Sentencia Definitiva N° 220/2025

SENTENCIA DEFINITIVA TRIBUNAL DE APELACIONES DEL TRABAJO DE PRIMER TURNO Ministra Redactora: Dra. Ana Karina Martínez Larrosa. Ministros Firmantes: Dra. María Gabriela Rodríguez Fagián, Dr. Julio Alfredo Posada Xavier, Dra. Ana Karina Martínez Larrosa. VISTOS: Para sentencia definitiva de segunda instancia estos autos caratulados: “SARAVIA FERNANDO C/ SEGURIDAD ORIENTAL SRL y otros – PROCESO LABORAL ORDINARIO (LEY 18.572)”, IUE: 2-95182/2024, venidos a conocimiento de esta Sala en virtud de los recursos de apelación deducidos por la parte actora y las codemandadas Intendencia de Montevideo, Administración Nacional de Correos y ANTEL contra la sentencia definitiva de primera instancia No. 25/2025, del 29 de mayo de 2025, dictada por la Sra. Jueza Letrada de Trabajo de la Capital de 6º turno, Dra. Julia Isabel Rodríguez Mederos. RESULTANDO: 1.- Por el referido pronunciamiento, obrante a fojas 645 a 653, a cuya relación de antecedentes cabe remitirse, se desestimó el excepcionamiento deducido y se estimó parcialmente la demanda, condenando a Seguridad Oriental SRL, solidariamente a AFE y subsidiariamente a la Intendencia de Montevideo, la Administración Nacional de Correos y ANTEL, a abonar al actor Fernando Saravia los rubros laborales reclamados individualizados, con el alcance establecido en los Considerandos, intereses, reajustes, y multas legales que se continúen generando hasta su efectivo pago, sin especial condena en costos y con costas de precepto a la demandada. 2.- A fojas 661 a 663 consta recurso de apelación introducido por la parte actora, donde se agravia porque no se hizo lugar a la totalidad de los descansos intermedios reclamados y por el porcentaje de los daños y perjuicios preceptivos. 3.- Por su parte, la Administración Nacional de Correos impugnó la sentencia a fojas 697 a 702, agraviándose por: a) la naturaleza subsidiaria de la responsabilidad atribuida, b) porque no se valoró la prueba documental aportada por su parte; c) por la atribución de responsabilidad en relación al pago de los descansos intermedios; d) por la condena a abonar el despido indirecto, multa legal y daños y perjuicios preceptivos, y e) por la aplicación automática del artículo 8 de la ley 18.251. 4.- La Intendencia de Montevideo también recurrió la sentencia, en este caso mediante escrito de fojas 705 a 709, en el cual planteó como agravios: a) la desestimatoria de la excepción de caducidad; b) el amparo parcial de los descansos intermedios; c) el ámbito de aplicación material de la ley 18.099 y 18.251 (por la condena a abonar multa legal y daños y perjuicios preceptivos). 5.- Por último, la codemandada ANTEL fundó agravios a fojas 711 a 713 por: a) la condena a abonar descansos intermedios y su cuantía; b) la condena al pago de la ipd (indirecto) y c) la condena al pago de la multa legal y los daños y perjuicios preceptivos. 6.- Conferidos los respectivos traslados de los recursos, los evacuaron la Intendencia de Montevideo y la parte actora. 7.- Por auto 1408/202, del 31/7/2025, se franqueó la alzada, recibiéndose los autos en este Tribunal el día 8/8/2025. Seguidamente se fijó fecha de acuerdo y pasaron los autos a estudio de los Sres. Ministros, de conformidad a lo dispuesto en el art. 17 de la Ley No. 18.572, practicándose en forma sucesiva, por carecer de medios técnicos apropiados para cumplir el estudio simultáneo previsto en la ley. 8.- Acordada sentencia, se procede a su dictado. CONSIDERANDO: 1.- La Sala, mediante la voluntad conforme de sus integrantes naturales, confirmará parcialmente la sentencia definitiva apelada, revocándola en los aspectos y por los fundamentos que a continuación se expondrán. 2.