Sentencia Definitiva N° 52/2012

SENTENCIA Nº 52. Montevideo, veintinueve de febrero de dos mil doce. TRIBUNAL DE APELACIONES EN LO CIVIL DE CUARTO TURNO. Ministro Redactor: Dr. Eduardo J. Turell Ministros Firmantes: Dra. Ana M. Maggi Dr. Juan P. Tobía Fernández AUTOS: “BIRENBAUM, MARCELO C/ COMISION HONORARIA ADMINISTRADORA DEL FONDO DE SOLIDARIDAD – CONTENCIOSO ANULATORIO-ACCION DE NULIDAD” – Ficha Nº 2-4238/2011. I) En la demanda se pretendió la nulidad del acto administrativo tácito o implícito en la intimación practicada el día 8 de diciembre de 2010 que, en tanto desconocido por el compareciente hasta que toma conocimiento de la intimación, no determina la apertura de plazo para su impugnación administrativa o jurisdiccional. Afirmó que es Licenciado en Administración, egresado en el año 1999 de la Universidad de la República, desde hace varios años no ejerce su profesión habiendo formulado la declaración jurada respectiva ante la CJPP, sus ingresos provienen de su calidad de Director de Laboratorios Celsius S.A. Sostuvo que no es contribuyente del Fondo de Solidaridad (leyes 16.524 y 17.451). Caracterizada como una contribución especial, es esencial la existencia de una actividad económica remunerada por parte del contribuyente, que se complementa o es de alguna forma, vínculo con el beneficio que obtiene. En el caso del Fondo de Solidaridad, afirmar que el sólo hecho de que el contribuyente haya recibido estudios conforma el hecho generador resulta una afirmación inexacta, porque este beneficio debe traducirse en una efectiva fuente de ingresos para el contribuyente derivados de su actividad profesional. Ello porque se tributa desde que se ha verificado el egreso, se deja de tributar cuando se ha aportado por 25 años o se verifica la jubilación, la derogación del art. 4 de la ley 16.524 por el art. 9 de la ley 17.451 no crea un aspecto del hecho generados que no está previsto en la norma legal vigente. En conclusión el hecho generador del aporte al Fondo no es otro que el beneficio que representa para el contribuyente el desarrollo de una actividad profesional remunerada en base a una enseñanza pública recibida. Y en la medida en que no exista ejercicio o que del ejercicio no se obtenga beneficio alguno no habrá tributo. Agregó que de no compartirse lo expuesto sería ilegítimo el reclamo de multas y recargos porque desde hace varios años no aparece en los listados de contribuyentes lo que generó un estado de “apariencia” de inexistencia de la obligación tributaria. El silencio administrativo – o mejor, la expresa exclusión de la nómina de sujetos obligados a efectuar el pago por vía descentralizada – opera como confirmador de un estado de certeza, necesariamente protegido por el ordenamiento jurídico mediante la irreversibilidad de los efectos generados durante la admisión por parte de la Administración. Y, finalmente, que no corresponde abonar los aportes, multas y recargos por el período 2002 – 2003 que se han extinguido por prescripción (art. 38 C.T.). Solicitó se anule el acto impugnado por ser contrario a las normas de derecho invocadas (fs. 8 – 19 vto.). II) La Comisión Honoraria Administradora del Fondo de Solidaridad evacuó el traslado señalando que desde la vigencia de la ley 17.451 la contribución al Fondo de Solidaridad y su adicional gravan a los egresados de la Universidad de la República a partir de cumplido el quinto año desde el egreso, independientemente de que ejerzan o no la profesión o de que perciban ingresos derivados de la misma. Según el art. 13 del C.T. la especie se define por el presupuesto de hecho y el destino y tal como lo ha manifestado la doctrina, el presupuesto de hecho es una actividad estatal de carácter general que produzca un beneficio económico a determinados particulares, y, en el caso la actividad estatal es la organización del servicio de enseñanza terciara siendo el beneficio recibido la educación y formación profesional. El ejercicio de la actividad profesional podrá ser parte del hecho generador de alguna contribución especial, como es el caso de las contribuciones