Sentencia Interlocutoria N° 486/2025

N.º 486 Montevideo, 19 de setiembre de 2025 VISTOS: Para Sentencia Interlocutoria de Segunda Instancia, estos autos caratulados: “AA. Reiterados delitos de abuso sexual especialmente agravado en reiteración real con reiterados delitos de violencia doméstica agravados. BB – Reiterados delitos de violencia doméstica agravados.”- IUE: 369-343/2025 , venidos a conocimiento del Tribunal, en mérito al recurso de apelación interpuesto por los Sres. Defensores particulares de los imputados AA y BB, Dra. Melissa Viera y Dr. Marcelo Patritti, contra las Sentencias Interlocutorias Nº 960/2025 y Nº 963/2025 y Nº 970/2025 dictadas en la audiencia de control de acusación (primera fase) celebrada el día 9 de setiembre de 2025, así como los recursos de apelación deducidos por la Sra. Fiscal Departamental de San José de 2º turno, Dra. Mariana Acuña, contra las Sentencias Interlocutorias Nº 1054/2025, Nº 1056/2025 y Nº 1059/2025 dictadas en la audiencia de control de acusación (segunda fase) celebrada el 17 de setiembre de 2025, en todos los casos por la Sra. Juez Letrado de Segunda Instancia de San José de 1º turno, Dra. María Merlo. RESULTANDO: I) a- Fiscalía presentó la demanda acusatoria el día 29 de julio de 2025, en la que reclamó la condena de AA como autor penalmente responsable de reiterados delitos de abuso sexual especialmente agravados, en reiteración real, con reiterados delitos de violencia doméstica agravada a la pena de 7 años de penitenciaría y de su cargo las prestaciones legales accesorias de rigor prevista en el artículo 105 literal E del Código Penal. A su vez, la condena de BB como autor penalmente responsable de reiterados delitos de violencia doméstica agravados a la pena de 2 años de penitenciaría y de su cargo las prestaciones legales accesorias de rigor prevista en el artículo 105 literal E del Código Penal. Asimismo reclamó se disponga respecto al primero de los nombrados la inhabilitación para el ejercicio de funciones públicas o privadas en las áreas enunciadas por el plazo de 10 años. También que se oficiara al Registro Nacional de Actos Personales a sus efectos. Además, se disponga como reparación patrimonial por parte de ambos imputados la sanción de 12 salarios mínimos, conforme el artículo 80 de la ley 19580. A su vez, se comunique la condena al Registro Nacional de Violadores y Abusadores Sexuales previsto en el artículo 104 de la ley 19889. En lo que hace a la relación de hechos expresó: “...Será plenamente probado en la instancia de juicio oral, que las víctimas, CC y DD, contando actualmente con 11 y 31 años de edad respectivamente fueron víctimas de violencia doméstica por parte del imputado AA, abuelo de CC y ex suegro de DD. Dicha violencia fue sufrida por varios años en los cuales compartían domicilio con el mismo. Las situaciones de violencias sufrida por CC eran la mayoría física, ya que en reiteradas oportunidades le pegó, lo bañaba con agua fría, mientras que DD sufrió violencia tanto física como verbal, recibiendo durante muchos años golpes como ser en la cabeza y cachetadas. Las situaciones de violencias padecidas fueron narradas a diferentes técnicos que han intervenido, como ser Nuevo Horizonte. Además el 11 de julio de 2023, DD fue periciada por la Lic. Sindy Janavel del ITF, a quien también le relató las situaciones de violencia sufridas. Será plenamente probado en la instancia de juicio oral que la víctima CC, cuando tenía 9 años de edad y en ocasión de encontrarse de visitas en la casa de su padre, el imputado y de su novia fue víctima de abuso. El imputado le bajaba la ropa a su hijo CC para luego tocarlo en sus partes íntimas, mientras el mismo se encontraba acostado a su lado, en la cama; también en el baño, circunstancia en que el imputado le metió los dedos en la cola mientras él se tocaba sus partes íntimas. Luego, el imputado amenazaba a CC expresando que si contaba lo ocurrido le iba a pegar y lo iba a matar. Los hechos referidos se dieron en varias oportunidades. CC develó los hechos en primera oportunidad a su madre, DD, luego a su maestra EE y la directora de la escuela número 9 de Raigón a la que concurría. Posteriormente volvió a contar lo mismo a las técnicas de nuevo horizonte. Por su parte, fue valorado en el pasado 19 de marzo de 2022 en la Asociación Medica se San José, por los Dres.FF y GG, a quienes CC les narró los hechos ocurridos. Mientras que, el 11 de julio de 2023, fue periciado por la Lic. Sindy Janavel del 1TF, a quien también le relató las situaciones sufridas. Además DD y su hijo CC fueron víctimas de situaciones de violencia doméstica por parte de BB, habiendo sido dichas situaciones narradas por ambas víctimas a diversas instituciones, Respecto de CC la violencia llegó a ser física, ya que en ocasiones le pegó, mientras que la violencia sufrida por DD consistió en violencia psicológica ,verbal, económica y también la obligó en algunas oportunidades a tener relaciones aunque ella manifestaba que no quería. Por último, al declarar anticipadamente DD y CC contaron las situaciones que vivieron con respecto a BB y AA...” Enunció la prueba que se proponía producir en el juicio oral. b- Por Dispositivo Nº 791/2024 del 23 de mayo del 2024 se emplazó al acusado y a su Defensa para que en el plazo legal ofrecieran la prueba que se proponían producir en juicio, conforme lo previsto en el artículo 128 del CPP. c- El día 27 de agosto de 2025, la Defensa evacuó el traslado conferido. Expuso su teoría del caso en lo que hace a los imputados y ofreció la prueba que se proponía producir en el juicio oral. Planteó la excepción de defecto legal en el modo de proponer la demanda acusatoria, reclamando se acoga la misma, debiendo subsanarse las deficiencias por parte de Fiscalía. Promovió el sobreseimiento de los imputados, reclamando el archivo de las actuaciones en esta etapa intermedia. En su defecto, postuló que oportunamente se desestime la acusación formulada y se clausuren las actuaciones. d- Por Decreto Nº 905/2025 del 28 de agosto de 2025, se convocó a audiencia de control de acusación para el día 9 de setiembre de 2025 a la hora 15:00. II)a- Por Sentencia Interlocutoria Nº 957/2025 dictada en la instancia referenciada, se resolvió: “...rechazando la excepción de defecto legal planteada por la Defensa...” b- La Defensa interpuso los recursos de reposición y apelación. c- Por Decreto Nº 958/2025 se mantuvo la recurrida con expresión de fundamentos. d- A su vez, por Providencia Nº 959/2025 se consignó: “...Atento al recurso de apelación anunciado, respecto de la interlocutoria que rechaza el efecto legal en el modo de proponer la demanda, admítase el mismo con efecto diferido en virtud de lo dispuesto en los arts.278 del CPP y 320 del CGP debiendo fundarse en la apelación de la sentencia definitiva...” III)a- Por Sentencia Interlocutoria Nº 960/2025 dictada en la audiencia celebrada el día 9 de setiembre de 2025, se resolvió: “...Entiende esta Magistrada que, en este caso, no hay una causa de absolución manifiesta, clara y sin lugar a dudas, por lo que, estando en etapa procesal en la que es vedado ingresar al fondo del asunto, se impone el rechazo del sobreseimiento instado por la defensa y negado por Fiscalía...” b- La Defensa interpuso los recursos de reposición y apelación en subsidio contra la decisión adoptada. Fundó sus agravios manifestando que sin perjuicio de comprender los fundamentos utilizados por la titular de la Sede, se reitera la posición que existe ausencia de evidencia de cargo suficiente para arribar a una condena en esta etapa. Existen elementos ya listados que obran en poder de Fiscalía que no han sido adecuadamente sopesados. El Ministerio Público parte de una hipótesis y reconduce todo su accionar en función de esa hipótesis, de tratar de acreditar la misma, soslayando una serie de indicios racionales que despejan sobre esa incógnita, todos esos elementos no han sido adecuadamente sopesados. Por otra parte, la Sede plantea que por el art. 268. 