Sentencia Definitiva N° 36/2025

N.º 36 Montevideo, 11 de setiembre de 2025 VISTOS: Para sentencia definitiva de segunda instancia estos autos caratulados: “AA , Un d elito de abuso sexual especialmente agravado”. I.U.E: 2-52066/2022 , venidos a conocimiento del Tribunal en mérito al recurso de apelación interpuesto por el Sr. Defensor Público del acusado AA, Dr. Joaquín Gamba y la adhesión de la Sra. Fiscal Departamental de Tacuarembó de 1er turno, Dra. Luciana Jesús, contra la Sentencia N.º 38/2025 dictada fuera de audiencia el día 7 de abril de 2025, por la Sra. Juez Letrado de Tacuarembó de 1er turno, Dra. María Bernabé Rodríguez. RESULTANDO : I) a- Por Sentencia Definitiva de Primera Instancia Nº38/2025 dictada fuera de audiencia el 7 de abril de 2025 se condenó a AA , como autor penalmente responsable por la comisión de un delito de Abuso Sexual especialmente agravado, a la pena de seis (6) años de penitenciaría con descuento de la preventiva sufrida y de su cargo las accesorias legales previstas en los literales d) y e) del art. 105 del Código Penal. A su vez, se lo condenó a la pena accesoria de inhabilitación para el ejercicio de la patria potestad, tutela, curatela, guarda o tenencia de niños, niñas o adolescentes o personas con discapacidad y personas mayores en situación de dependencia, así como para el ejercicio de funciones públicas y privadas en el área educativa, de la salud y todas aquellas que impliquen trato directo con niñas, niños y adolescentes, personas con discapacidad y personas mayores en situación de dependencia, cargos públicos o privados en la educación, la salud, por el plazo de 10 años, oficiándose al Registro General de Inhibiciones. También se dispuso la reparación a la víctima BB, equivalente a doce (12) salarios mínimos nacionales. Además que se oficiara al Registro Nacional de Violadores y Abusadores Sexuales, conforme al art. 104 de la Ley 19.839. b- El día 7 de mayo de 2025 la Defensa del encausado interpuso recurso de apelación, contra la Sentencia Definitiva de Primera Instancia. Fundó sus agravios manifestando que la a quo efectúo una errónea valoración de la prueba, no tomando en cuenta las declaraciones de los compañeros de AA que estuvieron en el lugar de los hechos. Hace énfasis en que fue ilegal el trabajo investigativo llevado a cabo por la Policía de Tacuarembó, especialmente con el acta recabada al testigo CC, al cual la policía le hizo declarar algo, que a los pocos días el testigo desconoció, maniobra que fue advertida en aquel momento (año 2022) por la Fiscal Arrieta, dejando constancia en el Audire. En el año 2024, CC vuelve a ratificar frente a otra Fiscal, que él no había declarado lo que fue consignado en el acta policial. La sentenciante y Fiscalía utilizan la declaración de CC en sede policial obtenida ilegalmente para condenar a AA. No debió refrescarse la memoria del testigo en audiencia con un acta obtenida de forma ilegal. No se opuso a la declaración de CC en la audiencia de control de acusación, y era imposible que en aquel momento, pudiera oponerse, pues no se incorporó el acta de declaración de dicho testigo como prueba y tampoco tenía conocimiento cual de las tres declaraciones previas iba a utilizar Fiscalía. Cuando se obtiene alguna evidencia ilegal, y la misma se incorpora al juicio oral aún por no haberse opuesto la Defensa, no se puede valorar la misma. Citó doctrina y jurisprudencia. Por otra parte, refirió a la falta de fundamentación e incongruencia omisiva de la sentencia. Citando doctrina y jurisprudencia al respecto. Asimismo, la a quo tiene una errónea concepción de lo que es juzgar con perspectiva de género, sellando la suerte de AA. No se le realizó a BB antes de su declaración la lectura del art. 158.1 del CPP, por lo que la misma ya partía de un defecto de credibilidad. Esta omisión de la Sede y de Fiscalía es no tener presente lo dispuesto en la norma, y por lo tanto al no ser advertida la denunciante de lo dispuesto en dicho artículo, lleva a que se considere que faltar a la verdad no tiene ninguna consecuencia. A su vez, aludió a la falta de argumentación de la sentencia en la valoración de la declaración de la denunciante. La sentencia expresa que el relato de la víctima es “coherente, espontáneo, unívoco y consistente”, por lo que debe argumentar y dar las razones para llegar a dicha conclusión, pero en lugar de ello se remite al informe psicológico “para evitar inútiles reiteraciones”, lo que es inaceptable. Se condenó un muchacho de 19 años, que a la fecha de los hechos tenía 18 años, por lo que si se lo condena a 6 años de penitenciaría más sus penas accesorias, debió fundamentar mejor. La declaración de BB prestada en Cámara Gesell, contiene dos contradicciones fundamentales que no fueron analizadas por la a quo. Se conocían desde el año 2020 con AA, intercambiando mensajes de WhatsApp, y dónde la invitan a ella y algunas amigas que fueran a la casa de los hermanos DD, que las pasaban a buscar. La primera contradicción surge cuando se interroga a BB, primero niega que tuvieran contenido sexual dichos mensajes, para luego admitir que si sabía el significado respecto al mensaje “si aguantaba estar con él y sus amigos”. El contexto es relevante para analizar toda la situación que originó el hecho denunciado. Fiscalía comienza los alegatos de apertura diciendo que AA “no sabía ni como se llamaba BB”, lo que no es cierto ya que se conocían de los