Sentencia Definitiva N° 240/2025

Sentencia No. 240/2025 Tribunal de Apelaciones en lo Civil de Segundo Turno Ministro redactor: Dra. Rosario Sapelli Ministros Firmantes: Dr. Pablo Benítez, Dra. Patricia Hernández y Dra. Rosario Sapelli Montevideo, 17 de setiembre de 2025.- V I S T O S: Para Sentencia definitiva en segunda instancia en estos autos caratulados: “TEJERA, Robert y OTROS C/ MINISTERIO DEL INTERIOR. Cobro de pesos” IUE: 2-27283/2024, venidos a conocimiento de este Tribunal en mérito al recurso de apelación interpuesto por la parte demandada y a la adhesión formulada por la parte actora, contra la sentencia No. 128/24 de 11 de diciembre de 2024, dictada por el Señor Juez Letrado de Primera Instancia en lo Civil de 16º Turno, Dr. Hugo Roundie y R E S U L T A N D O: I.- La apelada (fs. 308-318), a cuya exacta relación de antecedentes procesales útiles se hace remisión y en lo medular a esta alzada, ampara en parte la demanda y condena a la demandada a abonar a la reclamante las diferencias por licencias no percibidas derivadas de la prestación del servicio 222 de la Ley No. 13.318, así como su incidencia en los respectivos aguinaldos, durante el período no abarcado por la prescripción extintiva declarada en audiencia preliminar y hasta el momento en que el Ministerio del Interior comenzó a abonar regularmente dicha partida, ordenando su liquidación mediante el procedimiento del art. 378 CGP. Desestima la pretensión de condena de futuro. II.- Contra la misma se alza la parte perdidosa y expresa agravios a fs. 321-326; en síntesis, manifiesta que su parte carece de legitimación pasiva pues quien se encarga de disposiciones principales y del pago del rubro en disputa es la persona contratante y no el Ministerio del Interior. Que se desconocen los principios rectores que atañen a la Administración Pública y a la relación del funcionario con la misma, que en el caso de los policías es especialísima dado su régimen estatutario. Que la normativa invocada en la apelada no alcanza a los funcionarios policiales y que en mérito a la referida especialidad y su principio, derivados del estatuto policial, éste debe sobreponerse al de igualdad y libertad que pregona la recurrida. Cita jurisprudencia en respaldo de su postura y solicita revocatoria de la impugnada. Adhiere la parte actora a fs. 330-333 v.; básicamente, relaciona que debe hacerse lugar a su reclamo por condena de futuro. III.- Se contestaron los agravios (fs. 336-338) y se franqueó la alzada (No. 485/25 de fecha 26/II/25). IV.- Recibido el proceso en el Tribunal, los autos se giraron a estudio en forma sucesiva y en acuerdo celebrado a los efectos (art. 203.4 in fine y 204.2 CGP –red. Ley 19090-), por unanimidad de votos se resolvió el dictado de decisión anticipada (art. 200 CGP –red. Ley 19090-). C O N S I D E R A N D O: I.- El Tribunal, con el voto coincidente de sus miembros naturales (art. 61 Ley No. 15.750), se pronunciará por confirmar la sentencia en recurso conforme la fundamentación que subsigue. II.- Con fecha 17 de abril de 2024 (fs. 216 y ss.), comparecieron Robert Tejera, Luis Silveira, Richard Silveira, Marianella Calero y Pablo Cabral, promoviendo demanda por cobro de pesos contra el Ministerio del Interior. Fundaron su pretensión en que, como funcionarios policiales con cargos efectivos y ejecutivos, además de cumplir tareas ordinarias, prestan el denominado “servicio 222” (Ley 13.318). Alegan que las sumas percibidas por dicho concepto tienen carácter salarial, generan aportes al Montepío y deben ser computadas para el cálculo de aguinaldo y licencia, lo que no ocurre en los hechos. Reclaman el pago de diferencias correspondientes a los últimos cuatro años, más condena de futuro (art. 11.3 CGP). Sostienen que de acuerdo con las normas constitucionales (arts. 7, 53 a 59), legales (entre otras, art. 222 Ley 13.318, art. 43 Ley 18.405, Ley 19.315, Ley 19.889) y reglamentarias, corresponde se les abonen dichas diferencia generadas en el rubro licencia y aguinaldo. Acompañan recibos de sueldo y antecedentes funcionales