Sentencia Definitiva N° 199/2025

SENTENCIA DEFINITIVA TRIBUNAL DE APELACIONES DE TRABAJO DE 4º TURNO. MINISTRA REDACTORA: DRA. MÓNICA IVANOVICH OUJO. MINISTROS FIRMANTES: DRA. SYLVIA DE CAMILLI HERMIDA, DRA. MÓNICA IVANOVICH OUJO Y DR. ADOLFO FERNÁNDEZ DE LA VEGA MÉNDEZ. VISTOS EN EL ACUERDO: Para sentencia definitiva de segunda instancia estos autos caratulados: “AA C/ CITIGROUP INC Y OTROS. PROCESO LABORAL ORDINARIO (LEY 18.572)” IUE 2-111319/2023, venidos en apelación del Juzgado Letrado de Trabajo de la Capital de 3er. Turno a cargo de la Dra. Susana Moll. RESULTANDO: 1) La Sala acepta el relato de antecedentes procesales que se consignan en la sentencia apelada, procediendo al dictado de la presente. 2) Por sentencia definitiva de primera instancia Nº21/2025 de fecha 19 de mayo de 2025 (fs. 925-976): - Se desestima la excepción de prescripción interpuesta por Citibank NA Sucursal Uruguay. - Se acoge la falta de legitimación pasiva interpuesta por BB. - Se desestima la demanda en todos sus términos. - Sin especial condenación en la instancia. 3) La representante de la parte actora, interpone recurso de apelación (fs. 979-996 vto.) contra la referida sentencia, agraviándose, en síntesis, por cuanto: A) Existió una incorrecta delimitación del tema decidendum, omitiendo identificar el objeto del litigio, desconociendo que la pretensión de autos gira en torno a un supuesto de trato desigual y discriminatorio al momento del cese laboral del actor y no a una hipótesis de despido indirecto ni a un reclamo indemnizatorio aislado. B) La recurrida incurre en una valoración contradictoria y errónea al desestimar la existencia de trato desigual y discriminatorio por parte de la demandada pese a haber reconocido previamente que el actor formaba parte de la misma unidad de negocios (IPB) que los asesores de Ciudad Vieja, y que todos estaban sujetos a las mismas políticas, lineamientos y estructura funcional. Asimismo, comete un grave error al validar el contenido del contrato de compraventa de acciones, el cual no fue suscrito por el actor ni le resulta oponible en virtud del principio de relatividad de los contratos (art. 1291 del Código Civil). C) Existe un apartamiento injustificado de la recurrida respecto a la situación de igualdad funcional entre los asesores de IPBS US de Ciudad Vieja y Zonamerica. Tanto el actor como sus colegas de la Ciudad Vieja formaban para de una única unidad de negocios -IPB US- y eran sometidos a los mismos procedimientos, controles y lineamientos, la recurrida validad un trato diferenciado sin realizar una mínima comparación sustancial entre ambos grupos. La sentencia debió aplicar el principio de primacía de la realidad, en el entendido que en materia laboral este constituye un criterio básico que ordena preferir sobre las formas y formalismos. D) La recurrida afirma que la parte actora suscribió una novación de contrato de trabajo de manera libre y voluntaria, aceptando un nuevo esquema de remuneración y reconociendo la continuidad de la relación laboral. Tal conclusión ignora la realidad acreditada en autos, que demuestra que la novación fue una maniobra jurídica engañosa para encubrir un despido y evitar el pago de las indemnizaciones correspondientes, la firma de dicho contrato fue producto de una situación de incertidumbre e información paca deliberadamente creada por la contraria, en la que se ocultó información relevante. Por lo que no puede hablarse de consentimiento libre. E) No analiza la novación contractual en el contexto fáctico en que se produjo, omitiendo considerar la analogía funcional y operativa entre los asesores de Ciudad Vieja y Zonamerica. Todos comenzaron a prestar servicios para Insigneo el mismo día (1° de agosto de 2022), sin solución de continuidad y todos lo hicieron brindando los mismos servicios (sin contar con la parte bancaria), a las mismas carteras de clientes. Ninguno de ellos cesó realmente en sus funciones, lo que refuerza el argumento de que la desvinculación fue sólo firmal. En ambos casos, el negocio que se transfirió fue el mismo y tanto en Ciudad Vieja como en Zonamerica hubo trabajadores que no fueron recontratados por decisión del nuevo empleador. La situación, en los hechos, fue idéntica. F) Califica lo ocurrido como