Sentencia Interlocutoria N° 153/2025

Sentencia Nro. 153/2025 - IUE: 67-5/2024. Montevideo, 12 de septiembre de 2025 Tribunal de Apelaciones de Familia de 1er. Turno Ministro redactor: Guillermo Gutiérrez Herrera Ministros Firmantes: Claudia Diperna Acosta, María Noel Tonarelli de Pena Ministros Discordes: No VISTOS: Para sentencia definitiva de segunda instancia estos autos caratulados: “BISIO CARRARA, CARLOS C/ RIVAS, ANA MARÍA – REGULACIÓN DE HONORARIOS”, IUE 67-5/2024, venidos a conocimiento de este Tribunal en mérito a la apelación interpuesta contra la definitiva Nro. 216/2024 de fecha 23/12/2024, dictada por la Sra. Jueza Letrada de Familia de 26° Turno, Dra. Ivon Olivera Kamaid. RESULTANDO: 1.-Por la resistida se dispuso: “Ampárase parcialmente la demanda, sin especial condenación en el grado y regúlase los honorarios profesionales reclamados por el actor en 403,32 UR más el interés legal desde la fecha de presentación de la demanda, condenándose al pago a la parte demandada en autos; sin especial condena procesal en los presentes” (fs. 157/166). 2.- El representante procesal de la demandada interpuso el recurso de apelación contra dicha decisión (fs. 168 y ss.), expresando en síntesis, los siguientes agravios: Se fija un monto de honorarios profesionales desproporcional, basado en valores incorrectos y desajustados al precio de costumbre. La liquidación toma como base un monto incorrecto (el fijado al momento de la presentación de la demanda del expediente principal), y no como corresponde, al momento de la presentación de la demanda de regulación (art. 144 de la LOT). Por un lado, la sentencia refiere al precio de costumbre y luego aplica el Arancel. Bisio era parte de varios de los expedientes acordonados por lo que ya conocía el asunto y, por ende, no tuvo que estudiar todo en el principal IUE 2-22398/2013. Fija las costas sin sustento probatorio. Asimismo, no toma en cuenta la recurrida que fija un monto de honorarios por autopatrocinio sino que lo fija en un monto desproporcional, menos aún corresponde en tal caso el pago del IVA. El obligado al pago de dicho impuesto es el profesional actuante y no el sujeto pasivo del mismo determinado por condena, pero en los presentes, además, el actor se patrocinó a sí mismo durante el proceso, no facturó por su propio patrocinio y no agregó factura alguna en tal concepto. Solicitó, en definitiva, fijando un honorario profesional a favor del actor en una suma no mayor a 158,72 UR. 3.- Sustanciado el recurso, fue evacuado por el actor (fs. 175 y ss.), quien abogó por la confirmación de la apelada, manifestando -en lo medular- que: La impugnación en traslado es infundada y presentada con malicia temeraria, llegando a recurrir las costas del proceso que siquiera fueron objeto de la apelada. En cuanto a la base de cálculo para determinar los honorarios, se hace remisión los numerales 26 a 40 del escrito que presentó de fecha 1/4/2024 donde se contestó la oposición planteada por la contraria a la demanda y donde se agrega como prueba “A” un escrito del Dr. Canon donde aplica idéntico criterio, en contradicción a lo que ahora sostiene en esta instancia. Surge de la sentencia que la a-quo consideró especialmente que el monto se ajustara al precio de costumbre y no a una aplicación matemática del Arancel, abate el cálculo inicial en un 20%, lo que demuestra que el agravio de la contraria no se corresponde con la realidad. El error de la recurrente radica en considerar que el trabajo fue de escasa complejidad cuando resulta evidente lo contrario y siendo que fue un trabajo de tres años. Nunca antes, además, planteo como defensa la contraria que esta parte no haya tenido que estudiar los expedientes acordonados como fundamento para reducir los honorarios, lo cual plantea ahora; lo planteado no solo carece de sustento factico sino de sustento jurídico. Contrariamente a lo que expresa la recurrente, la resistida no fijó las costas del proceso sino que las mismas ya habían sido fijadas antes por sentencia que se encontraba firme, lo único que hizo la resistida fue dar cuenta que las mismas ya habían sido resueltas con anterioridad. En cuanto al alegado cobro de honorarios por auto patrocinio, debe señalarse que cabe una lectura de la sentencia para advertir que si bien asumió el compareciente su auto patrocinio, también asumió el patrocinio de cinco demandados mas, por lo cual tal agravio carece de todo sustento. Existe una condena en costos donde no se excluyó al compareciente, no pudiendo desconocerse una condena firme; se remite a lo