Sentencia Definitiva N° 1.264/2019

Montevideo, veintidós de agosto de dos mil diecinueve VISTOS : Para sentencia definitiva estos autos caratulados: “ TOMÉ GONZÁLEZ, ADÁN Y OTROS C/ A.S.S.E. Y OTRO - COBRO DE PESOS - CASACIÓN”, IUE: 330-646/2014 , venidos a conocimiento de la Suprema Corte de Justicia en virtud del recurso de casación interpuesto por la parte actora, contra la Sentencia Definitiva de Segunda Instancia DFA-0006-000677/2018 SEF-0006-000209/2018, dictada por el Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 6º Turno, el día 5 de diciembre de 2018. RESULTANDO : I) Por Sentencia Definitiva de Primera Instancia No. 1/2017, de fecha 21 de diciembre de 2017, el Juzgado Letrado de Primera Instancia de Rivera de 4° Turno, falló: “ Declarando de oficio la cosa juzgada eventual y, en consecuencia, desestimando la demanda. Costas y costos por su orden (...)” (fs. 996-1.007). II) Por Sentencia Definitiva identificada como DFA-0006-000677/2018 SEF-0006-000209/2018, dictada por el Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 6º Turno, el día 5 de diciembre de 2018, se falló: “Confírmase la decisión de primera instancia, sin especial condenación en el grado” (fs. 1.061-1.066). III) Contra dicha sentencia, los integrantes de la parte actora interpusieron el recurso de casación en estudio (fs. 1.074-1.083). En tal sentido, expresa-ron, en síntesis, los siguientes agravios: a) Afirmaron que la sen-tencia impugnada incurre en infracción y errónea apli-cación de normas de fondo, entre otros, los arts. 1, 11, 198, 219 y 341 num. 6° del C.G.P. Indicaron que son ex fun-cionarios de A.F.E., declarados excedentes y redistri-buidos hacia el M.S.P., quienes desde el 29 de julio de 2007 pasaron a ser funcionarios de A.S.S.E., y reclaman el pago de diferencias salariales y otros rubros. Según la normativa aplicable al caso, el organismo de destino (primeramente el M.S.P. y a partir de 2007 A.S.S.E.) deberían respetar y mantener los montos de las retri-buciones de los funcionarios redistribuidos. Ello no sucedió, habiendo los actores experimentado una impor-tante rebaja salarial, que motivó la presente acción judicial así como las anteriormente impetradas. b) Alegaron que existe una errónea interpretación de los arts. 1, 11, 198 y 219 del C.G.P., entre otros, ya que es absolutamente imposible que se configure la cosa juzgada. El art. 219 del C.G.P. establece que para que la cosa juzgada tenga efecto en otro proceso se requiere: que sean las mismas partes; que se funde en la misma causa; y que tenga el mismo objeto. Se requiere, pues, por imperio legal, una triple identidad acumulativa, que no existe en absoluto en el caso de autos, ya que no son las mismas partes, ni es la misma causa. Sostuvieron al respecto, en primer lugar, que las partes son diferentes en uno y otro proceso. En el promovido en el año 2008 (IUE 330-283/2008) fue demandado el Estado y el M.S.P., en tanto en el subexamine los demandados son el Estado, Poder Ejecutivo, M.S.P. y A.S.S.E. (este último responsable a partir de julio de 2007 por Ley No. 18.161). Por ende, los demandados no son los mismos. Por su parte, en segundo lugar, manifestaron que la causa es diferente. En el proceso anterior (IUE 330-283/2008) se reclamaron las diferencias salariales y rubros no abonados contra el M.S.P. correspondientes al período febrero de 2003 al 13 de agosto de 2008, en tanto en el caso de autos se requieren las diferencias salariales y rubros no abonados por omisiones de A.S.S.E. en pagar de acuerdo a la ley en el período setiembre de 2008, inclusive, en adelante. Resulta evidentemente claro que las omisiones que se reclaman son diferentes, generadas en períodos disímiles. Es el mismo fundamento jurídico, pero no la misma causa. c) Por otro lado, preci-saron que la sentencia atacada vulnera de forma grosera el orden jurídico, pues desvirtúa lo considerado por la Sentencia del TAC 4° No. 59/2012 de fecha 29 de febrero de 2012, recaída en el acordonado IUE 330-283/2008, en decisión que pasó en autoridad de cosa juzgada. La cuestión que motiva esta impugnación ya había sido analizada en el juicio anterior, por la citada Sentencia del TAC 4°, cosa que no advirtió ni el Juez Letrado de Primera Instancia de Rivera de 4º Turno ni el Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 6° Turno. Señalaron al respecto que en el referido pronunciamiento del TAC 4° se reconoce: que se trata de créditos de corte netamente salarial, cuyo incumplimiento en función de su tracto sucesivo