Sentencia Definitiva N° 241/2025

Sentencia No. 241/2025 Tribunal de Apelaciones en lo Civil de Segundo Turno Ministro redactor: Dra. Rosario Sapelli Ministros Firmantes: Dr. Pablo Benítez, Dra. Patricia Hernández, Dr Edgardo Ettlin y Dra. Rosario Sapelli. Ministro Discorde: Patricia Hernández Montevideo, 17 de setiembre de 2025.- V I S T O S: Para Sentencia definitiva en segunda instancia en estos autos caratulados: “FERNÁNDEZ, Ariel C/ BRITOS. Daños y perjuicios” IUE: 526-503/2019, venidos a conocimiento de este Tribunal en mérito al recurso de apelación interpuesto por la parte actora contra la sentencia No. 18/24 de 3 de octubre de 2024, dictada por la Señora Jueza Letrada de Primera Instancia de Atlántida de 2º Turno, Dra. Mª del Rosario Montans R E S U L T A N D O: I.- La apelada (fs. 620-637), a cuya exacta relación de antecedentes procesales útiles se hace remisión, desestima la demanda. II.- Contra la misma se alza la parte perdidosa y expresa agravios a fs. 638-640 vto.; en síntesis, manifiesta que no comparte el criterio de la recurrida en cuanto a situar el punto central del proceso en la notificación de la resolución de cesantía, cuando lo relevante es la actuación del profesional demandado hacia su cliente. De las constancias surge que el abogado accionado, con conocimiento del procedimiento disciplinario desde su inicio, no desplegó un actuar diligente, limitándose a descargos formales, desentendiéndose luego del trámite e incurriendo en desinterés manifiesto. Que hasta septiembre de 2018 el profesional mantuvo en el actor la expectativa de acudir al TCA, pese a saber que tal vía se hallaba cerrada, promoviendo acciones improcedentes ante el Juzgado Letrado de Canelones y en lo Contencioso Administrativo, bajo la promesa de revertir la cesantía. Tales actos revelan falta de veracidad y lealtad profesional, así como la vulneración de la confianza del cliente. Que consta además que el accionado presentó una acción de anulación con afirmaciones inexactas sobre el desconocimiento de la cesantía, sin verificar lo actuado en el expediente administrativo al que tenía acceso como abogado, lo que compromete su responsabilidad. Que el actor, confiado en el asesoramiento recibido, no puede ser tenido como responsable de la pérdida de oportunidad, pues fue su patrocinante quien, omitiendo actuaciones útiles y desinformando, frustró el acceso oportuno al TCA. En suma, el demandado incumplió los deberes de diligencia, veracidad y lealtad establecidos en el art. 143 de la Ley N.º 15.750, lesionando gravemente la confianza depositada por su cliente. Consecuentemente entiende corresponde revocar la sentencia impugnada y acoger la demanda en todos sus términos. III.- Se contestaron los agravios (fs. 647-652) y se franqueó la alzada (No. 937/24 de fecha 20/XI/24). IV.- Recibido el proceso en el Tribunal, los autos se giraron a estudio en forma sucesiva. Cumplido éste, existiendo discordia parcial, se dispuso la integración de la Sala, designación que recayó en el Dr. Edgardo Ettlin, con quien se obtuvo la mayoría requerida, y, se resolvió el dictado de la presente por decisión anticipada (artículo 200 del Código General del Proceso). - C O N S I D E R A N D O: I.- El Tribunal debidamente integrado y obtenida la mayoría legalmente requerida (artículo 61 de la Ley 15.750), se pronunciará por confirmar la sentencia en recurso conforme la fundamentación que subsigue. II.- En estos autos compareció el Sr. Ariel Enrique Fernández promoviendo acción de daños y perjuicios contra el Dr. Eduardo Britos, fundada en la pérdida de chance por presunta responsabilidad profesional (fs. 49). Relata el actor que se desempeñó como funcionario del Instituto Policial hasta su cesantía, dispuesta por Resolución del Ministerio del Interior de fecha 23/08/2015, recaída en el expediente administrativo M.I. 2015-4-1-006507, la cual se hizo efectiva en el año 2017. Desde el inicio del sumario administrativo en su contra, confió su defensa al demandado, quien además era asesor letrado del