Sentencia Definitiva N° 1.287/2019

Montevideo, veintinueve de agosto del dos mil diecinueve VISTOS: Estos autos caratulados: “SILVA, JOAQUIN C/ DA COSTA, FABIANA – DEMANDA EJECUTIVA - EXCEPCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD - ARTS. 355.2, 389.2, 511.1 Y 513.1 DEL C.G.P.” – IUE: 358-221/2012. RESULTANDO: 1.- Tramita en autos un juicio ejecutivo cambiario (fs. 8 y ss.). 2.- La demandada fue citada de excepciones a fs. 10 por el término legal no habiendo comparecido en autos a oponerlas. 3.- Dispuesto el Remate por Decreto No. 252/2019 (fs. 143/144) compareció la demandada a solicitar la declaración de inconstitucionalidad por vía de defensa de los arts. 355.2, 389.2, 511.1 y 513.1 del C.G.P. (fs. 148/149). Denunció que los mismos limitan la posibilidad de defensa del ejecutado por lo cual se violan los arts. 8 y 12 de la Constitución. Asimismo considera la excepcio-nante que los arts. 355.2 y 389.2 del C.G.P. violan el art. 72 de la Constitución en tanto el derecho al debido proceso es inherente a la personalidad humana. También se consideran incons-titucionales los arts. 511.1 y 513.1 del C.G.P. al dejar librado al Juez de la causa la admisibilidad de la inconstitucionalidad y del análisis de quien la puede invocar, se están vulnerando dichas normas. Solicitó en definitiva se declare la inconstitucionalidad de las normas invocadas. CONSIDERANDO: 1.- La Suprema Corte de Justicia desestimará la excepción de inconstitucionalidad interpuesta. 2.- Respecto de la pretendida inconstitucionalidad del art. 355.2 del C.G.P. 3.- En primer lugar corresponde destacar que la excepcionante incumple con lo dispuesto por el art. 512 del C.G.P, en tanto solicitó la declaración de inconstitucionalidad del art. 355.2 del C.G.P. por considerarla violatoria del debido proceso legal (art. 12 de la Constitución) y del principio de igualdad (art. 8 de la Carta) sin explicar ni siquiera mínimamente las razones por las cuales entendía que las mismas resultaban violatorias de las disposiciones constitucionales denunciadas como infringidas, circunstancia ésta que determina el rechazo de la excepción de inconstitucionalidad opuesta en virtud de lo dispuesto por los arts. 512 y 515 del C.G.P. (Cfme. Sentencias Nos. 89/91, 57/93, 100/93, 543/94, 105/95, 312/95, 734/95 y 1158/02, entre otras). 4.- En segundo lugar, cabe señalar que el art. 355.2 del C.G.P. establece la denominada “limitación de excepciones” en el proceso ejecutivo. En el caso, la citación de excepciones fue dispuesta por la Sede y dentro del término de la misma, la excepcionante no compareció en autos. Es decir que, la norma reputada inconstitucional ya fue aplicada, en virtud de lo cual, la limitación del derecho de defensa del ejecutado dispuesta en la norma, aparece consentida, por lo que a su respecto precluyó la oportunidad de oponer la excepción de inconstitucionalidad. La Corte en Sentencia No. 834/2012, remitiéndose al Pronunciamiento No. 43/92 señaló: “...en tanto la acción o la excepción pretenden la ‘inaplicabilidad’ de la Ley, la demanda presupone que pueda aplicarse; y que, por el contrario, la declaración no procede cuando la norma ya ha sido total y definitivamente actuada...”. A juicio de los Sres. Ministros Dres. Bernadette Minvielle Sánchez y Luis Tosi Boeri, en puridad, el que la norma haya o no haya sido aplicada resulta irrelevante, por tratarse de un requisito no previsto en la Constitución. En rigor, lo que se verifica es un supuesto de ausencia de interés directo: lo que afecta la situación jurídica planteada no es la disposición impugnada, sino la inmutabilidad de la cosa juzgada de derivada de no haberse opuesto excepciones en el proceso ejecutivo de autos. Aún superando lo señalado anteriormente la Corporación por Sentencia No. 260/2018 desestimó la pretendida inconstitucionalidad contra el art. 355.2 del C.G.P. 5.- Respecto del art. 389.2 del C.G.P. que regula el procedimiento de levantamiento de embargo posterior a la liquidación del crédito, surge que la norma atacada no es de aplicación ineludible al caso concreto y por consiguiente, el interés de la excepcionante no ha sido afectado "directa" o "inmediatamente" por el precepto cuestionado. En segundo lugar, cabe agregar que el excepcionamiento en el punto, también incumple con la previsión del art. 512 del C.G.P., lo que amerita su rechazo. 6.- En lo que refiere a la pretendida inconstitucionalidad del art. 511.1 del C.G.P., ésta fue desestimada por la Corporación por Sentencias No. 27 de 21.II.2003 y No. 40 de 12.III.2003, en términos que por su exacta adecuación al caso, se tendrán por reproducidos y parte integrante de esta decisión. 7.- En lo que dice relación con el art. 513.1 del Código General del Proceso la excepcionante carece de interés directo, personal y legítimo en la declaración de inconstitucionalidad pretendida (art. 509 C.G.P.), en tanto las actuaciones fueron elevadas a la Suprema Corte de Justicia (Cf. entre otras, Sentencias Nos. 89/97 y 27/03). 8.- En cuanto a las sanciones procesales, se verifica en el caso un supuesto de malicia temeraria, en tanto del planteamiento de la cuestión de inconstitucionalidad resulta “en forma manifiesta que el propósito ha sido entorpecer o retardar los procedimientos” que se le siguen a la excepcionante. En el caso y por expreso mandato legal, el letrado que ha patrocinado a la demandada “no tendrá derecho a percibir honorarios” (artículo 523 del C.G.P., parte final) porque como se lo ha señalado, el planteamiento formulado demuestra por sí solo, la sinrazón del mismo y el legislador ha querido sancionar al abogado que patrocina ese tipo de planteos. Por lo expuesto, la Suprema Corte de Justicia RESUELVE: DESESTIMAR LA EXCEPCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD DEDUCIDA, CON COSTAS. IMPONIÉNDOSE Al LETRADO PATROCINANTE LA SANCIÓN PREVISTA EN EL ARTÍCULO 523 IN FINE DEL C.G.P.