Sentencia Interlocutoria N° 527/2025

Ministro Redactor: Dr. Marcelo Malvar Juncal VISTA : Para interlocutoria de segunda instancia esta pieza: AA. AUTOR DE DOS DELITOS DE RECEPTACIÓN – (TEST. IUE 2-97/2022) – IUE 642-131/2025; venida del Juzgado Letrado de Ejecución y Vigilancia de Libertad, en virtud del recurso interpuesto por la defensa Dra. Irupé Caraballo, contra la resolución N.º 2463/2025 dictada el 2 de junio de 2025 por la Dra. Marcela López, con intervención de la Fiscalía Letrada Departamental de Libertad de 2º Turno, representada por la Dra. Ivana Gonzales. RESULTANDO : I) La hostilizada resolvió: Decr étase la revocación de la libertad a prueba impuesta al penado por sentencia definitiva dictada en autos, disponiéndose la privación de libertad del Sr. AA por el saldo restante de pena computándose como último cumplimiento el día 22 de marzo del 2022. II) La Dra. Irupé Caraballo por la defensa, apela a fs. 51 y expresa que la recurrida revocó el régimen de libertad a prueba de AA por la existencia de una formalización posterior. Sin embargo, consta que AA cumplió inicialmente con las medidas impuestas – tareas comunitarias, presentaciones semanales y comparecencia ante OSLA – aunque luego interrumpió el cumplimiento sin que durante ese período cometiera nuevos delitos. La vigilancia venció el 4 de octubre de 2022 y los posteriores delitos por los que fue condenado ocurrieron después de esa fecha. La defensa sostiene que, según el art. 295 bis del CPP, la revocatoria procede solo ante incumplimientos ocurridos dentro del período de vigilancia y no por hechos posteriores. En este sentido, cita jurisprudencia que ratifica que lo relevante es que durante la vigencia del régimen no se cometan delitos. Además, se invocan normas internacionales – Reglas de Tokio – que exigen una revisión cuidadosa antes de revocar medidas no privativas. En conclusión, al haber ocurrido las nuevas formalizaciones y condenas fuera del plazo de la libertad a prueba, la defensa entiende que la revocación fue improcedente y solicita su revocación. III) La Dra. Ivana Inés González por fiscalía abogó por la confirmatoria (fs. 55). En efecto, l a fiscalía sostiene que debe mantenerse la revocación de la libertad a prueba de AA, quien en enero de 2022 accedió a un proceso abreviado y aceptó cumplir nueve meses bajo ese régimen. Sin embargo, solo cumplió parcialmente durante los dos primeros meses, abandonando luego sus obligaciones sin justificación, lo que constituye un incumplimiento grave. Además, fue formalizado posteriormente en dos oportunidades – abril de 2023 por hurto especialmente agravado en grado de tentativa y julio de 2024 por asistencia a agentes de actividad delictiva – confirmando la reiteración delictiva. Conforme al art. 295 bis del CPP, fiscalía entiende que la inobservancia de las medidas y las nuevas formalizaciones configuran violación grave que justifica la revocación inmediata del beneficio y dado que actualmente cumple condena efectiva hasta octubre de 2026, resulta imposible aplicar un régimen de vigilancia en libertad. IV) Por providencia N.º 2885/2025 se concedió el recurso de apelación sin efecto suspensivo. Recibida la pieza, se acordó previo pasaje a estudio. CONSIDERANDO : I) La Sala, por unanimidad, habrá de revocar la interlocutoria impugnada, por los fundamentos que siguen. II) AA fue condenado por sentencia N.º 5/2022 del 6 de enero de 2022 como autor penalmente responsable de dos delitos de receptación, en régimen de reiteración real, a la pena de nueve meses de prisión que se sustituirá por libertad a prueba con las siguientes obligaciones: residencia en un lugar determinado, sujeción a la orientación y vigilancia de la OSLA, presentación una vez por semana en la seccional policial de su domicilio y prestación de servicios comunitarios, dos veces por semana una hora, por el término de nueve meses (fs. 3 y 4). Se liquidó la pena y su vencimiento quedó fijado para el 4 de octubre de 2022 (fs. 5). Posteriormente, del Registro de Nacional de Antecedentes Judiciales surge que cometió nuevo delito, fue formalizado y condenado el 7 de abril de 2023 por el Juzgado Penal de 32º turno (fs. 31); y posteriormente cometió nuevo delito, fue formalizado y condenado el 24 de julio de 2024, en este caso por el Juzgado Letrado de Colonia de 4º turno y por un delito de asistencia a agentes de actividad delictiva. La pena impuesta fue de dos años y tres meses de penitenciaría (fs. 34 vto.). La fiscalía comparece a fs. 38 y solicita la revocación del beneficio, fundándose exclusivamente en la comisión de los delitos antes referidos. La defensa evacua el traslado a fs. 46 y manifiesta que las formalizaciones señaladas por fiscalía son posteriores a la fecha de vencimiento de pena de la libertad a prueba, culminando su comparecencia solicitando la convocatoria a audiencia a efectos de escuchar a su patrocinado. III) Tal cual exponen fiscalía y defensa, surge del proceso que el penado AA incumplió con por lo menos dos de las obligaciones establecidas en la libertad a prueba: la presentación a la autoridad (última comparecencia, el 28 de marzo de 2022, fs. 17) y la prestación de servicios comunitarios (último cumplimiento del 11 de marzo de 2022, fs. 16). Si bien el informe de OSLA es parcialmente