Sindicato Policial ASPOCA. Expone que, recibidas las conclusiones sumariales, el profesional evacuó la vista correspondiente, mediante un escrito que título: “SE PRESENTAN DESCARGOS”, continuando el trámite hasta finalizar con la Resolución de cesantía, sobre la cual debía interponerse los recursos de revocación y jerárquico. Sin embargo, dice que el ahora demandado omitió la interposición de los recursos administrativos pertinentes, por lo que se cerró la vía para acceder al proceso anulatorio ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. El demandado justifico su actitud en el hecho de que la Administración no había cumplido con la notificación personal de dicha resolución de cesantía, por lo que promovería la nulidad de las actuaciones (fs. 53). Es entonces que el 12/04/2018, con el patrocinio del Dr Britos, presentó demanda de anulación ante el Juzgado Letrado de Primera Instancia de Canelones de 3er Turno, IUE 459-138/2018, autos caratulados “Fernández, Ariel Enrique c/ Ministerio del Interior – Anulación”. Dicha acción, según sostiene, fue erróneamente planteada ante sede incompetente, pues correspondía su deducción ante el TCA y previa culminación de la vía administrativa. En consecuencia, el proceso fue archivado en setiembre de 2018. El actor afirma que, más allá de la falta de notificación formal de la resolución de cesantía, en febrero de 2017 había recibido en su domicilio la comunicación de la Seccional 7ª respecto de su desvinculación, circunstancia que debió ser considerada por el profesional para encauzar la impugnación. Sostiene que el demandado incumplió con su deber de diligencia y lealtad, al no efectuar un seguimiento adecuado del procedimiento administrativo ni promover en tiempo y forma las acciones pertinentes, privándolo de un asesoramiento eficaz y de la posibilidad de defensa. Enfatiza que el perjuicio radica en la pérdida de chance de revertir su destitución y recuperar el cargo policial, posibilidad que habría podido obtener de promover la acción de nulidad ante el TCA, de la resolución que lo destituía. Por todo ello, solicita se condene al demandado al pago de U$S 60.000 en concepto de indemnización por daños y perjuicios derivados de la pérdida de chance (fs. 55). Sustanciada la demanda, comparece el Dr. Eduardo Britos, (fs. 84 y siguientes), oponiendo excepciones y contestando la demanda. En lo sustancial, sostuvo que en su calidad de abogado del Sindicato ASPOCA ejerció el patrocinio letrado del actor y fue su representante legal. (fs. 87). Agrega que “...jamás fui informado ni notificado a través del Sr. Ariel Fernández de que este hubiera recibido la notificación en forma personal del supuesto cese” destacando que “El actor en su demanda... no menciona, ni hace referencia alguna ni a texto expreso la fecha en la que fue notificado, o fuese notificado por edictos en el Diario Oficial o por otro medio idóneo al respecto” (fs. 87). Señala que el actor fue suspendido del sindicato a partir del 11 de enero de 2017 y por tanto a partir de esa fecha culminó “...el asesoramiento del profesional actuante” (fs. 88). “Independientemente de esto el compareciente igualmente continuó una relación con el actor a pesar de la negativa de todos los integrantes del sindicato, ya que intenté ayudarlo de la mejor manera posible sin que existiera remuneración a cambio ni pago de gastos ni timbres necesarios para la comparecencia ante el Poder Judicial, las cuales fueron en forma continua ya que el mismo realiza denuncia y juicios en forma permanente” (fs. 89). Reitera que para que se constituya la baja en la relación laboral y la misma pueda ser recurrida con los recursos de revocación y jerárquico, en principio para luego ocurrir ante el TCA, debe existir una notificación cierta y determinada que avale dicho recurso. Agrega que “NUNCA EXISTIO COMUNICACIÓN ALGUNA AL LETRADO SOBRE LA NOTIFICACION DE LA BAJA EN LA RELACION DEL SEÑOR FERNANDEZ HASTA EL DIA EN QUE EL MISMO DECIDE CONCURRIR A OTRO PROFESIONAL.” (Textual, contestación de