Sentencia Definitiva N° 1.306/2019

Montevideo, dos de setiembre de dos mil diecinueve VISTOS : Para sentencia definitiva estos autos caratulados : “VANRELL, JUAN C/ TALDOM COMPANY S.A. Y OTROS – EJECUCIÓN DE SENTENCIA - CASACIÓN”, IUE: 75-14/2017 , venidos a conocimiento de la Suprema Corte de Justicia en virtud del recurso de casación interpuesto por la parte actora, contra la sentencia definitiva SEF-0014-000450/2018 DFA-0014-000694/2018, dictada por el Tribunal de Apelaciones del Trabajo de 3er. Turno, el día 4 de diciembre de 2018. RESULTANDO : I) Tramita en autos la ejecución de una sentencia recaída en un proceso laboral. II) Por Sentencia Definitiva de Primera Instancia No. 18/2018, de fecha 22 de marzo de 2018, el Juzgado Letrado del Trabajo de la Capital de 6to. Turno, falló: “ Desestímase el excepcio-namiento deducido y en su mérito mantiénese firme el auto inicial de ejecución No. 1468/2017 de fecha 27 de julio 2017 (fs. 8). Sin especial condenación en costas y costos...” (fs. 31-37). III) Por Sentencia Definitiva de Segunda Instancia identificada como DFA-0014-000694/2018 SEF-0014-000450/2018, de fecha 4 de diciembre de 2018, el Tribunal de Apelaciones del Trabajo de 3er. Turno, falló: “ Revócase la sentencia impugnada en cuanto no hizo lugar al excepcionamiento opuesto y en su lugar se recibe el mismo revocándose la providencia inicial de ejecución Nº 1468/2017, disponiéndose el levantamiento de los embargos trabados, cometiéndose en lo pertinente a la sede a quo. Sin especial condenación procesal en la presente instancia...” (fs. 105-116). IV) A fs. 120-128 vto. la parte actora interpuso recurso de casación en estudio. En síntesis, formuló los siguientes agravios: a) Errónea aplicación del art. 253 del C.G.P . En primer lugar, adujo que la Sala incurrió en un error de derecho por hacer lugar a un recurso de apelación que no fue debidamente fundamentado y, por tal motivo, incumplió con el requisito impuesto por el art. 253.1 del C.G.P. para dicho medio impugnativo. La parte recurrente se limitó a realizar una mera reiteración de los argumentos expuestos durante la instancia, sin realizar una crítica razonada de la sentencia, como exigen las normas procesales. Por ello, la Sala debió abstenerse de ingresar en el mérito de la cuestión, por razones adjetivas o rituales. b) Indebida aplicación de los institutos de la paga y la remisión como modos de extinción de las obligaciones. Inadecuada aplicación de la regla del “acto propio” . También denunció, como errores de derecho, algunas confusiones conceptuales que, a su entender, invalidan la sentencia atacada. Manifestó que la Sala debió limitarse a examinar si procedía amparar la excepción de pago, que fue la única defensa articulada. Sin embargo, se aventuró a aplicar la teoría de los actos propios para resolver el caso en cuestión de forma desfavorable al trabajador. Confundió el contenido de los institutos de la paga y la remisión, que constituyen modos de extinción de las obligaciones con fundamentos y efectos disímiles. La sentencia razona que la actitud desarrollada por la actora fue contradictoria y, en virtud de ello, que habría consentido el pago parcial. Esta interpretación es ajena a lo ocurrido en autos y, sobre todo, si así hubiese ocurrido, lo que se habría configurado sería una remisión de los intereses, la actualización y la deuda por concepto de comisión, no una paga íntegra que fue la defensa que opuso la contraparte. En definitiva, el Tribunal le da un alcance que no tiene a la defensa opuesta e ignora que la remisión no puede presumirse, porque implica una renuncia al derecho. Se pretende desaplicar la letra clara de la ley en función de una teoría prevista para situaciones distintas (la regla del “acto propio”). Por lo tanto, el ad quem se extralimitó analizando