va originando nuevos adeudos; que el derecho al reclamo y el crédito sobreviniente ya fue establecido (“ an debeatur ”), lo único modificable en función de los diferentes períodos de tiempo es el “ quantum debeatur ”; dado que anteriormente no hubo pronunciamiento sobre condena a futuro de nuevos créditos, frente a los nuevos incumplimientos de la administración, quedó librado a los administrados impetrar nuevos procesos y ahí sí solicitar condena de créditos devengados y a devengarse (condena a futuro). Agregaron que la actual sentencia en recurrencia termina por desconocer un crédito/derecho (“ an debeatur ”) que ya se encontraba acogido jurisdiccionalmente, violando el principio de seguridad jurídica y de nomofilaquia de las decisiones sentenciadas. La sentencia impugnada tergiversa el contenido de la Sentencia del TAC 4° No. 59/2012 y va contra la misma, ya que aquella pasó en autoridad de cosa juzgada, por lo que de ninguna manera admitiría que se fallara en sentido contrario a la misma. d) Indicaron, por otro lado, que en el expediente IUE 330-283/2008 se peticionaron “los créditos que se generen en el futuro”, pero luego en la audiencia preliminar, al fijarse definitivamente el objeto del proceso, quedó afuera dicha pretensión. La fijación del objeto del proceso en la audiencia preliminar determina y acota el objeto del proceso, que será fruto de pronunciamiento oportunamente en la sentencia. Existió voluntad de la parte, o si se quiere la renuncia tácita de la misma, a que tal cuestionamiento (condena a futuro) fuera objeto de la litis instaurada. Y en tanto tal cuestión quedó fuera del objeto del proceso, que no fue punto posterior de debate, prueba, instrucción por los antagonistas, por ende, no integró de ningún modo el objeto del proceso tal “ thema decidendum ”, lo que no fue decidido ni en primera ni en segunda instancia (aún como punto omitido por el “ a quo ”, conforme art. 257 del C.G.P.). Concluyeron que no existe, como se sentenció en estos autos, “cosa juzgada eventual” (sentencia de primera instancia), ni “cosa juzgada a secas” (sentencia de segunda instancia). No existió un juzgamiento y una sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada sobre la condena de créditos futuros o sobre los créditos generados a partir de setiembre de 2008. No había improponibilidad de reexamen en este proceso, visto que quedó fuera del objeto del proceso y de los fallos de las sentencias dictadas en el expediente anterior. Insistieron en que al fi-jarse el objeto del proceso, sigue rigiendo el principio dispositivo, por lo cual, dentro de la autonomía de su voluntad, la parte puede dejar afuera de la litis parte de su pretensión inicial. Y si dicho tópico no quedó fijado en el objeto del proceso, no puede luego hablarse de cosa juzgada al respecto, puesto que violaría la regla del debido proceso. e) Expresaron, por último, que el fin del proceso es la efectividad de los derechos sustanciales y que, de procederse como se señala en las instancias anteriores, no se tendría en cuenta que la Administración debe reparar sus propios errores así como su obligación de no dañar a nadie. Estas ideas se complementan teniendo presente el carácter tuitivo del derecho de trabajo, siendo inconcusamente el crédito reclamado en obrados de estricto origen salarial, en una relación de tracto sucesivo, y con la interpretación-extensión que se le dio se lesionarían derechos labo-rales irrenunciables. f) En suma, solicitaron que se case la sentencia impugnada y se remitan los autos al Juzgado Letrado de Primera Instancia de Rivera de 4º Turno, a efectos de dictar sentencia sobre el fondo del asunto. IV) Sustanciado el recurso (fs. 1084), los co-demandados evacuaron el traslado, abogando por su rechazo (fs. 1.089-1.092 vto., 1.098-1.100 vto.). V) Franqueada la casación (fs. 1.101), los autos fueron recibidos en este Cuerpo el día 14 de marzo de 2019 (fs. 1.102). VI) Por Auto No. 537/2019, de fecha 3 de abril de 2019 (fs. 1.108 vto.), se dispuso el pasaje de los autos a estudio para sentencia, al término del cual se acordó el presente pronunciamiento en forma legal y oportuna. VII) Según emerge de fs. 1.118, se procedió a integrar la Corporación con la Sra. Ministra Dra. Mónica Besio. CONSIDERANDO : I) La Suprema Corte de Justicia, por unanimidad de sus integrantes, desestimará el recurso de casación interpuesto por la parte actora, sin especial sanción procesal. II) El caso de autos. Demanda . Los actores pro-movieron, con fecha 7 de octubre de 