Sentencia Definitiva N° 223/2025

Sef 223/2025 Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 6º Turno Ministra redactora: Dra. Marta Gómez Haedo Alonso Ministras firmantes: Dras. Marta Gómez Haedo Alonso, Mónica Bórtoli Porro, Gloria Seguessa Mora Montevideo, 17 de setiembre de 2024 VISTOS: Para sentencia definitiva de segunda instancia estos autos caratulados “GÓMEZ RIAL, Gustavo C/ Intendencia de Montevideo. Cobro de Pesos”. I.U.E 2-30125/2023, venidos a conocimiento de este Tribunal en virtud del recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la sentencia definitiva de primera instancia N° 84/2024 del 4/12/2024 y el fundamento del recurso de apelación contra las sentencias interlocutorias Nº 870/2024, 872/2024 y 2228/2024 dictadas por el Sr. Juez Letrado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo de 4° Turno, Dr. Carlos Aguirre. RESULTANDO: I) Por el referido pronunciamiento, a cuya relación de antecedentes se remite la Sala, se resolvió desestimar la demanda incoada. Sin especial condena (fs. 1203 y ss.). II) Contra la referida sentencia, la parte actora interpuso recurso de apelación (a fs. 1.223 y ss.), invocando como agravios: a) A fs. 804-824, en la audiencia preliminar del 02/5/2024, la Sede dictó la sentencia interlocutoria Nº 870/2024, mediante la cual resolvió las excepciones opuestas por la demandada, acogiendo parcialmente la prejudicialidad de la acción, la falta de presupuesto procesal previo y la excepción de caducidad. Conforme el art. 216 del C.G.P., lo resuelto por sentencias interlocutorias “puede ser modificado al dictarse la sentencia definitiva, siempre que ello no importe retrotaer el procedimiento”. Pese a así haberse solicitado al alegar de bien probado, la Sede a quo no hizo uso de esta potestad, por lo que se funda el recurso de apelación contra la misma (art. 254 numeral 3 del C.G.P.). La potestad que tiene la sede de primera instancia de modificar de oficio, a través de la definitiva, lo resuelto por sentencia interlocutoria, también la tiene el Tribunal de Alzada al resolver sobre la apelación de la definitiva (tanto la sentencia de primera instancia como la de segunda instancia tienen naturaleza de definitivas porque dirimen el fondo del asunto), máxime cuando se trata de excepciones relevables de oficio (art. 133.2 del C.G.P.). En cuanto a la excepción de caducidad respecto del reclamo por daños y perjuicios derivados de la postergación en la carrera administrativa, la Sede, correctamente, “participa de la tesis amplia respecto de la suspensión del instituto de caducidad” al amparo del texto del art. 376 de la Ley 12.804 y, en tal virtud, amparó la “suspensión invocada por la actora entre abril de 2018 a octubre de 2021”, pero y seguramente por involuntario error, expresó como consecuencia que “los eventuales créditos no caducos responden al periodo 2019 a 2023”. Habiéndose presentado la demanda en 2023, es muy claro que restringir la reclamación a los créditos del periodo 2019 a 2023 no implica amparar la suspensión impetrada por la actora, como fue voluntad de la Sede, sino, por el contrario, ignorarla (los cuatro años expresados son los que abarcaría la caducidad sin considerar la suspensión acogida). El periodo de suspensión que la Sede recoge abarca 3 años y medio, por lo que en la acción deben quedar comprendidos, al menos, los eventuales créditos devengados desde 2016. Ése es el correcto alcance de lo que dispone la sentencia y así debería haberlo consignado la Sede, corrigiendo su error material. Al no haber corregido ese error, el mismo debe ser subsanado vía el presente recurso de apelación o de oficio. El razonamiento de la Sede en la parte expositiva fue correcto (mientras están pendientes de resolución las peticiones y los recursos contra ella deducidos el plazo de caducidad se suspende), pero al concluir que caducó todo el reclamo que tuviera origen en actos, hechos u omisiones anteriores a 2019, el a quo no aplicó en los hechos su correcto encuadre de derecho. Y ello motiva el agravio de su parte, más allá de que respecto de la reclamación por diferencia de haberes (pago de partida denominada de “recursos financieros”), no rige la caducidad y no fue invocada la prescripción, como bien se expresara en la impugnada. b) La interlocutoria acoge la prejudicialidad de la acción en relación con daños que pudiesen provenir de determinados actos administrativos, en la medida que éstos no fueron recurridos y no se agotó a su respecto la vía administrativa. Esa posición, como lo sostiene la doctrina ampliamente mayoritaria y buena parte de la jurisprudencia, no se ajusta al régimen emergente de la reforma constitucional de 1997, por distintos motivos de texto y contexto (v.gr, finalidad perseguida con la modificación del texto del art. 312 de la Constitución, principio pro actione, cuando no se agota la vía administrativa rige plenamente el art. 24 de la Constitución sin que exista la opción a la que refiere el art. 312 que sólo es aplicable a quien agota la vía administrativa y puede reclamar la nulidad del acto, la remisión del art. 312 al art. 309 no implica necesidad de agotamiento de la vía administrativa, ya que dicho requisito surge del art. 319 y no del 309). c) En lo que hace al fundamento del recurso de apelación contra la denegatoria de probanza resuelta por decreto Nº 872/2024 y Nº 2228/2024, en la audiencia preliminar celebrada el 2 de mayo pasado, el a quo tuvo por no propuesta la declaración testimonial del ex intendente de Montevideo, Ing. Daniel Martínez, cuyo testimonio fuera ofrecido en la demanda presentada. La razón invocada es que su parte no pudo aportar en forma previa a la audiencia o en el propio señalamiento, el domicilio de dicho testigo. Es motivo de agravio en tanto: - el principio de verdad material (arts. 24 numeral 4 y 25.2 del