Sentencia Definitiva N° 1252/2019

Montevideo, veintidós de agosto de dos mil diecinueve VISTOS : Para sentencia definitiva, estos autos caratulados: “ FERNÁNDEZ CECCHETTO, FRANCISCO C/ SENTENCIA Nº 22/2017, DICTADA POR EL JUZGADO DE PAZ DEPARTAMENTAL DE LA CAPITAL DE 36º TURNO Y SENTENCIA DICTADA POR EL JUZGADO DE CONCILIACIÓN DE 3º TURNO – RECURSO DE REVISIÓN ”, IUE: 1-84/2017 . RESULTANDO : I) A fs. 91 compareció el Sr. Francisco FERNÁNDEZ CECCHETTO, interponiendo recurso de revisión contra los siguientes actos procesales: i) La resolución implíci-tamente dictada por el Juzgado de Conciliaciones de 3º Turno en los autos caratulados “ Querejeta Cougn, Juan c/ Fernández Cecchetto, Francisco. Conciliación previa ” - I.U.E. 2-26.706/2016, por la cual se declaró correctamente cumplida en rebeldía la audiencia de conciliación previa celebrada el día 29 de setiembre de 2016; asimismo, la impugnación alcanza al acto de notificación a domicilio -incorrecto- de la citación a dicha audiencia. ii) El emplazamiento (de fecha 16 de diciembre de 2016) y demás notificaciones realizadas con posterioridad, así como las resoluciones nros. 3497/2016, 569/2017, 730/2017, 825/2017, 1260/2017, 1282/2017, 1367/2017 y 2052/2017, cumplidas y dictadas, respectivamente, en los autos caratulados “ Querejeta Coung, Juan c/ Fernández Cecchetto, Francisco. Rescisión de contrato ” - I.U.E. 2-18.558/2016. iii) La sentencia defini-tiva nro. 22, de fecha 19 de abril de 2017, dictada por el Juzgado de Paz Departamental de la Capital de 36º Turno en los autos anteriormente referidos (fs. 33/37), por la cual se declaró rescindido el contrato y se condenó al impugnante al pago de UI 112.500, más intereses, por concepto de multa. II) A partir del marco descrito, la impugnación se edifica sobre los siguientes fundamentos: a) Indicó el recurrente que, con fecha 24 de noviembre de 2011, el Sr. Juan Antonio QUEREJETA le prometió en venta el bien inmueble padrón nº 17.335, solar 23, manzana 145, localidad catastral Ciudad de la Costa, departamento de Canelones. b) Señaló que años después, el 11 de marzo de 2016, el Sr. QUEREJETA pretendió intimarle por telegrama colacionado el pago de lo que, a su juicio, sería el saldo del precio aún impago de la promesa de compraventa anteriormente referida. Dicha diligencia no pudo cumplirse, pues el ahora enjuiciado denunció como domicilio del recurrente la calle Emilio Raña nº 3017/101, de la ciudad de Montevideo (ver constancia expedida por A.N.T.E.L. de donde surge que no se cumplió, pues el impugnante se “mudó”). A pesar de ello, con posterioridad, ante la justicia de conciliación y durante todo el juicio tramitado ante la Sede de Paz, el Sr. QUEREJETA siguió denunciando como domicilio del impugnante la calle Emilio Raña nº 3017/101, de la ciudad de Montevideo. Aún más, en diversos escritos el Sr. QUEREJETA indicó, falsamente, que el referido domicilio era el contractualmente pactado. Ello no es así. Basta leer el contrato para advertir que las partes no estipularon ningún domicilio contractual en la promesa de compraventa oportunamente celebrada. Sin perjuicio de lo anterior, el emplazamiento, así como todas las notifi-caciones cumplidas, se practicaron en el domicilio denunciado por el Sr. QUEREJETA (calle Emilio Raña nº 3017/101, de la ciudad de Montevideo), lo cual le provocó una indefensión absoluta, pues no se trata de su domicilio real, ni tampoco el contractual. c) Expresó que el día 9 de agosto de 2017 se notificó el desapoderamiento del inmueble en la vivienda objeto de la promesa, el que tendría lugar el día 14 de agosto de 2017, a la hora 10, adjuntándose copia de la sentencia definitiva nº 22, de 19 de abril de 2017. Alegó que si bien no se domicilia en la finca, sí lo hace su padre, quien inmediatamente le dio aviso de la notificación. Así fue que recién tomó conocimiento