2014, demanda de cobro de pesos por diferencias salariales y rubros no abonados contra el Estado – Poder Ejecutivo – Ministerio de Salud Pública (M.S.P.) y la Administración de los Servicios de Salud del Estado (A.S.S.E.), ante el Juzgado Letrado de Primera Instancia de Rivera de 4° Turno. Expresaron que son ex fun-cionarios de A.F.E. que fueron declarados excedentes por resoluciones del Directorio, designándoseles como órgano de destino el M.S.P. (actualmente A.S.S.E., por imperio de lo dispuesto en la Ley No. 18.161), donde se generan las diferencias salariales que se reclaman. Indicaron que como conse-cuencia de la redistribución dejaron de percibir beneficios adquiridos y sus salarios se redujeron sensiblemente, no habiéndose respetado lo dispuesto en la Ley No. 15.851, situación que se mantiene inalterada hasta la actualidad. Ello motivó la presentación de peticiones administrativas y posteriores demandas a nivel judicial, las cuales fueron amparadas, en los autos identificados como IUE 7-126/2003 y 330-283/2008. Señalaron que existe cosa juzgada en el último de dichos procesos con respecto a los créditos anteriores a agosto de 2008, por lo que la presente reclamación abarca todos los créditos generados con posterioridad a dicha fecha. Afirmaron que se vulnera-ron abiertamente los derechos adquiridos que tenían los comparecientes, en contradicción con lo dispuesto en los arts. 12 y 17 lit. a) de la Ley No. 15.851, al referirse que en ningún caso la retribución del funcionario en el órgano de destino debe ser menor a la que percibían en el órgano de origen. En función de lo expuesto, solicitaron que se condene a los demandados a pagar las diferencias de salarios, rubros no pagados y otros beneficios (cobertura médica, diferencia de aguinaldo, etc.) generados desde setiembre de 2008 inclusive a la fecha de la demanda y los que se generen en el futuro, ordenándose su liquidación conforme el art. 378 del C.G.P.; y si no se agregare la documentación necesaria a tal efecto, que se condene a las demandadas al pago de las sumas indicadas en el capítulo 7 de la demanda ($28.000.000) más los créditos que se generen en el futuro, con más intereses, reajustes, costas y costos (fs. 1 y ss.). Contestación. Al evacuar el traslado de la demanda, el M.S.P. opuso las excepciones de falta de legitimación pasiva, caducidad, prescripción y falta de conciliación previa, y contestó la demanda sobre el fondo (fs. 61 y ss.). A.S.S.E., por su parte, opuso la excepción de prescripción y contestó la demanda, controvirtiendo su procedencia (fs. 538 y ss.). Audiencia preliminar . En la audiencia preliminar, la Sede a quo dictó la Sentencia Interlocutoria No. 3142/2015 por la cual se desestimaron las excepciones de falta de conciliación previa y de caducidad, se declaró la prescripción de los créditos anteriores al 20 de octubre de 2010 respecto del co-demandado M.S.P. y de los anteriores al 24/10/2010 respecto de la co-demandada A.S.S.E. y se difirió la decisión respecto de la excepción de falta de legitimación pasiva a la sentencia definitiva (fs. 564). Sentencia de primera instancia . Declaró de oficio la cosa juzgada eventual y, en consecuencia, desestimó la demanda (fs. 996-1.007). De su fundamentación emer-ge que el a quo consideró, por un lado, que se verifica en la especie una hipótesis de cosa juzgada eventual, por iguales razones a las que sostuviera la Suprema Corte en su Sentencia No. 857/2017 (Considerando 4), y por otro, que en el juicio anterior entre las mismas partes (IUE 330-283/2018) los actores habían solicitado en su demanda la condena a futuro (respecto a los mismos rubros aquí peticionados), la que fue desestimada en forma implícita en primera instancia, sin que los accionantes se hayan agraviado al respecto (Considerando 5). En función de tales razones, sostuvo que la inci-dencia de la cosa juzgada impedía acoger la pretensión por diferencias salariales actuada en la presente demanda (Considerando 6). Sentencia de segunda ins-tancia . El Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 6° Turno confirmó la sentencia de primera instancia (fs. 1.061-1.066). Surge de la fundamentación ensayada por el ad quem que éste consideró que en la especie se configura el instituto de la cosa juzgada “a secas”. Ello por cuanto, en el anterior proceso y entre las mismas partes, los actores habían articulado debi-damente la pretensión de condena a futuro, y no existió pronunciamiento expreso en la sentencia de primera ins-tancia, aspecto que no