Sentencia Definitiva N° 232/2025

Sentencia Nro. 232/2025 - IUE: 2-14647/2020 Montevideo, 18 de septiembre de 2025 TRIBUNAL DE APELACIONES EN LO CIVIL DE TERCER TURNO Ministro Redactor: Dr. Fernando Tovagliare. Ministro/as Firmantes: Dra. Claudia Kelland, Dr. Gustavo Iribarren y Dr. Fernando Tovagliare. VISTOS: Para sentencia definitiva en segunda instancia estos autos caratulados: “AA C/ ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO Y OTRO - RESPONSABILIDAD MÉDICA” I.U.E 2-14647/2020 venidos a conocimiento de este Tribunal en mérito al recurso de apelación interpuesto por la parte actora (fs. 919/925) contra la Sentencia definitiva de Primera Instancia No 95/2024 dictada por la Sra. Juez Letrado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo de 2o Turno. RESULTANDO: 1 - La sentencia definitiva recurrida No 95/2024 (fs. 867/886), a cuya exacta relación de antecedentes procesales útiles se hace remisión, desestimó la demanda entablada en todos sus términos, sin especial condenación. 2 - A fs. 919/925 la parte actora interpuso RECURSO DE APELACIÓN contra la sentencia definitiva, abogando por la revocatoria de la misma, por las razones allí expuestas. 3 - Habiéndose sustanciado el traslado conferido, el mismo fue evacuado en tiempo y forma, franqueándose la apelación para ante este Tribunal, pasando los autos a estudio de los Sres. Ministros por su orden, encontrándose integrada la Sala con el Sr. Ministro Suplente Dr. Gustavo Iribarren, por licencia médica de la Dra. Opertti. CONSIDERANDO: 1 - La Sala acepta el correcto relato de antecedentes procesales que se consignó en la recurrida, y por el número de voluntades requerido por la ley (art. 61 inc.1 de la LOT) habrá de revocar la sentencia impugnada en los términos que se indicarán en el presente pronunciamiento. 2 - El juez de la apelación, no tiene más poderes que los que caben dentro de los límites de los recursos deducidos. En términos de Calamandrei, la mirada del Tribunal se halla limitada por decirlo así, por la mirilla del principio dispositivo (y de congruencia) y no está en condiciones de ver sino lo que la partes colocan dentro del campo visual contemplado desde esta estrecha abertura. (Calamandrei, P., ‘Apuntes sobre la reformatio in peius’, en ‘Estudios sobre el proceso civil’, trad. Sentís Melendo, S. bs. As. 1961, Omeba, p. 301). 3 - El embate crítico desarrollado por la parte actora -a fs. 919/925- se encuentra encaminado a cuestionar la decisión de primera instancia en cuanto no atribuyó responsabilidad por falta de servicio a ASSE por la demora en la asistencia; por la falta de una atención adecuada en la atención primaria, y por haber desconocido los dictámenes periciales que fueron contestes en poner en evidencia las deficiencias en la documentación de la historia clínica de la actora llevada por ASSE. 4 - Las razones por las cuales la sentencia de primer grado desestimó la demanda entablada, radicaron en considerar que la parte actora en su escrito inicial no habría imputado responsabilidad alguna a la actuación de los dependientes de ASSE (en el Centro Asistencial de Ciudad del Plata ni en INOT), sino que la demanda se habría limitado a vincular el daño con las tres intervenciones quirúrgica realizadas en el Hospital de Clínicas (las cuales fueron realizadas de acuerdo a la ‘lex artis’ según surge de la prueba pericial). Concluyendo el sentenciante de primera instancia que la actora incumplió con las cargas impuestas por la normativa procesal, al no haber imputado responsabilidad a ASSE y al no haber acreditado la existencia de ‘falta de servicio’ por parte de los dependientes de ASSE. 5 - Ahora bien, entiende la Sala que si bien la demanda entablada pudo contener deficiencias en la calificación jurídica de los hechos relatados, lo cierto es que del relato formulado por la parte actora en su demanda, surge que la misma dijo haber padecido un corte en el dedo meñique de la mano derecha, en mayo de 2017, habiendo sido atendida en el ‘Hospitalito’ de Ciudad del Plata, de ASSE, donde le realizaron las primeras curaciones, la vendaron y la enviaron a