Sentencia Definitiva N° 237/2025

Sentencia No. 237/2025 Tribunal de Apelaciones en lo Civil de Segundo Turno Ministro redactor: Dra. Rosario Sapelli Ministros Firmantes: Dr. Pablo Benítez, Dra. Patricia Hernández y Dra. Rosario Sapelli Montevideo, 17 de setiembre de 2025.- V I S T O S: Para Sentencia definitiva en segunda instancia en estos autos caratulados: “SAUDU C/ NALDEN S.A. y OTROS. Juicio ejecutivo” IUE: 289-20/2018, venidos a conocimiento de este Tribunal en mérito al recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la sentencia No. 59/24 de 23 de septiembre de 2024, dictada por el Señor Juez Letrado de Primera Instancia de Maldonado de 5º Turno, Dr. Federico Rodríguez R E S U L T A N D O: I.- La apelada (fs. 186-207), a cuya exacta relación de antecedentes procesales útiles se hace remisión, desestima la excepción de pago, ampara la de inexigibilidad y en su mérito, revoca el decreto liminar 1395/18 de 11 de mayo de 2018, disponiendo el levantamiento de los embargos genéricos trabados por esa providencia. Todo con costas y costos de cargo de la ejecutante. II.- Contra la misma se alza la parte perdidosa y expresa agravios a fs. 210-217 vto; en síntesis, manifiesta que la sentencia recurrida acogió la excepción de inexigibilidad de la deuda, pese a que la demandada no la articuló en su contestación. Afirma que ello vulnera los arts. 198 y 358.1 del CGP y el principio de congruencia, pues la única excepción opuesta fue la de pago. Sostiene que el juez se subrogó en la defensa de la parte demandada, afectando el principio dispositivo (arts. 1, 117 y 130 CGP). Le agravia también, la errónea consideración de la postergación de la cuota. Critica que el fallo concluyera que la cuota vencida el 30/04/2015 (USD 53.000) se postergó hasta mayo/junio de 2017, cuando ello no surgía del contrato ni fue invocado por la demandada. Entiende que al promoverse la demanda la deuda era líquida, exigible y amparada por mora automática (cláusula contractual). En cuanto a la obligación de pago del seguro, le agravia se haya desestimado el reclamo por la vía ejecutiva. Argumenta que, aunque el contrato no establezca numéricamente el monto, la obligación es líquida porque el título contiene parámetros objetivos y ciertos para calcularlo. Destaca que la cláusula cuarta prevé la indivisibilidad de la obligación del seguro con el arriendo. Cuestiona además que por la recurrida se confundan tratativas con el fiador Ademar Kehrwald con acuerdos extensibles a la deudora principal (Nalden S.A.) y la otra fiadora. Alega que Kehrwald carecía de representación para modificar el contrato, el que nunca fue variado formalmente. En consecuencia, sostiene que la obligación de pago de la cuota del 30/04/2015 se mantuvo. Entiende equivocada la modificación del vencimiento fundada en las declaraciones de los testigos, cuando el art. 1595 CC exige documento escrito para probar obligaciones superiores a 100 UR. Invoca además el art. 2107 CC en cuanto a que las modificaciones de la fianza también requieren forma escrita. En virtud de lo que viene de decir, le agravia que la recurrida le desestime los intereses moratorios y que se le imponga sufragar las costas y costos del proceso. En definitiva, solicita se revoque la recurrida, manteniendo firme el decreto liminar y dejando sin efecto la condena en costas y costos a su parte. III.- No se contestaron los agravios y se franqueó la alzada (No. 4087/24 de fecha 27/XI/24). IV.- Recibido el proceso en el Tribunal, los autos se giraron a estudio en forma sucesiva y en acuerdo celebrado a los efectos (art. 203.4 in fine y 204.2 CGP –red. Ley 19090-), por unanimidad de votos se resolvió el dictado de decisión anticipada (art. 200 CGP –red. Ley 19090-). C O N S I D E R A N D O: I.- El Tribunal, con el voto coincidente de sus miembros naturales (art. 61 Ley No. 15.750), se pronunciará por revocar la sentencia en recurso y mantener firme el auto liminar del monitorio, conforme la fundamentación que subsigue. II.