fue impugnado, ya fuera a través de los recursos de aclaración y/o ampliación, o de apelación, por lo que operó el instituto de la cosa juzgada puro y simple (Considerando IV). III) En cuanto al mérito . Ambas sentencias de mérito entendieron que en el caso correspondía declarar de oficio la existencia de cosa juzgada, razón por la cual se desestimó la demanda. A este respecto, huelga recordar que la existencia de cosa juzgada constituye un presupuesto que debe ser declarado de oficio, en ocasión del dictado de la sentencia definitiva, en un momento lógicamente anterior al estudio del mérito de la cuestión. El art. 133 del C.G.P. impone al Tribunal el poder-deber de relevar de oficio aquellas cuestiones que considera verdaderos presu-puestos procesales. El instituto de la cosa juzgada se funda en la noción de seguridad jurídica y se vincula con el principio de orden público de non bis in ídem . Para determinar la exis-tencia o no de cosa juzgada, corresponde analizar si se verifican los requisitos exigidos en el art. 219 del C.G.P. En efecto, la excepción de cosa juzgada supone la identidad de los tres elementos identificatorios de la pretensión: sujetos, objeto y causa. En alusión a dichos ele-mentos, ha señalado en reiteradas ocasiones la Corporación: “ Se trata de la conocida regla de la triple identidad, recogida en el art. 219 del C.G.P., que demuestra la importancia que tiene la identificación de la pretensión como procedimiento conducente a establecer si una pretensión es igual o diferente a otra y, en todo caso, si poseen algún elemento en común o conexo. Entonces, para determinar si hay o no cosa juzgada, es necesario recurrir al procedimiento que Palacio denomina ‘identificación de pretensiones’, en cuya virtud éstas son confrontadas entre sí con el objeto de establecer si se trata de una misma pretensión o de pretensiones distintas. Debe, entonces, realizarse un análisis comparativo de los elementos de las pretensiones en examen, tanto desde el punto de vista subjetivo (sujetos) como objetivo (objeto y causa), a fin de establecer su identidad o su diversidad, que puede ser total o parcial (Vescovi, Enrique y colaboradores, Código General del Proceso. Comentado, anotado y concordado, Tomo 3, pág. 47) ” (Cfme. Sentencia No. 434/2012; en igual sentido: Sen-tencias Nos. 64/2015 y 48/2018, entre otras). En la especie, los recu-rrentes esgrimen que no existe la referida triple identidad, puesto que no se verifica la identidad de partes ni la identidad de causa. A juicio de la Suprema Corte de Justicia, no les asiste razón en ninguno de los dos planteos, por lo que corresponde desestimar el recurso de casación movilizado. IV) En cuanto a la identidad de partes . Sostienen los impugnantes que el art. 219 del C.G.P. establece que para que la cosa juzgada tenga efecto en otro proceso se requiere: que sean las mismas partes; que se funde en la misma causa; y que tenga el mismo objeto. Se requiere, pues, por imperio legal, una triple identidad acumulativa, que no existe en absoluto en el caso de autos, ya que no son las mismas partes, ni es la misma causa. Afirman al respecto, en primer lugar, que las partes son diferentes en uno y otro proceso, dado que en el juicio promovido en 2008 (IUE 330-283/2008) fue demandado el Estado y el M.S.P., en tanto en el subexamine los demandados son el Estado, Poder Ejecutivo, M.S.P. y A.S.S.E. A juicio del Colegiado, el planteo no resulta de recibo. Si bien las partes no son estrictamente las mismas en uno y otro proceso, ya que en el presente litigio se demandó al Estado – Poder Ejecutivo – Ministerio de Salud Pública y a A.S.S.E. (servicio descentralizado), mientras que en el anterior se había demandado solo al Estado (del cual forma parte el M.S.P.) y no a A.S.S.E. ( vide : fs. 2 IUE 330-283/2008), no puede desconocerse que A.S.S.E. es un servicio descentralizado que sustituyó al órgano desconcentrado (del M.S.P.) de igual denominación, por lo que se trata, en definitiva, de un “sucesor a título universal” de aquel (conforme art. 218.1 del C.G.P.), el cual resulta alcanzado por los efectos de la cosa juzgada emanada de la sentencia recaída en el proceso anterior. En efecto, por intermedio de la Ley No. 18.161 de fecha 29 de julio de 2007, se creó “(...) con el nombre de Administración de los Servicios de Salud del Estado (en adelante ASSE) un servicio descentralizado que se relacionará con el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Salud Pública. Este servicio descentralizado