bailes del año 2020, lo que surge del propio relato de la misma “teníamos una amistad que nos hablábamos”. La segunda contradicción, es la subida por la escalera al dormitorio, la que es empinada, por lo tanto sería materialmente imposible que AA subiera a BB agarrándole las manos. ¿Si fue así, porque las demás personas que estaban mirando, no ayudaron a BB? Si así lo sostuvo Fiscalía, ¿por qué no los imputó y llevó a juicio al igual que a AA?. Asimismo existen contradicciones entre lo declarado por BB en Cámara Gesell y sus declaraciones ante la perito psicóloga de ITF, así como con la plataforma fáctica de la acusación fiscal. Según la representante del Ministerio Público, el testigo CC habría ayudado a BB, cuando estaba siendo violada por AA “al entrar al cuarto” y por otro lado este mismo testigo, “queda charlando media hora en el cuarto”, lo que es una contradicción en la acusación fiscal, inadmisible y que la sentencia no valoró adecuadamente. En Cámara Gesell, BB manifestó que ninguno de los presentes la ayudó, todos quedaron mirando en la puerta del cuarto. En cambio, ante la perita psicóloga expresa que “los otros que estaban afuera del cuarto veían que yo no quería y solo CC me fue ayudar, porque saco a AA de arriba mío y me alcanzó la ropa…”, Esta última versión es la que utiliza Fiscalía respecto a la intervención de CC, contraria a. la que prestó BB en Cámara Gesell. La declaración de BB no tiene las características que señaló la a quo, las contradicciones no son simples “fisuras”, sino que se trata de verdaderas contradicciones, concluyendo que hay falta de coherencia en el relato de BB y falta de corroboraciones objetivas de dicho relato. Citó jurisprudencia y doctrina. Refirió a la errónea valoración de la prueba pericial, destacando que la a quo debi restarle toda validez a la misma, ante la falta de idoneidad de la perito en psicología forense Lic María Susana Nuñez Mendiondo. No tiene experticia para llevar a cabo pericias forenses, al no tener capacitación en psicología forense. La perito utilizó una técnica mixta-clínica-forense-, lo que es incompatible desde el punto de vista científico. La entrevista mixta que uso en realidad no tiene ninguna validez para determinar la credibilidad del relato de BB. Lo que hizo la perita fue una entrevista clínica, más allá que la catalogue de mixta, ya que no utilizó ningún protocolo de entrevista forense. En lo que hace a la errónea valoración de la prueba testimonial, CC, testigo “estrella de la Fiscalía fue coaccionado por la policía obteniéndose una declaración de forma ilegal en sede policial, usando la fiscalía dicha acta para obtener la condena de una persona inocente. CC, al igual que AA y los demás fueron detenidos en la seccional policial sin registrarse, contraviniendo toda la legislación vigente, por lo que estaban en situación de clandestinidad, lo que da una pauta de la falta de garantías. Se le tomó declaración a CC de acuerdo al art. 61 del CPP, pero no se le informó de sus derechos, ni tampoco declaró asistido de un defensor. CC después declaró 2 veces en Fiscalía, la primera a los pocos días y la segunda al año y unos meses. Sin embargo, Fiscalía para refrescarle la memoria utilizó las actas labradas en la policía y no los audios de las entrevistas realizadas en su sede. En esta, CC desconoció expresamente lo que había declarado supuestamente en sede policial. Toda la declaración del testigo CC que hizo en audiencia de juicio oral derivado del ejercicio de refrescar la memoria no debió tener ningún valor, pues está usando una evidencia, acta de declaración tomada en seccional policial, obtenida de forma ilegal. Asimismo Fiscalía en tres oportunidades debió refrescarle la memoria a CC, por lo tanto es un testigo que pierde credibilidad. Fiscalía además de leer prácticamente todo el acta policial, lo hizo en cuestiones que eran centrales para su teoría del caso y que el testigo no lo había mencionado, como ser si “escucho a BB pedir ayuda” estando en el cuarto con AA o si escucho “quejarse”a la misma. Estas afirmaciones solo surgen del acta policial de la declaración de CC que incluso dice en la propia audiencia que no recuerda ese hecho y que además fue desmentido a los pocos días en su declaración ante Fiscalía. Consignó las contradicciones en que incurre el testigo CC, en su declaración, lo que no fue valorado correctamente por la a quo , que solo se limitó a valorar una fracción de su testimonio, y no tuvo presente todo el contexto de contradicciones en su declaración. Asimismo, la a quo de forma arbitraria no toma en cuenta las declaraciones de los demás testigos, que estuvieron presente en el lugar de los hechos, DD, EE, y FF, los que sostuvieron que AA mantuvo relaciones sexuales con BB en el cuarto de arriba por más de una hora y nadie escuchó nada a pesar que por las características del material de las habitaciones se podía escuchar todo. Nadie vio a BB estar mal, salvo cuando se cae y pega en la escalera lo cual es admitido por la misma. Existen otros indicios que generan una duda razonable que no fueron tenidos presente por la sentencia atacada, enumerando los mensajes previos entre BB y AA; la actitud de complicidad que mantenían BB y AA , los que no estaban alcoholizados, antes de ir al dormitorio de arriba, de acuerdo a lo declarado por los testigos, hermanos DD y FF; la subida de la escalera en forma voluntaria por BB; el tiempo por más de una hora