Sentencia Definitiva N° 180/2025

Sentencia Nro. 180/2025 - IUE: 2-121590/2023 Montevideo, 12 de septiembre de 2025 TRIBUNAL DE APELACIONES EN LO CIVIL DE SÉPTIMO TURNO MINISTRO REDACTOR: Dr. Edgardo Ettlin. MINISTROS FIRMANTES: Dra. Ma. Cristina Cabrera, Dr. Edgardo Ettlin y Dra. Loreley B. Pera. VISTOS: Para sentencia definitiva de segunda instancia estos autos caratulados “AA c/ BB S.A. Daños y Perjuicios” (I.U.E. 2-121590/2023), venidos a conocimiento merced a la apelación tramitada desde fs. 123 contra la resolución No. 3001/2024 y contra la sentencia definitiva No. 4/2025, ambas del Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Civil de 6o Turno (fs. 82-89 y 110-121 respectivamente). RESULTANDO: 1) La sentencia definitiva apelada No. 4/2025 del Juzgado actuante, a cuya relación de antecedentes se remite este pronunciamiento por acompasarse en general a las resultancias de obrados, condenó a BB SOCIEDAD ANÓNIMA a pagar a AA la suma de U$S 8.000 (ocho mil dólares de los Estados Unidos de América), sin imponer especial condenación. Y la resolución No. 3001/2024 de la Sede remitente rechazó las excepciones de caducidad y prescripción oportunamente interpuestas por la demandada. 2) Apela BB S.A. en términos de fs. 123-130 v.. Recuerda haberse en autos anunciado la apelación contra la resolución No. 3001/2024, que rechazó las excepciones previas de caducidad y prescripción; entendiendo que no resultan aplicables los arts. 13 y 14 de la Ley No. 16.099 que refieren a la independencia de las acciones penales y civiles en materia de ilícitos de comunicación. Considera que el presente reclamo enmarca en un ilícito desarrollado a través de un medio de comunicación, lo que hace aplicable la Ley No. 16.099. Entiende que en su caso la acción habría prescripto conforme al art. 1332 del Código Civil, sin poderse recurrir a la idea del “ilícito continuado” para querer flexibilizar el término de preclusión. En cuanto a la sentencia definitiva apelada No. 4/2025, sostiene que el autor no aportó copia de la fotografía original cuyos derechos defiende, junto con la estampa de su autoría, no cumpliéndose estrictamente con el art. 6o de la Ley No. 9.739. Considera que la estimación de los daños reclamados se aparta de los propios parámetros numéricos determinados y acordados por el actor con otros medios de comunicación, con montos sensiblemente menores a los condenados: en un caso se hizo un acuerdo por U$S 600. También considera que la multa civil, establecida en tres unidades de lo que se estableció como daño, se encuentra fuera de los parámetros jurisprudenciales, que por lo general se establece en una unidad; por tanto se pide “para el inesperado caso de que el ad quem entienda que corresponde condenar a mi representada, corresponderá que se reduzca el monto de la multa a una unidad de lo que se establezca por concepto de daño”. 3) Conferido traslado (fs. 132), contesta la parte actora adhiriendo parcialmente (fs. 134-137). Expresa que la demandada sólo reitera su oposición en términos ya vistos en su contestación. Plantea que no son aplicables los arts. 13 y 14 de la Ley No. 16.099, ya que ésta Ley comprende a las acciones penales y civiles emergentes de los delitos de comunicación, y en el particular no se verificaron relatos de comunicación. Entiende que la fotografía se quitó recién al 24 de abril de 2023, habiendo sido emitido el informe que la contenía el 14 de marzo de 2017. Sostiene que la decisora opinó que no son aplicables los arts. 13 y 14 de la Ley No. 16.099, por cuanto no se verificó un delito de comunicación. En cuanto a la prescripción civil, asevera que el acto lesivo se verificó en forma continuada entre el 14.3.2017 al 14.