Sentencia Interlocutoria N° 473/2025

Sentencia Nº 473 Montevideo, 10 de setiembre de 2025. Ministra redactora: Beatriz Larrieu de las Carreras VISTOS: Para sentencia interlocutoria de segunda instancia esta causa caratulada “AA.- Un delito de Violencia Doméstica agravado, en calidad de autor.- FORMALIZACIÓN” (Testimonio de IUE 2-71690/2025).- IUE 585-269/2025 venida a conocimiento de este Tribunal de Apelaciones en lo Penal de Segundo Turno en mérito al recurso de apelación contra la sentencia interlocutoria Nro. 2014/2025 dictada por la Jueza Letrada de 4o. Turno de Artigas Dra. María Bernabé Rodríguez, interpuesto por la Fiscalía Departamental de 2º. Turno representada por el Dr. Nicolás De Marco y con intervención de la Defensa a cargo de las Dras. Ornella Riani y Florencia Arrieta. RESULTANDO: 1) En audiencia del 14 de agosto de 2025 la Fiscalía solicitó la formalización de la investigación seguida respecto de AA por la presunta comisión de un delito de Violencia Doméstica agravado, de acuerdo a la plataforma fáctica que se reseña a continuación. La victima DD mantuvo relación con el imputado por cinco meses, luego que este saliera de la cárcel. Dicha relación terminó por un casco de ella que él perdió y por que ella le había prestado $ 1.000 que él no reintegró. Ella le reclamó el dinero y el 5 de agosto fue a la casa para cobrar ese dinero en compañía de BB. Ante la negativa del imputado, comenzaron a discutir y AA las amenazó con un machete para que se retiraran. El 13 de agosto se realizó el allanamiento en el domicilio del imputado y se incautó el machete referido. El imputado tiene proceso iniciado en IUE 2-49533/2025 por comisión de un delito de Violencia Doméstica agravado en calidad de autor y con medida cautelar de arresto domiciliario nocturno hasta el 8/9/2025. Las evidencias recogidas por la Fiscalía son las siguientes: informe de Policía Científica, notificación de las medidas impuestas en sede de Familia, la declaración de la víctima, la declaración de la testigo BB y planilla de antecedentes del imputado que surge su calidad de reincidente. La Defensa no se opuso a la solicitud de formalización. Por sentencia interlocutoria n° 2013/2025 la jueza dispuso: “… téngase por admitida la formalización de la investigación de los hechos adjudicados por el Ministerio Público, con sujeción al proceso de AA, en calidad de autor, (…)” (pista 5). Las partes consintieron la resolución antedicha. 2) A continuación, la Fiscalía solicitó se imponga a AA la medida cautelar de prisión preventiva por el plazo de 120 días, fundado en los extremos que se reseñan a continuación. Existen riesgos que hacen necesaria la medida, que es la única que puede resguardar la integridad de esta víctima como de las demás presuntas víctimas y de la sociedad en general. La formalización anterior se dispuso porque en junio de este año el imputado mantuvo una relación de dos meses con CC, ambos tienen problemas de consumo de sustancias estupefacientes. El 6/6/2025 fue a buscarla y permaneció en su domicilio durante tres días, manteniéndola a ella también encerrada, consumiendo pasta base, y cuando la sustancia se terminó golpeó a su pareja responsabilizándola de ello. El 8/6/2025 la víctima logra salir de la casa y pidió ayuda, fue llevada al hospital y se constataron lesiones en brazos, antebrazo, rostro y región dorsal. La medida cautelar impuesta en ese caso no fue suficiente para que no vuelva a ser violento para otra víctima. Existe semiplena prueba de los hechos que se imputan en esta causa, se incautó el machete, la testigo BB filmó un video de los hechos y declaró sobre la situación y el relato de la víctima. El imputado es un peligro para la víctima y para la sociedad no solo por este hecho y por el de junio de este año, sino porque tiene denuncias por violencia doméstica del 4/10/2020, 24/5/2022, 22/10/2022, 20/7/2023 y 14/11/2023. Además es reincidente por delitos violentos, fue condenado por Rapiña en 2020 y en 2023. Actualmente está en pareja y ella está