que estuvieron en el dormitorio AA y BB; no teniendo esta ninguna marca o lesión en los brazos ni en las piernas, lo que resulta difícil de comprender que si AA la sostuvo por los brazos, obligándola a mantener relaciones sexuales, no tuviera ninguna marca en los brazos. Los testigos no escucharon nada en todo el rato que estuvieron BB y AA arriba, incluso CC mencionó que no se acordaba de haber escuchado algo; cuando baja la escalera BB se cae y se pega, lo que fue acreditado con las declaraciones de los testigos que estaban allí y la declaración de la propia BB, surgiendo que todos se rieron y es allí que ella se molesta y se va enojada. Respecto a las consecuencias emocionales, no surge prueba en la causa que acredite las mismas. La declaración de AA es creíble, es un chico que trabajaba desde los 14 años, que en aquel entonces tenía 19 años y organizaron una juntada con sus amigos invitando algunas chicas, como lo hace la mayoría de los chiquilines de esa edad. Siempre ha sostenido que las relaciones sexuales fueron consentidas, lo que se corrobora con toda la prueba diligenciada. Respecto a la pena impuesta, la sentencia sin ningún tipo de fundamento, aplica las agravantes solicitadas por Fiscalía en su acusación, abuso de la fuerza (art. 47 num. 6 del CP y abuso de confianza art. 47 num 7 C.P) La aplicación de dichas agravantes es erróneo, por un lado la prevista en el art. 47 num.6 del Código Penal y de conformidad con lo establecido en el art. 51 del mismo cuerpo normativo, el abuso de la superioridad de la fuerza del sexo y el abuso de confianza es inherente al delito atribuido, rigiendo el principio de especificidad. Citó jurisprudencia. A pesar que la sentencia aplica las atenuantes de la minoría de edad y la primariedad absoluta, lo condena a una pena que excede el triple de la pena mínima para este tipo de delitos (2 años art. 272 TER C. Penal), lo que es una pena desorbitante que no guarda relación con la edad de su defendido y su primariedad absoluta, pero además con todo el contexto en que se dieron los hechos. En definitiva, solicitó que se absuelva al imputado y para el caso de que no ser así, se baje la condena impuesta a dos años de penitenciaría. c- Por Providencia No. 1082/2025 de 7 de Mayo de 2025, se confirió traslado a Fiscalía por el término legal. d- El día 28 de mayo de 2025, la representante del Ministerio Público evacuo el traslado conferido y adhirió al recurso de apelación interpuesto por la Defensa. Al contestar los agravios manifiestó, que disientía con la Defensa del imputado, en cuanto a que la sentencia estaría basada en las declaraciones de la víctima, la cual “realiza una denuncia falsa” por resentimiento y por sentirse burlada por todo el grupo de amigos, por caerse de la escalera y ser objeto de risas, lo que es una justificación totalmente absurda de la Defensa. La a quo efectúo una correcta valoración de la prueba, consignando en la fundada sentencia, las probanzas más relevantes y que acreditan fundamentalmente la Teoría del Caso de Fiscalía. La Defensa de Rivero, alega insuficiencia probatoria, pero la prueba recabada en autos, a través de la intervención policial (mal cuestionada por la Defensa), declaraciones, prueba anticipada recabada a la víctima con las formalidades de estilo, los registros fotográficos, pericias y testimonios desarrollan un cúmulo probatorio que en conjunto, abonan totalmente la teoría del caso de Fiscalía, logrando acreditar la participación del imputado en la violación de BB, la que debe ser interpretada además desde una perspectiva de género, connatural a este tipo de ilícitos. El imputado no pudo probar coartada alguna, ni aportó ningún elemento para comprobar su inocencia, excepto el mecanismo de su Defensa de aislar indicios, mencionando y cuestionando solamente parte de la prueba aportada por el Ministerio Público. Refiere la Defensa que no se le advirtió a la víctima cuando prestó su declaración en Cámara Gesell, de su deber de decir la verdad. Esto no es así, la declaración se hizo conforme a las prescripciones de los arts. 213 , 214 y 64 lit E del CPP. Es un absurdo pretender aplicar a la víctima el estatuto previsto en el art. 158 para testigos, desconociendo los principios generales y lo edictado en la Ley 19.580 y la forma de recolección de evidencias y la declaración de la víctima en este tipo de delitos. Asimismo la Defensa apunta a presuntas inconstitucionalidades por ejemplo en el actuar policial y la toma de declaraciones, lo que es absurdo si se tiene presente lo dispuesto en el art. 31 bis de la Ley 18.315, de Procedimiento Policial, la cual establece una presunción de legitimidad de la actuación policial. Es una presunción relativa, que solo puede ser desvirtuada mediante evidencias sólidas, y los argumentos de la Defensa están lejos de constituir evidencias sólidas. La Defensa no se opuso en la audiencia de control de acusación, a la admisión de las pruebas que hoy cuestiona, habiendo precluido la oportunidad procesal para ello; era en aquella oportunidad que debió oponerse a la declaración de CC. La misma dice que existen testigos de los hechos ocurridos en la noche que BB fue abusada, pero lo cierto es que cuando se refiere a dichos testigos, pero ninguno estaba dentro de la habitación que ocurrieron los hechos, donde allí estaban solamente el acusado y la víctima. Respecto a las declaraciones de los testigos, debe tenerse que se trata de un