Sentencia Definitiva N° 1.297/2019

Montevideo, veintinueve de agosto de dos mil diecinueve VISTOS : Para sentencia definitiva estos autos caratulados: “BERMEJO, DELIA Y OTRO C/ LIDDLE RÍOS, CAROL VERÓNICA Y OTROS - RESCISIÓN DE CONTRATO - CASACIÓN”, IUE: 289-322/2010 . RESULTANDO : I) Las particularidades de la causa ameritan partir por consignar las diversas pretensiones deducidas por vía principal, así como por vía de reconvención y citación en garantía. II) A fs. 17/55 y 85 comparecieron Delia Bermejo y Eduardo Galperín y promovieron proceso contra: (i) Carol Verónica Liddle Ríos y Eugenio Carlos Frigerio y, (ii) Beatriz, Oscar y José Pedro Pereira Latourrette. Concretamente, pretendie-ron: 1º) Que se declarara la resolución de la compraventa que celebraron el 7 de abril de 2005 con Carol Verónica Liddle Ríos respecto del inmueble padrón No. 597 ubicado en La Barra, Maldonado, y la casa en él construida por el Arquitecto Eugenio Carlos Frigerio. 2º) Que se condenara a la co-demandada Liddle Ríos a restituir el precio de la compraventa del 7 de abril de 2005 (U$S 110.000), a pagar la suma de U$S 203.800 por concepto indemnización del daño emergente padecido (diferencia entre el costo de reposición del inmueble a la fecha de la demanda y el de adquisición del inmueble en 2005) y al pago de las costas y costos del juicio de resolución del contrato y los gastos que de éste se deriven, costo de la escrituración del padrón N° 597, más reajustes e intereses, todo a ser cuantificado en la vía del artículo 378 del C.G.P. 3º) Que se condenara a los co-demandados Liddle y Frigerio al pago de U$S 20.000 para cada uno de los actores por concepto de daño moral y a devolver a los actores lo pagado por concepto de mejoras y reparaciones en el inmueble referido desde abril de 2005 y diciembre de 2009, en forma indivisa, más reajustes e intereses, todo a liquidar por la vía del art. 378 del C.G.P. 4º) Que se condenara a los co-demandados Pereira Latourrette al pago de suma a liquidar, equivalente al valor de las construcciones realizadas por los actores que ocupan el terreno de los co-demandados, más reajustes e intereses. A fs. 117/127 compare-cieron los hermanos Beatriz, José Pedro y Oscar Pereira Latourrette, propietarios del padrón No. 599 de La Barra, Maldonado, quienes contestaron la demanda, contradiciéndola y, a su vez, demandaron por vía de reconvención a Delia Bermejo y Eduardo Galperín, solicitando que se los condenara a restituirles su inmueble, retirando las construcciones y materiales que lo ocupan. III) A fs. 148/163 comparecie-ron Carol Verónica Liddle y Eugenio Carlos Frigerio, quienes opusieron excepciones y contestaron la demanda instaurada en su contra, a la vez que demandaron por vía de reconvención a los actores originales, Bermejo y Galperín, solicitando su condena al pago de U$S 160.000 por concepto del uso y goce de la casa referida por 5 años. A su vez, solicitaron se citara en garantía: 1°) A Juan Carlos Bayeto, Ingeniero Agrimensor que en agosto de 2004 ubicó y midió erróneamente lo que se entendía que era el padrón N° 597, sin alertar en nada a su entonces propietaria, Liddle. El citado deberá ser responsabilizado de los rubros reclamados por Bermejo y Galperín. 2°) A María del Verdún Rodríguez, escribana pública que intervino por Bermejo y Galperín en la compraventa del padrón N° 597 el 7 de abril de 2005, con igual objeto que el primer citado. IV) Por sentencia definitiva de primera instancia No. 60/2017 (fs. 684/733), dictada el 14 de noviembre de 2017, el Juzgado Letrado de Primera Instancia de Maldonado de 5° Turno, se dispuso: a) Amparar parcialmente la demanda de Bermejo y Galperín, condenándose a la co-demandada Liddle Ríos al pago de la suma de U$S 203.800, menos el valor del precio por uso y goce de la finca desde el contrato hasta esa sentencia, más el costo de los gastos de escrituración a liquidarse por la vía del artículo 378 del C.G.P. b) Condenar al Ingeniero Agrimensor Juan Carlos Bayeto al pago del 20% de los gastos de escrituración. c) Condenar a los co-demandados Liddle y Frigerio, en forma