embarazada, se entiende que se encuentra en riesgo de ser victima de violencia por el imputado (pista 6). La Defensa se opuso a la medida de prisión preventiva por los argumentos que se reseñan a continuación. Afirma que la privación de libertad es la medida más gravosa, y se pide únicamente alegando hechos de otro caso y en el cual se tomaron las medidas correspondientes. Se basa en otros hechos que no son los de este caso. El señor estaba durmiendo en su domicilio con su pareja actual embarazada de tres meses cuando cinco personas invadieron su domicilio y al solicitarles que se retiraran no lo hicieron, posiblemente habrían consumido, por ello el señor agarró un machete y les dijo que se vayan, no les dio ningún golpe, no tienen ninguna marca, la testigo que habla la Fiscalía también invadió el domicilio del señor. No se le tomó declaración a la pareja del señor que estaba con él cuando llegaron. El señor en otra causa en base a otros hechos se le impuso una tobillera de geolocalización y no hubo un solo incumplimiento. Se solicita la medida más gravosa aludiendo a hechos que no son al de este proceso. Actualmente además está cumpliendo tratamiento para las adicciones. La denunciante en esta causa antes le enviaron mensajes amenazándolo con denunciarlo si no le pagaba y no se entiende que esté en riesgo si invadió el domicilio con otras cinco personas. Existen otras medidas menos gravosos como prisión domiciliaria total (pista 7). Por sentencia interlocutoria Nro. 2014/2025 dictada en la misma audiencia la jueza resolvió: “… Disponer el arresto domiciliario total con colocación de dispositivo unilateral por ser preceptivo, por el término de 120 días, venciendo el mismo el día 12 de diciembre de 2025. ….” (pista 9). 3) La Fiscalía interpuso recurso de reposición y apelación contra la decisión antedicha, fundando sus agravios en los extremos que se sintetizan a continuación. Afirma que la medida cautelar impuesta es insuficiente, el indagado a sus 23 años ya tiene cinco denuncias por violencia doméstica, fue condenado dos veces por delitos de Rapiña que son delitos violentos, además tiene la formalización del mes de junio de 2025. Estamos trayendo información de otros casos porque estamos fundamentando la peligrosidad del indagado. En el proceso anterior se impusieron medidas que fueron insuficientes, porque estando en su casa logró amenazar con un machete a otra víctima. El hecho que esté en la casa no es suficiente para resguardar a otras víctimas. ¿El Estado está esperando que cometa un hecho peor, que logre lastimar de manera mortal a alguna víctima? Es cierto que no fueron lastimadas por el machete, pero nada justifica amenazar a una mujer con una machete, más allá de quien tenga la razón. Amenazó a dos mujeres con un machete aun teniendo medidas cautelares, sigue violentando mujeres y convive con otra mujer embarazada. Son riesgos suficientes para la medida de prisión preventiva. Las medidas impuestas no siempre son impuestas, se trata de personas adictas y el grado de tolerancia a la violencia es muy alto tanto para él como para sus víctimas y eso debe tenerse en cuenta, tienen naturalizada la violencia. Respecto de la invasión de domicilio la Fiscalía tiene otra versión, pero no es el motivo de la medida. Teniendo presente estos antecedentes es altamente probable que cometa otro hecho de violencia doméstica aun estando en su casa (pista 11). 4) Conferido traslado la Defensa lo evacuó abogando por la confirmatoria de acuerdo a los siguientes fundamentos. Reitera lo ya manifestado en cuanto la Fiscalía trae hechos de otros casos para sensibilizar a la sede, no existe incumplimiento en la causa anterior, también hace suposiciones de que la pareja actual corre riesgo de vi8olencia doméstica cuando ni siquiera la escuchó, la Fiscalía no alega circunstancias concretas de este caso (pista 12). 