hecho ocurrido en setiembre de 2022, por lo que es imposible que recuerden con exactitud todos los hechos. Testigos que además son amigos de AA, como ellos lo admiten en sus declaraciones. Cuando se le tomó la declaración en audiencia a CC y se utilizaron por Fiscalía los registros previos para refrescarle la memoria al testigo, la Defensa adoptó una actitud pasiva y no formuló objeciones; sin embargo, ahora en la apelación hace mención que la Fiscalía utilizó evidencia ilegal. CC siempre tuvo la calidad de testigo desde el primer momento de la denuncia en el año 2022, nunca fue interrogado como imputado como quiere hacer ver la Defensa al tribunal. Sus agravios carecen de eficacia enervante, porque se ha reunido plena prueba que habilita una sentencia de condena. BB es una joven de 18 años, de una comunidad pequeña, que conocía al imputado de las criollas, donde existieron mensajes anteriores al encuentro, lo que no significa ninguna predisposición .ni obligación de mantener relaciones. La perito médica forense no descarta el abuso sexual como pretende la Defensa, que no tenga marcas en los brazos, no significa que haya sido abusada. Respecto a la perito psicóloga Nuñez Mendiondo, que la Defensa trata de desacreditarla, por no tener estudios específicos , es una persona que ha trabajado desde hace mucho tiempo en el Poder Judicial, ha realizado más de 100 pericias en un mes, ha visto a innumerables víctimas en su trayectoria como profesional, cuenta con vasta trayectoria y experticia. Ante la contundencia de la pericia respecto al abuso sufrido por la víctima, el único recurso que le queda a la Defensa es desacreditar a una profesional con 30 años de trayectoria. No existen contradicciones en el relato de la víctima, ni utiliza palabras como “no me acuerdo” “me parece”. No surge de sus declaraciones, ni de las distintas pericias, ni del resto del cúmulo probatorio, que el relato de la misma presente los elementos perversos que trata de señalar la Defensa, llegando al absurdo de afirmar que la denuncia fue a raíz que se cayó en la escalera y se rieron de ella. No surge de ninguna pericia que la víctima tenga rasgos manipuladores, o sea una mentirosa o una fabuladora. La víctima, mantuvo su relato aunque no “calcado” ante su amiga que fue a la primera que le develó el abuso, ante los médicos que la atendieron en la Emergencia del Hospital de Tacuarembó, ante la policía, los peritos intervinientes, y a cada una de las personas propuestas como testigos y peritos por Fiscalía. Analiza la prueba de cargo, las declaraciones de Melany Sanguinet amiga de BB, a quién le contó en primer término, de la madre de la amiga, lo declarado por CC, la testigo GG que estaba de guardia en el Hospital , las declaraciones de los policías HH, II, JJ, todos relatan el mismo hecho. Respecto a los mensajes previos, es verdad que existieron, pero no es un contrato que obligue a las partes a efectivamente mantener relaciones sexuales. En cuanto a la adhesión a la apelación, la titular de la acción penal señaló que la pena impuesta en primera instancia, de 6 años de penitenciaría, es exigua y no resulta proporcional a la magnitud del delito cometido. En definitiva, solicitó que se confirme la sentencia atacada, revocándose parcialmente la condena recaída en autos únicamente en cuanto a la pena impuesta y elevándose el quantum punitivo , tal como lo solicitó el Ministerio Público en su demanda acusatoria. e- Por Decreto Nro. 1306/2025 de 29 de mayo de 2025, se confirió traslado de la adhesión al recurso de apelación, a la Defensa. f- El día 17 de junio de 2025, el letrado patrocinante del imputado evacuó el traslado conferido, expresando que discrepa con Fiscalía. En caso de confirmarse la condena a AA, la pena debiera estar en el mínimo de la escala del delito atribuido, como ya fue ampliamente analizado en el recurso de apelación deducido, remitiéndose a lo allí expuesto a los efectos de evitar inútiles reiteraciones. g- Por providencia No. 1490/2025 de 17 de Junio de 2025, se franqueó el recurso de apelación contra la sentencia definitiva, con efecto suspensivo, cumpliéndose con las formalidades de estilo. II)a- El día 2 de julio de 2025, las actuaciones fueron recibidas en esta Sala, donde por Decreto Nº 327/2025 del día 16 de julio de 2025, se asumió competencia y pasaron a estudio de los integrantes por su orden. b- Debido a la licencia médica de uno de los integrantes naturales de la Sala, se procedió al sorteo correspondiente, resultando designado a tales efectos el Dr. Marcelo Malvar, Ministro de la Sala Homónima de 1º turno. CONSIDERANDO I) La Sala debidamente integrada confirmará parcialmente la Sentencia Definitiva de Primera Instancia Nº 38/2025 dictada fuera de audiencia el 7 de abril de 2025, por la que se dispuso la condena de AA como autor penalmente responsable de un delito de abuso sexual especialmente agravado. Sin embargo, se revocará en lo que hace al cómputo del agravante genérica prevista en el artículo 47 num 6 del Código Penal, esto es el abuso de fuerza y a la individualización de la pena, la que se fijará en 5 años y 6 meses de penitenciaría. A su vez se confirmará en cuanto se le fijó la pena accesoria de inhabilitación para el ejercicio de la patria potestad, tutela, curatela, guarda o tenencia de niños, niñas o adolescentes o personas con discapacidad y personas mayores en situación de dependencia, así como para el ejercicio de funciones