Sentencia Interlocutoria N° 526/2025

Ministra Redactora: Graciela Eustachio Colombo VISTA: Para sentencia interlocutoria de segunda instancia estos autos: “AA – AUTOR DE UN DELITO CONTINUADO DE SUMINISTRO DE ESTUPEFACIENTES” - IUE:603-52/2025 - (TESTIMONIO DE IUE 2-65392/2025) ; venida del Juzgado Letrado de Pando de 7º Turno, en virtud de los recursos interpuestos por la Defensa, el Dr. Nicolás García contra la Res. 1388/2025 y por la Fiscalía Letrada de Pando de 1er Turno, representada por la Dra. Silvia Blanc, contra la Res 1390/2025, ambas dictadas el 21.08.2025 por la Dra. Natalia Pereyra Capó. RESULTANDO: I) La hostilizada Resolución Nº 1388/2025 resolvió: “...T éngase por formalizada la investigación de los hechos inicialmente adjudicados por la representante de la Fiscalía Letrada Departamental de Pando de 1er Turno, Dra. Silvia Blanc, respecto de AA, por la presunta comisión en calidad de autor de un delito continuado de Suministro de estupefacientes . ..” (fs. 15). II) La Defensa , al apelar, expresó: -Entiende ésta defensa que el estándar que ha especificado y ha considerado la Sede para formalizar la investigación es un estándar de requisitos mínimos. Se precisa una correcta tipificación de los hechos, y en ese sentido la Sede dice que la cédula de AA encontrada en la casa allanada, es un elemento, una evidencia que podía considerarse como para situarlo en ese lugar de venta de sustancias. - También consideró la Sede la existencia de testigos, de cuatro testigos que habrían declarado brevemente en sede administrativa haberle comprado a AA. Con eso la Sede dio por entendido que el estándar estaba alcanzado. Esta defensa, basándose en la sentencia 520/2023 del TAP 1º en un caso idéntico al de autos que expresaba que la simple declaración de cinco testigos en sede administrativa no pueden ser de rigor suficiente para derivar en una solicitud de formalización carentes de garantías, en este sentido tenemos lo mismo, tenemos cuatro declaraciones de testigos, pero también tenemos testigos que dicen que nunca le compraron a AA, que nunca vieron a AA allí, sino que hablan de que la vendedora sería BB, sería CC y que cuando CC no está irían a otras bocas de otra zona. - Por lo tanto entendemos que ese estándar, aun mínimo, no ha sido alcanzado y por eso recurrimos. En esa sentencia que citamos, el TAP 1º considera que excepcionalmente si mediante la oralidad argumentativa queda en entredicho la participación del imputado la Sede puede no hacer lugar a la formalización y creo que este es un caso donde precisamente la evidencia relacionada por parte de la fiscalía en tiempo y espacio, así como su debilidad y contradicciones entre los testigos que presenta, no alcanzan ese estándar. - En definitiva, solicita el TAP que por turno corresponda revoque la Resolución recurrida. III) Fiscalía abogó por la confirmatoria y contestó: - Fiscalía reitera todo lo dicho. Pero especialmente se refiere al punto en el cual se basa la defensa para fundamentar su recurso y es que hay cuatro testigos que dicen no haberle comprado a AA, eso no es verdad. De los siete testigos, hay cuatro que dicen haberle comprado a AA, los otros tres no dicen nada de si le compraron o no a AA, de esta manera no es cierto que los otros dicen que nunca le compraron, nunca se les preguntó si le habían comprado específicamente a AA y hay tres testigos que dicen que solo le compraron a la señora CC, los otros cuatro dicen que le compraron a AA y ninguno de ellos dice no le compré a AA, de manera que ese es el punto en el que se basa la defensa, la defensa está faltando a la verdad. - Respecto a los demás elementos de convicción considera que son suficientes a criterio de la Fiscalía en esta etapa y con la provisoriedad que ello implica. Por lo expuesto solicita que se mantenga la recurrida en todos sus términos. IV) La hostilizada Res. 1390, resolvió: “... En car ácter de medida cautelar y sin perjuicio de su eventual modificación, revocación o cese, impónese al Sr. AA, su