Sentencia Interlocutoria N° 484/2025

N.º 484 Montevideo, 19 de setiembre de 2025 VISTOS: Para Sentencia Interlocutoria de Segunda Instancia, estos autos caratulados: “ AA . R eiterados delitos de estafa, reiterados delitos de apropiación indebida y un delito de calumnia y simulación de delito, todos ellos en régimen de reiteración real entre sí. ” IUE: 206 - 258 /202 5 , venidos a conocimiento del Tribunal, en mérito al recurso de apelación interpuesto por el Sr. Defensor particular del imputado AA, Dr. Nicolás Pereira contra las Sentencias Interlocutorias Nº 1802/2025 y Nº 1804/2025 dictadas en la audiencia celebrada el 12 de setiembre de 2025 por la Sra. Juez Letrado de primera instancia de Cerro Largo de 1º turno, Dra. Andrea Pereyra, con intervención de la Sra. Fiscal Departamental de Cerro Largo de 2º turno, Dra. Letizia Siqueira, y de los Sres. Defensores particulares de las víctimas, Dr. Carlos Esponda y Dr. Daniel Gómez. RESULTANDO : I) a- Fiscalía compareció ante la Sede judicial solicitando la formalización de la investigación seguida respecto de AA por la presunta comisión de reiterados delitos de estafa, reiterados delitos de apropiación indebida y un delito de calumnia y simulación de delito, todos ellos en régimen de reiteración real entre sí, en calidad de autor. En lo que hace a la relación de hechos y a la participación del imputado en los mismos señaló: “...Con fecha 11 de junio de 2025, compareció ante dependencias policiales el señor BB, Director Comercial de la empresa XX S.A., denunciando maniobras fraudulentas en perjuicio de la firma. Manifestó que ese mismo día recibió comunicaciones vía WhatsApp desde el abonado 099 055 225, de una persona que se identificó como “Daniel”. El interlocutor expresó interés en adquirir doce camiones de maíz, a retirarse en la planta de Paso Pereira, Tacuarembó, manifestando que la operación era realizada en nombre de la empresa XXX S.A., presidida por CC, aportando el RUT 214720920011 como respaldo. Confiando en la veracidad de la propuesta, XX tramitó la orden de venta y autorizó la carga de los doce camiones en la planta de Paso Pereira. La mercadería fue despachada con remitos oficiales, indicando los destinos que se habían proporcionado. No obstante, al emitirse la factura por la suma de U$S 90.517,30, XXX S.A. negó categóricamente haber contratado o autorizado la operación. BB aportó copia de la factura, así como las guías de despacho y los registros de carga de los vehículos. En el análisis posterior de los remitos y matrículas de los camiones, se constató que uno de ellos, matrícula LTP 2617, descargó en la empresa YY, sita en la ciudad de Tala, departamento de Canelones. Su titular, DD, manifestó que había adquirido el maíz directamente de AA, y no de XXX, aportando copia de la factura recibida y comprobante de transferencia bancaria efectuada en pago. De la verificación de otros remitos y de las declaraciones de transportistas, surgió que parte de la mercadería retirada en Paso Pereira había sido trasladada a un predio de EE, ubicado en el departamento de Florida. Por ello, personal policial procedió a realizar inspección ocular en dicho lugar, constatándose la existencia de silos con maíz coincidente con el retirado en Paso Pereira, bolsas utilizadas para su almacenamiento y un trailer de transporte. El procedimiento fue documentado en acta, incorporándose fotografías y registros audiovisuales. El propio EE expresó que la mercadería pertenecía a AA, quien había convenido con él el arrendamiento de espacio para depósito. Posteriormente compareció el Dr. Esponda, abogado de XX, ampliando la denuncia. Señaló que la maniobra del imputado no se limitaba a la utilización del nombre de XXX, sino que AA operaba bajo diferentes fachadas, emitiendo facturación a nombre de AA Insumos SAS” (RUT 090289680013, cuyo certificado en DGI se hallaba suspendido), de II y de JJ, este último familiar del imputado poseedor de antecedentes penales al igual que el imputado AA. Es relevante destacar que NN es la pareja de AA, circunstancia que explica el uso reiterado de sus cuentas bancarias para el ingreso de fondos provenientes de las maniobras. De esta forma, AA recibía el dinero obtenido de la comercialización fraudulenta en sus propias cuentas, en las de su pareja y en las de su tío, cerrando el circuito económico. Se pudo establecer en la investigación que el imputado utilizó para la compra de granos, de la empresa XXX SA, pero en éste caso su titular lo había autorizado a una compra al contado utilizando su empresa. El imputado le expresó al titular de dicha empresa que realizaría una compra al contado a nombre de XXX SA pero en realidad realizó dicha compra fue a crédito no habiendo abonado ni a XXX SA ni a XX el importe de los granos que levantó. Pero dicha situación es distinta a la relevada con la utilización de diversas firmas que utilizó para la compra de maíz en XX. El imputado por ser conocedor del rubro y haber trabajado con diversos productores , utilizó la información que ya contaba de dichas empresas y llamó a la empresa XX para continuar haciendo compras de maíz, aportando número de RUT y denominación de dichas empresas, incluso correos electrónicos, para que las órdenes de compra llegaran a su propio dominio. De ésta forma y mediante éste engaño, obtuvo el grano para su beneficio personal sin el consentimiento ni conocimiento de sus titulares. Dichas firmas son: “YYY”, en éste caso el imputado llamó manifestando ser empleado de dicha firma; “XXXX”; “ZZ” en éste caso quien se comunicó con XX fue una femenina aduciendo ser empleada de la firma y llamarse RR . Dicha femenina se trataba de una empleada del imputado de autos de nombre SS. “Ruiz Díaz Carrasco Tomasa y Rodríguez Ruiz Díaz Owen J.” “ Rodríguez Estevez Sergio Alejandro” “Plada Larrosa Wilmer Daniel” “Vera Machado Sonia”. Todas éstas firmas fueron usadas por el imputado para la compra de maíz a XX, dándose cuenta algunos de sus titulares de dicha situación al momento de recibir las facturas para el cobro por parte de la empresa. El perjuicio total estimado por XX ascendía ya a U$S 220.597,30. En el marco de la investigación, se identificó a múltiples transportistas y compradores a partir de los remitos, matrículas y facturas incautadas. Cada uno compareció en dependencias policiales, prestando declaración en acta y aportando documentación, que se detalla a continuación: LL, titular de Expreso San Ramón, declaró que realizó cuatro viajes de maíz contratados directamente por AA, habiendo coordinado con él a través del abonado 0000, línea personal del imputado. Entregó remitos de carga y comprobantes de pago. Precisó que las transferencias fueron realizadas a la cuenta ITAU N° 3905646 de NN, pareja de AA. TT, de la firma El Prestigio, manifestó que adquirió maíz de AA, recibiendo la mercadería acompañada de facturas emitidas a nombre de NN. Aportó copia de dichas facturas, acreditando transferencias efectuadas a cuentas de ésta. NN, de Molino Arbelo, relató que compró tres viajes de maíz, por los cuales realizó transferencias a cuentas de AA. Exhibió los resguardos bancarios que acreditan los depósitos realizados. UU, titular de Transportes Olaverry, expresó que efectuó siete viajes de maíz contratados por AA, pero que nunca percibió pago alguno. Señaló que toda la coordinación fue realizada mediante mensajes de WhatsApp desde el número 0000. Aportó capturas de las comunicaciones. ÑÑ, de Agro Maniva, declaró que adquirió maíz de AA, abonando mediante transferencias en parte a cuentas de AA y en parte a cuentas de NN. Entregó comprobantes de cada operación. OO indicó que compró cuatro viajes de maíz, realizando los pagos mediante transferencias a cuentas de AA, acompañando la documentación bancaria pertinente. PP, de la Veterinaria Bortagaray, declaró que adquirió siete viajes de maíz, pagando parte a AA y parte a JJ, tío del imputado. Exhibió facturas emitidas y resguardos de transferencias. KK, propietario del establecimiento “Sol a Sol”, refirió que el 12 de junio de 2025 recibió cinco camiones de maíz adquiridos a AA a través de un intermediario apodado “Guty”. Aportó facturas emitidas a nombre de NN, así como comprobantes de transferencias realizadas a la cuenta ITAU N° 00000 de NN, a la cuenta BROU N° 00000 también de NN, y transferencias directas a AA. VV, de la empresa ZZZ, manifestó que adquirió maíz de AA, entregando varios cheques como pago. Sin embargo, aclaró que solo uno pudo cobrarse, resultando los demás impagos. Entregó copia de los documentos. WW, representante de ZZ, indicó que adquirió maíz de AA, abonando mediante cheques y transferencias a la cuenta personal del imputado. Parte de la operación se compensó con deudas existentes. Exhibió cheques y resguardos bancarios. De esta forma, la investigación permitió acreditar con precisión el circuito económico ilícito: la mercadería era retirada de la planta de XX en Paso Pereira y se destinaba a predios vinculados a AA, como el de EE. Desde allí era redistribuida a distintos compradores, quienes pagaban mediante transferencias y cheques a cuentas de AA, de su pareja NN