3 lit C, los imputados pueden instar el sobreseimiento. Haciendo una lectura armónica con los otros artículos ya referidos, entendemos que instar implica también solicitar, y no es un supuesto en el que se subordina la solicitud al planteo de Fiscalía, o que la actuación oficial judicial deba quedar supeditada a que Fiscalía sea quien promueva, instar el sobreseimiento. No es solo función de Fiscalía, sino que también puede ser una actuación autónoma de la Defensa técnica de los imputados el peticionarla. Citó jurisprudencia. En esa línea en clave de garantías, considerar el art. 64 lit. G del CPP que expresamente reconoce al imputado como un derecho y a la vez una garantía solicitar el sobreseimiento de la causa y recurrir la decisión que rechace la petición. Se hace una lectura restrictiva de las garantías. Por otra parte, tenemos el art. 365 del CPP que prevé justamente el recurso de apelación contra el rechazo de la formalización o del pedido de sobreseimiento instado por la Defensa y si hay una posibilidad crítica de ese rechazo, justamente creemos que es un reconocimiento de esa autonomía funcional por parte de los imputados y de su defensa el planteo. Entendemos por lo expuesto, que hay elementos de prueba que ya conoce la Fiscalía que, principio de objetividad mediante, como ya fue listado en la declaración de la tía abuela materna, la publicación en redes sociales, todos esos referidos que ha hecho la colega fiscal sobre la publicación en redes sociales, son cuestiones que atañen a la valoración, cuestiones inoportunas en esta etapa, y la no consideración de las patologías de los trastornos mentales, si analizamos jurisprudencia en la materia, siempre el análisis de credibilidad que se hace sobre el relato de las víctimas es en base a 3 cuestiones, la ausencia de credibilidad subjetiva, la ausencia de credibilidad objetiva y la persistencia en la incriminación. En cuanto a la primera, los trastornos en la esfera mental, es una elemento importante y ni siquiera fue considerado o mereció análisis al respecto, sumado a ello, la persistencia en la incriminación y el decir y desdecirse continuamente de la denunciante en diferentes etapas y a nivel judicial. Todos esos elementos abonan la necesidad de disponer el sobreseimiento de los imputados. c- Conferido traslado al Ministerio Público, lo evacuó abogando porque se mantenga la recurrida. En base a lo expuesto por la Defensa, se asumeque se refiere al art. 130 lit A, que dice que agotadas todas las posibilidades probatorias no exista plena prueba que el hecho imputado se haya cometido o que el imputado haya participado en su comisión. Entiendo que hacen referencia a ese numeral y como ya se manifestó, en el caso hay por demás sólida prueba y se descarta que no exista la misma respecto del hecho así como de la responsabilidad de los imputados. Si bien la Defensa hace mención a la declaración de una tía, que se escuchará en el juicio, se tuvo en cuenta la declaración, pero también se tuvo en cuenta las demás evidencias que surgen de la carpeta, como se va a proponer cuando lleguemos a la etapa de prueba, están todas las declaraciones anticipadas de las víctimas, hay peritos de ITF, sicologas especializadas que hablaron con ambas víctimas, sicólogas de Nuevo Horizonte. Hay evidencias suficientes para mantener la acusación fiscal, en virtud que se puede probar el hecho así como la responsabilidad de ambos imputados en los mismos. La víctima ha tenido varios intentos de autoeliminación, pero porque una persona tenga varios intentos de autoeliminación, no significa que lo que vaya a decir sea mentira, no le saca credibilidad a la palabra de la víctima. También escuchamos a otra víctima que no ha tenido intentos de autoeliminación y también declaró. Los intentos de autoeliminación no le sacan credibilidad a la víctima ni a la denuncia realizada. d- Por Decreto Nº 961/2025 se mantuvo la recurrida con expresión de fundamentos y se franqueó la apelación, sin efecto suspensivo y con las formalidades de estilo. IV)a- Por Sentencia Interlocutoria Nº 963/2025 dictada en la audiencia celebrada el día 9 de setiembre, se resolvió: “...Habiéndose respetado el debate de las partes en relación la declaración de la licenciada HH la suscrita en estricto apego a la normativa procesal establecida en el CPP entiende que el análisis de fiabilidad ya sea de testigos expertos o de los peritos debe realizarse como valoración en etapa de juicio oral, experto claramente que por ejemplo un perito careciera de titulo habilitante. En cuestiones relativas a metodologías para los informes que se pretenden agregar por ejemplo las mismas pueden ser atacadas ya sea por una pericia con conclusiones contrarias, por una meta pericia (como de hecho ofrece la defensa en estos autos) y en el caso de testigos expertos con otros testigos expertos o a través del contra interrogatorio. La doctrina internacional bastante mas avanzada en cuestiones de sesgos que la nuestra tiene aun así diferentes posiciones respecto de las valoraciones periciales y de testigos expertos pero en nuestro derecho la normativa de admisibilidad y pertinencia de la prueba entiende esta magistrada impide en esta etapa procesal ingresar a la valoración de estos extremos. En su merito se hará lugar a la prueba solicitada por fiscalia respecto de la Lic HH...” b- La Defensa interpuso los recursos de reposición y apelación en subsidio. Fundó sus agravios manifestando que es importante hacer el distingo entre el control de fiabilidad de ese anticipado con los criterios de valoración, deben pregonarse como destacan Leticia Lorenzo y Mauro Leopardo un control de fiabilidad, de calidad como parte transversal de esa evaluación de admisibilidad probatoria, el objeto es impedido contener razones de baja o dudosa confianza en cuanto a las premisas fácticas involucradas. Nuestra crítica no hace cuestión en cuanto al peso probatorio, el valor probatorio, sino de la metodología implementada y como se construye esa prueba. En línea con esto de diferenciar el valor probatorio con la fiabilidad como señala Abellan, considerar fiable una prueba no implica pronunciarse sobre su valor probatorio sino la posibilidad de tomarla en consideración para la decisión de un caso. En la especie, la utilización de unas técnicas con un margen de error altísimo lo que genera justamente, es en ese balanceo que se hace de ese elemento de prueba que se pretende incorporar, lo que pueda transmitir, o los datos o la información que pueda vertir en el juicio