la demanda fs.90/91). De todo lo expuesto, concluye no existe nexo causal entre el accionar que pretende demostrar el actor y el que fue realizado por su parte. Nunca hubo indefensión del actor y tampoco hubo pérdida de la chance ya que el actor no puede demostrar que comunicó la notificación personal de su cese al compareciente, correspondiendo desestimar la demanda incoada. Se celebraron las audiencias, se diligencio la prueba ofrecida por las partes y por Sentencia definitiva No. 18 /2024, se desestimó la demanda en todos sus términos. Esto fue recurrido por el perdidoso quien en tiempo y forma expreso sus agravios, los que fueron reseñados por Resultando II. III. En virtud de los hechos invocados, de la responsabilidad atribuida que no fuera amparada, a los efectos de resolver los agravios introducidos oportunamente, corresponde analizar la naturaleza del vínculo que une al abogado con su cliente y, en particular, las consecuencias jurídicas derivadas de su supuesto incumplimiento. Couture ha definido al “Abogado” como el “Profesional universitario, con título hábil, a quien compete el consejo o asesoramiento en materia jurídica, la conciliación de las partes con intereses opuestos y el patrocinio de las causas que considere justas” (en “Vocabulario Jurídico”, publicaciones de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de la República, Mdeo., 1960, pág. 70). La relación abogado-cliente, se formaliza mediante un contrato de servicios profesionales, en el cual el profesional asume obligaciones de asesoramiento y defensa, bajo los principios rectores de diligencia, lealtad y secreto profesional. En punto a la naturaleza jurídica de dicho contrato, la doctrina ha sostenido diversas posturas: algunos lo asimilan al arrendamiento de obra (Gamarra, LJU, t. 83, p. 35), otros al arrendamiento de servicios o incluso al mandato, destacando el carácter multiforme y variable de esta relación contractual según las circunstancias del caso (Andorno, La Responsabilidad del Abogado, en Derecho de Daños, p. 477). Lo cierto es que se trata de un vínculo de carácter consensual, oneroso (art. 1834 C.C.) y, en principio, de ejecución continuada. Sin perjuicio de la tipificación contractual, lo determinante es que la obligación que asume este profesional es una “obligación de medios”; el profesional no asegura el éxito del pleito, sino la aplicación diligente de sus conocimientos técnicos y de su experiencia en aras de la mejor defensa posible (Ordoqui Castilla, Derecho de Daños, Tomo V, 2014, p. 253 y ss.). En ese marco, la responsabilidad del abogado encuentra fundamento en el art. 146 de la Ley Nº 15.750, el que dispone literalmente: “Los abogados son responsables ante sus clientes, de cualquier daño o perjuicio que les sea legalmente imputable.”. Tal responsabilidad puede ser contractual —si deriva del incumplimiento de las obligaciones emergentes del contrato de servicios profesionales— o extracontractual, cuando el proceder ilícito trasciende dicho marco. El factor de atribución de responsabilidad es subjetivo, basado en la culpa profesional (negligencia, imprudencia o impericia), debiendo medirse la conducta del letrado con el estándar de diligencia de un buen padre de familia, atendidas las circunstancias de tiempo, lugar y naturaleza del asunto. En suma, la eventual responsabilidad civil del abogado exige la concurrencia de los presupuestos clásicos: conducta antijurídica (ilícito culposo o doloso), daño jurídicamente relevante y nexo causal adecuado entre ambos. Solo verificados estos extremos podrá imputarse al profesional el deber de resarcir. Sólo se compromete la responsabilidad profesional del abogado cuando el fracaso obedece a una actuación negligente o a errores jurídicos inexcusables. IV. En otro orden, respecto a la pérdida de chance, se comparte por la mayoría, el estudio del tema por esta Sala, aunque en anterior integración (No. 42/18, en BJN), donde se dijo: “la culpa profesional del abogado es una disciplina que se da prevalentemente en el ámbito