Sentencia Definitiva N° 213/2020

p { margin-bottom: 0.21cm; direction: ltr; color: rgb(0, 0, 0); }p.western { font-family: "Times New Roman",serif; font-size: 12pt; }p.cjk { font-family: "Arial",sans-serif; font-size: 12pt; }p.ctl { font-family: "Lohit Hindi","Times New Roman"; font-size: 12pt; } SENTENCIA DEFINITIVA Nº 213/2020 Min. Red. Dra. Beatriz Venturini Montevideo,18 de noviembre de 2020 VISTOS: Para sentencia definitiva de segunda instancia, en estos autos caratulados: “GARCÍA VAZQUEZ, RUBEN C/ MARTINEZ GARCÍA, PABLO Y OTRO. ACCIÓN SIMULATORIA.” - IUE: 2-36631/2016; venidos a conocimiento de este Tribunal por virtud del recurso de apelación interpuesto por la parte actora a fs. 760 a 783 vto., contra la interlocutoria Nº 1707/2018 (fs. 202), la interlocutoria Nº 3589/2018 (fs. 486/490) y contra la definitiva Nº 7/2020 (fs. 740 a 758), dictadas por la Sra. Juez Letrado de Primera Instancia en lo Civil de 19º Turno, Dra. Gabriela Rodriguez Marichal. RESULTANDO: 1) Por la definitiva – a cuya relación de antecedentes procesales útiles se hace remisión por ajustarse a las resultancias de autos – se desestimó la demanda en todos sus términos, sin especial condenación. Por las interlocutorias Nº 1707/2018 (fs. 202) – a cuya relación de antecedentes procesales útiles se hace remisión por ajustarse a las resultancias de autos – no se hizo lugar al diligenciamiento del medio de prueba solicitado por la parte actora a efectos de aclarar las circunstancias en que tuvo lugar la muerte de un sobrino de los demandados; y por la Nº 3589/2018 (fs. 486/490) se dispuso practicar la pericia dispuesta debiendo expedirse el Sr. Tasador sobre el valor de mercado de los derechos de promitente comprador de la mitad indivisa del inmueble padrón Nº 57.747/005 (en realidad es “001”) en agosto de 2015 y sobre el valor estimado de remate del 50% indiviso del bien a agosto de 2015. 2) Contra dichas decisiones, se alzó la parte actora, interponiendo recurso de apelación, y articulando los agravios que surgen de fs. 760 a 783 vto.- En lo medular le agravió la valoración de la prueba realizada por la Sede a quo, siendo errónea, pues la “causa simulandi” no es otra que el codemandado Pablo Martínez, apremiado por todo el entorno de su endeudamiento, y al ver la pérdida de lo que había sido su domicilio en la calle Agraciada, no ha hecho otra cosa que tratar de asegurar en lo posible, un domicilio en el cual nadie pudiere venir a sacarle, al recurrir al argumento de la “promesa de compraventa” a favor de su propia hermana. Es absurdo que la apelada haya justificado el accionar del coactor en cuanto a que se encontraba atravesando serias dificultades económicas, ya que todo ello se trata precisamente de uno de los indicios documentarios elementales para la demostración de la existencia del negocio simulado. Por otro lado, señala que su parte ha pretendido la ejecución de los bienes, y solicitó los títulos respectivos, pero el tenedor de los mismos, el Esc. Pavese, de evidente conocimiento de las partes de dicho juicio, hizo entrega de los mismos en el expediente tramitado en Florida IUE 261-481/2015 el 18 de setiembre de 2017, y el allí ejecutante Luis Alberto Figueroa Colasso, con su abogado el Dr. Rigali, no han seguido adelante con el juicio, salvo la reinscripción de cautelas, por lo que se está impidiendo contar con dicha titulación completa por esta Sede, para que prospere el juicio ejecutivo IUE 2-11956/2016, lo que indudablemente trasunta una conducta de notorio entendimiento entre el simulante de autos Pablo Ignacio Martinez y su aparente “acreedor” de Florida, el familiar Luis Alberto Figueroa Colasso, con el consiguiente perjuicio para el compareciente y demás acreedores que tienen sus juicios ejecutivos paralizados. En otro orden de ideas, es erróneo el argumento de la atacada que convalida que se hubiera confirmado a Isolina Martínez en la posesión total del inmueble de autos, por parte de su hermano, el promitente vendedor, pues choca de manera absoluta con la realidad emergente de autos, donde se demuestra que el matrimonio formado por Pablo Martinez y su esposa prosiguieron en el bien, haciendo acto de ocupación personal de