Sentencia Definitiva N° 1.243/2019

Montevideo, quince de agosto de dos mil diecinueve VISTOS : Para sentencia estos autos caratulados: “ACOSTA BONIFACIO, DANIELA ELENA; ANDREOLI LÓPEZ, ATILIO ANDRÉS; ARÉVALO NÚÑEZ, HÉCTOR MIGUEL; ARÉVALO NÚÑEZ, STIF FERNANDO Y OTROS C/ A.C. CONSTRUCTORA; LAFEMIR S.A.; GIACOTE S.A. Y RADITON S.A. - DEMANDA LABORAL - CASACIÓN”, IUE: 318-290/2017. RESULTANDO : I) El 18 de octubre de 2017 comparecieron 12 ex trabajadores contratados por la empresa Acconstructora S.A. y promovieron proceso laboral contra esa sociedad y contra Lafemir S.A., Giacote S.A. y Raditon S.A. Sostuvieron que comenzaron a trabajar para las demandadas a comienzos del año 2017, indicando las fechas aplicables respecto de cada uno. Alegaron que el vínculo cesó en todos los casos por despido el día 29 de mayo de 2017. Afirmaron que realizaron tareas de montaje vinculadas a la instalación de paneles fotovoltaicos para la generación de energía solar en dos predios distintos. En primer término, desde el inicio de la relación laboral y hasta el 29 de abril de 2017, prestaron servicios en la planta conocida como “Giacote”, situada en un padrón rural ubicado a seis kilómetros del kilómetro 50 de la Ruta Nacional No. 25, en el Departamento de Río Negro. En una segunda etapa, ya hasta la fecha de su despido, prestaron servicios en la planta “Bola de Oro”, sita en la Ruta Nacional No. 3, kilómetro 378, Departamento de Paysandú. Pretendieron que se conde-nara a las co-demandadas al pago de los siguientes rubros y partidas laborales: salarios impagos por prestación de tareas propias de una categoría superior, horas extras, horas por lluvia, presentismo, “viático”, “compensación no salarial”, feriados, “beneficio cumpleaños”, campera de abrigo, rescisión “ante tempus”, diferencias de licencia, de salario vacacional y de aguinaldo, daño moral, daños y perjuicios preceptivos, daños y perjuicios por falta de aportes al BPS y multa legal. El total de lo reclamado a la fecha de la demanda ascendía a $U 4.876.440 (cuatro millones ochocientos setenta y seis mil cuatrocientos cuarenta pesos uruguayos) más reajuste e intereses. II) En primera instancia, por sentencia No. 44/2018 del Juzgado Letrado de Primera Instancia de Young de 1º Turno, dictada el 16 de octubre de 2018 por su titular, Dr. Eduardo Guevara Areco, se rechazó la excepción de falta de legitimación pasiva que habían opuesto las co-demandadas Giacote S.A. y Raditon S.A.; y, (ii) se acogió parcialmente la demanda y condenó a todos los co-demandados in solidum , al pago de los siguientes rubros: salarios impagos por prestación de tareas propias de una categoría superior, presentismo, compensación no salarial, “beneficio cumpleaños” -en algunos casos-, diferencias de licencias, diferencias de salario vacacional, diferencias de aguinaldo, diferencias de feriado, daño moral, multa preceptiva e intereses (fs. 1825/1869). Cabe consignar que fueron desestimados los siguientes rubros: (i) indemnización por rescisión “ante tempus”; (ii) horas extras; (iii) “viático”; (iv) “campera de abrigo” -desestimado por la vía de “subsumirlo” en el “daño moral”, ver fs. 1854-; (v) horas por lluvia; y, (vi) daños y perjuicios por falta de aportes al BPS. III) En segunda instancia entendió el Tribunal de Apelaciones del Trabajo de 4º Turno el que, por sentencia definitiva identificada como SEF-0511-000035/2019, dictada el 27 de febrero de 2019, confirmó la sentencia de primera instancia únicamente en cuanto desestimó ciertos rubros y revocó la sentencia apelada: (i) en cuanto rechazó la excepción de falta de legitimación pasiva de Giacote S.A. y de Raditon S.A. y, en su lugar, amparó la excepción y las absolvió de toda condena; y, (ii) en cuanto amparó la condena al pago de ciertos rubros y, en su lugar, los desestimó, absolviendo de toda condena a la parte demandada (fs. 1959/1970). IV) A fs. 1974/2017 vta. compareció el representante procesal de la parte actora e interpuso recurso de casación. Luego de fundar la admisibilidad de ese medio impugnativo, sostuvo, en síntesis: a) La Sala, al declarar que las co-demandadas Giacote S.A. y Raditon S.A. no están legitimadas pasivamente en esta causa, violó lo dispuesto en las Leyes 18.099 y 18.251 sobre subcontratación. A fs. 985 y 990 esas sociedades admitieron que contrataron a Acconstructora S.A. para realizar obras en las plantas de generación de energía solar conocidas como “Planta Giacote” y “Planta Bola de Oro”. No es necesario probar una cadena de subcontratación, ya que las Leyes de subcontratación no limitan el elenco de responsables, por lo que no es ajustado a Derecho