de cada accionante. Puntualizan que la coaccionante Calero, desde el 2021 percibe subsidio por enfermedad en virtud de diagnóstico de esclerosis múltiple, por lo que desde dicha fecha no realiza el servicio 222. Sustanciada la demanda, comparece el Ministerio del Interior, oponiendo excepciones de prescripción extintiva (art. 8 Ley 16.226) y falta de legitimación pasiva. En cuanto al fondo, reconoció que los actores son funcionarios públicos presupuestados, encuadrados en el escalafón “L” Policial, por lo que el vínculo es de naturaleza estatutaria, no laboral. Alegó que el servicio 222 es excepcional, abonado por terceros y que, conforme al art. 43 de la Ley 18.405, no tiene carácter remuneratorio. Añadió que la licencia reclamada por los actores se basa en normativa aplicable al ámbito privado (Ley 12.590), resultando improcedente. Recalcó además que cualquier eventual beneficio debería estar previsto presupuestalmente, por lo que se trata de materia de reserva legal. Impugnó la procedencia de la condena de futuro solicitada. Ofreció prueba y solicitó el rechazo íntegro de la demanda. Por decreto N.º 1837/2024 (fs. 152) se confirió traslado del excepcionamiento, el que fue evacuado por la actora a fs. 254 y ss. En audiencia preliminar se dicto la interlocutoria saneadora, que acogió la excepción de prescripción extintiva, declarando extinguidos los créditos anteriores al 17/05/2020, y se difirió el tratamiento de la excepción de falta de legitimación pasiva para esta sentencia definitiva. La resolución quedó firme. Diligenciada la prueba por sentencia definitiva No.128/2024, se amparó parcialmente la demanda. Esta decisión generó agravios en el perdidoso y la parte actora adhirió al recurso interpuesto. (los mismos fueron puntualizados por Resultando II) III. En primer lugar corresponde ingresar a los agravios esgrimidos por la accionada, punto sobre el que este Tribunal ya se ha pronunciado en reiteradas oportunidades (Sentencias Nos. 49/2021, 207/2023, 16/2024, 168/2024, 381/2024 y 405/2024, entre otras), manteniendo el mismo criterio con su actual integración, en cuanto a la procedencia de lo impetrado, por la siguiente fundamentación. En efecto, esta Sala en reciente sentencia No. 405/24, dijo, en términos parangonables: “Que el artículo 43 de la Ley 18.045, con vigencia a partir del 1/I/2009, establece que: ‘Las remuneraciones que el personal policial perciba por los servicios prestados a personas públicas o privadas fuera del horario de servicio del destino correspondiente a su función pública, bajo contrato celebrado por aquéllas con el Ministerio del Interior al amparo del artículo 222 de la Ley 13.318 del 28 de diciembre de 1964 o normas análogas, con cargo a esos terceros, constituirán materia gravada, de manera progresiva conforme a las siguientes reglas: a partir del mes de enero de 2009 el cincuenta por ciento, a partir del mes de enero de 2010 el setenta por ciento…’.- Esta Sala con anteriores integraciones (Sentencias nro. 64/2013, nro. 54/2014, nro. 49 del 26/V/2021), ha blandido la postura adoptada por la Suprema Corte de Justicia en Sentencia nro. 138 del 20/V/2015 y Homólogas (TAC 1º Turno, Sentencias nros. 178/2011, 142/2012, 113/2018; TAC 3º turno, Sentencias nros. 261/2012, 71/2018; TAC 5º Turno, Sentencias nros. 183/2018).- La actual integración la mantiene (cfe. Sentencias nros. 128/2023, 207/2023, 16/2024, 168/2024).- En este sentido, en función del artículo antes transcripto: ‘… resulta correcta la interpretación y aplicación del referido precepto practicada por la Sala cuando … afirmó que si bien antes de la vigencia de esta Ley, es decir, cuando se efectuaban aportes por las sumas percibidas por concepto del denominado ‘servicio 222’, se podía discutir si el funcionario policial lo cumplía para el Ministerio del Interior o para quien contrataba el servicio, fungiendo el Ministerio como intermediario.- Pero, luego de sancionada dicha Ley (que dispuso que las remuneraciones que se percibían por ese servicio aportaban a la Caja Policial), parece claro que la vinculación del policía o del bombero es con el Estado-Ministerio del Interior.