favorable, igualmente señala dichos inconvenientes. El penado fue convocado a audiencia en seis oportunidades (fs. 24 a 29) y no compareció, pero como señala la defensa, no consta que efectivamente haya sido notificado, pese a que se solicitó a la policía dicha información. Es correcto asimismo que AA cometió dos delitos, y fue condenado por ellos, pero en ambos casos tanto la formalización como la condena son posteriores al 4 de octubre de 2022, fecha en que vencía el cumplimiento de la libertad a prueba. IV) Ahora bien. El artículo 295 bis CPP establece dos hipótesis de variación o revocación del beneficio: la primera, para el caso de incumplimiento de alguna de las medidas impuestas, situación en que la fiscalía puede solicitar al juez la cancelación del beneficio (inciso 13). La segunda – inciso 14 – es la violación grave, ejemplificada en el caso de una formalización posterior. En este supuesto, la revocación no requiere solicitud de parte y actúa de pleno derecho. Este Tribunal ha sostenido que esta última hipótesis no alcanza los hechos o formalizaciones anteriores a la concesión del beneficio, ni los posteriores. Así ha sostenido: Lo que importa – a los efectos de la revocatoria – es que durante la vigencia del régimen de libertad vigilada, el condenado no cometa nuevo delito: esa es la hipótesis de violación e incumplimiento de las obligaciones que contempla la norma: ‘para interpretarla no alcanza sólo con extraer la razón de su texto, sino también su significación dentro del sistema de principios que la rige’ (Couture, citado en Sent. No 608/2019). La conducta previa al otorgamiento de la libertad vigilada, no es alcanzada por dicha norma, como tampoco la posterior al vencimiento del plazo de vigilancia. Para ambos supuestos el ordenamiento proporciona medios concretos para sancionar esas conductas, que no son las consideradas por la ley para que se revoque la libertad vigilada. En suma, es de Perogrullo, que la vigilancia no recae sobre conductas previas, salvo que así lo hubiera establecido expresamente la ley, porque éstas no perfilan incumplimiento alguno de las condiciones asumidas; por lo que no puede forzarse la inteligencia de la norma que impone la revocatoria del beneficio. En tal sentido, los arts. 14.1 y 14.2 del CPP “… dan cuenta de la importancia de los principios para la recta aplicación de las normas, sobre todo de aquellas que ponen en conflicto intereses diversos o contrapuestos. Se trata de soluciones favorables al imputado, al vedarse la integración analógica y la interpretación extensiva perjudiciales a su interés … el art. 15 admite la interpretación analógica cuando es beneficiosa para el imputado’; vale decir, ‘… no se podrá interpretar una restricción del derecho de defensa si no está concretamente consagrada, quedando vedada la interpretación analógica en tal sentido’ (Klett, Selva: Reglas generales de la prueba, en Curso sobre el Nuevo Código del Proceso Penal -Ley No 19.293-, Vol. 1, IUDP, Obra coordinada por el Profesor Alejandro Abal Oliú, FCU, p. 452; Cfme. doctrina citada por la Sala en, Sent. No 198/2020). (Interlocutorias 611/2023, 292/2024, etc. TAP 1º. BJN, entre otras). En el caso, se advierte que la fiscalía pide la revocación por hechos ocurridos con posteridad a vencimiento del plazo de la libertad a prueba, por lo que no corresponde por tratarse de conductas ocurridas después del vencimiento de la vigilancia del imputado. No obstante, se podría sostener que el imputado incumplió las obligaciones y condiciones impuestas por la sentencia, y ello habilita sin duda alguna la revocación, conforme se expuso anteriormente. La no concurrencia a la seccional policial y la no prestación de servicios comunitarios, o estrictamente, el cumplimiento parcial de dichas obligaciones permite que la fiscalía solicite el cese del beneficio. No obstante, la fiscalía no invoca el incumplimiento, sino las formalizaciones y condenas posteriores, lo que torna inadmisible el pedido, ya que la pretensión fiscal se basó en una causal y luego, la Sra. Magistrada A quo, invoca fundamentos no expuestos por fiscalía, y que para su procedencia se requiere pedido fiscal expreso: En caso de incumplimiento de alguna de las medidas impuestas, la Fiscalía podrá, valorando las circunstancias del caso, solicitar al tribunal la revocación del beneficio, privando de la libertad al condenado por el saldo restante de la pena . Esta circunstancia impidió que la defensa pudiera defenderse válidamente ya que si bien contestó lo referido al término de vigilancia, no lo hizo respecto al incumplimiento por la sencilla razón de que no había sido alegado por el acusador. Esto implicó una indefensión del penado, lo que sella la suerte de la impugnada que será revocada por tal motivo. En el proceso acusatorio y adversarial – salvo excepciones – todas las medidas que implican aflicción para el imputado requieren pedido fiscal expreso (arts. 6 y 9 CPP), y en este caso el que existió es inidóneo, y el que invocó la A quo no fue objeto de pretensión ni permitió la adecuada defensa del imputado, razón por la cual corresponde hacer lugar a la apelación deducida. POR CUYOS FUNDAMENTOS, SE RESUELVE: 1.- REVÓCASE LA INTERLOCUTORIA 2463/2025. 2.- NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE, Y DEVUÉLVASE .