públicas y privadas en el área educativa, de la salud y todas aquellas que impliquen trato directo con niñas, niños y adolescentes, personas con discapacidad y personas mayores en situación de dependencia, cargos públicos o privados en la educación, la salud, por el plazo de 10 años, oficiándose al Registro General de Inhibiciones. Asimismo, en cuanto se dispuso la reparación a la víctima BB, equivalente a doce salarios mínimos nacionales y que se oficiara al Registro Nacional de Violadores y Abusadores Sexuales, conforme al art. 104 de la Ley 19.839. El pábulo de los agravios esgrimidos por la Defensa carecen de la eficacia y eficiencia necesaria para hacer naufragar lo decidido en primera instancia, salvo en lo referido a la alteratoria de responsabilidad mencionada anteriormente y al reproche penal fijado en primera instancia. En el mismo sentido, los motivos de sucumbencia articulados por la titular de la acción penal, en sede de adhesión a la apelación, no tiene la virtualidad jurídica necesaria para afectar la pervivencia de lo decidido. Lo expuesto es mérito a las consideraciones que se expondrán. II) En cuanto al trámite las partes han contado con las garantías del debido proceso, en particular el pleno ejercicio del derecho de defensa. Sin embargo, se observa que la sentencia definitiva no se dictó en audiencia. En tal sentido, en principio, así debe ser de acuerdo a lo previsto en el artículo 271.7 del CPP. En efecto, conforme lo preceptuado en esta disposición legal, la sentencia debe dictarse al término de la audiencia, tanto en lo que hace al fallo como a sus fundamentos. A titulo de excepción, cuando la complejidad del asunto así lo requiere, el Tribunal tiene la potestad de prorrogar la audiencia por un plazo no mayor a 15 días para dictar la sentencia con sus fundamentos. Por lo tanto, en ambas hipótesis diferenciadas en base a la complejidad del asunto, la sentencia definitiva de primera instancia debe dictarse en audiencia. En el caso, ello no se hizo, pues la a-quo que tuvo a su cargo la tramitación del juicio oral y el pronunciamiento de la providencia, actuó en su carácter de juez letrado suplente y en el ínterin se le asignó destino como titular en otro departamento. Ahora bien, conforme el art. 209 del CGP parágrafo primero, cuando se traslade o ascienda a un juez, éste mantiene la competencia para recibir los alegatos, dictar la sentencia pendiente y resolver los recursos de aclaración y ampliación en aquellos casos en los que hubiera finalizado la instrucción probatoria. Sin embargo, en esta hipótesis que es la que se configuró en el caso, la sentencia se dicta fuera de audiencia. A su vez, se observa que se omitió notificar la referida providencia al imputado, diligencia que como éste se encontraba libre, podría cumplirse en el domicilio constituido. Esta omisión fue relevada por la Sala que por mandato verbal Nº 209/2025 del 1 de setiembre de 2025, requirió a la Sede a-quo que procediera a notificar al encausado la sentencia de primera instancia, cometiéndosela en tal sentido. Fue el propio 1 de setiembre de 2025, que el juzgado letrado de primera instancia, en cumplimiento del mandato verbal precedente, notificó al imputado la sentencia definitiva. III) Como cuestión previa importa destacar que el juicio oral se caracteriza por la construcción de un relato, en el que cada uno de los actores, aporta su versión de la historia enmarcada en la teoría jurídica, respecto de la cual se han de acreditar los hechos mediante la prueba. Así Fiscalía y Defensa deben sustentar y demostrar su teoría del caso que no es otra cosa que su punto de vista sobre el mismo. Todo lo que hagan en el juicio oral debe ser funcional a esa teoría y dirigida a un juez que solo conoce la acusación fiscal y los medios de prueba a diligenciarse. Es en ese marco, que Fiscalía logró demostrar su punto de vista con la certeza requerida legalmente para el dictado de una sentencia de condena, sin que los argumentos en contrario de la Defensa logren enervar la conclusión. IV) Ingresando al campo sustancial, se ha reunido la plena prueba que habilita el pronunciamiento de una sentencia condenatoria. En otras palabras, Fiscalía tras el juicio oral logró acreditar más allá de toda duda razonable su teoría del caso. Como contrapartida, los argumentos exculpatorios de la Defensa no logran hacer caer la referida certeza procesal. En efecto, más allá del conocimiento previo que existían entre víctima y victimario, en el marco de bailes e incluso de mensajes, emerge que la víctima fue compelida mediante violencias y amenazas a sufrir la conjunción carnal por parte del acusado quien además le provocó lesiones personales. El imputado la invitó a su casa, lo que fue aceptado por la última y en la finca se encontraban tres personas más. En dicho marco, el acusado la invitó a subir a la habitación situada en el piso superior, lo que no fue aceptado por la víctima, no obstante lo cual subió subir tomada desde atrás por el acusado. Fue entonces que la tiró sobre la cama, le sacó la ropa, la penetró e incluso la mordió. Dicho testimonio recogido a través de cámara Gesell como prueba anticipada y más allá de lo que dice la Defensa, se encuentra acreditado o corroborado por las pericias cumplidas. La declaración de la víctima, se hizo en forma ajustada a las pautas previstas para la prueba anticipada, sin que sea necesario como pretende la Defensa que se le