sustituye al órgano descon-centrado de igual denominación . (...)” (art. 1°). En esa línea, el art. 12 de la Ley No. 18.161 establece que “ El patrimonio de ASSE se integrará de la siguiente manera: a) Con los activos y los pasivos de cualquier naturaleza del órgano descon-centrado Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), que se transfieren de pleno derecho al servicio descentralizado creado por esta ley. (...)” . En igual orientación, el art. 16 de la Ley No. 18.161 dispone que “ ASSE tendrá el personal que, a la fecha de vigencia de esta ley, pertenezca o esté afectado a las unidades ejecutoras del órgano desconcentrado que lleva la misma denominación, sin perjuicio de lo dispuesto por el literal E) del artículo 5º de la presente ley ”; agregándose en el art. 17 que “ Dentro del plazo de 180 días, a contar de la promulgación de la presente ley, el Ministerio de Salud Pública, en acuerdo con ASSE distribuirá el personal afectado al Ministerio de Salud Pública, con el asesoramiento de la Oficina Nacional del Servicio Civil ”. Por último, cabe hacer mención al art. 20 de la misma ley, conforme con la cual: “ Hasta tanto no se sancione el primer presupuesto para el servicio descentralizado que se crea por esta ley, regirá el que a la fecha de su promulgación tenía el Ministerio de Salud Pública, con destino al órgano desconcentrado Administración de los Servicios de Salud del Estado (ASSE), incluyendo la totalidad de los créditos presupuestales, cualquiera sea su naturaleza ”. Es claro, al tenor de las normas citadas, que el servicio descentralizado A.S.S.E. (hoy demandado) sustituyó al órgano desconcentrado A.S.S.E. dependiente del M.S.P. (que fuera demandado en el juicio anterior). Tanto los activos como los pasivos de este último órgano se transfirieron de pleno derecho al servicio descentralizado A.S.S.E. (art. 16). En consecuencia, se asiste a un supuesto de sucesión a título universal, al que expresamente refiere el art. 218.1 del C.G.P. al regular los efectos de la cosa juzgada. En tal sentido, la refe-rida norma establece: “ La cosa juzgada alcanza a las partes y a sus sucesores a título universal ”. En relación a dicha dis-posición, se señala desde la doctrina: “ La solución del primer apartado del art. 218 parece meramente aclaratoria. Los efectos de la sentencia alcanzan a las partes y, lógicamente, a sus sucesores a título universal. La norma se reitera en el art. 297.1 para el caso de conciliación acordada en el proceso conci-liatorio previo. Por el solo hecho de la muerte del causante, ‘la propiedad y la posesión de la herencia pasa de pleno derecho a los herederos del difunto, con la obligación de pagar las deudas y cargas hereditarias’ (1039 del C.C.); por lo que, naturalmente, la sentencia dictada a favor o en contra de aquél favorece o perjudica a éstos. De esta manera, una sentencia de condena, obtenida contra el causante, puede ejecutarse contra sus sucesores a título universal; pero, además, los efectos de esa sentencia son inalterables a su respecto, son alcanzados por la cosa juzgada ” (Cf. LANDONI, Ángel (director), “ Código General del Proceso”, Vol. 2B, Ed. BdeF, Montevideo, 2004, págs. 710-711). Si bien en el caso se trata de una sucesión entre personas jurídicas y no entre personas físicas, a juicio del Colegiado, la cuestión resulta igualmente alcanzada por la citada disposición legal. En la especie, la cosa juzgada emanada de la Sentencia del Juzgado Letrado de Primera Instancia de Rivera de 4° Turno No. 557/2009, recaída en el proceso IUE 330-283/2008, con las modificaciones introducidas por la Sentencia del TAC 4° No. 59/2012, alcanza tanto a las partes de dicho proceso (actores y Estado - P.E. - M.S.P.) como a sus sucesores a título universal (A.S.S.E.). Por lo expuesto, entonces, resulta de rechazo el agravio de los recurrentes relativo a la supuesta infracción al art. 219 del C.G.P., puesto que la expresión “ las mismas partes ” contenida en dicha disposición debe interpretarse con-textualmente, con el alcance que le da el citado art. 218.1 del mismo Código, por lo que quedan alcanzados por los efectos de la cosa juzgada los sucesores a título universal de las partes. V) En cuanto a la identidad de causa . Señalan los impugnantes que la causa de ambos procesos también es diferente: en el proceso anterior (IUE 330-283/2008) se reclamaron las diferencias salariales y rubros no abonados contra el M.S.P. correspondientes al período febrero de 2003 al 13 de agosto de 2008; en tanto, en el caso