de las actuaciones cumplidas hasta la fecha. Compareció urgentemente haciendo notar que jamás tuvo conocimiento de los autos, que el apartamento nº 101 de la calle Emilio Raña nº 3017 no era su domicilio real, ni contractual, y sin perjuicio de reservarse otros derechos, solicitó la prórroga del desapoderamiento por el término de 60 días. d) En lo que respecta a su domicilio real, señaló que desde el año 2011 y hasta el mes de febrero de 2015 inclusive, vivió con su padre Gerardo FERNÁNDEZ en la propiedad de Ciudad de la Costa, a la que refiere la promesa de compraventa del año 2011 que se pretende rescindir por la contraparte. Luego de ello, en el mes de marzo de 2015, pasó a vivir con su madre, al Sra. Eleonora CECHETTO CIANCIARULO, en Avenida Italia nº 4763/702 de la ciudad de Montevideo. Algunos meses después, en agosto del 2015, se mudó conjuntamente con su pareja Romina Antonella LAMANA a la finca ubicada en la calle Estrella del Norte nº 1809 de la ciudad de Montevideo, perteneciente a la Sra. Tania BÉLGICA STEFFEN. Expresó que en el mes de mayo del año 2016 alquiló (junto a su pareja y a las Sras. Cinthia SÁNCHEZ y Luz María MORÁN) un apartamento en calle Colonia nº 1470/102 de la capital. Finalmente, el día 29 de abril de 2017 y hasta la actualidad, conjuntamente con la Sra. LAMANA, pasaron a domiciliarse en la calle Pablo de María nº 1396/601 de la ciudad de Montevideo. En su mérito, jamás tomó conocimiento del emplazamiento, ni de las notificaciones cumplidas en la finca emplazada en Emilio Raña 3017/101 de la ciudad de Montevideo. e) En definitiva, solicitó se ampare el recurso de revisión interpuesto y, en su mérito, se anulen las resoluciones impugnadas, ordenándose el inmediato levantamiento del embargo trabado en autos, así como la respectiva comunicación al Registro de la Propiedad Sección Inmobiliaria de la Ciudad de la Costa. Asimismo, peticionó como medida cautelar, que se suspenda el desapoderamiento de la finca, a lo que la Corte accedió por resolución nro. 1804, de fecha 27 de setiembre de 2017 (fs. 103 y vto.). III) Por auto nro. 1973, de fecha 18 de octubre de 2017, se dio ingreso al recurso de revisión interpuesto (fs. 109). IV) Por decreto nro. 2156, de fecha 13 de noviembre de 2017 (fs. 123), se ordenó emplazar al Sr. Juan QUEREJETA, por el término de 30 días (art. 288 del C.G.P.), quien compareció abogando por la desestimatoria del recurso (fs. 127 y ss.). V) Conforme a la abstención concedida al Dr. Eduardo TURELL (fs. 175 y 186), por auto nº 2781, de fecha 26 de setiembre de 2018 (fs. 144), se procedió a integrar la Corte, recayendo la suerte en la persona de la Dra. Claudia KELLAND (fs. 148). VI) Según emerge de fs. 149 y ss., se diligenció la prueba ofrecida por las partes. VII) Cumplidas los actos procesales de ley, por auto nº 448/2019, de fecha 25 de marzo de 2019 (fs. 236), se ordenó el pase a estudio y se llamaron autos para sentencia. CONSIDERANDO : I) La Suprema Corte de Justicia, integrada y por unanimidad, amparará el recurso de revisión interpuesto en autos, por los fundamentos jurídicos que se expondrán, pues los agravios articulados como sustento de la impugnación resultan eficientes para resolver en el sentido referido. II) Del alcance de la revisión impetrada y de la vía a la que se acudió para hacerla efectiva . II.1) Acorde a la reseña anteriormente formulada, el impugnante movilizó el recurso de revisión por la causal prevista en el art. 283 nº 7 del C.G.P. (nulidad por indefensión), y lo hizo contra diversos actos procesales. Ahora bien, con arreglo a lo previsto por el art. 281 del C.G.P., el recurso de revisión procede exclusivamente “ ... contra las senten-cias definitivas o interlocutorias con fuerza de defini-tivas que ponen fin al proceso... ”. En mérito a ello, del elenco de resoluciones y demás actuaciones resistidas por el recurrente, únicamente resulta pasible de revisión la sentencia definitiva nº 22/2017, de fecha 19 de abril de 2017, dictada por el Juzgado de Paz Departamental de la Capital de 36º Turno en los autos caratulados “ Querejeta Coung, Juan c/ Fernández Cecchetto, Francisco. Rescisión de contrato ” I.U.E. 2-18.558/2016. Entonces, será la antedicha sentencia la que habrá de revisarse en su corrección jurídica y no el resto de los actos procesales impugnados. II.2) Por otra parte, el art. 283 nº 7 del C.G.P. establece: “ Procede la revisión (...) 