aplique el estatuto de testigo. A ello cabe agregar, que ninguno de los testigos se encontraba en la habitación donde se concretó el suceso, los mismos permanecieron siempre en la habitación del piso inferior. Corresponde consignar que la pericia médico forense a diferencia de lo que dice la Defensa no descarta los actos de naturaleza sexual, lo que se indica es que no existen marcas en los brazos. Al respecto debe tenerse presente lo consignado en el artículo 46 de la ley 19580, donde se consigna que la falta de resistencia, la historia sexual previa o posterior de la víctima no puede ser valorada como aceptación de la conducta o comportamiento. En cuanto a la declaración de CC, siempre fue testigo, este medio probatorio no fue cuestionado por la Defensa en la audiencia de control de acusación. V) En dicho ámbito conceptual, importa destacar que la referencia realizada por la Defensa a que la víctima realizó una denuncia falsa contra el imputado debido a que cuando cayó de la escalera, fue objeto de risas y por lo tanto se sintió burlada, es una especulación carente de todo sustento probatorio que lo acredite. Inferir que de una caída y las risas que provocó la misma en los amigos del imputado, sea el génesis de una denuncia por una suerte venganza o resentimiento, es un paso que no se puede dar pues no se ajusta a lo acreditado con los medios probatorios diligenciados. Sería un razonamiento simple, básico considerar que la respuesta ante un hecho nimio como lo fue una caída sin secuelas físicas, sea una denuncia por un ilícito contra la libertad sexual. Para no soslayarlo, poner en movimiento todo lo que significa, aún con la evolución que ha experimentado la sociedad, los mecanismos que conllevan denunciar un hecho como el referido, esto es pasar por exámenes médicos, pericias psicológicas, declaraciones, concurrencia a la policía, a Fiscalía, a la Sede Judicial, y a distintos profesionales del área de la salud, todo ello sostenido a lo largo del tiempo, por un instante de risas por una caída, no es una reacción lógica, como para postularla sin más, especialmente sin respaldo factico. VI) La Defensa hace hincapié, con la finalidad de cuestionar el testimonio de CC en que se trataría de una prueba ilegal. Ello pues en la audiencia de juicio oral, Fiscalía le refrescó la memoria utilizando para tal fin un acta policial, la que según sus manifestaciones fue algo que le hizo declarar la policía, lo que a los pocos días lo desconoció en Fiscalía. Incluso posteriormente lo volvió a ratificar en dicha sede. El argumento utilizado en tal sentido, es más efectista que efectivo pues, el medio de prueba es la declaración del testigo, en tanto que la lectura del acta es exclusivamente una forma de refrescar la memoria que no constituye prueba. En efecto, conforme en lo previsto en el artículo 271.4 del CPP, cuando sea necesario para demostrar o superar contradicciones o fuere indispensable para ayudar a recordar al testigo perito, se podrá leer la parte pertinente de una declaración sin tenerla incorporada como prueba. Por lo tanto, el acta policial que se leyó no se incorporó como prueba, solo se utilizó para refrescar la memoria, sin incidencia directa en lo declarado, pues el testigo podía manifestar lo que entendiera del caso e incluso la Defensa acudir al mecanismo del reexamen. Lo expuesto es sin perjuicio de consignarse que hubiera sido ajustado a derecho referir a las actas que se celebraron en Fiscalía, donde el testigo dio una versión diferente. En el mismo sentido, corresponde destacar que la Defensa en su oportunidad no formuló objeciones a la lectura del acta, lo que pudo y debió hacer si así lo entendía del caso con la finalidad de evitarlo si ese era su parecer. Sin embargo, omitió cuestionar el proceder llevado a cabo, tampoco movilizó ninguna vía impugnativa en sede de admisibilidad del medio probatorio. VII) En lo que hace al agravio desarrollado por la Defensa por no habersele aplicado a la víctima el estatuto previsto en el artículo 158.1 del CPP, no es de recibo. La Defensa parece olvidar que la víctima es eso, una víctima y no un testigo, por lo tanto no son de aplicación las reglas previstas en la norma legal referenciada para el examen de los testigos. Se recibió su declaración como prueba anticipada, mediante la modalidad de cámara Gesell, con anclaje en los artículos 213 y 214 del CPP . Pretender que rijan a su respecto las pautas editadas para los testigos, colide además frontalmente con lo previsto en la ley 19580. Su protección debe ser integral, comprende el aspecto físico, psicológico y emocional, lo contrario implicaría sostener que la victima no es un sujeto de derechos sino un objeto de prueba y que cuando se obtiene lo que se pretende, esto es su testimonio, ya no interesaría su suerte. Se debe proteger a la víctima en su universalidad, no por el temor a perder su declaración y ello configura una preocupación central del sistema de justicia. VIII) La Defensa cuestiona además la pericia llevada a cabo por la psicóloga forense María Nuñez Mendiondo, por no tener experticia debido a la carencia de capacitación en psicología forense. Criticó la técnica utilizada, señalando que es incompatible desde el punto de vista científico y que lo que hizo fue una entrevista clínica, más allá de que la catalogue de mixta pues no se utilizó ningún protocolo de entrevista forense. Sin embargo, se trata de una profesional con