arresto domiciliario nocturno, de acuerdo a lo dispuesto en el art. 221. literal I), todos los días de la semana desde las 19:00 y hasta las 07:00 am, con colocación de dispositivo de monitoreo electrónico, la prohibición de concurrir durante las horas del resto del día a la finca sita en calle Calle Picardias entre Elias Regules y tomas Berreta, finca objeto de allanamiento. Asimismo, el deber de fijar domicilio y no modificarlo sin dar inmediato aviso al Tribunal y la prohibición de salir sin previo aviso del territorio Nacional. Esto en función de los art. 221.1 y 226 del CPP, a efectos de asegurar la sujeción del imputado al proceso, por el término de noventa (90) días teniendo presente las diligencias que aún no se han practicado, esto es, la prueba de campo de la sustancia y las declaraciones anticipadas de las que dio cuenta Fiscalía, medidas que vencerán el día 18 de noviembre de 2025 a las 18:00 horas ... ” (fs.15). V) Fiscalía, con reposición y apelación en subsidio, expresó: - En cuanto a la materialidad del hecho , considera que los hechos que se le atribuyen a AA están liminarmente acreditados, expuestos en la formalización, esto es, hay cuatro testigos que, acreditan haberle comprado sustancia estupefaciente a AA. El hecho de que viva o no ahí, como ha querido alegar la defensa, no tiene nada, se lo ha visto vender sustancia estupefaciente, de manera que respecto de este delito, la Fiscalía entiende que estaría acreditado con el estándar que se requiere. Obviamente que restan muchas diligencias para lograr su efectiva condena. Pero respecto a los requisitos de la prisión preventiva, esto es, acreditar los hechos, con todo lo que ya se ha dicho en esta audiencia, con la existencia de estos cuatro testigos, entiende que ya estaría acreditado liminarmente su participación. - Respecto a los riesgos procesales , se reitera lo que ya se ha sostenido, es un riesgo efectivo que el señor AA quiera o vaya a entorpecer la investigación. Asimismo, de acuerdo a lo conversado con su defensa, las propuestas de la Fiscalía y otras circunstancias que no se van a relevar en esta audiencia respecto, existe la posibilidad de la madre de él de que se presente y llegar a un acuerdo. - La Fiscalía entiende que de todas maneras, existe un riesgo real de fuga de AA. Por lo tanto,. se entiende que esos peligros no se verían conculcados con una prisión simplemente nocturna, sino que la única forma de conculcar esos peligros sería con la imposición de una prisión preventiva efectiva. - Respecto a si trabaja o no trabaja, en realidad el señor dijo que trabajaba de mecánico y cuando la Fiscalía le pidió que mostrara sus manos, no tiene el aspecto de trabajar de mecánico, sin perjuicio a que eso es una apreciación que no se puede acreditar en este momento. Solicita se eleven las presentes actuaciones al T.A.P., a efectos que revoque la recurrida y disponga la prisión preventiva de AA. VI) La Defensa abogó por la confirmatoria. Expresó: - Con respecto a lo material , la Sede fue muy concreta y dijo respecto de la cédula de identidad, por ejemplo, que no es suficiente para asegurar que AA viva en esa finca, simplemente manifestó que podría insinuar de que AA en algún momento estuvo en la finca pero tampoco puede asegurarse que por encontrarse una cédula de identidad en el domicilio de su madre, una cédula de identidad vencida del año 2023, esto sea indicio de que AA vive o se presentara a diario o frecuentemente en la casa, apreciación que ha sido a criterio de esta defensa muy precisa y razonable. - Respecto a la declaración de los testigos, la Sede ha expresado que son testigos que han declarado en sede administrativa, que no han ratificado su declaración en sede fiscal, no se ha aclarado. Es interés de su defendido que esos testigos amplíen su declaración porque de esa manera van a poder especificar y van a poder aclarar la situación, le conviene a AA que ellos declaren. - En cuanto a la sustancia, ha dicho la Sede que no se ha hecho prueba de