C.G.P.) obliga al a quo a agotar los medios probatorios tendientes a la averiguación de los hechos relevantes a los efectos de la dilucidación de la litis. - el testimonio del ingeniero Martínez, tal como surge del relato realizado en la demanda y de la declaración conteste de los testigos Gossi y Cabrita, tiene especial relevancia para determinar las condiciones en las que se acordó que el Cdor. Gómez Rial pasara a prestar sus funciones vinculadas al Fondo Capital en el ámbito de la Junta Departamental de Montevideo. Condiciones que fueron desconocidas por los jerarcas ulteriores de la Intendencia Departamental. - el domicilio del Ing. Martínez no es un dato que el actor debiese razonablemente tener en su poder, por lo que no se puede reprochar a su respecto omisión o negligencia alguna. - por el contrario, es la Intendencia demandada que pudo y debió aportar tal elemento por estar en el ámbito de los datos que posee y el deber de colaboración con la Justicia le obliga a incorporar al proceso (es la parte que tiene la disponibilidad del dato que debe incorporarlo). Su parte ofreció en la audiencia, como alternativa, asumir la carga de la comparecencia del testigo, lo que no obstó para que el a quo mantuviera su decisión de rechazo de su diligenciamiento. -su parte obtuvo ulteriormente el domicilio del ex jerarca y solicitó su citación, algo a lo que la Sede de primer grado no accedió. El a quo privilegió un aspecto formal (falta de un dato que su parte no pudo obtener antes de la audiencia preliminar) para desestimar un testimonio de singular importancia respecto de una de las pretensiones formuladas en autos (pago de una partida que fuera retenida entre julio de 2018 y mayo de 2019), cuando ese testimonio recabado por la vía de deferir la carga de la comparecencia al proponente, requerir a la demandada aportara el domicilio faltante o diligenciar la prueba cuando la parte actora obtuvo y denunció ese domicilio. Teniendo esas tres opciones, todas acordes al principio de verdad material, la Sede optó por el rechazo liso y llano de la probanza, entendiendo su parte que ello no se ajusta a los principios inspiradores de la legislación procesal ni existe norma expresa que le imponga tal solución. Del mismo modo, la Sede dispuso el desglose de una fotocopia de la portada y página 2 del diario “El País” del 3 de enero de 2020, que daba cuenta de la anomalía de la situación funcional del accionante durante un periodo de cinco meses, en donde se calificara (a estas circunstancias vividas) como un “limbo jurídico”. El argumento para ordenar tal desglose fue formal: tal publicación no fue presentada en forma de testimonio notarial. En tal sentido, se expresó por el apelante que: - si bien no fue agregado testimonio expedido en papel notarial, la publicación tenía constancia notarial de “copia fiel”. - al evacuar el traslado de las excepciones, su parte agregó el mismo documento en forma de testimonio notarial, subsanando el defecto formal. - dicho documento tiene importancia para contextualizar la situación anómala que sufriera su parte. - se vuelve a privilegiar lo formal por sobre lo sustancial: cuanto mayores elementos tuviera el Magistrado para formarse un juicio sobre el litigio, la calidad y justicia de la sentencia va a ser mejor, no lo entendió así el a quo, aplicando un rigorismo formal que no se ajusta a la finalidad de todo proceso. También se ofreció como prueba la declaración del autor de ese artículo, el periodista Sr. Eduardo Barreneche, que no fue excluida pero tampoco diligenciada por el a quo, pese a haberse reiterado ulteriormente su ofrecimiento. Se funda también el recurso de apelación con efecto diferido contra el decreto 2228/2024 que denegara la solicitud de declaración de dicho testigo, porque: - la declaración del testigo fue ofrecida en tiempo y forma. - se trata de prueba pertinente y conducente, en tanto se trató de un periodista que investigó concretamente los hechos de autos. - el apego a la verdad material conduce a su diligenciamiento. Del mismo modo es motivo de agravio que no se hubiera admitido la agregación del expediente 2024/1001-98-313, iniciado por su parte el 01/03/2024 en el que se solicitara infructuosamente se aplicara la lista de prelación antes de su vencimiento el 30/03/2024 y de cuyas resultancias se diera vista ulteriormente. Dicho expediente está claramente vinculado a la pretensión de autos y permite acreditar la perpetuación de la postergación de carrera y consiguiente daño alegado. d) En lo que hace a la sentencia definitiva dictada Nº 84/2024 de diciembre de 2024, se desestimó la demanda con fundamento en la discrecionalidad de la acción administrativa en cuanto a la potestad de asignar funciones en cargos de Jefatura y en el no cumplimiento debido de la carga de alegación y de prueba, así como en haber reclamado lucro cesante en lugar de pérdida de chance. Las conclusiones que extrajera el a quo en el caso concreto, no son ajustadas. A diferencia de lo que pareciera entender el a quo, lo que se sostiene por el recurrente es que la Administración demandada ha incurrido en antijuridicidad culpable en aspectos que surgen del relatorio de hechos probados efectuado en obrados. Emerge que habiendo la Administración prorrogado sucesivamente la lista de prelación aprobada en 2014 como consecuencia del concurso para Contadores Públicos, de modo que su vigencia se extendió hasta el pasado 30 de marzo, se omitió aplicarla debidamente bajo la excusa de que la misma regía solamente para cubrir vacantes en los cargos que se hubiesen provisto a través de ese concurso (o sea, en el caso del cargo SIR 18, un solo cargo, al que accedió quien ganara ese concurso y que se encuentra ocupado por dicha funcionaria hasta la fecha). Esa interpretación no es razonable: en todo concurso, la lista de prelación se