Sentencia Interlocutoria N° 874/2020

Montevideo, seis de agosto del dos mil veinte VISTOS : Estos autos caratulados: MALANGA ILLARIA, DIEGO Y OTRO C/ ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE USINAS Y TRASMISIONES ELÉCTRICAS (UTE) – DAÑOS Y PERJUICIOS – CASACIÓN - IUE: 2-13555/2019. RESULTANDO: 1.- Por sentencia interlocutoria No. 2.197 de 26.VIII.2019 el Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo de 2º Turno resolvió: “I) Amparar la excepción de caducidad opuesta por la Administración Nacional de Usinas y Trasmisiones Eléctricas (UTE) y en su mérito, disponer la clausura y archivo de las actuaciones. II) No imponer especial condena procesal en el grado. III) Determinar que consentida o ejecutoriada, se cumpla y oportunamente, se archive. IV) Establecer los honorarios fictos a los efectos fiscales de $U30.000” (fs. 146/151). 2.- A su vez, por sentencia interlocutoria identificada como SEI-0008-000008/2020 de 12.II.2020 el Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 7º Turno resolvió: “Revócase la recurrida y en su lugar desestímase la excepción de caducidad opuesta por la demandada, remitiéndose los obrados a la Sede de origen para que se pronuncie sobre el resto de las defensas deducidas infolios y continúe el proceso conforme a derecho. Sin especial sanción procesal en el grado. Oportunamente, devuélvase” (fs. 176/186). 3.- A fs. 189/197 vta. el representante de la parte demandada interpuso recurso de casación. 4.- Por interlocutoria No. 58 de 10.VI.2020 el ad quem franqueó el recurso de casación por ante la Corporación (fs. 215). CONSIDERANDO: 1.- La Suprema Corte de Justicia declarará inadmisible el recurso de casación interpuesto. 2.- En efecto. El art. 268 del C.G.P. establece: “El recurso de casación procede contra las sentencias dictadas en segunda instancia por los Tribunales de Apelaciones en lo Civil, de Trabajo y de Familia, así como por los Juzgados Letrados de Primera Instancia, sean definitivas o interlocutorias con fuerza de definitivas”. 3.- La Corte en lo que dice relación con las sentencias interlocutorias con fuerza de definitivas ha expresado: “...que si bien el nuevo ordenamiento procesal no define su concepto”, cabe entender que “...el C.G.P. refiere en principio a este tipo de sentencias en artículos tales como el 252.1 (‘...que pongan fin al proceso y hagan imposible su continuación’) o el 281 (‘...interlocutorias firmes que pongan fin al proceso...’), recepcionando así el criterio establecido en la legislación procesal anterior y en la doctrina precedente (v. Couture, ‘Vocabulario Jurídico’), 1960, pág. 554) (Cfme. entre otras sentencias de la Corporación Nos. 368/85, 71/85, I-136/90, 84/93)” (Cfe. Sentencia No. 795/95). 4.- En la especie, la sentencia recurrida no reviste la naturaleza de interlocutoria con fuerza de definitiva, no pone fin al proceso ni impide su continuación y por lo tanto no admite casación (Cfme. Sentencias Nos. 1317/2004, 1176/2013 y 1243/2013, entre otras). 5.- A su vez, el inc. 2º del art. 268 del C.G.P. establece: “...cuando se trate de juicios seguidos contra el Estado, los Gobiernos Departamentales, los Entes Autónomos y Servicios Descentralizados en general ... aun mediando sentencia de segunda instancia que confirme en todo y sin discordias la sentencia de primera instancia, el recurso será admisible cuando se trate de asuntos cuyo monto superare el importe equivalente a 6.000 U.R.”. En el caso, se tramita un juicio seguido contra una entidad estatal, lo que hace aplicable la norma transcripta. 6.- En la especie, la cuantía del asunto, estimada por la propia actora en su libelo introductorio no alcanza las 6.000 U.R. –monto mínimo habilitante de la casación que debe acreditarse, siempre que la pretensión esté dirigida “contra el Estado, los Gobiernos Departamentales, los Entes Autónomos y Servicios Descentralizados en general”-; lo que determina también la suerte del planteo. 7.- A saber monto del asunto estimado en la demanda: $3.389.675; valor U.R. marzo/2019: $1.161,96. Lo que da un total de 2.917,20 U.R. En este sentido, la Corte ha sostenido en resolución No. 1.091/2016 que: “El monto del asunto debe ser estimado por el actor al demandar –art. 117 nral. 6º del C.G.P.- y si así no lo hiciere, será el demandado quien deberá hacer notar la omisión al contestar la demanda –art. 130.1 del C.G.P.-... los requisitos de admisibilidad del recurso de casación deben configurarse al momento de la demanda (Cf. sentencias Nos. 674/94, 769/96 y 114/97, entre otras), -y el monto o cuantía del asunto se acredita mediante el cumplimiento de la carga prevista en el art. 117 nral. 6º del Código General del Proceso- (Cf. Sentencias Nos. 876/96 y 999/96, entre otras)”. 8.- Como sostuvo la Corte en Sentencia No. 1944/2013, citando jurisprudencia anterior, (...) es el recurrente en casación el que tendrá la carga de probar que el monto de la demanda a la fecha superaba el mínimo habilitante fijado por la Ley como requisito de admisibilidad del recurso, agregándose que para su procedencia debe exigirse en el escrito de interposición (Cf. S. Nos. 309/08, 344/08, e/o). El valor de la causa a la fecha de la demanda no puede ser otro que aquél declarado expresamente por la parte en cumplimiento de la carga precisamente impuesta al litigante por tal disposición. Consiguientemente dicha cuantía rige a todos los efectos legales, incluida la posibilidad de interponer recurso de casación, sin necesidad de indicación específica alguna (Cf. Código General del Proceso, Comentado, anotado y concordado, T. 3, págs. 121-122). 9.- Ello conduce a concluir que no se alcanza, en el caso, el mínimo legal habilitante para interponer el recurso de casación. Por lo expuesto, la Suprema Corte de Justicia RESUELVE: DECLARAR INADMISIBLE EL RECURSO DE CASACIÓN INTERPUESTO, CON COSTAS. HONORARIOS FICTOS: 20 B.P.C. Y DEVUÉLVANSE.