solidaria, al pago de la suma de U$S 20.000 en concepto de daño moral más intereses legales desde la demanda, y al pago del costo de las mejoras y reformas realizadas en la casa principal y ampliación, a liquidarse por vía incidental del artículo 378 del C.G.P. d) Desestimar la excepción de falta de legitimación pasiva opuesta por la co-demandada Liddle y la citación en garantía de la escribana María del Verdún Rodríguez. e) Hacer lugar a la recon-vención formulada por los co-demandados Pereira Latourrette, condenándose a Bermejo y Galperín a restituirles el padrón Nº 599 de la localidad catastral La Barra, con derecho a retiro de las mejoras y materiales útiles sin detrimento del terreno. V) En segunda instancia, en-tendió el Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 1º Turno, que por sentencia definitiva identificada como SEF 0003-000188/2018 (fs. 856/865) dictada el 7 de noviembre de 2018, falló: “ Declárase mal franqueada la adhesión deducida por los codemandados Liddle – Frigerio.- Como puntos omitidos: a) Declárase resuelto el contrato de compraventa celebrado entre Carol Liddle y los cónyuges Eduardo Galperín-Delia Bermejo el 7/4/2005, inscripto en el registro de la propiedad inmueble de Maldonado con el nº 3866 de fecha 25/5/2005, oficián-dose, lo que se comete a la sede a quo; b) Condénase a la Sra. Carol Liddle a restituir el precio de U$S 110.000 y, simultáneamente, a los Sres. Eduardo Galperín-Delia Bermejo a hacer lo propio con el inmueble. Revócase la condena a pa-gar por el uso y goce de la finca desde el contrato hasta la fecha de la sentencia impugnada y, en su lugar, se desestima la pretensión respectiva. Revócase la condena a indemnizar daño moral y, en su lugar, se desestima la pretensión respectiva. Revócase el rechazo de la excepción de falta de legitimación pasiva de la code-mandada Carol Liddle en lo relativo a la responsabilidad decenal imputada al codemandado Eugenio Frigerio y, en su lugar, se ampara dicha excepción. Revócase la condena re-caída contra el Ing. Agrim. Juan Carlos Bayeto a pagar el 20% de los gastos de escrituración y, en su lugar, se lo condena a reembolsar a la citante Carol Liddle la suma de U$S 203.800 y los gastos de escrituración. Sin especial condenación en la instancia (...)” . VI) A instancias de los co-accionantes Bermejo y Galperín el fallo fue ampliado por la Sala en estos términos: “ Amplíase la sentencia (...) en la siguiente forma: Como punto omitido, condé-nase a la Sra. Carol Liddle Ríos a pagar intereses legales del 6% anual respecto de la suma de U$S 203.800 desde la fecha de la presentación de la demanda (...)” , (fs. 875). VII) La parte integrada por Delia Bermejo y Eduardo Galperín interpuso recurso de casación (fs. 881/894). Luego de justificar la procedencia formal por razón de cuantía de su medio impugnativo, identificó como normas de derecho infrin-gidas y erróneamente aplicadas lo dispuesto en los artículos 139, 140, 141, 145, 155, 165, 170, 184, 186 y 190 del C.G.P. Se agraviaron porque la Sala absolviera a Carol Verónica Liddle de la condena dispuesta en primera instancia por responsabilidad decenal, declarando su falta de legitimación pasiva al respecto. Afirmaron que la Sala, al considerar no acreditado que los cónyuges Frigerio-Liddle eran socios en el negocio de la construcción y venta de inmuebles, constituyendo un concierto “fraudulento”, incurrió en una valoración de la prueba absurda y arbitraria, lo cual habilita su corrección en casación. La arbitrariedad radica en que se soslayaron los medios de prueba que conducen a la solución contraria a la adoptada. El absurdo se verifica en las inferencias que realizaron al estudiar la prueba de la causa. De no haberse incurrido en la absurda y arbitraria valoración, se habría concluido que la casa fue construida por la sociedad de hecho entre los cónyuges Liddle-Frigerio, razón por la cual correspondía considerar a Liddle legitimada pasivamente respecto de la pretensión de resarcimiento de los gastos de repara-ción del chalet “La Linda”. En tal sentido, sostuvie-ron que, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 