conforma para proveer todas las vacantes que se produzcan, dentro de determinado periodo, en cargos de la misma jerarquía y especialización (en el caso, Contadores Públicos). Ese es el único alcance razonable y posible de una lista de prelación: su finalidad es evitar, por razones de economía procedimental y de recursos, un nuevo llamado para cargos idénticos dentro de determinado periodo y utilizar, en cambio, el concurso ya celebrado del cual surge un orden emergente de los méritos y pruebas de los concursantes. El sostener que el único cargo que podía proveerse por lista de prelación en el cargo SIR 18 al que accedió el ganador del concurso de 2014 es dejar completamente vacía de contenido y propósito la existencia de una lista de prelación. El espíritu de las sucesivas prórrogas era claramente utilizar la lista en el llenado de vacantes, como se hizo en otras especialidades. La discrecionalidad a la que se alude en el fallo está limitada por la propia normativa departamental, que exige que la asignación recaiga en quien tiene mejor derecho. La demandada utiliza la asignación de funciones como un mecanismo de designación definitiva directa, obviando el llamado a concurso que correspondería para la provisión de cargos de Jefatura. Se afectó la carrera administrativa del accionante, por cuanto el mismo debió ser designado en alguna de las vacantes para cargos SIR 18 (y no lo fue). No se incumplió con la carga de alegación ni de prueba. En cuanto a lo observado en relación a que se reclamó lucro cesante y no pérdida de chance, es dable señalar que un reclamo contiene al otro, por lo cual condenar a un porcentaje de lo pedido en función de la chance no vulnera en modo alguno el principio de congruencia. d) El actor, como funcionario de la Contaduría General de la Intendencia de Montevideo, percibía, por imperio del art. 65 del Decreto Departamental número 25.226 de 18/10/1991, una partida mensual por concepto de participación en la partida de Recursos Financieros que se financia con un pequeño porcentaje de la recaudación de ciertos impuestos. Se generaron una serie de intercambios por correo electrónico, reconocidos por las declaraciones del Cdor. Lasalvia que dieron cuenta del involucramiento de la Contaduría General en el tema del Fondo Capital, asignándose tal responsabilidad al accionante. De tales conversaciones no puede caber dudas que la Contaduría General cumplía funciones respecto del Fondo Capital y del fideicomiso creado con sus recursos y que su funcionario Gómez Rial era el responsable de cumplir tales tareas. Las tareas no implicaban un pase en comisión, sino que eran tareas propias del actor como funcionario de la Contaduría General. Fue solo una modificación del lugar físico de desempeño de la tarea que no implicaba un desplazamiento del funcionarios de la estructura ni de las funciones que le son inherentes a la Contaduría General. Así lo manifestó el testigo Gossi y las solicitudes de regularización de la situación verificadas en el expediente 2018-9000-98-000083. La declaración de pase en comisión aparece como un trámite ex post facto, generado varios meses después de haberse concretado el cambio de lugar de prestación de las tareas, sin considerarse el real contenido y finalidad de la decisión del Sr. Intendente Departamental. III) A fs. 1.247 y ss. compareció la Administración demandada, abogando por la confirmatoria de la atacada. IV) Sustanciado el recurso de apelación, se franqueó, con efecto suspensivo, con las formalidades de estilo (fs. 1268). Recibidos los autos por el Tribunal (fs. 1271 vto.), se pasaron a estudio de las Sras. Ministras por su orden. Finalizado éste, se acordó decisión anticipada, de conformidad con lo dispuesto en el art. 200.1 del C.G.P. CONSIDERANDO: I) La Sala, con el número de voluntades requerido por la Ley (art. 61 de la L.O.T.), habrá de confirmar la sentencia interlocutoria de primera instancia impugnada N º 870/2024 del 2/5/2024, excepto en cuanto a la caducidad y en su mérito se rechazará la misma; confirmará la providencia Nº 872/2024 excepto en cuanto ordena el desglose de la publicación de el diario El País, a la que se hará lugar y la resolución Nº 2228/2024 del 18/9/2024. Asimiso, se confirmará la sentencia definitiva de primera instancia impugnada, excepto en cuanto al reclamo por partidas de Participación en la Recaudación del Departamento de Recursos Financieros que cobran los funcionarios de la Dirección de Contaduría General por los meses de enero/2019 a mayo/2019, haciéndose lugar a las mismas. II) El “thema decidendum” en el grado queda delimitado por los agravios articulados por los impugnantes, por lo que el contenido de éstos delimitará el presente pronunciamiento. III) El caso de autos A) En el caso, la parte actora (a fs. 95 y ss.) promovió proceso de cobro de pesos y reparación patrimonial contra la Intendencia Departamental de Montevideo. Indicó que es funcionario de la demandada, ingresó el 23/7/1984 en el Servicio de Ingresos Vehiculares. Como resultado de un concurso interno, el 17/8/1987 pasó a desempeñar funciones en la Auditoría Interna de dicho organismo, hasta que fue asignado a Contaduría General en 1990, donde permaneció hasta mayo/2019, con breves interrupciones. En 1993 le asignaron el cargo de contador dentro de la Contaduría General. Actualmente ocupa un cargo grado SIR 17 del Escalafón Profesional y científico, grado al que accede en 2014. Hace más de nueve años aprobó concurso convocado por la resolución No. 2698/2013 para Contadores Públicos funcionarios de la Intendencia de Montevideo a los efectos de acceder a grados SIR 17 y 18. El resultado de dicho concurso fue aprobado por resolución 924/2014, obteniendo el No. 6 en el orden de prelación. Sin perjuicio de la asignación de dicho grado en 2014, la Intendencia le postergó en la carrera