oral y los perjuicios que puede provocar, porque puede provocar desorientación en el Magistrado, introducir determinados sesgos que puedan propiciar errores judiciales. Por esa razón, entendemos que corresponde rechazar la declaración de la testigo y la incorporación del informe como prueba documental. c- Conferido traslado a Fiscalía, lo evacuó solicitando que se mantenga la decisión, en virtud que como se manifestó, es una licenciada, psicóloga que estuvo en contacto con ambas víctimas, sabe sobre las situaciones que ambas vivieron. Por eso, se entiende que es una prueba importante, una técnica a la que ambas víctimas le contaron los hechos que ocurrieron. Si la Defensa entiende que no tiene credibilidad, no es en esta etapa, sino en la etapa de juicio oral que está el contrainterrogatorio para atacar la credibilidad, y como ellos dijeron que era de baja credibilidad el informe. En todo caso la Juez al momento de evaluar la totalidad de la prueba que se diligencia en juicio será ella quien la valore. En suma, reclamó se mantenga la recurrida. d- Por Decreto Nº 964/2025 se mantuvo la recurrida con expresión de fundamentos y se franqueó la apelación, sin efecto suspensivo y con las formalidades de estilo. V)a- Por Sentencia Interlocutoria Nº 970/2025 dictada en la audiencia celebrada el 9 de setiembre de 2025, se dispuso: “...Habiéndose respetado el debate de las partes en relación a las pericias a la victima CC y a la víctima DD la suscrita en estricto apego a la normativa procesal establecida en el CPP entiende que el análisis de fiabilidad ya sea de testigos expertos o de los peritos debe realizarse como valoración en etapa de juicio oral, excepto claramente que por ejemplo un perito careciera de titulo habilitante. En cuestiones relativas a metodologías para las pericias que se pretenden agregar por ejemplo las mismas pueden ser atacadas ya sea por una pericia con conclusiones contrarias, por una meta pericia (como de hecho ofrece la defensa en estos autos) o a través del contra interrogatorio. La doctrina internacional bastante mas avanzada en cuestiones de sesgos que la nuestra tiene aun así diferentes posiciones respecto de las valoraciones periciales y de testigos expertos pero en nuestro derecho la normativa de admisibilidad y pertinencia de la prueba entiende esta magistrada impide en esta etapa procesal ingresar a la valoración de estos extremos. En su merito se hará lugar a la prueba solicitada por Fiscalía respecto de las pericias de la Lic Sindy Janavel...” b- La Defensa Interpuso los recursos de reposición y apelación en subsidio. Señaló que en esta etapa intermedia cabe pregonar un control de fiabilidad trasversar a la evaluación de admisibilidad. Las técnicas utilizadas y los procedimientos son inadecuados, no garantizan la objetividad, no son un procedimiento estandarizado. Las técnicas proyectivas tampoco, la entrevista de contexto, en esta hay un relato del adulto que posiciona y frente al objeto de las pericias, el especialista no por el hecho de tener el título de Lic. en Psicología se convierte en un profesional experto en determinada área, menos en la psicología forense. Se utilizan otras técnicas y procedimientos a las de la psicología clínica. La entrevista que se hace tanto de CC como de DD, es una entrevista clínica, se realiza una entrevista de contexto, por lo que en las conclusiones el margen de error es importante. Por otra lado, el argumento de la falta de personal que refiere Fiscalía, es un hecho notorio, pero eso no impide que exista una confirmación de determinados hechos. Cuando se perició a DD, ya se había periciado a CC. A este último, se lo perició el 11 de julio de 2023 y el 14 de febrero de 2024 ya tenía todo un cúmulo de conocimientos, por lo que carece de objetividad para elaborar un dictamen. Tampoco se hace alusión a que elementos tuvo a la vista para elaborar la pericia, no se especifica. No es una cuestión de valoración, sino si puede ser considerado con todas estas falencias, si se puede traer a consideración para la decisión en el juicio oral. A su vez, debe ser un error de tipeo de Fiscalía que la pericia psicológica de DD dice 14 de febrero de 2024 y después se dice 14 de febrero de 2025, salvo que sea un informe distinto, sería bueno que se aclare. c- Conferido traslado al Ministerio Público aclaró en primer lugar que fue un error de tipeo, es el 14 de febrero de 2025. Reclamó que se mantenga la decisión en virtud que los peritos del ITF realizan pericias objetivas, tiene trato directo con las víctimas y con el relato de las mismas. Usan técnicas avaladas por el ITF y la comunidad científica. En cuanto a la credibilidad, en el momento del juicio oral, la Defensa mediante el contra interrogatorio podrá atacar la misma y en base a la calidad de la pericia y teniendo en cuenta toda la prueba diligenciada, realizará la evaluación correspondiente. Por otra parte, la Defensa ofreció una meta pericia, por lo que tiene los mecanismos para atacarla, no es en esta etapa. Es lo mismo que ocurre con la exposición de los testigos expertos. d- Por Decreto Nº 971/2025 se mantuvo la recurrida con expresión de fundamentos y se franqueó la apelación, sin efecto suspensivo y con las formalidades de estilo. VI)a- Por Sentencia Interlocutoria Nº 1054/2025 dictada en la audiencia celebrada el 17 de setiembre de 2025, se resolvió: “...Que la Defensa pretende ingresar como prueba trasladada un sentencia interlocutoria de la Sede de Familia Especializada 479/2022 que Fiscalía se opone expresando que estaría mal propuesta dicha prueba por no ser una diligencia probatoria que se haya diligenciado en otra Sede y que no resulta su pertinencia que habiendo tenido acceso la Fiscalía a dicha prueba la Defensa alega que es pertinente a su teoría del caso, que pretende probar quien tenía la tenencia de la víctima al momento de esa denuncia y que se trata de prueba trasladada por estar incorporada a otro proceso. Que en el caso de información producida en otros ámbitos institucionales debe analizarse cada medio de prueba a trasladar analizándose asimismo las reglas formales de introducción de la prueba. En este caso tratándose de un documento (sentencia interlocutoria no genera complejidad para su ingreso pudiéndose ingresar incluso por lectura en el juicio oral. En su merito de provee: Admítase la prueba trasladada respecto de la interlocutoria 479/2022 en la IUE 596-72/2022 que se acreditara por lectura por parte de la Defensa...” b- Fiscalía interpuso recurso de apelación. Sostuvo que el art. 145 del CPP hace mención a la prueba trasladada a prueba producida en otro proceso y aquí entendemos que no es eso, sino la sentencia interlocutoria de otra Juez que tampoco se puede contra interrogar y que no sabe en que contexto se dió porque vamos a acceder únicamente a una hoja de un expediente, en conjunto todo lo que ocurrió. Se sigue conspirando contra un principio del proceso penal como es el de inmediación. c- Conferido traslado a la Defensa, lo evacuó afirmando que bregaba por el rechazo de los recursos interpuestos por Fiscalía. Se entiende que la prueba se rige por los criterios o filtros de admisibilidad. Obviamente hay que tener un concepto amplio de admisibilidad y relevancia probatoria. Citó jurisprudencia. Como