de autos, se reclaman las diferencias salariales y rubros no abonados por omisiones de A.S.S.E. en pagar de acuerdo a la ley en el período setiembre de 2008, inclusive, en adelante. Entienden por ello que resulta evidentemente claro que las omisiones que se reclaman son diferentes, generadas en períodos diferentes; es el mismo fundamento jurídico, pero no la misma causa. A juicio de la Suprema Corte de Justicia, tampoco le asiste razón a los recurrentes en el punto. En el proceso anterior no solo se reclamaron diferencias salariales y rubros no abonados correspondientes al período febrero de 2003 a agosto de 2008, sino que también se requirió condena a futuro (petitorio 4, a fs. 7 vto. del IUE 330-283/2008), lo que no fue concedido por el juzgado interviniente en primera instancia (fs. 186-199 vto. ibídem ), y tal rechazo, implícito, fue consentido por los accionantes (ver adhesión a la apelación, a fs. 230-233 ibídem ). En el punto, resultan ple-namente compartibles los fundamentos del ad quem res-pecto a que en el caso operó “el instituto de cosa juzgada puro y simple” . Señala a este respecto la Sala: “(...) de la compulsa de los autos acordonados, - IUE 330-283/2008-, surge que en la demanda se incluyó la pretensión de condena de futuro, expresando a fs. 7 vto.: ‘...más los créditos que se generen en el futuro’. A fs. 80/81, el objeto del proceso se fijó en ‘deter-minar la procedencia de la acción por diferencias de sueldos, otros beneficios y demás rubros no abonados, iniciada por los actores contra el Ministerio de Salud Pública y su monto y la procedencia de la excepción de falta de legitimación pasiva en su caso’. Si los impugnantes, en dicha oportunidad procesal entendían que la pretensión de condena a futuro no estaba incluida, debieron ponerlo de manifiesto a través del mecanismo recursivo perti-nente en la propia audiencia. La pretensión de condena a futuro fue debidamente articulada, pero no existió pronunciamiento expreso en la sentencia, aspecto éste que no fue impugnado, ya fuera a través de los recursos de aclaración y/o ampliación, o de apelación, por lo que operó el instituto de cosa juzgada puro y simple ” (fs. 1.064-1.065). En efecto, en relación a los rubros solicitados en el presente proceso, no puede decirse que se trate de “ cuestiones que, pudiendo haber sido propuestas, no lo fueron ” (contenido propio de la cosa juzgada eventual), pues dentro de la “condena a futuro” que sí fue propuesta y peticionada por los actores en el anterior proceso, quedan comprendidos todos los rubros que se solicitan en la presente pretensión. Es por demás claro que se cumple en la especie el requisito de la “identidad de causa”, máxime si se tiene en consideración la concepción que actualmente sostiene la Corporación en relación a la identidad objetiva de la cosa juzgada. Al respecto, en Sentencia No. 48/2018 ha expresado este Colegiado: “ Cabe precisar que la Corte, tal como está conformada en este caso, participa de la corriente jurisprudencial que postula una atenuación de la regla de la triple identidad para resolver los problemas planteados por la defensa de cosa juzgada, criterio que intenta determinar en cada caso si se verifica un supuesto de identidad o conexión, y que confiere preeminencia a la identidad de la ‘cuestión litigiosa’ (sentencias Nos. 176/2011 y 257/2012 del Tribunal de Apelaciones en lo Civil de 6º Turno, entre otras) (...) En cuanto al objeto, seña-la Enrique Tarigo que el límite objetivo está consti-tuido por el objeto o la cosa reclamada y por la causa o título jurídico en cuya virtud se reclama, esto es, la causa petendi (Lecciones de Derecho Procesal Civil, T. II, FCU, 5ª edición, 2012, pág. 299). Como destacan Carolina Giuffra y Santiago Garderes –con apoyo en doctrina especializada–, para identificar el aspecto o elemento objetivo de la pretensión, es preciso coordinar entre sí el objeto de la pretensión con su causa o razón, de cuya combinación nace la exacta identificación objetiva de la pretensión. El objeto es la cosa que se pide, pero no en sentido corporal, sino en el de utilidad o ventaja que con ella se pretende; es el bien de la vida que se pide, que puede consistir en una cosa, en un hecho, en una abstención o en una declaración. En consecuencia, el objeto no se refiere tanto a la cosa material, cuanto a la finalidad perseguida en el pleito (efecto jurídico reclamado, declarativo, constitutivo o de condena), por lo que para identificar el objeto de la pretensión deducida, habrá que