administrativa, generándose una situación de aflicción y la obvia pérdida patrimonial derivada de un menor ingreso salarial. Durante los últimos 10 años se han producido diversas vacantes en cargos de Contador Público de grado SIR 18, superior al que se le asignara (SIR 17) y la Administración prescindió del orden de prelación, no proveyendo las vacantes. Y ahora ha llamado a un nuevo concurso para cubrir siete cargos de Contador Grado SIR 18 (Resolución Nº 473/22/5000, expediente 2022-5010-98-000152, en el cual aún no recayó resolución). Adicionalmente, se venía desempeñando en el Servicio de Atención y Liquidación de Acreedores de la Contaduría General, sin embargo, fue encargada de su dirección interina la funcionaria Cra. Gabriela González, quien había perdido el concurso (Resolución Nº 593/18 del 29/1/2018). La Administración ha obrado, tanto al momento de proveer vacantes de contador grado SIR 18 como de asignar funciones de Dirección y Conducción del servicio donde se desempeñó durante tantos años, en abierto desconocimiento del resultado del concurso, menoscabando así su carrera administrativa; que se agudizó por la presión por abandonar la Contaduría General ejercida hacia su persona por el Sr. Contador General Alejandro Lasalvia, que determinó que en julio/2018 optara por prestar funciones de la Contaduría General de la Intendencia en el ámbito de la Junta Departamental (para el Fondo Capital), fuera del ámbito físico y del contacto con dicho Contador. Esto determinó que la Administración, en forma ilegítima, prescindiera de abonarle una partida que corresponde a quienes trabajan en Contaduría General. Cuando retorna al ámbito del Palacio Municipal, por Resolución Nº 2339/19 del 13/5/2019, se le destina al Departamento de Gestión Humana y Recursos Materiales, donde tomó posesión del cargo el 15 de dicho mes y año y permanece hasta la actualidad. A partir del 2017 se le disminuyeron las horas de trabajo de 6 a 4 diarias, sin expresión de fundamento alguno. Peticionó la recomposición de su carrera administrativa, recayendo resolución denegatoria por parte de la demandada (Nº 3216 del 14/9/2020). Dicha resolución fue recurrida y el recurso de reposición fue denegado. Reclama asimismo, por la omisión de la demandada en la liquidación y pago de partidas complementarias correspondientes a los funcionarios de la Contaduría General. El 17/12/2018 se dictó la Resolución 6002/18, que contenía numerosos errores por lo que, advertida del error se dicta la Resolución Nº 357/19 del 14/1/2019 por la cual se deja sin efecto el pase en comisión a partir de su notificación. El error es que deja sin efecto el pase en comisión hacia el futuro. Dicho error dio pie a que la Administración considerara que entre julio/2018 y enero/2019 su situación era efectivamente de pase en comisión y se le descontara en mayo/2019 todos los haberes percibidos en ese período en conceto de distribución de Recursos Financieros por el monto de $ 40.183 (rubro que percibían, entre otros, los funcionarios de Contaduría General). Nuevamente la iniciativa fue del Contador General Lasalvia. Dicha retención no correspondía. La Administración debe devolver las sumas indebidamente retenidas durante el período julio/diciembre/ y pagar las que no se liquidaron desde enero hasta mayo. Reclamó daños y perjuicios por daño patrimonial emergente de la diferencia de salario entre su cargo presupuestal grado SIR 17 4 horas semanales y el cargo grado SIR 19 6 horas semanales en el cual fuera encargada la Cra. Gabriela González. Omisión de la demandada en el pago y liquidación de partidas complementarias correspondientes a los funcionarios de la Contaduría General, el error que refiriera respecto de su pase en comisión determinó que la Administración por error atribuyera que se encontraba efectivamente en dicho pase entre el 17/7/2018 al 14/1/2019 y descontara en mayo de 2019 todos los haberes percibidos en concepto de distribución de recursos financieros, causado ello por iniciativa del Cr. Alejandro Lasalvia, con el consiguiente perjuicio económico a su respecto. El pago de los rubros no abonados y los indebidamente retenidos fue solicitado a la Intendencia en expediente individualizado a fs. 100 vto. y fue denegado por Resolución Nº 1621 de 3/5/2021, la que recurriera y le fuera denegada por resolución Nº 2641 de fecha 4/7/2022. Solicitó condena a la demandada a abonar las partidas de recursos financieros correspondientes al periodo 17/7/2018 a 15/5/2019 incluyendo las reliquidaciones semestrales correspondientes, actualización e intereses. Y a abonar en concepto de reparación patrimonial por postergación ilegitima en la carrera administrativa las sumas correspondientes a las diferencias de salario entre su cargo presupuestal grado SIR 17 4 horas semanales y el cargo grada SIR 19 6 horas semanales en el periodo 2013-2023 más actualización e intereses. B) La parte demandada (a fs. 541 y ss.) opuso en carácter de cuestión previa la prejudicialidad, al amparo del art. 312 de la Constitución, cosa juzgada y caducidad. Contestó el accionamiento impetrado, solicitando se desestimara el mismo. C) Por sentencia interlocutoria Nº 870/2024 del 2/5/2024 dictada en audiencia, se amparó parcialmente la prejudicialidad de la acción, la falta de presupuesto procesal previo y la excepción de caducidad (fs. 804 y ss.). IV) Agravios contra la sentencia interlocutoria Nº 870/2024 Se ingresará en primer lugar a examinar los agravios deducidos por la parte actora contra la sentencia interlocutoria N º 870/2024 del 2/5/2024 dictada en audiencia (fs. 804 y ss.). El Tribunal irá a la confirmatoria de dicha providencia, excepto en cuanto a la excepción de caducidad, punto en el cual la revocará y desestimará la misma. A) Excepción de Prejudicialidad Liminarmente, corresponde precisar que en la