y de su tío JJ. El análisis de los resguardos bancarios y de las facturas emitidas confirma que el dinero girado por las operaciones se concentró en ese núcleo familiar, revelando que el imputado era el organizador y beneficiario de toda la maniobra. El modus operandi desplegado consistió en presentarse falsamente como representante de diversas empresas , gestionar operaciones de compraventa de maíz, retirar el grano, almacenarlo en depósitos propios o de allegados, revenderlo a terceros compradores con facturación a nombre de él o de su pareja y recibir los pagos en cuentas de su pareja, de él y de su tío, frustrando al mismo tiempo el pago a los transportistas mediante comprobantes falsos, o programados para una cuenta sin fondos. En consecuencia, de las actas de denuncia, inspección, declaraciones testimoniales, facturas, remitos de pesaje, comprobantes de transferencias bancarias, cheques y documentación audiovisual surge con claridad que el imputado AA fue quien planificó, organizó y ejecutó la maniobra de estafa, obteniendo un beneficio económico en perjuicio de XX, y de transportistas, por un monto total que supera los U$S 220.000. Se recabó declaración a la Sra. OO quien es dependiente del imputado y manifestó que conoce a AA de San Ramón porte su esposo JJ trabajaba para él en la Agro veterinaria “Todo Campo” que poseía, posteriormente les ofreció trabajar en Mariscalay trabajar en la balanza y ellos se mudaron a dicha localidad. Expresa que el imputado le solicitó llamara a la empresa “XX” para realizar compras , que dijera otro nombre y ella llamaba aportando su segundo nombre y su segundo apellido, en esas oportunidades la misma proporcionó su correo electrónico y los datos que proporcionó a XX eran de otras empresas con otros números de RUT. Cabe indicar que el esposo de la empleada del imputado, JJ, participó en el año 2024 de un hecho delictivo conjuntamente con el imputado por un presunto delito de Calumnia y Siimulación de delitos que más adelante se expondrá. El imputado en presencia de su Defensa y en Sede de Fiscalía admite haber utilizado el nombre y RUT de empresas que conocía previamente (al haber realizado negocios lo que permitió obtener sus datos) y de ésta forma adquirió el grano el que vendió con posterioridad a diversas personas. Expresa que el titular de la empresa XXX SA sí conocía que él iba a utilizar su empresa para la compra, sin perjuicio de ser una versión controvertida por los titulares, no obstante en relación a la utilización de las demás firmas, admite que sus titulares desconocían las compras a su nombre realizadas por el mismo. De lo que emerge de la carpeta investigativa y de acuerdo a los registros internos de la denunciante, el imputado ha realizado algunos pagos puntuales a dicha empresa significando un adeudo que supera los U$$210.000 (dólares estadounidenses doscientos diez mil), lo que actualmente significó la maniobra urdida. 2. EVENTO 22621244. Con fecha 11 de junio de 2025, el imputado AA, utilizando su número de celular 0000, contactó al denunciante EEE, consignatario de ganado, solicitándole la gestión de catorce camiones para transporte de maíz. Alemán manifestó en su declaración que solo pudo reunir nueve camiones, repitiendo uno de ellos el viaje, y que para ello contrató fleteros del departamento de Cerro Largo. El acuerdo económico consistía en un pago de U$S 11.343, a ser distribuido entre los camioneros mediante transferencias a sus cuentas bancarias. Los viajes se concretaron entre el 11 y el 13 de junio de 2025, partiendo de la planta de silos de La Rinconada y dirigiéndose a distintos establecimientos rurales en el departamento de Cerro Largo, entre ellos un predio ubicado a 18 km de la ciudad de Melo, camino al Barrio Soñora, lugar donde AA estaba presente al momento de la descarga. Sin embargo, el pago nunca se efectivizó. Durante unos veinte días, AA se mantuvo en contacto con FFF y los fleteros, enviando comprobantes de depósitos bancarios que resultaron apócrifos. Finalmente, dejó de responder a las comunicaciones. El denunciante EEE formalizó su denuncia en acta N.º 511/2025 de fecha 25 de junio de 2025, aportando: Capturas de pantalla de WhatsApp intercambiadas con AA, archivos de audio de voz remitidos por el imputado. Fotografías de los comprobantes de depósito (que nunca se verificaron) enviados por AA. Todo este material fue documentado por Policía Científica e incorporado a la carpeta en soporte multimedia.FFF agregó además que ya había declarado en la Jefatura de Florida en el marco de otro evento vinculado al mismo imputado, identificado como N.º 22523330 de fecha 11 de junio de 2025, evidenciando la reiteración de las maniobras fraudulentas. Posteriormente comparecieron los choferes: GGG: Denunció haber participado en traslados de maíz contratados por AA y no haber percibido pago. FFF (hijo del denunciante): Ratificó la contratación y señaló que los depósitos prometidos nunca se realizaron. HHH: Relató que realizó viajes de carga y descarga de maíz por encargo de AA, sin recibir el pago convenido. Todos ellos aportaron documentación y datos de los viajes realizados, quedando sus declaraciones registradas en actas y respaldo multimedia. Asimismo, el chofer III compareció y amplió la denuncia en acta Nº 582/2025 de fecha 27 de junio de 2025, relatando que participó en los traslados de maíz a pedido de AA, quien nunca abonó los servicios contratados. Por su parte, el testigo JJJ declaró en acta Nº 613/2025 de fecha 29 de junio de 2025, que el 11 de junio fue contactado por KKK, compañero fletero, para realizar un transporte de maíz desde la planta de silos de La Rinconada hasta el establecimiento sito a 18 km de Melo, camino al Barrio Soñora, para el indagado AA. La carga se efectuó el 12 de junio y se descargó el 13 de junio, encontrándose AA presente en el lugar. El servicio fue pactado en U$S 1.280, pero tampoco fue abonado. KKK agregó que JJJ le manifestó que él tampoco había cobrado y que radicaría denuncia por estafa. El engaño, el ardid, que realizó el imputado a los denunciantes fue que al realizar el trasporte, envió captura de pantalla de transferencias programadas a nombre de cada uno de los transportistas, de su cuenta de BROU con el pago de los diversos fletes, pago que nunca se concretó por cancelación de la referida transferencia. El imputado como se dijo, les enviaba a los transportistas, las constancias de trasferencias programadas, dando así una apariencia lícita al negocio, cuando en definitiva su intención era el engaño a fin de que los mismos realizaran el servicio, posteriormente o cancelaba la transferencia o dejaba su cuenta sin liquidez, teniendo presente que utilizaba otras cuentas para los depósitos de la venta de grano. Cabe indicar de los montos recibidos por el imputado en las ventas de maíz que adquirió de forma fraudulenta de XX, fueron depositados en su mayoría en las cuentas de la pareja del imputado NN, cuenta que según manifiesto el imputado en presencia de su Defensa era él que manejaba. El imputado en definitiva con la utilización de la cuenta de su pareja obtuvo los beneficios por la venta de los granos obtenidos de forma delictiva, conllevando a no poseer liquidez en sus cuentas a fin de hacer frente a los pagos de los trabajadores , los cuales fueron un eslabón mas de la multipicidad de conductas delictivas desplegadas por el imputado. De lo que emerge que las acciones desplegadas constituyen evidencia directa de la continuidad de las maniobras fraudulentas y de la participación del imputado AA que utilizaba servicios de transporte para trasladar los granos, como medio para obtener un beneficio económico ilícito en perjuicio de múltiples víctimas. Se debe tener presente la reiteración de las conductas siendo la denuncia realizada por la Asociación de Fleteros de Cerro Largo siete victimas, que fueron objeto cada uno de ellos de delitos de estafa. Evidencia De las diligencias cumplidas hasta el presente, surge un cúmulo de elementos de convicción que, apreciados en conjunto, permiten tener por acreditada las maniobras de estafas efectuadas por el imputado AA. Denuncia inicial de XX S.A. Acta de denuncia de BB, Director Comercial de la empresa, quien aportó copia de la factura por U$S 90.517,30 emitida a nombre de XXX S.A., junto con los registros de carga de los doce camiones retirados de la planta de Paso Pereira, Tacuarembó. Se incorpora además copia de la comunicación realizada con el abonado 0000, desde el cual se gestionó la operación bajo el nombre ficticio de “Daniel”. Constatación de descarga en YY (Tala, Canelones). Declaración de DD, titular de YY, quien manifestó haber recibido el maíz directamente de AA. Se acompañó factura emitida por AA y comprobante de transferencia bancaria efectuada a cuenta vinculada al imputado. Este elemento conecta el maíz retirado en Paso Pereira con su colocación en el mercado a través de AA. Inspección ocular en predio de EE (Florida). Acta policial de inspección, donde se constata la existencia de silos con maíz coincidente con el despachado por XX, bolsas utilizadas para su almacenamiento