dicho inmueble que se aparentó enajenar en la cuota parte, violando así el contenido de la cláusula 3ra. de la promesa. Por otro lado, le agravió lo vil del precio, además de la inexistencia de este, dado que en autos no se probó en forma documental que efectivamente fue depositado. La A quo ha priorizado cuánto acaeció en el inmueble dos años antes del negocio, para luego hacer que esa situación pudiera tener eventual incidencia sobre el monto estimado por la realidad de la pericia, una pericia que en modo alguno debía ingresar en semejante subjetividad absolutamente ajena al objeto del proceso y de la prueba del juicio. Que en autos tuvo lugar una modificación del objeto pericial inicial – a pesar de la oposición de esta parte-, sobre el supuesto “valor de remate de la mitad indivisa del inmueble P. 57747/001” que hubiera tenido en un escenario ficticio, lo que mereciera la interposición de los recursos de reposición y apelación por ésta parte con efecto diferido contra la providencia Nº 3589/2018, desde el momento que en este proceso no se había planteado ni en la demanda ni de las contestaciones, ninguna situación de remate del 50% del inmueble objeto del negocio simulado (véase escrito fs. 495). Otro indicio de simulación fue que la escribana nunca aporto por su parte una copia simple de los certificados registrales previos a la fecha del negocio impugnado, a pesar de las intimaciones cursadas al respecto, tampoco fueron aportados por Isolina Martínez. Criticó que haber planteado la contratación entre hermanos desde el punto de vista de la ausencia de impedimentos legales, es apartarse por completo de la esencia del análisis de la maniobra simulatoria. También se agravió en cuanto a la no imposición de costas y costos a los codemandados partícipes de la maniobra. 3) La parte codemandada Isolina Martínez y el codemandado Pablo Martínez evacuaron el traslado, abogando por la confirmatoria en los términos de fs. 790 a 794, y de fs. 795 a 799 vto., respectivamente.- 4) Por providencia Nº 761/2020 (fs. 801) se franqueó la apelación contra la definitiva y las interlocutorias, con efecto suspensivo, para ante el Tribunal de Apelaciones en lo Civil que correspondiere.- Asignada esta Sala (fs. 810), recibidos los autos el 03/07/2020 (fs. 810 vto.), por la licencia médica de la Sra. Ministra Teresita Macció, la Sala se integró con la Sra. Ministra Suplente Dra. Ana Gabriela Rivas y tras el estudio de precepto, se resolvió emitir decisión anticipada al amparo de lo dispuesto por el art. 200.1 del CGP.- CONSIDERANDO: I). El Tribunal, con el voto conforme de todas sus integrantes, acordó confirmar las sentencias interlocutorias, así como la sentencia definitiva impugnadas, sin especial condenación en la instancia, en mérito a las siguientes consideraciones. II). Corresponde en primer término analizar la apelación sobre las Sentencias Interlocutorias impugnadas. II.a). Sobre la impugnación de lo resuelto en la audiencia preliminar, en Resoluciones Nros. 1707/2018 y 1709/2018, los agravios no son de recibo. Estima la Sala que la pretensión de hacer prueba sobre manifestaciones efectuadas en la contestación a la demanda por la co demandada Sra. Isolina Martinez, en el sentido del “suicidio” de su sobrino, que efectivamente se incluyen también en los resultandos como una manifestación de esa parte codemandada, prueba que habría apuntado a aclarar las circunstancias de la muerte del joven Nicolás Gastón Martinez Alcaire, concretamente si fue un suicidio o fue abatido en tiroteo con la policía el 6 de diciembre de 2017, fue correctamente desestimada por la distinguida A quo, por tratarse de prueba que nada tiene que ver con el objeto del proceso de autos, en argumentación que la Sala comparte. II.b). Respecto de la Resolución 3589/2018 del 15 de noviembre de 2018 (fs. 486), mantenida por Resolución Nro. 108/2019 que desestima la reposición, tampoco asiste razón al apelante. En primer término, la Sala releva que la circunstancia que da fundamento a la impugnación no fue considerada en la sentencia en forma concreta, sino que se toma el valor de mercado a agosto de 2015 del 50% del bien, esto es la suma de U$S 81.000, y la argumentación