7) Cuando se reclame la nulidad por indefensión y no se haya podido hacer valer por las vías del Artículo 115”. Señaló el Sr. QUEREJETA que el recurrente pudo hacer valer la nulidad por la vía incidental luego de tomar conocimiento de las actuaciones a través de su padre, quien le informó del desapoderamiento. Indicó que, en vez de eso, solicitó una prórroga, por lo que la alegada nulidad se convalidó al no reclamarla “... en la primera oportunidad hábil al efecto y por la vía correspondiente... ” (art. 112 del C.G.P.). A juicio de la Corte, tal defensa no es de recibo. Según señaló el impug-nante, habría tomado conocimiento del pleito el día 9 de agosto de 2017, oportunidad en la cual se le notificó el desapoderamiento de la finca objeto del compromiso de compraventa (fs. 75/80), donde vive su padre, quien inmediatamente lo puso en conocimiento de la resolución dispuesta. Pues bien, a esa fecha, la sentencia definitiva de primera instancia se encontraba firme, de modo que la vía incidental no era la idónea para impetrar la nulidad por indefensión, procediendo únicamente el recurso de revisión. En tal sentido, señala Gustavo NICASTRO: “ En este punto, la redacción del art. 283 num. 7) del C.G.P. es clara en cuanto a que el recurso de revisión procede en aquellas hipótesis en que la nulidad del emplazamiento (Art. 129.1 del citado Código) no haya podido hacerse valer por las vías del Art. 115 ejusdem, vía que, en puridad, sería la demanda incidental. Y esta situación de imposibilidad se daría en aquellos casos en que el recurrente en revisión se hubiese enterado de la existencia del pleito luego de que haya pasado en autoridad de cosa juzgada la sentencia dictada en el proceso respectivo, hipótesis en que, a mi juicio, está claro que no sería admisible el ejercicio de la pretensión incidental de nulidad, habida cuenta que el proceso principal ya concluyó” (cf.: “Modificaciones introducidas por la Ley nº 19.090 a la regulación del recurso de revisión”, publicado en Revista Judicatura, T. 55, noviembre de 2013, págs. 92/93). En la hipótesis de autos (nulidad por indefensión que no se pudo hacer valer por las vías del art. 115 del C.G.P.), es del caso recordar lo también expresado por Santiago PEREIRA CAMPOS: “Esta innovación se vincula además a la precisión que surge del acápite del art. 115 en cuanto a que no procede ahora la acción autónoma de nulidad sustentada por parte de la doctrina y por jurisprudencia minoritaria ” . Agregando -luego de citar la posición de NICASTRO-: “ Cuesta imaginar un supuesto de aplicación de esta nueva causal del recurso de revisión porque mientras que este recurso tiene un plazo fatal de 3 años con independencia del conocimiento o no de la causal, la vía del incidente de nulidad si bien tiene un plazo de 20 días, el mismo acompaña la ignorancia de la parte sobre el motivo de impugnación, en tanto comienza a computarse en todo caso desde el conocimiento fehaciente del acto (art. 115.3). En cualquier caso, la finalidad de la causal agregada es dejar prevista una vía impugnativa para casos especialmente complejos... ” (cf.: “Código General del Proceso. Reformas de la Ley No. 19.090 (comparadas y comentadas)”, Ed. UM, Montevideo, 2015, pág. 304; ver también: LANDONI SOSA, Ángel en “El recurso de revisión luego de la Ley 