Sentencia Definitiva N° 1.298/2019

Montevideo, veintinueve de agosto de dos mil diecinueve VISTOS : Para sentencia definitiva estos autos caratulados: “AA - UN DELITO DE HOMICIDIO A TÍTULO DE DOLO EVENTUAL - CASACIÓN PENAL”, IUE: 98-32/2017 , venidos a conocimiento de la Suprema Corte de Justicia en virtud del recurso de casación interpuesto por la defensa de AA, contra la Sentencia Definitiva de Segunda Instancia No. 212/2018, dictada por el Tribunal de Apelaciones en lo Penal de 4º Turno, el día 25 de octubre de 2018. RESULTANDO : I) Por Sentencia Definitiva de Primera Instancia No. 90/2017, de fecha 1º de agosto de 2017, el Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 19º Turno, falló: “ Condenando a AA como autor penalmente responsable de un (1) delito de homicidio a título de dolo eventual en concurrencia fuera de la reiteracion con un (1) delito de violación de domicilio a la pena de diez (10) años de penitenciaría con descuento de la preventiva cumplida e imponiéndole el pago de los gastos carcelarios y sin especial condena respecto de los gastos procesales (Art. 105 lit E) del C.P.)...” (fs. 84-91). II) Por Sentencia Definitiva de Segunda Instancia No. 212/2018, de fecha 25 de octubre de 2018 (fs. 116-118 vto.), el Tribunal de Apelaciones en lo Penal de 4º Turno, falló: “ Confírmase la sentencia definitiva de primera instancia en apelación automática salvo en cuanto a la forma concursal de los delitos, en cuyo aspecto se revoca, disponiéndose en su lugar que es en reiteración real. También se revoca en cuan-to no se dispuso la confiscación del arma incautada, lo que se ordena en el grado... ” (fs. 116-118 vto.). III) Contra dicha sentencia, la defensa de AA interpuso el recurso de casación en estudio. En su escrito recursivo, la defensa se agravió por entender que la conclusión probatoria de la Sala, de que el condenado actuó con intención de matar a BB, mediante una herida de arma blanca, no resulta jurídicamente justificada. Tal conclusión es el fruto de una valoración arbitraria de los elementos probatorios y contraria a las máximas de la experiencia. De ninguna manera los hechos que el Tribunal tuvo por probados pueden llevar a la conclusión de que AA tuvo la intención de dar muerte a BB, como lo exige el art. 310 del C.P. La sentencia colide con lo previsto en el art. 174 del C.P.P. y desconoce las más elementales máximas de la experiencia. Proyecta, arbitrariamente, conclusiones que no surgen de los hechos probados. AA agredió a BB con un arma blanca, provocándole una herida de dos centímetros de longitud en la parte inferior de su pierna derecha, en la región pre tibial. Partiendo del tipo de agresión que quedó comprobada, concluir como lo hace la sentencia recurrida que AA tuvo intención de matar a su ocasional adversario, escapa a las leyes de la lógica y las máximas de la experiencia así como a las más elementales reglas de la sana crítica (art. 174 del C.P.P.). Emerge por demás claro que no resulta racional la conclusión de que quien tenga la intención de dar muerte a otro con un arma blanca, dirija su agresión agachándose para efectuar una herida de 2 centímetros de longitud en la parte inferior de su miembro derecho. La conducta ilícita des-plegada en el caso, amerita el reproche penal previsto en el art. 319 del C.P. para la acción ultraintencional. Dicho precepto prevé que: “...si del hecho se derivare la muerte de la persona agredida o una lesión más grave que la que se pretendía inferir, la pena será la del homicidio o la lesión, disminuida de un tercio a la mitad” . Así las cosas, surge con meridiana claridad la imposibilidad de aplicación del art. 310 del C.P., en cuanto la norma tiene como condición sine qua non para su imputación que se acredite la intención de matar. Dicho propósito no surge acreditado de la instrucción realizada, por lo que teniendo como probado el tipo de agresión propinada a quien resulta fallecido, corresponde aplicar el art. 319 del C.P. IV) Por Resolución de la Suprema Corte de Justicia No. 505/2019, de fecha 1º de abril de 2019, se decidió dar ingreso al recurso de casación interpuesto y conferir traslado por el término legal (fs. 135). V) El traslado