- El caso de autos refiere al reclamo del Sr. Fernando Saravia contra su ex empleadora, Seguridad Oriental S.R.L. (Varela y Varela SRL) y las tercerizadoras de servicios, contratantes de su empleadora, Intendencia de Montevideo, Complejo Habitacional Parque Malvín Alto, AFE, ANTEL y Administración Nacional de Correos. Expresó haber laborado como vigilante auxiliar desde el 22 de diciembre de 2018, hasta el 9 de setiembre de 2024 en que se consideró indirectamente despedido en virtud de los incumplimientos patronales relativos al pago de salarios y otros rubros laborales. Señaló el adeudo de licencias de varios años, asi como de la media hora de descanso, ya que no lo podía usufructuar debido a que no contaba con relevo para poder retirarse del puesto de trabajo a descansar. Indicó, a efectos de hacer efectiva la responsabilidad de las codemandadas por tercerización, los períodos en que cumplió funciones en beneficio de cada una de ellas. La empleadora no contestó la demanda, mientras que sí opusieron defensas todas las codemandadas, llegando el actor a un acuerdo transaccional con el Complejo Habitacional Parque Malvín Alto. Resuelta la controversia en los términos ya referidos, corresponde abocarse al análisis de los agravios esgrimidos contra el pronunciamiento definitivo de obrados. 3.- Resulta de orden considerar, en primer término, el agravio de la Intendencia de Montevideo relativo a la desestimatoria de la excepción de caducidad que interpusiera. En tal sentido, reitera que resulta de aplicación la caducidad prevista en el artículo 39 de la ley 11.925, que refiere a los créditos de cualquier naturaleza u origen que se tengan contra el Estado. Caducidad que se establece en 4 años contados desde la fecha de la exigibilidad. Entiende que en función de ello debe considerarse que operó la caducidad de los créditos por descansos intermedios reclamados a la Intendencia de Montevideo por el período setiembre 2019 a julio de 2020, ya que fue emplazada el 19 de diciembre de 2024. La Sala tiene posición contraria a la postulada por la recurrente, que en la actual integración plasmó en la Sentencia No. 159/2024. Allí fundamentó, en términos que resultan enteramente trasladables al caso que nos ocupa: “Como bien lo señala la sentenciante de primer grado, en el caso no resulta de aplicación el régimen general en materia de prescripción y caducidad de los créditos contra el Estado previsto en las leyes 11.925 y 16.226, sino que claramente debe aplicarse el régimen especial previsto particularmente para la materia laboral en materia de prescripciones, como lo es la ley 18.091, la cual establece un plazo de prescripción de los créditos de cinco años y no de cuatro como postula la apelante. En nuestra opinión, la norma sobre caducidad de la que hace caudal la impugnante no resulta aplicable al presente caso, dado que infolios se sustancia un reclamo basado en una relación laboral de tipo privado y en este ámbito, rige el régimen específico de prescripción dispuesto por la ley 18.091. Se reitera, la norma cuya aplicación propugna la Intendencia de Montevideo relativa a la caducidad de los créditos y reclamaciones contra el Estado, no rige en casos como el de autos donde el vínculo del Estado o Administración Pública de que se trate están regidos por la normativa laboral y, por consiguiente, son atendidos por la justicia laboral especializada, pues en estos casos, la normativa aplicable en relación a la tempestividad de cualquier reclamo es la ley 18.091. En la especie, resulta harto evidente que la Intendencia demandada es atraída como legitimada pasiva en virtud de las leyes amplificadoras de responsabilidad (leyes 18.099 y 18.251), pero es indudable que el reclamo se asienta sobre la base de una relación de trabajo de tipo privada (la entablada entre el actor y el Sr. Montossi), la que se encuentra regida por el Derecho Laboral y, por tanto, regida por el régimen especial de prescripción establecido en la ley 18.091. En esta misma línea esta Sala con otra integración afirmó, que “La ley Nº 11.925 determina su aplicabilidad en función de la naturaleza jurídica del sujeto pasivo de la acción, es una norma general respecto del objeto de la pretensión –créditos y reclamaciones contra el Estado. En cambio, la Ley Nº 18.091 apunta a la naturaleza jurídica de la relación y de los créditos sin interesarle la calidad del sujeto pasivo. Como lo expresa el Dr. Nelson Larrañaga Zeni en “Derecho Laboral y Seguridad Social en la empresa, citado por la apelante a fs. 405 vta.: “hay una clara voluntad del legislador de regular la prescripción laboral para todas las relaciones de trabajo. Por lo tanto, comprende cualquier tipo de acción que se funde en una relación de trabajo tanto privada como pública” (Cfme. Sentencia de esta Sala 468/2012 disponible en BJN). En similar orientación, el Tribunal de Apelaciones del Trabajo de 3º Turno en un caso donde también se pretendía la aplicación del régimen de caducidad previsto en la ley 11.925 afirmó, que la ley 18.091 resulta aplicable “a todos los trabajadores que se amparan al Derecho Laboral, sin distinción de la calidad del empleador y por ende, sin generar tratamiento desigual, al tiempo que posterior en el tiempo incluso a la que es invocada por el actor.