que descarta el “precio vil” tiene relación con otras circunstancias. Igualmente, a criterio de la Sala fue correcto tener en cuenta todas las circunstancias que pudieran considerarse para establecer el precio del 50% del bien prometido en venta, y la impugnación debe rechazarse. III). En cuanto a la impugnación a la sentencia definitiva la Sala, por unanimidad, coincide con la solución desestimatoria de la demanda. El caso de autos, en un primer abordaje, luce como opinable, pues el actor, quien ha acreditado ser acreedor del codemandado Sr. Pablo Martínez, impugna, con sólidos argumentos, por simulada una promesa de compraventa del 50% de un inmueble que el deudor celebró con su hermana la codemandada Isolina Martinez.- Es del caso señalar que concurren algunos indicios típicos de la simulación, a saber: que Martínez tenía muchas deudas, los otorgantes son hermanos, la Escribana que intervino fue la del vendedor, en el inmueble viven Martínez y su esposa, no hay prueba del pago del precio, en particular del saldo final con el que se otorgó carta de pago.- Sin embargo, y por otro lado, Pablo Martínez intentaba pagar sus deudas y, a tales efectos, fue acreditado que vendió el apartamento en el que vivía en la calle Agraciada Padrón 416.742/008), le pagó al Banco Hipotecario del Uruguay, también parcialmente al Sr. Figueroa (acreedor que el accionante considera dudoso porque es sobrino de quien fue marido de la codemandada Isolina Martinez, la hermana, y que tiene proceso de ejecución en curso contra Pablo Martinez en Florida) y a Microfinanzas del Uruguay SA.- Luego, la cuestión del precio vil (la suma de U$S 30.000 por el 50% bien objeto de la promesa de venta impugnada), tasado como ya se indicó en U$S 81.000, fue considerado razonable en la atacada porque fue efectivamente acreditado el inmueble estaba sumamente deteriorado, pues el hermano que allí vivía, y luego fallecido en 2013, Cesar Martinez tenía el mal de Diógenes, también se acredita que fueron realizadas mejoras en el bien con motivo de tal situación por parte del Sr. Pablo Martinez y su esposa.-. Estima la Sala que la sentencia analizada es muy fundada y, luego de analizar toda la prueba y los indicios, concluyó en que el negocio era sincero.- No se comparte la afirmación del apelante en el sentido que la Sra. Juez A quo ha analizado la prueba en un sistema de “libre convicción”. Como ha señalado ilustre tratadista, la normativa sobre carga de la prueba tiene como fundamento "... la distribución del riesgo de la falta de certeza, se encuentra en los principios de la lógica, la justicia distributiva y la igualdad de las partes ante la ley y el proceso, esto es, en la necesidad de darle a todas las partes una adecuada oportunidad y una guía segura para la defensa de sus derechos y su libertad" (Devis Echandía, H. "Teoría general de la prueba judicial, T. I p. 455). Como afirma el mismo autor "la prueba cumple su finalidad cuando produce la certeza en la mente del Juez, y si tal certeza no se alcanza, no habrá satisfecho su función" (ob.cit. p. 251). Como se ha afirmado por esta Sala de 1er Turno (S. 415/86): "La carga de la prueba aparece como una regla de juicio, porque es en el momento culminante del proceso, al terminar éste por el pronunciamiento que esclarezca la situación dubitativa que le diera origen, cuando despliega sus efectos más típicos, debiéndose resolver el mismo contra quien no acredita sus afirmaciones (Micheli, La carga de la prueba, p. 13, Carnelutti, Instituciones... T. 1. p. 345, Marabotto, Torello y Simón "La carga de la prueba...", IIIas Jornadas Nacionales de Derecho Procesal Rivera 1985 p. 5 (Cf. R.U.D.P. No. 4/87, c. 694, 494 y también R.U.D.P. No. 3/84 p. 415). Ello no significa sin más la aplicación categórica del principio de inconmovilidad de la escritura pública, no admisible a la luz de las modernas conclusiones de doctrina y jurisprudencia, sino el resultado de una valoración de la prueba, realizada conforme a reglas de experiencia, pero habiendo sido fundamental el principio de inmediación que permitió en todo momento la apreciación directa efectuada por la Sede en la recepción de la prueba testimonial y declaración