y un trailer de transporte. Se adjuntaron fotografías y videos del hallazgo. El propio EE manifestó que la mercadería pertenecía a AA, a quien había arrendado espacio de depósito. Ampliación de denuncia por el Dr. BB (XX). Señala que AA utilizaba como fachadas la empresa “Matías AA Insumos SAS” (RUT 090289680013, suspendido en DGI), así como a II y JJ. Aporta documentación contable que eleva el perjuicio a U$S 220.597,30. Declaraciones de transportistas y compradores. LL (Expreso San Ramón): Exhibió remitos de carga y comprobantes de transferencias a la cuenta ITAU N° 3905646 de NN. Coordinó viajes mediante el abonado 098 293 718. MM (El Prestigio): Aportó facturas a nombre de NN y comprobantes de transferencias a esa cuenta. NN (Molino Arbelo): Entregó resguardos de transferencias efectuadas directamente a cuentas de AA. UU (Transportes Olaverry): Relató que efectuó siete viajes sin recibir pago. Entregó capturas de WhatsApp desde el abonado 0000 de AA y comprobantes de transferencias prometidas que resultaron falsos ÑÑ (Agro ZZ): Aportó comprobantes de transferencias divididas entre cuentas de AA y de NN. OO: Entregó comprobantes de transferencias realizadas a cuentas de AA por cuatro viajes de maíz. PP (Veterinaria Bortagaray): Exhibió facturas y comprobantes de pagos realizados parcialmente a AA y parcialmente a JJ. KK (Sol a Sol): Aportó facturas a nombre de NN y comprobantes de transferencias realizadas a la cuenta ITAU N° 00000 y a la cuenta BROU N° 00000, ambas de NN, además de transferencias directas a AA. VV (Nuctramix): Entregó varios cheques emitidos en favor de AA, de los cuales solo uno fue efectivamente cobrado, quedando los demás impagos. WW (ZZZ): Entregó cheques y comprobantes de transferencias efectuadas a la cuenta personal de AA, declarando que parte de la operación se compensó con deudas previas. Resguardos de transferencias electrónicas a las cuentas de AA, de NN (ITAU 00000, BROU 00000) y de JJ. Facturas y e-facturas emitidas en todas las operaciones, mayormente a nombre de NN. Chats y audios de WhatsApp desde los abonados 099 055 225 (“Daniel”) y 0000 (número personal de AA), en los cuales se coordinaban los retiros y traslados. Fotografías y videos de la inspección en predio de EE, que acreditan la existencia del maíz almacenado. Imágenes de los camiones y del trailer utilizados en los traslados. - Declaración de denunciantes transportistas de carga. - Documentación por Policía Científica de las comunicaciones efectuadas por los mismos y el imputado donde consta la contratación de los fletes y las constancias de transferencias efectuadas por AA que nunca se realizaron. - Documentación de remitos de fletes realizados por transportitas. - DELITOS RELACIONADOS A SEMOVIENTES: 3) Evento Policial N.º 22261836 – NUNC 2025147275 Con fecha 27 de abril de 2025, la víctima AAA, de 56 años, publicó a través de internet la oferta de venta de varios animales vacunos. A raíz de dicha publicación, tomó contacto con él el indagado AA, quien manifestó interés en adquirirlos. Tras diversas conversaciones, acordaron la compraventa de 20 vacunos en total, 11 terneros y 9 terneras, de raza Red Angus y Snepol, pactándose el pago al contado por la totalidad de los animales. Para el traslado, intervino como transportista el testigo BBB, propietario de un camión marca JAC, matrícula BDA0934, quien acudió al establecimiento rural de la víctima. No obstante, la víctima se negó a permitir la carga de los animales si el propio AA no se hacía presente, dado que únicamente había tratado con él por vía telefónica. Posteriormente, el indagado compareció en el lugar, y se procedió a coordinar el pesaje de los animales en una balanza provista por el propio AA. Acto seguido, el indagado remitió vía WhatsApp los documentos con los datos de pesaje, los cuales la víctima advirtió presentaban adulteraciones y resultaban inconsistentes. A partir de ello, la víctima realizó averiguaciones y fue advertida de que AA habría incurrido en estafas similares en otros departamentos. Simultáneamente, personal de la Brigada Departamental de Seguridad Rural se comunicó con la víctima, informándole que animales de su propiedad habían sido intervenidos en Durazno, pese a que aún figuraban como registrados en su campo. La víctima intentó reiteradamente comunicarse con el indagado, sin obtener respuesta. En una ocasión atendió una mujer que dijo ser su esposa, quien manifestó que transferiría el dinero adeudado. Sin embargo, al realizar el cálculo del pago y del peso de los animales, la víctima comprobó que el indagado solo había abonado aproximadamente la mitad de lo pactado. Al recriminarle la maniobra, AA lo amenazó, lo que llevó a la víctima a radicar la denuncia correspondiente. Evidencia del evento 22261836: 1. Denuncia de la víctima AAA, con declaración en acta ante Seccional 3ª de Pan de Azúcar. 2. Publicación en internet donde se ofrecían los animales, con capturas de pantalla del aviso. 3. Capturas de pantalla de conversaciones vía WhatsApp entre la víctima y el indagado, incluyendo documentos de pesaje adulterados. 4. Datos de pesaje remitidos por el indagado, exhibidos por la víctima. 5. Referencia al transporte utilizado, camión marca JAC matrícula BDA0934, conducido por BBB. 6. Número de guías de transporte y pre-embarque de los animales, que el indagado nunca entregó a la víctima. 7. Comprobantes de giros bancarios a través del BROU, aportados por la víctima, que reflejan un pago parcial inferior al pactado. 8. Acta de declaración del testigo BBB, relativa a su intervención en el transporte. 9. Números de caravanas identificatorias de los animales denunciados, aportados en la investigación. 10. Informe policial de la Brigada Departamental de Seguridad Rural sobre animales intervenidos en Durazno que aún figuraban registrados en el campo de la víctima. 4) Evento Policial N.º 21028263 – NUNC 2024334391 Con fecha 12 de setiembre de 2024, la víctima CCC, hacendado, de 62 años al momento de los hechos, tomó contacto mediante la aplicación WhatsApp con el número celular 0000, perteneciente al indagado AA, quien se presentaba como dedicado a la exportación de ganado. En el intercambio de mensajes, acordaron la compraventa de 24 terneros en pie, con un peso aproximado de 300 kilogramos cada uno, pactándose un precio de U$S 2,65 por kilogramo, lo que arrojaba un valor aproximado de U$S 795 dólares por animal y un monto total de U$S 19.080 dólares. La modalidad convenida era que, una vez pesado el ganado, el indagado debía realizar un depósito en la cuenta BROU de la víctima, abonando el precio de contado. Posteriormente, el indagado concurrió al establecimiento rural de la víctima, verificó los animales, y se convino que enviaría un camión para retirarlos. El 23 de octubre de 2024, efectivamente llegó un transporte que cargó los 24 terneros, siendo destinados a pastoreo en los predios registrados ante DICOSE N.º 078901527 (XX S.A., Ruta 5 km 98,500, Florida) y DICOSE N.º 071334279 (XXX S.A., Puntas de Maciel, Florida). El transporte fue gestionado por un camionero de apellido JJJ, con celular 000000. En cuanto al pago, el 25 de octubre de 2024 el indagado remitió a la víctima un documento de transferencia a terceros, programando la suma de U$S 5.000 para el día 28/10/2024 en la cuenta 110208266-00003, lo que nunca se acreditó en la cuenta de la víctima (001525217-00001). Ese mismo día también envió un documento de “constancia de propiedad y tránsito de animales registrados”, y el 28/10/2024 remitió otro recibo por los 24 terneros, con un total de U$S 16.756,91, del cual deducía supuestos conceptos de comisión e impuestos por U$S 1.037,11, pretendiendo que la víctima recibiera U$S 15.719,80, cifra distinta a lo pactado personalmente. El 31 de octubre de 2024, AA envió foto de un cheque diferido del BROU, serie 61 N.º 131901, por U$S 10.000, con fecha de cobro 30/11/2024, el cual nunca entregó a la víctima. En las semanas siguientes, el indagado continuó enviando documentos y capturas de pantalla de cuentas bancarias, con el fin de aparentar voluntad de pago, efectuando en realidad solo pequeños depósitos parciales: - 11/11/2024: Depósito de U$S 200. - 19/11/2024: Depósito de U$S 200. - 25/11/2024: Envío de foto de cheque diferido del Banco Santander, serie 72 N.º 470633, por U$S 22.000, con fecha de cobro 18/02/2025, lo que resultó ser otra maniobra evasiva. - 04/12/2024: Transferencia de U$S 600, efectivamente acreditada. En definitiva, pese a haber retirado la totalidad de los animales, el indagado nunca cumplió con el pago del precio convenido, abonando apenas sumas insignificantes frente al monto total adeudado. La víctima estimó el perjuicio en U$S 16.756,91, señalando que las deducciones de impuestos no fueron acordadas y que los recargos serían a cargo del comprador. La maniobra fue documentada por la Policía, relevándose los chats de WhatsApp mantenidos entre la víctima y el indagado, los documentos enviados, fotografías de cheques y transferencias, así como el acta voluntaria de la víctima, constatándose que el número 098293718 corresponde al indagado AA. Evidencia del evento 21028263: 1. Denuncia presentada por CCC, con su declaración detallada de los hechos. 