de la responsabilidad contractual por vía del encargo recibido, aunque no se puede categóricamente excluir una aplicación ulterior en el ilícito aquiliano. El contenido de la obligación del abogado se cataloga como obligación de medios por tanto el incumplimiento no se puede deducir de no haber alcanzado el resultado útil por el cliente, sino que debe ser avaluado en particular al deber de diligencia profesional en lugar del criterio tradicional de la diligencia del buen padre de familia. En otros palabras la diligencia puesta por un profesional de preparación y atención media’. (Cfm. Franzoni, Massino; ‘Dalla colpa grave alla responsabilitá professionale’, Seconda edizione, 2016, pag 106). El abogado no debe reparar las consecuencias de una injusta perdida del caso más, sino que debe resarcir la injusta perdida, a él imputable de la posibilidad de vencer en el proceso. No debemos perder de vista que como afirmara Calamandrei en 1931 una sentencia es el producto de una cantidad de factores imponderables mucho de los cuales son irreproducibles fuera del ambiente en el cual la sentencia es pronunciada. El profesional tiene que poner a servicio del cliente su preparación técnica, cultura y experiencia, pero no asegura el resultado al cliente. En cuanto a los defectos o inadecuación del servicio profesional, el cliente tiene la carga de proporcionar la prueba de datos objetivos adecuados según los cuales el juez evaluará si, en relación con la naturaleza del caso específico, la actividad llevada a cabo por el profesional puede ser considerado suficiente (Cass No. 21894 del 2004, 16846 del 2005, 6967 del 2006) (Cass., Sez. III, 18/04/2007 n. 9238). Por consiguiente, la existencia de una falta del abogado profesional se obtiene de una comparación concreta entre el comportamiento efectivamente desarrollado por este y el modelo abstracto del ‘buen profesional’ que identifica la conducta normalmente adecuada para lograr el resultado deseado del cliente. Esta noción resume la brecha entre el comportamiento del profesional y regulae artis, que se elevan a un parámetro para evaluar si la actividad profesional realmente implementada es tal que es capaz de configurar un cumplimiento adecuado o un incumplimiento (posiblemente solo culpable)’ (Il danni da inadempedimento profesionisti e consumatori pag 173). ‘La afirmación de una responsabilidad del abogado, y por lo tanto del daño producido al cliente, presupone la determinación de la base segura de la actividad que el profesional debería haber realizado y, por lo tanto, la certeza razonable de que los efectos de esa actividad diferente, donde llevado a cabo, habría determinado el resultado victorioso del juicio’ (Trib. Benevento, 28/08/2008). Por lo tanto, la demostración de un nexo causal entre la conducta ilícita y la pérdida de la chance (que debe ser actual y efectiva) es la condición esencial para el reconocimiento del derecho a la indemnización: es necesario ‘demostrar la realización concreta de al menos algunos de las supuestos para el logro del resultado deseado y evitados por la conducta ilícita la acusación del acreedor no puede esperar por un incumplimiento, cualquiera que sea, sino por un incumplimiento, por así decirlo, calificado, y que es la causa eficiente para la producción del daño’ (Cfm Scuola Superiore dell’Avvocatura - Associazione Avvocati I.N.A.I.L. Convegno di studi su RESPONSABILITA’ PROFESSIONALE DELL’AVVOCATO E OBBLIGO DI ASSICURAZIONE EX ART. 5 D.P.R. 137/2012 Roma, 19 ottobre 2012 Il contratto d’opera professionale e la responsabilità civile del Professionista forenseRelazione dell’Avv. Riccardo Riva (Foro di Roma). El onus probandi del perjudicado - acreedor consistirá pues, en demostrar que se daban los requisitos necesarios para que se pueda alcanzar el bien de la vida que aspiró, o en la demostración de las posibilidades concretas o probabilidades de obtener ese bien. En términos de responsabilidad por mala conducta profesional que consiste en el desempeño omitido de una actividad de la