo con las garantías del debido proceso.
El art. 197 inciso final del C.G.P., aplicable por analogía conforme al art. 31 de la Ley 18.572, exige que la sentencia contenga la “exposición de las razones jurídicas en cuyo mérito se aplica el derecho...”, o sea la fundamentación de la decisión que se traduce en una explicación de los elementos jurídicos tenidos en cuenta para adoptar una decisión.
Se ha destacado que la motivación de una sentencia constituye la parte más importante de la sentencia, en la que el juez expone los motivos o los fundamentos en que basa su decisión, es decir, que fue lo que determinó que adoptara una u otra solución al conflicto que debía resolver. Dicho requisito esencial del acto conclusivo de la causa define a la sentencia como un acto reflexivo y no discrecional de su voluntad autoritaria, y permite el control sobre el modo de ejercer los jueces su voluntad jurisdiccional (Cfr. Véscovi y colaboradores en C.G.P. Anotado, Tomo VI, págs. 62 y 63).
En tal sentido, Couture señala que la motivación del fallo constituye un deber administrativo del Magistrado. La ley se lo impone como una manera de fiscalizar su actividad intelectual frente al caso, a los efectos de poderse comprobar que su decisión es un acto reflexivo, emanado de un estudio de las circunstancias particulares, y no un acto discrecional de su voluntad autoritaria. Pero también establece que aunque los jueces tienen el deber de justificar sus decisiones con arreglo a derecho, la motivación puede ser breve y sucinta con tal que exponga las razones jurídicas que fundan la decisión (cfr. Couture en “Fundamentos de Derecho Procesal Civil...”, 3ª ed., págs. 286).
En el caso, no es posible sostener que la sentencia definitiva dictada en autos, carezca de la motivación suficiente, por cuanto analiza los puntos litigiosos y expone los fundamentos de la decisión. Además, tampoco se ha coartado el ejercicio de la defensa, puesto que la parte demandada pudo ejercer su derecho a apelar sin limitaciones. El hecho de que no se comparta cómo se analizó y valoró la prueba, y lo expuesto respecto a la liquidación, podrá ser objeto de agravio, no obstante, ello no determina la carencia de motivación.
Cabe agregar que, el recurrente no establece cuál sería la consecuencia jurídica del agravio, no existiendo planteo alguno de declaración de nulidad de la sentencia por falta de motivación o adecuada fundamentación, por lo tanto, dicho agravio carece de objeto.
III) En cuanto a los agravios por los montos de las comisiones percibidas, como destaca la Dra. Ivanovich en su voto, estas inciden en la liquidación de la licencia, salario vacacional y aguinaldo. En tal sentido, tratándose de una partida variable debe considerarse el promedio de las mismas en los doce meses anteriores al egreso (Decreto-Ley 14.328 y Ley 12.597 art. 4).
En el caso, a efectos de determinar el promedio anual, corresponde estar a los montos que surgen de los recibos de salario y liquidaciones formuladas por la demandada. No obstante, se observa que, a pesar de haber sido intimada, la misma no agregó la totalidad de los recibos de salario del actor, por lo que incumplió con lo dispuesto en el art. 168 del C.G.P.
Al respecto, cabe recordar que existe un único y decisorio medio aceptado, lógico e idóneo para demostrar el monto y el pago de los rubros salariales, que no es otro que el recibo de pago, el que, obviamente, debe encontrarse en poder el patrono o sea de la demandada (Revista de Derecho Laboral Tomo XX Nro. 107 pág. 561). En particular, el art. 10 de la Ley 16.244 estableció entre otras cosas que “Los trabajadores deberán recibir de sus empleadores en cada oportunidad de cobro de sus salarios, una constancia de su situación laboral, que deberá contener los datos que establezca la reglamentación.” Esto dio mérito al dictado del Decreto 337/996 y 108/008, el cual fue derogado por el Decreto 278/017, y en su art. 19 preceptúa lo siguiente: “Todo empleador, inclusive los del servicio doméstico, estará obligado a expedir y entregar a sus trabajadores el recibo de pago correspondiente en oportunidad de abonar cualquier suma o remuneración, sea cual sea el sistema de pago utilizado. Dichos recibos servirán de constancia laboral a los efectos establecidos en el artículo 10° de la Ley N° 16.244 de 30 de marzo de 1992 y en ellos deberá constar:
a) Nombres y apellidos completos del trabajador, cédula de identidad, fecha de ingreso, cargo y/o categoría y forma de remuneración.
b) Nombre y domicilio del empleador, grupo y subgrupo de actividad…
c) Relación detallada de todos los rubros que componen la remuneración: sueldo, horas extras, feriados pagos, nocturnidad, antigüedad, aguinaldo, jornal, jornal de vacaciones, salario vacacional, indemnizaciones y en general todo otro concepto relativo al vínculo laboral...” Al respecto, debemos partir de que se ha entendido que los recibos, además de acreditar el pago de los de los haberes del trabajador, sirven asimismo como "constancia de situación laboral", para determinar "las obligaciones existentes en caso de reclamación judicial", que se derivan de la relación laboral, tal como el monto del salario acordado y los montos abonados por comisiones (cfr. Pérez del Castillo, "Manual Práctico de Normas Laborales", 8va. ed., pág. 24; "Anuario de Jurisprudencia Laboral", Años 1996-1997, c. 1561, Año 1999, c. 1060 y 1064, Año 2001, c. 868).