- En suma pues es asimismo criterio consolidado de la Sala que no resulta de recibo el plazo cuatrienal sino el plazo de la Ley Laboral” (Sentencia Nro. 84/2017 extraída de la Base de Jurisprudencia Nacional)”. En mérito a lo expuesto, el agravio será desestimado. 4.- Respecto de la condena a abonar descansos intermedios trabajados se agraviaron tanto las codemandadas Administración Nacional de Correos, como la Intendencia de Montevideo y ANTEL, y también la parte actora por el amparo parcial del rubro. Por lo que se abordarán íntegramente los agravios en el presente Considerando. Las accionadas recurrentes atacan el fallo en función de la carga probatoria que grava a la parte actora respecto del reclamo de descansos trabajados, considerando insuficiente la prueba obtenida en el proceso. Sin embargo, no advierten que la empleadora directa no contestó la demanda, y por tanto no controvirtió la afirmación del actor de que no podía descansar porque no tenía relevo durante la jornada, así como que existía un registro que debería acreditar el goce de los descansos, que no fue aportado al proceso. Sin perjuicio de ello, la prueba testimonial diligenciada refrenda las alegaciones del accionante. Como bien destacó la recurrida, tanto la testigo Paola Techera, como el SR Julio Suárez compartieron períodos de trabajo con el actor en diferentes organismos, la primera en Antel y en la Sala Velatoria Municipal, el segundo en el Correo, AFE y BSE. Pero ambos destacaron que en los respectivos servicios les era imposible usufructuar el descanso intermedio, pues carecían de relevo, es decir que no podían ser suplantados en su tarea de vigilancia. No puede llamar a confusión la expresión de Techera “yo lo relevaba a él o él a mi” refiriéndose al actor, porque claramente refiere al relevo que se produce al final del turno de un trabajador, ingresando el que toma el siguiente turno. Así lo indica el hecho de referir que “con el actor no llegué a compartir jornada de 8 horas” (todo a fojas 613 y vto.). En tanto, Suárez manifestó que sí estuvieron cierto tiempo en el mismo turno, pero no hacían el descanso porque el encargado no lo permitía “porque no había relevo”, siendo 7 u 8 guardias, cada uno estaba en su puesto y nunca vio al actor tomar la media hora de descanso (fs. 614). Cabe resaltar que, de las accionadas, ninguna explicó cómo era posible que el actor pudiera gozar de su descanso intermedio no teniendo relevo, ni aportó ningún dato concreto sobre cómo se procedía para asegurar al trabajador la media hora de descanso. No dijeron, por ejemplo, que fuera suplido en ese tiempo por un funcionario propio de la repartición estatal, o que hubieran dado la orden de dejar el servicio descubierto para que pudiera retirarse a usufructuar su derecho. Evidentemente, si permanecía en el lugar, lo hacía en actitud de vigilancia, no cumpliéndose la finalidad de reposición de energías y de desligarse de la actividad como es la esencia de este beneficio. En lo que respecta a la Administración Nacional de Correos, no puede beneficiarse del hecho de que se encuentran abonados algunos descansos intermedios, que corresponden al tiempo en que laboró para la Intendencia de Montevideo. Puesto que los recibos de salario incorporados por su parte a fojas 161 a 164 no contienen indicios de que se hubieran abonado los mismos. Sin embargo, asiste razón a dicha codemandada con respecto al período efectivamente trabajado por el reclamante en dicha repartición estatal. En efecto, de las planillas agregadas a fojas 256 a 342 emerge constancia del desempeño de Fernando Saravia durante 89 jornales, durante el período comprendido entre fines de enero de 2021 y julio de 2021, salvo durante el mes de junio en que no trabajó, haciéndolo durante un solo jornal en julio de 2021. Si bien el testigo Suárez refirió haber laborado junto al