19.090”, publicado en las “XVII Jornadas Nacionales de Derecho Procesal en Homenaje a los Profesores Ronald Herbert Nadal y Ángel Landoni Sosa, octubre de 2015, Rivera-Uruguay”, Ed. FCU, pág. 217). En igual sentido se pronunció el Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 5º Turno, al expresar: “ La Sala confirmará la sentencia apelada, por entender que el incidente deducido resulta, desde el punto de vista formal, doblemente inadmisible, conforme se expondrá (...) En situaciones como la que se ventila en infolios, en que se pretende obtener la declaración de nulidad de un proceso ya finalizado, con sentencia que aparentemente ha pasado en autoridad de cosa juzgada, con fundamento en que la contraria denunció un domicilio que no era el real, con la intención de dejarlo en estado de indefensión, esta Sala, incluso desde antes de la sanción de la Ley Nº 19.090, ya sostenía que la vía del art. 115.3 del CGP era improcedente, correspondiendo en su lugar el recurso de revisión” (cf. sentencia nro. 68/2017). En consecuencia, la soli-citud de prórroga por parte del hoy recurrente (fs. 50/51), en oportunidad en que se había dispuesto el desapoderamiento con plazo de 3 días, a juicio de la Corte, no puede operar como convalidación de la nulidad alegada en autos. Despejado lo anterior, corresponde seguidamente analizar la razón de la impugnación. III) Del mérito de la revisión . En concreto, la alegada indefensión se asienta sobre las siguientes premisas: (i) el emplazamiento practicado en el proceso principal (que culminó con una sentencia de condena), no se concretó en el domicilio real del Sr. FERNÁNDEZ (al momento del emplazamiento la finca ubicada en la calle Emilio Raña 3017/101 no era su domicilio real); y (ii) las partes no pactaron ningún domicilio contractual en el compromiso de compraventa. Por su parte, el Sr. QUEREJETA, en oportunidad de evacuar el traslado de la revisión, ninguna mención formuló en cuanto al domicilio real del impugnante, sino que, limitó su defensa a las siguientes cuestiones: (i) el emplazamiento fue válido en la medida en que fue practicado en el domicilio contractual (art. 32 del C.C.); y ii) el recurrente pudo (y debió) deducir la nulidad que ahora pretende por la vía incidental (art. 115 del C.G.P.). Visto que este último punto ya fue abordado con anterioridad (y se lo hizo en el sentido de que corresponde rechazar la defensa), resta analizar lo concerniente al domicilio en el que fuera emplazado el Sr. FERNÁNDEZ. A criterio de la Corte, el planteo impugnativo es de pleno recibo. En efecto, dentro del marco normativo objeto de análisis, el art. 117 nº 3 del C.G.P. impone a la parte actora la carga de denunciar “ El nombre y domicilio del demandado ”. En los autos caratulados “ Querejeta Coung, Juan c/ Fernández Cecchetto, Francisco. Rescisión de contrato ” - I.U.E. 2-18558/2016, el ahora enjuiciado, Sr. QUEREJETA, denunció como domicilio contractual del ahora impugnante, Sr. FERNÁNDEZ, el declarado en la comparecencia del contrato de promesa de compraventa celebrado el día 24 de noviembre de 2011; vale decir: Emilio Raña 3017/101, ciudad de Montevideo (fs. 2 y 9 de los autos referidos). Ahora bien, a diferencia de lo señalado por el Sr. QUEREJETA, en el contrato de promesa de compraventa, las partes no pactaron ningún domicilio contractual , en el sentido y con el alcance previsto en el 32 del C.C. Establece la citada dispo-sición: “ Se podrá en un contrato establecer de común acuerdo un domicilio especial para los actos judiciales y extrajudiciales a que diera lugar el mismo contrato ”. En el multicitado negocio no se estipuló nada concerniente a la fijación de un domicilio especial para el caso de los eventuales actos judiciales y extrajudiciales a que diera lugar el contrato. En tal sentido, en posición equivocada, el Sr. QUEREJETA parece inferir el