audiencia preliminar, luego del dictado de la Resolución Nº 870/2024, el actor anunció recurso de apelación parcial “en relación con el acogimiento parcial de las excepciones de falta de presupuesto procesal previo y caducidad” (fs. 823). La falta de presupuesto procesal previo relevado por el Juez puede referir a este punto, pero cuando apela la sentencia definitiva de primera instancia y funda el recurso contra la sentencia interlocutoria no deduce agravio al respecto, ni obviamente critica los fundamentos del Juez. En relación a este excepcionamiento acogido parcialmente hay que aclarar que no se dedujo agravio. Sin perjuicio de ello, siendo un presupuesto relevable de oficio, se ingresará igual a su examen. El Juez concluyó que en virtud de la acción de nulidad promovida por el actor ante el T.C.A. existe ausencia de jurisdicción para resolver solo respecto de todo lo relativo a la supresión del régimen de extensión horaria del actor vinculada a la Resolución Nº 155/2018, en virtud de haberse desestimado la acción anulatoria. En la acción de Nulidad (en la cual son accionantes el actor de autos y su esposa) el actor pretende la nulidad de la Resolución que le quitó la extensión horaria. Se trata de la Resolución Nº 155/18 en la cual se dispuso prorrogar la extensión horaria de determinados funcionarios, sin incluir al actor y su esposa. La Sentencia del T.C.A. desestimó la pretensión anulatoria, por considerar que la exclusión implícita de los accionantes de la extensión horaria, no se debió a una finalidad ilegítima, ilícita o motivada en una desviación de poder. En función de ese argumento del Juez consideró que la falta de anulación significa manifiesta improponibilidad de la demanda, y que la vinculación con la cosa juzgada torna innecesario su examen. En definitiva, lo que resuelve es que queda fuera de su competencia y por tanto del objeto del reclamo, lo vinculado a la reducción de la carga horaria del actor que se desprende de la Resolución cuya anulación pretendió el actor ante el T.C.A. El Tribunal comparte lo consignado por el a quo, por lo que irá a la confirmatoria en el punto. B) Excepción de falta de agotamiento de la vía administrativa La sentencia, en este punto, es difícil de entender porque hace referencia a unas resoluciones administrativas, dice que el actor dijo que agotó la vía administrativa y que respecto del reclamo de las partidas de Participación de Recursos Financieros no es necesario el agotamiento de la vía administrativa. Hace referencia a la jurisprudencia que entiende que es necesario el agotamiento de la vía administrativa, manifestando que adhiere a esa posición, pero luego dice que no se adecua a la situación ventilada en autos en cuanto al pago de las partidas de Participación de Recursos Financieros y al final dice que no existe ausencia de jurisdicción del tribunal para resolver solo en cuanto al cobro de las referidas partidas. En la parte dispositiva dispone la falta de presupuesto procesal previo. Parecería que pudiera haber hecho lugar en forma parcial a dicha excepción pero al fijar el objeto del proceso incluye las tres pretensiones concretamente deducidas en autos, no excluye ninguna de ellas, y cuando dicta la sentencia definitiva se pronuncia sobre todo lo reclamado. Por lo que además de no quedar claro si acogió o no parcialmente la excepción, no se advierte cual sería el perjuicio del actor porque el Juez no dejó de pronunciarse respecto de ninguna de las pretensiones deducidas en autos por haberla excluido por no haberse agotado la vía administrativa, por lo que el actor no sufrió un perjuicio en tal sentido y sin perjuicio no hay agravio. C) Excepción de caducidad Se irá a su revocatoria en este punto. El transcurso del tiempo ha sido considerado por el derecho para crear o extinguir situaciones jurídicas, surgiendo así los institutos de la prescripción y la caducidad. La caducidad ha sido definida por Couture como “la extinción, conjunción o pérdida de un derecho o facultad por vencimiento de un plazo u ocurrencia de un supuesto previsto en la ley” (“Vocabulario Jurídico”, pág. 141). Se funda en la idea de seguridad, en virtud de la cual se sustituye la Justicia por el valor de Seguridad y Paz, como dice Barrios de Angelis. A diferencia de la prescripción, en la que estamos ante un derecho que nace sin término, pero que se extingue por el transcurso del tiempo en virtud del no uso, del no ejercicio, de la negligencia, por inactividad de su titular; la caducidad en cambio, es un derecho que nace limitado a que se ejerza en un tiempo prefijado: tiene un plazo fijo (dolei prefix). Su extinción (caducidad) es automática, opera objetivamente por el mero transcurso del tiempo, no subjetivamente por la negligencia de su titular, como en el caso de la prescripción (Véscovi, “Derecho Procesal “, T. IV, pág. 185-186). El Juez la acogió parcialmente por los créditos previos al periodo 2019, al disponer que no caducaron los que responden al periodo 2019 a 2023, no especifica como cuenta el periodo, sin perjuicio de determinar concretamente el periodo de suspensión del plazo entre abril de 2018 y octubre de 2021. La demanda se presentó el 21/4/2023 (fs. 102 vto.). Se agravia el actor. La caducidad fue analizada y dispuesta solo en relación a los créditos derivados del concurso, no los de la de partida, la que reclama desde julio de 2018 hasta mayo de 2019, aunque hay que aclarar que en realidad el perjuicio fue en 2019 porque se la habían pagado y después se la hacen devolver descontándosela como pago indebido, porque respecto de este reclamo sostiene que aplica la prescripción y no la caducidad y no fue opuesta. El crédito respecto del cual declaró parcialmente la caducidad no queda claro desde cuando se reclama porque el actor no hace una liquidación detallada del mismo, cuantificando el