dijo la Sra. Juez, refiere a la situación de autos y a la hipótesis alternativa planteada por la Defensa en su contestación de la acusación. La lectura que hace Fiscalía del CPP es restrictiva y equivocada y por eso entendemos que hay que desestimar los recursos interpuestos. d- Por Decreto Nº 1055/2025 se franqueó la apelación, sin efecto suspensivo y con las formalidades de estilo. VII)a- Por Sentencia Interlocutoria Nº 1056/2025 dictada en la audiencia celebrada el día 17 de setiembre de 2025, se resolvio: “...Que la Defensa pretende ingresar como prueba trasladada un sentencia interlocutoria de la Sede de Familia Especializada 2465/2022 IUE 596-76/2022. Que Fiscalía se opone expresando que estaría mal propuesta dicha prueba por no ser una diligencia probatoria que se haya diligenciado en otra Sede y que no resulta su pertinencia que habiendo tenido acceso la fiscalia a dicha prueba la defensa alega que es pertinente a su teoría del caso, que pretende probar quien tenía la tenencia de la victima al momento de esa denuncia y que se trata de prueba trasladada por estar incorporada a otro proceso. Que en el caso de información producida en otros ámbitos institucionales debe analizarse cada medio de prueba a trasladar analizándose asimismo las reglas formales de introducción de la prueba. En este caso tratándose de un documento (sentencia interlocutoria no genera complejidad para su ingreso pudiéndose ingresar incluso por lectura en el juicio oral. En su merito de provee: Admirase la prueba trasladada respecto de la interlocutoria 479/2022 en la IUE 596-72/2022 que se acreditara por lectura por parte de la Defensa...” b- Fiscalía interpuso recurso de apelación contra la decisión adoptada. Lo hizo por los mismos fundamentos según el artículo 145 del CPP, la prueba trasladada refiere a prueba producida en otro proceso, y aquí estamos ante una interlocutoria dictada por la Juez de Familia. No podemos contra interrogar dicho decreto. También entendemos que es una hoja suelta, no se sabe en que contexto se dio y la Juez de juicio en todo caso, va a acceder a lo que se está ingresando, que es una hoja suelta y tampoco tiene por que saber en que contexto se dio. c- Conferido traslado a la Defensa, lo evacuó bregando por la desestimatoria del recurso de apelación. En primer lugar, porque Fiscalía hace una lectura parcial y equivocada del artículo del CPP en cuanto al alcance del término de la prueba trasladada que alcanza cualquier actuación del proceso y en definitiva una interlocutoria es un instrumento publico. En cuanto al contexto del que habla Fiscalía, que no se sabía el contexto, basta con la lectura de la interlocutoria 2465/2022 que tiene no solo una parte dispositiva resolutoria, sino una parte expositiva y da cuenta pormenorizadamente cuales fueron los elementos que consideró la sentenciante para resolver en tal sentido. En la parte dispositiva, salvo que se piense digamos en argüir la falsedad de este instrumento público, es el levantamiento de las medidas cautelares del Sr. AA a expresa solicitud de la parte denunciante. Este Decreto es de 1 de setiembre de 2022. La pertinencia de este elemento de prueba creemos nosotros que no da lugar a la más mínima duda en relación a esa cronología de los hechos de cuando fue la denuncia, que fue en marzo de 2022 y en setiembre de ese mismo año, plantea el levantamiento de medidas cautelares contra quien hace alusión de quien cometió determinados delitos de abuso sexual hacia uno de sus hijos. Por estos motivos, consideramos que corresponde el rechazo de este recurso de apelación. d- Fiscalía replicó que la Defensa dice fechas pero así como se ingresaría así como lo llevo, decreto impreso, no especifica que IUE es, ni fecha tampoco. e- La Defensa duplicó señalando que la IUE está proporcionada en la contestación de la acusación f- Fiscalía insistió en que si se ingresa así el documento, no se sabe la fecha. Es solo un decreto, ni que IUE corresponde, sin perjuicio de que lo menciona la contestación. g- Por Decreto Nº 1057/2025 se franqueó la apelación, sin efecto suspensivo y con las formalidades de estilo. VIII)a- Por Sentencia Interlocutoria Nº 1059/2025 dictada en la audiencia celebrada el 17 de setiembre de 2025, se dispuso: “...Que la Defensa pretende ingresar como prueba trasladada una Sentencia Interlocutoria de la Sede de Familia Especializada Nº 1726/2022 en IUE 596-22/2022 que Fiscalía se opone expresando que estaría mal propuesta dicha prueba por no ser una diligencia probatoria que se haya diligenciado en otra Sede y que no resulta su pertinencia que habiendo tenido acceso la Fiscalía a dicha prueba la defensa alega que es pertinente a su teoría del caso, que pretende probar quien tenía la tenencia de la victima al momento de esa denuncia y que se trata de prueba trasladada por estar incorporada a otro proceso. Que en el caso de información producida en otros ámbitos institucionales debe analizarse cada medio de prueba a trasladar analizándose asimismo las reglas formales de introducción de la prueba. En este caso tratándose de un documento (sentencia interlocutoria no genera complejidad para su ingreso pudiéndose ingresar incluso por lectura en el juicio oral) Dicho documento producido en otras actuaciones procesales fue dictado con la presencia de la víctima debidamente asistida habiendo la Fiscalía teniendo conocimiento oportunamente de la prueba y de los autos en los que se encuentra. En su merito de provee: Admítase la prueba trasladada respecto de la interlocutoria...” b- Fiscalía interpuso recurso de apelación contra la sentencia precedente. Postuló que los fundamentos son los mismos, el art 145 del CPP la prueba trasladada refiere a prueba producida en otro proceso, entendemos que no es una prueba que se haya producido dentro del proceso, sino de una Juez en Sede de Familia, que no se va a acceder al contexto del expediente. Si bien es público y nosotros podemos ir, la Juez al momento de dictar sentencia no va a tener forma de saber en que contexto se dio y tampoco nosotras podemos contra interrogar una foja, por eso tampoco entendemos que corresponda el ingreso. c- Conferido traslado a la Defensa, lo evacuó señalando que como en anteriores intervenciones entendemos que corresponde rechazar el recurso interpuesto, que la Fiscalía hace una lectura equivocada del art 145 del CPP con un criterio muy restrictivo y rígido que no garantiza la actuación de la Defensa en juicio y en cuanto al contexto de como, al contexto procesal en ese juicio. Lo mismo que en anteriores oportunidades, basta con leer la interlocutoria para advertir que tiene una parte expositiva muy sugerente en cuanto a su contenido, la referencia que hay a abuso de las vías procesales, a la alarma que genera ese tipo de planteos reiterados, porque han sido sostenidos en el tiempo. Fueron todas cuestiones evaluadas y advertidas por la Sede interviniente y en cuanto a la pertinencia de esta prueba en relación a la teoría del caso de la Defensa, nos parece importante esta otra referencia explícita que hace la victima en ese proceso, que es que la referencia a la no necesidad de medidas cautelares con su ex pareja ni respecto de sus hijos y poner el levantamiento de las mismas en atención a la autonomía