Sentencia Definitiva N° 233/2025

Sentencia Nro. 233/2025 - IUE: 2-56988/2024. Montevideo, 18 de septiembre de 2025 TRIBUNAL DE APELACIONES EN LO CIVIL DE TERCER TURNO Ministro Redactor: Dr. Fernando Tovagliare. Ministros Firmantes: Dra. Claudia Kelland, Dr. Gustavo Iribarren y Dr. Fernando Tovagliare. VISTOS: Para dictado de sentencia definitiva en segunda instancia los presentes autos caratulados: "DE LOS SANTOS BALDISSERA, KAREN Y OTROS C/ FISCALÍA GENERAL DE LA NACIÓN – COBRO DE PESOS, I.U.E 2-56988/2024", venidos a conocimiento de este Tribunal,en mérito a los recursos de apelación y adhesión a la apelación interpuestos respectivamente por las partes contra la sentencia definitiva N° 140/2024 dictada por la Sra. Juez Letrado de Primera Instancia en lo Civil de 17° Turno. RESULTANDO: 1) Por sentencia definitiva N° 140/2024 (fs. 209/219) se amparó la demanda y en su mérito se condenó a la Fiscalía General de la Nación, a abonar a los actores, las diferencias salariales consignadas en el fallo respecto de cada uno de los actores, más interés legal desde la demanda. Y asimismo, se amparó la pretensión de condena de futuro, todo sin especial condena procesal. 2) A fs. 224/233 vto. la Fiscalía General de la Nación interpuso recurso de apelación, solicitando la revocatoria de la sentencia impugnada por las razones allí expuestas. 3) Por su parte, al evacuar el traslado conferido, la parte actora adhirió a la apelación agraviándose por la circunstancia de que no se hubiesen dispuesto los reajustes legales de las sumas objeto de condena. Sustanciados los traslados correspondientes, se franqueó la alzada para ante este Tribunal, pasando los autos a estudio de los Sres. Ministros por su orden, estando integrada la Sala por el Sr. Ministro Suplente Dr. Gustavo Iribarren por licencia de uno de sus integrantes naturales. CONSIDERANDO: 1 - La Sala acepta el correcto relato de antecedentes procesales que se consignó en la recurrida, y por el número de voluntades requerido por la ley (art. 61 inc.1 de la LOT) habrá de confirmar la sentencia impugnada, salvo en cuanto: no dispuso el reajuste de las cantidades objeto de condena, debiendo realizarse el reajuste correspondiente desde la exigibilidad de cada diferencia salarial adeudada, hasta su efectivo pago conforme a lo dispuesto por el DL 14.500; y en cuanto no ordenó la realización de los descuentos legales pertinentes, disponiéndose en su lugar la realización de los mismos en cuanto correspondan. 2 - El juez de la apelación, no tiene más poderes que los que caben dentro de los límites de los recursos deducidos. En términos de Calamandrei, la mirada del Tribunal se halla limitada por decirlo así, por la mirilla del principio dispositivo (y de congruencia) y no está en condiciones de ver sino lo que la partes colocan dentro del campo visual contemplado desde esta estrecha abertura. (Calamandrei, P., ‘Apuntes sobre la refomatio in peius’, en ‘Estudios sobre el proceso civil’, trad. Sentís Melendo, S. bs. As. 1961, Omeba, p. 301). 3 - Los AGRAVIOS DESARROLLADOS POR LA PARTE DEMANDADA (fs. 224/233 vto) radicaron en sostener en lo medular que: i) la sentencia le habría concedido a los accionantes un aumento de salario no previsto por el art. 64 de la Ley 18.719, ni por el los arts. 15 y 16 de la ley 18.996 y demás disposiciones normativas vigentes y complementarias; ii) se agravió asimismo por entender que no se habría tenido en cuenta que los accionantes se encuentran alcanzados por la ley 19.485 integrando un colectivo que suscribió con el Poder Ejecutivo un Convenio, que tuvo por efecto saldar las diferencias existentes, y iii) formuló agravio finalmente por la circunstancia de que no se hubiese formulado el emplazamiento de tercero en los términos solicitados. 