una “sucesión de empresas”, sin considerar que Insigneo no adquirió la unidad de negocio IPB US en su totalidad, sino únicamente una parte de esta, el segmento de corretaje de inversiones desarrollado a través de Citi International Financial Services (CIFS) con sede en Puerto Rico. No se vendió el servicio bancario que integraba sustancialmente las funciones del actor, ni se transfirió la totalidad de la actividad desarrollada por Citi en Uruguay. Por lo que el actor perdió una parte esencial de su función como asesor financiero integral. G) La recurrida violenta el principio de igualdad de trato y de la discriminación injustificada entre trabajadores de una misma unidad de negocio. A pesar de la igualdad sustancial, al momento del cese con Citi e ingreso a Insigneo, se estableció una diferencia de trato absolutamente injustificada entre los trabajadores de la oficina de Ciudad Vieja y los de Zonamerica, a los primeros se les ofreció un acuerdo de desvinculación que incluyó indemnización legal por despido y una partida extraordinaria o convencional, que en algunos casos alcanzó el equivalente a 18 salarios mensuales, en tanto a los de Zonamerica no se les reconoció indemnización alguna, ni se les ofreció trato similar, a pesar de haber sido transferidos en las mismas condiciones y desde la misma unidad de negocios. H) Se verificó una incorrecta desestimación de los rubros reclamados, derivados del tratamiento discriminatorio efectuado por las co-demandadas. Así la a quo incurre en un error sustancial al desestimar el reclamo por despido del actor y rubros de egreso, en los que nada tiene que ver el actual empleador. Mientras en relación a las gratificaciones extraordinarias, la Sentencia es absolutamente carente de motivación. I) También la sentencia incurre en un grave error de valoración al no considerar el debido rigor la parcialidad evidente de los testigos ofrecidos por la parte demandada, ni la admisibilidad del contrato de compraventa acompañado en forma parcial y unilateral. 4) Por decreto Nº1261/2025 de fecha 12 de junio de 2025 (fs. 1003), se dispuso el traslado personal a la contraparte por el término legal de 10 días hábiles, resultando evacuado a fs. 1005-1014 vto. abogando por la confirmación de la sentencia en todos sus términos. 5) Por providencia Nº1561/2025 de fecha 24 de julio de 2025, se tuvo por evacuado el traslado conferido y habiéndose interpuesto en tiempo y forma el recurso de apelación contra la sentencia definitiva de autos se dispuso conceder el mismo con efecto suspensivo para ante el Tribunal de Apelaciones del Trabajo que por turno corresponda (fs. 1016). 6) Recibidos los autos en el Tribunal el 5 de agosto de 2025, los mismos fueron devueltos por mandato verbal Nº251/2025 de fecha 6 de agosto de 2025 (fs. 1020-1022). 7) Levantadas las observaciones y recibidos nuevamente los autos el 15 de agosto de 2025, se señaló fecha de acuerdo y se dispuso el pase a estudio de conformidad con lo establecido en el art. 17 de la Ley 18.572 en la redacción dada por el art. 6 de la Ley 18.847 (fs. 1022-1028). Dejándose constancia que este Colegiado estuvo desintegrado por licencias de sus miembros, entre el 26 de agosto al 3 de setiembre de 2025, inclusive, y del 11 al 13 de setiembre de 2025, inclusive. CONSIDERANDO: I) La Sala por la unanimidad de sus voluntades naturales irá a confirmar la sentencia apelada, por los fundamentos que seguidamente se expondrán. II) La parte actora se agravia, en resumen, por cuanto la recurrida desestimó la demanda, sosteniendo que lo fallado resulta incorrecto, desajustado e incongruente con el encuadre fáctico-jurídico de la pretensión ejercitada y con las emergencias de la prueba rendida en autos. En primer término, el recurrente considera que la apelada realiza una incorrecta delimitación del objeto del litigio, desconociendo que la pretensión de autos gira en torno al trato desigual y discriminatorio al momento del cese laboral. Si bien, admite que integraba la misma unidad funcional (IPB US) que sus colegas en la Ciudad Vieja, bajo los mismos lineamientos, procedimientos y tareas, incurre en una flagrante contradicción al sostener que existían diferencias jurídicas y laborales que justificarían un trato desigual. Todo gira en torno