expresado en el numeral 61 a 73 del escrito de fecha 1/4/2024 donde se contesta la oposición a la demanda por él presentada. Resulta asimismo una burla sostener que el actor, letrado, no tiene derecho a cobrar por su trabajo que se vio obligado a realizar enfrentando denuncias y juicios de la contraria. Sobre el pago del IVA, el compareciente ha realizado un detallado análisis sobre su procedencia, habiendo agregado como prueba una demanda iniciada por el letrado apelante contra el compareciente ante la SCJ donde sostiene que corresponde aplicar el IVA del 22% aparte del honorario devengado, cambiando ahora de criterio. Se remite el dicente a lo expresado en escrito de demanda en los numerales 74/81. 4.- Franqueada la alzada con efecto suspensivo y recibidos los autos, se dispuso el pase a estudio de los Sres. Ministros por su orden. Por la abstención de la Sra. Ministra María del Carmen Díaz, se procedió al sorteo de rigor, recayendo la suerte en la Sra. Ministra María Noel Tonarelli. Realizado el estudio correspondiente, se acordó el dictado de la presente sentencia. CONSIDERANDO: I.-El Tribunal, integrado y por unanimidad, habrá de revocar parcialmente la Sentencia recurrida, modificando el monto de los honorarios a regular, situándolos en la suma de 163,87 UR (más IVA), en base a los siguientes fundamentos. II.- Tratan las presentes actuaciones de un proceso de regulación de honorarios iniciado por el Dr. Carlos Bisio contra la Sra. Ana María Rivas, como consecuencia de haber resultado ganancioso con condena en costas y costos a su favor en el proceso de acción de nulidad y en subsidio declaración de dolo, fraude y colusión (acordonado IUE 2-22398/2013), que fuera promovido por la Sra. Rivas contra varias personas (entre ellos el propio Dr. Bisio), con la finalidad de dejar sin efecto las resultancias del juicio ejecutivo tramitado ante el Juzgado Letrado en lo Civil de 15° Turno en el IUE 2-50110/2008 (el expediente luego pasa Civil 14° T.). Conforme surge del estudio del referido acordonado (expediente principal), las partes litigaron en Sede Civil hasta que por interlocutoria No. 2261/2015, de fecha 4/9/2015, la Jueza interviniente se declaró incompetente por razón de materia y dispuso la remisión de las actuaciones al Juzgado de Familia correspondiente (fs. 478/493), lo que fue apelado por varias partes (entre ellas, la Sra. Rivas y también por el Dr. Bisio por sí y en representación de otros cinco codemandados). La referida resolución fue confirmada por el T.A.C. de 5° T. por sentencia interlocutoria No. 65/2016 del 2/6/2016, que asimismo dispuso “las costas y costos del grado sobre la cuestión competencial a cargo de la actora apelante” (fs. 647/650). Estos son los honorarios debatidos en autos. III.-El juez de la apelación, no tiene más poderes que los que caben dentro de los límites del recurso deducido. No hay más efecto devolutivo que el que cabe dentro del agravio y del recurso: “tantum devolutum quantum apellatum” (Cfme. Eduardo J. Couture “Fundamentos del Derecho Procesal Civil”, abril 1993, pág. 366/368). Por consiguiente, el objeto de la alzada queda restringido exclusivamente a los agravios deducidos por la parte apelante, advirtiéndose que: a) se comparten los fundamentos expresados por la a-quo respecto a que el Arancel se erige como una simple pauta para la regulación, no siendo preceptiva la aplicación del mismo. La jurisprudencia es constante en el sentido de considerar que el precio de costumbre -cuya determinación conforma el objeto del proceso de regulación de honorarios- no habrá de ser el resultado de la mera aplicación del Arancel del Colegio respectivo, en tanto no constituye más que una guía y carece de obligatoriedad; b) la forma de calcular el monto en que se regulan los honorarios y a la aplicación del Arancel del Colegio de Abogados para tal regulación, es “quaestio juris”, de manera que el hecho de que las partes hayan coincidido en la aplicación al caso de determinadas normas arancelarias no determina que la Sala estime que tal es el derecho aplicable, de acuerdo con el principio “iura novit curiae”; y c) por razones metodológicas el análisis de los distintos motivos de agravio se efectuará en orden diverso al expuesto en el recurso. IV.