cual se podría haber derivado una ventaja de bienes personales para el cliente, la regla de preponderancia de evidencia, o ‘de la más probable que no se aplica’, aplica no solo determinar el nexo causal entre la omisión y el evento de daño, pero también el establecimiento del vínculo entre este último, como elemento constitutivo del caso, y las consecuencias perjudiciales reembolsables, dado que se trata de un evento imprevisto solo por la omisión, el mismo solo puede ser investigado a través de un juicio de pronóstico sobre el resultado que la actividad profesional podría haber omitido (Cfm Corte de Cass. 24 ottobre 2017 n. 25112). Y el mencionado calculo en concreto se resuelve en la valoración porcentual de la concreta posibilidad/ probabilidad de que el cliente tendría de salir victorioso de la disputa judicial si hubiere uso de los remedios procesales correspondientes (Cfm. Cfm Il danni da inadempedimento profesionisti e consumatori pag 207). Son enteramente trasladables en este orden los conceptos de MEDINA ALCOZ (La teoría de la pérdida de oportunidad, p. 67, Civitas, Navarra, 2007): ‘Piénsese en las ganancias que habría obtenido un recurrente, si el juez hubiera estimado sus pretensiones en un proceso que no llegó siguiera a incoarse por falta de interposición del correspondiente recurso por olvido negligente del abogado... En todos estos casos, la obtención de un beneficio se subordina al éxito de un procedimiento..., es decir, depende de la manera en que un sujeto (el juez...) aprecia determinados hechos, aplica ciertas reglas y realiza concretas valoraciones. La frecuente imprevisibilidad del resultado final de estas actividades intelectuales hace de este tipo de casos un campo abonado para la pérdida de oportunidad. Puede agruparse así un conjunto heterogéneo de situaciones en que la víctima pierde una posibilidad de victoria en procesos, procedimientos y concursos. Son casos en los que no puede alcanzarse la completa seguridad de que el contenido de la sentencia jurisdiccional, de la resolución administrativa o de la decisión de que se trate habría sido distinto de no mediar el hecho ilícito, pero se sabe con la suficiente certeza que la víctima ha perdido una posibilidad real de obtener un pronunciamiento favorable... Para estos supuestos de pérdida de oportunidad de victoria en procesos jurisdiccionales, los autores franceses hablan de ‘pérdida de oportunidad procesal’ o chance (en matiére) contentieuse; y los ingleses suelen referir a la ‘chace in legal mal practice’ (sentencia de la Sala en LJU 15933)”. V.- A la luz de lo que viene de expresarse, corresponde ingresar al análisis de las resultancias de obrados. Así, resulta probado que el Sr. Ariel Enrique Fernández mantuvo con el Dr. Eduardo Britos una relación de carácter profesional que implicó su asesoramiento y patrocinio letrado en el sumario administrativo iniciado con fecha 13 de agosto de 2015 (fs. 46/47 y 341/341 vto.), así como en posteriores actuaciones jurisdiccionales (fs. 25 y ss.). Del expediente administrativo No. 2015-4-1-0006507, agregado en autos (fs. 306 y siguientes), surge acreditado: a) Que las actuaciones se originaron a partir de la denuncia formulada por el Agente. Fernando Ramón Bazzano Yanivelli (fs. 309 y vto.); b) Que por Resolución del Ministerio del Interior de 13 de agosto de 2015 se dispuso instruir sumario administrativo con suspensión preventiva en la función y retención de medios sueldos al Agente de 2ª Ariel Enrique Fernández (fs. 341 vto., 360 y 363 vto.), resolución que fue notificada al sumariado el 26 de agosto de 2015 (fs. 353 y 380); c) Que el 16 de octubre de 2015 el actor prestó declaración en sede administrativa, asistido por el Dr. Britos, denunciando domicilio en calle Durazno MN 201, S. 10, Pando (fs. 392/393 vto.). Que este domicilio es el mismo que el actor denuncia en la demanda de obrados, como su domicilio real, es donde vive desde 2015. d) Que con fecha 6 de noviembre de 2015 se confirió vista del informe circunstanciado (fs. 403), evacuada