domicilio. (ver escrito de fs. 72). Relató asimismo en la demanda, que a los dos días de sucedido el accidente, como la herida continuaba sangrando a pesar del vendaje, decidió concurrir al centro de atención médica, y en esas circunstancias cayó de la moto en la que se trasladaba, fracturándose el codo, siendo derivada al INOT (ASSE) en Montevideo, donde la enyesaron, pero no se habrían ocupado de la herida del dedo. Y ante su reclamo la derivaron al Hospital de Cínicas (UDELAR) donde la sometieron a tres intervenciones quirúrgicas. Sostuvo asimismo que perdió la capacidad motora permanente de la mano, y padece dolor crónico. 6 - Y bien, estando al relato fáctico aportado al proceso por la actora en su demanda, y a las pruebas diligenciadas en la causa, entiende este Colegiado que surgen elementos suficientes que conducen a tener por verificada la responsabilidad de ASSE por omisiones acontecidas en sus dependencias y por sus funcionarios, donde inicialmente se ‘minimizó’ completamente la cuestión relativa al corte del dedo de la accionante, y posteriormente tampoco se le confirió relevancia a la cuestión del corte del dedo meñique (concentrándose exclusivamente en la fractura del codo) circunstancias éstas que privaron a la accionante de recibir un tratamiento adecuado y eficaz. 7 - Así las cosas, y centrándose la Sala en el agravio ejercitado en vía de apelación, donde se solicita que se revoque la impugnada en cuanto no tuvo por configurada la responsabilidad de ASSE, entiende el Tribunal que corresponde amparar el planteo del recurrente, con la precisión que se viene de formular precedentemente (sobre que el relato fáctico formulado por la parte actora resulta idóneo para calificar la situación en el marco de una hipótesis de responsabilidad civil por error en el diagnóstico y en la atención adecuada), y con las consideraciones que se formulan a continuación. 8 - Cabe precisar en primer término, que la Sala comparte el criterio jurisprudencial y doctrinario que postula que de acuerdo con el art. 24 de la C.N., la responsabilidad civil del Estado, se rige por el régimen general de responsabilidad civil (Carlos De Cores, ‘Reflexiones sobre la naturaleza de la responsabilidad civil del Estado’, en Anuario de Derecho Civil Uruguayo, t. XXII, pp. 399 y ss.). 9 - En efecto, entiende este Colegiado que el texto del art. 24 de la Carta Magna, cuando señala que “el Estado será civilmente responsable” realiza un ‘reenvío’ a la aplicación de las disposiciones normativas que regulan la responsabilidad civil, que no son otras que las que se encuentran en el Código Civil y disposiciones legales concordantes y complementarias. Entonces, la responsabilidad del Estado, al igual que la de los particulares, es regida por un régimen normativo plural, que admite hipótesis de responsabilidad subjetiva y de responsabilidad objetiva, fundado en las normas generales de la responsabilidad civil. 10 - En segundo término, se destaca que en el ámbito de la responsabilidad médica, debe partirse de la base que el médico no se obliga a sanar al enfermo, sino a dedicarle la atención cuidadosa, prudente y técnica que corresponde al grado de evolución de la ciencia, se trata de una obligación de medios, donde está en juego una prestación de hacer, de prudencia y diligencia, en la que no puede asegurarse un resultado. Y la prueba de la falta de diligencia (culpa) implica hacer patente el incumplimiento. (Cfme. Picasso. S., La prueba y el incumplimiento en las obligaciones de medios’, Trabajo presentado en las Jornadas en Homenaje al Profesor Jorge Gamarra, año 1999 – Responsabilidad Civil, Doctrinas esenciales, parte general, p. 1183). En efecto, el incumplimiento de las obligaciones de medios requiere que se pruebe la culpa; debiendo además demostrarse que ese incumplimiento (culpa) fue la causa del perjuicio (art. 1346 C.C.). 11 - En tercer lugar, se subraya que, la culpa médica queda regida por los principios generales (de responsabilidad civil) además de estar también disciplinada por reglas y principios específicos que le son propios y le imponen al deudor una conducta conforme al modelo o standard que proporciona el arte médico (‘lex artis’). 