- Razonamiento que conduce al Tribunal a entender que desde que lo percibido por el ‘servicio 222’ aporta a la Caja Policial tiene naturaleza salarial aunque se trate de una remuneración extraordinaria, variable y complementaria de la retribución del funcionario policial, esos ingresos deben integrar la retribución que se percibe durante el período en que el funcionario goza de su licencia.- …’; sin que en esto tenga incidencia la naturaleza estatutaria del vínculo funcional existente entre las partes.- Como se señalara en la Sentencia nro. 41/2021 de este Tribunal, con la norma transcripta también implica que ‘… en lo que refiere al cumplimiento de dichos servicios, el empleador es el Ministerio del Interior, ya que de lo contrario, los aportes se deberían verter al organismo de seguridad social pertinente y no a la Caja Policial.- Por ende, es dable concluir que ‘la remuneración de naturaleza salarial percibida por los funcionarios co-actores por la prestación del multicitado servicio deba ser tenido en cuenta para calcular la retribución que perciben durante el período que gozan de su licencia reglamentaria.- Consecuentemente, corresponde desestimar el agravio formulado y confirmar la hostigada’”. Consecuentemente, corresponde desestimar el agravio formulado por el Ministerio del Interior y confirmar la hostigada. IV.- En relación con el agravio introducido por la adhesión a la apelación, resulta que de acuerdo con lo dispuesto por el art. 11.3 inc. 2º CGP, no es posible en la situación de marras disponer una condena a futuro como se pretende. En virtud al texto del art. 11.3 del Código General del Proceso: “Las sentencias condicionales o de futuro no podrán contener ni recaer sobre aquellas materias reservadas constitucionalmente a la iniciativa del Poder Ejecutivo, que involucren o versen sobre las materias previstas en el inciso primero del artículo 86 y en el artículo 214 de la Constitución de la República”. Dicha redacción fue incorporada al C.G.P. mediante art. 39 de la Ley N° 19.924 (Ley de Presupuesto Nacional para el período 2020/2024), norma que fue promulgada el 18/12/2020 y publicada en el Diario Oficial el 30/12/2020. El contenido de la regla del art. 11.3 inciso 2° del C.G.P., considera que se limita la actividad jurisdiccional imposibilitando a las sedes judiciales el pronunciamiento a futuro acerca de cuestiones de orden presupuestal (cfme. arts. 86 y 214 de la Constitución). Además, no solo se trata de una norma que exilia del pronunciamiento por los jueces de una determinada materia y a futuro, sino que supone una limitación del derecho al proceso y a la tutela jurisdiccional efectiva, que paradójicamente se establece en el mismo art. 11 del C.G.P. donde se consagra el principio del “Derecho al proceso y a la tutela jurisdiccional efectiva”. En todo caso, la demandada debió promover excepción de inconstitucionalidad respecto del inciso 2° del art. 11.3 del C.G.P. y lograr así la inaplicación de la norma a su respecto. Vale recordar que la Suprema Corte de Justicia ha declarado en múltiples oportunidades la inconstitucionalidad de dicha norma, a modo de ejemplo: Sentencias Nos. 175/2025, 79/2024, 233/2023, 1080/2022, entre muchas otras. considera improcedente dicha condena, su fundamento. En definitiva, se concluye que la norma referida impide amparar la pretensión movilizada por los accionantes lo que determina el rechazo del agravio promovido en vía adhesiva. V.- Pese a la solución, arribada dada la existencia de puntos en debate asaz opinables, la doble impugnación y la correcta conducta procesal de las litigantes en el grado, imponen que las costas y costos de la presente instancia deban sufragarse por su orden (arts. 56 y 261 C.G.P. y 688 C. Civil). Por los fundamentos expuestos, el Tribunal, F A L L A: Confírmase la recurrida con costas y costos por su orden. Ejecutoriada, devuélvase. Patricia Hernández Ministra Rosario Sapelli Ministra Pablo Benítez Ministro Esc. Lucía Carballa Secretaria Letrada