-4.2023, observando la señora Juez sentenciante que al 3.10.2022 podía visualizarse la foto en la página “web” de la demandada. En cuanto a la sentencia definitiva, destaca que la Ley No. 9.739 sobre derechos de autor no exige ninguna formalidad para acreditar la autoría, bastando que el nombre aparezca estampado en la obra o emisión. Bien expresa la sentencia que las imágenes que comprueban la autoría no fueron cuestionadas. Expresa que las fotografías no tienen un precio arancelado, pero el actor es autor de varias fotografías icónicas, que han sido elogiadas en varias oportunidades; muchas de sus obras fueron utilizadas sin autorización. Considera que la multa civil no es estimable en una unidad del valor de la infracción; se adhiere a la apelación para peticionar cinco veces el valor de los daños. 4) El traslado de la adhesión actoral se contesta por la empresa demandada a fs. 142-145, solicitando se desestime la demanda o que en subsidio se reduzca el monto de la multa civil a una unidad de lo que por daños corresponda abonar. 5) Franqueada la apelación y recibidos los autos, previo pasaje a estudio por su orden se conforman las voluntades legales para emitir un pronunciamiento por alzada (fs. 147 y siguientes; artículos 61 y 62 de la Ley No. 15.750, arts. 203 y 204 del Código General del Proceso). CONSIDERANDO: I) Por su naturaleza y características la cuestión es pasible de decisión anticipada, conforme a los artículos 200.1 y 344.2 inciso 2o del Código General del Proceso. II) Un primer orden de reproche apelatorio tiene relación en cuanto a la crítica de la resolución No. 3001/2024 de la Sede remitente (fs. 82-89), achacándosele que habría rechazado la excepción de caducidad de la acción en razón de los arts. 13 y 14 de la Ley No. 16.099 (fs. 124 v.-126 v.). La hipótesis de los art. 13 y 14 de la Ley No. 16.099, que establecen un régimen de caducidad de noventa días, se encuentra referida al ejercicio de las acciones civiles o penales concernientes al derecho de respuesta contra una publicación de prensa que divulgue informaciones inexactas o agraviantes (art. 7o de la Ley No. 16.099; Capítulo III de la misma), como también respecto a delitos (penales) de comunicación (art. 19 de la Ley No. 16.099, Capítulo IV de la misma). El presente caso en abordaje versa sobre una reclamación aquiliana (acción de cobro de pesos de naturaleza extracontractual) de índole civil por la utilización o divulgación de una fotografía sin eventual autorización de su autor y en supuesta infracción a sus derechos de propiedad intelectual (arts. 51 de la Ley No. 9.739 y 1319 del Código Civil). No se trata de una acción civil derivada de la comisión de un delito de prensa ni de la emisión de una información falaz o maliciosa, razón de ser de la Ley No. 16.099, ni tiene su base fáctica en la comisión de un delito penal en relación al contenido informativo de una comunicación de prensa. Teniendo en cuenta la especialidad de la reclamación a conocimiento, no nos encontramos ante una hipótesis de delito criminal de comunicación ni ante una acción civil derivada de un delito de comunicación (arts. 7o, 13, 14 y 19 de la Ley No. 16.099), sino ante una reclamación por supuesta divulgación de una obra (fotografía) sin eventual autorización de su titular (art. 2o, 12 y 51 de la Ley No. 9.739), cuya plataforma fáctica no se basa en hechos criminales (art. 46 lit. “A” de la Ley No. 9.739), ya que el acto reclamado como reprochable no es imputable a título de dolo (título bajo el cual se persiguen las infracciones penales por infracción a los derechos de autor). Pues no se ha controvertido en estos obrados, lo que exime de prueba (art. 137 del Código General del Proceso), que la divulgación por la que hoy se reclama una reparación civil no fue verificada con intención directa de dañar. Nos encontramos entonces dentro del ámbito subjetivo de la culpa en el cuasidelito civil, o sea ante un proceder sin haber empleado una debida diligencia u observancia de derechos ajenos (arts. 1319 y 1344 del Código Civil; “TOMÉ Miguel “Código Civil Comentado” 4a edición, Fundación de Cultura Universitaria, Montevideo, 2021, p. 