Sentencia Definitiva N° 1.300/2019

Montevideo, veintinueve de agosto de dos mil diecinueve VISTOS : Para sentencia definitiva, estos autos caratulados: “AA. Extradición. Casación penal” , IUE 89-695/2017, venidos a conocimiento de la Suprema Corte de Justicia en virtud del recurso de casación interpuesto por el defensor de AA contra la sentencia dictada por el Tribunal de Apelaciones en lo Penal de 4º Turno N° 124/2018. RESULTANDO : I) Por sentencia N° 4/2017 del Juzgado Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 29° Turno, dictada el 31 de octubre de 2017 por su titular, Dra. Julia Staricco, se concedió la extradición del Sr. AA a la República del Paraguay, comunicándose al Estado requirente a sus efectos, con la más respetuosa afirmación de las potestades de discernimiento jurisdiccional que inviste, el tiempo que el extraditado estuvo privado de su libertad en este Estado (fs. 33-39). Dicho pronunciamiento le fue notificado al encausado y a su defensa el 31 de octubre de 2017 (fs. 40-41). La defensa interpuso recurso de apelación contra la sentencia definitiva, en el plazo legal, En el mismo acto de interposición fundamentó el medio impugnativo movilizado (fs. 52-54 vto.). Por decreto N° 362/2017 se confirió traslado del recurso interpuesto al Ministerio Público por el término legal (fs. 56), el cual fue evacuado por la Fiscalía Penal de Montevideo de 4° Turno (fs. 58-59 vto.). Por decreto N° 789/2017 se franqueó el recurso de apelación para ante el Tribunal de Apelaciones que por turno correspondiera (fs. 61). II) En segunda instancia en-tendió el Tribunal de Apelaciones en lo Penal de 4º Turno, integrado por los Dres. Ángel Cal, Luis Charles y Gabriela Merialdo, órgano que, por sentencia N° 124/2019, dictada el 24 de abril de 2018, resolvió: “ Declárase absolutamente nulo y privado de todo efecto el acto en que la Defensa interpuso y fundó el recurso de apelación y los ulte-riores del proceso en relación de dependencia, tenién-dose por mal franqueada la Alzada por no ajustarse a derecho. Devuélvanse los autos a la Sede de origen, cometiéndose al a-quo las notificaciones de la presente resolución” (fs. 86-87). En concreto, la Sala in-dicó que constituye un principio de rango constitucional (artículo 18 de la Carta) y legal tanto en el proceso civil, como en el penal (artículo 1 del Código del Proceso Penal) que el orden y las formalidades de los juicios queda fuera del dispositivo del Juez y de las partes. Por ello, aunque el Ministerio Público no haya deducido pretensión declarativa de la nulidad en la que se incurrió, ésta no ha quedado convalidada o subsanada, en aplicación del artículo 104 del C.P.P. Por ello, la Sala concluyó que el acto de defensa es nulo, como lo son los actos del Tribunal y de parte en relación de dependencia (ar-tículo 102 del C.P.P.), a saber: el acto del Ministerio Público por el cual se evacuó el traslado conferido y el decreto N° 1137 del 7 de marzo de 2018, que ordena elevar el expediente al superior procesal a los efectos de conocer del recurso de apelación interpuesto. III) El defensor de AA interpuso recurso de casación (fs. 107-114). Luego de justificar la procedencia formal del medio impugnativo, sostuvo, en síntesis, que: 1) La Sala incurrió en un vicio de forma en infracción de lo dispuesto por los artículos 7, 12, 18, 72 y 332 de la Constitución de la República y 253, 97, 98 , 99, 100, 101, 102, 103 y 104 del Código del Proceso Penal. En primera instancia se hizo lugar al pedido de extradición cursado por la República del Paraguay. Contra dicha sentencia se interpuso y fundó el respectivo recurso de apelación en el plazo de dos días hábiles posteriores a su noti-ficación. La Sala Penal de 4° Turno declaró mal franqueado el recurso de apelación deducido. Esta decisión se fundamentó en el hecho de que la parte no se limitó a interponer el recurso de apelación para, posteriormente, proceder a fundamentarlo; sino que, por el contrario, realizó ambos actos (interposición y fun-damentación). La Sala sostiene que el apartamiento de esa parte de las reglas de procedimiento genera la nulidad absoluta del acto de apelación. 