cuestiones ajenas a las invocadas por las partes y aplicó una teoría equivocada. Insistió en que la “regla del acto propio” resulta inaplicable al subexamine . Citando prestigiosa doctrina, recordó que no cabe invocar el venire cuando la ley suministra una solución expresa para la conducta objetivamente contradictoria ora permitiéndola ora proscribiéndola. En este caso, la regla del acto propio no se aplica porque: i) la paga extingue la obligación únicamente cuando satisface al interés legítimo del acreedor (medio de extinción de las obligaciones por satisfacción) y, para ello, debe ser completa e íntegra; ii) no hubo variación alguna en la conducta del acreedor, quien en todo momento dejó constancia de la diferencia entre el adeudo y el depósito y; iii) en todo caso el principio de buena fe obliga a cuestionar la conducta del deudor, que buscó por todos los medios retrasar el cobro. En cuanto al primer punto, indicó que la paga que extingue la obligación es la que coincide exactamente con la suma adeudada. Lo clave en este caso era determinar si el depósito adquirió valor cancelatorio de la sentencia de condena dictada, a la luz del principio de integralidad de la paga. De acuerdo al art. 1.459 del C.C., el pago debe ser integral y sólo extiende sus efectos cancelatorios de la obligación cuando el deudor cumple con la cancelación total del monto al que fue condenado; esto es: cuando se paga el capital más los accesorios que correspondan al momento en que éste se verifica. En este caso, la suma nominal no es la adecuada porque al depósito se le descontó el monto correspondiente a la comisión bancaria del 1%, la cual no debía ser soportada por el acreedor. Lo mismo sucede con los reajustes e intereses legales; máxime cuando el trabajador estuvo un año privado de disponer del monto de la condena porque el demandado sistemáticamente obstaculizó el libramiento de las órdenes de pago. En cuanto a la posibilidad de reclamar las diferencias adeudadas, indicó que siempre se reservó el derecho a reclamar el pago de los adeudos cuyo cobro coactivo pretende ahora. En ningún momento existió conformidad con las sumas depositadas en relación con la condena obtenida; en cada oportunidad procesal que tuvo, la parte actora dejó constancia de que la sentencia no estaba cumplida. Finalmente, en relación a las demoras en el libramiento de la orden de pago señaló que no es cierta la aseveración del Tribunal, que postula que ambas partes dilataron el proceso y contribuyeron a su aplazamiento. De obrados surge que no es así y que los constantes intentos dilatorios provinieron de la parte demandada (aquí ejecutada), que intentó evitar a toda cosa el cobro con una argumentación infundada. No solamente no pagó voluntariamente la condena, sino que fue necesario promover la ejecución coactiva de la sentencia. La apelación a que debió intimar la aportación de una cuenta bancaria para cumplir voluntariamente y los cuestionamientos sobre el pago de los impuestos, son intentos de justificar su pertinaz propósito incumplidor. En definitiva, afirmó que es correcto como puntualiza el Tribunal que al 4 de agosto de 2015, las sumas adeudadas por la demandada eran de U$S789.979 (dólares americanos setecientos ochenta y nueve mil novecientos setenta y nueve) y $19.300.474 (diecinueve millones trescientos mil cuatrocientos setenta y cuatro). Sin embargo, eso no ha sido objeto de discusión en esta instancia sino que lo que se cuestiona es el monto que debió haber cobrado el trabajador a la fecha en que se le permitió retirar las órdenes de pago. Esto es, lo que debió haber cobrado cuando vieron su fin los intentos del demandado de obstaculizar el efectivo cobro. V) Sustanciado el recurso de casación interpuesto, fue evacuado por la contraparte, quien abogó por su desestimatoria (fs. 135 vto.