actor en otra repartición del Correo (Proceso) sita en Buenos Aires e Ituzaingó (fs 614), es de destacar que el accionante mencionó haber trabajado sólo en el Edificio Central del Correo, por lo que esta declaración no puede ser considerada. Habrá de estarse, pues, a lo que resulta de las planillas agregadas, que el propio testigo relata que se llevaban, y tener por laborados 89 jornales, prácticamente tres meses, para la Administración Nacional de Correos, debiendo ajustarse la liquidación respecto de esta repartición estatal a dicho tiempo de trabajo, para contemplar lo dispuesto en el artículo 8 de la ley 18.251, debiendo responder únicamente por lo que el trabajador benefició con su trabajo a esta tercerizadora. (Art. 8: “Cuando se trate de obligaciones que se determinen en función de períodos mayores al de la subcontratación, intermediación o suministro, la cuantía máxima por la que responderá el patrono o empresario principal o la empresa usuaria no podrá exceder el equivalente de lo que se hubiera devengado si los operarios trabajasen en forma directa para el mismo”). Por otra parte, el accionante se agravia porque la sentencia acotó la condena al 60 % de los descansos reclamados. El argumento de la recurrida pasó por lo extenso del período reclamado (desde 2019), y el hecho de que el trabajador no hubiera efectuado reclamos con anterioridad. A juicio de la Sala, ambos argumentos suponen de algún modo la aplicación al trabajador de la teoría del acto propio, lo que resulta inadmisible tratándose de derechos irrenunciables. Por tanto, comparte el criterio propuesto por el actor recurrente de condenar al pago de la totalidad de los descansos trabajados, con descuento de los descansos abonados según resulta de los recibos salariales agregados en autos, en los meses que incluso identifica la recurrida a fojas 650 vto. Como bien establece la sentencia, cada codemandada responderá por el período en que el actor prestó trabajo para cada una de ellas. 5.- La Administración Nacional de Correos se agravió, además, por su condena subsidiaria. En fundamentación que se presenta confusa, aludió en primer término a que no ejerció actos propios del empleador ni intervino en el vínculo laboral del trabajador. Planteo que se advierte desajustado a las resultancias de autos, porque no fue demandada como empleadora sino en el marco de las leyes de tercerización. Vínculo de tercerización que admitió en su contestación de demanda (fs. 344), asi como lo hace en sede de agravios (fs 398 vto.), argumentando que ejerció el derecho a la información previsto en la ley 18.251. Admitido pues, que tercerizó el servicio de vigilancia, debe responder como garante. Por otra parte, señala en su recurso que la sentencia impugnada no valoró la documentación aportada por su parte, que demuestra el ejercicio del derecho a la información, asi como el control efectuado sobre la subcontratada. Pues bien, precisamente por haber valorado esa documentación, lo que surge de los términos de la recurrida a fojas 652 in fine, es que la condena se impuso con carácter subsidiario. De no haber valorado dicha documentación la condena le habría sido impuesta con carácter solidario. Por lo que el agravio carece de sustento. 6.- Tanto la Administración Nacional de Correos como ANTEL se agraviaron por la condena al pago de indemnización por despido indirecto. Ambas consideran improcedente que se las responsabilice por el despido del trabajador, por no haber intervenido o ser autoras de los incumplimientos que se configuraron durante el vínculo laboral y a la postre determinaron que el actor se considerara indirectamente despedido. Sin embargo, el agravio resulta inadmisible, porque no se les atribuye responsabilidad personal o directa por los incumplimientos, sino a título de garantes por integrar un vínculo de tercerización de actividad. También ambas codemandadas cuestionan la entidad de los incumplimientos de Seguridad Oriental SRL, postulando que no fueron tan graves como para ameritar el despido indirecto. Punto en el que no les asiste razón. Los incumplimientos que la sentencia de primera instancia tuvo por probados, y que las recurrentes no cuestionan, consistieron en atraso en el pago de salarios (al punto que la Intendencia codemandada