Sentencia Interlocutoria N° 478/2025

N.º 478 Montevideo, 18 de setiembre de 2025 VISTOS: Para Sentencia Interlocutoria de Segunda Instancia, estos autos caratulados: “AA. Control de detención” IUE: 562-52/2025 , venidos a conocimiento del Tribunal, en mérito al recurso de apelación interpuesto por la Fiscal Penal de Montevideo de Flagrancia de 8º turno, Dra. Cecilia Tabarez, contra la Sentencia Interlocutoria Nº 2044/2025 dictada en la audiencia celebrada el 28 de agosto de 2025 por la Sra. Juez Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 42º turno, Dra. Viviana Galletto, con intervención de la Sra. Defensora Pública del imputado AA, Dra. Bettina Martinez. RESULTANDO: I) a- El día 27 de agosto de 2025, la titular de la acción penal compareció ante la Sede Judicial solicitando la convocatoria a audiencia de control de legalidad de detención respecto de AA. b- Se convocó a la audiencia de precepto para el día 28 de agosto de 2025, la que tuvo como hora de inicio 16:27. II)a- Por Sentencia Interlocutoria Nº 2044/2025 dictada en la instancia referenciada se tuvo por ilegalmente efectuada la detención de AA por la carencia de autorización clara para el ingreso al predio, disponiéndose su libertad inmediata. b- Fiscalía anunció la interposición de recurso de apelación contra la decisión adoptada. c- Por Dispositivo Nº 2045/2025 se tuvo por anunciada la vía recursiva, reservándose las actuaciones por el plazo de 6 días. III)a- El día 3 de setiembre de 2025, la representante del Ministerio Público compareció ante la Sede Judicial interponiendo los recursos de reposición y apelación en subsidio contra la decisión adoptada. Fundó sus agravios manifestando que el imputado fue detenido por la policía en hipótesis de flagrancia el día 27 de agosto de 2025 a la hora 20:45. En lo que hace a las circunstancias de la detención de AA, expresó que: “...En la noche del 27 de agosto ingresó con intenciones de ilícito apoderamiento a la finca ubicada en la calle Mariano Uriarte 0000, domicilio del padre del denunciante BB. Una vez dentro del patio de la casa, rompió el ventanal de la barbacoa y una persiana de la vivienda principal y de ese modo sustrajo dos botellas de bebidas alcohólicas, dándose a la fuga, saltando hacia la finca lindera, domicilio de la Sra. CC, ubicado en Avda. Bolivia 0000 esquina Mariano Uriarte. En esta segunda finca, ingresó al garaje donde se encontraba estacionado el vehículo marca Mercedes Benz, al que ingresó y revisó con idéntico propósito de apoderamiento, retirando objetos de la guantera que colocó sobre un banco acondicionados para llevárselos. BB, fue alertado por vecinos de que en la finca de su padre se escuchaban ruidos extraños. En virtud de ello ingresó a la aplicación del sistema de seguridad instalado en la casa, advirtiendo en tiempo real que un extraño caminaba por el fondo de la vivienda, por lo que dio aviso al Servicio 911. Una dotación policial fue encomendada al lugar por C.C.U. Al llegar, los Policías entrevistaron al denunciante que había acudido a la casa pero atemorizado, permaneció en la calle aguardando el arribo policial. Con la autorización de BB, los Policías ingresaron a la finca, constatando los daños. Una persona que pasaba por la calle le manifestó a los Policías que había visto saltar a un individuo hacia la casa lindera. La policía procedió entonces a la búsqueda del agente, ubicándolo en el jardín de la casa lindera a la del denunciante, es decir el domicilio de la señora CC. También constató la policía, el ingreso del imputado al garaje de CC, a donde, por otra parte, el propio imputado reconoció en audiencia haber entrado. Los hechos que ameritaron la detención de AA, se encuentran respaldados por: las actas de declaración de ambas víctimas y de los policías aprehensores, por los registros fílmicos en los que se aprecia al imputado en el fondo de la casa de la familia BB, registro fotográficos de los daños ocasiones en esa casa y registros fotográficos de los efectos incautados, acta de