12 - Y en cuarto término, cabe tener presente que en rigor, la forma más idónea de tener por configurada la existencia de ‘mala praxis’ médica, es a través de la prueba pericial. Ello por cuanto, como señala Alsina, cuanto más técnica sea la cuestión de hecho sometida al juez, tanto mayor es la utilidad de la pericia (Alsina H. ‘Tratado teórico de Derecho Procesal’, t. 3, 2da. ed., Ediar, Bs. As., 1958, págs.. 475 y 521). 13 - Ahora bien, en el caso, el Dictamen Pericial de la Dra. Antúnez fue concluyente en señalar que la lesión cortante del dedo meñique de la accionante, fue anterior a la caída en moto, y que no debió pasar inadvertida en la primer consulta en el Centro asistencial de Ciudad del Plata (5/6/2017), ni en las posteriores consultas en INOT cuando se examinó a la accionante por la caída en la moto y se le enyesó sin resolver adecuadamente la herida cortante existente. 14 - Y si bien en la historia clínica no figuran constancias ni registros sobre la referida atención inicial, la Perito Dra. Antúnez en su Dictamen pericial señalo que: “... si bien la primera consulta registrada en INOT fue la del día 21 de junio de 2017, 14 días post traumatismo del codo, existe informe de médica imagenóloga, en el que consta una radiografía de miembro superior derecho realizada a la paciente el día 07/06/17, en el mismo se informó una fractura no desplazada de cabeza de radio a nivel de codo, fractura por la cual requirió solo tratamiento ortopédico inmovilización con férula de yeso. Este hecho permite inferir que la paciente sí consultó en INOT a las 48 horas aproximadamente post traumatismo, no siendo la misma consignada en la historia clínica. Asimismo, se destaca que en ningún control médico posterior en el INOT se consignó la lesión cortante a nivel del quinto dedo. Por lo expuesto, quien suscribe considera que la herida cortante que sufrió la titular a nivel de quinto dedo de la mano derecha, no fue valorada adecuadamente en el centro asistencial de ciudad del Plata ni en el INOT, dado que, tras la evaluación de la misma, debería haberse indicado derivación para valoración por especialista cirujano plástico en un centro de urgencias con registro de actuar médico en la historia clínica ... ” (fs. 772/773). 15 - Asimismo, a fs. 794, al ser interrogada en audiencia (por la codemandada ASSE) sobre cómo podía afirmar que cuando la Sra. AA pidió asistencia en el Centro Asistencial de Ciudad del Plata y en el INOT ya existía el corte en el dedo meñique de su mano derecha, respondió la Perito que: “ es en base a lo referido por la periciada durante la entrevista pericial y a lo consignado en la historia clínica del hospital de clínicas, cuando se hace referencia al tiempo de evolución de la lesión cortante ....” Y subrayó que -como lo consignó en el dictamen pericial- está acreditado que la Sra. AA había consultado en el INOT y no habían registros de esa consulta. (fs. 795). 16 - Ahora bien, en lo que respecta a la falta de registros en la historia clínica, cabe tener presente que, tal como lo ha sostenido el TAC 6o en sentencia redactada por el Dr. Iribarren, recaída en IUE 449-542/2019: “... si no surge de la HC por qué no se registraron –comportamiento al que estaba obligada la demandada- los datos necesarios para demostrar que no le es imputable la demora en la cuestión y qué esfuerzos y/o estudios se hicieron para arribar a un diagnóstico por lo menos presuntivo, las consecuencias negativas de dicha omisión no son irrelevantes sino que gravan a la demandada. Lo correcto y acorde a la lex artis, en toda asistencia médica, además de la adecuada atención, es el registro de la misma conformando lo que se conoce como HC y es en ese orden que debe establecerse si la conducta culpable de la demandada estaba o no en relación con la pérdida de la posibilidad de cura, sobrevida o mejora. ... La conducta negligente de no registrar los datos no puede terminar beneficiando al autor de tal omisión, desde que sin la misma no resulta posible atribuir con certeza culpa o ni causalidad ... Es por ello que en este orden corresponde, pues, la aplicación del principio de disponibilidad del medio probatorio ... Y las omisiones en la HC deben considerarse una presunción en contra de quien omitió la adecuada registración del procedimiento terapéutico....” 