a una situación de tratamiento discriminatorio padecida por él y otros trabajadores de Citi, todos pertenecientes a una misma unidad de negocios (International Personal Bank US, IPB) dentro del Citi, en instancias del cese de su vínculo laboral para con el grupo Citi, en razón de la venta de una parte del negocio IPB (el de corretaje), llevado a cabo por Citi International Financial Services “CIFS” y no todo, pues el servicio bancario llevado a cabo a través de Citibank N.A., no fue objeto de venta en favor de la forma Insigneo. Alude que siempre trabajó en la misma unidad IPB US del Citigroup, que las formas jurídicas en las que se estructuraba dicho negocio de IPB en Uruguay deben dejarse de lado y considerar la realidad de los hechos, esto es, que trabajaba para la referida unidad IPB de Citi, al igual que todos sus colegas de la sucursal de Ciudad Vieja. Sin embargo, al momento de la desvinculación con Citi fueron tratados en forma desigual y diferenciada, pagándoles a unos rubros indemnizatorios y compensatorios, pero a otros absolutamente nada. Asimismo, por si fuera poco, todos los asesores financieros que trabajaban en Ciudad Vieja, comenzaron a trabajar el mismo día para Insigneo, sin interrupción, como en su caso. Por otra parte, considera que se atribuye plena validez a una supuesta “novación”, sin ponderar el contexto previo, de incertidumbre, desinformación y presión en que fue suscripta, ni considerar la asimetría estructural entre las partes. La sentencia incurre en un enfoque meramente formalista, privilegiando estructuras societarias y documentos contractuales, frente a la realidad efectiva del trabajo. Además, considera que Insigneo habría sucedido a Citi como empleador, cuando quedó probado que sólo se adquirió una parte del negocio (corretaje de inversiones) excluyéndose expresamente los servicios bancarios que formaban parte esencial de sus funciones. Por otra parte, la recurrida no se expide sobre la procedencia de las partidas, que fueron otorgadas voluntariamente a otros trabajadores en su misma situación, lo que refuerza el trato desigual sufrido. En tanto se rechaza el pago de los rubros licencia, salario vacacional y aguinaldo, ignorando que su vínculo cesó con Citi y que dicha ruptura fue instrumentada de forma encubierta, bajo una supuesta novación que jamás obedeció a su voluntad libre. Finalmente, se agravia por la valoración sesgada de la prueba testimonial y documental. Tales agravios, a juicio del Tribunal, no resultan de recibo. En el caso, en la medida que la parte actora pretende rubros propios de egreso por despido, como la indemnización tarifada, licencia no gozada, salario vacacional y aguinaldo de egreso, resulta relevante determinar las circunstancias del egreso, expuestas por el actor en su demanda en relación al reclamo impetrado. Así, se observa que el accionante, en su escrito introductorio, se limitó a señalar que su relación con la demandada culminó el 31 de julio de 2022 por la causal despido, pero no identificó si dicha causal fue por un despido directo o indirecto. En tal sentido, se coincide con la recurrida en que el actor no explica de qué forma fue despedido, máxime cuando no existió una comunicación unilateral de la empresa de poner fin a la relación laboral, y tampoco surge que el Sr. AA haya comunicado al empleador que se consideraba despedido y en consecuencia haya dejado de ir a trabajar. Por ende, en la demanda ni siquiera se da cumplimiento al principio de la debida afirmación, lo que obsta a que el reclamo en esos términos pudiera prosperar. El art. 117 del C.G.P., en virtud de la remisión que al mismo hace el art. 8 de la Ley N° 18.752 optó por la teoría de la sustanciación, que establece que: "el objeto de la pretensión y del proceso estar constituido no solo por la relación jurídica, sino también por los fundamentos de hecho y de derecho que determinaron la deducción de dicha pretensión y el petitorio al juzgador" (cfr. "Código General del Proceso - Anotado, comentado y concordado", tomo 3, pág. 95). La necesidad de expresar claramente los fundamentos fácticos y jurídicos en que se funda la pretensión, que emerge del art. 117 del C.G.P., debe exigirse al momento de sentenciar, puesto a través de ello se da cumplimiento al