incautación y demás recaudos que obran en la carpeta investigativa a la que tuvo pleno acceso la Defensa...” El motivo invocado por la Defensa y acogido por la Sra. Juez en cuanto a que la detención fue ilegal consistió en que el ingreso de la policía a la casa de CC, fue sin el consentimiento de esta. Para ello, se invocó lo consignado en el acta policial labrada la misma. En dicho documento, surge que CC, de profesión psicóloga, se encontraba en consulta, en el consultorio que tiene en su casa cuando recibió el llamado de una vecina diciéndole que tuviera cuidado ya que habían entrado ladrones a su predio. En el acta se consignó: “...entonces me fui al fondo, cuando salgo veo un policía que me pide que entre a mi casa porque estaba buscando a un delincuente que aún estaba adentro y podría correr peligro...” Esa frase, tomada aisladamente motivó que la Defensa atacara por ilegal la detención del imputado, en el entendido que la policía se hallaba dentro de la finca de CC, sin consentimiento de esta, posición que la Sede hizo suya. Sin perjuicio de entenderse que la expresión “cuando salgo” podría entenderse como lo hacen la Defensa y la Sra Juez al fondo de la casa, también cabe interpretar que se refiere a salir de la casa, al frente, donde ve a la policía. Esa interpretación es la que hace Fiscalía y se ve corroborada por lo expresado por la propia CC al final del acta, cuando preguntaba acerca de si tiene algo más que agregar dice “...Sí, señor, quiero agradecer enormemente el sostén de la policía, como llegaron inmediatamente y al salir al frente me contuvieron y protegieron. Al salir al fondo me protegieron...” Agregó que descartaba la ilegalidad del ingreso policial al domicilio de CC, una serie de extremos entre los que destacó lo declarado por la víctima BB en cuanto a que “...Así un vecino les manifiesta a los policías que habían saltado para otra casa por lo que piden permiso y proceden a ingresar a la casa del vecino...” A su vez, en el acta de inspección domiciliaria firmada por CC se corrobora esa autorización. Por lo tanto, la policía no solo ingresó al domicilio de CC con el consentimiento de esta, sino que además ese permiso lo hizo constar por escrito y la propia interesada confirmó haber consentido cuando agradeció en acta en la policía su actuación. Sin embargo, la Sede desecha que haya existido consentimiento previo de CC y consecuentemente con esta idea asevera que el acta de inspección domiciliaria fue firmada por la misma a posteriori del ingreso policial. A ese convencimiento arriba únicamente en base a la interpretación de una sola palabra consignada en el acta de declaración de la misma “salgo”, lo que la inclinó a concluir que el consentimiento fue después del ingreso policial y eso no legitima su actuación. Por eso se dispuso el cese de la detención de quien fuera detenido en flagrancia delictual. Concluyó que quien conculcó el sagrado inviolable que es el hogar de CC, fue AA, por lo que resulta paradójico que quienes hacen cesar esa situación de vulneración sean cuestionados en su accionar. En definitiva, reclamó se revoque la hostilizada disponiéndose la legalidad de la detención del imputado. b- Por Providencia Nº 2076/2025 del 3 de setiembre de 2025, se confirió traslado de los recursos interpuestos a la Defensa por el plazo de 6 días. c- El día 12 de setiembre de 2025, la letrado patrocinante evacuó el traslado conferido abogando fundadamente por el mantenimiento de la hostilizada. Analizó los agravios y los descartó señalando que no se basó aisladamente en una expresión de la víctima para atacar la legalidad de la detención sino que utilizando la lógica, sumada al tenor literal de las palabras se arribó a ese razonamiento. La policía obvió solicitar autorización para ingresar a la finca de la Sra. CC. Se preguntó dentro de la linea de su razonamiento, en que momento se puede determinar que se le pidió autorización a la misma para ingresar a su predio, el cual se encontraba cerrado, cuando del tenor literal