de la voluntad. En base a todo este contexto y vinculación lógica que tiene este elemento de prueba, este instrumento público con relación a la teoría del caso de la Defensa y la hipótesis explicativa alternativa que se plantea diferente a la de la acusación, debe desestimarse el recurso e incorporarse en el juicio esa prueba trasladada. d- Por Decreto Nº 1060/2025 se franqueó la apelación, sin efecto suspensivo y con las formalidades de estilo. IX) La Sala asumió competencia, se dispuso el estudio simultáneo por los integrantes y se acordó sentencia en legal forma. CONSIDERANDO: I) La Sala con la mayoría legal requerida, confirmará las Sentencias Interlocutorias Nº 960/2025, Nº 963/2025 y Nº 970/2025 dictadas en la audiencia de control de acusación (primera fase) celebrada el 9 de setiembre de 2024. El bloque argumental constituido por los agravios de la Defensa carece de la virtualidad jurídica necesaria para hacer naufragar lo decidido. A su vez, también se confirmarán las Sentencias Interlocutorias Nº 1054/2025, Nº 1056/2025 y Nº 1059/2025, dictadas en la audiencia de control de acusación (segunda fase) celebrada el 17 de setiembre de 2025. Los argumentos expuestos por la titular de la acción penal carecen de la eficacia y eficiencia necesaria para decidir en sentido contrario a lo que se resolvió en Primera Instancia. Lo expuesto es en mérito a las consideraciones que se expondrán. II) En el aspecto formal corresponde señalar que en la tramitación las partes han contado con las garantías del debido proceso, en particular el pleno ejercicio del derecho de Defensa. Sin embargo, se observa que culminada la primera fase de la audiencia intermedia, debieron elevarse las actuaciones a la Sala sin esperar la elucidación de lo que ocurría en la segunda etapa de la misma. Al respecto debe tenerse en cuenta, lo previsto en el artículo 365 del CPP respecto a que en las resoluciones recaídas en audiencia sobre medios de prueba, el recurso de apelación se interpone y sustancia en la misma audiencia que se dictó la recurrida. La vía impugnativa se admite sin efecto suspensivo y la pieza correspondiente debe elevarse al Tribunal de Apelaciones en el plazo de 48 horas. Por lo tanto, al aguardar a la segunda etapa de la audiencia intermedia para conformar y elevar una única pieza por todas las impugnaciones, se vulneró lo previsto en la norma referenciada en lo atinente a las resoluciones pronunciadas y recurridas en la primera fase. A su vez, se observa en lo que hace a la impugnación de la Sentencia Interlocutoria Nº 1056/2025, que después de la expresión de agravios y de la contestación de los mismos, se admitió la ampliación de los primeros por parte de Fiscalía, de los segundos por la Defensa e incluso una nueva intervención de la Fiscalía, lo que sin excepción de especie alguna no resulta admisible ya que en los supuestos en el que procede el recurso de apelación los agravios quedan circunscritos a los expuestos primariamente, lo mismo con la contestación, sin posibilidades de réplica y duplica. No existe traslado de los traslados y esto es lo que ocurrió en la audiencia. Distinto es lo que sucede en el debate previo a que se adopta una resolución y también por expresa previsión legal en lo que refiere a los alegatos finales en el juicio oral (art. 271.6 del CPP). III) Asistimos a seis Sentencias Interlocutorias que acceden a la Sala vía recurso de apelación, dictadas en el marco de la audiencia de control de acusación o audiencia intermedia. El eje temático en la primera de ellas está constituído por el planteo por una cuestión previa por parte de la Defensa, como lo es haber instado el sobreseimiento de los acusados. A su vez, en la segunda es la prueba testimonial y documental. En la tercera, el eje temático es la prueba pericial. Finalmente, en las últimas tres decisiones hostilizadas, el mismo está constituido por la prueba trasladada. El hilo que liga a lo actuado es el cuestionamiento que realizan las partes a las decisiones adoptadas. IV) Parra Quijano en Manual de Derecho probatorio, pág. 8 y ss. ha señalado “En un proceso no solo se recauda o aporta una prueba, sino que es normal que aparezcan varias, inclusive de la misma especie, en todos esos casos la necesidad de estudiar la prueba como un todo salta a la vista, estudio que se debe hacer buscando las concordancias y divergencias, a fin de lograr el propósito indicado”. En el mismo sentido, Dohring en “La prueba. Su práctica y apreciación, pág. 408” señaló: “Por necesario que sea examinar por separado cada pieza probatoria, no lo es menos a preciar la contextura, o sea las probanzas en sus encadenamientos. Algunos hechos singulares no podrían ser nunca plenamente entendidos por cierta certeza mediante una consideración que abrace el todo. Por eso, los Tribunales superiores siempre han vuelto a señalar la importancia de los esfuerzos intensivos por lograr un cuadro conjunto convincente”. V) Debe tenerse en cuenta que para que la prueba solicitada pueda incorporarse al proceso debe cumplir con una serie de estándares tendientes a resguardar el lógico equilibrio del sistema jurídico, pues, si parece imposible pensar en un sistema jurídico donde todos los aspectos del fenómeno probatorio estén completamente regulados por el derecho, tampoco parece fácil pensar en un sistema jurídico que encarne de manera absoluta el sistema de la freedom of proof, un sistema donde la prueba esté completamente desregulada, entregada por entero a las reglas epistemológicas o a los patrones de la racionalidad empírica (Cf. Marina GASCON ABELLÁN “Freedom of Proof” El cuestionable debilitamiento de la Regla de exclusión de la prueba ilícita). En efecto, la libertad probatoria no significa ni puede significar, que se realice prueba de cualquier forma (teniendo en cuenta que existen regulaciones procesales sobre los medios de prueba) ni menos aún a cualquier costo, puesto que las normas determinan la existencia de limitaciones precisas derivadas del respeto a los derechos humanos. Prueba ilícita es aquella que ha sido recolectada o reunida mediante la violación de normas, reglas o principios de orden legal pero, fundamentalmente, constitucional o del derecho internacional de los derechos humanos. En este sentido, la misma puede ser considerada una especie del género de la inadmisibilidad probatoria pero vinculada, particularmente, a aquella prueba que se obtiene con violación de garantías sustanciales recogidas por la Constitución de la República o los Tratados Internacionales de Derechos Humanos. Sobre el concepto de prueba ilícita KLETT, citando a ADA PELLEGRINI, expresa que debe entenderse: “por prueba ilícita (rectius, prueba obtenida por medios ilícitos) la prueba recogida infringiendo normas de naturaleza material y, principalmente reglas y principios constitucionales”. “La cuestión denominada­ “prueba ilícita” se ubica, jurídicamente, en la investigación con respecto a la relación entre lo ilícito y lo inadmisible en el procedimiento probatorio y, bajo el punto de vista de la política legislativa, en la encrucijada entre la búsqueda de la verdad en defensa de la sociedad y el respeto de derechos fundamentales que pueden verse afectados por esta investigación. La prueba ilícita (u obtenida por