506; GAMARRA Jorge, “Tratado de Derecho Civil Uruguayo” Tomo XIX, Fundación de Cultura Universitaria, Montevideo, 1988, pp. 137-141); no ante una actuación que obedezca a dolo o a intencionalidad manifiestas. Entonces, el agravio respectivo debe rechazarse. III) Un segundo cuestionamiento a la resolución interlocutoria recurrida No. 3001/2024 se basa en que no habría atendido que la acción habría prescripto, por acaecimiento del tiempo cuatrienal para ejercer la acción aquiliana (art. 1332 del Código Civil), bajo la argumentación de que el “dies a quo” debería computarse desde el día en que se produjo la emisión cuestionada, o en su caso desde la fecha en que se constató o se tuvo conocimiento de la infracción, con independencia de su permanencia o continuidad en el tiempo (fs. 126 v.-128). Cierto es que al no poseer la acción civil por infracción a derechos autorales (art. 51 de la Ley No. 9.739) un término de prescripción especial, debe en defecto recurrirse al sistema general; o sea que debe atenderse al art. 1332 del Código Civil. Reza esta norma legal: “La acción concedida al damnificado prescribe en cuatro años contados desde la perpetración del hecho ilícito.”. Sin perjuicio de ello, este art. 1332 debe leerse en concordancia sinóptica (art. 20 del Código Civil) con los principios y peculiaridades que rigen a los derechos de autor; porque en razón a ello, la lectura de dicha norma puede animar conclusiones diferenciales. La “actividad ilícita” (terminología del art. 51 de la Ley No. 9.739) infraccional a los derechos de autor (en este asunto, la difusión de una fotografía por medio del sitio ”web” o plataforma de la demandada) suele verificarse a través de una actividad permanente cuando se trata de la difusión de contenidos por plataformas o sitios “web”: la difusión o comunicación a través de Internet. No refiere a un dato puntual que es el momento de colocación de la obra a través de Internet o de cualquier medio, sino a que se encuentre divulgada o comunicada por la “web”, haciéndose accesible y presente en cualquier momento en que se encuentre al alcance del público (art. 2o último de la Ley No. 9.739). Así, la comunicación o divulgación por colocación o almacenamiento de la obra en un soporte o modelo o medio que permita el conocimiento de la obra intelectual deviene en un acto permanente (CASTIGLIONI Carmelo A., “Derechos Intelectuales”, Intercontinental Editorial, Asunción, 2019, pp. 93-94). Y de esa permanencia deviene no su continuidad, sino su actualidad; porque la conducta infractora no se calibra por el hecho de la divulgación y la colocación en la “web” del contenido sin autorización en un momento determinado, sino porque tal actividad ilícita ofrece el contenido indebido a quien pueda o quiera tener acceso; de ahí su atemporalidad. Es por ello que la perpetración del hecho ilícito en infracción autoral, a los efectos del art. 51 de la Ley No. 9.739, no debe considerar la permanencia como efecto de un acto determinado (comunicación o puesta a disposición) en el tiempo (continuidad), sino que se mide por su actualidad, que es lo que configura el hecho lesivo en sí. De ahí que en base a esta actualidad, es que la perpetración del hecho ilícito autoral existe mientras haya divulgación del contenido en infracción y cada vez que cualquiera pueda o desee tener acceso al mismo. Es así que la controvertida decisión No. 3001/2024 de la Sede remitente, si bien distingue dos actos concretos de puesta en emisión, uno de fecha 15 de marzo de 2017 (difusión de la fotografía a través del sitio “web”) y otro del día 30.8.2022 (difusión de la obra en el programa “Desayunos Informales”, este último acto sí claramente diferenciable dentro del tiempo de cuestionabilidad del derecho reclamado y no prescripto; fs. 36 v.