conferido fue evacuado por la Fiscalía Penal de Montevideo de 1º Turno, quien abogó por la desestimatoria (fs. 141-143). VI) Por Resolución No. 678/2019, de fecha 25 de abril de 2019 (fs. 145), se confirió vista al Sr. Fiscal de Corte por el término legal, la que fue evacuada a fs. 147 y ss., Vista No. 0265/2018, de fecha 30 de mayo de 2019, pronunciándose por hacer lugar al medio impugnativo movilizado en los siguientes términos: “...en cuanto condenó al encausado por la comisión de un delito de homicidio a título de dolo eventual, disponiendo en su lugar, la condena por un delito de homicidio ultraintencional” . VII) Por Auto No. 1.047/2019, de fecha 3 de junio de 2019 (fs. 153), se dispuso el pasaje de los autos a estudio para sentencia, al término del cual se acordó el presente pronunciamiento en forma legal y oportuna. CONSIDERANDO : I) La Suprema Corte de Justicia, por unanimidad de los integrantes que con-curren al dictado del fallo, desestimará el recurso de casación interpuesto, sin especial condenación procesal. II) El caso de autos . La acción que le fue impu-tada al condenado, tuvo lugar en la mañana del 14 de enero de 2017. Aproximadamente a la hora 9:00, cuando estaba en su domicilio sita en XX No. 111 (donde vivía con su madre y hermana) advirtió que la víctima le había sustraído un par de ollas y se dirigía a su domicilio ubicado a media cuadra. La víctima, BB (alias “BC”), vivía en una finca próxima a la del encausado; concretamente en YY No. 222. En dicha vivienda, BB no contaba con servicio de agua potable; vivía en un estado de total abandono y rodeado de basura presumiblemente víctima del llamado “Síndrome de Diógenes”. Por esa razón, extraía agua de una canilla de la casa de la familia AC, por autorización expresa, siendo la única morada del barrio en la que estaba autorizado. Cuando advirtió que Del-gado se retiraba con las ollas rumbo a su casa, salió tras él a recuperarlas. Recobró las ollas y las regresó a su casa. Acto seguido, fue al domicilio de BB a increparle lo sucedido y, en tales circunstancias, le infirió una herida con un cuchillo que portaba, provocándole un corte de dos centímetros de longitud en su miembro inferior derecho, que le causó un sangrado masivo y le provocó la muerte por anemia aguda. III) En cuanto al mérito. El cuestionamiento que formula la Defensa recurrente, como lo reconoce expre-samente en su medio impugnativo, concierne a la valora-ción de la prueba que ha realizado la Sala. En efecto, de lo que se trata es de revisar la conclusión probatoria del Tribunal, que entendió a partir del material probatorio disponible, que el agente obró con intención de propi-narle a la víctima una lesión cortante con arma blanca y con indiferencia respecto del resultado muerte que se representó como posible (y que finalmente se produjo, sobrepujando su intención directa). Por tal motivo, la Sala confirmó la imputación del homicidio realizada en primera instancia, a título de dolo eventual. La Defensa, como se señaló anteriormente, considera que la intención del agente fue únicamente la de lesionar y que, por el lugar en que lesionó a la víctima y las circunstancias en que se produjo la agresión, no pudo haberse representado el resultado muerte. Dicho resultado sobrepujó largamente su intención, por lo que el homicidio debe ser imputado como un homicidio ultraintencional. El centro de la contro-versia radica en cuál fue la verdadera intención del agente. Como se ha dicho reiteradamente, las intenciones son hechos y como tales deben tratarse. Enseña Marina Gascón Abellán que existen y son relevantes (algunas veces) los llamados hechos internos o psicológicos, que son los que cualifican la voluntad de un individuo (si tuvo inten-ción de realizar una conducta, si hubo ánimo de lucro, ánimo de engañar etc.) o determinan el conocimiento acerca de un hecho (por ejemplo el origen ilícito de los objetos en el delito de receptación). Sin embargo, que esta clase de hechos sean internos o no observables no significa que no sean auténticos hechos y, por lo tanto, comprobables mediante juicios descriptivos. Significa tan solo que, a diferencia de los hechos externos, que al menos en el