17 - Así las cosas, estando a las conclusiones de la Perito (Dra. Antúnez) que elaboró el dictamen pericial -fs. 764/775- (y luego compareció a la audiencia correspondiente a informar sobre el mismo, fs. 791/796) corresponde concluir que existió mala praxis en la atención prestada en las atenciones brindadas en el Centro Asistencial de Ciudad del Plata (ASSE) y en el INOT, y existió asimismo culpa en la omisión de registro adecuado en la historia clínica. 18 - Como se explicitara precedentemente, la culpa médica es una culpa profesional que equivale a la violación del ‘standard’ consagrado por las reglas y las prácticas de la Medicina. El modelo ‘standard’ sirve de base para juzgar por comparación, sobre la culpa técnica, determinando si el comportamiento del médico guardó conformidad o se apartó de tales reglas consagradas. 19 - En el caso, estado a lo dictaminado por los Peritos intervinientes, la actuación de los médicos actuantes en las primeras intervenciones (Centro Asistencial de Ciudad del Plata e INOT), implicó un apartamento del referido estándar en la medida que: i) no se valoró adecuadamente la herida cortante, ni en el Centro Asistencial de Ciudad del Plata, ni en el INOT; ii) no se derivó a la paciente para valoración por especialista cirujano plástico en un centro de urgencias, y iii) tampoco se registró adecuadamente las actuaciones médicas en la historia clínica. Todo lo cual, privó a la accionante de una intervención oportuna que hubiese evitado la retracción de los tendones y el resultado final acontecido. 20 - Así expresó la Dra. Antúnez en el dictamen Pericial a fs. 773 que: “... la función principal de los tendones flexores es transmitir la fuerza desde el músculo hacia el hueso, permitiendo la flexión de los dedos, por lo que es muy importante el tratamiento, ya que una demora en el diagnóstico o una intervención tardía, suele conllevar resultados desfavorables, con múltiples reintervenciones, debido a que los cabos de los tendones seccionados suelen retraerse, como ocurrió en este caso ...”. 21 - En similar sentido el eminente Perito, Dr. Guido Berro señaló en su dictamen pericial (fs. 730) que la lesión cortante del meñique no debió pasar desapercibida en las primeras consultas realizadas en Ciudad del Plata y en INOT. 22 - Y de conformidad con lo dictaminado por los Peritos intervinientes, entiende este Colegiado que los médicos actuantes en las primeras actuaciones (Centro Asistencial de Ciudad del Plata e INOT) no cumplieron con el cuidado y diligencia legalmente requeridos (art. 1344 del Código Civil) pues omitieron la realización de los exámenes necesarios tendientes a descartar el riesgo que aparejaba el corte padecido (con posible retracción de los tendones), contrariando de tal forma el principio conforme al cual “el diagnóstico es culpable si no se descarta, en primer término la causa de mayor gravedad” (Gamarra, Responsabilidad Civil Médica, t. 1, págs. 79/80. - Cfme. sent. de la S.C.J. No 141/01). Y tal omisión resultó negligente privando a la paciente de un diagnóstico adecuado que le hubiera permitido llevar a cabo un tratamiento eficaz, evitando el resultado fatal acontecido. 23 - Resultan trasladables al caso las consideraciones formuladas por la S.C.J. en Sent. No 152/2003, donde se sostuvo en términos perfectamente trasladables al subexámine: “... el comportamiento de los médicos actuantes privó a la paciente de las medidas que hubieran podido adoptarse para combatir la enfermedad, perjuicio que en definitiva se traduce en una pérdida de chance al no poder acceder a una atención tempestiva adecuada, motivada en la demora en hacer efectivo el traslado de la paciente a raíz del grave estado en que se encontraba, y que hubiera permitido su atención en una institución que contara con los medios de que carecía el hospital para el tratamiento debido de su padecimiento. ... ... La culpa surge de no haber movilizado temporáneamente los medios que permitieran la debida atención del padecimiento sufrido que hubiera resultado eficiente en la aplicación de técnicas que mitigaran los efectos de la enfermedad, debiendo actuarse lo antes posible a fin de intentar un tratamiento oportuno (Cfme. Gamarra – Responsabilidad Médica, F.C.U., año 1999, pgs. 60 a 63). ...”