-140 vto.). VI) Franqueada la casación (fs. 142), los autos fueron recibidos por la Corporación con fecha 25 de febrero de 2019 (fs. 146). VII) Por Auto No. 385/2019, de fecha 18 de marzo de 2019 (fs. 147 vto.), se dispuso el pasaje a estudio y autos para sentencia, al término del cual se acordó el presente pronunciamiento en forma legal y oportuna. CONSIDERANDO : I) La Suprema Corte de Justicia, por mayoría, conformada por los Sres. Ministros. Dres. Martínez, Minvielle, Tosi y el redactor, amparará el recurso de casación impetrado por la parte actora y, en su mérito, anulará la impugnada, confirmando el fallo de primer grado. Sin especial condenación procesal. II) El caso de autos . Corresponde recordar, brevemente, los aspectos centrales del subexamine que resultan relevantes para la dilucidación de las cuestiones controversiales planteadas en casación. - El ahora ejecutante, resultó ganancioso al término de un proceso laboral ordinario de conocimiento, en el que se condenó a la parte demandada a pagarle la suma de U$S748.796,85 (dólares americanos setecientos cuarenta y ocho mil setecientos noventa y seis con ochenta y cinco centavos), más intereses y multas legales que se continúen generando hasta su efectivo pago y $16.983.405 (pesos uruguayos dieciséis millones novecientos ochenta y tres mil cuatrocientos cinco) más intereses, reajustes y multas legales que se continúen generando hasta su efectivo pago. La Sentencia de condena que se pretende ejecutar es la No. 54/2014, de fecha 13 de agosto de 2014, dictada por el Juzgado Letrado del Trabajo de la Capital de 6to. Turno. Dicha sentencia fue confirmada por la Sentencia No. 125/2015, de fecha 22 de abril de 2015, dictada por el Tribunal de Apelaciones del Trabajo de 3er. Turno (fs. 2.063-2.086 de los autos caratulados “ Vanrell, Juan c/ Teldom Company S.A. Demanda laboral ”, IUE 2-33.941/2013). - El día 18 de junio de 2015, la parte actora solicitó que se procediera a intimar su cumplimiento, lo cual fue practicado el 25 de junio de 2015 (fs. 2.112 a 2.114 de los mencionados autos). - Con fecha 20 de junio de 2015 compareció el representante de los demandados y pidió que se intimara a la parte actora a que proporcionara un número de cuenta bancaria para realizar el pago, de lo cual se confirió vista a la parte actora el 29 de julio de 2015 (fs. 2.116 a 2.119). - El día 4 de agosto de 2015 (fojas 2.126-2.127) el acreedor evacuó la vista conferida y solicitó la ejecución de la sentencia de condena (ese escrito fue desglosado y agregado a la pieza individualizada con el IUE 75-15/2015). El pedido de ejecución finalmente fue desestimado. - También el 4 de agosto de 2015 compareció nuevamente el representante de las demandadas y solicitó que se procediera a la apertura de una cuenta judicial para proceder a depositar el monto de la condena. Asimismo, formuló consideraciones en torno al pago del Impuesto a la Renta de las Personas Físicas, IRPF (fs. 2.123 a 2.125). Por Decreto No. 971/2015 del 12 de agosto de 2015 (fs. 2.129), se ordenó expedir la orden de apertura de la cuenta judicial, que fue retirada el 21 de agosto de 2015 (ver nota de cargo de fs. 2.129 vto.). - El 31 de agosto de 2015 se apersonó la demandada y acreditó haber procedido al depósito de las sumas objeto de condena con fecha 24 de agosto de 2015, con intereses y actualizadas hasta esa fecha. En ese mismo acto, solicitó al Tribunal que librara oficio a la Dirección General Impositiva “ para realizar las retenciones legalmente de precepto por parte de la Sede, previo pago al actor, de las cantidades condenadas ” (fojas 2.140-2.140 vto.). A partir de este punto se inicia un debate centrado en la forma en la cual se deben pagar los tributos a la DGI y en torno a cuál de las dos partes debe soportar el precio