daño en la suma de $ 5.622.039 al 31 de octubre de 2022, sin decir desde cuándo y en el capítulo de prueba solicita información a la I. M respecto a diferencia entre esas remuneraciones entre 2015 y 2023. Ahora bien, habiendo el actor cuantificado el daño patrimonial comparando lo que el percibía por el cargo SIR 17 y el cargo al cual se encargaron funciones a la Cra. Gabriela González SIR 19, le asiste razón al a quo en cuanto a que no reclama daño por el concurso sino por las designaciones posteriores, y específicamente por el cargo que ocupó la Cra. González conforme los parámetros considerados para la cuantificación del reclamo por concepto de daño material. La Cra. González fue designada como encargada o Directora interina por Resolución del 29 de enero de 2018 (fs. 138 y 148), por lo que antes de esa fecha no se habría verificado el perjuicio cuya reparación pretende y cuantifica el actor. Por lo que previo a esa fecha no existiría reclamo porque González empezó a cobrar por el cargo SIR 19 con posterioridad a esa fecha. Entonces, considerando los términos en que fue reclamado el daño material, el mismo corresponde desde enero de 2018 en adelante y el actor suspendió el plazo de caducidad porque realizó una gestión administrativa entre abril 2018 a octubre de 2021, como bien lo releva el Juez, por tanto, no caducó el crédito. Corresponde entonces revocar la recurrida y desestimar la excepción de caducidad. VI)Agravios contra la Interlocutoria 872/2024 a) Por la declaración de Martínez, se irá a su confirmatoria. En la medida en que cuando el Juez dictó la providencia impugnada el actor no había dicho que en subsidio asumía la carga de comparecencia, se entiende que ese argumento, que es de peso, es extemporáneo y por tanto se irá a su confirmatoria. El actor no fue diligente, tuvo mucho tiempo para conseguir la dirección. Y si no la había conseguido, decir antes que asumía la carga de comparecencia. Cuando lo hizo había precluido la oportunidad para hacerlo. Sin perjuicio, la declaración de Martínez refería solo al pase en comisión a la Junta por el periodo de julio a diciembre de 2018 en relación al reclamo por la partida que cobraba en Contaduría General, que le pagaron y después le hicieron devolver. En cuanto a la denegatoria de la declaración del ex intendente, emergen de obrados varios elementos que, razonablemente, sustentan el criterio del a quo y que respaldan su postura. Primero, emerge que la audiencia preliminar en donde se procedió a delimitar el objeto del proceso y de la prueba, así como la admisión y/o rechazo de los medios ofertados por cada una de las partes se efectivizó (ver fs. 804 y ss.) el 02 de mayo de 2024, resultando que el ingreso de la demanda (ver fs. 102 vuelto) se verificó el 21 de abril de 2023, o sea casi un año para aportar, conocer o averiguar la dirección. En efecto, a fs. 101, precisamente, es donde emerge el capítulo de prueba referente a la prueba testimonial en que y respecto del Ing. Martínez se alude a que su domicilio sería proporcionado “con posterioridad”. Tuvo el actor un tiempo más que suficiente para conseguir el dato. b) Por el desglose dispuesto (pero no efectivizado) de la publicación del El País, se irá a su revocatoria, ya que al evacuar el traslado de las excepciones, la actora presentó dicho documento en debida forma (fs. 573/574). Sin perjuicio de ello, se trata de una simple publicación en el diario El País, no resultando prueba conducente para acreditar los dichos del actor en relación al pase en comisión. VII)Agravios contra la Interlocutoria 2228/2024 Los agravios deducidos por el actor no resultan de recibo La Sala comparte los argumentos del a quo que llevaron a rechazar el testimonio de Barreneche. Si bien fue solicitado por la actora en la demanda, sin ninguna otra identificación, debió en la audiencia preliminar proporcionar el domicilio para poder citarlo. No lo hizo, por lo que la solicitud realizada a fs. 1.161 devino extemporánea. Nótese que la demanda se presentó el 21/4/2023 y recién se proporcionó un domicilio en donde citarlo en setiembre/2024, esto es, casi un año y medio después. La alegada falta de diligenciamiento de la declaración del autor de esa nota periodística (habiendo el actor informado tan solo el nombre de éste y como en el caso del Ing. Martínez, sin consignar su domicilio), oportunamente ofrecida pero no diligenciada, tampoco cumplía con los requerimientos procesales mínimos para poder acceder a lo solicitado, debiendo estarse, conforme lo puso de manifiesto el a quo a fojas 1.170, a lo ordenado en interlocutoria 873/2024 (a fs. 825, in fine). Respecto a que no se hizo lugar a la agregación del expediente 2024/1001-98-313, dicho agravio tampoco es de recibo. Al recurrir el impugnante dice que el expediente comenzó el 1/3/2024, por lo que tendría que haber pedido su agregación como hecho nuevo en la audiencia preliminar. Si bien en el hecho nuevo hace referencia a un informe del que le dieron vista en agosto de 2018, no explica por qué ese informe tendría influencia en el derecho. En autos no efectúa reclamo en base al cargo SIR 18. VIII) Agravios contra la sentencia Definitiva Los agravios deducidos por el accionante por haberse desestimado la demanda, son parcialmente de recibo. A)Acción Reparatoria El actor peticiona el resarcimiento de daño patrimonial y moral fundando el reclamo en la injusta postergación de su carrera, actos discriminatorios hacia su persona, habiendo sido ignorado por completo su trayectoria funcional y especialmente el resultado del concurso en el cual se estableció un orden de prelación, que no se puede desconocer a la hora de proveer cargos de ascenso y asignar funciones de dirección y conducción, así como al momento de determinar la carga horaria con su consiguiente consecuencia remuneratoria. El tema de la