experticia y experiencia, que ha llevado a cabo más de un centenar de pericias durante su trayectoria en el Poder Judicial. Los argumentos de la Defensa parecen responder a un póstumo intento de hacer caer un medio de prueba contundente en contra de su teoría del caso, en base a críticas sin respaldo, que de ninguna manera afectan la credibilidad de la misma. Resulta indudable la importancia de la prueba pericial en todo proceso, en particular en el penal. La doctrina ha señalado que la función pericial requiere de tres funciones a saber, preparación técnica, moralidad y discreción. No se puede ser un buen perito si falta alguna de estas condiciones. El deber de un perito es decir la verdad, pero para ello es necesario primero saber encontrar la verdad y después querer decirla. Lo primero es un problema científico y lo segundo es una problema moral (conforme Fierro Méndez Heliodoro, La prueba en el Derecho Penal. Sistema acusatorio, Bogotá, Leyer 2006, p. 191. En consecuencia es deber del perito decir la verdad. Si lo hace, la prueba pericial cumple con su fin intrínseco: demostrar un hecho de forma objetiva, siempre desde el punto de vista científico. Estos conceptos hallan su respaldo legal en las previsiones del art. 178.2 del CPP “los informes deberán emitirse con imparcialidad, ateniéndose a los principios de la ciencia o reglas del arte u oficio que profesa el perito”. La prueba pericial no es un testimonio más, no es una opinión personal ni es subjetiva. Se trata de una prueba objetiva, por lo que aporta elementos de calidad. Debe tenerse en cuenta, que las declaraciones de la perito pasaron por el examen directo y el contraexamen de las partes. Los puntos centrales son por un lado, la experiencia y la experticia del perito, y por el otro su declaración sobre el estudio que llevó a cabo. Conforme lo previsto en el art. 178.3, en la audiencia los peritos exponen brevemente sobre el contenido y las conclusiones de su trabajo, luego son interrogados por las partes, incluso el Juez puede formular preguntas aclaratorias. En la especie, más allá del cuestionamiento realizado por la Defensa aportó información de calidad respecto a los hechos perpetrados, convirtiéndose en un medio de prueba relevante a la hora de definir lo que pasó ese día. IX) En consecuencia, la víctima, una joven de 18 años de edad, conocía al imputado previamente de las criollas, tuvo un intercambio de mensajes con el mismo y aceptó concurrir a la casa, lo que no aceptó fue mantener relaciones sexuales con el imputado quien vulneró su libertad de decidir. Su relato no tiene contradicciones, si algunas variantes pero ninguna de esencia, solo aspectos circundantes. Le dijo lo mismo a su amiga Melany Sanguinet, a quien le develó lo sucedido, a los médicos de emergencia del hospital de Tacuarembo, a la policía, a los peritos intervinientes y en su declaración como prueba anticipada. Esa declaración aunada a las pericias cumplidas y a la declaración de CC, que siempre fue testigo, no variando en ningún momento su estatuto, conllevan a que la condena dispuesta en primera instancia es ajustada a derecho pues se llevó a cabo una correcta valoración de los medios probatorios. No hay insuficiencia probatoria, por el contrario, la misma no deja lugar a dudas respecto a la responsabilidad del imputado en los hechos atribuidos, sin que lo argumentos de descargo de la Defensa den lugar a una duda razonable en el tema. X) En otras palabras, se reunió la plena prueba que habilita el pronunciamiento de una sentencia de condena ya que Fiscalía probó su teoría del caso, por lo que el estado de inocencia que favorecía a AA durante la tramitación de las actuaciones se destruyó. La declaración de la víctima es precisa respecto a la forma en que sucedieron los hechos y los cuestionamientos que hace la Defensa a la valoración probatoria no son de recibo pues aquella realizó a través de cámara Gesell una narración categórica, detallada, unívoca, descendiendo a detalles y ubicando los sucesos en tiempo y espacio. A ello cabe agregar, que mantuvo inalterado su relato a lo largo del tiempo y de las distintas instancias. No existen contradicciones que puedan ser calificadas de groseras y tampoco contradicciones con los demás medios de prueba diligenciados a lo largo del juicio oral. Por otra parte, no son de recibo los cuestionamientos a los testimonios reunidos, en particular a lo que hace a CC por las razones expuestas anteriormente. En lo que hace a los testimonios de los peritos, corroboran la versión de la víctima. Los cuestionamientos que hace la Defensa con la finalidad de desacreditar medios probatorios porque no condicen con su teoría del caso, no encuentra respaldo factico y ni siquiera ofreció una metapericia. XI) Se llevó a cabo una adecuada valoración en forma integral de todos y cada uno de los medios probatorios que se incorporaron por las partes, siendo la consecuencia lógica y natural la existencia de los hechos atribuidos y la participación del acusado en los mismos. No puede descalificarse la declaración de la víctima pues la misma no es vaga y genérica sino que ingresa en detalles que solo quien padeció los hechos puede relatar, máxime teniendo en cuenta la edad que tenía en los primeros sometimientos. Por lo demás, no es ese el único medio de prueba, surgen otros corroborantes de su versión como la declaración de un testigo, y por si fuera poco encuentra respaldo en los informes