correspondiente a la denominada “comisión BROU”. En el curso de la discusión referida, el 16 de noviembre de 2015 compareció el representante de la parte actora y solicitó que le fueran liberadas las sumas depositadas a la orden de la Sede, “ sin perjuicio de desconocer en forma expresa las liquidaciones realizadas... ” (fs. 2.212-2.213). Esa postura fue reiterada a fojas 2.222-2.226 Tal actitud de la actora debe ser interpretada de forma inequívoca como aceptación de un pago parcial. - La demandada, por su parte, el día 24 de diciembre de 2015, asumió una postura displicente en cuanto al planteo de su contraria de acceder a los fondos depositados. Así, a modo de ejemplo, expresó: “… entendemos que corresponde que la sede resuelva y en definitiva retenga el monto del impuesto ” (fojas 2.228-2.229). - Con fecha 23 de febrero de 2016 la parte actora volvió a reiterar su postura y requerir la liberación de los fondos, incluso en carácter de medida cautelar (fojas 2.238-2.240 vto.). - Por Auto No. 357/2016, de fecha 23 de febrero de 2016, se dispuso finalmente el libramiento de las órdenes de pago respectivas a favor del actor (fojas 2.242). - El 26 de febrero de 2016 compareció la demandada a deducir oposición respecto de lo resuelto por auto nº 357/2016. Se fundó en que no correspondía librar las órdenes de pago a favor del actor por el total de lo depositado, sino que, por el contrario, correspondía detraer el IRPF. En virtud de ello, solicitó que se libraran dos órdenes de pago: una a su nombre, o de la DGI (por el tributo), y otra por el saldo a favor del actor (fojas 2.248-2.250). - El día 8 de marzo de 2016, el actor volvió a requerir que se libraran las órdenes de pago (fojas 2.253-2.255 vto.). - El incidente de oposición fue desestimado por Sentencia Interlocutoria No. 556/2016, de fecha 28 de marzo de 2016 (fojas 2.265-2.268). - Finalmente, el día 22 de abril de 2016 se libró la orden de pago a favor de la parte actora (fojas 2.270 vto.-2.271). - Con fecha 21 de febrero de 2017 compareció la actora y solicitó que se intimara a la contraria el pago del saldo pendiente de la condena; a saber: i) intereses y reajustes generados hasta el efectivo cobro y; ii) 1% cobrado por el BROU en concepto del precio denominado “comisión BROU”. - El día 6 de junio de 2017, el Sr. Juan Vanrell promovió ejecución parcial de sentencia por las sumas de U$S45.340 y $ 3.016.549, más intereses, costas y costos (fojas 1-3 vto. de estos autos). Relata que dichas sumas corresponden al saldo de aquellas que fueron objeto de condena en la sentencia SEF-0014-000125/2015 dictada por el Tribunal de Apelaciones de Trabajo de 3er. Turno, por la cual se confirmó la Sentencia No. 54/2014 dictada por el Juzgado Letrado del Trabajo de la Capital de 6to. Turno. En las sentencias se condenó a Oscar Bacot, Badasur S.A., Bartolor S.A., Klamer S.A., Malva S.A., Quinta Crespo S.A., Taldom Company S.A. y Xoden Internacional S.A. a abonarle al actor las sumas de U$S748.796,85 y $16.983.405 e ilíquidos. Relata, asimismo, que la deuda fue parcialmente abonada por los ejecutados a través de un depósito en cuenta abierta a la orden de la Sede y bajo el rubro de autos, pero resta el saldo de U$S37.440 y $2.823.544. Asimismo, se adeuda el importe de la denominada “comisión BROU” que asciende a las sumas de U$S7.900 y $193.005. A criterio del ejecutante, el pago parcial se produjo el 25 de abril de 2016, cuando fue emitida la orden de pago. De forma previa, la ejecutada se opuso a través de diversos argumentos a que esa orden fuera librada. En consecuencia, se adeu-dan: i) los reajustes e intereses legales devengados entre la fecha en que se hizo el depósito en la cuenta judicial (el 24 de agosto de 2015) y aquella en la que finalmente se hizo de las sumas depositadas (el 25 de abril de 