5) Por resolución N°2015/2025 se mantuvo la recurrida y se franqueó el recurso de apelación en los términos del art. 365 del CPP. El expediente fue recibido por este Tribunal y previo estudio simultáneo, se dicta la presente sentencia. CONSIDERANDO: 1) El Tribunal, por unanimidad de votos de sus integrantes naturales, procederá a revocar la interlocutoria recurrida, por los fundamentos que se exponen a continuación. 2) En lo formal, el recurso fue interpuesto y sustanciado correctamente en audiencia, de acuerdo al procedimiento establecido en el art. 365 del C.P.P. Cabe recordar que en el actual proceso penal - acusatorio y adversarial -, y conforme lo previsto en materia recursiva por el art. 359 del CPP y art. 248 del CPP, el objeto de la alzada está delimitado por los agravios del recurrente, entendidos como una crítica razonada de la sentencia atacada y sus fundamentos Por otra parte y como cuestión previa, la Sala se permite discrepar con los argumentos de la jueza cuando no permitió al Fiscal realizar manifestaciones en relación a la oposición formulada por la Defensa, los que parecen demostrar una errónea concepción de la oralidad argumentativa. Es sabido que en las audiencias preliminares las decisiones se adoptan en base a la información proporcionada por los litigantes mediante la oralidad argumentativa. Esto significa que debe darse un verdadero debate entre las partes respecto de los puntos debatidos, no pudiendo limitarse la audiencia a la mera alegación de cada uno y la inmediata resolución judicial. El debate argumentativo debe ser justamente eso, un real intercambio de posiciones entre las partes, durante el cual el juez de garantías puede y debe requerir la mayor información posible para dictar la resolución correspondiente. Esto no significa extender indefinidamente la discusión, sino que las partes puedan proporcionar toda la información del caso, lo que permitirá una mejor decisión judicial. 3) En cuanto al mérito de la apelación, AA fue sometido a proceso penal por la presunta comisión de un delito de Violencia Doméstica agravado, en perjuicio de su ex pareja CC, a quien amenazó con un machete cuándo ella concurrió a su domicilio a reclamarle el pago de una deuda de $ 1.000. Dispuesta la formalización de la investigación, el Fiscal solicitó la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva por 120 días, fundando la materialidad del hecho y los riesgos procesales, según se reseñara anteriormente. 4) Se comparten las consideraciones expuestas por la Defensa, en cuanto la prisión preventiva es la medida más gravosa y como tal debe imponerse cuando ninguna otra cautela sea suficiente para conculcar los riesgos procesales. En ese sentido, todo imputado goza del estado de inocencia hasta que su responsabilidad penal sea declarada por sentencia de condena ejecutoriada y, en consecuencia, tiene el derecho de transitar el juicio en libertad. Pero la ley prevé que esa libertad pueda restringirse por razones estrictamente cautelares, a saber: riesgo de entorpecimiento de la investigación, riesgo que el imputado se evada a la sujeción del proceso y peligro para la víctima (arts. 217, 218 y 221 del C.P.P). Así, ha dicho esta Sala, con anterior integración, en sentencia n° 83/2023: “El principio general sobre el criterio de aplicación de la prisión preventiva es el que establece el artículo 223 que reza: “...Toda persona tiene derecho a la libertad personal, a la seguridad individual y a que se presuma su inocencia hasta que la sentencia de condena pase en autoridad de cosa juzgada…”.- En relación a la prisión preventiva, el art. 224 del CPP exige la existencia de semiplena prueba de la comisión del hecho delictivo y de la participación del imputado así como elementos de convicción suficientes de la existencia de riesgos procesales, esto es, riesgo de fuga o de entorpecimiento de la investigación o peligro para la víctima. Es decir que en cada caso el juez deberá valorar dos elementos: elemento material (evidencias de la comisión del hecho delictivo y de la participación del imputado en el mismo) y elemento procesal (evidencias de la existencia de los riesgos procesales señalados). 