1844 del Código Civil y concordantes, la figura del empresario prevista en esa disposición contempla la situación jurídica de la Sra. Liddle, socia y comitente de las obras que luego vendían a terceros en conjunto con su marido, el Sr. Frigerio. Reseñó los diversos medios de prueba que avalarían su posición. Entre dichos medios de prueba hicieron particular caudal de los referidos a la ostensible mala calidad de la construcción, la cual, era de tal entidad que no podía pasar desapercibida para la Sra. Liddle. Asimismo, destacaron el hecho de que los cónyuges Frigerio-Liddle disolvieran su sociedad conyugal poco antes de que Frigerio fuera embargado por primera vez, resultando significativo que en la partición de los bienes, todos los registrables –inmuebles, vehículo- le fueron adjudicados a Verónica Liddle mientras que a Frigerio se le adjudicó únicamente una sociedad comercial sin activo patrimonial. Es evidente que como socios repartían las tareas de modo que el socio insolvente (Frigerio) asumiera las conse-cuencias de las carencias constructivas de sus obras y las ganancias las asumiera la “socia capitalista” Liddle. De las propias resultan-cias del expediente se advierte que los cónyuges Frigerio-Liddle conformaban una sociedad destinada a construir y vender inmuebles de mala fe, lo que hace que ambos deban responder por los gastos incurridos por Galperín y Bermejo para reparar la casa que le compraron a Verónica Liddle como ubicada en el padrón No. 597 (chalet “La Linda”), y que en realidad ocupaba el padrón No. 598 y luego, al encargarse Frigerio una ampliación, supuestamente en el padrón No. 597, se pasó a ocupar también parte del padrón No. 599. En ese sentido, surge del expediente diversos indicios que corroboran su posición: (i) los negocios jurídicos celebrados con los propietarios del padrón No. 598, que culminaron en su adquisición por parte de Verónica Liddle; (ii) la frustrada transacción entre Bermejo y Galperín con los cónyuges Frigerio-Liddle y los posteriores comparendos a los que fueron llamados éstos últimos para intentar lograr que cumplieran con la transacción, lo que no se logró; (iii) los reiterados cambios de abogados de Frigerio y Liddle hasta llegar al actual (cuatro letrados se sucedieron en su patrocinio). VIII) A fs. 896/898 compa-reció Juan Carlos Bayeto e interpuso recurso de casa-ción. Fundó su medio impugnativo en los siguientes argumentos. La Sala incurrió en error al condenarlo, ya que los co-demandados originales, Frigerio y Liddle, no dedujeron pretensión de regreso en su contra, lo que vicia el fallo de segunda instancia por violar la regla de congruencia consagrada en el art. 198 del C.G.P. y, por vía de consecuencia, una violación del art. 51 del mismo código. El órgano de alzada, al no tener en cuenta que está probado que Carol Verónica Liddle fue propietaria del padrón 597 desde el año 1992, incurrió en una errónea valoración de la prueba, en infracción de lo dispuesto en el art. 140 del C.G.P. En efecto, si fue propietaria por más de quince años, Liddle debió darse cuenta de que construyó en un padrón distinto al 597 (fs. 897 vto.). IX) A fs. 907/911 vta. comparecieron Eugenio Frigerio y Carol Verónica Liddle y evacuaron el traslado de los recursos de casación interpuestos, abogando por su rechazo. X) Recibidos los autos en la Corporación, se dispuso el pasaje a estudio y autos para sentencia (fs. 920 vta.), la que, finalmente, se acordó dictar en legal forma. CONSIDERANDO : I) La Suprema Corte de Justicia, por unanimidad de sus miembros naturales, de-sestimará los recursos de casación interpuestos, de acuerdo a los fundamentos que se explicitarán a conti-nuación. II) El recurso de casación de Delia Bermejo y Eduardo Galperín II.I) En cuanto al agravio por considerarse que Carol Verónica Liddle no está legitimada para responder al amparo del art. 1844 del Código Civil . II.I.I) Precisiones previas Como se reseñó en el capí-tulo de Resultandos, Delia Bermejo y Eduardo Galperín demandaron a los cónyuges Frigerio-Liddle acumulando diversas pretensiones, entre las que se