Sentencia Definitiva N° 228/2025

Sentencia Nro. 228/2025 - IUE: 2-66878/2023 Montevideo, 11 de septiembre de 2025 TRIBUNAL DE APELACIONES EN LO CIVIL DE TERCER TURNO Ministros firmantes: Dr. Fernando Tovagliare, Dr. Gustavo Iribarren, Dra. Claudia Kelland. Ministra redactora: Dra. Claudia Kelland. VISTOS: Para dictado de sentencia definitiva en segunda instancia los presentes autos caratulados: "AA Y OTRO C/ MINISTERIO DEL INTERIOR – DAÑOS Y PERJUICIOS" I.U.E 2-66878/2023, venidos a conocimiento de este Tribunal en mérito al recurso de apelación interpuesto por la parte demandada contra la sentencia definitiva N° 96/2024, dictada por el titular del Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo de 3er Turno, Dr. Pablo Javier Gandini. RESULTANDO: 1) Por la sentencia definitiva impugnada, el Magistrado actuante amparó la demanda y en su mérito condenó al Ministerio del Interior a pagar en concepto de daño moral la suma de U$S 15.000 a favor de AA y U$S 5.000 a favor de BB, más interés legal desde el hecho ilícito; sin especial condena procesal (fs. 601- 604). 2) En tiempo y forma comparece el demandado e interpone recurso de apelación (fs. 605- 609). Conferido el correspondiente traslado (providencia No 202/2025), es evacuado en tiempo y forma por la parte actora, quien abogó por la confirmación de la hostilizada en todos sus términos (fs. 613- 618 vto.). 3) Por providencia No 379/2025 (fs. 620) el tribunal a quo franqueó la alzada de la apelación con efecto suspensivo. Los autos fueron recibidos por el Tribunal, y pasaron a estudio por su orden. Culminado el mismo, se acordó el dictado de la presente decisión por anticipado, designándose redactora a la Dra. Claudia Kelland (art. 200 del C.G.P.). 4) Tengan presente las partes que por licencia médica de una de sus integrantes naturales, el Tribunal se encuentra integrado por el Sr. Ministro Suplente Dr. Gustavo Iribarren. CONSIDERANDO: I) El Tribunal debidamente integrado por el número de voluntades requerido por la ley (art. 61 inc. 1 de la L.O.T.), y en la ocasión por unanimidad de sus integrantes, habrá de confirmar la sentencia definitiva impugnada por los fundamentos que dará; sin especial condena procesal en la instancia. II) En virtud del principio de congruencia que se impone en toda decisión judicial (art. 198 del C.G.P.), el Tribunal de alzada por mandato legal (arts. 257.1, 257.2, 257.3 del C.G.P.) se ve limitado a revisar únicamente lo que fue expresión de agravios, sin perjuicio de las facultades que le confiere el legislador acorde lo preceptúa el art. 217 y el art. 257.4 del C.G.P.. Corresponde al Tribunal -preceptivamente- efectuar el examen de la procedencia y regularidad formal de los recursos, con antelación al estudio de los agravios, pues el régimen de los medios impugnativos es de orden público. En virtud de lo referido en los Resultandos, no existe impedimento formal para analizar el mérito del accionamiento movilizado por la parte demandada. III) En la recurrida el tribunal a quo efectuó un correcto resumen del caso y de las resultancias procedimentales, a lo que el Tribunal se remite por ajustarse a las emergencias de autos, sin perjuicio de referir a los hechos principales fundantes de la pretensión para mejor intelección del presente pronunciamiento. El caso: tratan las presentes actuaciones de un proceso reparatorio patrimonial iniciado por un privado de libertad y su madre contra el Ministerio del Interior como consecuencia de las lesiones físicas que experimentó el primero estando en un centro de reclusión, provocadas por otro privado de libertad con un corte carcelario. Imputan responsabilidad al Ministerio del Interior por falta de servicio (omisión en controles y seguridad). En necesaria síntesis refieren que AA se encontraba recluido en la cárcel de Durazno (Unidad N° 18 del INR), cuando el día 13 de febrero de 2023 en ocasión de encontrarse en el patio (zona conocida como "el gallinero"), participa de un incidente con otro privado de libertad (ambos munidos de cortes carcelarios) resultando herido en el cuello. Como su consecuencia fue trasladado al Hospital de Durazno, permaneciendo en el CTI hasta el 19 de febrero, luego fue derivado al Hospital Maciel para ser sometido a una intervención quirúrgica (debieron colocar un stent), permaneciendo allí hasta el día 2 de marzo en que fue dado de alta, pasando luego