2. Chats de WhatsApp mantenidos con el número 098293718 del indagado, exhibidos por la víctima. 3. Documentos de transferencias y recibos remitidos por el indagado, incluyendo: - Documento de transferencia de U$S 5.000 programada para el 28/10/2024. - Recibo por U$S 16.756,91 con deducciones no acordadas. - Foto de cheque diferido del BROU, serie 61 N.º 131901, por U$S 10.000. - Foto de cheque diferido del Banco Santander, serie 72 N.º 470633, por U$S 22.000. 4. Comprobante de depósitos parciales efectuados por el indagado (U$S 200 el 11/11/24, U$S 200 el 19/11/24 y U$S 600 el 04/12/24). 5. Datos de transporte del ganado retirado, con referencia a los DICOSE de destino (XX S.A. y XXX S.A.) y contacto del camionero KKK (00000). 6. Acta voluntaria de la víctima y registro del celular documentado por la Policía. 7. Constatación en el Sistema de Gestión de Seguridad Pública de que el número 098293718 pertenece a AA. 5. Evento 22869405, NUNC 2025225295 Con fecha 5 de junio de 2025, la víctima DDD, de 42 años, peón rural domiciliado en Santa Bernardina, Durazno, concretó la venta de 10 terneros mediante guía de propiedad y tránsito serie C N.º 880325 a la firma representada por II. El precio acordado ascendía a U$S 5.600, recibiendo en ese momento únicamente la suma parcial de U$S 2.000, quedando pendiente un saldo de U$S 3.600. Posteriormente, la víctima intentó en varias oportunidades cobrar el resto del precio pactado, estableciendo comunicaciones con AA, quien actuaba como intermediario en la transacción. En las primeras instancias, AA brindó excusas evasivas, y finalmente procedió a bloquear toda comunicación con la víctima, imposibilitando el cobro del saldo adeudado. Ante esta situación y al constatar que no se cumplió con lo acordado, la víctima compareció ante la Brigada Departamental de Seguridad Rural de Durazno el día 21 de agosto de 2025 a la hora 16:55, denunciando formalmente los hechos y señalando como responsables a II y AA. Expresó además que ampliaría la denuncia mediante escrito presentado por su abogado, lo que efectivamente se concretó con la denuncia escrita ingresada el 28 de agosto de 2025 por el Dr. Nicolás Irrazábal. Evidencia del evento: Denuncia inicial de DDD, presentada el 21/08/2025 ante la Brigada Departamental de Seguridad Rural de Durazno. Guía de propiedad y tránsito serie C N.º 880325, acreditando la venta de 10 terneros a la firma de II. Constancia del pago parcial de U$S 2.000 efectuado al denunciante, quedando un saldo pendiente de U$S 3.600. Comunicaciones iniciales entre la víctima y AA, donde brindó excusas para no cancelar la deuda, seguidas del bloqueo de contacto. Denuncia escrita presentada por el Dr. Nicolás Irrazábal el 28/08/2025, ingresada al expediente policial. Identificación de los indagados: II y AA, ambos señalados como responsables de la maniobra. 6) DELITO DE CALUMNIA Y SIMULACIÓN DE DELITO: Evento19226439: En la madrugada del 19 de marzo de 2024, AA, de 33 años, productor rural domiciliado en Ruta 94 km 99, departamento de Florida, se levantó alrededor de las 05:30 horas y al salir al exterior de su finca notó la ausencia de su camioneta Nissan Frontier NP300, matrícula SCF2927, que había dejado estacionada en la portera de ingreso, a unos 20 metros de su vivienda. Según su testimonio, la última vez que vio el vehículo fue entre las 20:30 y 21:00 horas del día anterior, cuando regresó de trabajar. A las 21:30 se acostó a dormir junto a su familia. Durante la madrugada, aproximadamente a la 01:00, se levantó brevemente debido a que se activó la llave de corte general de electricidad, ubicada junto a la puerta trasera de ingreso. No escuchó ruidos ni observó movimientos sospechosos, y no miró hacia el exterior antes de volver a acostarse. El vehículo, según declaró, estaba asegurado por la empresa Porto Seguro bajo la póliza AR072683, vigente hasta el 31/08/2024. No contaba con sistema de alarma, pero sí estaba trancado y bloqueado. AA tenía en su poder ambas llaves. No poseía cámaras de videovigilancia en su propiedad. La pérdida fue avaluada en USD 20.000. En el interior del vehículo se encontraban un teléfono celular marca Xiaomi de color negro y una computadora portátil marca Apple de color gris claro, esta última avaluada en USD 500. A las 08:00 horas del mismo día, QQ, de 71 años, denunció haber avistado un vehículo completamente incendiado en Camino Vecinal Paso Soria. La Policía se trasladó al lugar y constató que se trataba de una camioneta de similares características a la denunciada como hurtada. El testigo RR, acampado a unos 150 metros del lugar, declaró no haber visto nada fuera de lo normal. La Policía Científica realizó el relevamiento criminalístico de la escena. El vehículo fue recuperado, aunque completamente incinerado, y posteriormente entregado bajo firma a AA. Durante la investigación, se citó a JJ, empleado de AA, quien declaró voluntariamente que, por temor a perder su trabajo, accedió a participar en un plan ideado por su patrón para incendiar la camioneta y simular su hurto con el fin de cobrar el seguro. Según JJ, ambos se dirigieron en la madrugada al Paso Soria, donde rociaron el vehículo con nafta y lo incendiaron. Luego regresaron juntos en un automóvil Audi propiedad de AA. JJ afirmó que la idea fue planteada por AA unos diez días antes del hecho. También mencionó que AA le pidió que no entregara su celular ni proporcionara el IMEI, y que borrara cualquier conversación relacionada. Posteriormente, AA fue citado a declarar pero no se presentó, alegando que se dirigía a Montevideo para reunirse con su abogado. Su pareja, II, confirmó que la relación entre AA y JJ era buena y no aportó datos relevantes. Finalmente, AA admitió haber planificado el incendio del vehículo y haber realizado la denuncia falsa por hurto, retractándose posteriormente ante la aseguradora. Evidencia del evento 19226439: Acta N° 89 – Declaración inicial de AA. Póliza de seguro N° AR072683 – Porto Seguro. Fotocopia de libreta de propiedad del vehículo. Fotografía del vehículo antes del incendio. Acta N° 93/2024 – Interrogatorio ampliado a AA. Fotografía del juego de llaves del vehículo. Acta de interrogatorio voluntaria de JJ. Acta de interrogatorio voluntario de NN. Documentación enviada por el abogado defensor: Historia clínica de emergencia. Poder para pleitos. Acta de interrogatorio final de AA...” b- Se convocó a la audiencia de precepto. II)a- Por Sentencia Interlocutoria Nº 1802/2025 dictada en la audiencia celebrada el 12 de setiembre de 2025, se dispuso la formalización de la investigación seguida respecto: “...AA a solicitud de Fiscalía por reiterados delitos de estafa, reiterados delitos de apropiación indebida y un delito de calumnia y simulación de delito, todos ellos en régimen de reiteración real entre sí...” b- La Defensa anunció la interposición del recurso de apelación contra la decisión adoptada. c- Por Decreto Nº 1803/2025 dictado en la misma audiencia, se dispuso: “...Se tiene por anunciado recurso de apelación respecto de la Sentencia Interlocutoria Nº 1802/2025, sin perjuicio de lo dispuesto en el art. 365 del C.P.P...” III)a- Prosiguiéndose con la audiencia, por Sentencia Interlocutoria Nº 1804/2025 se resolvió: “...1. Dispónese la prisión preventiva de AA, por el término de 120 días, la que vencerá automáticamente el día 5 de enero de 2026 a las 19:30 horas. 2. Déjese constancia que médico forense de ITF expidió informe en el que consta que actualmente no existen contraindicaciones para la permanencia del imputado en reclusión. Solicitase nuevo informe médico forense en el término de treinta (30) días, con historia clínica. 3. Ofíciese al Hospital Evangélico a efectos de la remisión de historia clínica, otorgando consentimiento el imputado para ello. 4. Ofíciese a INR a efectos de que tenga en cuenta la situación de salud del imputado, debiéndole proporcionar la medicación que se le ha prescripto. 