-37, 39-40 v. y 87), como muy bien puntualiza aquélla, el reclamo por daños y perjuicios se efectúa “en su conjunto” (fs. 87). Esto es, por la actualidad del daño que esa divulgación ocasiona. Teniendo en cuenta, inclusive, que la divulgación o comunicación de la fotografía se encontraba disponible al día de las Actas de Solicitud y Constatación notarial de fecha 3.10.2022 (fs. 2-16), y que asimismo una difusión puntual de la obra en infracción pudo constatarse al 30.8.2022 (este último, hecho no discutido y que exonera de prueba -art. 137 del Código General del Proceso-). Así que considerando tales fechas del año 2022, al 1.4.2024 cuando se cumplió el emplazamiento de la demandada (arts. 1325 del Código Civil y 123 del Código General del Proceso, fs. 55-57), no puede sostenerse que la requisitoria actoral hubo prescripto; de suyo, no es imponible para este asunto el art. 1332 del Código Civil. Debe, por consiguiente, rechazarse el motivo de reproche sobre este particular. IV) Pasando a las controversias deducidas por apelación contra la sentencia defitiniva No. 4/2025 del Juzgado actuante, se critica por el recurrente que el accionante contrario AA no habría demostrado la autoría de la fotografía en que basó su reclamo (una fotografía del Coronel CC publicada por el reclamante en Semanario “Brecha” del 24.2.2017). Lo que no debe perderse de vista, es el principio de que los derechos de autor no están sujetos a ninguna formalidad para hacerlos valer (art. 6o inc. 2o de la Ley No. 9.739; art. 5. num. 2o del Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas -ratificado este último por el Decreto-Ley No. 14.910-; art. 3. del Tratado de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual sobre Derechos de Autor -ratificado por la Ley No. 18.036-). Esta informalidad se encuentra justificada, como muy bien señala el Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina en su Interpretación Prejudicial 317-IP-2019, en que “Una obra es protegida por el derecho de autor desde el momento de su creación” mismo; “la protección de los derechos autorales nace con la creación y materialización de la obra”. La autoría (entendiéndose por tal, en su sentido natural y obvio -art. 18 del Código Civil-, la paternidad de una persona física respecto a una obra documental o artística como producto de su creatividad) puede, pues, justificarse y evidenciarse de cualquier manera, así como también demostrarse con cualquier medio de prueba usual (arts. 140 y 146 del Código General del Proceso). La Ley sólo establece una presunción de autoría cuando el nombre del autor se encuentre estampado en la obra “en la forma usual” (arts. 6o inc. 3o de la Ley No. 9.739 y 15 num. 1o del Convenio de Berna); pero no está definido legalmente como debe ser tal “forma usual”. Tampoco se establece que deba ser la única forma de demostrarse la paternidad autoral de la obra. Por lo tanto, basta que el nombre del autor se encuentre asociado o adjuntado a la obra de cualquier forma, siendo esta vinculación apreciable conforme al plausible juzgamiento del Decisor. Por otra parte, debe remarcarse que no establecen las normas que si el nombre del autor no figura estampado en la obra en la forma usual deba descartarse su autoría; que conste estampada es tan sólo una de tantas formas de inferirla, pero la autoría se puede comprobar por cualquier método que confirme la paternidad de una persona (autor) respecto a una obra (creación). Tengamos en cuenta, otra vez, que la demostración de la autoría de una creación no está sujeta a ninguna formalidad; entonces, el requerimiento de una “estampa de su autoría” tampoco se revela como una exigencia “sine qua non”, ni exclusiva, para acreditar la paternidad de una obra. Por demás, el testimonio de la publicación en Semanario “Brecha” del 24.2.2017 glosado a fs. 21 muestra debajo de la fotografía: “Foto: AA”. Esto es, consta el nombre del hoy actor debajo de la obra como “estampado” o impreso, claramente identificándole como autor de aquélla. Contra ello, ya no funge alegar que no figura en la fotografía objeto de este pleito la estampa de su autoría (fs. 128 v.