campo, no se sabe qué sustancia estamos hablando, por lo tanto, desmerece también el elemento material. Respecto a ese punto, esta defensa comparte las apreciaciones realizadas por la señora juez. - En relación a los riesgos procesales , en cuanto al entorpecimiento para la investigación, entendemos que también la señora juez ha sido concreta y específica y ha fundamentado en sus justos términos este elemento, entendiendo que no hay riesgo de entorpecimiento para la investigación. - En cuanto al peligro de fuga, también menciona que su defendido se presentó en Sede fiscal, se puso a disposición de la Fiscalía, a la sujeción del proceso en este caso y la Defensa comparte que las precisiones del Ministerio Público han sido vagas en justificar en forma precisa estos riesgos. Por lo expuesto solicita que se confirme la apelada VII) Por Res. Nº 1392/2025 de fecha 21.08.2025, la A-quo mantuvo la recurrida y franqueó la Alzada, sin efecto suspensivo. Recibida la pieza pasó a estudio y se acordó sentencia fuera de Audiencia (art. 365). CONSIDERANDO: I) La Sala por la unanimidad de votos de sus integrantes confirmarán las resoluciones apeladas por los fundamentos que se expondrán. II) Hechos que dieron mérito a la formalización: “... El 13 de junio de 2025, la Brigada Departamental Antidrogas recibió información de que en la finca sita en calle Picardías esq. Tomás Berreta, conocida como la Boca de la “Hueva” se estaría vendiendo sustancias estupefacientes. En mérito a ello esta Fiscalía autorizó a dicha Unidad a que realizara una vigilancia discreta en lugares abiertos cercanos a dichas fincas. Es así que desde ese día se conformaron equipos de trabajo que realizaron tareas de observación en la zona, en procura de identificar el lugar y las personas responsables. Luego de varias semanas de vigilancia, se observó gran movimiento de personas con aspecto de consumidores que ingresaban a la finca y a los pocos minutos volvían a salir. Se les detuvo a pocos metros del lugar, sin perderlos se vista y se les tomó declaración a testigos compradores, todos coincidieron en que compraban estupefacientes, presuntamente sería clorhidrato de cocaína, (pasta base), en la finca de mención a una persona que se llama CC, a. “BB” y a su hijo AA, quien fue identificado como AA. Abonaban $ 100 (cien pesos uruguayos) por cada dosis. Los 7 compradores que se detuvieron a la salida de la Boca de venta, expresaron que desde hace tiempo compraban en ese lugar, que vendían a partir de las 18:00 ó 19:00 hs aproximadamente, que le compraban la sustancia a CC, que tiene entre 35 y 40 años, no muy alta, de piel morocha, con cabello colorado, largo y a veces a su hijo AA, de unos 25 años de edad, no muy alto, de cabello corto. El día 30/7/2025 se practicó un allanamiento en la finca de mención con la presencia de 2 testigos, el Sr. Steven Nicolás García y Axel Hebraian Falcone, en mérito a que la finca se encontraba sin moradores. En el lugar se incautó: 1. una lata de color naranja en la que se encontraban 74 envoltorios de papel hojilla de color amarillo, conteniendo en su interior sustancia. 2. Dos envoltorios de nylon transparente conteniendo en su interior sustancia en piedra. 3. Quinientos veninte pesos uruguayos. 4. Un teléfono celular marca REDMI, color negro, con estuche transparente, con pantalla astillada, IMEI 1 866091073445001 e IMEI 2 866091073445019. 5. Una cédula de identidad a nombre de AA, C.I. 000000. Una cédula de identidad a nombre de CC, C. i. 000000. Dicha diligencia fue autorizada el día 29/7/2025, por Decreto N.