5. A las medidas cautelares solicitadas por las víctimas, ha lugar diponiéndose la traba del embargo genérico solicitado respecto del imputado AA, respecto de AA, FF, GG, así como el embargo sobre las cuentas BROU 1582325/3 a nombre del imputado y cuenta ITAU a nombre de NN 3905646 hasta cubrir la suma reclamada e iliquidos (artículo 354 del CGP), dejando constancia que se exonera de contracautela, oficiándose al Registro de Actos Personales y a las entidades bancarias referidas y Banco Central del Uruguay...” b- La Defensa anunció la interposición del recurso de apelación contra lo resuelto. IV) a- Fue entonces que de conformidad a lo previsto en el art. 365 del CPP, en la redacción dada por el art. 42 de la ley 19889, se procedió a expresar agravios respecto a ambas decisiones impugnadas, en la propia audiencia por parte de la Defensa. b- Señaló que de modo genérico quería primero establecer un agravio contra el acogimiento de la solicitud de prisión preventiva, a pesar que se tuvo en cuenta el planteo relativo a la salud del imputado, lo que se va a hacer efectivo a través de una conducción urgente al ITF. La aplicación del principio de necesidad de la prisión preventiva en un sistema democrático entraña el cumplimiento de dos exigencias. Así las cosas, dijo que se había cometido un error en cuanto al orden de expresión de los agravios ya que este era el momento para exponer los mismos en lo que hace a la admisión de la formalización de la investigación. Afirmó que le causaba agravio que se haya acogido la formalización con esos requisitos de prueba enunciados. Consideró que en nuestro país, en el derecho penal patrio, no existe la prisión por deudas. Las estafas por las que se lo acusa, son atípicas, no se configura el medio, la ideoneidad de los engaños que se le atribuyen. Las maniobras propuestas fueron tan burdas, tan ridículas que no son dignas de generar error y menos ante un comerciante agropecuario del tamaño y trayectoria de la empresa denunciante. Se cuenta con una organización empresarial que viene de muchos años, la que obviamente tiene experiencia en la materia. Entonces que se califique como idónea la simple invocación de otra persona para contratar hecha por tierra la idoneidad del engaño y por tanto con la mayoría de los maestros penales que han enseñado que el engaño tiene que ser mínimamente coherente y convictivo para inducir en error al contrario. Hasta allí la razón, el agravio por el que no corresponde la formalización respecto a los delitos de estafa. Tenemos determinados hechos que no son constatados pero si se constata la forma que Fiscalía los califica, lo hace como delitos, serían negocios que si bien están cargados de muchos problemas que produjeron daños, no hubo estafa. En lo atinente a la imputación de reiterados delitos de apropiación indebida de semovientes, en realidad no está acreditado que haya sido por calidad de intermediario, incluso algunos animales fueron encontrados en el domicilio del imputado, lo que determina que no hubo intermediación o al menos intermediación total. Existieron pagos en ambos sentidos, tanto en las estafas como en las apropiaciones indebidas atribuidas. Respecto a la simulación de delito o calumnia, si hay un delito en que la principal víctima no quiere seguir adelante, por lo que en base al principio de oportunidad o a otras herramientas con que Fiscalía contaba pudo haber archivado esta imputación. Por lo tanto, la formalización en lo que hace a dicho ilícito debería ser desechada. Volviendo al argumento general sobre la oposición debe desecharse por no cumplir con la semiplena prueba, no está dada siquiera bajo el artículo 266 del CPP. Pasando a la medida cautelar de prisión preventiva, la aplicación del principio de necesidad de la medida cautelar en un sistema democrático entraña el cumplimiento de dos exigencias mínimas, por un lado la excepcionalidad conforme la cual la medida nunca puede convertirse en la regla general y debe adoptarse exclusivamente cuando se dan los fines que la justifican. Además, debe ser indispensable la adopción de la misma, que exista una imputación grave, que haga presumir una fuga. Hay otro subprincipio que exige la justificación objetiva de la prisión preventiva, porque se está dañando la libertad de una persona que es padre de familia, tiene tres hijos, tiene pareja, ha formado una familia. Aplicando el principio de necesidad, se discrepa con el fallo en el sentido de encontrar alguna otra alternativa menos gravosa para limitar la libertad del imputado, sobre todo con las razones de salud que fueron explicadas y probadas. Cuando Fiscalía argumenta la existencia de varios peligros a la vez, como dice Leticia Lorenzo, generalmente el Juez tendría que tender a no acreditar la existencia de ninguno. Acá acreditó los cuatros riesgos, por lo cual el término solicitado resulta excesivo. Se agradece que se haya cortado, pero igual es demasiado 120 días. Teniendo en cuenta la rapidez con que el Ministerio Público actuó en estos dos o tres días, esto atenta contra el argumento que precisa 180 días para terminar o encaminar la investigación con una acusación acorde a los requisitos del CPP. Los argumentos que acogió la Sede en cuanto a que conocía la orden de detención, su pareja estaba detenida y su hijo también y que hubo una propuesta de hacerlo al otro día, eso tiene una explicación lógica. Consideraba que si se entregaba en Florida iba a demorar mucho en ser trasladado a Cerro Largo y así ponerse a disposición de la Justicia en otro departamento. Los hechos después se cumplieron de esta manera, llegó enseguida a Cerro Largo, pero quien no conoce como funciona la Justicia, no se lo puede imaginar. La referencia a que cualquier ciudadano lo hace y más aún que tenía un proceso donde estaba cumpliendo pena en libertad a prueba, es una apreciación subjetiva, quizás el estándar del ciudadano común sea diferente. El acogimiento del riesgo de influir en la investigación por el conocimiento con las víctimas no es de recibo, incluso él se sintió presionado, intimidado hasta cuando no estaba en la casa, estaba sola la señora y los hijos chicos. Las víctimas son trabajadores del transporte del agro, también pequeños productores, pequeños titulares de ganado en Maldonado. Después hay una víctima que no está, es la aseguradora que no se presentó. No se advierte como habría un peligro para la seguridad de esas víctimas. En cuanto a la posible revocación del acuerdo en la otra causa, todo depende del criterio de la Sra. Juez, a veces hay casos graves y no se revoca. En lo que hace al peligro para la seguridad de la sociedad, parece ser notoriamente exagerado. El artículo 227 del CPP por algo nombra determinados delitos y si bien no es una enumeración taxativa, claramente establece que es en casos de peligro para la sociedad. No es para delito de estafa, delitos de cuello blanco según la expresión fiscal, para nada peligrosos pues son temas monetarios. No se mencionan elementos concretos, ni se acreditaron las medidas cautelares que se fijaron. En definitiva, reclamó se revoque la fijada y en su lugar se adopte una medida menos gravosa como lo sería la colocación de dispositivo de seguimiento y el arresto domiciliario total. c- Conferido traslado al Ministerio Público lo evacuó señalando que primariamente la Defensa refirió a la falta de tipicidad de los delitos imputados. Así en el caso de los delitos de estafa, dijo que el medio no era hábil para el engaño. Sin embargo, los hechos que constan en la formalización están detallados, revelan que se trata de conductas típicas, antijurídicas y culpables en el terreno del dolo directo. El imputado actuó con conciencia y voluntad para el resultado obtenido, queriendo los resultados con reiteración. No se trata únicamente de los seis eventos por los que se lo formalizó, en cada uno de ellos hay múltiples víctimas. Se ha dado con más de ocho empresas, utilizando el nombre de estas para generar el engaño. La Defensa indica que esto es asimilable a lo que sería la vía civil, la verdad que llama la atención el planteo, nada más alejado de lo que es un negocio civil. Acá estamos en algo que se sitúa en las antípodas. El imputado se presentaba vía telefónica con un funcionario de la empresa vendedora, a quien le falseaba la identidad, partiendo desde ese momento de la llamada con un engaño deliberado, al dar un nombre falso. En otros casos, haciendo llamar a una empleada que estaba bajo su subordinación, una empleada de la balanza que tiene en ruta 8 para el pesaje de camiones, que arrienda y debe el precio. Hacía llamar a esa empleada y le decía que se hiciera pasar por otra femenina, también bajo la apariencia de estar llamando por otra persona. Hizo llamar a esas personas para presentándose con nombres diferentes engañando, suplantando la identidad con la finalidad única de hacerse de bienes sin pagar. Fueron idóneas las maniobras porque todas determinaron el desplazamiento de bienes que son granos de maíz desde la empresa víctima hacia el dominio patrimonial del imputado. El engaño no necesita ser sofisticado, esto ha sido reiterado por varios doctrinos y también en la jurisprudencia nacional. Es suficiente con que sea eficaz en el caso concreto. Los usos y costumbres de quien conoce porque ha trabajado en esta actividad durante muchos años, licenciado en gestión agropecuaria y se ha desempeñado en ese rubro incluso antes del año 2022 cuando empieza las maniobras ilícitas que refieren a la primer condena que tiene el imputado en Minas. Fue cliente de la propia empresa víctima, le compró en reiteradas oportunidades, también la empresa de su pareja. Tiene limitada la linea de crédito por adeudos. Sabía entonces lo que requería la empresa para poder comprar, los conocía, sabía los usos y costumbres que refieren a esa materia y que indican que se hace como una cuenta abierta donde la empresa llama y solicita los granos, se les mandan y facturan a ese nombre. Así bastó que dijera soy Daniel hablando de parte de fulano de tal, tengo tal numero de RUC, anotame la compra de tanta cantidad de granos. Hizo llamar a la empleada diciendo soy fulanita de tal y eso es bastante para que el vendedor anote en la liquidación