por el actor el 20 de noviembre siguiente con firma letrada del Dr. Britos (fs. 416/421), sin que en dicha oportunidad se constituyera domicilio a los efectos del sumario; e) Que evacuada la nueva vista conferida al actor respecto de la “ampliación del informe circunstanciado” (fs. 428/430), éste presentó escrito a fs. 435/437 vto., nuevamente asistido por el Dr. Britos; f) Que por Resolución del Ministerio del Interior de 29 de julio de 2016 se dispuso la cesantía del funcionario Fernández (fs. 474/476), medida que se hizo efectiva el 15 de diciembre de 2016; g) Que según constancia de fs. 495, el 12 de agosto de 2016 el Agente. Catarino dejó citación en el domicilio del actor “debajo de la puerta”; y que, posteriormente, se realizaron publicaciones en el Diario Oficial los días 5 y 7 de setiembre de 2016 convocando al funcionario a notificarse de la resolución de cesantía (fs. 505 vto./506 vto.). Consta asimismo que, en fecha 12 de abril de 2018, el actor —patrocinado por el Dr. Britos— promovió proceso contra el Ministerio del Interior tendiente a obtener la anulación del expediente administrativo N° 2015-4-1-0006507, caratulado: “Fernández, Ariel Enrique c/ Ministerio del Interior – Anulación”, IUE 459-138/2018 (fs. 25 y ss.). En dicho escrito introductorio se invocó como fundamento la omisión de notificación personal del acto de cesantía, afirmando el demandante desconocer la resolución administrativa final, pese a que durante la sustanciación del sumario siempre había sido notificado en el mismo domicilio. (fs. 27/28). Señala el recurrente que le agravia que la sentencia de primera instancia haya establecido como “punto central la notificación de la cesantía” (fs. 638), sosteniendo que, a efectos de este proceso, lo relevante serían las actuaciones posteriores realizadas por el demandado en calidad de abogado del actor (fs. 638). A juicio de esta mayoría, el agravio no es de recibo. Ello por cuanto, rectamente interpretada, la pretensión del Sr. Fernández refiere al perjuicio consistente en la “pérdida de chance de poder recuperar su fuente de trabajo, probabilidad que hubiera podido existir si el letrado hubiese iniciado las acciones administrativas y judiciales en tiempo y forma” (fs. 50). Siendo que el perjuicio cuyo resarcimiento se pretende se identifica con la “pérdida de chance” de revertir la cesantía, resulta claro que dicha chance se extinguió al quedar firme el acto administrativo que dispuso la desvinculación del actor, debido al vencimiento de los plazos para la interposición de los recursos administrativos pertinentes o, en su caso, para deducir la acción de nulidad ante el T.C.A. En este marco, corresponde compartir la conclusión de la sentenciante de primer grado, en cuanto entendió que lo central a dilucidar era si el Dr. Britos tomó o debió tomar conocimiento de la cesantía de su cliente en tiempo hábil, a efectos de articular los recursos administrativos que eventualmente hubieran permitido discutir la validez de la decisión. Cabe recordar que el art. 91 del Decreto N° 500/1991 establece la regla de la notificación personal de las resoluciones que confieran vista, decreten apertura a prueba, culminen el procedimiento o causen gravamen irreparable. La norma prevé, además, que la notificación personal se practicará en la oficina mediante comparecencia del interesado, su apoderado o persona debidamente autorizada. En el caso: a) el demandado no fue investido “en especial y para ese trámite, del carácter de representante” (art. 82 del Dec. 500/1991); b) el actor no constituyó domicilio especial conforme a lo dispuesto en el art. 97 del mismo cuerpo normativo, correspondiendo en consecuencia que las notificaciones se realizaran en su domicilio real; c) ante la imposibilidad de ubicar al actor en dicho domicilio, la Administración procedió a convocarlo por medio de publicaciones en el Diario Oficial. En tal contexto, resulta compartible lo resuelto en la instancia anterior en cuanto se sostuvo que “es el funcionario, el actor, en