encontró la de obtener el resarcimiento por el daño emergente derivado de las muchas reparaciones que debieron realizar al chalet “La Linda” luego de su compra en el año 2005. Sostuvieron que el resar-cimiento sería procedente por tener ambos cónyuges la calidad de “empresarios” prevista en el art. 1844 del Código Civil, por cuanto eran socios en el negocio de realizar casas en terrenos propiedad de Liddle para luego venderlos (fs. 39). Por ese motivo, y dado que la responsabilidad no puede ser atribuida a ninguno de los accionados en particular, ya que es el resultado de su accionar conjunto en indivisible, consideran que la condena debe ser in solidum . Respecto de esta preten-sión, la co-demandada Liddle opuso excepción de falta de legitimación pasiva, ya que en su calidad de propietaria del chalet únicamente puede responder del eventual in-cumplimiento del contrato de compraventa. En primera instancia, se consideró que Liddle estaba legitimada para responder por responsabilidad decenal y se la condenó junto a su cónyuge con el alcance ya referido. En segunda instancia se absolvió de la condena por ese rubro a Liddle, porque se entendió que ella no estaba legitimada para responder por responsabilidad decenal, habida cuenta de que: (i) no se acreditó que existiera la denunciada sociedad entre los cónyuges; y, (ii) dado que Liddle no tiene la calidad de arquitecta ni constructora del chalet “La Linda”. II.I.II) El agravio Como se señaló anterior-mente, los recurrentes se agraviaron porque la Sala absolviera a Carol Verónica Liddle de la condena dispuesta en primera instancia por responsabilidad decenal, declarando su falta de legitimación pasiva al respecto. En lo medular, afirmaron que la Sala, al considerar no acreditado que los cónyuges Frigerio-Liddle eran socios en el negocio de la construcción y venta de inmuebles, constituyendo un concierto “fraudulento”, incurrió en una valoración de la prueba absurda y arbitraria, lo cual habilita su corrección en casación. Detallaron con precisión los medios de prueba cuya valoración lleva a considerar probada la existencia de una sociedad entre Frigerio y Liddle, lo cual colocaría a la última nombrada en la calidad de “empresaria” y, consecuentemente, como legitimada pasiva respecto de esa concreta pretensión. El agravio no resulta de recibo. Si bien, por las razones que habrán de desarrollarse, la Corporación coincide con los recurrentes en que la resolución de la Sala sobre el punto es arbitraria, por ausencia de motivación suficiente, lo que supone una infracción a lo dispuesto en el art. 140 del C.G.P., de todos modos ello no lleva a recibir el agravio. Corresponde precisar que el defecto de motivación aludido, en este caso se verifica por insuficiencia de ésta y constituye un vicio de fondo (Cf. VESCOVI, Enrique: “El recurso de casa-ción”, Ediciones IDEA, 2ª Edición, Montevideo, 1996, pág. 99). En el caso, porque luego de la debida valoración de los medios probatorios reseñados por los recurrentes, no surge acreditado el “concierto fraudulento” denunciado ni, punto clave, que Carol Verónica Liddle tenga la calidad de empresaria de la construcción del chalet “La Linda”. II.II) Análisis del agravio II.II.I) Existió una valora-ción arbitraria La Corte coincide con los recurrentes en cuanto a que la Sala, al pronunciarse sobre la legitimación pasiva de Liddle respecto de la pretensión fundada en el régimen de responsabilidad decenal del art. 1844 del Código Civil, descartándola, incurrió en una valoración de la prueba arbitraria. En tal sentido, cabe transcribir la argumentación de la Sala sobre el punto: “(...) la pretensión de condena a reembolsar el costo de mejoras y reparaciones realizadas en el inmueble en cuestión se fundó en la responsabilidad decenal imputada al profesional deman-dado, que se postuló correspondía extender a Liddle porque, siendo su cónyuge, debía entenderse que eran socios en el negocio de realizar casas para luego venderlas, lo que calificaron como ‘accionar concertado y fraudulento’ (...) Pues bien, no surge pro-bado en autos la existencia de un concierto