al Banco de Previsión social o a la Caja de Profesionales Universitarios, pero no es un requisito esencial de este tributo cuyo hecho generador se configura por la calidad de egresado de la Universidad de la República (art. 3 de la ley 16.524 en la redacción actual) razón por la que se derogara el art. 4 de la ley 16.524 que exoneraba del tributo a quienes acreditaran no percibir ingresos de su condición de profesionales. Propuso que no se configuró la hipótesis de error excusable en la medida que no actuó con la diligencia media para cumplir con su obligación fiscal, porque no era el Fondo quien debía informarle la existencia de obligación, la información que surgía del sitio web de la institución no indicaba que no existieran adeudos sino que la factura no figuraba en los registros y claramente aconsejaba contactarse vía telefónica o por mail para obtener información o consultar ante la Caja de Profesionales. Y en el caso que se admitiera la eximente de responsabilidad invocada unicamente permitiría la exclusión de la multa pero no de los recargos tal como lo ha manifestado la doctrina tributaria. Admitió que ha operado la prescripción por los tributos generados en los años 2002 – 2003 y solicitó se rechace la nulidad pretendida (fs. 53 – 58). III) En la audiencia preliminar se fijó el objeto del proceso y de la prueba disponiéndose sobre los medios probatorios propuestos y, renunciándose a los alegatos se dispuso el pasaje a estudio (fs. 63 – 64) que se concretó convocándose a la audienciadel día de la fecha. IV) En lo formal, el recurso fue bien interpuesto, a partir del vencimiento del plazo de 30 días hábiles que disponía la demandada para la instrucción y resolución (art. 3 ley 17.451) que igualmente desestimó la reposición (fs. 30 – 44). El objeto exclusivo y excluyente del presente proceso una vez agotada la correspondiente vía administrativa, que en el caso fue observada, no es otro que el de resolver sobre la legitimidad de las resoluciones de las personas públicas no estatales, anulándolas en caso que resulten violatorias o desconozcan derechos subjetivos personales y actuales de los interesados (art. 29 del A.I. Nº 9, Sents. 65/96; 44/97; 137/98, 11/99, 185/00, 38/01, 80/02 entre otras). V) En lo sustancial, la pretensión anulatoria es de recibo parcial. Conforme al contenido de la ley 16.524 debe concluirse que el aspecto objetivo del hecho generador de la contribución al Fondo de Solidaridad se describía, en lo que interesa, por la percepción de ingresos derivados de la condición de profesionales universitarios (arts. 3, 4). A partir de la reforma introducida por la ley 17.451, el aspecto objetivo está constituido por la percepción de ingresos mensuales superiores a 4 salarios mínimos nacionales aunque ellos no estén originados en la actividad profesional (art. 3 en la nueva redacción y art. 9 de ley 17.451 derogatorio del art. 4 de la modificada). No se comparten los argumentos propuestos por el actor en orden a que la causa de la contribución es el beneficio derivado del ejercicio de la actividad profesional, por el contrario el Tribunal entiende que el beneficio económico particular, causa de la contribución, es la prestación del servicio de enseñanza universitaria íntegra, lo que lo distingue de las contribuciones de seguridad social (art. 13 C.T., Valdés Costa, “Curso ...”, págs. 223 y ss.). Las previsiones referidas al período por el que debe ser satisfecha (aporte por veinticinco años o acaecimiento de la jubilación) no son determinantes de razón para el recurrente, porque no se conecta con el ejercicio profesional sino a un período de tributación que contempla el desempeño de actividad no especificada. En definitiva, como se ha dicho: “El fundamento es la enseñanza prestada al sujeto pasivo de la obligación” (S.C.J., Sent. 235/97), “el egresado resulta gravado como tal, por haber recibido el título universitario, sin importar si percibe o no ingresos del ejercicio profesional” (Pérez Novaro, C., “Fondo de solidaridad ...”, Tribuna del Abogado, N° 126, pág. 21). VI) Sobre la justa