principio de la buena fe y lealtad procesal recogido por el art. 5 del C.G.P. Klett y Pereira Campos establecen que existe un estándar del buen litigante que “impone a las partes deber de adecuar su comportamiento procesal al modelo establecido por el legislador”, señalando que en los actos de alegación inicial, los hechos deben ser precisados de forma categórica, explícita y clara “a fin de que el relato no constituya una emboscada para el adversario” (cfr. “Valor de conducta procesal de las partes desde la perspectiva probatoria en el C.G.P. en “Revista Uruguaya de Derecho Procesal” págs. 49 y ss.). La Sala Laboral de 1er. Turno ha señalado que: “No existe motivo para que en el proceso laboral este principio pueda dejarse de lado, salvo que se trate de hechos que no puedan llegar a conocimiento del trabajador, en base a su condición, no así con relación a todo aquello que sustente su pretensión, como sucede en este caso” (cfr. “Anuario de Jurisprudencia Laboral” Año 2011, c. 529). Como ha establecido la Dra. Rosina Rossi: "Si la ambigüedad, evasión o reticencia en la contestación de la demanda, es descalificada legalmente al implicar inobservancia de la carga de la respuesta categórica, meritando la consecuencia gravosa de la admisión, por similares razones (aquí el principio de igualdad juega sin retaceo) debe merecer el disfavor legal la conducta procesal del actor que, en desconocimiento del deber de veracidad concretado en el relato integral de los hechos fundamentales involucrados en el objeto litigioso, oculta circunstancias de hecho decisivas, deforma la verdad, o retiene información útil a los efectos de la justa decisión de la controversia (cfr. "La teoría de las cargas dinámicas en el derecho procesal uruguayo" en "La Justicia Uruguaya", tomo CXI fojas 447 y ss.). Cabría aun cuestionarse si la omisión o reticencia en la fundamentación fáctica de la demanda y en el correlativo aporte probatorio, que contraría los deberes de colaboración y de moralidad puede valorarse como indicio contrario a la fundabilidad de la pretensión que constituye el objeto del proceso" (cfr. "Anuario de Jurisprudencia Laboral", Años 1996-1997, sent. N° 7 de fecha 21.3.1997 del J.L.T. 8°, c. 489). Tampoco la posición del accionante en su escrito recursivo es clara, por un lado, descarta el despido indirecto (“El planteo no es – ni lo fue nunca- el de un despido indirecto…”, fs. 993), centrándose en un cese forzado y sin indemnización, lo que no se condice con los hechos probados en autos, ni con los propios términos del recurso, en los que más adelante se afirma que su vínculo funcional tampoco se interrumpió. Lo cierto es que, el actor, jamás fue despedido por las demandadas, menos por su empleadora formal (Citi Asesores de Inversión Uruguay S.A.), la que ni siquiera luce demandada en forma concreta. Por el contrario, el hoy apelante, continuó trabajando para Insigneo International Asesores de Inversión Uruguay S.A., quien comprara los derechos de titularidad de las acciones de capital social y otras participaciones patrimoniales en la Sociedad, la que comprendía a Citi Asesores de Inversión Uruguay S.A. En particular, son trasladables al caso en estudio, el criterio y posición asumida por este Colegiado, en sentencia definitiva de segunda instancia de fecha 27 de noviembre de 2024, en autos caratulados: “CC C/ CITIGROUP INC Y OTROS - PROCESO LABORAL ORDINARIO (LEY 18.572)“ IUE 2-6454/2024, venidos en apelación del Juzgado Letrado del Trabajo de la Capital de 12° Turno, cuya sentencia de sentencia de primera instancia, fue dictada por la Dra. Natalia Gallardo Fulco. En autos, al igual que en el mencionado juicio, lo que se verificó en la realidad, es una sucesión de empresas, es decir que Insigneo International Asesores de Inversión Uruguay S.A. sucedió en calidad de empleador a Citi Asesores de Inversión Uruguay S.A. (empleadora del actor). Al respecto, se ha sostenido que: “Dentro de la noción de sustitución o cambio de la figura del sujeto empleador quedan incluidas una muy variada gama de situaciones, ya que partiendo del principio de ‘primacía de la realidad’, es posible definir como ‘sucesión de empleadores’, una serie de hipótesis que desde la perspectiva de otras disciplinas jurídicas no