de las palabras brindadas por la propia CC, no surge otra interpretación que la que fue sostenida por la Juez. A su vez, refirió a la declaración del agente DD. Existió un vicio en el procedimiento policial, pues en ningún momento se le recabó a CC autorización para ingresar como lo exige el artículo 95 del CPP. Recordó que el hecho ocurrió a la hora 20:45, por lo cual ya era de noche y para realizar el registro se debe contar con el consentimiento expreso del jefe del hogar. En suma, no es legal la detención al haber sido realizada de forma ilegítima, violando las garantías constitucionales y legales del debido proceso. Más allá que el imputado fuera detenido en flagrancia delictual por haber ingresado ilícitamente con fines de apoderamiento, el procedimiento policial estuvo viciado, lo que torna que la persecución penal se vea frustrada aún de presumirse el delito. Fiscalía no logró justificar en debido forma dicho extremo y ante la presunta violación de un principio cuyo respeto y protección se enfatizan en el artículo 11 de la Constitución de la República, en aplicación del principio in dubio pro reo, se debe resolver a favor del imputado. d- Por Decreto Nº 1278/2025 del 12 de setiembre de 2025, se consignó: “...Por presentado en la representación invocada. Por evacuado en forma el traslado conferido. Al recurso de reposición no ha lugar por extemporáneo ya que debió haber sido interpuesto en audiencia, respecto al cual, el recurso de apelación podía ser subsidiario (art. 246.1 CGP). Habiéndose interpuesto en forma el recurso de apelación por la Fiscalía contra la sentencia interlocutoria Nº 2044/2025 de fecha 28/8/2025 (fs. 4 a 5), admítese, sin efecto suspensivo, franqueándose la causa ante el Tribunal de Apelaciones en lo Penal que por turno corresponda, previa asignación de Turno por la OPEC (art. 359.3 CPP). Expídase testimonio íntegro del a presente causa y fecho, remítase al Tribunal de Apelaciones que hubiere sido asignado con todas las formalidades de estilo...” IV) La Sala asumió competencia, se dispuso el estudio simultáneo por los integrantes y se acordó sentencia en legal forma. CONSIDERANDO: I) La Sala con la mayoría legal requerida, revocará la Sentencia Interlocutoria Nº 2044/2025 dictada en la audiencia celebrada el 28 de agosto de 2025, disponiéndose en su lugar que la detención practicada en su oportunidad por las autoridades policiales respecto de AA tiene su anclaje en la ley. Los motivos de sucumbencia articulados por la titular de la acción penal, tienen la virtualidad jurídica necesaria para afectar la pervivencia de lo decidido. Lo expuesto es en mérito a las consideraciones que se expondrán. II) En el aspecto formal corresponde señalar que en la tramitación, las partes han contado con las garantías del debido proceso, en particular con el pleno ejercicio del derecho de defensa. El tracto procesal es estrictamente ajustado a derecho pues la providencia pronunciada no integra el elenco de las enumeradas taxativamente en el artículo 365 del CPP, en las que el recurso de apelación se interpone y sustancia en la misma audiencia en la que se pronunció la resolución. Por el contrario, tal como se hizo en la especie, se siguió el régimen general previsto en los artículos 361 y siguientes del CPP, con su remisión al Código General del Proceso. Ello sin perjuicio de consignarse que por las consecuencias que apareja una decisión declarando legal o ilegal una detención, bien podría integrar el nicho de las previstas en el citado artículo 365 del CPP. III) Como cuestión previa, corresponde consignar que conforme el artículo 15 de la Constitución de la República “Nadie puede ser preso sino infraganti delito o habiendo semiplena prueba de él, por orden escrita de Juez competente”. En consecuencia se prevén dos supuestos para la detención de una persona, los que está definidos por la existencia o no de flagrancia. En tal sentido, la expresión flagrancia se refiere a la llama, que denota con certeza la combustión. Cuando se ve