causa para el no pago del tributo con la consecuencia de la ilegitimidad de la imposición de multas y recargos. Propuso la parte actora que, si no se admitiera su interpretación de las leyes aplicables, la conducta de la demandada reforzó su error en la medida que consultada la página web del Fondo de Solidaridad, se denunciaba que “su factura no figura en nuestros registros a la fecha” y controvierte la demandada precisando que la leyenda no indicaba que no existieran adeudos sino que no se contaba con su factura en los registros y aconsejaba contactarse vía telefónica o por mail para obtener información a través de la expresión “Verifique si sus aportes al Fondo de solidaridad los realiza a través de Caja de Profesionales Unviersitarios ... de lo contrario contáctese al 4001445 o a través de dirección de correo electrónico”. La cuestión en análisis es ajena al principio de seguridad jurídica que se conecta con los de legalidad, irretroactividad, anterioridad y prohibición de analogía (Addy Mazz, “Curso de Derecho Financiero y Finanzas”, T. I, Vol. II, 88 y ss.) y se centra en determinar si la información brindada en la página web de la institución tiene aptitud suficiente para inducir en error al contribuyente. La solución puede ser opinable. Partiendo de la necesaria consideración de que la página informativa debe contener los elementos necesarios para la finalidad que se persigue, si en ella se expresa que la factura no figura en los registros puede interpretarse, sin que se califique de imprudente, que no se es deudor, porque, en lógica debe entenderse que los registros contienen la nómina de los sujetos obligados al pago y si no se figura en ella la consecuencia lógica es que no se reviste la calidad de deudor. En la información no se indica que la ausencia de factura en los registros pueda deberse a otras circunstancias, que no correspondan a la ausencia de obligación tributaria, tampoco se señala en la contestación de la demanda razón alguna que justificara que la información tuviera ese contenido. Además, no es clara la sugerencia inmediata de verificación a través de las Cajas involucradas o del correo electrónico de la Comisión sobre todo si no se señala la posibilidad de que hubiera otras causas que justificaran la ausencia de factura y exigiera del contribuyente mayor diligencia. Aunque el actor es licenciado en administración por lo que pudiera entendérsele en mejores condiciones de evaluar los contenidos de esa información debe señalarse también que es hecho admitido que desde hace años no ejerce la profesión y se dedica a la actividad comercial. En este marco, cuando la certeza, es “reclamada de modo particular en el ordenamiento tributario desde que señalara Mazz, siguiendo a Newmark, que “están en decadencia la comprensibilidad y claridad de las normas jurídico tributarias” (Pezzutti, M. , “Responsabilidad del Estado por actividad tributaria”, Rev. Tributaria, N° 215, pág. 295) debe compartirse con el accionante que, la conducta del Fondo indujo en error acerca de la calidad de deudor del actor por lo que debe exonerársele de multas y recargos (ex-art. 106 C.T.) en el entendido que el giro de la ley exime de la mora pese a que ésta carece de carácter punitivo (Cod. Trib., Comentado y concordado, 5a. ed., págs. 600 – 601). VII) Finalmente, es admitido por las partes que ha prescripto el derecho al cobro de los tributos generados en los años 2002 – 2003. VIII) La conducta observada por las partes no da mérito a sanciones procesales (arts. 688 C.C., 56 C.G.P.). Por los fundamentos expuestos, lo dispuesto en normas citadas, el Tribunal FALLA: Anulando el acto administrativo impugnado en cuanto impone multas y recargos. Declarando la prescripción de los tributos generados en los años 2002 – 2003. Sin sanciones procesales (H. fictos de parte actora $15.000) Oportunamente, archívense. Se hace constar que al momento de la lectura no se encuentan presentes las partes. Dr. Eduardo J. Turell Dra. Ana María Maggi MINISTRO MINISTRO Dr. Juan P. Tobía Fernández MINISTRO Esc. Blanca Casanova Loreto SECRETARIA