Sentencia Definitiva N° 1.295/2019

Montevideo, veintinueve de agosto de dos mil diecinueve VISTOS : Para sentencia definitiva, estos autos caratulados: “AA c/ MINISTERIO DEL INTERIOR. Daños y perjuicios. Casación” , IUE 168-524/2015 , venidos a conocimiento de la Suprema Corte de Justicia en virtud del recurso de casación interpuesto por la parte actora contra la sentencia dictada por el Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 1 er Turno, identificada como SEF 0003-000198/2018. RESULTANDO : I) A fs. 24-29, el 20 de octubre de 2015, compareció AA y demandó al Estado-Poder Ejecutivo-Ministerio del Inte-rior para que se lo condenara a resarcirle los daños y perjuicios derivados de un accidente laboral. Expresó que era fun-cionario policial y que en la fecha indicada sufrió un accidente de trabajo que le provocó una lesión grave en la columna vertebral que lo incapacitó para las tareas que realizaba (policía, tornero y herrero). Aproximadamente a las 10:00 de la mañana del 24 de noviembre de 2011 procedió a doblar un caño galvanizado por orden de sus jerarcas, sin las herramientas apropiadas, que no le fueron proporcionadas por el Estado empleador, lo cual le produjo una lesión grave. Calificó a la conducta de la demandada como culpa grave. Producto de ese accidente, el Ministerio del Interior le otorgó un subsidio tran-sitorio, circunstancia que redujo mucho sus ingresos. Expresó que del expediente administrativo surge la prueba de la responsabilidad del Estado demandado (declaraciones testimoniales e informes de juntas médicas). Solicitó que se condenara al Estado al pago de $U 15.631.000 (quince millones seiscientos treinta y un mil pesos uruguayos) como indemnización de los daños que alegó haber padecido (daño emergente, lucro cesante y daño moral). La parte demandada interpuso excepciones previas y controvirtió la existencia de responsabilidad. En particular, esgrimió como defensa la configuración de una causa extraña no imputable, del hecho de la víctima. Dijo que fue el actor quien decidió intentar doblar el caño galvanizado con la horqueta de un árbol, lo que determina su ausencia de responsa-bilidad. II) Por sentencia definitiva de primera instancia N° 19/2018 del Juzgado Letrado de Primera Instancia de Canelones de 2° Turno, dictada el 5 de abril de 2018 por su entonces subrogante, Dra. Elisa Zürbruck, se desestimó la demanda sin especial condenación procesal (fs. 303-315). III) En segunda instancia en-tendió el Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 1 er Turno, integrado por las Dras. Teresita Macció Ambro-soni, Nilza Salvo y Beatriz Venturini, órgano que, por sentencia definitiva identificada como SEF 0003-0000198/2018, dictada el 5 de diciembre de 2018, confirmó la recurrida (fs. 340-341 vto.). IV) La parte actora interpuso recurso de casación (fs. 345-347 vto.). Luego de justificar la procedencia formal de ese medio impugnativo, sostuvo, en síntesis, que: 1) La Sala infringió las normas legales de valoración de la prueba (artículo 140 del Código General del Proceso). No tomó en cuenta la prue-ba producida, en particular, las pruebas de las juntas médicas realizadas por el Ministerio del Interior, las cuales concluyeron que existía nexo causal entre las lesiones sufridas y la tarea ordenada. La prueba no ha sido apre-ciada en su conjunto. 2) Resulta contradictoria la sentencia en cuanto expresa que los policías están sometidos a un régimen estatutario fuertemente jerár-quico, pero, por otro lado, expresa que los funcionarios decidieron realizar la tarea de forma inadecuada (doblar un caño galvanizado con la ayuda de la horqueta de un árbol). Dada la baja jerarquía del funcionario no le resultaba posible desobedecer la orden que le fue impartida y que terminó lesionándolo. En caso de no haber cumplido habría sido sancionado, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 83 de la Ley Orgánica Policial. La tarea debía ser reali-zada ese día y no otro. 3) El Tribunal consideró que la incapacidad no es total. De ese modo, desconoce los resultados de las juntas médicas que consideraron que existía incapacidad total. 4) Antes del accidente el actor no tenía ningún inconveniente de salud, realizaba tareas que conllevaban esfuerzo físico y luego del accidente no pudo volver a trabajar. 5) En definitiva, solicitó que se anulara la sentencia impugnada y que, en su lugar, se acogiera la demanda. V) A fojas 354-357 vto. com-pareció la representante de la demandada, evacuó el traslado conferido y solicitó que el recurso fuera desestimado. VI) Por providencia identifi-cada como SEI 0003-000029/2019, dictada el 8 de marzo de 2019, el Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 1 er Turno resolvió elevar el recurso de casación para ante la Suprema Corte de Justicia (fs. 359-360 vto.). VII) El expediente se recibió en la Corte el 20 de marzo de 2019 (fs. 363). VIII) Por providencia N° 558/2019 se dispuso el pasaje a estudio y se llamaron los autos para sentencia (fs. 364 vto.). IX) Una vez cumplidos los trámites de estilo, se acordó dictar sentencia en el día de la fecha. CONSIDERANDO : I) La Suprema Corte de Justicia desestimará el recurso de casación interpuesto, por cuanto el recurrente no se agravió de la argumentación determinante de la sentencia recurrida, motivo suficiente para rechazar su medio impugnativo. II) En cuanto a los argumentos determinantes del fallo . En la sentencia recurrida se concluyó que la solución desestimatoria de primera instancia debía ser confirmada por dos órdenes de razones: (i) Ausencia de elementos probatorios indicativos de la culpa grave del Ministerio del Interior en el