uno de los coactores y de la codemandada otorgante del negocio y que deviene propietaria y al mismo tiempo deudora …. En definitiva, se estima que en autos sólo puede entenderse acreditado que la adquirente del bien recibió el préstamo, y que su padre dispuso del mismo en su favor por sí, en cuyo aspecto no hay ilicitud ni nulidad…”. Entonces, se analizarán los agravios en el orden propuesto en el libelo respectivo (fs. 773 y ss.) III.a). El indicio “parentesco o relación parentelar”, o “affectio” pues es clara la confianza inherente a la calidad de hermanos, y no se controvierte que quienes celebran el negocio impugnado son hermanos. Mas allá de la cuestión que correctamente releva el apelante, en el sentido que no fue invocado que exista una prohibición de enajenación de bienes entre hermanos, y que ello es así señalado en la atacada, la sola realización de un negocio entre hermanos no implica “per se” que se trata de un negocio simulado absolutamente y por ello nulo por falta de consentimiento y de causa. III.b). El indicio de la “no ejecución de las obligaciones asumidas en el contrato”. En el negocio impugnado, por la cláusula tercera, el promitente vendedor Sr. Pablo Martinez, confirma a la promitente compradora en la posesión del bien “que tomó antes de este acto”. Es de verse que la promitente adquirente ya era titular del 50% indiviso del inmueble, y conforme a la prueba producida, la verdadera naturaleza del negocio jurídico celebrado es la de un negocio de cambio, en puridad, una compraventa, pues nacen obligaciones sustanciales la entrega de la posesión y el pago del precio. En particular, de la prueba recibida emerge que a la fecha del negocio (10 de agosto de 2015), el codemandado Pablo Martinez no vivía en el bien, y quien sí lo hacía era un sobrino del nombrado. Asimismo, el codemandado referido pasó a vivir en el bien luego de efectuarle reparaciones por el estado en que se encontraba el bien. Cabe remitirse a las referencias a la abundante prueba testimonial relacionada en la atacada a fs. 752. III.c). Se refiere en la apelación a la “inminencia de amenaza de ejecución judicial latente”. La Escribana actuante en el negocio deja constancia de haber tenido a la vista los certificados del Registro de Actos Personales y de la Propiedad Inmueble de Montevideo, libres de inscripciones, y si bien los certificados no fueron agregados, el primer embargo genérico que surge inscripto con fecha 14 de agosto de 2015 (posterior al negocio de autos, trabado un día después del mismo), corresponde a un juicio tramitado en Florida IUE 261-481/2015, en trámite. III.d). Se plantea la coetaneidad de las fechas del negocio impugnado y la traba del embargo genérico referido y la circunstancia de que el actor en aquel proceso Sr. Figueroa es sobrino político de ambos codemandados. Sin embargo, el referido proceso, según se enuncia en el libelo de agravios sigue en trámite y recientemente se ha dispuesto la reinscripción de la cautela, y también fue acreditado un levantamiento parcial de embargo por un pago parcial de U$S 40.000. Fue acreditado también que el Sr. Figueroa le prestaba dinero al Sr. Pablo Martinez desde 2004 y que ambos tenían negocios en común. También fueron acreditados otros pagos efectuados por el codemandado Pablo Martinez a acreedores como Banco Hipotecario y la institución de crédito Microfinanzas Uruguay S.A., la que también había trabado embargo al nombrado. Por ello la Sala comparte la conclusión de la atacada según la cual el codemandado Martinez se había propuesto saldar deudas, y para ello enajenó el apartamento, bien ganancial, Padrón 416.742/001, con cochera, y así aplicó a ello el producido de la venta por la suma de U$S 210.000, lo cual no es coherente con una intención de vaciar su patrimonio para eludir acreedores, todo lo cual desvirtúa la “causa simulandi” invocada como fundamento de la pretensión. III.e). El indicio relativo a la actitud omisa del Sr. Martinez en el juicio ejecutivo que le fue instaurado por el actor con motivo de los vales que documentan los préstamos efectuados, no trasunta actitud simulatoria alguna, y como se señala en la atacada, es altamente frecuente que en