medios ilícitos) encuentra en la categoría de la prueba prohibida. La prueba es prohibida siempre que sea contraria a una específica norma legal, o a un principio del derecho positivo”. De todos modos, aclara: “Por prueba ilícita, en sentido estricto, se indica la prueba recolectada infringiendo normas o principios colocados por la Constitución y por las leyes, frecuentemente para la protección de las liberalidades públicas y de los derechos de la personalidad y de su manifestación que es el derecho a la intimidad. La tutela constitucional de la intimidad, la honra y de la imagen parece justificar, más que nunca, la negativa del sospechoso o acusado a someterse a exámenes de partes íntimas, tanto como pruebas degradantes, porque nadie puede ser obligado a hacer prueba contra sí mismo.” Por su parte, MIRANDA ESTAMPES, diferenciando con precisión la prueba ilícita de la prueba irregular, indica: “Por prueba ilícita debe entenderse aquella prueba obtenida y/o practicada con vulneración de derechos fundamentales. Por el contrario, prueba irregular sería aquella obtenida, propuesta o practicada con infracción de la normativa procesal que regula el procedimiento probatorio pero sin afectación nuclear de derechos fundamentales. La anterior diferenciación conceptual tiene una enorme repercusión, pues la regla de exclusión probatoria y el reconocimiento de su eficacia refleja, que se expone más adelante, se debe predicar con exclusividad de la denominada prueba ilícita, mientras que la prueba irregular quedaría sometida al régimen de nulidad de los actos procesales, admitiéndose, en determinados casos, su subsanación y/o convalidación”. Una vez más, sobre el concepto de prueba ilícita GOMES SANTORO señala: “Como venimos de decir, el concepto de inadmisibilidad es amplio y una de sus subespecies es la prueba ilícita, la cual en el proceso penal cobra una especial relevancia. En el proceso, el camino a la certeza está guiado por las reglas que el ordenamiento jurídico determina, éstas no pueden desatenderse so pretexto de lograr el convencimiento judicial. Las normas que regulan la prueba son una garantía general y su transgresión, sea en la obtención sea la forma en que la prueba se incorpora al proceso, atenta contra un interés general. Como señalan GARDERES y VALENTÍN: “La obtención de la verdad no es actualmente un objetivo absoluto, sino que sólo puede realizarse cumpliendo ciertas reglas (constitucionales y legales) y con respecto a los derechos del imputado y de (terceros) frente a los cuales cede”. MINIVELLE habla de prueba prohibida y diferencia cuatro subespecies: 1) La prueba vedada a texto expreso por la ley. 2) La prueba cuya obtención o utilización no es prohibida expresamente, pero cuya prohibición se deduce del sistema, inclusive aplicando prohibiciones analógicas expresas. 3) La prueba irritual, aquí el medio de prueba es obtenido mediante violación a la ley. 4) La prueba ilícita propiamente dicha, en este caso el medio de prueba es obtenido extraprocesalmente, mediante violación de derechos sustanciales”. Asimismo, MINVIELLE señala: “El autor colombiano H. DEVIS ECHANDÍA define a la prueba ilícita como la “expresa o tácitamente prohibida por la ley o que atente contra la moral y las buenas costumbres del respectivo medio social o contra la dignidad y libertad de la persona humana o violan sus derechos fundamentales que la Constitución y la ley amparan. Y agrega el citado autor, la ilicitud puede resultar de: 1º) El medio mismo que se pretende emplear. 2º) El procedimiento empleado para la obtención de la prueba por sí misma ilícita. 3º) La violación de una norma que prohíba utilizar cierto modo de prueba, autorizado en general para un caso determinado o respecto ciertos hechos. 4º) La prohibición de investigar el hecho sobre el cual versa; 5º) en un sistema de medios taxativos, será lícito todo medio que no pueda quedar incluido entre los legalmente autorizados. Sobre el particular, M. CAPPELETTI, distingue: A) Las pruebas en sí y por sí admisibles (relevantes y eficaces) en juicio, las cuales, sin embargo, han sido creadas, o han llegado al sujeto que la introduce en juicio, a través de un acto ilegítimo. B) Las pruebas respecto de las cuales la ley prohíbe directamente la admisión en juicio, por tanto, la ilegitimidad es propia del acto mismo de admisión. VI) Como cuestión previa, en lo que hace a la Sentencia Interlocutoria Nº 957/2025 dictada en la audiencia celebrada el 9 de setiembre de 2025, importa destacar que por decisión de la a-quo las actuaciones no acceden a la Sala al respecto, pues se le confirió a la vía impugnativa un efecto diferido. Sin embargo, tal efecto fue derogado por el artículo 19 de la ley 19831, por lo que su aplicación no tiene anclaje en el derecho. Ello no obstante, la decisión adoptada por la a-quo no fue cuestionada por las partes, por lo que la Sede tiene vedado acceder a su conocimiento. VII) a- Sentencia Interlocutoria Nº 960/2025 dictada en la audiencia celebrada el día 9 de setiembre de 2025, por la que no se hizo lugar al pedido de sobreseimiento instado por la Defensa. b- Los letrados patrocinantes de los imputados movilizaron las vías impugnativas postulando que existe ausencia de evidencia de cargo suficiente para arribar a una condena en esta etapa. Sostuvieron que los elementos que obran en poder de Fiscalía no han sido adecuadamente sopesados, la que partió de una hipótesis y reconduce todo su accionar en función de la misma. Destacó que hay elementos de prueba que conoce la titular de la acción penal los que principio de objetividad mediante y entre los que mencionó la declaración de la tía abuela materna y la publicación en redes sociales, así como la no consideración de las patologías de trastornos mentales hacen a la ausencia de credibilidad del relato de las víctimas. c- Fiscalía en sede de contestación de los agravios, abogó por confirmar lo decidido, señalando que entendía que la Defensa hacía referencia a la hipótesis prevista en el artículo 130 literal A del CPP que alude a que agotadas todas las posibilidades probatorias, no exista plena prueba que el hecho imputado se haya cometido o que los imputados hayan participado en su comisión. Afirmó que en la especie hay prueba sólida, evidencias suficientes para mantener la acusación más allá de lo que declaró la tía. Refirió también a que una de las víctimas ha tenido varios intentos de autoeliminación, pero eso no le hace perder credibilidad a su declaración. A su vez, la otra víctima no tuvo intentos de autoeliminación. d- Ubicados en dicho terreno, la pretensión de la Defensa parece responder mas a una expresión de deseo que a una situación basada en las actuaciones cumplidas. No se configuran en el caso, con la provisoriedad que corresponde a este estadio procesal, ninguna de las causales previstas en los literales A, B y C del art. 130 del CPP. En efecto, no se encuentran agotadas las posibilidades probatorias respecto a la posibilidad de obtener plena prueba que los hechos atribuidos hayan sido perpetrados (literal A). Tampoco emerge, que los hechos atribuidos no se adecuen típicamente a una figura ilícita (literal B). Por otra parte, no resulta de modo indudable, que medió una causa de justificación, de inculpabilidad, de