referirse a la utilidad que se pretende. Estos autores recuerdan que, como lo expresara Piero Calamandrei, la causa petendi, también llamada razón o título de la pre-tensión, procura establecer por qué litigan las partes y se escinde en dos momentos: la concreta individua-lización de los hechos de los que surge el interés del actor al goce concreto de un determinado bien; y la afirmación de su coincidencia con aquel tipo de intereses a los cuales una o varias normas jurídicas conceden –en abstracto– protección (El principio de la individualización negativa de la demanda y su incidencia en el alcance objetivo de la cosa juzgada, Revista Uruguaya de Derecho Procesal, Nº 2/2003, págs. 205-212; la cita de Calamandrei corresponde a: Instituciones de Derecho Procesal Civil, Vol. I, Ed. Jurídicas Europa América, Buenos Aires, págs. 289 a 291) ”. En el caso, parece claro que la causa petendi en los dos procesos aludidos por los recurrentes es la misma. En tal sentido, la base fáctica de ambos procesos es idéntica: los actores son ex funcionarios de A.F.E. que fueron redistribuidos al M.S.P. (luego sustituido por A.S.S.E.); a su juicio, les corresponde percibir la misma remuneración y beneficios adquiridos que cobraban en su organismo de origen, lo que en los hechos no se ha verificado, lo cual determina que existan diferencias salariales a su favor, además de adeudos por los rubros que no les fueron abonados. El objeto de la pretensión en ambos procesos consiste en que se le abonen tales diferencias salariales y rubros no pagados. En el proceso anterior, reclamaron los créditos anteriores a agosto de 2008, más condena a futuro. En el presente proceso, reclaman los créditos posteriores a agosto de 2008, más condena a futuro. Pero más allá de las diferencias entre uno y otro reclamo en relación a los créditos ya devengados (al momento de la promoción de cada una de tales acciones), es claro que en sustancia se trata de la misma pretensión. Ello por cuanto la solicitud de condena a futuro, peticionada en el proceso anterior, incluye cualquier crédito que se generara en el futuro (luego de agosto de 2008) en relación a esta misma causa (diferencias salariales y rubros no abonados a los funcionarios redistribuidos de A.F.E. a M.S.P./A.S.S.E.). Por lo cual, la pretensión ensayada en el anterior proceso comprende, en definitiva, todos los rubros solicitados en la presente. En consecuencia, a juicio de la Suprema Corte de Justicia, cabe concluir que hay identidad de causa, por lo que resulta de rechazo el agravio de los recurrentes. VI) En cuanto a la alegada violación a la cosa juzgada emanada de lo dispuesto en la Sentencia del TAC 4° No. 59/2012. Afirman los accionantes que la sentencia atacada vulnera de forma grosera el orden jurídico, pues desvirtúa lo considerado por la Sentencia del TAC 4° No. 59/2012 de fecha 29 de febrero de 2012, recaída en el acordonado IUE 330-283/2008, en decisión que pasó en autoridad de cosa juzgada. Señalaron al respecto que la actual sentencia en recurrencia termina por desco-nocer un crédito/derecho (“ an debeatur ”) que ya se encontraba acogido jurisdiccionalmente, violando el principio de seguridad jurídica y de nomofilaquia de las decisiones sentenciadas. Tampoco les asiste razón en su planteo. Primeramente, cabe señalar que uno de los pasajes de la Sentencia del TAC 4° No. 59/2012 que citan los recurrentes, concretamente aquel en el que se indica que “ La sentencia dictada no contiene una condena a futuro, desde que nada se peticionó al respecto (...)”, no refiere a la sentencia de primera instancia recaída en el proceso IUE 330-283/2008, sino a la sentencia de primer grado que recayera en el anterior proceso existente entre las mismas partes: IUE 7-126/2003. Es respecto a dicha sentencia que el Tribunal de 4° Turno afirmó que en ella no se había dispuesto condena a futuro pues la parte actora no lo había peticionado. En segundo lugar, el pasa-je de la Sentencia del TAC 4° que sí se refiere a la condena a futuro solicitada y no concedida en dicho juicio (IUE 330-283/2008) es aquel en el que se sostiene por el Tribunal: “ Por obvias razones de economía procesal los actores pudieron solicitar en el proceso anterior una condena a futuro. Lo hicieron en el presente proceso pero la sentencia no se pronunció sobre el punto y no movilizaron recurso de ampliación al respecto, ni articularon agravios fundados en un rechazo implícito, dejando librado a la voluntad de la administración la promoción de nuevos procesos por