2016). Indicó que entre la fecha en que se realizó el depósito y la que se hizo efectivo el cobro continuaron corriendo los intereses y actualizaciones dispuestas en el Decreto-Ley No. 14.500, por lo que existe una deuda pendiente por concepto de reajustes e intereses y; ii) el costo de la comisión cobrada por el Banco de la República Oriental del Uruguay (BROU), equivalente al 1% de la suma depositada, tanto en pesos como en dólares. - La demandada dedujo excepción de pago, ya que alegó haberse liberado de la deuda el 24 de agosto de 2015 mediante el depósito en la cuenta abierta a esos efectos a la orden de la Sede y bajo el rubro de autos. Imputa a la ejecutante haber procedido de mala fe por haberse negado a proporcionar un número de cuenta donde depositar el dinero. Ese proceder, a criterio de la ejecutada, determinó la necesidad de requerir la intervención judicial para pagar a través del BROU, lo cual generó una comisión cuyo pago no correspondía por ser contrario al principio de gratuidad que rige el proceso laboral. La demora en retirar las órdenes de pago se debió a un debate en torno al pago de tributos que debía realizarse al Fisco, lo cual no le puede ser imputado. Asimismo, expresa que no adeuda la “comisión BROU”, ya que, según su criterio, la deuda fue generada por el obrar de la actora que se negó a proporcionarle una cuenta donde realizar el pago. - En primera instancia, tal como se señaló oportunamente, la decisora no hizo lugar a la defensa de la accionada y desestimó la excepción de pago. En segunda instancia, por el contrario, la Sala consideró que la demandada había extinguido totalmente su adeudo y nada debía, ni por concepto de reajustes e intereses ni por comisión bancaria. En consecuencia, revocó la sentencia impugnada, amparó la excepción de pago y desestimó la demanda de ejecución. III) En cuanto al mérito . a) Agravios relativos a la errónea aplicación del art. 253.1 del C.G.P . En primer lugar, corres-ponde despejar el cuestionamiento sobre el recurso de apelación y su ajuste a las reglas rituales. La recurrente expresa que el Tribunal de Apelaciones del Trabajo no debió hacer lugar al recurso de apelación, porque el escrito por el que se introdujo no cumplía con las formas procesalmente exigidas. Puntualmente, porque no contenía una crítica razonada de la sentencia. Este cuestionamiento no resulta de recibo. Si se repasa el escrito por el que se introdujo el recurso de apelación que corre a fs. 62-68 vto., contiene una crítica razonada de la sentencia; la recurrente, más allá de reiterar desarrollos argumentales previos, explicitó concreta-mente los puntos de agravio cumpliendo con los requisitos impuestos por las reglas de rito (arts. 248 y siguientes del C.G.P.). El Tribunal, con toda justeza relacionó en los resultandos el memorial de agravios planteado, por lo que no cabe reproche alguno al proceder de la Sala. IV) b) Agravios relativos a la indebida aplicación de los institutos de la paga y la remisión como modos de extinción de las obligaciones. Inadecuada aplicación de la regla del “acto propio ”. A criterio de la mayoría, conformada por los Sres. Ministros Dres. Martínez, Minvielle, Tosi y el redactor, corresponde anular la recurrida en cuanto hizo lugar a la excepción de pago deducida por la parte ejecutada. En efecto, el pago alegado, por las razones que se expondrán, debe ser considerado como un pago parcial (art. 379.2 del C.G.P.) y, por tanto, deberá ser tenido en cuenta en oportunidad de formularse la liquidación del crédito. Ante la existencia de un crédito exigible y un incumplimiento de la deudora, Juan Vanrell puso en marcha el proceso jurisdiccional de ejecución para obtener su cobro coactivo. De ese modo, intimó el pago como paso previo para la promoción de la demanda de ejecución. Frente a esa