º 1240/2025, en la misma también se dispuso la Orden de detención de CC y AA. En el día de hoy 21 de agosto de 2025, se presentó en la Sede de Fiscalía el requerido AA AA con su abogado defensor...” III) APELACIÓN POR LA ADMISIÓN DE LA FORMALIZACIÓN . La Defensa se agravia porque considera que no surgen de autos el estándar de requisitos mínimos necesarios para disponer la sujeción al proceso de su defendido, por los fundamentos transcritos en el resultando II. Para la Sala los agravios deducidos por la Defensa no son de recibo. En efecto, de acuerdo a lo establecido en el art. 266.1 del CPP procede la formalización de la investigación “…cuando existan elementos objetivos suficientes de la comisión de un delito y de la identificación de sus presuntos responsables…” El Juez entonces, para resolver si hace lugar a una formalización, debe considerar si los hechos relacionados por Fiscalía se adecuan a una figura delictiva (tipicidad) y si de ese relato surge la identificación y presunta participación de la persona imputada en el delito investigado. En la presente etapa basta con el simple enunciado de “los medios de prueba ” (evidencias) tal como lo hizo Fiscalía en este caso de acuerdo a lo dispuesto en el art. 266.2 del CPP. Al respecto la Sala ha expresado: “Si bien el art. 266.2 del CPP impone a la Fiscalía enunciar los medios de prueba con los que cuenta, ello no significa que el Juez a cargo de la audiencia…deba examinar si los hechos que aquella argumentara se encuentran justificados. En nuestro sistema, la Formalización de la investigación no supone necesaria o regularmente, un pronunciamiento judicial sobre los hechos y la participación del investigado, a la manera del procesamiento. “de regla, no corresponde examinar en la audiencia de formalización si la prueba es suficiente, porque es materia a examinar en el juicio oral si la acusación se concretare…” (Sentencia Nº 435/2020). En el proceso penal vigente la evidencia de cargo llega a conocimiento del Juez en base a las argumentaciones realizadas por Fiscalía, y la Defensa por aplicación del principio de contradicción, puede refutar oral y argumentativamente esas evidencias, debiendo el Juez de Garantía sobre la base de ese contradictorio argumentativo, resolver si dispone o no la formalización peticionada. Así lo prevé expresamente el art. 264 inc. 4 de CPP cuando establece que en esta etapa el Juez “…tendrá que resolver los planteos que le formulen las partes en audiencia, en base a las argumentaciones que éstas hagan de la información recolectada y la contradicción que genere la parte contraria” A partir de los conceptos referidos se resolverá la apelación de la formalización impetrada por la defensa. En la especie, Fiscalía relata hechos que se adecuan a la figura delictiva atribuida y se individualiza a AA como presunto partícipe en los mismos, enunciando las evidencias en que funda su solicitud de formalización respecto del imputado. La Defensa considera que se formalizó con un estándar de requisitos mínimos y procede a refutar las evidencias en que se basa la Resolución, esto es haber encontrado la cédula del imputado en la finca allanada y que 4 testigos consumidores hayan referido que le compraron estupefacientes a “AA” en esa finca. La Sala coincide con la distinguida magistrada de primer grado en cuanto a que las evidencias referidas resultan suficientes para sujetar a proceso al imputado, pues acreditan que en el domicilio allanado se vende estupefacientes, que varios consumidores identifican al imputado como la persona que les suministró onerosamente la droga en aquél y si bien la Defensa alega que AA no vive allí, más allá que sea efectivamente así, en dicha finca vive su madre, la Sra. CC y en la misma se encontró la cédula de identidad del imputado. Por consiguiente, la vinculación o nexo de AA con la finca allanada donde se vende estupefacientes, no solo surge acreditado con las declaraciones de 4 testigos, sino también con la evidencia objetiva de haberse encontrado su cédula en ese lugar y porque allí vive su madre. La Defensa a efectos de fundar la apelación, cita la sentencia Nº 520/2023 de este Tribunal, diciendo que es un caso idéntico en donde se revocó la formalización, lo cual la Sala no comparte pues, en ese caso salvo por las declaraciones de 5 testigos consumidores (de 25 que fueron indagados en Sede Policial) que afirmaban que AA era quien les vendía droga en la finca allanada, no se