abonó los dos últimos meses en subrogación de la empleadora), el no goce, ni pago como no gozada, de la licencia correspondiente al año 2022 y que debió verificarse en el transcurso del año 2023, y el hecho no controvertido de haber dejado la empleadora de proporcionar trabajo al actor a partir del mes de setiembre de 2023. A juicio de la Sala, y en coincidencia con la recurrida, se trata de incumplimientos graves, que justifican sobradamente la decisión del trabajador de considerarse indirectamente despedido. La Administración Nacional de Correos introduce también un cuestionamiento a su condena por el despido, invocando la posición de la Dra. Cristina Mangarelli, para quien la expresión contenida en el artículo 7 de la ley 18.251 al referir a “obligaciones laborales” no incluye a la indemnización por despido. Sobre este punto el Tribunal habrá de remitirse a la abundante jurisprudencia que ha emitido en sentido contrario al que postula la recurrente. A vía de ejemplo, en la Sentencia No. 84/2025 señaló: “…la Sala tiene posición firme acerca del alcance material de la responsabilidad de la empresa tercerizadora de servicios. Entiende que cuando la ley habla de responder por incumplimiento de “obligaciones laborales”, sin distinguir entre rubros laborales e indemnizatorios, engloba todas las obligaciones que provienen del vínculo laboral, interpretación que se ajusta al principio protector. En sentencia No. 232/2019 del 14/08/2019 (en B.J.N.) la Sala, con anterior integración, expresó: “se comparte el criterio de Garmendia y Gauthier (Tercerizaciones, Pág. 133), en cuanto a la amplitud con que la expresión obligaciones laborales debe entenderse, afirmando los autores que la responsabilidad “abarca genéricamente a todas las obligaciones labores, cualquiera sea su naturaleza específica (salarial o indemnizatoria) e inclusive, involucra no solamente a las obligaciones de dar, sino también a las de hacer. Rosenbaum y Castello (Subcontratación e intermediación laboral, Pág. 189), coinciden con los autores antes citados, incluyendo los rubros salariales e indemnizatorios y aún señalan que la empresa principal o usuaria no solo responde “por la indemnización común por despido prevista en las leyes del año 1944, sino también por el daño moral derivado de un despido abusivo o las indemnizaciones especiales que prevé nuestra legislación…” (Pág. 189-190).- La escueta mención del artículo 1 de la ley 18.099 que solo señala las obligaciones laborales, contribuciones de la seguridad social, prima por accidentes de trabajo y enfermedad profesional y las sanciones y recuperos que se adeuden al BSE, luego recibió una extensión mas precisa a través del artículo 7 de la ley 18.251, pues indica que esas obligaciones deben surgir de las normas internacionales ratificadas, leyes, decretos, laudos y decisiones de los Consejos de Salarios o lo convenios colectivos registrados o la información que surja de la planilla de trabajo y recibos, según la remisión del artículo 7 al literal D del artículo 4 de la misma ley. La amplitud de la norma con respecto a las fuentes de las obligaciones respecto a las que debe responder la empresa principal, no puede dejar lugar a dudas acerca de que el alcance de la norma atrapa también la indemnización por despido, por lo que el agravio de la codemandada al respecto es de rechazo” (sentencia No. 349/2019 del 4/12/2019 en B.J.N.)”.- Criterio que amerita rechazar el agravio por la condena a las recurrentes de la indemnización por despido. 7.- El criterio que viene de referirse resulta aplicable para rechazar también el agravio por la condena al pago de la multa legal y los daños y perjuicios. Este último es introducido tanto por la Administración de Correos, como por ANTEL y por la Intendencia de Montevideo. La inclusión de la multa legal y los daños y perjuicios preceptivos en el concepto de obligaciones laborales referido en el citado artículo 7 ha sido recogida en la Sentencia de este Tribunal No. 148/2025, donde se citó otra de la Sala homóloga de 4º turno, en términos enteramente aplicables en autos: “…como lo expresara el T.A.T 4º. Turno en sentencia No. 351/2018 del 21/11/2018 (en B.J.N.) “De ahí, que siendo evidente que en sentido amplio la indemnización por despido, la multa prevista