5) En el caso, la materialidad del hecho no fue objeto de debate, en tanto la defensa no controvirtió la amenaza mediante el empleo de machete por parte de AA. Sí cuestionó las circunstancias en las cuales esa amenaza se produjo, alegando que la víctima concurrió en la noche a la casa del imputado acompañada de otras cinco personas. Este punto no pudo ser aclarado dado que no se permitió el debate al respecto. Sin perjuicio de esa discrepancia, la Defensa no formuló agravio respecto del elemento material, por lo cual la cuestión queda fuera del objeto de la apelación. A juicio de la Sala, las evidencias reunidas por Fiscalía y anteriormente reseñadas permiten alcanzar el estándar de convicción exigido por el art. 224 del CPP sobre la comisión del delito imputado y la participación de AA en el mismo. Todo ello con la provisoriedad de esta etapa y sin perjuicio de lo que resulte del proceso. 6) En segundo lugar y sobre los riesgos procesales, ha dicho esta Sala compartiendo el pronunciamiento del TAP. de 3er Turno: “… la prisión preventiva sólo se debe disponer y mantener si estrictamente es necesaria y proporcional con los fines que persigue su dictado. “La característica fundamental de la referida medida consiste en que no constituye un fin en sí mismo, sino un medio para la consecución de fines ulteriores. Las medidas de coerción son esencialmente instrumentales y su finalidad radica en neutralizar los peligros que puede acarrear la libertad de la persona imputada, de modo que se impida el esclarecimiento de los hechos que se dilucidan en el caso concreto y/o la actuación de la ley penal sustantiva. Corolario de ello, la limitación al derecho a gozar de libertad durante el trámite del proceso penal sólo adquiere legitimidad en función de las finalidades que persigue, esto es, garantizar el logro de los fines del proceso, a saber: el descubrimiento y la prueba de la verdad objetiva contextualizada con la realidad, así como la actuación de la ley penal sustantiva en el caso concreto” (sentencia n° 725/2022). Por otra parte, la naturaleza cautelar de la prisión preventiva determina que a pesar de las presunciones o pautas interpretativas que establece la norma procesal (art. 224.2 y siguientes del C.P.P.), la Fiscalía tiene la carga de justificar que en el caso concreto concurre uno o más riesgos procesales que ameriten la imposición de la medida cautelar más gravosa. Y esa justificación no puede limitarse a argumentaciones genéricas sino que es necesario fundamentar -mediante el debate argumentativo- la existencia de riesgos individualizados, ciertos y concretos. En el caso, la Fiscalía invocó la concurrencia de los siguientes riesgos procesales: peligro para la seguridad de la víctima y peligro para la sociedad, previstos en el art. 227 del CPP. La jueza recogió en su resolución la existencia tales riesgos, pero entendió que era suficiente para enervarlos la medida cautelar de arresto domiciliario total con colocación de dispositivo electrónico de monitoreo. El Fiscal impugnó la decisión, afirmando que la prisión preventiva es la única medida cautelar idónea y expresando los agravios que se reseñaron en el resultando n° 3 de esta sentencia, sobre los cuales deberá pronunciarse esta Sala. 7) Entiende la Sala que los agravios formulados por el Fiscal son de recibo, en tanto ha justificado la existencia de los riesgos invocados, los que no pueden ser conculcados con una medida menos gravosa que la requerida. En efecto, los antecedentes reseñados por la Fiscalía dan cuenta que AA reiteradamente ha perpetrado hechos de violencia, que permiten prever que los mismos puedan repetirse en el futuro, sea respecto de DD o de otra víctima. Así, el imputado realizó la conducta que primariamente se le imputa en esta causa cuando estaba cumpliendo medida cautelar por otra causa reciente, iniciada en junio de 2025 y en la cual también fue imputado de un delito de Violencia Doméstica contra una pareja. Tampoco puede decirse que se trata de hechos aislados, en tanto registra cinco denuncias