- De autos resulta que el 5 de diciembre de 2016, se presentó el representante de la Sociedad de Agricultores Unidos de la República Oriental del Uruguay (en adelante: SAUDU) a fin de promover juicio ejecutivo contra Nalden S.A., María Celia Leite Centena y Ademar Kehrwald Schawalemberg Manifiesta la accionante que celebro el 18 de junio del 2014, un “Contrato de Arrendamiento con opción de compra” por el cual dio en arriendo a Nalden S.A. un equipo marca “Jacto”, modelo “Uniport” 3030, motor N° 36475380, lote 02/2014 y Serie N° 774286, ubicado en la Ruta 27 Km 13 1,5, establecimiento "El Lorito", localidad de Vichadero (Dpto. de Rivera). El precio por dicha compraventa se determinó en una suma total de U$S 265.000, pagaderos en cinco cuotas de U$S 53.000, la primera de las cuales se abonaría al momento de la suscripción del contrato y las cuatro siguiente se pactó el vencimiento los días 30/04/2015, 30/10/2015 (solo abonó USS 20.000), el 30/04/2016 y el 30/10/2016. Además, la arrendataria se obligó a abonar el costo del Seguro de la maquinaria a razón de U$S 1.810; y se fijó en el Contrato un interés moratorio del 10,40% (tasa efectiva anual), calculado sobre el monto de las cuotas vencidas e impagas. Por su parte, el Sr. Ademar Kehrwald y la Sra. María Celia Leite, con fecha 19/05/2014, se constituyeron fiadores solidarios de Nalden S.A., ante cualquier tipo de incumplimiento de las distintas obligaciones contraídas. En dicho contrato se estipuló la mora automática (cláusula “Estipulaciones Varias”, numeral III, fs. 32). No obstante, ello, a requerimiento de la ejecutante los demandados fueron previamente intimados al pago (fs. 17). Asimismo, en este caso, a solicitud de SAUDU y en cumplimiento del Decreto 2488/2016 (fs. 16), el 12/09/2016 se citó a Nalden, María Celia Leite y Ademar Kehrwald a reconocer el contrato base de ejecución. Vencido el plazo de seis días, los citados guardaron silencio, configurándose así el reconocimiento tácito del documento. Posteriormente los ahora demandados promovieron un incidente de nulidad por indefensión contra tales diligencias el que fue desestimado por Sentencia Interlocutoria N.º 2073/2020 (11/08/2020), confirmada parcialmente por el Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 2.º Turno (Sentencia 449/2021 del 01/12/2021, fs. 237-246 y 301-306- IUE 289-238/2016). En consecuencia, no existe obstáculo alguno para tener por reconocido y autenticado el contrato que sirve de fundamento a la pretensión ejecutiva. Sostiene el demandante que por las obligaciones asumidas en el contrato de arrendamiento que le unió con Nalden S.A., los accionados le adeudan un total de U$S 63.137,42. En definitiva, solicita se decrete el embargo genérico de los accionados, hasta cubrir la suma de U$S 63.137,42, más sus acrecidas, costas y costos, oficiándose, fecho, se cite de excepciones por el término legal, en el domicilio contractual denunciado. Por Decreto N° 1395/2018 del 11 de mayo de 2018, se dispuso: “(...) trabase el embargo genérico solicitado hasta cubrir la suma adeudada y sus acrecidas, oficiándose al registro correspondiente. - Fecho, cítese de excepciones por el término legal y si no fueren opuestas sígase adelante con el proceso hasta la obtención de la satisfacción del monto adeudado y sus ilíquidos” (fs. 50). Citado de excepciones compareció el representante de Nalden S.A., María Celia Leite y Ademar Kehrwald de acuerdo con el mandato especial que luce en fs. 2/3 vto. de la IUE 289-238/2016, a fin de oponer excepción de pago. Concretamente sostiene que el 7 de noviembre de 2016 se procedió al pago de U$S 53.000, con lo cual entiende que “...el importe esencial y más importante de la cuota que se reclamó ya estaba pago al presentarse la demanda” y agrega que “...además no se adeudan intereses...” (fs. 55 vto.) de conformidad con lo que surge del documento que luce en fs. 40. Por lo que viene de señalarse, concluye que “...no se deba capital ni tampoco se adeudan intereses...”. En cuanto al importe del seguro, sostiene que la contraria no ha acreditado que el importe que reclama corresponda al seguro de la maquinaria negociada. En definitiva, solicita “...se acojan las excepciones opuestas, rechazándose la demanda ejecutiva, con costas y costos a la actora” (fs. 56). Se confirió traslado del excepcionamiento (Dec. N° 2285/2018, fs. 58), el cual fue evacuado por la parte actora en los términos que surgen de fs. 76/87. En lo medular, niega que la segunda cuota que vencía el 30/04/2015 esté paga. Señala que el recibo de fs. 38 corresponde a la cuota que vencía el 30/10/2016, no a la de abril 2015. Explicita la realización de pagos parciales de otras cuotas y confirma deuda pendiente de U$S 53.000 más