-129). Se encuentra fuera de discusión, a esta altura de las circunstancias, que el señor AA fue el autor de la fotografía de fs. 21, y que por ello basa esta acción en análisis. No se ha negado tampoco que la imagen de la fotografía revela una captación particular, advirtiéndose detrás de ella la impronta o personalidad de quien la captó y vindica su autoría, tratándose de una creación que manifiesta sus decisiones creativas (del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, sentencias Nos. C-145/10, C-161/17, C-683/17). Y tampoco se ha debatido que la demandada utilizó la fotografía de AA en diversos programas y la difundía a la actualidad a través de su plataforma “web” por Internet (fs. 2-16). La empresa emplazada, si pretendía negar la autoría de la obra al reclamante, podía haberle contradicho demostrando hechos impeditivos de la pretensión actoral (art. 139.1 “in fine” del Código General del Proceso). Para el caso, no se ha demostrado que el actor no fuere el autor, o que fuere otro el autor, de la fotografía cuyos derechos vinculados a la atribución reclama. Se coincide en ello con el parecer de la señora Jueza actuante (fs. 115). Surge a fs. 5-15, el uso de la fotografía por la demandada BB S.A.. No es desmentido (lo que exime de prueba, art. 137 del Código General del Proceso), que utilizaba dicha obra sin autorización del accionante AA, en un Informativo que si bien era del 14 o 15.3.2017 era accesible y estaba divulgado a la época de las Actas de Solicitud y Constatación notarial al 3.10.2022, y que luego apareció esa fotografía tomada por el demandante al 30.8.2022 en el Programa emitido por dicha Televisora “Desayunos Informales” (fs. 2-21; demanda a fs. 36 v.-37 y 39 v.-40), como si sus derechos fueran propios de BB S.A. (fs. 34-35). Constatada la infracción autoral, sólo corresponde establecer cómo debería procesarse y cuantificarse la consecuente obligación de resarcir los perjuicios ocasionados (v.g. sentencia No. 44/2020 del Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 4o Turno). V) La avaluación de los daños reclamados y la consideración de la multa civil correspondiente a la infracción (art. 51 de la Ley No. 9.739) hechas por la sentencia definitiva No. 4/2025 del Asiento de primer grado, plantean algunas situaciones a dilucidar. La sentencia apelada estableció por los daños una suma única de U$S 2.000, teniendo presente el pedimento del demandante “por la violación de los derechos patrimoniales y morales del actor” (fs. 42 v.-43, 44, 117-119), englobándose dentro de ella el resarcimiento de los daños patrimoniales y morales ocasionados como si participaran de una misma esencia o, según bien entiende las partes, como “una unidad de daño” (fs. 129 v. y 130, 136 v.- 137); sin discriminarse qué correspondería a daño patrimonial (daño material y qué correspondería al daño moral (inmaterial). Distinguir uno de otro hubiera sido muy importante; especialmente el daño patrimonial, por cuanto ello incidía en la avaluación de la multa civil (art. 51 de la Ley No. 9.739), uno de los rubros que recibió en su juzgamiento el entredicho de ambas partes (fs. 129 v.-130 v. y 136 v.-137). De la sentencia no surge claramente si para apreciar el daño material-patrimonial se consideró el valor de la fotografía como obra en sí, o una regalía hipotética, aunque se hace una vaga alusión a que el daño patrimonial comprendería la tarifa no cobrada por concepto de los derechos de autor correspondientes al Sr. AA (fs. 117-118). Sin embargo, al establecer que el monto de resarcimiento “comprende asimismo el daño moral” (fs. 118), apreciamos la suma de resarcimiento como un todo amalgamado de rubros (daño material e inmaterial como una sola cosa). Todo ello sin perjuicio de que tal monto establecido por daños fue cuestionado por la parte emplazada, pero no controvertido como unidad de daño (fs. 129-130 v. y 145). Veremos cómo deberían tratarse las cuestiones suscitadas por tales agravios, en los Considerandos siguientes VI y VII. VI) Critica BB S.A. el monto admitido por daños en U$S 2.000 (fs. 129-129 v.), que la sentencia acogió “in totum” respecto a lo demandado (fs. 42 v.