esos procesos no se opongan excepciones. III.f). El indicio relativo al “precio vil”. La Sala comparte las citas doctrinarias efectuadas en la apelación, en particular cuando se señala que “ ...la maniobra simulatoria conforma una verdadera obra de la ingeniería jurídica puesta al servicio de una causa torpe en la cual cada pieza sustenta a la otra hasta formar una trama capaz de desmoronarse al menor titubeo de uno cualquiera de sus elementos. Es precisamente en la litis o en el proceso donde esta obra de ingeniería se somete a prueba, de forma de saber si resiste los embates de la justicia. Las respuestas que se dan a la acusación de simulación o el comportamiento que se asume en el mismo proceso, pueden estar evidenciando la existencia misma de la simulación". (Ordoqui Castilla La acción simulatoria en Estudios de Derecho Jurisprudencial 7, Del Foro 1998 ps. 209/210, Cf. Muñoz Sabaté, La prueba de la simulación, Barcelona 1972 p. 404). " Ha afirmado esta Sala, entre otras en Sentencia Nro. 142/2010, con otra integración: “ Como ha señalado la doctrina y la jurisprudencia la simulación consiste en manifestar, de acuerdo con la otra parte, una voluntad aparente o porque no quiere cumplir ningún acto (simulación absoluta) o porque se quiere concluir un acto diverso del ficticio (simulación relativa) (Conf. Jorge Gamarra “Tratado de Derecho Civil Uruguayo” Tomo XIII, pág.15) (sentencia Nº28/2008 del Tribunal en A.D.C.U Tomo XXXIX. c.921, pág.569, entre otras de la Sala).- En la simulación absoluta -que es la situación planteada en autos- los simulantes se proponen únicamente crear la apariencia de un contrato (el negocio simulado), pero no tienen ninguna intención de contratar, la simulación absoluta significa que, por debajo de la apariencia, no existe nada, es llamada con propiedad negocio o contrato vacío, porque solo existe la ficción o apariencia de tal. Las partes dicen contratar y no lo hacen. El concierto simulatorio se reduce simplemente a producir una ficción de negocio, no modificándose en modo alguno la esfera jurídica de las partes. Estas no han querido contratar ni celebrar negocio jurídico alguno. Los fines y efectos de dicho negocio no son queridos por las partes, y su único motivo, en la generalidad de los casos, es el causar un perjuicio a terceras personas ocultando el patrimonio, garantía común de los acreedores. No se quiere celebrar el negocio que acuerdan, no quieren sus efectos ni sus consecuencias (Conf. Jorge Gamarra “Estudios sobre Obligaciones” pág.165, del mismo autor “Tratado de Derecho Civil Uruguayo” Tomo XIII, pág.55; Miguel Ángel Tomé Gómez “Negocios Jurídicos Simulados y Fraudulentos” pág.91/92). En ese mismo sentido la Sala afirma en Sentencia Nro. 115/2017: “… el Prof. Juan Blengio en su reciente estudio “Simulación. Causa simulandi y matrimonio por conveniencia”, publicado en Anuario Uruguayo Critico de Derecho de Familia y Sucesiones: doctrina, jurisprudencia, temas procesales y registrales. año 2014 nro. 2 pág. 77-88, que la simulación debe analizarse desde la perspectiva de la causa como función individual o concreta, y teniendo especialmente en consideración que el fenómeno de la simulación no sólo es unitario, sino que constituye una operación económica única. Señala el autor que ello permite “apreciar el negocio de una manera realista, identificando cuál es su contenido, su alcance, el fin al que está preordenado, y en particular, su licitud o ilicitud. De manera sintética, podemos señalar que este enfoque, en el caso de la simulación, no solo nos llevará a determinar si en el caso analizado, hay una secuencia negocial mediante la cual se articula una situación (que, de regla, aunque no exclusivamente, es un contrato) aparente destinada a engañar a los terceros, sino, la función específica, concreta, que la misma está destinada a cumplir. Se tratará pues, de precisar no solo la existencia de una finalidad de engaño, que es la función constante de la simulación (causa objetiva abstracta), sino la función concreta que, en el caso específico, el mecanismo engañoso está destinado a cumplir (causa individual). No solo se ha de individualizar la finalidad de engaño, sino para qué se engaña.”