a salas carcelarias del Hospital Saint Bois para su recuperación. Reclama daño moral el que estiman en U$S 15.000 para AA y en U$S 5.000 para su madre; más interés legal desde el hecho ilícito. Fundan el derecho en los arts. 7, 8, 72, 332, 24 y 25 de la Constitución, y en los arts.1319 y 1324 del C.C.. IV) La recurrida amparó la demanda teniendo por acreditado que el servicio falló al haber incumplido el Estado los deberes de protección y seguridad de los privados en libertad. Señala el a quo que la falta del servicio resulta acreditada en tanto la herida al coactor le fue infringida con un corte carcelario en poder de otro recluso. Por tanto el Ministerio del Interior es responsable por el daño sufrido, así como el daño que experimentó su madre (art.1324 del C.C.). Destaca que la presencia de cortes carcelarios evidencia la insuficiencia de controles y requisas, tipificando falta de servicio. El Magistrado actuante entendió acreditado la entidad de la lesión sufrida por AA y su convalecencia con la HC, así como también entendió acreditado el daño moral padecido por su madre por la testimonial recibida. Y estimó el monto del daño moral en las sumas pretendidas, más interés legal desde el hecho ilícito. V) Los agravios del Ministerio del Interior están encaminados a cuestionar: i) Incorrecta valoración de la prueba, soslayando el a quo que la responsabilidad del Estado es subjetiva, y que no fue acreditado de manera alguna que haya existido un hecho ilícito culpable de la Administración, por tanto el servicio no falló. ii) Incorrecta desestimatoria de eximente de responsabilidad alegada "causa extraña" (hecho de la víctima y hecho del tercero). iii) Considera que los montos objeto de condena son "exagerados". iv) Discrepa con el dies a quo del interés legal, el que señala debe ser desde la fecha de presentación de la demanda y no desde el hecho ilícito. VI) Antes de ingresar al estudio de los agravios la Sala considera pertinente referir al fundamento jurídico invocado en la demanda. De conformidad con los propios términos de la demanda, las pretensiones que los accionantes dirigen en autos contra el Ministerio del Interior quedaron fundadas tanto en el régimen de responsabilidad del Estado establecido por el art. 24 de la Constitución, como en el régimen de responsabilidad extracontractual establecido en los arts. 1319 y 1324 del C. Civil. Y a partir de tales fundamentos el demandado articuló su defensa. Así las cosas, y en atención a la naturaleza jurídica del demandado la Sala entiende que corresponde indicar que la determinación del régimen jurídico aplicable al caso debe atender, en primer lugar, a lo previsto por el art. 24 de la Constitución, disposición que consagra el principio general de la responsabilidad directa del Estado -y no de sus funcionarios- frente a terceros. En ese plano es que debe señalarse que para la atribución de esa responsabilidad será menester acudir, de conformidad con el tradicional desarrollo de la doctrina y jurisprudencia francesa que ha quedado largamente recogido por nuestra jurisprudencia, al concepto de falta de servicio (cfm.: Sayagués Laso: Tratado de Derecho Administrativo, 1991, Tomo I, pág. 660). Y esa falta de servicio habrá de tenerse por configurada toda vez que el particular acredite que el servicio no funcionó, funcionó mal, o funcionó tardíamente, alternativas en las que quedan comprendidos los casos de culpa personal del funcionario, porque es evidente que en tales casos el servicio no fue cumplido como era debido (cfm.: Sayagués Laso; ob. cit. Pág. 663). Tales extremos exigen ser apreciados en concreto y teniendo en cuenta todas las circunstancias de hecho vinculadas al caso (entre ellas: tiempo, lugar, naturaleza y carga del servicio); debiendo valorar el juez si la actuación de la Administración se ajustó al esperable nivel medio o estándar de comportamiento, variable que será despejada según su misión y de conformidad con las circunstancias ya referidas (así, entre las sentencias más recientes: S. C. de J. –Martínez, Minvielle, Morales, Pérez Brignani, Sosa-, sentencia 483/2023, en B.J.N.). Y esa valoración quedará disciplinada (en tanto el art. 24 de la Constitución refiere "el Estado será civilmente responsable") por las normas contenidas en el régimen general de responsabilidad civil; contractual o extracontractual dependiendo de la concreta