4 - La Sala confirmará la sentencia impugnada por compartir sus fundamentos y por tener posición sobre el mérito de la cuestión planteada en autos, remitiéndose a las fundadas consideraciones expuestas por la S.C.J. en sentencia N° 1315/019, donde se sostuviera que: "... Es necesario observar que el artículo 64 de la Ley No. 18.719 dispuso con carácter inclusivo a todos los Ministros equiparando sus retribuciones en un 100 % (cien por ciento) a las de un Senador de la República. Sin distinguir si pertenecen o no a la órbita del Poder Ejecutivo, Poder Judicial, Tribunal de lo Contencioso Administrativo, Tribunal de Cuentas o Corte Electoral, por tanto no podría distinguir el aplicador-intérprete realizando una suerte de interpretación correctiva (Sentencia S.C.J. No. 76/016). En tal sentido, los miembros del Tribunal de Cuentas y de la Corte Electoral, son tan 'Ministros' o 'Ministros de Estado' (en la terminología del art. 16 de la Ley No. 18.996) -por lo menos concibiendo al Estado como persona jurídica mayor-, como los Secretarios de Cartera del PE, sin perjuicio de sus respectivas competencias. Entonces, compartiendo el criterio postulado en ambas instancias de mérito, en virtud de las normas pre-citadas, no se suscitan dudas en cuanto a que la remuneración de los Ministros de los órganos a los que pertenecen los reclamantes, está equiparada en un 100 % a la de un Ministro del PE, cuya retribución a su vez se equiparó por el art. 64 de la Ley No. 18.719 en un 100% al de un Senador de la República. Al respecto, no están en tela de juicio las facultades que tiene el Poder Legislativo para interpretar en forma auténtica las Leyes, con carácter general y obligatorio (arts. 85 num. 20 de la Constitución vigente de la República y 12 del Código Civil). Dicha atribución no fue puesta en entredicho por la sentencia impugnada. Sin embargo, tal como lo reconoce el Ministerio demandado... la Ley No. 18.738 y Ley No. 18.996, que tuvieron por finalidad aquella interpretación, fueron declaradas inconstitucionales. Tal circunstancia, implica, según el programa constitucional, la inaplicabilidad de las referidas normas a los actores (art. 258 de la Carta y art. 521 del C.G.P.)” (cf. Sentencia S.C.J. No. 1073/019). ... ... Las referidas leyes Ley No. 18.738, Ley No. 18.996 y Ley No. 19.310 procuraron interpretar, modificar y/o derogar lo dispuesto en el art. 64 de la Ley No. 18.719, norma en la que los actores fundan su reclamo de diferencias salariales. ... ... Respecto a la Ley No. 19.310 -tal como se señaló- los actores obtuvieron la declaración de inconstitucionalidad... En suma, a juicio de la Corte, por unanimidad, estima que las consideraciones desarrolladas dan cuenta de la sinrazón del planteo impugnativo. ...”. 5 - Por otra parte, en el caso en examen, según surge de fs. 43/44 del expediente acordonado (I.U.E 1-151/2023), por sentencia No 324/2024 de la S.C.J., los arts. 14 y 15 de la Ley 18.996, arts. 2 a 7 de la Ley 19.310 fueron declarados inconstitucionales e inaplicables a los accionantes, en razón de lo cual, cabe entender que resulta aplicable a su respecto –en virtud de la equiparación dispuesta por el art. 435 de la ley 15.809- los arts. 85 de la ley 15.7850 y art. 64 de la Ley No. 18.719, disposiciones normativas estas que (interpretadas en sintonía con el criterio postulado en la sentencia Na 135/2019 de la S.C.J.) se encontraban vigentes cuando nació el derecho sustancial de los accionantes, generando de esa forma derechos adquiridos que no pueden ser desconocidos, todo lo cual conduce a rechazar los agravios ejercitados por la demandada apelante sobre el fondo del asunto. 