la medida que es notificado, quien tiene que comunicarle a su Abogado que recibió la notificación o, en su caso, tendría que haber constituido un domicilio especial, el domicilio del Abogado a esos efectos, lo que no surge alegado ni acreditado” (fs. 635). Si bien es cierto que las actuaciones profesionales desplegadas por el demandado con posterioridad a la firmeza del acto de cesantía resultan —cuando menos— desajustadas (vgr. proceso seguido ante el Juzgado Letrado de Primera Instancia de Canelones de 3er Turno, fs. 25 y ss.; y demanda ante el Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo de 4° Turno, fs. 77 y ss.), lo cierto es que tales actuaciones no guardan nexo causal con el perjuicio invocado en autos, esto es, “la pérdida de chance de poder recuperar su fuente de trabajo” (fs. 50), perjuicio que encuentra su origen en la firmeza del acto administrativo y no en las gestiones procesales ulteriores. Pues una vez firme el acto administrativo que dispuso la cesantía, nada podía hacerse. El actor no cuestiona la validez de la notificación de dicho acto a su parte, tampoco atribuye responsabilidad al contrario por no haber constituido domicilio en las actuaciones administrativas. Afirma que el demandado habría actuado sin diligencia en el seguimiento del expediente administrativo, que ni siquiera conoció las publicaciones en el Diario Oficial (fs. 638 vto.), estos extremos no modifican lo anteriormente concluido, en tanto no se acredita que el profesional tuviera, por sí, un deber jurídico de conocer una notificación que la normativa claramente dirigía al funcionario sumariado, ni que el actor hubiera cumplido con las cargas mínimas para hacer llegar a su patrocinante la comunicación de la resolución que lo afectaba, cuando desde el inicio del proceso administrativo, las notificaciones siempre le llegaron a su domicilio real . El demandado al evacuar el traslado de la demanda expresa en forma contundente, que nunca recibió la notificación ni la comunicación del actor, de haber sido notificado de la resolución de la cesantía, y que por ello no pudo impugnar la misma. (fs.85/86) Ante esta aseveración, era carga del actor acreditar haber cumplido con la comunicación fehaciente del acto a su abogado, lo que no hizo. Se reitera, no resulta jurídicamente atendible atribuir responsabilidad al demandado por no haber consultado o revisado las publicaciones del Diario Oficial, (fs. 638 vto.), tal como se propone en el agravio. Ello por cuanto el propio pretensor asumió sobre si la carga de recibir las notificaciones en su domicilio real, él admite haber conocido dicha decisión, y debió probar que se lo comunicó a su abogado, para que procediera en consecuencia. El actor ratifica que “...tuvo conocimiento en forma personal en su domicilio real de su desvinculación definitiva con la actuación de fecha 7 de febrero de 2017, por parte de la Seccional 7, el cual fue comunicado a su letrado patrocinante...” (fs. 639 vto.), y que, pese a ello, ninguna actuación administrativa fue llevada adelante por el demandado. Por un lado, dice que el demandado en su calidad de letrado patrocinante debió procurar las actuaciones administrativas, leer el diario oficial, y por otro dice que él se lo comunico. Sin embargo, de la prueba producida en autos no surge elemento alguno que permita tener por acreditado que el actor hubiere comunicado efectivamente al demandado, en febrero de 2017, la desvinculación dispuesta por el Ministerio del Interior. Ello no resulta de las declaraciones testimoniales recibidas en la causa (fs. 181/188, 209/217, 241/247), ni de la documental agregada por el actor (fs. 3/48). Incluso, las comunicaciones aportadas vía WhatsApp (fs. 3/18) son todas posteriores, datando del año 2018, lo que desvirtúa dicha alegación. De este modo, el daño que se invoca debe ser imputado a quien ostentaba la última posibilidad de evitarlo (la dernière chance de l’éviter, en los términos de STARCK–ROLAND–BOYER, Obligations I, 5.