necesariamente implican cambios de titularidad empresarial. Así por ejemplo, la venta del paquete accionario de una sociedad anónima, que formalmente no supone un cambio de la persona jurídica (que continúa siendo la misma) podría en ciertos casos llegar a ser asumida por el Derecho del Trabajo como una hipótesis de sustitución del empleador, provocando una serie de consecuencias en las relaciones laborales. Las diversas modalidades que suelen identificarse como ‘sucesión del empleador’ deben ser estudiadas a partir de los principios y criterios hermenéuticos propios de la disciplina Laboral. En particular corresponde destacar el principio de continuidad y el principio de primacía de la realidad. El principio de continuidad incide al considerar el problema de la extinción o mantenimiento de las relaciones individuales de trabajo. Por su parte, el principio de la realidad adquiere relevancia a la hora de detectar los posibles responsables frente a los diferentes créditos laborales.” (Garmendia, Mario, “Consecuencias laborales del cambio del sujeto empleador”, C.A.D.E. digital doctrina N° 361). En el caso de marras, conforme a la prueba recabada en autos, se verificó la continuidad de la relación laboral del actor. La misma no se extinguió, por el cambio de la figura del empleador. Asimismo, aun considerando que lo único que existió, fue la venta de una parte del negocio de IPB US a Insigneo International Asesores de Inversión Uruguay S.A., ello no modifica las conclusiones, puesto que tal hipótesis también importa la sucesión de la figura del empleador. El hecho de que Citibank Uruguay y Citi Asesores conformaran una unidad de negocios, como lo sostiene la recurrente, no enerva que la sucesión de empresas se haya verificado respecto a esta última, la que más allá de la existencia de un centro de poder y de la responsabilidad laboral ampliada, fue objeto de una compraventa de sus acciones por parte de Insigneo. En efecto, Citigroup Participation Luxembourg Limited (CPLL) poseía todas las cuotas sociales emitidas y en circulación de Citi International Financial Services, LLC, sociedad de responsabilidad limitada de Puerto Rico (CIFS); a su vez, Citicorp Banking Corporation (CBC) poseía todas las acciones emitidas y en circulación de Citi Asesores de Inversión Uruguay S.A., las sociedades y una unidad de negocios de Citibank N.A. Sucursal Uruguay (unidad de negocios Ciudad Vieja) operaban una parte del negocio de banca personal internacional (IBP), propiedad indirecta de Citigroup Inc. que presta servicios de gestión patrimonial principalmente a clientes de alto patrimonio, principalmente en América Latina y el Caribe, por lo que, el objeto del contrato celebrado con Insigneo Financial, es la compra y adquisición de todos los derechos de titularidad de los vendedores sobre los derechos transferidos de las Sociedades. No obstante, el contrato no comprende la transferencia al comprador de activos y participaciones patrimoniales de ninguna afiliada de los vendedores, excepto CIFS y Asesores. Por lo tanto, la discontinuidad del segmento de negocio de IPB US por parte de CPLL y CBC importó la venta de CIFS y Citi Asesores, lo que implicó en Uruguay la venta de las acciones emitidas por esta última a Insigneo y la discontinuidad de dicho negocio por parte de Citibank Uruguay, pues ni sus acciones, ni participaciones, formaron parte del objeto de la venta referida. En ese marco, el comprador de las acciones de Citi Asesores reconoció y aceptó todas las relaciones laborales con los empleados que se transferían con la sociedad y durante 12 meses se obligó a proporcionar a cada empleado transferido remuneración, beneficios, antigüedad, derechos en caso de despido y otras condiciones laborales que se hayan proporcionado a esos empleados del negocio inmediatamente antes de la fecha de cierre, no estando obligado a proporcionar a los empleados transferidos un acuerdo de incentivos en acciones u opciones o un plan jubilatorio (fs. 310 a 323 vto., 368 a 381 vto.). Así las cosas, dado que Insigneo adquirió las acciones de Citi Asesores y el actor se encontraba entre los trabajadores transferidos, su relación laboral no se extinguió, es más, en los hechos continua. Por lo que, Insigneo reconoció la antigüedad del