Sentencia Definitiva N° 216/2026

Sentencia Nro. 216/2026 - IUE: 2-53252/2026 Montevideo, 24 de julio de 2026 TRIBUNAL DE APELACIONES EN LO CIVIL DE TERCER TURNO. Ministro Redactor: Dr. Fernando Tovagliare. Ministros Firmantes: Dra. Claudia Kelland, Dr. Gustavo Iribarren y Dr. Fernando Tovagliare. VISTOS: Para sentencia definitiva de segunda instancia, estos autos caratulados: “AA C/ FONDO NACIONAL DE RECURSOS Y OTRO. AMPARO - MEDICAMENTOS” I.U.E 2-53252/2026 venidos a conocimiento del Tribunal en mérito al recurso de apelación interpuesto por el Ministerio de Salud Pública contra la sentencia No 75/2026, dictada por el Juzgado Letrado de 1ra. Instancia en lo Civil de 11o turno. RESULTANDO: 1 - La Sentencia de primera instancia No 75/2026 (fs. 77/79), hizo lugar a la excepción de falta de legitimación pasiva opuesta por el F.N.R. y amparó la demanda deducida contra el Ministerio de Salud Pública -en adelante M.S.P.- condenándolo a cubrir a la accionante los gastos de la realización de una ARTOSCOPÍA DE CADERA, así como todo el material o gasto que fuere necesario para su implementación de acuerdo a las indicaciones que formule su equipo médico tratante,en el término de 24 horas, de acuerdo a las indicaciones del equipo médico tratante (fs. 77/79). 2 - Contra dicho dispositivo, oportunamente el M.S.P. interpuso recurso de apelación, abogando por la revocatoria de la sentencia, por las razones expuestas a fs. 83 y ss. 3 - Evacuados los traslados conferidos, fue franqueada la apelación, resultando asignado este Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 3o Turno. 4 - Pasados los autos a estudio de los Sres. Ministros, se acordó la presente decisión, designándose al Dr. Fernando Tovagliare la redacción de la presente sentencia. CONSIDERANDO: 1 - Por el número de voluntades legalmente requerido (art. 61, inc. 1o LOT), la Sala desestimará la apelación formulada, sin especial condena procesal, por las razones que se pasan a exponer. 2 - A criterio del Tribunal, los agravios expuestos por la distinguida Defensa de la codemandada recurrente, no logran conmover los sólidos fundamentos desarrollados por la sentencia de primera instancia. 3 - En efecto, el embate crítico desarrollado por el M.S.P. se encuentra encaminadocuestionar la sentencia impugnada por considerar que no se habría configurado la ilegitimidad manifiesta requerida por la ley 16.011, pues entiende que el M.S.P. habría actuado dentro del marco normativo vigente, que limita el acceso a las prestaciones incluidas en el PIAS en las condiciones establecidas por la reglamentación. 4 - Ahora bien, la argumentación de la apelante relativa a que no se habría configurado en el caso ‘ilegitimidad manifiesta’ no resulta de recibo pues, entiende el Tribunal que el referido requisito debe ser interpretado sin reduccionismos o angostamientos apresurados, en sintonía con la finalidad protectora del goce de los derechos humanos que inspiran la ley de amparo y la directrices axiales trazadas por la Constitución Nacional. 5 - En el caso, resulta de las actuaciones, que la accionante es una persona de 55 años de edad, portadora de ‘SÍNDROME DE IMPACTO FEMORO ACETABULAR Y LESIÓN DE LABRUM’ y habiéndosele indicado PROCEDIMIENTO DE ARTROSCOPÍA DE CADERA, como la opción más adecuada para aliviar su grave enfermedad, y para evitar que la misma progrese, se le niega el acceso a dicho tratamiento, aduciéndose que el mismo no se encuentran incluido en el F.T.M. para la patología y situación de la accionante. 