correspondiente a esa empresa la compra que como es a largo plazo para el pago, 60 o 90 días, puede pasar cierto tiempo para cobrarle a la empresa. El engaño surtía efectos porque recibía los granos, tuvo un doble engaño por un lado para comprar los granos y por otro para los transportistas que hicieron el traslado de la mercadería. Lo que hay que medir es la capacidad de inducir en error en el contexto dado. El letrado manifestó que eran operaciones comunes cargadas de problemas. No es común utilizar el nombre de otra persona para comprar en ningún ámbito. Se dan todos los supuestos del artículo 347 del CP. Las conductas fueron idóneas para inducir en error a las víctimas. En cuanto al delito de apropiación indebida, que la Defensa dice que no es típico, que su cliente no era intermediario, llama la atención, porque no solo él sino también su pareja dijeron que tenían una empresa de intermediación de ganado. El delito por el cual fue formalizado tiene que ver precisamente con esa intermediación. Las denuncias son de tres productores rurales, uno es peón rural y en ese momento cobraba un salario de $30.000 y tenía 10 terneras. El caso de Maldonado también es un pequeño productor. El tercero es un hombre de 62 años al momento del hecho, pequeño productor, no estamos hablando de grandes empresas ni tampoco que él sea Robin Hood para sacarle a los ricos y darle a los pobres. Por otra lado están los choferes de los camiones, son 7 empresas transportistas de Cerro Largo. Hubo engaño con las transferencias, se les pasaba por celular capturas de pantallas de haber realizado transferencias, lo que no era así, todo eso constituye una estafa. Los transportistas son de Cerro Largo, de Florida y otros que no pudieron estar acá dado el escaso tiempo de 48 horas a partir de la detención. Era un modo operandi que tenía para hacerse dinero, haciendo creer que iba a pagar o que ya pagó, todo parte del mismo ardid. Los compradores de los granos si pagaron, el dinero fue a manos del imputado y hoy no está en sus cuentas, hay que determinar donde fue a parar. En lo que tiene que ver con la calumnia o simulación de delito, la Defensa reclama que Fiscalía pudo haber aplicado algo así como política criminal. Acá hay dos ilícitos, uno la calumnia o simulación de delito y otro la estafa a la empresa aseguradora. En cuanto a este último, el imputado firmó un convenio particular, sin perjuicio de la validez que ello pueda tener en el ámbito penal, acá no se valora eso, sino la inducción en error al presentarse ante la autoridad policial a denunciar un hurto y hacer trabajar a todo el sistema de justicia. Es un delito grave, hizo prender fuego una camioneta para cobrar el seguro. Perturbó la eficiencia del sistema penal, esto va en contra de la función pública. En cuanto a la medida cautelar, la manifestación que cuando se invocan todos los riesgos procesales, es porque no hay ninguno, no es lógica, carece de todo sentido. Basta pensar en un delito como homicidio o de violación en los que se pueden dar todos los riesgos y no significa que no estén acreditados. La interpretación que hace la Defensa no tiene sentido. Lo que dice Lorenzo es que recomienda como buena practica a los fiscales que cuando se va a solicitar una medida cautelar y se tiene suficientemente probado uno de los elementos y no los otros, que estos no se mencionen, porque con uno solo basta para sujetar al imputado al proceso, con una medida cautelar de prisión preventiva. Fiscalía conoce la norma y lo que dice Lorenzo, que no es lo que dice la Defensa, se tienen los tres riesgos probados. El peligro de fuga, el de entorpecimiento de la investigación, ya que dilató la presentación a la orden de detención conociendo la misma, fue por interferencia de tres letrados con los que se estuvo hablando, que se solicito que se presentara a la primera unidad policial, él quería presentarse al otro día a las 10:00 am. La realidad es que una vez detenido fue trasladado inmediatamente. Esas horas que se tomó desde las 13:30 o 13:15 a las 19:00, fueron horas de dilación para la investigación, de entorpecimiento, no estuvo bajo el control jurisdiccional. Durante las mismas, pudo haber retirado el dinero de las cuentas, esto no se sabe hasta que no se tengan los movimientos, deshacerse del contenido de los telefónos celulares, efectuar giros de su cuenta. Eso no es colaborar con la Justicia, es lo contrario. A su vez, está sujeto a un control del Juez de ejecución con determinadas obligaciones. Por otra parte, dos veces fue citado por la autoridad policial a declarar y no compareció, tampoco justificó. En lo que hace a la pena a recaer, debe tenerse en cuenta que no es solo por estos hechos sino también por la posible revocación de la libertad a prueba en la otra causa. Para octubre, tiene que entregar 100 animales y por lo que se puede apreciar de la información no está en condiciones de cumplir. El riesgo de fuga está acreditado pues podría pretender eludir el accionar de la Justicia. No tiene trabajo ni posibilidades de uno en la actualidad. El riesgo de entorpecimiento de la investigación no se neutraliza con otras medidas limitativas de la libertad ambulatoria. Respecto a la frustración de la investigación, debe tenerse en cuenta que las declaraciones testimoniales se deben dar en el juicio para que sean válidas, acá no se puede adelantar ninguna declaración, no está la posibilidad de producir prueba anticipada. Los testigos del futuro juicio, son dos dependientes del imputado, una la empleada de la balanza a la que él mismo le pedía que llamara a empresas haciéndose pasar por otra persona. El otro, un ex dependiente, esposo de la funcionaria a quien le pidió que hurtara e incendiara el vehículo conjuntamente con él. Otros testigos son familiares, así el tío y la pareja. Otros son personas que tienen vínculos económicos. En cuanto al peligro para la seguridad de la sociedad, es reincidente. El artículo 227 es disyuntivo, no exige simultáneamente dicha calidad y que se trate de delitos de lesa humanidad. Son dos partes distintas del artículo. En definitiva, reclamó la confirmación de las dos decisiones hostilizadas. d- No se confirió traslado a las Defensas de las víctimas. e- Por Decreto Nº 1806/2025 se franquearon los recursos de apelación sin efecto suspensivo y con las formalidades de estilo. V) La Sala asumió competencia, se dispuso el estudio simultáneo por los integrantes y se acordó sentencia en legal forma. CONSIDERANDO : I) La Sala con la mayoría legal requerida, confirmará la Sentencia Interlocutoria Nº 1802/2025 dictada en al audiencia celebrada el 12 de setiembre de 2025, por la que se dispuso la formalización de la investigación seguida respecto a AA por la presunta comisión de reiterados delitos de estafa, reiterados delitos de apropiación indebida y un delito de calumnia y simulación de delito, todos ellos en régimen de reiteración real entre sí, en calidad de autor. El bloque argumental que constituye los agravios de la Defensa respecto a la decisión adoptada en tal sentido, carece de la eficacia y eficiencia necesaria para hacer naufragar lo resuelto. A su vez, se confirmará la Sentencia Interlocutoria Nº 1804/2025, dictada en la misma audiencia, por la que se dispuso la medida cautelar de prisión preventiva por el término de 120 días con vencimiento automático el día 5 de enero de 2026 a la hora 19:30. Los motivos de sucumbencia articulados por el letrado patrocinante del imputado no tienen la virtualidad jurídica necesaria para afectar la pervivencia de lo decidido en lo que hace a su naturaleza y su extensión. Lo expuesto es en mérito a las consideraciones que se expondrán. II) En el aspecto formal corresponde señalar que en la tramitación las partes han contado con las garantías del debido proceso. Sin embargo, se observa la omisión en conferir traslado de los recursos de apelación deducidos por la Defensa del imputado, a las Defensas de las víctimas. A su vez, en el marco de un adecuado equilibrio entre pesos y contrapesos, sin cercenar derechos de especie alguna, en su carácter de directora del proceso, la a-quo deberá arbitrar medidas para que una audiencia de la naturaleza a la que refieren estas actuaciones, sea ágil, sin dilaciones, con concentración de argumentos y como corolario sin eventuales excesos en tal sentido. III) En lo atinente a la formalización de la investigación respecto de AA corresponde consignar que conforme el ordenamiento procesal vigente, la solicitud por parte del Ministerio Público debe hacer foco en la existencia de elementos objetivos suficientes que den cuenta de la comisión de un hecho ilícito y de la identificación del presunto responsable, lo que debe acreditarse en forma sumaria. A su vez, la Defensa a través de las alegaciones tiene la posibilidad de oponerse a la petición. Finalmente, después del debate el Tribunal es llamado a resolver. Para ello, deberán considerarse las pautas de solidez, racionalidad, coherencia y verosimilitud. En efecto, el análisis a realizarse es provisorio, tiene como basamento las argumentaciones y se hace de acuerdo a la información