actor en Citi Asesores Inversión S.A. (2/10/2011). Incluso suscribió una novación del contrato de trabajo el 1° de agosto de 2022, la que no fue objeto de impugnación, y por la cual se le ofreció un nuevo esquema de remuneración fijo y a su vez, incorporarse como socio de la sociedad Insigneo Holding Asesores LLC (fs. 22 a 24 vto.). Todo lo expuesto, permite determinar que, verificada la sucesión del empleador, el actor no fue despedido directamente para que se configure los presupuestos de hecho de la indemnización por despido y demás rubros de egreso. Asimismo, tampoco se argumentó, ni acreditó su derecho a la percepción de la indemnización adicional y/o gratificación extraordinaria y/o salarios impagos, no siendo suficiente señalar que fue abonada a otros colegas Asesores Financieros, que trabajaron en la sucursal de Ciudad Vieja. III) Por otra parte, el recurrente, sostiene que la novación fue una maniobra jurídica engañosa para encubrir un despido y evitar el pago de las indemnizaciones correspondientes y que no puede hablarse de consentimiento libre. Respecto de la novación, doctrina y jurisprudencia coinciden en que es admisible en el Derecho Laboral, y por cuya virtud pueden modificarse válidamente las obligaciones centrales del contrato de trabajo. Asimismo, se admite su configuración de modo tácito, cuando el empleador produce la alteración, y el trabajador la acepta, continuando, trabajando por un período considerable en esas condiciones, sin aducir en su oportunidad "jus variandi abusivo" y sin que pueda determinarse, que medió vicio de consentimiento en su voluntad. En efecto, en conceptos aplicables al ocurrente, en sentencia N° 218 de fecha 15.9.1999 el T.A.T. de 3er. Turno estableció: "Y es de convenir que la novación hecha valer es dable de admitirse configurada y no desmerece el contrato laboral entre las partes.” Es de señalar con Plá Rodríguez que "en la práctica cotidiana del mundo del trabajo es que la tendencia dinámica del contrato hace que nadie piense en el efecto extintivo de la novación sino en la circunstancia de hecho de la continuación de los servicios" (Principios del Derecho del Trabajo Biblioteca de Derecho Laboral N° 2, 1975, p. 158). Vale decir entonces, que es admisible el instituto de la novación en el Derecho Laboral, y particularmente, con incidencia en las transformaciones del contrato laboral. Como dice el aludido laboralista, "justamente la novación supone el cambio de las obligaciones centrales emanadas del contrato de trabajo; no del número ni la esencia de esas obligaciones que derivan del marco contractual, pero sí de su contenido" (ob. cit., p. 157), siendo destacar que se diferencia con el "jus variandi", en que "mientras que la novación supone siempre el acuerdo entre las partes, el "jus variandi" implica una variación impuesta mediante actos de imperium del empresario ante los cuales no le cabe al trabajador otra alternativa que la obediencia" (ob. cit., p. cit.); "produciéndose la novación, como la estipulación inicial, sin formalidades. En la mayoría de los casos el consentimiento se manifiesta tácitamente por aceptar el trabajador la nueva retribución fijada por el empleador, o el cambio de tareas y la nueva calificación dispuesta por el mismo" (ob. cit., p. 158) ... Es de tenerse presente en aplicación del art. 1530 CC (normativa susceptible de ser aplicada no afectándose la normativa del Derecho Laboral, cfr., Mangarelli, Daño Moral en el Derecho Laboral, edic. Acali 1984, p. 19-21) que dicha disposición establece: "La novación no se presume: es necesario que se declare la voluntad de verificarla o que resulte claramente del acto por la incompatibilidad de las obligaciones o de otra manera inequívoca, aunque no se use de la palabra novación", y que en su alcance, la doctrina ha expresado la admisibilidad de su configuración de modo tácito (v.gr. Peirano Facio, Curso de Obligaciones, t. 6, C.E.D. 1962, p. 221; Rezzónico, Estudio de las Obligaciones, vol. 2, 9ª edic. Depalma 1964, p. 963). Al decir de Plá Rodríguez, si el trabajador no admite el cambio de condiciones, el empleador no puede disponer unilateralmente de la alteración de las comisiones, empero si el trabajador produce la alteración y el trabajador nada dice, es que tácitamente