6 - Observa el Tribunal que en el caso no existe controversia alguna sobre la grave patología que afecta a la accionante, y la pertinencia y necesidad del tratamiento indicado para mejorar su situación clínica y mejorar su calidad de vida (desde el punto de vista científico y médico –según surge del informe médico agregado y declaración de los Médicos Dres. Juan Carlos Rompani y Justino Menéndez en audiencia. Y a pesar de ello, se le niega el acceso al tratamiento indicado, alegándose que la prestación en cuestión no se encuentra incluída en el PIAS para la patología de la accionante y que no existe deber del M.S.P. de suministrar el mismo. 7 - Así las cosas, y tal como lo ha sostenido el T.A.C. 3o en anteriores pronunciamientos - ante la falta de argumentos de índole científica que legitimen la negativa del M.S.P a cubrir un procedimiento indicado como la opción más adecuada para aliviar la situación clínica de una persona que padece una grave enfermedad, la misma deviene infundada y por lo tanto arbitraria; incurriendo el M.S.P., en incumplimiento del deber prestacional de asistencia en salud, impuesto por normativa constitucional (y legal complementaria) en salvaguarda de derechos esenciales de la accionante, tales como: los derechos a la salud, a la dignidad y a tener una adecuada calidad de vida (arts. 7o, 44, 72, 82 y 332 de la Constitución; arts. 3, 22 y 25 de la Declaración Universal de Derechos Humanos; arts. 9, 11 y 12 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales más arts. 3 y 6 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos -ratificados por la Ley No. 13.751-; arts. I y XI de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre; arts. 4 y 5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos -ratificada por el art. 15 de la Ley No. 15.737-; arts. 9 y 10 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales -ratificado por la Ley No. 16.519-; arts. 1o, 2o y 4o de la Ley No. 18.211; arts. 2o, 6o, 7o, 10 y 11 de la Ley No. 18.335). 8 - La ilegitimidad manifiesta surge de la propia conducta del M.S.P. cuando deniega a la paciente una prestación que según la prueba aportada, resulta claramente beneficioso, bajo pretexto de la aplicación de normas legales (erróneamente interpretadas) o aún reglamentarias, (como es la inclusión o no en el PIAS), pero omite la aplicación de normas de rango superior, y de múltiples Tratados universales y regionales de Derechos Humanos, que tienen especial incidencia en la interpretación de las normas infraconstitucionales que invoca (las que deben ser interpretadas conforme a la Constitución y a los Tratados Internacionales de Derechos Humanos referidos). 9 - En fin, entiende la Sala que la circunstancia de que la prestación en cuestión no se encuentre incluida en el PIAS para la patología y situación de la accionante, no determina que deba negársele su suministro pues -como señala Van Rompaey-, en la ponderación entre los derechos constitucionales, principios y valores que están en juego, parece razonable concluir que la actuación judicial en la protección del derecho constitucional a la salud, no puede quedar supeditada a la satisfacción de requisitos reglamentarios o burocráticos (‘Reflexiones sobre el derecho a la salud y su judicialización’, Revista Judicatura Tomo 52, págs. 149 y 150). Postura ésta que ha sido claramente recogida por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia (sents. Nos. 75/2021 y 135/2021). 10 - La conducta de las partes ha sido correcta (arts. 688 del Código Civil y art. 261 del C.G.P.), en razón de lo cual no se impondrá especial condenación en costas y costos. Por los fundamentos expuestos, normativa invocada, y arts. 197, 198 del C.G.P el Tribunal Falla: 1o - Desestimase el recurso de apelación interpuesto, confirmándose la sentencia impugnada en los términos expuestos. 2o - Sin especial condenación. 3o - Honorarios fictos 14 B.P.C. 4o - Notifíquese personalmente. 5o - Oportunamente, devuélvase. Dra. Claudia Kelland - Ministra Dr. Gustavo Iribarren - Ministro Dr. Fernando Tovagliare - Ministro Esc. Laura Pérez - Secretaria Letrada