intereses. Sostiene que las tratativas de refinanciación a las que refieren los contrarios fracasaron, por no cumplirse con las condiciones pactadas. (expedir cheque de pago diferido). Por lo que el contrato permanece vigente y sin modificación alguna. Rechaza la excepción de pago. Niega que SAUDU haya recibido pago en efectivo por cheque rechazado; sostiene que recién se cobró el 7/11/2016 la cuota de octubre 2016. En cuanto a la prima de seguro, reitera que la misma forma parte del contrato y que el IVA es deducible por la arrendataria oportunamente. Agrega la factura que acredita el monto de este. (fs.71). Se realizo la audiencia preliminar el 20 de noviembre de 2018 (fs. 93/94), se diligenció la prueba ofrecida por los contendientes y, finalmente, el 23 de setiembre de 2024 se procedió al dictado de la Sentencia Definitiva de primera instancia No. 59/2024, por la cual se desestimó la excepción de pago y se amparó la excepción de “inexigibilidad”, por cuyo mérito se revocó el decreto liminar No. 1395/2018, dictado en autos (fs.186/207). Esto genero agravios en la accionante, quien en tiempo y forma interpuso el recurso de apelación, tal como fuere reseñado por Resultando II. III. De lo que viene de decirse, resulta que el contrato invocado como título ejecutivo, cuya celebración fue admitida por la parte demandada es un CONTRATO DE ARRENDAMIENTO CON OPCIÓN A COMPRA (fs. 4 y fs. 31). Dicho título (fs. 4-8 y 9 y vto,) es un documento privado suscrito por los obligados aquí ejecutados, reconocidas sus firmas según proceso previo; esto es, hay un instrumento privado suscrito por los deudores habiéndose seguido los pasos previos de los arts. 173 y 309 num. 4º CGP. “(...) Los instrumentos privados suscritos por el obligado o por su representante configuran título ejecutivo siempre que estén reconocidos o dados por reconocidos ante el tribunal competente de acuerdo con lo dispuesto por los arts. 173 y 309, num. 4°, o firmados o con su firma ratificada ante escribano público que certifique la autenticidad de estas. Se trata de un requisito de autenticidad, que reitera para el juicio ejecutivo la regla general prevista en el art. 352.1 de este Código (documento auténtico o autenticado notarial o judicialmente en la etapa preliminar respectiva). La autenticidad constituye un requisito del título en el que se basa la propia estructura monitoria. El documento privado, suscrito por el obligado, deberá ser autenticado por alguna de las vías previstas en este artículo, ya sea notarial o judicialmente. Limitando el análisis a la autenticación judicial, la misma deberá efectuarse como diligencia preparatoria, siguiendo el procedimiento previsto en el art. 173 de este Código, a cuyo comentario remitimos. En caso de producirse un reconocimiento expreso o tácito por parte del obligado o su representante, se habrá configurado el título ejecutivo y podrá reclamarse el cobro del crédito por el proceso ejecutivo; de lo contrario, si el citado niega la autenticidad de la firma que se le atribuye, deberá el acreedor intentar el cobro por el proceso ordinario, al no disponer de un título ejecutivo por falta del requisito de autenticidad previsto en el artículo comentado. No obstante, se ha sostenido que en esa hipótesis podría el acreedor solicitar una pericia caligráfica (art. 174) como diligencia preparatoria, para determinar la autoría que atribuye a su contraparte y de esa forma configurar el título ejecutivo. La diligencia preparatoria de reconocimiento de firma hace innecesaria la intimación de pago como requisito previo a la demanda ejecutiva, de acuerdo con lo previsto en el art. 354.5. El instrumento privado, para configurar un título ejecutivo, debe estar ‘suscripto’ por el obligado o su representante, lo que determina como requisito de este título la firma puesta al pie del documento por el obligado o su representante. Las modernas técnicas de suscripción de documentos electrónicos (firma digital o electrónica) pueden plantear una interesante cuestión interpretativa en torno a la eventual configuración de un título ejecutivo a partir de un documento electrónico en el que se asume la obligación de pagar una cantidad de dinero líquida y exigible, situación que habrá de plantearse cada vez con más frecuencia en la realidad de las transacciones comerciales...” (en “C.G.P Comentado, anotado, con jurisprudencia”, Dr. Ángel