periciales. Los medios probatorios diligenciados, como se dijo, permiten arribar a la certeza razonable respecto que el acusado ejecutó los hechos atribuidos, sin el consentimiento de la víctima. No puede perderse de vista que la mera negativa del acusado en ejercicio de su derecho a la defensa material, no logra romper la prueba de cargo. La hostilizada analiza en forma ordenada cada medio de prueba y lo valora individual y conjuntamente en régimen de sana crítica para concluir que se obtuvo la certeza probatoria con la que se enerva definitivamente el estado de inocencia una vez ejecutoriada la misma. Por otra parte, no se probó por la Defensa por qué causas o motivos abyectos o perversos, o como parte de una suerte de complot de familiares o de otras personas que se sirvieron de la víctima para perjudicar al acusado, solo se dijo que una denuncia falsa por un supuesto resentimiento por risas ante una caída. La Defensa se edifica sobre los pilares de la legitima negativa del acusado en ejercicio de su derecho a la Defensa material y la relativización de la valoración probatoria sin un apoyo probatorio de descargo categórico. En proceso argumental no basta con poner en duda o cuestionar la veracidad de la versión de la víctima o relativizar inmotivadamente la prueba de cargo con base en la negación de los hechos por el acusado y su descalificación, cuando ello se contrapone a un cúmulo de prueba que la ratifica. Como contrapartida, la versión judicial de la víctima dada en forma anticipada, con todas las garantías para ella y para el imputado se revela como prueba de cargo que en valoración crítica califica como plena en tanto se corrobora con otros medios sin que el alcance causas o motivos de descalificación. Su ineludible relato ingresa en detalles que como se expresó solo puede dar quien los vivió y sin que el paso del tiempo los haya borrado, dejando las marcas que dan cuentas las pericias y sin que la supuesta venganza invocada por la Defensa se asiente en un motivo razonable. Por lo demás, su versión judicial es la misma que aportó a los peritos que la entrevistaron. XII) Respecto al cuestionamiento llevado a cabo por la Defensa por el cómputo de la agravante prevista en el artículo 47 num 6 del Código Penal esto es el abuso de fuerza, corresponde revocarla pues la misma se encuentra incita en la figura ilícita atribuida. En efecto, forma parte de los medios típicos utilizados para llevar a cabo el acto de naturaleza sexual atribuido. En cambio, la agravante prevista en el artículo 47 num 7 del Código Penal, ha sido correctamente relevada ya que el imputado se valió del conocimiento previo que tenía sobre la víctima y la confianza generada en la misma para desplegar su accionar delictivo. XIII) En lo referente a la pena impuesta, agravio subsidiario de la Defensa y único de Fiscalía en vía de adhesión pues la primera la consideró excesiva a la que se fijó en primera instancia, más allá que su teoría del caso se centró en la absolución, en tanto la segunda la estimó benévola reclamando la imposición de los doce años de penitenciaría que había pedido en la demanda acusatoria, se entiende que la fijada en primera instancia debe ser abatida a 5 años y 6 meses de penitenciaría, atendiendo a la calificación delictual formulada y a las alteratorias de la responsabilidad ( art. 86 y 50 del Código Penal). En efecto, dicho guarismo es legal y adecuado a un caso como el de autos, teniendo en cuenta las pautas individualizadoras previstas en el ordenamiento jurídico patrio. Como expresa el codificador en sus notas explicativas al Art. 86 “Se ha tenido la precaución de espaciar los maximum y minimum de cada pena en la medida suficiente para que el Juez pueda ajustar la represión a las condiciones personales del delincuente. La incógnita la constituye la peligrosidad del agente, los medios de despejarla, los antecedentes personales del mismo, la cantidad y sobretodo la calidad de las circunstancias concurrentes”. En dicho marco fáctico y jurídico, resulta que la pena debe fijarse en el quantum referido, el que es razonable y adecuadamente (Art. 26 de la Constitución de la República, 50, 53, 68 y 86 del Código Penal), conforme CF. Maggiore, G; Derecho Penal, volumen II, pagina 307 y siguientes). XIV) En lo que hace a las accesorias impuestas en primera instancia y a la sanción pecuniaria fijada en primera instancia, las mismas son acorde a derecho conforme lo previsto en los artículos 80 y 83 de la ley 19580. Lo mismo ocurre con la comunicación al Registro Nacional de Violadores y Abusadores Sexuales, previstos en el artículo 104 de la ley 19889. Por lo expuesto y las normas legales citadas, EL TRIBUNAL RESUELVE: CONFIRMASE PARCIALMENTE LA SENTENCIA DEFINITIVA DE PRIMERA INSTANCIA Nº 38 /2025 DICTADA FUERA DE AUDIENCIA EL 7 DE ABRIL DE 2025, SALVO EN CUANTO RELEVÓ LA AGRAVANTE GENÉRICA DEL ABUSO DE FUERZA Y A LA INDIVIDUALIZACION DE LA PENA, EN CUYO S ASPECTO S SE REVOCA, FIJANDOSE LA MISMA EN CINCO (5) AÑOS Y SEIS (6) MESES DE PENITENCIAR I A. CON DESCUENTO DE LA PREVENTIVA CUMPLIDA Y DE SU CARGO LAS ACCESORIAS LEGALES DE RIGOR PREVISTAS EN EL ART. 105 LIT. E DEL C.P . OPORTUNAMENTE DEVUÉLVASE A LA SEDE DE ORIGEN. Dr. Luis Charles Vinciguerra – Ministro Redactor Dra. Adriana de los Santos Arigoni – Ministra Dr. Marcelo Malvar – Ministro Esc. Eric Longobardo Cantou – Secretario Letrado p { margin-bottom: 0.21cm; background: transparent }