acreditó elemento objetivo alguno que vinculara al imputado AA con esa finca, lo cual claramente no ocurre en el caso que nos ocupa donde la mayoría de los consumidores interrogados (4 testigos de 7) identifican a AA como quien les vendía estupefacientes, surgiendo también de evidencias objetivas que el imputado tiene una vinculación con la finca allanada: 1- porque se encontró su C.I., por ende, estuvo allí y 2- en esa casa vive su madre, por lo tanto, tenía motivos para concurrir a la misma. Por los motivos expuestos se confirmará la formalización dispuesta. IV) APELACIÓN POR EL RECHAZO DE LA PRISIÓN PREVENTIVA . La Fiscalía se agravia porque considera que de las evidencias relacionadas surge acreditada la materialidad del hecho y los riesgos procesales de entorpecimiento de la investigación y de peligro de fuga invocados. Si bien de las evidencias enunciadas por Fiscalía, surgen elementos objetivos suficientes de la existencia de un delito y de la identificación del presunto autor del mismo, en nuestro proceso penal vigente el estándar requerido para disponer la medida excepcional de prisión preventiva es mayor al que se requiere para la formalización. En tal sentido, la Sala considera que de autos no surge la semiplena prueba necesaria que justifique la materialidad del hecho (art. 224.1 del CPP) y ello por cuanto: las declaraciones de los testigos consumidores solo fueron recibidas en Sede Policial, aún no han declarado en Fiscalía, por lo tanto, la titular de la acción penal no ha interrogado personalmente a los testigos y no pudo formarse un concepto sobre la credibilidad de los mismos. A su vez, surge de autos que aún no se ha efectuado la prueba de campo a la sustancia incautada (y mucho menos examen toxicológico), por ende, si bien existe una gran probabilidad que sea droga (en virtud de la presencia en el lugar de testigos que refieren ser consumidores), ello aún no fue efectivamente confirmado por la Fiscalía. Sin perjuicio que la Sala considera que no surge suficientemente acreditado el elemento material, por ende, la medida cautelar requerida no es procedente, se señala que Fiscalía tampoco cumplió con un imperativo de su propio interés como lo era justificar la existencia de elementos de convicción suficientes respecto de la existencia de los riesgos procesales invocados. - En efecto, respecto del riesgo de entorpecimiento de la investigación , en su apelación la Fiscalía no señala el motivo por el que considera que existe la probabilidad que se verifique el riesgo alegado, no especifica de qué forma el imputado puede obstaculizar la investigación, por ende, se considera que de los agravios no surge suficientemente acreditado dicho riesgo, como así tampoco la necesidad de conjurarlo con la medida cautelar más severa. - En cuanto al peligro de fuga , en la apelación no critica los fundamentos de la recurrida y tampoco funda en absoluto este riesgo ya que no alega ni justifica un hecho o indicio concreto que haga visualizar como probable que el imputado se fugue. Al respecto este Colegiado en reiterados pronunciamientos ha considerado: : “partiendo de la base que la libertad es la regla, que al imputado lo ampara el principio de inocencia y que t oda medida cautelar apareja una afectación de sus derechos , es el Ministerio Público a quien se asigna la carga de acreditar el presupuesto material (semiplena prueba del hecho delictivo y participación), así como su necesidad , acreditando argumentativamente, con información objetiva y de calidad, cuál es el riesgo a precaver y cuáles son las razones por las que sería un desacierto no imponer la peticionada” ( Sentencia 156/2021, lo destacado nos pertenece).- Concluyendo, la Sala no hará lugar a los recursos interpuestos por la Defensa y la Fiscalía. Por los fundamentos expuestos, la normativa citada y lo dispuesto en los arts. 362.2, 363 inc 2 y 366 del C.P.P.; SE RESUELVE : CONFÍRMASE LAS RESOLUCIONES Nº 1388/2025 Y 1390/2025 APELADAS. NOTIFÍQUESE Y OPORTUNAMENTE, DEVUÉLVASE.