impunidad u otra extintiva del delito o de la pretensión penal (literal C). Las alusiones realizadas por la Defensa a la ausencia de evidencias, colide frontalmente con las pruebas ya producidas bajo la modalidad de prueba anticipada y con la que ha ofrecido Fiscalía para ser diligenciadas en el juicio. La referencia a una declaración testimonial como es la de la tía abuela materna, en principio no resulta armonica con lo declarado por las víctimas y con la evidencia reunida hasta el momento. Por lo tanto, cerrar en este momento el desarrollo de las actuaciones a través de un sobreseimiento no resulta ajustado pues se está lejos de considerarse agotadas las posibilidades probatorias. Será el juicio oral el ámbito adecuado para dirimir la eventual responsabilidad penal de los imputados, pues en esa instancia, el Juez de juicio analizará la prueba de cargo y descargo producida y podrá arribar a la decisión del tema. VIII)a- Sentencia Interlocutoria Nº 963/2025 por la que se admitió la prueba solicitada por Fiscalía en relación a la declaración de la Licenciada HH. b- La Defensa interpuso recurso de apelación contra ambas providencias. En lo que hace a la primera, refirió al control de fiabilidad, destacando que no cuestionaba el peso probatorio, sino la metodología implementada y como se construye una prueba. Postuló que correspondía rechazar la declaración de la testigo y la incorporación del informe como prueba documental. c- Fiscalía señaló que se trata de una licenciada en psicología que estuvo en contacto con ambas víctimas, sabe de las situaciones que vivieron. Se trata de una prueba importante pues las mismas le narraron los hechos que sufrieron. d- Ahora bien, Calamandrei decía que todas las libertades serían vanas sino pudieran ser reclamadas en juicio. En el mismo sentido es posible afirmar que la forma como se administra justicia en una sociedad constituye uno de los elementos más importantes para medir la democracia, destacándose en este aspecto el pleno ejercicio del derecho de defensa y su vinculación al debido proceso. La cuestión debe resolverse, como no podría ser de otra manera, conforme lo previsto en el ordenamiento procesal vigente. Debe tenerse en cuenta que podrá declarar como testigo “toda persona cuya declaración se considere útil para el descubrimiento de la verdad sobre los hechos investigados. Nadie podrá negarse a declarar como testigo, salvo las excepciones establecidas expresamente por la ley”. Puede declarar toda persona, no hay tachas ni testigos inhábiles “sin perjuicio de la facultad del Tribunal de apreciar el valor de su testimonio” (art. 149). A su vez las excepciones al deber de testimoniar están consignadas en el art. 150. Se trata de una facultad “podrán abstenerse de testificar en contra del imputado...”. Por otra parte el art. 151 alude a la abstención de rendir testimonio “deberán abstenerse de declarar quienes deban guardar secreto profesional o mantener información reservada o confidencial”. Sin embargo en el punto Nº 1 de este artículo se prevé que estas personas “no podrán negarse a testificar cuando sean liberadas del deber de guardar secreto por quien se los haya confiado”. A ello cabe agregar que la parte podrá contra examinar a los testigos e incluso proponer nuevos interrogatorios. Al respecto deberán tenerse en cuenta el objeto de la prueba previsto en el art. 141 del CPP. En efecto, es objeto de la prueba en materia penal: a) La comprobación de los supuestos fácticos descriptos en la ley como configurativos del delito imputado. b) La averiguación de la participación del imputado en los hechos. c) La concurrencia de causas de justificación. d) Las alteratorias que puedan existir. e) Los elementos que permitan el mejor conocimiento de la personalidad del imputado y puedan incidir en la individualización de la pena. A ello cabe agregar que conforme a lo previsto en el art. 144 del CPP “podrán probarse los hechos y circunstancias de interés para el caso, por cualquier medio de prueba, salvo que se encuentre expresamente prohibido por la Constitución de la República o la Ley. Por otra parte, corresponde consignar que la prueba documental se encuentra regulada en la Sección V del Capítulo I del Título VI del CPP, art. 173 a 176. Se puede incorporar todo documento que pueda servir como medio de prueba. El que lo tiene en su poder está obligado a presentarlo, exhibirlo o permitir su conocimiento, salvo excepciones debido a la prohibición legal o necesidad de previa autorización judicial. El reconocimiento cuando es necesario puede ser realizado por su autor o por quien resulte identificado según la voz, imagen, huella, señal u otro medio así como aquel que efectuó el registro. También puede ser llamado a reconocerlo una persona distinta en calidad de testigo. Cuando el documento consiste en una grabación, se debe disponer su transcripción en un acta con intervención de las partes (art. 175.2). En dicho ámbito conceptual, el medio probatorio propuesto por Fiscalía, cuestionado por la Defensa y acogido por la a-quo, esto es la admisión de la prueba que tiene relación con la licenciada HH, no ingresa en ninguna de las categorías que permite al Juez su rechazo. Por el contrario, podría aportar información de calidad al juez de juicio a la hora de decidir. Las referencia que hace la Defensa a la metodología utilizada y su incidencia en la credibilidad no son una razón para el rechazo del medio de prueba. A su vez, ello tampoco disminuirá las garantías que dispone, pues será a través del contra interrogatorio que en su caso podrá desplegar la estrategia que ha anunciado en tal sentido, en otras palabras poner de manifiesto la supuesta falta de credibilidad. IX)a- Sentencia Interlocutoria Nº 970/2025 por la que se admitió la prueba solicitada por Fiscalía respecto de las pericias de la Licenciada Sindy Janavel. b- La Defensa impugnó lo resuelto haciendo foco en las técnicas utilizadas, así como en los procedimientos seguidos, por entender que son inadecuados, no garantizan la objetividad, no son estandarizados. Señaló las diferencias entre la psicología forense y la psicología clínica, concluyendo que no se trata de una cuestión de valoración sino si el medio probatorio puede ser considerado por la falencias que adolece. c- La representante del Ministerio Público destacó en que es una perito del ITF, tuvo trato directo con las víctimas y con el relato de las mismas. Las técnicas utilizadas están avaladas incluso por la comunidad científica. Puso de manifiesto que la credibilidad a la que alude la Defensa será una cuestión para el juicio oral y que además la misma ofreció una meta pericia. d- Debe tenerse en cuenta que resulta indudable la importancia de la prueba pericial en todo proceso, en particular en el penal. Como señaló Edmund Locard “es imposible que un criminal actúe, especialmente en la tensión de la acción criminal, sin dejar rastros de su presencia”. La doctrina ha señalado que la función pericial requiere de tres funciones a saber, preparación técnica, moralidad y discreción. No se puede ser un buen perito si falta alguna de estas condiciones. El deber de un perito es decir la verdad, pero para ello es necesario primero saber encontrar la verdad y después querer decirla. Lo