admite la novación obligacional" (cfr. Gómez Franco, Molinari y Piatniza (R), en "Anuario de Jurisprudencia Laboral" Año 1999, c. 946). Aplicando los precedentes conceptos al caso de autos, tal como surge del informativo testimonial relevado en la apelada y de la novación del contrato de trabajo, el Sr. Terdjeman, en ningún momento fue despedido, sino que tuvo la opción de mantener su puesto de trabajo, lo que efectivamente hizo, al continuar trabajando para Insigneo. Tampoco en autos se ha alegado de un grave incumplimiento de la empleadora que tornara insoportable la continuidad del vínculo laboral, como fundamento de un despido indirecto. Por el contrario, a pesar de la sucesión de empresas, el actor continuó trabajando e incluso aceptó las nuevas condiciones de trabajo de la empresa sucesora (Insigneo), respecto a lo cual Citi Asesores de Inversión Uruguay ni Citibank N.A. Sucursal Uruguay S.A, poseen injerencia. En tal sentido, se destaca que la novación no se llevó a cabo con las demandadas, sino con quien sucediera a Citi Asesores y tal como lo destaca acertadamente la recurrida, el actor aceptó la propuesta de Insigneo y no se acredita la existencia de perjuicio alguno en su remuneración o condiciones labores (fs. 971). Al respecto, el testigo DD, actual empleado de Insgineo, sostuvo: “De más de cuarenta asesores, la gran mayoría optó por la novación. Creo que dos o tres no optaron y siguieron con las mismas condiciones laborales hasta el día de hoy, por lo menos a diciembre de 2023 donde fue la última vez que vi una planilla con la lista de asesores.” (fs. 802). En el mismo sentido, se pronunció la testigo Testai a fs. 847. Por lo tanto, resulta contradictoria la calificación realizada de la novación, con la conducta del trabajador. En todo caso, si la sucesión del empleador o la novación lo perjudicaba, no debió seguir trabajando para la empresa sucesora, ni aceptar tácita o expresamente la novación. No obstante, respecto a sus “supuestos” perjuicios, nada acredita. IV) A diferencia de lo expuesto por el agraviado, no se demostró la existencia de un trato discriminatorio entre los distintos trabajadores del Grupo Citi. Por el contrario, los empleados de Citi Asesores y quienes trabajaron para el Citibank cumpliendo funciones en la oficina de IPB en la Ciudad Vieja, se encontraban en posiciones diferentes. Así, para analizar la situación del actor, no sólo debe considerarse que la unidad de negocios de IBP US se encontraba en dos locaciones, una sita en Zonamerica y otra en Ciudad Vieja, sino que el cierre de una de ellas, determinó por un lado la compraventa de la sociedad anónima uruguaya que funcionaba en Zonamerica, es decir Citi Asesores, la que brindaba servicios exclusivamente a no residentes y por otro lado, implicó que Citibank N.A. - quien no fue adquirida por Insigneo- dejara de prestar el servicio, lo que determinó el egreso por despido de los trabajadores dedicados a dicha tarea. En este escenario, en el caso del actor, se produjo una novación subjetiva del empleador, que fue aceptada por este al suscribir el contrato de novación y continuar trabajando para Insigneo, de lo que deriva la continuidad de la relación laboral. A lo que cabe agregar que no se demostró que tales circunstancias o el hecho de que ya no pudiera brindar servicios bancarios, importara algún perjuicio concreto para el trabajador, a tal punto que ni siquiera esgrimió un incumplimiento grave que diera mérito al despido indirecto. En particular, si existió alguna modificación de las condiciones de trabajo, se produjo una vez que el actor comenzó a trabajar para Insigneo, con quien suscribió un contrato de novación. Por ende, no es posible imputar tal modificación a Citi Asesores de Inversión Uruguay S.A., ni a la persona jurídica demandadas. En tanto, los trabajadores de Citibank N.A., la que no formó parte del contrato de compraventa, fueron efectivamente despedidos al no continuar con la unidad de negocios IPB US. Esto último determinó el pago de la indemnización por despido y demás rubros de egreso, así como los derivados de la política de despido de dicha persona jurídica, la que no es aplicable al actor. Por lo tanto, yerra el recurrente al sostener que Citigrupo vendió a Insigneo un único