hipótesis que quede sometida a consideración (cfm.: De Cores: Reflexiones sobre la naturaleza de la responsabilidad civil del Estado, A.D.C.U., tomo XXII, pág. 399 y ss.). Consecuencia de lo anterior es que, en el caso, tal como éste quedara planteado, la falta de servicio atribuida al Ministerio del Interior deberá afirmarse o descartarse en función de la observancia por el referido demandado -a través de las decisiones y conductas de sus funcionarios- de la diligencia debida para el cumplimiento de su deber de organizar y controlar el modo de vida de los privados de libertad sometidos legalmente a su cuidado, determinando, en su caso, si existió nexo causal entre su eventual omisión y el desenlace que provocó el daño alegado por los accionantes. Como ha sostenido el Tribunal siguiendo las enseñanzas de Gamarra: “... la imposición del deber de control está justificada por el estado físico o mental de la persona vigilada y el riesgo de daño que crea ese estado; son personas con insuficiencia que pueden ser la fuente de perjuicios para terceros: (...) delincuentes mayores de edad recluidos en establecimientos de detención o en el Centro Nacional de Rehabilitación ... la noción de tercero damnificado comprende no sólo a los externos, sino también a los demás internados que podrían resultar víctimas (por ejemplo: violaciones, lesiones, y homicidio entre reclusos de un instituto penitenciario ..." (Gamarra, TDCU XX, 2o edición, págs. 334/338). (T.A.C. 2do. -Franca, Pérez Brignani (red.), Sosa Aguirre-, sentencia 90/2013, en B.J.N.). Asentados tales criterios, se ingresará con ellos en el particular análisis de los agravios articulados por el apelante. VII) Agravios referidos a la responsabilidad atribuida al Ministerio del Interior y a la desestimatoria de la causa extraña alegada. El Tribunal rechazará tales agravios por compartir la valoración realizada en primera instancia respecto a que la grave lesión física que experimentó AA estuvo causada por la omisión negligente del Ministerio del Interior que llevó a que no se adoptaran medidas eficientes para prevenir la ocurrencia del evento dañoso. En efecto, la prueba de autos dice que efectivamente AA protagonizó un enfrentamiento en el patio con otro recluso (CC) el día 13 de febrero de 2023, y que éste reconoció en la investigación realizada ser el autor de la lesión al actor con un corte carcelario. Tales circunstancias, valoradas razonablemente (art. 140 del C.G.P.) acreditan que el servicio falló, que el Ministerio del Interior incurrió en una omisión que debe señalarse con el énfasis que merece toda circunstancia decisiva y que consistió en la ausencia de controles que permitieran asegurar, mediante requisas u otros procedimientos preventivos, que los reclusos porten cortes carcelarios, que pudieran dar lugar a agresiones como la verificada en el patio el día 13 de febrero de 2023 con el resultado conocido. Y en el subexamine no resulta de recibo la eximente de responsabilidad alegada por el Estado como causa extraña: "hecho del tercero" y "hecho de la víctima". En efecto, adujo el Ministerio del Interior (al contestar y al apelar) que la causa de la lesión que experimentó AA respondió exclusivamente a la conducta observada por él y por CC, las que por resultarle imprevisibles operan en el caso como eximentes de responsabilidad a su respecto. No le asiste razón. En primer lugar, y en términos generales, la Sala señala que la eximente de responsabilidad causa extraña (comprensiva del caso fortuito, fuerza mayor, hecho de la víctima, hecho del tercero) debe presentar las notas de imprevisibilidad e irresistibilidad. Y en el caso particular no se advierte que el accionar de los privados de libertad y el resultado de su conducta presenten tales características. En efecto, surge de autos que el personal del Ministerio del Interior no adoptó las medidas de control y vigilancia reclamadas para el cumplimiento de su deber de cuidado de los privados de libertad (no efectuó el control o requisas que impidieran que éstos poseyeran cortes carcelarios, tampoco había un control debido de vigilancia en el patio), y ello fue la causa que posibilitó de que un recluso agrediera a otro, lo que resultaba, a la luz de una ponderación razonable, enteramente previsible; y de haberse adoptado las medidas adecuadas el concreto desenlace también resultaba enteramente evitable. De