. (Fallo comentado por el Prof. Blengio en la RDJC T. VII “Simulación relativa objetiva. legitimación activa. La cuestión de la licitud de la simulación. Requisitos de forma del negocio disimulado. Comentario de la Sentencia definitiva NºDFA 3-592/2017 SEF 3-115/2017 (BJN) del Tribunal de Apelaciones en lo Civil de Primer Turno.” En el caso a estudio el apelante insiste en que el precio del negocio impugnado fue “vil” y agrega como indicio presuncional la “forma de integración del precio”. Se trata del 50% indiviso de una propiedad, de la cual el otro 50% ya era de propiedad de la adquirente, hermana del enajenante. A estar a lo afirmado por la Escribana Noria en su declaración con fecha 20 de setiembre de 2018, el precio, de U$S 30.000, fue fijado por las partes. Siendo el año 2015 no estaba vigente la ley de inclusión financiera y fue integrado con la suma de U$S 20.000 por depósito del que la Escribana afirma haber tenido a la vista la constancia (véase a fs. 458), y luego una entrega en efectivo de U$S 10.000, contra la cual se otorgó la carta de pago correspondiente. La Sra. Isolina Martinez señala en su declaración que luego de una mala experiencia con un banco ha optado por tener su dinero en efectivo en su casa. Según el informe pericial, el valor de mercado al momento del negocio es de U$S 81.000, y la parte accionante señala en la audiencia de declaración del perito que coincide totalmente con el valor tasado y pide que de ello quede constancia, a lo cual se le indica por la Sra. Juez que ello queda consignado en la grabación y por el sistema audire. No fue cuestionado al apelar que la adquirente hubiera tenido solvencia para abonar el precio, sino que se insiste en que es “vil” y no se hizo efectivo realmente. También queda claro que si bien se fijó como objeto de la pericia establecer el valor de mercado de los derechos de promitente comprador de la mitad indivisa del bien, y el perito afirma que no se tuvo en cuenta ello y se fijó lisa y llanamente el valor del bien, el criterio de la atacada para desconsiderar el valor pericial, y considerar razonable el precio fijado, tiene relación con el estado en que se encontraba el bien, respaldado con numerosas declaraciones (ver fs. 754 y 755), y también con el antecedente de la ocupación por parte de una persona, que si bien fallece en 2013 (Cesar Martinez) padecía “síndrome de Diógenes”. También fue correctamente relevado que el codemandado Pablo Martinez paso a vivir al bien en 2016 y que previo a ello se realizaron trabajos de arreglos y mejoras en el bien, lo cual el mismo explica como una suerte de contraprestación por la utilización del bien, cuyo 50% enajenó a su hermana, en su declaración de parte. Se trata de un relato convincente de cual fue su situación, con una cronología comprobada en el proceso, por la cual se enuncian sus conductas con la finalidad de pagar sus deudas, que incluye haber aportado una garantía hipotecaria en favor del accionante, con posterioridad al negocio impugnado, la cual fue oportunamente ejecutada, de la misma forma que explica el origen de la deuda mantenida con su sobrino político, por U$S 300.000, que re-documenta un préstamo efectuado en el año 2005, así como el pago parcial efectuado al mismo acreedor por U$S 40.000. Por ello la Sede coincide con la conclusión de la atacada en el sentido de la ausencia de voluntad de insolventarse. III.g). Finalmente, la solución adoptada conduce a rechazar el agravio por la no imposición en costas y costos, punto en el cual la Sala tiene opinión y entiende que corresponde, pero para casos en que se declara la simulación y el fraude, lo que no es el caso de autos. IV). La correcta conducta de las partes no amerita imponer especiales condenas procesales en este grado (arts. 688 C.C. y 56 y 261 C.G.P.). Por los fundamentos expuestos, normas citadas y lo dispuesto por los arts. 197, 198 y 257 del C.G.P., el Tribunal F A L L A: CONFÍRMASE LA SENTENCIA APELADA, SIN ESPECIAL CONDENACIÓN EN LA INSTANCIA. HONORARIOS FICTOS: $ 35.000. NOTIFÍQUESE Y DEVUÉLVASE. DRA. NILZA SALVO – DRA. BEATRIZ VENTURINI – DRA. ANA GABRIELA RIVAS - MINISTRAS. ESC. ROSARIO FERNANDEZ – SECRETARIA LETRADA.