entre los esposos para construir viviendas defectuosas y luego venderlas. Es más, la Sra. Liddle ninguna injerencia pudo haber tenido en los errores que se imputan a su marido, puesto que no es arquitecta ni fue la constructora de la vivienda ” (el subrayado no está en el original y resalta los únicos argumentos probatorios de la Sala). A juicio de la Corpora-ción, el razonamiento probatorio que viene de expli-citarse es de una insuficiencia tal que deviene en arbitraria la conclusión a la que arribó la Sala y su propio razonamiento sobre el punto. Y ello, porque en el caso no están en tela de juicio una supuesta ausencia de verbalización de las razones para decidir sino la aportación de las razones (jurídicas y de otra índole) necesarias para ofrecer una justificación apropiada (Cf. IGARTUA SALAVERRIA, Juan: “El razonamiento en las resoluciones judiciales”, Palestra, Lima-Temis, Lima-Bogotá, 2014, págs. 32 y 33, en la jurisprudencia de la Corte véase la Sentencia No. 1.559/2018). En tal sentido, la Sala debió indicar cuáles fueron las pruebas que la llevaron a concluir que Carol Verónica Liddle y su esposo no constituyeron una sociedad para construir “La Linda”, esto es, los hechos impeditivos de los afirmados por Bermejo-Galperín. Al no haberlo hecho, al haberse limitado a dejar sentada su conclusión con una explicitación insuficiente, incurrió en un supuesto de arbitrariedad, lo que habilita su corrección en casación. Ello no sólo surge como un imperativo lógico de cualquier argumentación racional, sino que resulta de una regla expresa en nuestro ordenamiento: el artículo 140 del C.G.P., que preceptúa que los jueces deben indicar, concretamente, cuáles son los medios proba-torios que fundan principalmente su decisión. La explicitación insufi-ciente surge del considerando V), primer párrafo, donde la Sala afirmó que consideró no probado que Frigerio y Liddle no constituían una sociedad; basándose únicamente en que Liddle no es Arquitecta ni participó en la construcción (fs. 860 vta.). No puede, entonces, sos-tenerse que exista una exposición suficiente del razonamiento probatorio de la Sala que explique cómo ello determina que no sean socios. La ausencia de explicita-ción suficiente, en tal sentido, conlleva ínsita una arbitrariedad, desde que la decisión se impone sin apoyo en hecho alguno o en hechos de los cuales pueda extraerse la conclusión a la que se arribó. Véase que el hecho a pro-bar era que Frigerio y Liddle constituyeron una sociedad, al menos para la construcción del fallido chalet “La Linda”, y para desacreditar tal extremo no basta con la escueta mención a que Liddle no era arquitecta o a que no participó en la construcción: se puede ser empresario en el marco del art. 1844 financiando, aprobando o definiendo el proyecto, por ejemplo. En cualquier caso, el hecho de que la Sala haya incurrido en un error de derecho como el que viene de relevarse, no importa ir automáticamente a la anulación del fallo de segunda instancia, toda vez que, primero, debe procederse a establecer si, efectivamente, la valoración probatoria de la Corte conduce a considerar probados los hechos que avalarían la procedencia de la pretensión. Lo que debemos analizar es si se acreditó la alegada existencia de una sociedad entre Frigerio y Liddle, hecho que legitimaría pasivamente a ésta. II.II.II) Respecto a si se a-creditó que Frigerio y Liddle constituyeron una sociedad para construir “La Linda” . En primer lugar, a juicio de la Corporación, debe señalarse que no hay obstáculo conceptual alguno para considerar que Carol Verónica Liddle pudiera llegar a quedar comprendida dentro del concepto jurídico de “empresario” previsto en el art. 1844 del Código Civil, aun sin ser arquitecta ni haber participado directamente en la construcción. (En el caso rige la redacción del art. 1844 previa a su modificación por la Ley 19.726). En tal sentido, se estima que la calidad de empresario en el marco del art. 1844 surge de la acción de combinar capital y trabajo para construir o edificar cierta obra. El concepto de “empresa-rio” es así más amplio que el de