2) Sostuvo que la senten-cia transgrede las reglas propias del debido proceso legal. El artículo 253 del Código del Proceso Penal establece que el recurso de apelación contra las sentencias definitivas se interpondrá por escrito dentro del plazo de tres días. De esta dis-posición, a criterio del Tribunal, emerge una norma prohibitiva: la imposibilidad de incluir fundamentos en el recurso. La recurrente sostiene que la norma no establece tal prohibición, por lo cual la sentencia transgrede lo dispuesto por el artículo 100 del Código del Proceso Penal. En el caso, no se ha advertido que el Juzgado de primera instancia no mandó a fundar agravios, sino que, por el contrario, admitió la apelación con fundamentos. Asimismo, la Fiscalía con-testó el recurso sin considerar la irregularidad formal. Por otra parte, destaca la recurrente que nuestra jurisprudencia procesal penal ha admitido recursos interpuestos sin fundamentos y hace caudal de esa línea jurisprudencial. 3) La Sala incurrió en un error de derecho al calificar como nulidad absoluta a la interposición de apelación con fundamentos. Existe una tendencia a la eliminación de este tipo de nulidades que se basa en el principio de conservación de los actos procesales. El artículo 97 del Código del Proceso Penal establece que no hay nulidad sin ley que la consagre, la cual no existe en el caso. Tampoco se ha respetado el principio de trascendencia (consagrado en el artículo 98 del Código del Proceso Penal), ya que, en el caso, la Fiscalía ha tenido la oportunidad de defensa. El acto de apelación, aun-que irregular, cumplió con el fin legalmente previsto (artículo 99 del Código del Proceso Penal). Asimismo, se consideran transgredidas las reglas propias de las nulidades previstas en los artículos 100 a 104 del Código del Proceso Penal y las disposiciones constitucionales referidas al debido proceso legal. 4) En definitiva, solicitó que se casara la sentencia recurrida y que, en su lugar, se amparara íntegramente la demanda. IV) El Tribunal de Apelaciones en lo Penal de 4° Turno, por resolución N° 182, dictada el 24 de mayo de 2018, dispuso elevar la causa a conocimiento de la Suprema Corte de Justicia (fs. 116). V) El expediente fue recibido en la Suprema Corte de Justicia el 25 de mayo de 2018 (fojas 118). Luego de diversas actua-ciones promovidas por el encausado, por resolución N° 2031, dictada el 6 de agosto de 2018, se dio ingreso al recurso y se confirió traslado (fojas 130). VI) El Fiscal Letrado en lo Penal de 4° Turno, Dr. Daniel Gutiérrez Rivera, evacuó el traslado conferido y solicitó que se hiciera lugar al recurso de casación por considerar de recibo sus fundamentos (fojas 144-144 vto.). VII) A fojas 148-152 vto. compareció el Fiscal de Corte y Procurador General de la Nación, Dr. Jorge Díaz Almeida y evacuó la vista conferida expresando que correspondería hacer lugar al recurso de casación presentado. VIII) Una vez cumplidos los trámites de estilo, se acordó dictar sentencia en el día de la fecha. CONSIDERANDO : I) La Suprema Corte de Justicia acogerá el recurso de casación interpuesto por los fundamentos que se dirán. II) Reseña del caso planteado . Cabe realizar una breve reseña del caso planteado, el cual se rige por el sis-tema procesal penal del decreto-ley 15.032. Tramita en autos un pro-ceso de extradición solicitado por la República del Paraguay. La sentencia definitiva de primera instancia hizo lugar a dicha solicitud. A fojas 52-54 vto. se interpuso recurso de apelación. En el mismo acto se articularon los fundamentos de ese medio impugnativo. Por resolución N° 362/2017, del 7 de noviembre de 2017, se confirió