-43, 44 y 117-119). Plantea a tales efectos que “a fs. 25 luce un acuerdo suscripto con DDS.A. (EE), por la suma de U$S 600”, y que deberían los menoscabos abatirse a dicha suma (fs. 129-129 v.). Debe recordarse que ciertos arreglos transaccionales hechos por el señor AA con terceros por reclamos autorales (fs. 25-33) son simplemente acuerdos, “res inter alios acta” (art. 1293 del Código Civil) para solucionar dirimendos y prevenir litigios (art. 2147 del Código Civil) con esos terceros, ajenos al presente juicio. Por lo que son inatendibles para determinar la avaluación de los daños en este caso. Por otra parte, si bien la suma de daños sentenciada opera como un “combo” (con las debidas licencias por la expresión coloquial) que comprende tanto daños materiales como inmateriales indistintamente, sin establecer una distinción en las determinaciones del precio de uno y de otro, la cantidad establecida de U$S 2.000 para ambos rubros, fijada conjuntamente como unidad inescindible de daños, es plausible conforme a un prudente arbitrio judicial, en base a supuestos precios estimativos que en principio, fijan los autores pero en el caso no se ha desmentido no respondan a un estimativo de costumbre (art. 1834 del Código Civil; sentencia apelada a fs. 118). Las partes, sin perjuicio de que la parte demandada controvirtió la pertinencia del reclamo (fs. 128 v.-130 v.), no han objetado la posibilidad en defecto de esta cuantificación unitaria de todos los menoscabos (materiales e inmateriales) reclamados, que fue caracterizada como "valor del producto” en función de “unidad de daños” (“unidad de lo que por daños corresponda abonar” -fs. 129 v.-, “unidad de lo que se establezca por concepto de daño”fs. 130-, o “valor de los daños condenados” -fs. 137-). Al respecto, ver fs. 129 v.-130 v., 136 v.-137 y 145. VII) Los litigantes han impugnado la sentencia de primer grado en cuanto a la llamada “multa civil” punitiva de la infracción autoral, con pretensiones disímiles. Mientras que el demandado entiende que ésta debería ser de una “unidad de daño” en el peor escenario (fs. 129 v.-130 v. y 145), la parte actora los reclama en cinco veces ese valor (fs. 136 v.-137). La sentencia los determinó en tres veces dicho valor (fs. 120 esp.). Es necesario tener presente que, de acuerdo a Derecho, la multa civil del art. 51 de la Ley No. 9.739 debería fijarse tomando como consideración de una “hasta diez veces el valor del producto en infracción”. Por “valor del producto en infracción”, se considera, en la definición del art. 28 del Decreto del Poder Ejecutivo No. 154/004, “el precio de venta al público de los ejemplares legítimos puestos en el comercio o, en su defecto, el valor de las licencias referidas a derechos exclusivos, fijado por el autor o titular del derecho o la entidad de gestión colectiva correspondiente”. Si bien este significado de “valor del producto” dado por un reglamento no obliga al intérprete (art. 85 num. 20 de la Constitución; arts. 12 y 13 del Código Civil), puede considerarse con provecho en la medida de que tal definición de “valor del producto” no es diferente al que podría darle el uso común (art. 18 del Código Civil), ni a la conceptuación doctrinaria que lo define, en principio, como el precio de venta al público de los ejemplares legítimos puestos en el comercio, o en su caso, el valor de la licencia que hipotéticamente hubiera cobrado el titular de los derechos (BERDAGUER MOSCA Javier, “Derecho de autor. Ensayos”, Fundación de Cultura Universitaria, Montevideo, 2021, pp. 342 y 344). En el criterio del Tribunal, la condena por “unidad de daños” no precisó cómo avaluar específicamente