pacto de un domicilio convencional de la circunstancia de que en la comparecencia su contraparte dejó constancia del suyo: “ Por otra parte: Francisco Fernández Cecchetto, oriental, mayor de edad, soltero, cédula de identidad 4.596.080-9, domiciliado en Emilio Raña 3017/101, Montevideo”. Si bien la constitución del domicilio convencional no se encuentra sometido a formalidades diferentes a las propias del contrato en él contenido, igualmente, debe resultar de manera clara la intención de las partes de constituir un domicilio especial a los efectos del contrato, lo que no ocurre en el “subexámine”. Véase que las partes, como es de estilo, ni siquiera estipularon que constituyen como domicilio el denunciado en sus respectivas comparecencias. La doctrina nacional ha estudiado el punto. Al respecto, Enrique VÉSCOVI y otros, han señalado: “ La jurisprudencia ha destacado a los efectos procesales la trascendencia del domicilio constituido en un contrato, señalando además su validez sin necesidad de previa autenticación del documento, siendo allí donde deben cumplirse las notificaciones (RUDP, 3/88, nº 27, p. 323; 1/91, nº 20, p. 70; 1/92, p.95, nº 18). Se ha señalado asimismo que prima el domicilio convencional, siendo susceptible de mutación únicamente por nueva convención entre las mismas partes (RUDP, 2/82, nº 28, p. 190). No obstante, se ha señalado la imposibilidad de tomar como domicilio contractual válido el tomado en un contrato, cuando ese es el punto cuestionado (RUDP, 1/91, nº 22, p. 70). ' La constitución del domicilio contractual, de carácter convencional, no está sometida a otras formalidades que las que rigen para el contrato principal, del que aquella constituye una cláusula accesoria; al única exigencia es que resulte claramente del contrato la intención de constituir un domicilio especial a todos los efectos del negocio (arts. 1292, 1297, y 1307, Cód. Civ.). Por tanto, si se cumplen tales requisitos, el domicilio así constituido es plenamente válido a efectos de un emplazamiento judicial, descartándose en tal hipótesis una situación de indefensión' (RUDP, 1/93, nº 74, p. 52)” (cf: “Código General del Proceso. Comentado, anotado y concordado”, T. 3, Ed. Ábaco, pié de pág. nº 73 en pág. 87). En mérito a lo expresado, y no existiendo controversia en cuanto a que, en el juicio que antecede, el Sr. QUREJETA no fue emplazado en su domicilio real, corresponde amparar el recurso de revisión movilizado y, en mérito de ello, anular la sentencia definitiva nº 22/2017, de fecha 19 de abril de 2017, dictada por el Juzgado de Paz Departamental de la Capital de 36º Turno, en los autos caratulados “ Querejeta Coung, Juan c/ Fernández Ceccheto, Francisco. Rescisión de contrato. ” - I.U.E. 2-18.558/2016. Asi-mismo, corresponde ordenar el levantamiento del embargo trabado, así como la inmediata comunicación al Registro de la Propiedad Sección Inmobiliaria de Ciudad de la Costa. IV) De las costas y costos. Conforme al resultado de la impugnación y a la correcta conducta desplegada por las partes, no se impondrán condenas procesales (art. 292 del C.G.P.). Por los fundamentos expresados y normas citadas, la Suprema Corte de Justicia, integrada y por unanimidad, FALLA : I) AMPÁRASE, PARCIALMENTE, EL RECURSO DE REVISIÓN IMPETRADO Y, EN SU MÉRITO, ANÚLASE LA SENTENCIA DEFINITIVA Nº 22, DE FECHA 19 DE ABRIL DE 2017, DICTADA POR EL JUZGADO DE PAZ DEPARTAMENTAL DE LA CAPITAL DE 36º TURNO, EN LOS AUTOS CARATULADOS “ QUEREJETA COUNG, JUAN C/ FERNÁNDEZ CECCHETTO, FRANCISCO - RESCISIÓN DE CONTRATO ” - I.U.E. 2-18.558/2016. II) DISPÓNESE EL LEVANTAMIENTO DEL EMBARGO TRABADO, ASÍ COMO LA COMUNICACIÓN AL REGISTRO DE LA PROPIEDAD SECCIÓN INMOBILIARIA DE LA CIUDAD DE LA COSTA. III) TODO, SIN ESPECIAL CONDENA PROCESAL. IV) ESTÍMANSE LOS HONORARIOS FICTOS EN 20 BPC PARA CADA PARTE. V) OPORTUNAMENTE, ARCHÍVESE.