negocio (corretaje), pues esta soló adquirió las acciones y participaciones en las sociedades CIFS y City Asesores, donde se desempeñaba el actor. No enerva lo expuesto, que algún trabajador despedido de la unidad de negocios de Citibank N.A. – no todos- fuera contratado posteriormente por Insigneo (fs. 802, 809, 811, 813, 814, 843, 845, 846, 851, 854, 855, 858, 859), pues ello dependió de la voluntad de esta última y no del conjunto económico relevado en autos. A su vez, la situación de estos no es la misma que la del actor, puesto que no se verificó a su respecto la continuidad de la relación laboral y sus consecuencias jurídicas, tal como el reconocimiento de la antigüedad y otras condiciones laborales anteriores a la fecha de Cierre de la unidad de banca privada del Citibank N.A. Sucursal Uruguay S.A., y en particular Insigneo no tenía la obligación de contratarlos (fs. 803, 814, 855). Ante situaciones disímiles, no resulta ajustado requerir el mismo trato y las mismas condiciones, máxime cuando el actor no fue despedido y su relación laboral continuó más allá de la modificación de su empleador. En tal sentido, la testigo Rita Cecilia Pereira, al preguntársele si el actor fue despedido por Citi Asesores o dejó de trabajar en algún momento responde en forma negativa (fs. 869). A ello cabe agregar la aplicación del principio de buena fe, que no parece regir la pretensión de un empleado que reclama un despido, cuando jamás fue despedido. Por lo tanto, no habiendo demostrado el recurrente que se le haya brindado un trato discriminatorio ni que haya egresado por despido, los rubros reclamados resultan, a todas luces, improcedentes. De allí que los agravios no logran conmover los sólidos fundamentos de la decisión arribada en primera instancia, por lo que se desestimarán los mismos, procediendo la confirmatoria de la recurrida. V) A lo antedicho, cabe agregar que, si bien en nuestro derecho no rige el precedente obligatorio, este Colegiado comparte las conclusiones expuestas por el T.A.T.3° Turno ante una situación de similares características a la planteada en autos. En tal sentido, señaló: “…aunque exista un conjunto económico, el actor desde la fecha de su renuncia para pasar a la empresa de Asesores en Zona Franca, trabajó para esa empresa. Las tareas que cumplía, no lo transforma en empleado de todas las empresas del Grupo. Una cosa es que el Grupo responda de haber créditos laborales contra una integrante del Grupo, y otra diferente es que el actor tenga derecho a obtener beneficios o régimen salarial o de retiro de otras empresas, diferenciadas en sus actividades, tareas etc. Considera la Sala que no hay discriminación, no fueron indemnizados en primer lugar porque hubo un sucesor, no se consideró despedido, negoció y no se demostró que la novación fuera perjudicial. En relación al agravio por las gratificaciones extraordinarias, cabe establecer que respecto de este punto la sentencia no omite pronunciarse, si no hubo despido, no procede ni la indemnización por despido ni la gratificación extraordinaria que se asienta en hipótesis de despido no verificada…” (Sentencia N° 202/2024). Como corolario de todo lo precedentemente expuesto, no habiéndose verificado el egreso por despido directo ni indirecto del actor, no resulta procedente ninguno de los rubros reclamados. En especial, en lo que hace a la indemnización adicional y/o gratificación extraordinaria y/o salarios impagos, los escasos fundamentos en los que se funda la apelación, también determinan su rechazo, puesto que en nuestro ordenamiento no resulta procedente la equiparación absoluta. VI) No se establecerá especial imposición de costas y costos en el grado. Por tales fundamentos, disposiciones legales citadas, arts. 17 y 18 de la Ley N° 18.572 del 13.9.2009, arts. 6 y 7 de la Ley N° 18.847 del 15.11.2011 y concordantes, el Tribunal, FALLA: CONFÍRMASE LA SENTENCIA DEFINTIVA APELADA. SIN ESPECIAL IMPOSICIÓN DE COSTOS Y COSTAS EN EL GRADO. HONORARIOS FICTOS: CINCO BASES DE PRESTACIONES Y CONTRIBUCIONES. NOTIFÍQUESE ELECTRÓNICAMENTE Y DEVUÉLVASE. DRA. SYLVIA DE CAMILLI HERMIDA MINISTRA PRESIDENTE DRA. MÓNICA IVANOVICH OUJO MINISTRA DR. ADOLFO FERNÁNDEZ DE LA VEGA MÉNDEZ MINISTRO ESC. VERÓNICA LAMELA SANTURIO SECRETARIA LETRADA