primero es un problema científico y lo segundo es una problema moral (conforme Fierro Méndez Heliodoro, La prueba en el Derecho Penal. Sistema acusatorio, Bogotá, Leyer 2006, p. 191). En consecuencia es deber del perito decir la verdad. Si lo hace, la prueba pericial cumple con su fin intrínseco: demostrar un hecho de forma objetiva, siempre desde el punto de vista científico. Estos conceptos hallan su respaldo legal en las previsiones del art. 178.2 del CPP “los informes deberán emitirse con imparcialidad, ateniéndose a los principios de la ciencia o reglas del arte u oficio que profesa el perito”. La prueba pericial no es un testimonio más, no es una opinión personal ni es subjetiva. Se trata de una prueba objetiva, por lo que aporta elementos de calidad. En efecto, se diligenciará en el juicio oral, prueba pericial, que más allá de quien la haya solicitado, permitirá a ambas partes en el marco de un sistema adversarial acercarse a la verdad de los hechos. Pasarán por el examen directo y el contra examen de las partes. En ambos, los puntos centrales serán por un lado, la experiencia y la experticia del perito, y por el otro su declaración sobre el estudio que llevó a cabo. Conforme lo previsto en el art. 178.3, en la audiencia los peritos exponen brevemente sobre el contenido y las conclusiones de su trabajo, luego son interrogados por las partes, incluso el Juez puede formular preguntas aclaratorias. En dicho marco conceptual y legal, debe tenerse presente que la prueba pericial regulada en los arts. 178 y ss. se incorpora al juicio oral mediante la declaración del perito. A su vez, bajo el nombre de “metapericias” se conocen los estudios practicados por un profesional respecto a un informe pericial realizado por otro, de las misma ciencia o disciplina. Su objeto es determinar si el peritaje ha sido realizado con el rigor técnico o metodológico que su ciencia lo exige para constituirse como medio de prueba válido en el contexto judicial. En otras palabras, se explora si los análisis contenidos en el informe dan como resultado las conclusiones allí expuestas. El meta peritaje pretende responder a cuestiones específicas sobre el informe emitido. Así sí es metodológicamente correcto, sí los instrumentos de evaluación empleados son los adecuados para el objeto del informe, sí el mismo es riguroso en sus contusiones o consideraciones, sí aparece en dicho informe referencias a juicios, diagnósticos o estudios de personas no evaluadas. Debe tenerse presente que al no disponer de acceso directo a los sujetos, se realiza un análisis teórico técnico del informe y de aquellos aspectos que se hallan considerado por el estado actual de la ciencia a la que refiere. Así las cosas, los cuestionamientos que hace la Defensa a la misión del medio probatorio, basándose en el control de fiabilidad trasversal a la evaluación de la admisibilidad no es de recibo. Todo lo relativo a las técnicas que se utilizaron así como a los procedimientos, serán una cuestión propia del contrainterrogatorio que en el juicio oral podrán llevar a cabo los letrados patrocinantes de los imputados, tanto en lo que hace a la experticia como a la experiencia de la perito del ITF. La falencias aludidas serán una cuestión que deberá acreditarse en la etapa correspondiente, sin perjuicio de lo cual nada habilita a rechazar el medio probatorio. Pretender que eventuales deficiencias metodológicas argumentadas, sean óbice para que el medio probatorio se diligencie en el juicio, colide con la necesidad de aportar la mayor información de calidad posible al Juez llamado a resolver. La eventual falta de esa calidad deberá ser dilucidada en la instancia correspondiente. X) a- Sentencia Interlocutoria Nº 1054/2025 por la que se admitió la prueba trasladada respecto de la Providencia Nº 479/2022 en la IUE 596-72/2022 de Sede de Familia Especializada. b- Sentencia Interlocutoria Nº 1056/2025 por la que se admitió la prueba trasladada respecto de la Providencia Nº 2465/2022 en la IUE 596-76/2022 de la Sede de Familia Especializada. c- Sentencia Interlocutoria Nº 1059/2025 por la que se admitió la prueba trasladada respecto de la Providencia Nº 1726/2022 en la IUE 596-22/2022 de la Sede de Familia Especializada. d- Fiscalía controvirtió las tres providencias por entender que la prueba trasladada refiere a la producida en otro proceso y en el caso se entiende que no es una prueba que se haya producido dentro del mismo sino una decisión de una juez y que no se va a poder acceder al contenido del expediente. e- La Defensa destacó el criterio restrictivo y rígido de la representante del Ministerio Público que no garantiza su actuación en el juicio. Puso de manifiesto que basta leer las interlocutorias para advertir que tienen una parte expositiva y una parte dispositiva. Destacó que hace a su teoría del caso, a la hipótesis alternativa que se plantea. f- Debe tenerse presente que el instituto de la prueba trasladada se encuentra regulado en el ordenamiento procesal penal en dos artículos, el 105 y el 145 del CPP. En el primero de ellos se consigna que las pruebas practicadas válidamente en un proceso se pueden trasladar al otro y tienen una eficacia similar a la que tendrían de haber sido diligenciadas en éste último, siempre que en el primitivo se hubieran practicado a petición de la parte contra quien se aduce o con audiencia de ella. En el segundo se establece que las pruebas producidas en otro proceso, sean nacional o extranjero, aún cuando no hubiera mediado contralor de las partes, serán apreciadas por el Tribunal de acuerdo a su naturaleza y circunstancia. A su vez, se le confiere a las partes la posibilidad de solicitar las medidas complementarias o ampliatorias que estimen del caso. Por lo tanto, bajo el paraguas de las normas referenciadas, la prueba trasladada admitida en las tres providencias hostilizadas por la titular de la acción penal, son de recibo. Para no soslayarlo, podría en su caso solicitar medidas complementarias o ampliatorias si entendiera como lo argumenta que solo se trata de sentencias interlocutorias y que no se podría contrainterrogar a estas. A ello cabe agregar, que hace a la posición alternativa de la Defensa y por lo tanto, a su posibilidad de producir prueba de descargo, la que en el caso puede aportar información de calidad al juicio. No ingresa en ninguna de las categorías que admiten su rechazo, por lo que no existe un argumento válido, para que las mismas no superen esta etapa intermedia y se depositen en el juicio oral. La Defensa puso de manifiesto ahora si, que hay que tener un concepto amplio de admisibilidad y relevancia probatoria. Por lo expuesto y las normas legales citadas, EL TRIBUNAL RESUELVE: CONFÍRMANSE LAS SENTENCIAS INTERLOCUTORIAS Nº 960/2025, Nº 963/2025 Y Nº 970/2025 DICTADAS EN LA AUDIENCIA DE CONTROL DE ACUSACIÓN (PRIMERA FASE) CELEBRADA EL 9 DE SETIEMBRE DE 2024. CONFÍRMANSE LAS SENTENCIAS INTERLOCUTORIAS Nº 1054/2025, Nº 1056/2025 Y Nº 1059/2025, DICTADAS EN LA AUDIENCIA DE CONTROL DE ACUSACIÓN (SEGUNDA FASE) CELEBRADA EL 17 DE SETIEMBRE DE 2025. OPORTUNAMENTE DEVUÉLVASE A LA SEDE DE ORIGEN. Dr. Luis Charles Vinciguerra – Ministro Redactor Dra. Adriana de los Santos Arigoni – Ministra Esc. Eric Longobardo Cantou – Secretario Letrado