cumplimiento de las normas de seguridad y prevención . La Sala partió de la base de que gravitaba sobre el accionante la carga de la prueba sobre la culpa grave en el cumplimiento de las normas de seguridad laboral y prevención. Sobre esa premisa, entendió que este no se desembarazó adecuadamente de su carga. Estrictamente, le reprochó que no alegó en su demanda el incumplimiento de normas de seguridad y prevención, sino que no se le proporcionaron las herramientas adecuadas. De cualquier modo, la Sala entendió que el actor podía, por su oficio, negarse al cumplimiento de una orden que pusiera en riesgo su salud; si bien el estatuto del funcionario policial es particular y estricto, esa era una posibilidad para el reclamante si se le pedía que realizara una tarea sin las herramientas necesarias. Además, las declaraciones de los testigos del accidente permiten inferir que la decisión de doblar el caño de forma manual, colocándolo en la horqueta del árbol y tirando de la otra punta, fue adoptada por todos los operarios de común acuerdo. Ante este escenario, con-cluyó la Sala Civil de 1 er Turno, no puede imputársele responsabilidad alguna al Estado – Ministerio del Interior (considerando III, fs. 341). (ii) Falta de elementos probatorios que acrediten la relación de causalidad entre el accidente y la incapacidad total que el actor denunció padecer . La Sala hizo caudal de que los dictámenes de las Juntas Médicas, concluyeron que la incapacidad que aqueja al reclamante es para la tarea habitual; no se trata de una incapacidad total. Durante el juicio no se produjo prueba pericial que demuestre la incapacidad de la que adolece y se ignora cuál es su situación actual (considerando IV, fs. 341/341 vto.). III) La ausencia de argumenta-ción contra el argumento determinante de la sentencia recurrida . Consideramos que la razón fundamental para repeler el recurso es que la recurrente no controvierte el argumento determinante del fallo contenido en el considerando III antes consignado. La Sala le reprochó al re-currente no haberse desembarazado de su carga de probar que el Ministerio del Interior no observó adecuadamente las normas sobre seguridad y prevención (artículo 7 inciso cuarto de la ley Nº 16.074). Además, hizo caudal de la conducta del funcionario, que no puso reparos en la tarea que le fue encomendada y concertó con los otros funcionarios la forma de realización de la misma. Concretamente, consideró probado que: “ (...) decidieron entre todos poner el referido caño en la horqueta del árbol y hacer fuerza desde la otra punta ” (fs. 341). Ante ese escenario, la Sala concluyó que: “ (...) ninguna responsabilidad se le puede imputar al Ministerio del Interior ” (fs. 341). Contra este argumento, de-terminante del fallo, ningún agravio esgrimió la recurrente. Su escrito recursivo está centrado, casi en su totalidad, en cuestionar la argumentación de la Sala sobre la relación de causalidad entre el accidente y la incapacidad que lo aqueja. Apenas en los numerales 9 a 11 del escrito recursivo (fs. 345 vto.-346), hay una vaga referencia a estos puntos, pero no se controvierten los extremos en los que la Sala fundó sus conclusiones probatorias; en especial nada se dijo sobre el concierto entre los operarios en la forma de llevar adelante la tarea (extremo que parece clave). Tampoco nada se dijo en el recurso sobre la falta de prueba que se le reprocha, en lo concerniente a la violación de las normas de seguridad y prevención. En definitiva, lo que se advierte es que ese extremo determinante del fallo no fue debidamente atacado y cuestionado en el recurso; tal extremo determina necesariamente su naufragio. Cuando una sentencia se fundamenta en varios argumentos la ley procesal impone al recurrente atacar todos los extremos determinantes del fallo (inciso segundo del artículo 270 del C.G.P.). Ha dicho la Corporación reiteradamente que: “(...) cuando una sentencia se apoya en varios fundamentos, se necesita atacarlos todos para que prospere el recurso, pues si se deja de atacar cualquiera de ellos (...) no se casa la sentencia (...) Aun cuando sean fundados alguno o algunos de los motivos alegados por el recurrente en casación para impugnar la sentencia del tribunal, ella no es casable si se apoya en otra u otras razones no combatidas por el recurrente. Entonces, tratándose de la impugnación por la causal primera, en cuyo campo es de rigor que se demuestre la infracción ya directa, ya indirecta, de la Ley sustan-cial, es preciso que por el recurrente se ataquen todos los fundamentos de derecho de esta especie, sobre cualquiera de los cuales, aunque no hubiese sido expresamente considerado por el juzgador, pudiera la sentencia quedar en pie” (cf. Hernando Morales Molina, Técnica de Casación Civil, Ed. Academia Colombiana de Jurisprudencia, Bogotá, año 2014, pág. 115); (sentencia Nº 860/2017 entre muchas otras) En este caso, el recu-rrente no presenta en su escrito impugnativo motivos de sucumbencia suficientes para conmover el argumento de la Sala de que la actora no se desembarazó adecuadamente de la carga de la prueba que gravitaba sobre sí, acerca de la omisión del Estado-Ministerio del Interior de cumplir con las normas de seguridad y prevención adecuadas. Basta este motivo enton-ces, para que se desestime el recurso de casación a estudio. IV) La conducta procesal de las partes no justifica imponer especiales condenaciones en gastos causídicos (artículo 279 del C.G.P.). Por los fundamentos expuestos, la Suprema Corte de Justicia, FALLA : Desestímase el recurso de ca-sación interpuesto, sin especial condenación procesal. Honorarios fictos: 20 B.P.C. Y devuélvase.