por el art. 29 de la Ley 18.572, así como los daños y perjuicio preceptivos, también constituyen obligaciones laborales, no hay duda que la Comuna debe responder por el pago de estos rubros. “Cabe agregar que precisamente lo que genera los daños y perjuicios preceptivos es el no pago de rubros salariales. Y la multa es por “la omisión de pago de los créditos laborales” (art. 4º ley 10.449), por lo tanto, más allá de su naturaleza punitiva, la multa también constituye una obligación laboral aun cuando sea de carácter accesorio. De manera entonces que conforme a la norma referida las únicas multas excluidas son las aplicadas por “organismos de seguridad social” y no la multa prevista por el art. 29 de la ley 18.572 que precisamente constituye una “obligación laboral” derivada de “la omisión de pago de los créditos laborales”, o sea, obligación “derivadas de la relación de trabajo que surgen de…leyes”. 8.- En lo que dice relación a la crítica de la Administración Nacional de Correos por entender que no se ponderó adecuadamente su defensa relativa a la delimitación temporal de su relación con el actor, únicamente a 89 dias durante el año 2021, se dirá que le asiste razón. La consecuencia de esa delimitación temporal es la incidencia en la graduación de la condena subsidiaria impuesta a esta codemandada. La misma se estableció en forma proporcional al período de desempeño laboral del reclamante, como emerge de fojas 695 vto, remitiéndose a la liquidación de la demanda a fojas 121 vta y 122). Sin embargo, como ya se estableció en el presente pronunciamiento, ha quedado acreditado que el actor se desempeñó para el Correo durante 89 jornales, que a efectos prácticos equivalen a 3 meses. Por tanto, en lugar de los 5 meses considerados a fojas 122, mediante regla de tres se establecerá el monto equivalente a tres meses de trabajo: si por 5 meses la IPD es de $ 23.089,96 por 3 meses será de $ 13.854. 9.- Por último, resta considerar el agravio de la parte actora por el porcentaje fijado para los daños y perjuicios preceptivos. La recurrida fijó por tal concepto un 10 % de los rubros de naturaleza salarial, en tanto el actor no comparte dicha determinación por haber acreditado cargas familiares y por el tiempo durante el cual dejó de percibir su salario. La Sala comparte el fundamento del agravio, pues a fojas 95 el accionante acreditó que cuenta con una hija menor de edad a cargo, y además existen incumplimientos de larga data, como el relativo al pago de los descansos intermedios y licencia. Por lo que fijará el monto de los daños y perjuicios en el 15 % de los rubros salariales adeudados. 10.- Las costas del grado serán de cargo de las demandadas, no existiendo mérito para la imposición de condena en costos (arts 56.1 y 261 del CGP y 688 del C. Civil). Por los fundamentos expuestos, las normas legales citadas y lo establecido en los arts. 197, 198 y 344 del CGP y art. 17 de la Ley 18.572 en la redacción dada por el art. 6 de la ley 18.847, EL TRIBUNAL FALLA: CONFIRMASE LA SENTENCIA DEFINITIVA APELADA, SALVO EN CUANTO CONDENÓ AL PAGO DEL 60 % DE LO RECLAMADO POR CONCEPTO DE DESCANSOS INTERMEDIOS, EN CUANTO AL MONTO DE LA IPD POR LA QUE RESPONDE LA ADMINISTRACION NACIONAL DE CORREOS Y AL MONTO DE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS PRECEPTIVOS, EN LO QUE SE REVOCA, Y EN SU LUGAR CONDENASE AL PAGO DE LA TOTALIDAD DE LO RECLAMADO POR CONCEPTO DE DESCANSOS INTERMEDIOS, CON DESCUENTO DE LOS MONTOS QUE SURGEN ABONADOS POR TAL CONCEPTO DE LOS RECIBOS DE SALARIO, Y EN EL CASO DE LA ADMINISTRACION NACIONAL DE CORREOS, CONFORME A LOS JORNALES EFECTIVAMENTE TRABAJADOS PARA LA MISMA DE ACUERDO A LOS CONSIDERANDOS DE LA PRESENTE SENTENCIA. FIJASE LA IPD POR LA QUE DEBE RESPONDER SUBSIDIARIAMENTE LA ADMINISTRACION NACIONAL DE CORREOS EN $ 13.854 A LA FECHA DE LA DEMANDA. FIJANSE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS PRECEPTIVOS EN EL 15 % DE LOS RUBROS DE NATURALEZA SALARIAL AMPARADOS. COSTAS DE LA INSTANCIA DE CARGO DE LAS DEMANDADAS, SIN ESPECIAL CONDENACIÓN EN COSTOS. NOTIFIQUESE Y, OPORTUNAMENTE, DEVUELVASE A LA SEDE DE ORIGEN. DR. JULIO POSADA XAVIER PRESIDENTE DRA. KARINA MARTÍNEZ LARROSA MINISTRA DRA. GABRIELA RODRÍGUEZ FAGIÁN MINISTRA ESC. ADRIANA AGUIRRE MEDEROS SECRETARIA LETRADA.-