. 24 - En fin, a criterio de la Sala asiste razón al recurrente en cuanto a que la sentencia impugnada no valoró adecuadamente la prueba diligenciada, apartándose infundadamente de los dictámenes periciales, (art. 184 C.G.P.) de los cuales surge claramente que existieron errores culpables, en la asistencia y diagnóstico de la accionante en las primeras asistencias (Centro Asistencial de Ciudad del Plata e INOT) por parte de las médicos actuantes, lo que apareja la responsabilidad de la demandada ASSE. Cabe tener presente que, como lo ha sostenido la S.C.J. en Sentencia N° 47/08: "... la adopción por el Tribunal de las conclusiones periciales, no requiere en nuestro ordenamiento fundamentación ulterior, como sí lo impone, en cambio, el apartamiento (art. 184 C.G.P.) ... Si el peritaje aparece fundado en principios técnicos inobjetables y no existe otra prueba que lo desvirtúe, la sana crítica aconseja frente a la imposibilidad de oponer argumentos científicos de mayor valor, aceptar las conclusiones de aquel" (cf. Sentencia No. 352/04). (Cfme. Tarigo, E. Lecciones de Derecho Procesal Civil, T II, Ed. 1994, pág. 116; Babieri, L. ‘Pericia y Responsabilidad Médica. Su valoración por el Juez. ADCU, t. XXVIII, págs. 691/692). 25 - En fin, entiende la Sala que de conformidad con lo dispuesto por el art. 24 de la C.N., arts. 1342 y 1555 del C. Civil y disposiciones normativas concordantes, la codemandada ASSE debe responder por la conducta culposa de sus auxiliares (médicos actuantes en las primeras actuaciones) determinante del incumplimiento de la obligación asistencial que gravaba a la codemandada ASSE; en tanto se trata de los sujetos que colaboran o sustituyen a la institución deudora (ASSE) a los efectos del cumplimiento de su obligación asistencial. (Gamarra, Responsabilidad Civil Médica, t. 2, p. 157 y págs. 129/130). 26 - En otro orden, en lo que respecta a los daños reclamados en la demanda, se observa que la accionante a fs. 78, sin mayor comentario ni explicitación, reclama U$S 40.000 por daños y perjuicios, sin aclarar siquiera mínimamente en qué consistirían los referidos perjuicios, circunstancia ésta que impide acceder al reclamo formulado por el punto. 27 - Cabe tener presente que, como señala Muñoz Sabaté, no hay duda que el actor es quien más necesidad tiene de ser claramente explícito y detallar todos los extremos que razonablemente deben considerarse de interés para la litis. Puesto que pretende una variación en determinado status, le corresponde a él la carga de ilustrar al juzgador con mucho más detenimiento que el que pueda desplegar el demandado. (Muñoz Sabaté, L., ‘Técnica Probatoria’, Praxis, Barcelona, 1967, p. 399. Ver además sobre el punto, Van Rompaey, ‘La teoría de las cargas probatorias dinámicas en el Derecho procesal uruguayo’, L.J.U., t. 111). 28 - Por similares razones, tampoco se hará lugar al reclamo por U$S 10.000 por concepto de lucro cesante pues, no se explicitó con claridad en qué medida la lesión padecida y no curada eficazmente le habría privado de continuar trabajando. Es más, se observa que los testigos que declararon para la auxiliatoria de pobreza expresaron que la Sra. AA trabajaba dos veces por semana como empleada doméstica. 29 - Y por otra parte, los dictámenes periciales obrantes en la causa no se expidieron en manera alguna sobre la existencia de una incapacidad laboral, todo lo cual conduce a desestimar el genérico reclamo formulado sobre el punto, en la medida que la actora no logró acreditar fehacientemente los extremos fácticos en los que fundó dicho (genérico) reclamo, como era de su carga. (Ver: Vescovi y otros, ‘C.G.P. Comentado, anotado y concordado’, t. 4, págs. 71/72; Jairo Parra Quijano, ‘Manual de Derecho Probatorio’, págs. 49/50). 