carga horaria quedó resuelto por el T.C.A. en la medida en que no anuló el acto administrativo que implícitamente disminuyó la carga horaria del actor (expediente caratulado “García Da Rosa, Blanca y otro c/ Intendencia Departamental de Montevideo-Acción de Nulidad”. F. 677/2018, que obra agregado por cuerda). El daño material lo cuantifica en la diferencia entre el salario de su cargo presupuestal SIR 17- 4 horas semanales y el cargo SIR 19 - 6 horas semanales en el cual se encargaron funciones a la Cdra. Gabriela González, el cual estima en la suma de $ 5.622.039 al 31 de octubre de 2022 (no dice desde cuándo). En la prueba solicita información a la Intendencia Departamental de Montevideo respecto a la diferencia entre las remuneraciones correspondientes a esos cargos (SIR 17-4 horas semanales y SIR 19-6 horas semanales) entre 2015 y 2023. La demanda la presenta el 21 de abril de 2023 (fs. 102 vto.). El daño moral por menoscabo a la dignidad funcional y a la aflicción sufrida lo estima en U$S 10.000. Hace referencia al concurso aprobado en marzo de 2014 a efectos de acceder a los grados SIR 17 y SIR 18. Le dieron el grado SIR 17 y quedó en el grado de prelación 6 para el grado SIR 18. Alega que con posterioridad a ello se han producido vacantes del grado SIR 18, especificando que 5 personas dejaron vacantes ese cargo entre el 2015 y el 2022 (fs. 95 vto.), lo que surge confirmado por la información de la Intendencia de fs. 1.147. Sin embargo, dice que la Administración no ha provisto esas vacantes, sino que ha llamado a un nuevo concurso para cubrir 7 cargos de SIR 18, lo que dio motivo a que 7 profesionales se presentaran solicitando se lo deje sin efecto, lo que a la fecha de la demanda no había sido resuelto; pero posteriormente se prorrogó la vigencia de la lista (hecho nuevo denunciado a fs. 604-resolución Nº 4683/23 de fs. 601/603 y providencia Nº 2854/2023 del 14/12/2023 que admitió el hecho nuevo -fs. 611/613). Ahora bien, corresponde relevar que el actor no reclamó el daño emergente o pérdida de chance por no acceder al cargo SIR 18, al cual tenía una expectativa de ascender en virtud de haber salvado el concurso y haber quedado en una lista de prelación en el 6° lugar. A tal efecto, tendría que haber especificado cuando era que realmente tenía probabilidad cierta de acceder a ese cargo porque quedó en el lugar 6, y solo menciona 5 vacantes, aunque según expresa el siguiente llamado fue para cubrir 7 cargos de Contador SIR 18. Pero no hace un reclamo concreto en relación a ese cargo. Si bien hace todo ese relato, cuando concreta el reclamo por daño patrimonial, lo hace exclusivamente en base a la diferencia del grado SIR 17 que era por el cual era remunerado y SIR 19 - 6 horas que corresponde a un cargo de conducción que en forma interina, aunque se ha prolongado durante muchos años, la Intendencia designó a la Cra. González, quien según el actor no salvó el concurso y tenía menos méritos que él para acceder al mismo. Corresponde tener presente lo que se dice en informe de fs. 175 vto. a 177 especialmente fs. 177, y fs. 193. Se coincide con el Juez a quo en que el planteo no fue correcto. El actor no concursó para un cargo de dirección SIR 19, la Cra. González fue designada interinamente por discrecionalidad de la Administración. Aunque pudiera no ser razonable que un interinato se prorrogue durante tantos años, el tema es que el actor no tenía derecho subjetivo ni interés legítimo en relación a ese cargo porque el concurso que dio fue para el cargo SIR 18, no obtuvo el primer lugar sino que quedó en una lista de prelación y tenía 5 contadores antes que él para el cargo SIR 18, no para un cargo de dirección SIR 19. No efectuó liquidación ni reclamo económico en relación al cargo SIR 18, al que además tampoco tenía derecho desde el 2015, sino en todo caso, si hubiera alegado y acreditado que se hubieran llenado los cargos vacantes SIR 18 y lo hubieran salteado, ahí recién tendría un derecho subjetivo, si no lo hubieran designado luego de haber designado a los 5 colegas que quedaron antes que él. La Intendencia no tenía la obligación de llenar los cargos y el actor no alega que los hubiera llenado salteándolo a él. Si bien se comparte con el recurrente que la lista de prelación se prorrogó hasta el 2024, porque la última prórroga implícitamente la mantiene vigente hasta esa fecha, el actor no alegó ni acreditó que se hubieran designado contadores en el cargo SIR 18 que no estuvieran en esa lista de prelación o que estuvieran en un lugar más abajo que él. Los cargos de dirección son diferentes. La Sala no considera ilegítimo que la Intendencia no haya considerado esa lista de prelación el cargo SIR 18 para designar cargos de dirección. El recurrente dice que el reclamo de pérdida de chance está claramente comprendido en la pretensión formulada. Por más que se adopte una posición amplia en la interpretación de la demanda, no surgen de la misma hechos suficientes para subsumirlos en una pretensión de pérdida de chance. B)Acción de cobro de pesos El otro reclamo del actor es por las Partidas de Participación en Recaudación del Departamento de Recursos Financieros que cobran los funcionarios de Contaduría General que era donde se desempeñaba. Reclama desde el 17 de julio de 2018 y el 14 de enero de 2019 que si bien le fueron abonadas oportunamente, luego le fueron descontadas por cobro de lo indebido, por la suma de $ 40.183, y desde enero a mayo de 2019. Funda el reclamo en que no existió pase en comisión, que hasta mayo de 2019 era funcionario de la Contaduría General, que en el periodo en que se desempeñó en la Junta fue por decisión del Intendente, pero no cambió que continuara haciendo tareas correspondientes a ese sector. La suma por este concepto desde el 17/7/2018 al 15/5/2019 la cuantificó en $ 152.000 aproximadamente (fs. 104). De la documentación agregada surge: *A fs. 142- Resolución del Intendente del 17 de diciembre de 2018 por actuaciones promovidas por la Junta Departamental de Montevideo que solicitó el pase en comisión del funcionario Cr. Gustavo Gómez para desempeñar funciones en la secretaría del Edil Departamental del Dr. Roberto Gossi desde el 17 de julio de 2018 hasta la finalización del presente mandato, lo que se autoriza “desde el 17/7/2018 hasta la finalización del presente mandato.