intimación, en lugar de proceder al pago, las demandadas solicitaron que se intimara a su contraria que promocionara una cuenta bancaria para cumplir. Se fundaron en una alegada ausencia de colaboración de la acreedora. A continuación, luego de vencido el plazo de la intimación de pago, volvieron a requerir la colaboración de un tercero, esta vez del Estado a través del Tribunal, para realizar el pago. De este modo, solicitaron que se abriera una cuenta a la orden de la Sede y bajo el rubro de autos. A juicio de la Corpora-ción, el obrar de la deudora no fue ajustado a las normas que regulan el modo de extinguir las obligaciones. Del expediente surge que la parte acreedora tenía intención de cumplir, pero, también queda patente, su ausencia de diligencia para obtener la liberación de la deuda. Si, a criterio de la ejecutada, existió una negativa de la acreedora de recibir el pago exacto de la deuda, tenía expedita la vía para iniciar los procedimientos para su liberación coactiva. De ningún modo puede considerarse que la consignación del dinero efectuada de forma unilateral por la demandada, sin seguir los procedimientos legalmente previstos para ello, tenga efectos extintivos de la obligación. Así, debió constituirlo en mora y proceder a promover la oblación y consignación de la deuda. V) De igual modo, la conducta posterior del ejecutado impidió que el acreedor accediera a los fondos depositados a la orden del Juzgado y bajo el rubro de autos. La sentencia de segunda instancia se centra en analizar la actitud de la promotora y su aparente falta de colaboración, sin embargo no tiene en consideración la absoluta ausencia de amparo legal de la actitud asumida por la demandada. A juicio del Colegiado, resulta inexplicable la pertinaz negativa de la deudora para que la acreedora accediera a los fondos consignados. En este sentido, llama la atención que pretendiera que fuera el Juzgado quien determinara el monto de los tributos adeudados para proceder a su retención, cuando, en realidad, tal tarea le correspondía a las partes. Inclusive, tal como se reseñó, solicitó que se librara una orden de pago a su favor para pagarle a la DGI. Ahora bien, cabe cuestionarse ¿por qué no procedió a retener y a pagar el tributo antes de consignar? La actitud asumida no resulta explicable y solo contribuyó a retrasar el pago de la condena, lo cual no puede ser soportado por la contraria. VI) En lo que respecta al pago de la denominada “comisión BROU”, la Sala rechazó el reclamo por el rubro comisión bancaria sobre la base de que la ejecutante no acreditó haber soportado, con su propio peculio, el pago de dicha comisión. A juicio de la mayoría, la “comisión BROU” corresponde que sea soportada por el deudor que resuelve realizar un pago a través de una cuenta judicial (cf. Sentencia No. 234/207 del TAC 6º). Por otra parte, la ejecutada no interpuso defensas referidas a la ausencia de acreditación del pago, a diferencia de lo que sostiene el Tribunal. Por el contrario, partió de la admisión de su pago por la parte actora y expresó que su cobro por el BROU fue ilegítimo por contrariar el principio de gratuidad del Derecho Laboral. Así señaló a fs. 15 vto. la excepcionante “... no debería haber correspondido su pago, por lo que la devolución de la misma deberá ser reclamada por la vía pertinente y ante la institución bancaria” . En consecuencia, yerra la Sala cuando afirma que: “... tampoco la ejecutante acredita que no percibiera monto dinerario suficiente para cubrir lo generado por comisión bancaria, en la medida que no invoca en autos ni menciona el monto que en definitiva abonó por concepto de tributos. No resulta de autos pago ni monto por concepto de tributos que el actor invocó en autos que le correspondía abonar directamente. Entonces dado que la suma ofrecida en depósito y efectivizada en el depósito cuyos montos íntegros ya percibió la actora, coincidían con lo adeudado a esa fecha por el demandado, no se estaba frente a hipótesis en la cual procediera un mecanismo de paga compulsiva, con el previsto para los casos en que el deudor se niega a recibir el pago del acreedor por entender que la suma no cancela la totalidad del crédito...” (fs. 114 vto.