ª ed., pág. 448), y en la hipótesis de autos, esa última chance no correspondía al profesional demandado sino, precisamente, al propio accionante. En suma y más allá de groseros desajustes procesales, como ser presentar una demanda anulatoria de un acto administrativo ante un Juzgado con competencia en materia contencioso-administrativa (fs. 78-83), no se vislumbra la responsabilidad atribuida al Dr Britos, por no haberse recurrido el acto administrativo de cese de la parte actora de los cuadros funcionales del Ministerio del Interior, por lo que se confirmará la resistida. VI.- Pese a la solución acordada, la correcta conducta procesal de las litigantes en el grado impone que las costas y costos de la presente instancia deban sufragarse por su orden (arts. 56 y 261 C.G.P. y 688 C. Civil). Por los fundamentos expuestos y normas citadas, el Tribunal, F A L L A: Confirmase la impugnada, sin especiales sanciones procesales en el grado. Ejecutoriada, devuélvase. Pablo Benítez Ministro Edgardo Ettlin Ministro Rosario Sapelli Ministra Discordia-Patricia Hernández.- La discordia radica en cuanto se entiende que la parte demandada incumplió la obligación de medios que le gravó, verificándose consecuente pérdida de chance de obtener modificación de la sanción impuesta.- La misma se fundamenta en lo siguiente.- El sub-lite se trató de juicio ordinario por responsabilidad contractual de profesional abogado promovido por el ex cliente Ariel Fernández contra el Dr. Eduardo Britos.- El incumplimiento definitivo imputado por aquél es: (a) ausencia de asesoramiento; y (2) omisión de ejecutar actos – concretamente, interposición de recursos administrativos contra resolución del Ministerio del Interior (MI) de fecha 29/VII/2016 (expediente administrativo nro. 2015-4-1-6507) por la que fue cesado (fs. 474 a fs. 476).- Imputó culpa a la parte demandada.- Por su lado, el accionado si bien admitió la existencia entre las partes de contrato de patrocinio, opuso la excepción de su falta de legitimación pasiva con basamento en que no fue notificado de la mentada resolución del MI de fecha 29/VII/2016.- Fue admitido por la parte demandada y probado que el Dr. Britos asistió a la parte actora en el proceso disciplinario que le fue seguido: lo asistió en su comparecencia a audiencias y en escritos de descargo (fs. 392, 393, fs. 416 a fs. 421, fs. 435 a fs. 437).- También surge probado del testimonio del expediente administrativo que nunca fue constituido domicilio y en acta a fs. 392 y 393 solamente obra la denuncia del que fuera en la oportunidad el domicilio real del Sr. Fernández.- La notificación se la resolución que dispuso cesantía se practicó insatisfactoriamente en el mismo, para finalmente, realizarse a través del Diario Oficial (fs. 505 y 506).- Venció el plazo respectivo sin ser interpuestos recursos administrativos.- Se entiende que la no notificación a la parte demandada de la resolución del MI de fecha 29/VII2016 o su no toma de conocimiento por el mismo, no lo exime de responsabilidad.- El abogado por el mero hecho de serlo, está habilitado a ejercer la procuración (artículo 153 Ley 15.750).- El artículo 154 de igual ley, establece la obligación de los procuradores.- Entre éstas, la que interesa a la litis se encuentran relacionadas en los numerales 2º), 3º), 4º) y 7º): el procurador debe: seguir el juicio mientras dure el encargo, asistir diariamente a las oficinas a fin de instruirse en lo que concierne al despacho de los negocios, tomar copia de las providencias que se dictaren en los asuntos a su cargo.- Pues entonces, el Dr. Britos, como abogado patrocinante del Sr. Fernández, debió respecto del proceso disciplinario que le era seguido a su cliente, cumplir con las obligaciones legales mencionadas.- De haberlo hecho, hubiese tomado conocimiento de la resolución en cuestión e interpuesto los recursos administrativos que correspondieran y, en su caso, acción de nulidad.- Según lo admitió, no lo hizo.- Y, por si fuera poco, dedujo la acción de nulidad pero ante Juzgado Letrado de Primera Instancia de Canelones.-