· * A fs. 143 -resolución del 14 de enero de 2019 por la que “se deja sin efecto a partir de la notificación de la presente Resolución el pase en comisión a la Junta Departamental del funcionario Cr. Gómez.” *A fs. 144 -resolución del 13 de mayo de 2019 por la que se dispone “trasladar al actor al Departamento de Gestión Humana y Recursos Materiales a partir de la notificación de la presente Resolución.” Es decir, estando a las resoluciones, desde el 19 de enero de 2019 al 13 de mayo de 2019 el actor se supone que estuvo en Contaduría General que era su lugar de origen y por tanto debió cobrar la compensación que reclama. La demandada si bien dice que hay que cumplir con ciertos requisitos, no especifica por qué el actor no los habría cumplido (salvo el periodo de pase en comisión), ni acredita donde trabajó el actor desde enero de 2019 que es cuando se había dejado sin efecto el pase en comisión a la Junta hasta mayo de 2019 que lo asignaron a otra repartición. Por lo que se entiende que por esos meses procede revocar y hacer lugar al reclamo. Los testigos Gossi y Cabrita dicen que no se trató de un pase en comisión ni que el actor dejara de pertenecer a la Intendencia y que el pasaje le significara un perjuicio económico. Pero del contexto de la declaración de Gossi, surge que la tarea que hacía era en realidad propia de la Junta. A juicio de la Sala, el actor habría trabajado en la Junta e hizo tareas propias de la Junta, por lo que se confirmará la desestimatoria por el periodo julio 2018 a enero de 2019 en que se deja sin efecto el pase en comisión. También obran en autos: a) A fs. 154 informe del Cr. Lasalvia del 22 de noviembre de 2017 comunicando que la Dirección del Servicio de Atención de Liquidación de Acreedores de Contaduría General se encuentra acéfala, que el cargo figura erróneamente cono Grado SIR 16 dada las tareas y responsabilidades que implica contando con funcionarios con grado SIR más altos (17 y 18), debería tener un grado presupuestal superior SIR 19, lo que no ha sido resuelto a nivel presupuestal, que la Cra. González Grado SIR 16 en su pasaje por Contaduría en el servicio de liquidación demostró su notoria competencia, experiencia, idoneidad para realizar dicha tarea, por lo que solicita el traslado de la funcionaria a Contaduría General asignándole la función de directora del servicio de Atención y liquidación de Acreedores Grado SIR 19 Oficina de ejecución Presupuesta de acuerdo con el informe (fs. 154 vta.). b) Otro informe favorable fs. 161/161 vta. y 163.- c) Luego viene la resolución de 29 de enero de 2019 que también surge a fs. 165 vta. y 166. c) A fs. 250 nota del 24 de agosto de 2022 presentada por varios contadores solicitando se los designe en las cargo vacantes de Nivel I y se deje sin efecto la convocatoria del concurso para dichos cargos, entre ellos el actor. Hay informes negativos a dicha solicitud fs. 254 y 259. d) A fs. 251 Resolución del 10 de marzo de 2014 en virtud del llamado interno de ascensos (es el concurso referido por el actor en la demanda) se designa a la Cra. Dorfman en el cargo Nivel I y establece la lista de prelación para el cargo de ascenso a Nivel I el actor figura en 6 lugar. e) A fs. 266 Resolución de fecha 11/1/2019 por la cual se dispone la realización de una investigación administrativa para esclarecer eventuales responsabilidades en la denuncia efectuada por dos contadores por hechos presuntamente irregulares vinculados con la carrera funcional, abuso de poder y acoso laboral. f)Por resolución del 2/8/2019 se clausuró la investigación sin atribución de responsabilidad (fs. 267). g) A fs. 268/273 está el informe final de las actuaciones de la investigación administrativa dispuesta por la Resolución Nº 55/19/5000 dictada con fecha 11/1/2019, referente a la denuncia presentada por los Contadores Sres. Blanca García y Gustavo Gómez, en el cual se concluye que no surge probado ninguna de las situaciones descriptas por los funcionarios denunciantes. Por tal motivo, se sugiere propiciar el dictado de una resolución que disponga el archivo de las actuaciones. IX)No existe mérito para imponer especiales sanciones causídicas en el grado (ars. 688 C. Civil y 261 y 56 del C.G.P.). Por los fundamentos expuestos y disposiciones legales citadas, EL TRIBUNAL, FALLA: Confírmase la sentencia interlocutoria de primera instancia impugnada N º 870/2024 del 2/5/2024, excepto en cuanto a la caducidad y en su mérito se rechaza la misma; confírmase la providencia Nº 872/2024 excepto en cuanto ordena el desglose de la publicación de el diario El País, a la que se hace lugar y confírmase la resolución Nº 2228/2024 del 18/9/2024. Confirmase la sentencia definitiva de primera instancia impugnada, excepto en cuanto al reclamo por partidas de Participación en la Recaudación del Departamento de Recursos Financieros que cobran los funcionarios de la Dirección de Contaduría General por los meses de enero/2019 a mayo/2019, haciéndose lugar a las mismas, las que se liquidarán por el procedimiento previsto en el art. 378.1 del C.G.P. Sin especiales sanciones causídicas en la instancia. Notifíquese personalmente y oportunamente devuélvase a la Sede de origen. Dra. Marta Gómez Haedo Alonso Ministra Dra. Mónica Bórtoli Porro Ministra Dra. Gloria Seguessa Mora Ministra Esc. Jacqueline Chico Salgado Secretaria Letrada