tras-lado del recurso de apelación del encausado al Minis-terio Público. La Fiscalía evacuó el traslado conferido a fojas 58-59 vto. Por auto N° 789/2017, del 22 de noviembre de 2017, la Señora Juez Letrado de Primera Instancia en lo Penal de 29º Turno, Dra. Julia Staricco, dispuso el franqueo de la apelación (fojas 61). El Tribunal de Apelaciones en lo Penal de 4° Turno declaró la nulidad de la apelación y de los actos dependientes. III) En cuanto a los agravios formulados . La Corporación considera que los agravios deducidos por la parte recurrente resultan de recibo. En la sentencia se ha incurrido en un vicio que impone su anulación en casación, ya que la Sala relevó una nulidad absoluta que no cumple con los requisitos legalmente previstos para considerarse tal. III.i) La Suprema Corte de Justicia considera que no puede interpretarse que en el artículo 253 del Código del Proceso Penal (decreto-ley 15.032) se estableció una norma prohibitiva, tal como lo pretende el Tribunal. La disposición referida establece: “ El recurso de apelación contra las sentencias definitivas no expresará sus fun-damentos y se interpondrá dentro de tres días, substan-ciándose con un traslado por un plazo igual. De igual plazo dispondrá el Juez para admitirlo o denegarlo; si lo admite, en el mismo auto mandará expresar agravios al apelante que corresponda, quien dispondrá de diez días para hacerlo. De la expresión de agra-vios se correrá traslado a la contraparte, con plazo de diez días. Si el apelante no funda su recurso dentro del plazo señalado, la oficina dará cuenta y se procederá a la saca inmediata de los autos ”. La norma no consagra de modo categórico la imposibilidad de incluir fundamentos en el acto de interposición del recurso de apelación; simplemente establece que el acto de fundamentación se realizará con posterioridad al control formal de la interposición. En el caso, ambas activi-dades fueron realizadas conjuntamente, lo cual determina que estemos en presencia de una actuación irregular, pero, como se dirá infra , la irregularidad no reviste la nota de vicio que acarree nulidad alguna. III.ii) La nulidad relevada no cumple con el principio de trascendencia, ya que no ha generado perjuicio a la parte contraria. El recurso de apelación interpuesto con sus fundamentos fue contestado en forma por la Fiscalía interviniente, de acuerdo con lo que resulta de fojas 58-59 vto. Al tiempo de evacuar el traslado la Fiscalía no hizo ninguna referencia a la irregularidad que presentaba el acto, sino que, por el contrario, se limitó a contestar las defensas inter-puestas por la recurrente. III.iii) El acto irregular ha cumplido con el fin que debe cumplir de acuerdo con las normas. Como lo consignamos, la Fiscalía ha contado con la posibilidad de defensa respecto del recurso de apelación deducido de forma irregular. Más aún: la defensa fue efectivamente ejer-cida. El acto de fundamentación incluido en el de inter-posición ha cumplido su fin. Por lo tanto, no puede existir nulidad de conformidad con lo dispuesto por el artículo 99 del Código del Proceso Penal. Cabe destacar, a modo de cierre de esta primera línea argumental, que la finalidad de la regla que permite diferir la expresión de fundamentos favorece al recurrente y esa es su ratio legis , de tal manera que la renuncia implícita a beneficiarse de un mayor plazo que supone su planteo simultáneo al acto de proposición del recurso, solo a esa parte pude perjudicar. En definitiva, la Corte no puede dejar de resaltar que la unificación del acto de la interposición del recurso y su fundamentación, pese a la infracción formal cumplió con el fin útil y debido del proceso: formular una crítica razonada contra lo decidido y que la otra parte del proceso penal haya podido brindar su punto de vista fáctico-jurídico de la cuestión en condiciones igualitarias. La decisión del Tribunal supuso un exceso