recogida durante la investigación preliminar por Fiscalía y Defensa. Debe adoptarse una decisión en atención a las argumentaciones vertidas por las mismas, en el marco de un contradictorio caracterizado por la supuesta igualdad. En el caso se estima que se ha configurado el estándar propio de este estadio procesal con la pautas de verosimilitud y probabilidad razonable respecto a que la conducta del imputado se adecua típicamente a las figuras ilícitas atribuidas. En consecuencia existe un grado de convicción provisoria respecto de la comisión de tales delitos y a la participación del imputado en los mismos. Ello determina que la formalización de la investigación, fue decidida, en forma ajustada a derecho, de acuerdo a los argumentos de las partes. La Defensa dice que no existen elementos objetivos suficientes, de acuerdo al estándar exigido en la materia. Así en lo que hace a los delitos de estafa señaló que las conductas atribuidas son atípicas ya que los medios utilizados no tienen idoneidad para inducir en engaño. Se trató de maniobras burdas, ridículas que no son dignas de generar error, menos teniendo en cuenta la dimensión y trayectoria de la empresa víctima. Sostuvo que serían negocios que si bien están cargados de muchos problemas y que produjeron daños, no son estafas. Respecto a los reiterados delitos de apropiación indebida, indicó que no se acreditó que haya sido por la calidad de intermediario, destacando que incluso alguno de los animales fueron encontrados en el propio domicilio del imputado. También refirió a que hubo pagos en ambos sentidos. Respecto a la simulación de delito o calumnia, aludió a que en base al principio de oportunidad u otras herramientas que tiene Fiscalía, pudo haber archivado las actuaciones al respecto. Fiscalía refirió que ya ha alcanzado la certeza requerida por la normativa legal, lo que surge de las circunstancias objetivas y también de una serie de detalles, todo lo que describió. Afirmó en cuanto a los delitos de estafa, que no se trata de algo propio de la vía civil, son conductas típicas ya que el medio utilizado fue idóneo, eficaz para inducir en engaño y así obtener dinero. Respecto a los delitos de apropiación indebida, la conducta también es típica, el propio imputado y su pareja reconocen que tenía una empresa de intermediación de ganado. Refirió a su modo operandi para hacerse de dinero, haciendo creer que iba a pagar o que ya pagó y todo como parte del mismo ardid. En lo que hace al ilícito de calumnia o simulación de delito, señaló que es una conducta grave, hizo prender fuego una camioneta para cobrar el seguro, poniendo en funcionamiento todo el sistema de Justicia, perturbando así su eficacia. Ahora bien, debe tenerse presente que en este estadio procesal no corresponde hablar de pruebas, sino de evidencias (salvo la que se produce como prueba anticipada) y que la decisión se adopta en el marco de la oralidad argumentativa, donde las partes efectúan alusiones, invocando argumentos a su favor pero sin que se presente prueba física. A ello cabe agregar que para la iniciación del sumario no se exige semiplena prueba, el estándar exigido es menor pues de lo que se habla es de elementos objetivos suficientes. En el caso, emergen tales elementos que es lo que exige el art. 266.1 del CPP, que hacen a la imputación realizada y también las razones por las que se identifica a AA. El pedido es razonable, teniendo en consideración que al Juez de Garantías lo que compete es la verificación que la evidencia es consistente, de acuerdo al debate de las partes y esto ocurre en la especie. La falta de coincidencia entre las mismas, no conlleva a que el Juez no formalice, salvo que primariamente se pueda establecer que no se configura la adecuación típica o que concurre otra circunstancia de tal importancia que prive de legalidad a la iniciación del sumario. Los pormenores del caso estarán reservados para el juicio oral. Se entiende que las alegaciones realizadas por la Fiscalía constituyen los elementos objetivos suficientes exigidos por la norma legal para la solicitud primero y la formalización después de la investigación, tal como lo hizo la a-quo en la audiencia prevista legalmente al efecto. Los agravios de la Defensa, carecen de eficacia enervante de la decisión adoptada, ya que se ha reunido el estándar consagrado en el art. 266 del CPP sobre la participación de AA en los hechos imputados. Con la provisoriedad que corresponde a este estadio procesal y sin perjuicio de lo que resulte en el mismo, se entiende que incurrió en principio en las conductas ilícitas cuestionadas de acuerdo a los elementos objetivos enunciados. En un régimen acusatorio y adversarial, donde el Juez no accede a la carpeta de investigación, solución que se mantiene en lo que hace a la formalización de la investigación con la entrada en vigencia de la Ley 19889, sino que debe estar a las alegaciones de las partes, se entiende que las evidencias referenciadas por la representante del Ministerio Público, configuran los elementos objetivos suficientes exigidos en el art. 266.1 respecto a la comisión del delito y a la identificación del imputado como presunto responsable, por lo que la formalización de la investigación dispuesta es ajustada a derecho. Se cumplieron con los presupuestos exigidos por la normativa vigente para la formalización, correspondiendo a los subsiguientes estadios procesales la elucidación de las eventuales responsabilidades penales del imputado. Lo expuesto es sin perjuicio de destacarse que la formalización de la investigación no es un acto de comunicación, pues implica la sujeción del imputado al proceso, marca el inicio del sumario con múltiples consecuencias jurídicas, las que incluyen en su caso las previstas en el art. 80 de la Constitución de la República. A su vez, contrariamente a lo sustentado por la Defensa se han reunido elementos objetivos suficientes para la iniciación del sumario, pues sus argumentos pretenden poner de manifiesto discordancias que no son tales o por lo menos en esta fase, no tienen la relevancia que procuro atribuirles. Emergen discrepancias entre las partes pero las mismas deberán ser resueltas tras el diligenciamiento de la prueba en el juicio oral. Asistimos a indicios, los que son concordantes, concurrentes, contemporáneos, lógicos, contundentes e inequívocos. Manzini ha destacado en su Tratado que:”…Si se tienen varios indicios con relación al hecho que se trata de probar, debe tener cuidado el Juez de valorarlos en su conjunto y no aisladamente, recordando que las cosas que singularmente consideradas no prueban, reunidas si prueban y que es uno de los más usados artificios de la Defensa, precisamente, el de aislar los indicios para quitarles la fuerza probatoria que proviene del conjunto" (Tomo II, pág. 486 y ss). A su vez, Gorphe ha señalado respecto a la prueba indiciaria que “allí donde uno solo no alcanza a ser probatorio, una pluralidad concordante es concluyente” (“La Apreciación Judicial de las Pruebas” pág. 268 y ss.). Por su parte, Devis Echandía expresó “una vez hecho el estudio comparativo de los indicios y contraindicios, si se concluye que los segundos no desvirtúan el mérito de los primeros, se debe proceder a examinar la coordinación que en el conjunto de aquellos tengan las varias unidades que lo componen, para adquirir un concepto claro y seguro acerca de que si efectivamente son concurrentes y armónicos, es decir, si ensamblan como piezas de un rompecabezas o como los hilos trenzados de un cable, de tal manera que demuestren unívocamente la conclusión que debe adoptarse, sin que subsistan dudas razonables” (“Teoría General de la Prueba Judicial”, pág. 689 y ss.). Tanto en lo relativo a los delitos de estafa atribuidos como a los de apropiación indebida, asistimos en principio a conductas típicas. Así en lo que hace a los primeros, el imputado invocando el nombre de otra persona, llamaba a la empresa vendedora, aportaba un número de RUC. En algunos casos, hizo llamar a una empleada, a la que también le dijo que debía aportar un nombre falso, lo que si hizo. De esa forma, obtuvo maíz que se lo facturaban a dichos nombres. Respecto a la segunda categoría de ilícitos referida, se apropió de semovientes, valiéndose para eso de su condición de intermediario. En lo atinente, al ilícito de calumnia o simulación de delito, denunció como hurtada su camioneta, la hizo prender fuego para cobrar el seguro, poniendo así en movimiento todo el sistema de Justicia. En ese marco, se ha superado con creces lo exigido para sujetar al imputado al proceso y dar así inicio al sumario. Será el eventual juicio oral, el ámbito adecuado para debatir el tema. IV) En lo que hace a la medida cautelar de prisión preventiva cuestionada por la Defensa, corresponde consignar en lo que hace al supuesto material, que el art. 224.1 del CPP lo que exige es la existencia de semiplena prueba sobre la existencia del hecho y de la participación del imputado, siempre que haya tenido inicio el proceso y exista petición del Ministerio Público. A su vez, elementos de convicción suficientes que hagan