momento en que se producen son directamente constata-bles, los hechos psicológicos son de más difícil averiguación pues, por definición, requieren siempre ser descubiertos o inferidos a partir de otros hechos externos. El conocimiento de hechos psicológicos es siempre un conocimiento indirecto, a partir de otros hechos que ofician como indicios (Cf. GASCÓN ABELLÁN, M.: “Los hechos en el Derecho” , Marcial Pons, Madrid, 2004, pág. 77/78 en sentido similar véase también GONZÁLEZ LAGIER, D.: “Quaestio Facti (Ensayos sobre prueba, causalidad y acción)” , Palestra-Temis, Lima-Bogotá, 2005, págs. 190 y ss.; TARUFFO, M.: “La prueba de los hechos”, Trotta, Madrid, 2009, págs. 159/165 y GONZÁLEZ LAGIER, D.: “Buenas razones, malas intenciones (sobre la atribución de intenciones)” , Doxa, Cuadernos de Filosofía del Derecho, Universidad de Alicante, 2003, págs. 635 y ss.). Luis Alberto Viera ha señalado que los hechos que es posible conocer, e interesan al proceso jurisdiccional: “... no son solo materiales, acontecimientos ocurridos en el mundo exterior sino también espirituales, anímicos, psíquicos (la intención, la voluntad, el estado mental o psíquico, la conformidad con algo, etc). ¿Cómo es posible conocer hechos anímicos, que pertenecen al fuero interno de las personas y, por tanto, no captables por los sentidos? Esos hechos se manifiestan por signos, síntomas exter-nos, perceptibles y es por la interpretación de ellos que se puede llegar a conocer aquellos. Los hechos, objeto de la prueba, no tienen por qué ser positivos, expresarse en una acción. Puede consistir en una omisión. La falta de acción también es deducible de hechos perceptibles por los sentidos. Es objeto de la prueba la conducta humana, un cierto comportamiento que se expresa en una serie de hechos continuados en el tiempo. Es a través del conocimiento de esos hechos como puede deducirse la unidad que los liga como manifestaciones de una sola relación espiritual ” (VIERA, L.: “La Prueba” en AA. VV.: “Curso de Derecho Procesal” , T. II, Instituto Uruguayo de Derecho Procesal, Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, Montevideo, 1974, pág. 77). Con tales entendimientos, es evidente que lo que el recurrente pretende confutar es el razonamiento probatorio de la Sala, que le condujo a las conclusiones probatorias que ahora pone en tela de juicio. Concretamente en este ca-so, lo que la Defensa postula es que resulta absurda, conforme al baremo de la sana crítica, la conclusión probatoria de la Sala consistente en tener por acre-ditado que el encausado se representó como posible el resultado muerte de la víctima y que, igualmente (egoístamente), tal extremo no lo disuadió de obrar. IV) Los Ministros de la Corpo-ración tienen distintas posiciones respecto de este tipo de agravios en sede de casación penal. IV.1) En cuanto a los agra-vios relativos a la valoración de la prueba, los Sres. Ministros Dres. Martínez y Turell, expresan que no es posible ingresar a la revalorización de los hechos, ni siquiera en aquellos casos en los que se denuncie una valoración absurda o arbitraria tal como ya se ha sostenido en Sentencias de la Corte Nos. 140/2019 y 117/2016, entre muchas otras. En materia procesal civil, contando con la habilitación del inc. 2 del art. 270 del C.G.P., se acotó el control casatorio respecto de las normas de valoración de la prueba para aquellos supues-tos en que la valoración resulte “absurda o arbitraria”. Pero, la referida limita-ción se aplica partiendo de la base de la habilitación legal del inc. 2 del art. 270 del C.G.P. Al no existir tal previ-sión en el C.P.P., no resulta posible acudir al mecanismo al que solo se puede ingresar a través de una norma habilitante no consagrada para este supuesto. IV.2) Por su parte, los Sres. Ministros Dres. Minvielle, Tosi y el redactor, reiteran lo expresado por la Corte en Sentencia No. 134/2018: “ A juicio de los Dres. HOUNIE, CHEDIAK y la redactora (Dra. MINVIELLE) corresponde partir de la base de que, en nuestro derecho procesal penal, el recurso de casación únicamente puede fundarse en una errónea aplicación del Derecho, ya sea en el fondo (juzgamiento error in iudicando) o en la forma (procedimiento, error in procedendo) (Cfme. GARDERES, Santiago y VALENTÍN, Gabriel: ‘Código del Proceso Penal Comentado (con la colaboración de Soledad Díaz)’, La Ley Uruguay, Montevideo, 2012, pág. 638). Al decir de BARRIOS DE ANGELIS, la máxima fundamental de la casación, es que ella solo comprende el punto de Derecho y no tiene intervención en la cuestión de hecho (Cfme. BARRIOS DE ANGELIS, Dante: ‘Cuestiones de hecho y de derecho en la casación’, Revista de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, Universidad de la República, Año XIII (No. 3), Montevideo, 1962, pág. 579). Ahora bien, la jurispru-dencia de la Corporación -que se comparte- ha admitido la posibilidad de revisar las decisiones sobre valo-ración probatoria, cuando estas resultan arbitrarias, irracionales o contrarias a las reglas de la lógica. Como señala COLOMBO, si bien la revalorización de la prueba resulta excepcional, la Corte –en base a la Teoría del absurdo evidente puede hacerlo cuando media error notorio, lo que equivale a manifiesto, patente, evidente, palmario, claro, osten-sible. De este modo se abre un nuevo campo para la casación, el cual se admite con un entorno sumamente restrictivo, para realizar y actuar la justicia como último instrumento para evitar la iniquidad del fallo (COLOMBO, Erik H.: ‘Casación: Teoría del absurdo evidente’, RUDP 1/1983, págs. 57/58). Como bien postulan VALE-NTÍN y GARDERES, el C.P.P. no contiene una referencia similar a la del art. 270 del C.G.P., que incluye expresamente como error de Derecho, la infracción a las reglas legales sobre valoración de la prueba. Empero los mismos argumentos que permiten revisar la aplicación de los criterios legales de valoración de la prueba en la casación civil, deben admitirse como fundamento de la casación penal. En esencia, la sana crítica es una regla legal, y si las conclusiones probatorias del fallo resultan claramente absurdas, esa regla legal de valoración probatoria se encuentra afectada (teoría del ‘absurdo evidente’, recogida en la jurisprudencia civil de la Suprema Corte de Justicia). En definitiva, expresan los comentaristas en términos plenamente compartibles, que el art. 270 inc. 2 del C.P.P. no establece algo distinto de lo previsto con carácter general en el art. 270 C.G.P. (‘el recurso sólo podrá fundarse en la existencia de una infracción o errónea aplicación de la norma de derecho...’), y la aclaración referida a la intangibilidad de los hechos debe interpretarse en ese marco conceptual clásico, sustentado en la distinción entre hechos y derecho, que no supone negar el carácter normativo (Derecho) de las reglas legales sobre valoración de la prueba (Cfme. GARDERES, Santiago y VALENTÍN, Gabriel: ‘Código del Proceso Penal Comentado’, LA LEY URUGUAY, 1ª Edición, Montevideo, 2012, pág. 638). Ya BARRIOS DE ANGELIS enseñaba, en su señero trabajo, que hay error de derecho cuando se incurre en error al aplicar las normas en materia de prueba (BARRIOS DE ANGELIS, Dante: ‘Cuestiones...’, cit., pág. 586) ” (Cf. Sentencias Nos. 134/2018, 1.492/2018 Y 1.151/2019, entre otras). Ahora bien, a juicio de los Sres. Ministros Dres. Minvielle, Tosi y el redactor, bajo estas premisas conceptuales respecto al error en la valoración de la prueba como causal de casación en materia penal, con base en el artículo 270 del C.P.P., resulta suficiente con leer la sentencia impugnada para advertir que el razonamiento probatorio de la Sala no resulta ni absurdo ni arbitrario, único caso en el que se justificaría su corrección en casación. La valoración probatoria realizada por el Tribunal no puede catalogarse como ilógica. No resulta absurdo, desde el punto de vista de los Sres. Ministros, razonar que el actor obró con indiferencia respecto al resultado muerte; es posible pensar que se representó ese desenlace pero igualmente no desistió de actuar. En definitiva, por las razones expuestas, corresponde desestimar el recurso movilizado. Por los fundamentos expuestos y las normas citadas, la Suprema Corte de Justicia, por unanimidad; FALLA : DESESTIMAR EL RECURSO DE CASA-CIÓN INTERPUESTO, SIN ESPECIAL CONDENACIÓN PROCESAL . 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