Landoni Sosa y colaboradores, Ed. B de F, 2006, Vol. 3 B, actualizada, págs. 1540/1541). De conformidad con lo antes expresado, y de acuerdo con lo dispuesto por el art. 353 del C.G.P. “…procede el proceso ejecutivo cuando se promueve en virtud de alguno de los siguientes títulos, siempre que de ellos surja la obligación de pagar cantidad de dinero líquida o fácilmente liquidable y exigible…” Así, el título que se ejecuta, además de integrar el elenco legal previsto en el artículo reseñado, resulta ser auténtico y contiene una obligación de pago de suma de dinero líquida, más sus accesorios. Aun cuando pudiera sostenerse que no se trata de una suma estrictamente líquida, lo cierto es que necesariamente debe reputarse fácilmente liquidable, conforme a lo dispuesto en el art. 353 del C.G.P., lo que habilita la vía ejecutiva monitoria promovida IV.- En cuanto al agravio introducido por el apelante, respecto a que la parte demandada en su escrito de oposición de excepciones NO invocó que la segunda cuota a la fecha de promoción de la demanda ejecutiva aún NO ERA EXIGIBLE, es de recibo. Así, la apelante relaciona que resulta adjetivamente inadmisible para impugnar, la remisión a etapas anteriores del juicio (en específico, a lo dicho de fs. 24-26 v.) cuando aún no se había dictado la resolución que causa agravio. Esto en así, en virtud de lo establecido por el art.198 del CGP, el que establece que las únicas defensas que la sede puede considerar al dictar la Sentencia definitiva son las planteadas en el escrito de excepcionamiento (fs 55/56). En dicho escrito, los accionados, no invocaron en ningún momento la inexigibilidad de la deuda. Tampoco se desprende, dicha defensa, del escrito presentado por los demandados el 27 de abril de 2018 (fs 42/42 vto.). La mención de que la deuda "no sería aún exigible" (fs 26) se encuentra en la comparecencia de los demandados al evacuar la vista conferida en la oposición a la sustitución de embargo (fs 24) del 23 de enero de 2017. Dicha presentación ocurrió un año y cinco meses antes de que la Sede dictara el decreto inicial de la presente acción ejecutiva (Decreto n.º 1395/2018, del 11 de mayo de 2018, fojas 50). Por lo tanto, no se puede considerar una defensa válidamente introducida en el presente proceso ejecutivo En obrados las única defensa aducida por el ejecutado fue la de haber pago la deuda, cuyo cobro ejecutivo se persigue. V.- Consecuentemente, acierta el cuestionamiento que abre esta alzada cuando expone que la resistida falla fuera de las cosas litigadas, en conculcación a los principios dispositivo y de congruencia (arts. 1 y 198 CGP). Como expresara la Suprema Corte de Justicia en Sentencia N° 323/2004: “Esta Corporación, en Sentencia No. 177/2000 compartiendo la opinión de la doctrina especializada afirmó que: ‘...el objeto del proceso se encuentra delimitado por la pretensión del actor y la defensa o negativa del demandado. Y, por esto, el Juez en su fallo, debe pronunciarse dentro de esos límites, y no más allá de ellos, pues de lo contrario no respetaría el principio de congruencia, derivación o consecuencia natural del principio dispositivo, de raigambre constitucional’ (Jardí Abella, ‘El recurso de apelación’, en ‘Curso sobre el C.G.P.’, t. 2, pág. 17). Precisando: ‘Dentro del límite de lo pretendido por el actor en la demanda y en la correspondiente oposición del demandado (secundum allegata et probata) debe ajustarse necesariamente la sentencia para ser congruente (...). Así, el Prof. Véscovi enseña que ‘no será congruente la sentencia, en cuanto decida más de lo pedido por la parte (ultrapetita), o fuera de lo que está solicitado (extrapetita)... y otro vicio de la sentencia puede ser el de resolver cuestiones no planteadas por las partes, lo que también podemos hacer entrar en la falta de congruencia...’ (‘La casación civil’, págs. 85/87, cit. por la Corte en sentencia No. 136/91)” (publicada en BJN, el destaque no luce en el original). A mayor abundamiento, la sentencia es congruente cuando se ajusta a las pretensiones de las partes, tanto del actor como del demandado, independientemente de si es acertada o errónea. No se puede apreciar, más ni menos de las cuestiones controvertidas, ni dejar de resolver algunas. Subsecuentemente, trasladando los conceptos que vienen de referirse al subexámine, resulta de recibo el agravio expresado por la recurrente en cuanto sostiene que en la decisión resistida se ha infringido el principio de congruencia (art. 198 del C.G.P.), lo que amerita la solución revocatoria, desestimando la decisión de que la deuda no es exigible. VI.