-115). Finalmente, cabe poner de manifiesto que el pago de ese gasto surge acreditado a fojas 2.277-2.278 del principal. VII) En mérito a lo expuesto, a juicio de los Sres. Ministros Dres. Martínez, Minvielle, Tosi y el redactor, corresponde amparar el medio impugnativo movilizado. Ahora bien; sin perjuicio de lo señalado, no se determinará cuál es el monto actual del adeudo (por concepto de ilíquidos hasta el retiro de la orden de pago y por la denominada “comisión BROU”), lo cual deberá ser analizado por el Juez de primera instancia de acuerdo con los procedimientos legalmente previstos a tales efectos. VIII) La correcta conducta procesal de las partes determina que las costas y los costos de la presente etapa se distribuyan en el orden causado (art. 688 del C. Civil y arts. 56.1 y 279 del C.G.P.). Por los fundamentos expuestos y las normas citadas, la Suprema Corte de Justicia, FALLA : AMPÁRASE EL RECURSO DE CASACIÓN INTERPUESTO POR LA PARTE ACTORA Y, EN SU MÉRITO, ANÚLASE LA SENTENCIA IMPUGNADA EN CUANTO ACOGIÓ LA EXCEPCIÓN DE PAGO, CONFIRMÁNDOSE EL FALLO DE PRIMER GRADO. SIN ESPECIAL CONDENACIÓN PROCESAL. HONORARIOS FÍCTOS 30 B.P.C. NOTIFÍQUESE A DOMICILIO, PUBLÍQUESE, Y, OPORTUNAMENTE, DEVUÉLVASE. MINISTRO DR. EDUARDO TURELL DISCORDE: POR CUANTO DESESTIMO EL RECURSO DE CASACIÓN INTERPUESTO POR LA ACTORA. I) Los agravios respecto al amparo de la excepción de pago son de rechazo. Con fecha 23 de junio de 2015, en autos “Vanrell, Juan c/ Taldom Company S.A. Demanda laboral” (IUE 2-33941/2013) la actora intimó el cumplimiento de la sentencia que condenó al pago de U$S748.796, 85 y $16.983.405 (fs. 2112-2114). La demandada compareció con fecha 29 de junio de 2015 solicitando se intimara a la actora proporcionar número de cuenta bancaria a los efectos de realizar el pago de la suma intimada. Precisó, en la oportu-nidad, que sus gestiones extrajudiciales para el pago de la suma adeudada habían sido infructuosas (fs. 2116–2117) de lo que se dio vista a la contraria en decreto de 16 de julio de 2015 (fs. 2118). Con fecha 4 de agosto la demandada solicitó apertura de cuenta judicial en el BROU a los efectos de cumplir con la sentencia y depositar la suma intimada que estaba constituida por U$S789.979 dólares americanos y $19.300.474 con reajustes e intereses al 30 de Julio de 2015. Señaló que sobre el pago de las cantidades a depositar se debían realizar retenciones tributarias sobre cuyo monto las partes no pudieron llegar a acuerdo (fs. 2123–2125). Y con fecha 24 de agosto de 2015 depositó las sumas intimadas (fs. 2130-2140 vto.). En paralelo, el día 4 de agosto se había formado la pieza “ Vanrell, Juan c/ Taldom Company S.A. y otros. Ejecución de sentencia” (IUE: 75-15/2015). En el escrito correspondiente, la actora afirmó que ante el incumplimiento de la intimación, procedía la ejecución de la sentencia, por un monto de ascendía a $19.300.474, más U$S789.979. En Providencia No. 1000/2015 de 13 de agosto de 2015 la sede de primera instancia desestimó la vía de ejecución (fs. 6 expediente acordonado IUE: 75-15/2015). II) En consecuencia el ámbito de discusión respecto al cumplimiento de la obligación de pago de cargo de la demandada quedó concentrada en las actuaciones seguidas en los autos “Vanrell Juan, c/ Taldom Company S.A. Demanda laboral” (IUE: 2-33941/2013) que no fue el proceso adecuado como señala el Tribunal ad quem en fs. 108 vto. de estos