la misma causa ” (fs. 263 vto. IUE 330-283/2008). Ahora bien. De dicho pasa-je de la Sentencia del TAC 4° no puede extraerse, que la sentencia ahora impugnada desconozca un crédito o derecho que ya se encontraba acogido jurisdiccional-mente, como afirman los impugnantes en su recurso. Por el contrario, las consideraciones efectuadas por el TAC 4° en el pasaje citado no hacen sino ratificar las conclusiones a las que arribara el TAC 6° en la sentencia aquí recurrida. En efecto, la Sala de 4° Turno señaló que en aquel proceso (IUE 330-283/2008) los actores habían solicitado condena a futuro, respecto a la cual no se había pronunciado la sentencia de primera instancia (rechazo implícito), sin que los accionantes hubieran movilizados recursos en relación a dicho rechazo. Se trata, en puridad, del mismo razonamiento que conduce a la Sala de 6° Turno a desestimar la presente demanda, por entender que existe cosa juzgada, dado que el reclamo de condena a futuro (en el cual quedan comprendidos los créditos posteriores a agosto de 2008) fue rechazado implícitamente en el proceso anterior. En consecuencia, resulta de franco rechazo el agravio de los recurrentes por el cual se denuncia una presunta violación a la cosa juzgada emanada de lo dispuesto en la Sentencia del TAC 4° No. 59/2012. VII) En cuanto a si la condena a futuro integró o no el objeto del proceso anterior. Sostienen los actores, por último, que en el expediente IUE 330-283/2008 se peticionaron “los créditos que se generen en el futuro”, pero luego en la audiencia preliminar, al fijarse definitivamente el objeto del proceso, quedó fuera del mismo el pedimento de condena de créditos futuros. Señalan, entonces, que existió voluntad de la parte, o si se quiere la renuncia tácita de la misma, a que tal cuestionamiento (condena a futuro) fuera objeto de la litis instaurada; y en tanto tal cuestión quedó fuera del objeto del proceso, no fue decidido ni en primera ni en segunda instancia. A juicio de la Corpora-ción, este sector de agravios tampoco resulta de recibo. Cabe remitir nuevamente a los fundamentos que fueran ensayados por la Sala en la sentencia impugnada para desestimar el mismo planteo. En aquella causa, el obje-to del proceso se fijó en “determinar la procedencia de la acción por diferencias de sueldos, otros beneficios y demás rubros no abonados, iniciada por los actores contra el Ministerio de Salud Pública, y su monto y la procedencia de la excepción de falta de legitimación pasiva en su caso ” (fs. 80 vto.-81 IUE 330-283/2008). Tal como señala el Tribu-nal, si los impugnantes, en dicha oportunidad procesal, entendían que la pretensión de condena a futuro había quedado excluida del objeto del proceso, debieron poner-lo de manifiesto a través del mecanismo recursivo perti-nente en la propia audiencia. Tampoco la lectura del acta de audiencia hace pensar que se haya querido excluir del objeto del proceso la pretensión de la parte actora dirigida a obtener una condena a futuro por los rubros que se solicitaban. Por lo cual, huelga enten-der que dentro de la fijación del objeto del proceso, concretamente, dentro de la “ acción por diferencias de sueldos, otros beneficios y demás rubros no abonados ” (fs. 81 cit.), quedó comprendida la pretensión de condena a futuro, por más que no se la haya mencionado expresamente por la jueza actuante. En suma, la solicitud de condena a futuro formó parte del objeto del proceso anterior y, por ende, existió rechazo implícito a tal pretensión en la sentencia de primer grado recaída en dicho proceso, decisión que pasó en autoridad de cosa juzgada. Siendo así, la totalidad de los rubros que se solicitan en el presente proceso ya fueron rechazados, al haberse desestimado (implícita-mente) la pretensión de condena a futuro formulada por los actores en el proceso anterior. En definitiva, por lo expuesto, corresponde desestimar el recurso de casación interpuesto por la parte actora, confirmándose la sen-tencia atacada. VIII) La correcta conducta procesal de las partes determina que las costas y los costos de la presente etapa se distribuyan en el orden causado (art. 688 del C. Civil y arts. 56.1 y 279 del C.G.P.). Por los fundamentos expuestos y las normas citadas, la Suprema Corte de Justicia FALLA : DESESTÍMASE EL RECURSO DE CA-SACIÓN INTERPUESTO POR LA PARTE ACTORA Y, EN SU MÉRITO, CONFÍRMASE LA SENTENCIA DEFINITIVA IMPUGNADA, SIN ESPE-CIAL CONDENACIÓN PROCESAL. HONORARIOS FICTOS 40 BPC. NOTIFÍQUESE A DOMICILIO Y, OPORTUNAMENTE, DEVUÉLVASE.