6 - El agravio relativo a que no se habría tenido en cuenta que los accionantes se encuentran alcanzados por la ley 19.485 integrando un colectivo que suscribió con el Poder Ejecutivo un Convenio, que tuvo por efecto saldar las diferencias existentes, tampoco resulta de recibo pues el agravio en cuestión no constituye una crítica razonada de la sentencia, esto es, si bien se cuestiona que no se habría considerado la existencia del convenio colectivo referido (genéricamente) en la demanda, no se especifica cuál sería el alcance del referido convenio, ni se explica por qué razón estarían alcanzados los accionantes, no habiéndose ni siquiera aportado el mismo al momento de contestar la demanda, todo lo cual conduce a rechazar el agravio genéricamente deducido sobre el punto. En sintonía con lo que se viene de señalar, cabe tener presente que como lo ha sostenido este Colegiado en anteriores pronunciamientos “La expresión de agravios debe señalar punto por punto los errores fundamentales de la sentencia; debe hacer un análisis razonado de la sentencia y aportar la demostración de que es errónea, injusta o contraria a derecho; ...se requiere un análisis crítico de la sentencia, debe expresar concretamente las razones que fundan el agravio...debe contener una refutación concreta de las conclusiones de hecho, o de la aplicación del derecho en la sentencia (cfm. sent. No 106/2008, RUDP 1-2/2009, c. 949, p. 506). 7- Finalmente, el agravio relativo a que no se habría hecho lugar a la solicitud de emplazamiento de tercero, resulta de franco rechazo pues se trata de una cuestión sobre la cual parte actora ya ejercitó los medios impugnativos que consideró pertinentes, los que fueron oportunamente resueltos (art. 215.4 C.G.P.). 8- El AGRAVIO DESARROLLADO POR LA PARTE ACTORA EN VÍA DE ADHESIÓN, radicó en cuestionar la sentencia impugnada en cuanto no dispuso el reajuste de las cantidades objeto de condena de conformidad con lo previsto por el D.L 14.500. 9- A criterio de la Sala el agravio referido resulta de recibo legal, correspondiendo por ende, disponer que las diferencias salariales adeudadas sean reajustadas conforme al D.L. 14.500 desde la fecha de exigibilidad en la que se generó cada respectiva diferencia y hasta la fecha de pago. 10- En otro orden, observa la Sala que la sentencia impugnada no dispuso la realización de los descuentos legales pertinentes por aportes de seguridad social, IRPF y FONASA en cuanto correspondan, debiendo disponerse dichos descuentos aun cuando no hubiese mediado agravio sobre el punto por la Fiscalía General de la Nación pues, entiende éste Colegiado que dichos descuentos legales proceden de forma preceptiva, y deben disponerse aún de Oficio. 11 - La correcta conducta de las partes no amerita sanción procesal en la instancia (art. 688 del C.C, art. 261 del C.G.P). Por los fundamentos dados, normas citadas, art. 197, 198 del Tribunal, FALLA: 1o - Confirmase la sentencia definitiva impugnada, salvo en cuanto: no dispuso el reajuste de las cantidades objeto de condena, debiendo realizarse el reajuste correspondiente desde la exigibilidad de cada diferencia salarial adeudada, hasta su efectivo pago conforme a lo dispuesto por el D.L 14.500; y en cuanto no ordenó la realización de los descuentos legales pertinentes, disponiéndose en su lugar la realización de los mismos en cuanto correspondan. 2o - Sin especial condena en la instancia. H.P.F. 20 BPC. 3o - Notifíquese y devuélvase con las formalidades de estilo. Dra. Claudia Kelland - Ministra Dr. Gustavo Iribarren - Ministro Dr. Fernando Tovagliare - Ministro Esc. Laura Pérez - Secretaria Letrada