presumir los riesgos procesales. Acá si se necesita semiplena prueba, lo que implica un estándar de exigencia mayor al requerido para la formalización de la investigación, donde lo que se consigna es la existencia de elementos objetivos suficientes que den cuenta de la comisión de un delito y de la identificación del presunto responsable (art. 266.1). La Defensa cuestionó la decisión adoptada señalando que se requieren dos aspectos en cuanto a la prisión preventiva, esto es la excepcionalidad por lo que la misma no puede ser la regla general y debe adoptarse exclusivamente cuando los fines así lo justifican. Además, debe ser indispensable la aplicación de dicha medida, manifestando que debe tenerse en cuenta que se daña la libertad de una persona. Refirió, interpretando doctrina en tal sentido, que cuando Fiscalía argumenta le existencia de varios peligros procesales a la vez, generalmente el Juez tendrá que tender a no tener por acreditado ningún riesgo. Cuestionó el peligro de fuga, expresando que tiene familia, tres hijos, pareja. Además, en lo que hace a la demora en su presentación, refirió a que tiene una explicación lógica, pues consideraba que si se entregaba en Florida iba a demorar mucho en ser trasladado a Cerro Largo. Asimismo, postuló que el riesgo de influir en la investigación tampoco es de recibo, indicando que él se sintió presionado, intimidado e incluso cuando no estaba en la casa y solo se encontraban la señora y los hijos chicos. Por otra parte, consignó que no se advierte como puede haber peligro para la seguridad de la víctima. En lo que hace al peligro para la seguridad de la sociedad, señaló que sería delitos de cuello blanco según la expresión fiscal, para nada peligrosos, temas monetarios. Afirmó que el plazo de 120 días fijado por la Sede, si bien acotó el requerimiento fiscal de 180 días, sigue siendo excesivo para culminar la investigación. La titular de la acción penal puso énfasis en que la referencia a que cuando se invocan todos los riesgos procesales es porque no hay ninguna carece de sentido, dando ejemplos como casos de homicidios o de agresiones sexuales. Insistió en que los riesgos procesales estaban presentes y que la única forma de hacer frente a los mismos es con la prisión preventiva. Ubicados en dicho terreno y mas allá de la mayor intensidad consagrada por la normativa legal, el elemento material está configurado, teniéndose en cuenta las evidencias alegadas por Fiscalía al solicitar la formalización de la investigación del imputado. Importa destacar al respecto que en el estadio procesal por el que atraviesan las actuaciones las característica que lo preside es la oralidad argumentativa. En efecto, en principio no se diligencian pruebas ya que las partes litigan en base a las evidencias, articulando argumentos en favor de su posición. Ello no obstante, las denuncias presentadas, las declaraciones testimoniales, los documentos, comprobantes de transferencias bancarias, la inspección practicada, los chat y audios de wsp, la póliza de seguro de vehículo entre otras evidencias, permite postular en esta fase la existencia de semiplena prueba sobre la existencia de los hechos y la participación del imputado en los mismos. En lo que hace a los riesgos procesales, emerge en forma prístina el peligro de entorpecimiento de la investigación pues existe la sospecha grave y fundada que podría intentar abordar a eventuales víctimas y testigos con la finalidad espurea de torcer sus manifestaciones. Los mismo en cuanto a obstaculizar el desarrollo de la misma, teniéndose presente especialmente que los testimonios deberán ser brindados en el juicio oral y entre los mismos destacan su empleada en la balanza que arrienda en ruta 8, la pareja de esta, familiares como el tío y su propia pareja y una pluralidad de personas con las que mantiene vínculos económicos. De esta manera pondría en claro riesgo el avance del proceso en su devenir natural. También el peligro de fuga, el que es de una fuerte potencialidad en lo que hace a su concreción. Comprende no solo abandonar el territorio de la República sino también ocultarse dentro del mismo. Debe tenerse presente que su función procesal guarda directa relación con evitar que el imputado se sustraiga a la acción de la justicia, por lo que se requieren elementos de convicción que sean suficientes para justificar una probabilidad razonable y racional en tal sentido, lo que ocurre en el caso. Se trata de hechos graves por su propia naturaleza y por las multiples personas afectadas, al extremo que sus maniobras han sido estimadas en la suma de U$S 250.000. Es cierto que el mismo colide con un sistema acusatorio puro, pero no cabe duda que es una de las pautas previstas en el art. 226 del CPP concretamente en el literal C para evaluar tal peligro, por lo que es derecho vigente en nuestro país. Emerge que los aspectos referenciados analizados no en forma aislada, fragmentaria o dividida sino teniendo en cuenta el conjunto de hechos que los conforman, conllevan a que el riesgo de fuga se encuentra acreditado. Podría intentar sustraerse al proceso penal para eludir eventuales responsabilidades que pudiera tener que llegar a enfrentar. Es cierto que tiene arraigo familiar, una pareja e hijos pero no lo es menos que carece del mismo en el ámbito laboral. A ello cabe agregar, su proceder frente a la orden de detención, el tiempo transcurrido para presentarse y las gestiones que se realizaron en tal sentido. También está presente el peligro para la seguridad de la sociedad, dado su condición de reincidente. Al respecto, debe tenerse presente que estaba cumpliendo una pena privativa de libertad en régimen de libertad a prueba, en otra causa. Asimismo, para no soslayarlo, esa calidad de reincidente, o en su caso de reiterante, no exige que sea en cuanto a delitos de lesa humanidad. El artículo 227.2 del CPP plantea dos hipótesis o supuestos diferentes, los que no son acumulativos sino disyuntivos. Conforme la normativa legal, en ningún caso es de aplicación preceptiva la prisión preventiva y por lo tanto el imputado puede esperar el juicio en libertad cualquiera sea la naturaleza del delito atribuido. Pero el referido principio general presenta excepciones, no el estado de inocencia el cual se mantiene siempre incólume, en cambio si esperar el desarrollo del proceso en libertad, las que permiten previo cumplimiento de los requisitos preceptuados por el art. 224 del CPP imponerla en las hipótesis de entorpecimiento de la investigación (art. 225), peligro de fuga (art. 226) y riesgo para la seguridad de la sociedad (art. 227). Definido lo precedente la mejor forma de conculcar los riesgos procesales configurados, es en el caso la prisión preventiva. La misma en lo que hace a su naturaleza, no resulta excesiva o desproporcionada ni apartada de la legalidad o de los criterios de necesidad, proporcionalidad y razonabilidad exigibles en la situación concreta. No se trata que el Estado sea ineficaz para proteger la investigación, por otra vía y ante ello deposite el peso en el imputado a través de la fijación de la prisión preventiva. Lo que se pretende es conculcar riesgos que son vivos, concretos y vigentes. Para no soslayarlo, la estrategia de la Defensa es contradictoria pues por un lado sostiene que no existen riesgos procesales y por otro pide la aplicación de medidas limitativas a la libertad ambulatoria. Si no existieran riesgos, lo que debió requerir es que el imputado permaneciera sin cautela alguna pues aún las medidas del artículo 221 del CPP exigen peligros procesales, de otra manera no se podría cautelar lo que no existe. En lo que hace a la extensión de la cautela, se entiende que el plazo de 120 días, hasta el día 5 de enero de 2025 a la hora 19:30, es un término prudente si se atiende a las figuras ilícitas atribuidas al imputado y a las diligencias pendientes a las que aludió Fiscalía en su argumentación. Lo expuesto es sin perjuicio que de acuerdo a lo previsto en el art. 233 del CPP, la prisión preventiva es revisable mientras no haya recaído sentencia ejecutoriada, a solicitud de parte, si desaparecen los presupuestos en que se funda. Por lo expuesto y las normas legales citadas, EL TRIBUNAL RESUELVE: CON FÍ RMASE LA SENTENCIA INTERLOCUTORIA Nº 1802 /202 5 DICTADA EN AL AUDIENCIA CELEBRADA EL 12 DE SETIEMBRE DE 202 5 , POR LA QUE SE DISPUSO LA FORMALIZACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN SEGUIDA RESPECTO A AA POR LA PRESUNTA COMISIÓN DE R EITERADOS DELITOS DE ESTAFA, REITERADOS DELITOS DE APROPIACIÓN INDEBIDA Y UN DELITO DE CALUMNIA Y SIMULACIÓN DE DELITO, TODOS ELLOS EN RÉGIMEN DE REITERACIÓN REAL ENTRE SÍ , EN CALIDAD DE AUTOR. CONF Í RMA SE LA SENTENCIA INTERLOCUTORIA Nº 1804 /202 5 , DICTADA EN LA MISMA AUDIENCIA , POR LA QUE SE DISPUSO LA MEDIDA CAUTELAR DE PRISIÓN PREVENTIVA POR EL TÉRMINO DE 120 DÍAS CON VENCIMIENTO AUTOMÁTICO EL DÍA 5 DE ENERO DE 2026 A LA HORA 19:30. OPORTUNAMENTE DEVUÉLVASE A LA SEDE DE ORIGEN. Dr. Luis Charles Vinciguerra – Ministro Redactor Dra. Adriana de los Santos Arigoni – Ministra Esc. Eric Longobardo Cantou – Secretario Letrado