Sentencia Interlocutoria N° 166/2025

Sentencia Nro. 166/2025 - IUE: 2-57041/2024 Montevideo, 18 de septiembre de 2025 Vistos y Considerando en el Acuerdo: Estos autos caratulados “SILVA, HORACIO c/ BANCO DE SEGUROS DEL ESTADO - DAÑOS Y PERJUICIOS”, I.U.E: 2- 57041/2024, venidos a conocimiento de este Tribunal en razón del recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la sentencia interlocutoria No 1098/2025, dictada por el Sr. Juez Letrado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo de 4o Turno, Dr. Carlos Aguirre. 1- Por la sentencia recurrida, dictada en audiencia preliminar, el Magistrado actuante resolvió declarar la incompetencia del tribunal por razón de materia, y en su mérito declinar competencia ante el Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Civil que por turno corresponda (fs. 110-114). 2- En escrito de fs. 120-125 el actor funda el recurso de apelación anunciado en audiencia, expresando, en lo central, los siguientes agravios: a) Señala que la recurrida incurre en una incorrecta calificación de la pretensión, en tanto no se trata de una acción indemnizatoria por responsabilidad contractual del B.S.E., sino que se promovió demanda de acción reparatoria por hechos y actos del B.S.E.; concretamente la disposición de oficio de una investigación administrativa de la cual el actor fue uno de sus destinatarios y en la que se vulneró su derecho a ser oído y a una debida defensa; culminando la misma con un acto administrativo que le resulta dañoso. Refiere que de conformidad con lo anterior, se sustancia una pretensión contencioso administrativa de reparación patrimonial contra una persona pública estatal, siendo de competencia de los Juzgados Letrados de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo, conforme art. 1 de la ley 15.881. b) Considera que la aplicabilidad de las normas sustantivas de Derecho Civil no determina que la competencia material para decidir el litigio corresponda a los juzgados de la materia Civil, debiéndose estar a la norma atributiva de competencia que es la referida supra. 3- Por el número de voluntades legalmente exigido (art. 61, inc. 3o LOT) el Tribunal irá a revocar la sentencia interlocutoria impugnada, por considerar los agravios esgrimidos de recibo. 4- En primer lugar, corresponde reiterar el entendimiento de esta Sala respecto a que, a efectos de determinar la competencia por razón de materia debe estarse al diseño de la demanda promovida por la parte actora. Y en el subexamine la demanda de autos trata de una acción reparatoria patrimonial por hechos y acto administrativo de una persona pública estatal (concretamente la Resolución del Directorio del B.S.E. No 0427/2020), que determina que la acción encuadre en un proceso contencioso administrativo de reparación, siendo de competencia de los Juzgados Letrados de lo Contencioso Administrativo, conforme la norma legal atributiva de competencia (art. 1 de la ley 15.881). Tal postura es también compartida por la Suprema Corte de Justicia, que en sentencia interlocutoria No 1160/2021 se expresó de la siguiente manera: “(...) en la determinación de la jurisdicción aplicable debe atenderse, como regla de principio, al planteamiento que haga el actor al promover su pretensión, ya que es en definitiva el que origina y da razón de ser al proceso. Así, expresa Vescovi: ‘...la demanda contiene la pretensión del demandante y determina el objeto del proceso...’ (Derecho Procesal Civil, Tomo IV, pág. 68). El objeto del proceso o de la causa lo fija la pretensión movilizada, la que podrá luego ser controvertida o no, pero la competencia queda establecida. En la especie, la acción se inició en mérito a un conflicto de trabajo surgido en el ámbito de una relación laboral, por lo que es privativo de la justicia del trabajo determinar en definitiva si existe o no el mentado vínculo jurídico, y luego la procedencia del crédito reclamado(cfme. Sentencia SCJ No. 636/2006; en igual sentido, véanse Sentencias Nos. 493/2007, 1.268/2008, 1.996/2009 y 2.806/2010, entre otras)”. Los fundamentos dados por la S.C.J. aplican al presente caso mutatis mutandis. 5- También asiste razón al apelante respecto a que la eventual aplicabilidad de las normas de Derecho Privado, dispuesta por el art. 19 de la ley 18. 243 (ley orgánica del B.S.E.) no determina que la competencia por razón de materia corresponda necesariamente a las Sedes en materia civil. En tal sentido, se comparte el fundamento del agravio esgrimido, por cuanto se trata de una norma que establece el derecho sustantivo aplicable a ciertos casos (los vínculos jurídicos en que intervenga el B.S.E. y refieran a su actividad específica como empresa aseguradora), pero no es una norma atributiva de competencia. De tal manera, dicha norma únicamente establece el derecho que deberá aplicar en esos supuestos el foro competente, pero sin determinar cuál es ese foro; que en el presente caso quedó determinado por la norma atributiva de competencia, ley 15.881, conforme lo establecido. 6- La conducta procesal de las partes no amerita condenación procesal (art. 688 CC.) Por los fundamentos expuestos, normativa citada el Tribunal, Resuelve: Revócase la sentencia interlocutoria No 1098/2025 y en su lugar, declárase al tribunal a quo competente por razón de materia para conocer en el presente proceso. Notifíquese a domicilio a las partes. Cumplido, devuélvase al tribunal de origen. Dra. Claudia Kelland – Ministra Dr. Gustavo Iribarren – Ministro Esc. Laura Pérez – Secretaria Letrada