Arquitecto, Constructor o Ingeniero, calidades éstas dos últimas que habían sido previstas en otros ordenamientos (Cf. SÁNCHEZ FONTANS, José: “El contrato de construcción”, Biblioteca de Publicaciones Oficiales de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Montevideo, Tomo 2, No. 359, Montevideo, 1953, pág. 252) y ahora también en el nuestro, luego de la reciente modificación del art. 1844 por la Ley 19.276. Ahora bien, valorada la prueba producida, la Corte considera que no se ha acreditado que el supuesto de hecho denunciado en la demanda, que Frigerio y Liddle conformaban la mentada “sociedad” que construyó el chalet “La Linda”. En efecto, ninguno de los testimonios indicados por los recurrentes apuntalan el relato de los actores: no lo hace Sergio Jara da Fonseca (fs. 349) ni su esposa, Sylvia Liliana Lamanna (fs. 354/355), vecinos “de casa por medio” del chalet “La Linda” y amigos de Bermejo y Galperín, ni el ex vecino Carlos Lumillo (fs. 351). En igual sentido se pro-nunciaron en el acordonado IUE 289-179/2010 relativo a la medida cautelar promovida. Ninguno de esos testi-monios, ni todos en su conjunto, corroboran la exis-tencia de la alegada sociedad para vender casas construidas por Frigerio en terrenos de Liddle. El hecho de que “La Linda” fuera construida por Frigerio en un terreno de Liddle y de que hubiera construido alguna otra casa en la zona no determina la configuración de la alegada sociedad. Cabe tener presente que no se alegó ni probó dónde, ni de quién era el terreno de esas otras construcciones, lo que podía ser relevante para su interés. En otro orden, la prueba de la existencia de la sociedad tampoco surge de los testimonios enumerados a fs. 890 del recurso, los cuales son contestes en la pésima calidad constructiva de lo hecho por Eugenio Frigerio, mas no del hecho de la sociedad. Iguales consideraciones cabe realizar respecto a los términos de la disolución de la sociedad conyugal entre Frigerio y Liddle y a las vicisitudes que tuvo la frustrada transacción de autos o las negociaciones relativas a los padrones linderos al vendido o los cambios de abogados de Frigerio y Liddle. En definitiva, y sin des-conocer la seriedad de la defensa de Bermejo y Liddle a lo largo de esta causa, esa parte no se desembarazó de la carga de la prueba que la gravaba en función de los dichos de su demanda: acreditar que el chalet “La Linda” fue construido por una sociedad de hecho constituida por Frigerio y Liddle. Por estas razones, el agravio no puede recibirse, debiendo desestimarse el recurso de Bermejo y Galperín. III) El recurso de casación Juan Carlos Bayeto . El recurso del Ing. Agrim. Juan Carlos Bayeto no puede prosperar. Llamativamente, sus agra-vios apuntaron a cuestionar genéricamente la atribución de responsabilidad que le imputara la Sala en esta causa. III.I) Sin embargo, tal tipo de cuestionamiento, a juicio de los Sres. Ministros, Dres. Eduardo Turell, Jorge Chediak, Elena Martínez y Luis Tosi, está fatalmente destinado a sucumbir, atento a lo dispuesto en el art. 268 inciso 2º del C.G.P. En tal sentido, estima la mayoría que de acuerdo a la posición tradicional de la Corte respecto al alcance de esa disposición, no procede el recurso de casación dirigido a cuestionar puntos resueltos en forma coincidente en primera y en segunda instancia. Y eso exactamente es lo que cuestiona este recurso. Véase que su primer agra-vio postuló que debía absolvérselo porque en esta causa no se dirigió contra él pretensión de regreso alguna. Ese concreto punto fue resuelto en idéntica forma por el Juzgado de Primera Instancia (considerando IV), fs. 711/716) y por el Tribunal de Apelaciones (considerando XII), fs. 863 vto. /864), lo cual determina que el agravio resulte improcedente por expreso mandato legal. Iguales consideraciones –estiman los Sres. Ministros, Dres. Eduardo Turell, Jorge Chediak, Elena Martínez y Luis Tosi- cabe realizar respecto de su segundo agravio, consistente en una pueril crítica a la imputación de responsabilidad que se le realizara en las dos instancias de mérito previas. Respecto al punto que