la llama, es indudable que alguna cosa arde. La palabra “flagrante” viene del latín “flagrans-flagrantis” que proviene del verbo flagrar, que significa arder o resplandecer como fuego o llama (conforme Cisterna Pino, Adolfo, en su obra “La Detención por Flagrancia en el Nuevo Proceso Penal” página 22). La flagrancia refiere a las circunstancias fácticas que permiten una detención. Está vinculada al preciso momento en que es percibido o apreciado la ejecución de un delito, que proporciona en términos procesales una mayor convicción tanto respecto al delito mismo cuanto a la responsabilidad del presunto autor. La Flagrancia es un Instituto procesal que justifica privar a una persona de su libertad ambulatoria por parte de la autoridad policial, dentro del contexto de una situación de urgencia. Está regulado en el art. 219 del CPP. Así en el “literal a” la flagrancia propia, esto es, la persona sorprendida en el acto de cometer un delito. Es un acción que se está cometiendo actualmente, se está ejecutando o cometiendo ahora. En otras palabras se lo sorprende “con las manos en la masa”. En los literales b y c la flagrancia impropia. En el primero de estos cuando “inmediatamente después de la comisión del delito una persona fuera sorprendida en el acto de huir o de ocultarse o en cualquier otra situación o estado que haga presumir firmemente su participación y al mismo tiempo, fuere designada por la persona ofendida o damnificada o por testigos presenciales hábiles como partícipe en el hecho delictivo”. En el segundo de los referidos literales “en tiempo inmediato a la comisión del delito una persona fuera hallada con efectos y objetos procedentes de él, con las armas o instrumentos adecuados para cometerlo sin brindar explicaciones suficientes sobre su tenencia, o presentare rastros o señales que hagan presumir firmemente que acaba de participar en un delito”. Cuando no existe flagrancia, para la detención de una persona se requiere una orden judicial. Al respecto cabe consignar que el instrumento de la orden de detención, mereció en el CPP una mínima, limitada y subsidiaria regulación. En efecto, el artículo 218 alude a que nadie puede ser privado o limitado en su libertad física, sino de acuerdo a las normas constitucionales y legales. A su vez el artículo 220 refiere a que en caso de flagrancia delictual la persona “deberá ser detenida aún sin orden judicial”. Fiscalía para solicitar al Juez competente una orden de detención, debe esgrimir argumentos que la justifiquen, debe explicar fundadamente que cuenta con semiplena prueba, pero no se exige una prueba de calidad plena. Además el estándar requerido es al momento en que se hace la solicitud de detención del imputado. Entonces Fiscalía le debe justificar al Juez que dispone de las evidencias necesarias para cumplir con el mandato constitucional. IV) Precisado lo anterior, importa destacar que en la especie el tema en cuestión no está constituido por si existía o no flagrancia delictual. Ello es aceptado por todos, AA fue detenido en flagrancia. Lo que se debate es la regularidad o no del procedimiento policial desarrollado, concretamente, si cuando se ingresó a la finca de CC, se contaba o no con el consentimiento de ésta, teniendo en cuenta su calidad de jefa del hogar y que era de noche. En otras palabras, se trata de dirimir si la eventual vulneración de derechos de la dueña de casa por afectación de la privacidad, derrama consecuencias sobre terceros, pero no sobre cualquier tercero, sino sobre el supuesto perpetrador de hechos ilícitos, incluso, uno de ellos en perjuicio de la misma. Además, no cualquier efecto, sino que aquello por lo que la víctima agradeció a los funcionarios policiales, esto es, la detención de AA, cese por ilegal. V) En dicho ámbito, corresponde consignar que el artículo 31 bis de la Ley de Procedimiento Policial, Nº 18.315 consagra con el nombre de “Presunción de legitimidad de la actuación policial” que el proceder de los funcionarios policiales en ejercicio de