- En lo inicial, por lógica y por involucrar a un presupuesto de actuación de cualquier pretensión (legitimación), corresponde abordar el cuestionamiento fundado en que el abogado que litiga en causa propia no tiene derecho a reclamar honorarios de la parte vencida en costos. Para comenzar el agravio debe rechazarse por la simple razón de que el promotor no solo se auto patrocinó en el expediente principal, sino que también asumió el patrocinio de otros cinco codemandados en ese juicio, quienes fueron debidamente citados y no comparecieron (fs. 87/100), circunstancia que, por si sola, priva de todo sustento a la defensa del apelante. De todas formas, cabe agregar que este Tribunal ya se ha expedido en sentido contrario a la tesis postulada por el recurrente al señalar -en términos que se revalidan por ser de total aplicación en la especie- que de acuerdo a lo establecido en el art. 144 inciso 13° de la Ley N° 15.750, en hipótesis como la que se verifica en obrados (abogado que ejerció su propio patrocinio letrado), éste está legitimado para “dirigirse en forma directa contra el condenado ... mediante el presente proceso, ya que la ley no distingue” (Sentencia de la Sala No. 8/2013, BJN). A mayor abundamiento, tampoco puede aceptarse el argumento de la accionada en cuanto afirma que el abogado que se patrocina a sí mismo “no tiene costos de honorarios que realizar y por lo tanto, no existe obligación de pago por más que haya sido condenada su contraria” (fs. 170). Dicho razonamiento es erróneo pues la condena en costos “hace nacer en la parte sustancial un derecho de crédito, constituye una sanción y no tiene como origen que se haya generado o no honorarios” (Cfme. Sentencia No. 284/2008 del T.A.C. 4° T. en R.U.D.P. No. 1-2/2009, c. 801, pág. 436). Por último, no se puede dejar de señalar que la controversia aquí planteada reedita los argumentos expuestos por las mismas partes en juicio de regulación de honorarios tramitado ante la S.C.J., donde la Corporación en concordancia con lo dictaminado por Fiscalía, expresó en términos enteramente aplicables al caso (con las naturales adecuaciones al proceso en estudio): “ ... el Dr. J.A.D. tiene derecho a cobrar lo que corresponda al trabajo técnico desarrollado en el proceso para defensa de la acción deducida por él como parte. Ha invertido en ello parte de su tiempo y de su actividad profesional, elementos ambos valorables en dinero que –de no tener la ocupación de este pleito- pudo dedicar al servicio de terceros, recibiendo la paga correspondiente. Esto da razón y motivo legal para que se le resarza a ese respecto. Con una solución distinta a ésta, su indemnización no sería completa ... “Ya en el presente siglo ha dicho el TAC 4o en mayoría, en sentencia No 64/2006: “...defensa en causa propia en la que la aplicación de conocimientos y el esfuerzo personal merecen igual tratamiento que la defensa de terceros, un criterio distinto significa un beneficio económico al condenado en costos en perjuicio del profesional que en su defensa distrajo el tiempo que pudo haber dedicado a otras actividades, entre ellas igualmente lucrativas” (véase LJU SUMA 137073). “En igual senda, el TAC 5o concluyó: “el hecho de que se trate de un auto patrocinio no tiene porqué determinar que no se lo trate de la misma manera que si fuera un patrocinio de terceros, porque ningún fundamento existe para beneficiar en esta situación al condenado y, al mismo tiempo, perjudicar a quien además de ser titular del derecho material, es letrado y puede patrocinarse” (Cfme. sentencia No 104/2002, LJU Caso 14561). “A lo precedentemente expresado, tal como lo expresa la Sra. Ministra Dra. Beatriz Venturini en su voto, no puede soslayarse en el sub examine la naturaleza de la condena a abonar costos y es la de sanción, como respuesta desfavorable y castigo a una conducta concreta, que además, en el caso ha sido dispuesta por orden judicial, esto es, una condena a la parte demandada dispuesta por la sentencia No 190/2020 dictada en el proceso de Revisión IUE: 1- 109/2013. Si no se hiciera lugar al planteo de regulación de honorarios, no sólo se violaría lo preceptuado por la sentencia de condena, sino que ello sería un beneficio inadmisible para la parte demandada que podría eludir una condena por el sólo hecho de que el profesional que genera los honorarios es, a su vez, la propia parte (caso de auto patrocinio)” (Sentencia SCJ No. 326/2024, BJN). V.- Tampoco es de recibo el agravio referido a las costas. Más allá de que las costas, como rubro objeto de reclamación, no pueden solicitarse bajo la estructura procesal del art. 144 de la ley 15.750 (Cfme. sentencia SCJ 326/2024 cit.), el rechazo del agravio se impone desde que, contrariamente a lo establecido en la apelación (num. 9, fs. 169 vta.), no fue la recurrida la que aprobó la liquidación de dichos gastos, sino la providencia No. 5066/2024, de fecha 17 de octubre de 2024 (fs. 125), cuya ejecutoriedad ante la ausencia de oportuna impugnación de las partes (fs. 126/127), obtura cualquier posibilidad de revisar lo resuelto por la a-quo en la presente instancia. VI.