pudo impugnar, el incremento de su condena, nada dijo que habilite a la Corte a su revisión. En definitiva, se impone el rechazo de este medio impugnativo por improcedente, conforme a lo establecido en el art. 268 inciso 2º del C.G.P. III.II) La suscrita redacto-ra, en cambio, considera que el recurso de casación es admisible en relación a estos puntos litigiosos. Debe de verse que la tesis restrictiva se basa en lo establecido en el art. 268 del C.G.P., en la redacción dada por el art. 37 de la Ley No. 17.243, que establece que: “ No será procedente el recurso de casación cuando la sentencia de segunda instancia confirme en todo, y sin discordia, a la sentencia de primera instancia... ”. La jurisprudencia tradi-cional de la Corte considera que todos aquellos aspectos de la sentencia que hayan sido confirmados íntegramente en segunda instancia y no hayan sido objeto de discordia, aun cuando otros aspectos de la sentencia hayan sido modificados o respecto de los cuales haya existido discordia, no son pasibles de revisión en casación. A esa posición se ha opuesto una más amplia sobre los requisitos de admisibilidad del recurso, que entiende que siempre que el Tribunal de segunda instancia revoque en forma total o parcial la sentencia de primera instancia, o que la confirme pero con discordia, la sentencia -en su integralidad- resultará pasible de ser revisada en casación. Esta tesis fue impulsada inicialmente en la discordia de la Dra. Selva KLETT a la sentencia de la Corte No. 465/2005 y ha sido compartida por la doctrina especializada (en tal sentido, véase: BARREIRO, María Virginia y TEJERA, Mariela: “Admisi-bilidad de la casación ante la doble confirmatoria y sin discordia”; LANDONI SOSA, A.; GONZÁLEZ S. y CABRERA R., “Procedencia del recurso de casación y alcance en hipótesis de confirmatoria parcial de la sentencia apelada” ambos en AA.VV., “XIVas. Jornadas Nacionales de Derecho Procesal, Colegio de Abogados - IUDP, Colonia del Sacramento, 2009, págs. 187/196 y 151/168 respectivamente y LANDONI SOSA, Ángel: “El recurso de casación”, XVIIas. Jornadas Nacionales de Derecho Procesal, Colegio de Abogados del Uruguay – IUDP, Rivera, 2015, págs. 229/254). Por lo tanto, existe otra lectura posible y más compatible con los principios propios de la vía impugnativa (así lo he sostenido desde mi ingreso a la Corte, en los fundamentos particulares consignados en la Sentencia No. 652/2017). Se postula en tal marco, una posición más amplia sobre los requisitos de admisibilidad del recurso que nos ocupa, que entiende que siempre que el Tribunal de segunda instancia revoque en forma total o parcial la sentencia de primera instan-cia o que la confirme, pero con discordia, la sentencia, en su integralidad , es pasible de ser revisada en casación. En criterio de la suscrita redactora, esta tesis es la que mejor se condice no solamente con el texto legal, sino con el sistema procesal en su conjunto. En particular, es la que mejor realiza el principio de libertad impugnativa, que está consagrado en el art. 244.1 del C.G.P., destacándose que cualquier restricción a la libertad de impugnación –como la que en este caso consagra la disposición legal en estudio- debe interpretarse en sentido restrictivo. La disposición en cuestión (art. 268 del C.G.P.), se limita a determinar las sentencias que pueden ser objeto del recurso, pero en ningún momento limita el contenido de éste o establece qué partes de la sentencia pueden recurrirse o no. Ahora bien, sin perjuicio de lo dicho, estima esta redactora que por resultar su posición minoritaria en el seno de la Corte, resulta estéril ingresar a examinar el mérito del punto liti-gioso sobre el que, a juicio de la mayoría, está vedado su control en casación. En definitiva, por estos fundamentos, la Suprema Corte de Justicia, por unanimidad de sus integrantes, FALLA : Desestímanse los recursos de casación interpuestos, sin especial condenación pro-cesal. A los efectos fiscales, fíjanse los honorarios fictos en 20 BPC. Notifíquese a domicilio y, oportunamente, devuélvanse los autos con las forma-lidades de estilo.