tal valoración deriva que la eximente de causa extraña (en el caso: hecho del tercero, hecho de la víctima) no pueda ser aquí admitida. Como se ha señalado en caso análogo: "Nada obsta para que en este tipo de situaciones opere la causa extraña como eximente de responsabilidad siempre que se encuentren demostrados todos y cada uno de sus elementos constitutivos. Sin embargo, es preciso puntualizar que cuando se trata de lesiones o muertes causadas por los propios reclusos a otros reclusos, en principio, no tendrá cabida la causal de exclusión de responsabilidad consistente en el hecho de un tercero. Es más, en estos casos, ni siquiera podría hablarse de una concurrencia de causas, puesto que el carácter particular de la relación de especial sujeción implica que el Estado debe proteger al interno de atentados contra su vida e integridad personal cometidos por el personal de custodia o vigilancia estatal, por terceros ajenos a la administración e, incluso, por otros detenidos. Por consiguiente cuando las autoridades que tienen a su cargo el cuidado, custodia y vigilancia de los reclusos incurren en acciones u omisiones constitutivas de falta del servicio, como en el caso de autos, la responsabilidad patrimonial del Estado tendrá que ser declarada." (T.A.C. 2do., sentencia citada; en similar sentido, y recogiendo tales conceptos, sentencia 81/2016 de esta Sala). En definitiva, se comparte la atribución de responsabilidad al Ministerio del Interior. VIII) Agravios por la estimación económica del daño moral. Es razonable y de sentido común que la grave lesión física padecida por AA, produzca padecimientos físicos y emocionales en la víctima directa y también en su madre (daño rebote) quien se ocupó de su atención y cuidados. Lo difícil no es establecer el derecho, sino determinar su cuantía. Cada situación amerita un estudio detenido, y como lo ha sostenido la Suprema Corte de Justicia (con distintas integraciones), la determinación de la cuantía de la indemnización por daño moral ingresa en el ámbito del ejercicio de poderes discrecionales de los órganos de mérito, y son los tribunales quienes deben efectuar el “accertamento” de la dimensión económica de la reparación sin incurrir en el absurdo o arbitrariedad. Es aquí donde debe primar el principio de razonabilidad, regla de experiencia, y sentido común. La recurrida estimó el daño moral en los importes pretendidos en la demanda (U$S 15.000 a favor de AA y U$S 5.000 a favor de su madre). El apelante considera los montos estimados "exagerados", pero no realiza una crítica fundada sobre un aspecto central de la condena, sino que reprocha la decisión de primera instancia mostrando disconformidad por considerar excesivo el monto estimado en concepto de daño moral para cada uno de los coactores; pero no realiza una crítica útil respecto de los fundamentos dados por el a quo y valoración de la prueba realizada a sus efectos. Así las cosas y compartiendo el Tribunal los fundamentos dados en primera instancia para arribar a los montos objeto de condena, los mantendrá pues guardan relación con antecedentes de la Sala ante casos similares, no resultando los mismos excesivos ante la acreditación de la grave lesión padecida por AA, sufrimiento y aflicción de ambos (víctima directa e indirecta) por lo ocurrido. IX) Agravio por el dies a quo del interés legal desde el hecho ilícito. El agravio tampoco es de recibo, en tanto la responsabilidad quedó fundada en la responsabilidad del Estado (art. 24 de la Constitución) con aplicación del régimen de responsabilidad extracontractual, por tanto los intereses legales deben correr, conforme la posición de la Sala sobre el particular -que se mantendrá en el caso-, desde la fecha del hecho ilícito; solución que llevará a confirmar la recurrida también en este punto X) La conducta de las partes en la segunda instancia ha sido correcta, no amerita sanción procesal (art. 261 del C.G.P., art. 688 del C.Civil.). Por los fundamentos expuestos, normas legales citadas, art.197, 198 del C.G.P. el Tribunal, FALLA: Confírmase la sentencia definitiva impugnada en todos sus términos. Sin especial condena procesal. HPF 10 BPC. Notifíquese a las partes a domicilio. Cumplido, devuélvase al tribunal de origen. Dr. Fernando Tovagliare -Ministro Dr. Gustavo Iribarren -Ministro Dra. Claudia Kelland -Ministra Esc. Laura Pérez -Secretaria Letrada