el producto en infracción, observándose que la sentencia en recurso no explicitó si consideró para ello un posible valor de la fotografía como obra en sí, o si estimó el valor de una regalía que hipotéticamente el actor podría haberle otorgado al medio de comunicación demandado por la utilización y difusión de la imagen. Se habla en el pronunciamiento apelado de la “tarifa no cobrada por concepto de los derechos de autor”, concepto un tanto impreciso que parecería aludir a la licencia hipotética (fs. 118), aunque la decisión atacada no explica con rigor a qué valor llega por ella, aludiendo sólo a que por U$S 2.000 “la tarifa es establecida por el titular de la obra, quien fija las condiciones económicas”, y a continuación aduce que esa cifra “comprende asimismo el daño moral causado al actor” (fs. 118). Malgrado las imprecisiones que se apuntan, las partes han considerado dentro de sendos intereses, en la cifra de “unidad de daño” (para la demandada, en el peor escenario que pudiera ella tener de condena) de U$S 2.000 (ver Considerando VI), una identificación como "valor del producto";por consiguiente, como la base para cuantificar la multa civil (fs. 129 v.-130 v., 136 v.-137, 145). Partiendo del presupuesto de que el número de unidades o múltiplo de veces para avaluar la multa civil del art. 51 de la Ley No. 9.739 queda bajo el prudente arbitrio y discrecionalidad de cada tribunal, la tendencia de la jurisprudencia mayoritaria actual se inclina a fijar esta multa civil en una vez el valor acordado como unidad (sentencias Nos. 1633/2017 y 921/2019 de la Suprema Corte de Justicia; sentencias No. 25/2020 del Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 7o Turno, No. 62/2018 del Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 3o Turno, No. 33/2021 del Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 4o Turno, No. 44/2020 del Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 2o Turno). Este Cuerpo ha acordado rebajar la multa civil dispuesto en primera instancia, a una vez el valor de la llamada “unidad de daño” (U$S 2.000). Y por ende, la multa civil se debe determinar en la cantidad de U$S 2.000. Debe observarse, por otro aspecto, que no se ha probado (carga que incumbía a la parte actora, arts. 137 y 139 del Código General del Proceso) que la difusora demandada obtuviere un provecho económico mayor en relación directa con la difusión indebida de la foto, sin perjuicio de que la condenabilidad civil por infracción a los derechos autorales sanciona modernamente tal ilícito como daño "in re ipsa". VIII) La decisión de primer grado no estableció intereses a la suma de condena. Sobre lo cual no existió reproche de las partes (fs. 123-130 v. y 134- 137). Por lo tanto, este Colegiado a su respecto no se pronunciará (arts. 197, 198 y 257 del Código General del Proceso). IX) Lo expuesto amerita modificar la sentencia en recurso, manteniendo la suma de daños (omnicomprensiva del daño patrimonial y extrapatrimonial) básica de U$S 2.000, más una vez esta cifra en concepto de multa civil (U$S 2.000) Total: U$S 4.000. A los efectos de los arts. 56, 198 y 261 del Código General del Proceso más art. 688 del Código Civil, no se impondrá sanción procesal debido a que en las temáticas objeto de abordaje, de carácter opinable e inherentemente discutibles, los contendientes actuaron dentro de su línea argumental sin desarreglo. Los gastos causídicos correrán, por ende, según el orden ocasionado. Por estos fundamentos, el Tribunal FALLA: Modifícase la sentencia apelada, y en su mérito condénase a BB S.A. a pagar a AA la suma de U$S 4.000 (cuatro mil dólares de los Estados Unidos de América), sin condena especial en la instancia. Notificada y ejecutoriada, devuélvase a la Sede de origen con las actuaciones de estilo. Dra. Ma. Cristina Cabrera - Ministra Dr. Edgardo Ettlin - Ministro Dra. Loreley B. Pera - Ministra Esc. Beatriz Crudeli - Secretaria Letrada