policiales por violencia doméstica entre los años 2020 y 2023 -extremo no controvertido por la Defensa. Por otra parte, conforme el art. 227.2 del CPP, se presumirá el riesgo para la sociedad cuando el imputado revista la calidad de reincidente. En el caso, AA registra esa calidad y cuenta con dos antecedentes por sendos delitos de Rapiña, con condenas recaídas en el año 2020 y en el año 2023. Delito que, como dijo el Fiscal, también implica el uso de violencia para su comisión. Esta Sala entiende que la calidad de reincidente no es suficiente por sí sola para imponer la prisión preventiva, pero en este caso se agregan las restantes circunstancias reseñadas, las que ameritan tener por acreditado que la libertad de AA constituye un peligro para la sociedad. Cabe resaltar las fechas de las denuncias policiales por violencia doméstica, las que coinciden con los períodos en los cuales el imputado debió haber estado en libertad. Contrariamente, no se registran denuncias en los períodos en que debió estar cumpliendo la pena recaída por los delitos de Rapiña (entre el 2020 y 2022 y a partir de 2023 hasta el año 2025 cuando debió recuperar la libertad). Y en este año ya cuenta con dos procesos penales iniciados por el delito de Violencia Doméstica. Finalmente, no es un dato menor el que el imputado cuente con 23 años de edad, lo que significa que desde su mayoría de edad ha desplegado conductas violentas, ya sea para apoderarse de bienes muebles ajenos como empleando violencia contra sus parejas. En este sentido, también debe señalarse que en la formalización del mes de junio la victima fue su pareja en ese momento CC, y pocos meses después, en agosto, la víctima es quien también fue su pareja DD. Por lo cual puede hablarse de un patrón en la conducta del imputado de resolver sus conflictos de pareja mediante el empleo de violencia hacia ellas. Asiste razón a la Defensa en que los fundamentos del Fiscal refieren a hechos anteriores y no al hecho objeto de esta causa. Pero como ya se dijo, la naturaleza de todos los hechos anteriores dan cuenta de la personalidad del imputado y su forma de resolver los conflictos, lo que sumado al consumo problemático de sustancias -admitido por la Defensa- permite concluir en que existen riesgos tanto para la seguridad de la víctima en esta caso como para otras eventuales víctimas, así como también peligro para la sociedad, de acuerdo a la previsión del art. 227 del CPP. Y que la prisión preventiva es la medida idónea para conculcar los riesgos referidos. En relación a la protección de las víctimas, debe tenerse presente que el art. 7 de la Convención de Belém do Pará impone a los Estados la obligación de “actuar con la debida diligencia para prevenir, investigar y sancionar la violencia contra la mujer”; “adoptar medidas jurídicas para conminar al agresor a abstenerse de hostigar, intimidar, amenazar, dañar o poner en peligro la vida de la mujer de cualquier forma que atente contra su integridad”; “establecer procedimientos legales justos y eficaces para la mujer que haya sido sometida a violencia, que incluyan, entre otros, medidas de protección, un juicio oportuno y el acceso efectivo a tales procedimientos’”. Tales obligaciones alcanzan a los órganos jurisdiccionales en tanto integrantes del Estado uruguayo. 8) El plazo de la medida cautelar no fue objeto de agravio, por lo cual no corresponde pronunciarse al respecto. 9) Por los fundamentos expuestos, los arts. 224 a 227 y 365 del C.P.P., el Tribunal RESUELVE: REVÓCASE LA SENTENCIA INTERLOCUTORIA N° 2014/2025 EN CUANTO DISPUSO LA MEDIDA CAUTELAR DE ARRESTO DOMICILIARIO Y EN SU LUGAR SE DISPONE LA MEDIDA CAUTELAR DE PRISIÓN PREVENTIVA PARA EL IMPUTADO AA, MANTENIÉNDOSE EL PLAZO FIJADO. NOTIFÍQUESE Y DEVUÉLVASE A LA SEDE DE PROCEDENCIA QUE DEBERÁ PROCEDER AL CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO. Dr. Daniel H. Tapie Santarelli Ministro Dr. Ricardo H. Míguez Isbarbo Ministro Dra. Beatriz Larrieu de las Carreras Ministra Dra. Carla M. Cajiga Secretaria Letrada