sus funciones es ajustado a las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias vigentes, salvo prueba en contrario. Por lo tanto, una presunción relativa que requiere prueba en contrario para hacerla caer. Esa prueba no fue producida por la Defensa, que lo que hizo fue analizar evidencias, sumar la lógica, invocar que Fiscalía no justificó en debida forma la legalidad del procedimiento policial y reclamar la aplicación del principio in dubio pro reo. Por lo tanto, partiendo de la presunción legal de la legitimidad de la actuación policial, sin que se haya producido prueba en contrario, y sin perjuicio de analizar los extremos aludidos por las partes, corresponde concluir en que el cese de la detención dispuesto por la a-quo por ilegal, fue una decisión equivocada ya que no es ajustada a derecho. A su vez, que no correspondía al Ministerio Público acreditar la regularidad del procedimiento policial, sino a la Defensa probar en contrario de la presunción, lo que no hizo. VI) Para no soslayarlo, no asistimos a un caso donde dueña de casa se haya sentido vulnerada en sus derechos convencionales, constitucionales y legales, ante un supuesto ingreso indebido de funcionarios policiales en su predio y por ello movilizara actuaciones para obtener la condena de los responsables. Por el contrario, manifestó en actas su agradecimiento por el sostén que le dieron, su llegada inmediata, así como por la contención y protección brindada. A ello cabe agregar, que no se trató de la casa propiamente dicha, sino del jardín de la misma, sin recibir afectación de especie alguna, esto es daños o menoscabos a la propiedad por parte de funcionarios policiales. Por supuesto, que estos aspectos que no son controvertidos, no habilitan por si a ingresar de noche a una casa habitada ni a sus dependencias, pero no pueden dejarse de lado sin más. VII) Ahora bien, el ingreso al jardín de la casa de CC, por parte de la policía y ante la indicación realizada por BB, lo fue en persecución de quien supuestamente estaba perpetrando delitos contra la propiedad, incluso en perjuicio de la misma. Habían entrado al garaje de su casa, revisando el vehículo estacionado en el mismo, incluso retirando algunos bienes de la guantera, los que acondicionó sobre un banco con el propósito de sustraerlos. En ese marco, la expresión utilizada por la denunciante “cuando salgo veo a un policía”, no tiene una interpretación univoca, así lo ponen de manifiesto las partes, cada una de las cuales les da un sentido diferente. En efecto, para la Defensa y también para la a-quo, refiere al fondo de la casa, en tanto que para Fiscalía alude al frente de la misma. A ello cabe agregar, la resultancia del acta de inspección domiciliaria firmada por la propia CC. En el mismo sentido, la alusión realizada por BB respecto a que le piden permiso a la misma para poder ingresar. Por lo tanto, sin prueba en contrario para destruir la presunción de legalidad de la actuación policial, sin quejas o denuncias por parte de la dueña de casa, con agradecimientos de la misma así como manifestaciones que podrían tener y de hecho la tienen, diferentes interpretaciones, corresponde concluir que la detención llevada a cabo por la autoridad policial en flagrancia delictual, en el predio de CC, es legal. En tal sentido, debe agregarse la no oposición de la víctima al proceder policial, lo que podría llegar a considerarse como una suerte de consentimiento tácito. Por lo expuesto y las normas legales citadas, EL TRIBUNAL RESUELVE: REVOCASE LA SENTENCIA INTERLOCUTORIA Nº 2044/2025 DICTADA EN LA AUDIENCIA CELEBRADA EL 28 DE AGOSTO DE 2025, DISPONIÉNDOSE EN SU LUGAR QUE LA DETENCIÓN PRACTICADA EN SU OPORTUNIDAD POR LAS AUTORIDADES POLICIALES RESPECTO DE AA TIENE SU ANCLAJE EN LA LEY. OPORTUNAMENTE DEVUÉLVASE A LA SEDE DE ORIGEN. Dr. Luis Charles Vinciguerra – Ministro Redactor Dra. Adriana de los Santos Arigoni – Ministra Esc. Eric Longobardo Cantou – Secretario Letrado p { margin-bottom: 0.21cm; background: transparent }