autos. En ellos se discutió de quien sería de cargo la Comisión del BROU y el pago del Impuesto a las Retribuciones Personales (parte actora en fs. 2145–2146 vto., 2171–2177 vto., 2210–2213, 2222–2226, 2237–2240 vto., 2252–2255 vto.; parte demandada en fs. 2156–2161 vto., 2166–2169, 2228–2229, 2244–2250, sin perjuicio de la audiencia en comparendo en fs. 2208 a vto.). III) Debe descartarse que debiera correr de parte del demandado el pago del 1% correspondiente a Comisión del BROU, porque como señala el Tribunal ad–quem y surge de lo relacionado supra “asiste razón al demandado cuando afirma que ocurrió ante la sede judicial ante la negativa del acreedor a recibir el pago del crédito intimado, intereses y reajustes” (fs. 1139); y que “la comisión se derivó del depósito ante la no recepción por el actor del monto que él mismo reclamaba como crédito impago” (fs. 1140). Igualmente, debe descar-tarse, que en la peculiar forma en la que se discutió como se debían satisfacer los tributos, cupiera atribuir responsabilidad a la demandada de forma que debiera asumir intereses y reajustes desde la fecha en que se hizo el depósito hasta que se liberaron las sumas depositadas. Por la sencilla razón de que era agente de retención y no le había sido posible acordar con el acreedor las cantidades a retener. Lo que queda meridia-namente claro cuando el actor, al evacuar la vista que se le concediera respecto de la suma depositada, sostiene que es el responsable final del pago de los impuestos y será él quien “conjuntamente con sus asesores contables quienes una vez cobrada la totalidad de la sentencia, liquidarán y abonarán los montos correspondientes” (fs. 2146 vto. de IUE: 2-33941/2013). Actitud que debe ser calificada como improcedente, porque no contribuía a la dilucidación del conflicto y ponía a la demandada en una encrucijada que era necesario resolver. Si consignaba el saldo de la deuda después de hacer la retención asumía el riesgo de que la suma fuera considerada insuficiente y abriera la vía de ejecución. Si admitía la liberación de las sumas consignadas sin que hubiera determinación de la cantidad a retener podía sumir responsabilidad frente a la DGI. La necesidad de un ámbito procesal de dilucidación fue impuesto por la propia parte actora, a partir de conducta que merece ser reprochada y no permite que después de la conclusión del proceso pueda pretender reajustes e intereses. La actora con la conducta asumida no contribuyó a facilitar el cumplimiento del fallo, inicialmente al no suministrar el número de su cuenta, pese a que le fue requerido por la Sede, y posteriormente al depósito efectuado por la demandada, en cuanto a la forma de liquidar los impuestos adeudados, lo que resulta contrario al principio de buena fe que debe presidir toda actuación judicial. El análisis del tracto procesal cumplido y de la actitud asumida por la actora, denota un claro incumplimiento del deber de actuar de buena fe, lo que debe gravitar en contra del interés de la recurrente (cf. KLETT, S. y PEREIRA CAMPOS, S. “Valor de la conducta procesal de las partes desde la perspectiva probatoria en el Código General del Proceso”, Revista Uruguaya de Derecho Procesal, No. 1, año 1997, págs. 49-95). Finalmente, no comparto que cuando el Tribunal analiza la conducta del accionante y la califica como incursa en contradicción con actos propios lo sea para categorizar una posible remisión no invocada por la demandada. Por el contrario, todo el desarrollo del ad quem apunta a dar por configurada la extinción de la obligación por pago de la deudora. En definitiva, el reclamo de reajustes e intereses supuestamente devengados luego de la extinción de la obligación, así como de la Comisión BROU, resulta totalmente improcedente. Razones por las que el agravio no puede ser amparado.