- El agravio formulado en relación a la determinación del monto del asunto como base de cálculo para la fijación de los honorarios es parcialmente de recibo. El punto de partida para formular la liquidación de honorarios del abogado o una de las pautas a considerar conforme a lo regulado por el art. 144 de la ley 15.750, es lo reclamado en el juicio principal (aun cuando la condena en costos haya sido en un incidente), puesto que allí obra la prueba de la labor realizada por el profesional y actualizado a la fecha de la demanda regulatoria como establece esa norma en su inciso segundo (Cfme. sentencias de TAC 7° T. No. 10/2001 en ADCU T. XXXII, c. 451, pág. 206, y No. 5/2004 en ADCU T. XXXV, c. 422, pág. 191; sentencia de TAC 5° T. No. i65/2005 en BJN; sentencia de TAC 3° No. 12/2000 en ADCU T XXXI, c. 482, pág. 211, e/o). Trasladando dichas pautas al caso concreto, debe considerarse el valor que surge de la demanda en aquel proceso ($ 3.000.000), y actualizar la suma desde la fecha de su presentación (6/6/2013), a la fecha de promoción de la demanda de regulación de honorarios (12/6/2023). De esta manera, al adicionar a la suma de $ 3.000.000, el reajuste correspondiente al período indicado, se obtiene un total de $ 7.254.518,89, cifra que representa el monto total del asunto y que a la fecha de presentación de la demanda regulatoria equivale a 4.543,10 Unidades Reajustables (valor de UR a junio de 2023 $ 1596,82). En otro orden, de acuerdo a la facultad relacionada en el literal b) del Considerando III precedente, y advirtiendo que el excepcionamiento que terminó dando lugar a la condena en costos de la segunda instancia constituye, en puridad, un verdadero incidente en tanto tiene un trámite específico aunque sobrepuesto al principal y su objeto es la resolución de algo conexo con lo principal pero distinto de éste, corresponde aplicar el honorario previsto por el art. 9 literal c del Arancel (en su máximo guarismo por la indiscutible complejidad del asunto). De modo que, estando al monto del asunto relacionado (equivalente a UR 4.543,10), la escala básica asciende a UR 630,31 (más de 4.200 UR = 596 UR + 10 % sobre el excedente de 4.200 UR). A dicha cifra corresponde restarle el 50% por ser incidente y el 50% por ser segunda instancia (art. 9 lit. d y e respectivamente), luego adicionarle el 30% por haber actuado como apoderado por el art. 44 CGP (art. 10 del Arancel), y sobre el monto resultante (UR 204,84), proceder al abatimiento del 20% efectuado en primera instancia con fundamento en el precio de costumbre (aspecto que no fue objeto de agravio y/o impugnación por ninguna de las partes), todo lo cual termina dando como resultado la suma de 163,87 UR (a lo que debe sumarse el IVA, según se analiza infra). VII.- Los agravios deducidos por el cómputo del IVA son de rechazo. El IVA es un impuesto al consumo indirecto, trasladable por ley y su carga económica debe ser soportada por el consumidor final, por tanto debe incluirlo en el procedimiento de regulación de honorarios en el que se fija el justo precio de la labor profesional (Cfme. ADCU, T. XXVI, c. 390 y 391). Si a lo anterior se le adiciona el hecho de que el abogado reclamante no solo se auto patrocinó en el juicio principal, sino que también asumió la defensa de otras cinco personas en el expediente principal, parece claro que existe una prestación de servicio gravable y, por tanto, la condena al pago del IVA fue correctamente aplicada. VIII.- La solución revocatoria parcial arribada y conducta procesal de las partes, determina que no haya mérito para imponer especial condenación en el grado (art. 688 C. Civil y art. 261 C.G.P.). Por los fundamentos expuestos y atento lo dispuesto por los arts. 248 a 261 del CGP el Tribunal, FALLA: Revocase parcialmente la Sentencia impugnada, y solo en cuanto al monto de los honorarios regulados en la recurrida, que se fijan en la suma equivalente a UR 163,87 UR (ciento sesenta y tres Unidades Reajustables con 87/100, más IVA). Sin especial condenación procesal en el grado. Oportunamente, devuélvanse estos obrados a la Sede de origen, con copia para la Sra Juez a- quo. Dr. Guillermo Gutiérrez Herrera - Ministro Dra. Claudia Diperna Acosta - Ministra Dra. Maria Noel Tonarelli de Pena - Ministra Dra. Ma. Laura Sturla Berhouet- Secretaria Letrada