- En otro orden, los ejecutados se agravian en el entendido que la obligación de pagar el seguro no reviste una obligación a su cargo y menos que proceda su cobro por vía ejecutiva. Sin embargo, de la Cláusula Cuarta del contrato de arrendamiento (fs. 31 vto.) surge expresamente la obligación de la arrendataria de contratar, a su exclusivo cargo, una póliza de seguro con el Banco de Seguros del Estado, designando como único beneficiario al arrendador. Asimismo, se dispuso que la arrendataria debía justificar el pago de las primas correspondientes al momento de abonar el precio del arrendamiento, quedando facultado el arrendador a rehusar legítimamente la recepción de dicho pago en caso de incumplimiento. En consecuencia, del contrato se desprende una obligación clara, concreta y exigible a cargo de la arrendataria, consistente en la contratación y pago de la póliza de seguro ante el Banco de Seguros del Estado (BSE).- SAUDU por su parte estimó a fs. 8 vto. el monto del adeudo por este concepto en U$S 1.810, agregando al evacuar el traslado de las excepciones la factura por dicha cantidad, emitida por BSE. (fs.71)- El testigo Alfredo Lema declaró que, en la práctica, SAUDU contrataba los seguros, abonaba las primas al corredor y posteriormente las facturaba a los clientes, precisando que, en el caso, la póliza renovada en junio de 2016 permanece impaga (fs. 102-103). Ademar Kehrwald reconoció que la responsabilidad de contratar recaía en Nalden, pero manifestó dudas respecto a los pagos realizados (fs. 131) En definitiva, la obligación de pagar suma de dinero fácilmente liquidable por concepto de seguro surge del contrato de arrendamiento, la parte demandada ante dicho reclamo no probó su pago y al evacuar traslado de excepciones la parte actora (art. 118.3 CGP) acreditó haberlo hecho. Por lo expuesto, se concluye que corresponde que la demandada abone dicho rubro el que se encuentra comprendido en el titulo ejecutado. VII. De todo lo que viene de decirse, resulta que el meollo de la cuestión debatida, a criterio del recurrente se base en el hecho de que la hostigada, se confunde las tratativas existentes entre su representada con el fiador Ademar Kehrwald, pues dichos acuerdos ni puedan ser extensibles a los demás codemandados, ni fueron finalmente concertados. Alega que el fiador, Kehrwald carecía de representación para modificar el contrato, y finalmente el mismo nunca fue formalmente modificado. Consecuentemente objeta que el juez fundara la modificación del vencimiento de la cuota en base a testimonios, cuando el art. 1595 CC exige documento escrito para probar obligaciones superiores a 100 UR. Invoca además que el art. 2107 CC, también requiere que las modificaciones a la fianza se realicen en forma escrita, lo que no se acredito. Si bien reconoce que se realizaron tratativas para postergar el pago de la cuota reclamada, y dejar sin efecto los intereses, no se logró dicha modificación. No consta que se haya perfeccionado acuerdo modificativo del contrato de arrendamiento original. Por tanto, conforme a la cláusula sexta del contrato (fs. 31 vto.), las partes pactaron que, en caso de atraso, la arrendataria abonaría un interés moratorio del 10,40 % calculado sobre la cuota vencida e impaga. Dado que la obligación de pago de la cuota del 30/04/2015 se mantuvo incambiada y exigible, no habiéndose acreditado su pago, corresponde estar a los intereses pactados en el contrato (10,40%)., En consecuencia, corresponde la condena a pagar los intereses devengados. - VIII. En punto a las costas y costos del juicio, en virtud de la solución acordada, corresponde revocar la sanción impuesta al actor, correspondiendo en su lugar estar a lo dispuesto por el art. 384.4 inciso 1, siendo las costas y costos de cargo del demandado perdidoso. Por los fundamentos expuestos y normas citadas, el Tribunal, F A L L A: Revócase la apelada y mantiénese firme el auto liminar del monitorio, costas y costos de cargo del demandado. Ejecutoriada, devuélvase. Patricia Hernández Ministra Rosario Sapelli Ministra Pablo Benítez Ministro Esc. Lucía Carballa Secretaria Letrada