En particular, la parte demandada no sólo no agregó los recibos correspondientes a los meses de diciembre de 2023, enero y febrero de 2024 ni las liquidaciones realizadas por concepto de comisiones, tal como aconteció hasta julio de 2023, sino que formula una liquidación que no se ajusta a la normativa vigente. Así, contempla comisiones que no forman parte del último año de trabajo, no considera lo percibido en el mes de agosto de 2023 ($ 149.000) y que fuera objeto de condena, así como tampoco expone ni contempla las comisiones generadas por el actor desde diciembre de 2023 al egreso.
Por ende, no habiendo cumplido la empleadora con la carga que le correspondía de acreditar lo percibido efectivamente por el trabajador por concepto de comisiones en el período en cuestión, resulta procedente estar a lo pretendido por el accionante, suma que, por otra parte, se adecúa a lo que consta en los recibos agregados, el monto correspondiente a agosto de 2023 y lo que estima generado desde diciembre de 2023 al egreso.
De allí, que se proceda a la confirmatoria de la recurrida, desestimándose los agravios expresados por la parte demandada.
IV) En cuanto a la licencia y salario vacacional, el recurrente considera que tales rubros han sido abonados. Sin embargo, tal conclusión resulta errónea.
Al respecto, se advierte que la licencia gozada en los meses de febrero y octubre de 2023 (fs. 120 a 122, 138 y 141), no responde a la licencia reclamada, esto es la generada en los años 2023 y 2024, por cuanto estas aún no eran exigibles. Así, la licencia del año 2023 recién se hace exigible en el año 2024, y la del año 2024 se torna exigible con el egreso del actor. Por lo tanto, no puede imputarse a la licencia gozada en el año 2023, los días generados ese mismo año, máxime cuando a octubre de 2023 no se había verificado el egreso del actor para configurar una hipótesis de licencia no gozada. Entonces, no cabe más que concluir que la licencia y su correspondiente salario vacacional de los años 2023 y 2024, deben abonarse.
De acuerdo con lo expuesto, la condena al pago de la licencia y salario vacacional se impone.
V) En lo que hace a la liquidación de la licencia, salario vacacional e indemnización por despido, los agravios resultan parcialmente de recibo.
En primer lugar, en relación a la cantidad días de licencia, teniendo presente que, en el año 2023, el actor estuvo amparado al seguro de paro de setiembre a noviembre de 2023, este generó un total de 15 días, tal como fuera reclamado y acogido. Sin embargo, en lo que respecta al año 2024, asiste razón a la parte demandada, en cuanto el actor no generó la cantidad de días de licencia reclamados. En efecto, en la medida que el egreso del actor se produjo el 1° de marzo de 2024, sólo pudo generar 3,33 días de licencia (1,666 x 2 meses).
En tal sentido, asiste razón al recurrente que la liquidación acogida no se adecúa a lo expuesto. No obstante, tampoco los cálculos llevados a cabo por el demandado resultan ajustados, pues el salario fijo no se compadece con la realidad (no se contempló la antigüedad) y las comisiones tampoco, debiéndose estar en ambos casos a lo liquidado por la parte actora y acogido en la sentencia de primera instancia.
Lo expuesto amerita la siguiente liquidación:
Licencia:
Jornal de licencia: $ 127.555 salario + $ 111.524 comisiones = $ 239.075 : 30 = $ 7.969 Licencia: $ 7.969 x 18,33 días de licencia (2023 y 2024) = $ 146.071,77 Salario vacacional: $ 146.071,77 (no existe agravio concreto sobre el líquido de licencia).
VI) En lo que hace a la indemnización por despido, los agravios no resultan de recibo, por cuanto la parte demandada no ha acreditado que el actor hubiese percibido un promedio inferior de comisiones que las liquidadas y acogidas, como base de cálculo de tal rubro.
VII) En función de lo señalado, se revocará parcialmente la recurrida, estándose a lo ut supra liquidado por concepto de licencia y salario vacacional, a lo que se debe agregar el 10% de daños y perjuicios preceptivos 10% de multa, actualización e intereses, conforme a lo ya dispuesto por sentencia de primera instancia y que no fuera motivo de agravio.
VIII) No se establecerá especial imposición de costas y costos en el grado.
Por tales fundamentos, disposiciones legales citadas y en los arts. 17, 18, 28, 29 y concordantes de la Ley N° 18.572 del 13.9.2009, art. 7 de la Ley N° 18.847 del 15.11.2011, el Tribunal,
FALLA:
CONFÍRMASE LA SENTENCIA APELADA, salvo en cuanto a los montos de las liquidaciones por licencia y salarios vacacional, en lo que se revoca y en su lugar, se dispone estar a los recepcionados en la presente.
SIN ESPECIAL IMPOSICIÓN DE COSTOS Y COSTAS EN EL GRADO.
HONORARIOS FICTOS: CINCO BASES DE PRESTACIONES Y CONTRIBUCIONES.
NOTIFÍQUESE ELECTRÓNICAMENTE Y DEVUÉLVASE.
DRA. SYLVIA DE CAMILLI HERMIDA
MINISTRA PRESIDENTE
DRA. MÓNICA IVANOVICH OUJO
MINISTRA
DR. ADOLFO FERNÁNDEZ DE LA VEGA MÉNDEZ
MINISTRO
ESC. VERÓNICA LAMELA SANTURIO
SECRETARIA LETRADA
Fuente: Base de Jurisprudencia Nacional del Poder Judicial. Los nombres de las partes figuran anonimizados en el original.