ritual manifiesto, pues se acude a un rigorismo formal en desatención de los intereses en juego en el proceso y las garantías de defensa apli-cables. IV) No es ocioso señalar que el temperamento de la Suprema Corte de Justicia se encuentra alineado con pronunciamientos de las Salas en lo Penal. Así, cabe señalar que en sentencia No. 271/2005 el Tribunal de Apelaciones en lo Penal de 3 er Turno sostuvo, en términos plenamente trasladables a esta causa, que: “ Liminarmente, es de dejar constancia que el recurso de apelación interpuesto por la Defensa no se adecua a la ritualidad del art. 253 del CPP; no obstante, dado que ha sido presentado en plazo y a pesar de los defectos formales que luce, se procederá a su consideración, abonando dicha postura el principio de efectividad del derecho de defensa en juicio, con abstracción de excesivos formalismos.” (caso No. 427 en la Revista de Derecho Penal N° 17, FCU, Montevideo, 2008, pág. 345). En similar línea concep-tual, el Tribunal de Apelaciones en lo Penal de 2° Turno, en un caso también muy similar al de autos, sostuvo que “[d] entro del plazo de tres días para interponer el recurso de apelación (artículo 253 del Código del Proceso Penal), contra la definitiva a estudio, el imputado no sólo interpuso aquél, sino que, además, expresó sus agravios. Si bien no se ha observado a cabalidad la ritualidad establecida en la norma precitada, en estos casos, el Tribunal tiene jurispru-dencia en cuanto a admitir formalmente la recurrencia, en atención al principio de finalidad” (caso No. 426 en la Revista de Derecho Penal N° 17, FCU, Montevideo, 2008, pág. 344/345). V) Por último, cabe tener presente que el proceder de la Sala no solo se aparta del régimen de nulidades vigente en nuestro país, sino también de lo establecido en el artículo 8.2. literal “h” de la Convención Americana de Derecho Humanos (Pacto de San José de Costa Rica). En efecto, en esa disposición se establece que toda persona es titular de un derecho fundamental el acceso a un recurso sencillo y efectivo. Precisamente lo que recla-ma el sistema interamericano de derechos humanos, del cual nuestro país forma parte, es la amplitud de enfoque a la hora de analizar requisitos adjetivos y posibilitar el examen de mérito por un tercero imparcial. En tal sentido, se ha manifestado la Corte Interamericana de Derechos Humanos al señalar que los Estados “no pueden establecer restricciones o requisitos que infrinjan la esencia misma del derecho a recurrir del fallo”, ya que dicha posibilidad “debe ser accesible, sin requerir mayores complejidades que tornen ilusorio este derecho”. Por ello, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha estimado que “las formalidades requeridas para que el recurso sea admitido deben ser mínimas y no deben constituir un obstáculo para que el recurso cumpla con su fin de examinar y resolver los agravios sustentados por el recurrente” (ver Juana Ibáñez Rivas, “ Artículo 8. Garantías judiciales ” en AA.VV., “Convención Americana sobre Derechos Humanos”, Christian Steiner y Patricia Uribe (Editores), Konrad Adenauer Stiftung, Buenos Aires, 2014, pág. 244). VI) Los autos serán remitidos al mismo Tribunal en la medida en que, en el caso, no ha existido pronunciamiento sobre las defensas deducidas y, en consecuencia, no hubo prejuzgamiento. Similar solu-ción fue adoptada por la Corporación en la causa caratulada “FALERO MIGUEL, Bolívar. Denuncia. Casación penal”, IUE 2-50785/2016 (sentencia N° 530/2019). VII) La conducta procesal de las partes no justifica imponer especiales condenaciones en gastos causídicos. Por los fundamentos expuestos, la Suprema Corte de Justicia, FALLA : Anúlase la recurrida. Remítase la causa al Tribunal de Apelaciones en lo Penal de 4° Turno a los efectos de resolver el recurso de apelación interpuesto. Honorarios fictos: 20 B.P.C. Publíquese y oportunamente devuélvase.