30 - Finalmente, en lo que respecta al daño moral pretendido, entiende el Tribunal que habiéndose acreditado las situaciones de aflicción padecidas por la accionante a consecuencia de las omisiones en las que incurrieron los auxiliares de la codemandada ASSE, privándole de una intervención oportuna que hubiese evitado la retracción de los tendones y el resultado final acontecido, corresponde amparar parcialmente la pretensión sobre dicho rubro. 31 - En éstos términos, entiende la Sala que en el caso en examen, el perjuicio padecido por la Sra. AA consistió en la pérdida de chance (a la que alude la accionante en su demanda a fs. 75) de una intervención oportuna. 32 - Así, sostuvo la S.C.J. en Sent. No 185/2006 que: “... algunas situaciones de privación de chance se verifican en supuestos de error de diagnóstico, y sus modalidades de omisión o demora en diagnosticar ... un tratamiento eficaz depende en gran parte del estado de la enfermedad cuando la diagnosis se realiza’ (Gamarra, Responsabilidad Civil Médica, Tomo II, pág. 302)... Como señala el eminente civilista citado en hipótesis como la de autos en las que lo que está en juego es la chance: “... El daño consiste en privar al enfermo de las medidas que hubieran podido adoptarse para combatirlo –y no lo fueron por culpa del médico o de la institución- ... el paciente no tiene que probar que, si el médico hubiera intervenido diligentemente, el resultado hubiera sido exitoso (prueba imposible), sino la pérdida de su probabilidad de cura o mejoría (o incluso la detención del progreso del mal), que es daño sufrido y por el cual reclama...” (Responsabilidad Civil Médica, T. 2, pág. 320). ...”. 33 - Ahora bien, en palabras de Gamarra, hablamos de chance en el sentido de probabilidad de obtener algo: “... Normalmente, la situación futura que deviene imposible con la pérdida de la chance (impidiendo, definitivamente, su verificación) significa una ventaja o un beneficio para el damnificado ... En la pérdida de una chance, el dato definitorio es la existencia de una probabilidad concreta, y la reparación queda reducida, inevitablemente, a una fracción de la ‘ganancia’ esperada (Tratado de Derecho Civil Uruguayo, Tomo XXIV, págs. 115 y 116). ...”. (ver asimismo sents. Nos. 2710/02 y 313/2015 de la S.C.J.). En este sentido expresa Matilde Zavala De González, que cuando el perjuicio reside en la frustración de la oportunidad de un beneficio, en tales casos, el resarcimiento no alcanza la integridad del valor de la ventaja, sino que se circunscribe al valor de la probabilidad de lograrla, el cual puede ser mayor o menor según las circunstancias del caso, pero sin alcanzar nunca la totalidad de aquel otro. (Resarcimiento de daños, vol. 4, pág. 454, Ed. Hammurabi). 34 - Así las cosas, teniendo por configurados el sufrimiento y angustia de la accionante, quien se vió privada de un tratamiento oportuno y eficaz que pudo haber evitado las graves complicaciones padecidas en su mano, se hará parcialmente lugar al reclamo por concepto de daño moral, estimando dicho perjuicio en un 80% de U$S 8.000, (U$S 6.400) con más intereses legales desde la demanda (art. 1348 C.C.). 35 - De conformidad con lo dispuesto por los arts. 56, 198 y 261 del Código General del Proceso más art. 688 del Código Civil, no se impondrá condena especial en la instancia, en virtud de que los litigantes han actuado dentro de su línea argumental sin desarreglo. Por estos fundamentos, el Tribunal FALLA: 1o - Revocando parcialmente la sentencia impugnada en cuanto desestimó la demanda entablada en todos sus términos, y en su lugar, se condena a la codemandada ASSE a pagar a la accionante la cantidad de U$S 6.400, con más intereses legales desde la demanda. 2o - Sin especial condenación en costas y costos. HF. 10 BPC. 3o - Notificada y ejecutoriada, devuélvase a la Sede ‘a quo’ con las formalidades de estilo. Dra. Claudia Kelland - Ministra Dr. Gustavo Iribarren - Ministro Dr. Fernando Tovagliare - Ministro Esc. Laura Pérez - Secretaria Letrada