que lo haga el intérprete. Para interpretar las Leyes de subcon-tratación debe tenerse presente que en caso de dudas, debe seguirse la solución más beneficiosa para el trabajador. Por ello, no fue correcto recibir el planteo de Giacote S.A. y de Raditon S.A., por el cual postularon que ellas contrataron la obra a la empresa SEMIUR y que fue ésta última quien contrató a Acconstructora S.A. Citó en su misma línea interpretativa la opinión de la Dra. Rosina Rossi (sentencia SEF 00012-000112/2017 del Tribunal de Apelaciones del Trabajo de 1º Turno). En definitiva, solicitó a la Corte que se acogiera el agravio y, en consecuencia, se condenara en forma solidaria con los demás co-demandados a Giacote S.A. y a Raditon S.A. b) La Sala, al considerar que Giacote S.A. y Raditon S.A. carecían de legitimación pasiva en esta causa, por no haberse acreditado la vinculación entre los trabajadores actores y Giacote S.A. y porque la obra comisionada por Raditon S.A. había terminado antes del período reclamado, incumplió lo dispuesto en el artículo 137 del C.G.P. en cuanto establece que corresponde probar aquellos hechos que sean controvertidos. Y ello, porque Giacote S.A. y Raditon S.A., confesaron tanto ser dueños de los parques de generación de energía solar donde trabajaron los actores, como haber sido los comitentes de las obras. c) La Sala, al revocar la condena al pago de los rubros “presentismo” y “compensación no salarial”, aplicó erróneamente los convenios colectivos del Grupo 8 y el decreto 28/2011. La Sala consideró que esos beneficios están previstos para quienes realizan “montaje industrial” mas no para quienes, como los actores, se encuentran comprendidos en la regulación de actividades de “montaje electrometal mecánico (Grupo 8)”. A los actores les corresponde el cobro de esas partidas, que benefician al “montaje industrial”, por las siguientes razones: prestaron servicios de montaje electrometal mecánico, actividad que es un tipo de montaje industrial; aun cuando se excluyera al “montaje electrometal mecánico” de los beneficios reclamados, la categoría de los actores corresponde al montaje industrial, cf. convenio colec-tivo del 18 de marzo de 2011; el convenio del que surge su derecho ha sido invocado por las propias demandadas; y, aun su hubiera dudas, debe aplicarse el principio “in dubio pro operario”. d) La Sala, al desestimar la condena al pago de los rubros “viático” y “campera de abrigo”, aplicó erróneamente los convenios colectivos del Grupo 8 de marzo de 2011 y de noviembre de 2011, capítulo décimo quinto. En tal sentido, desestimó la condena al pago de los rubros “viático” y “campera de abrigo” por considerar que únicamente tienen derecho a su percepción los trabajadores permanentes. Sin embargo, el convenio confiere el derecho a quien haya prestado servicios a la empresa con continuidad en un montaje o más, condición que han cumplido los accionantes. Respecto al rubro “viáti-co”, además, se violó también lo dispuesto en el convenio interno suscripto entre la Unión Nacional de Trabajadores del Metal y Ramas Afines y la empresa Acconstructora S.A., tal como surge de fs. 894/895. e) La Sala, al desestimar la procedencia de la condena a la indemnización por la rescisión “ante tempus” del contrato de trabajo de los actores, aplicó erróneamente lo dispuesto en las normas sobre interpretación de los contratos, los principios del derecho laboral de continuidad, protector y de primacía de la realidad al tiempo que violó, por falta de aplicación, lo dispuesto en los artículos 1321 de Código Civil y 130.2 del C.G.P. (fs. 1985/1989 vta.). f) La Sala, al rechazar la pretensión por el pago de las diferencias salariales derivadas de realizarse tareas propias de una categoría laboral superior, fundada en que no se acreditó que los accionantes desarrollaran tareas propias de una categoría laboral superior a aquella por la cual se los contrató y pagó, violó las reglas legales sobre valoración de la prueba. Concretamente, la Sala ignoró lo manifestado por los testigos Colman, Pacheco, Noble, González, Parodi, García y Menéndez, testigos que no tenían tacha de sospecha alguna y que depusieron en sentido contrario a la conclusión de la Sala. Del mismo modo, la Sala privilegió el testimonio de Silva, Scápula, Carballo, Figueroa y Guigou, todos empleados de la parte demandada. Además, el Tribunal le asignó a lo declarado por los testigos Pacheco, Noble, García y Menéndez un sentido opuesto a lo que efecti-vamente dijeron en relación a las tareas realizadas y herramientas utilizadas por los accionantes, lo que constituye un absurdo evidente. En otro orden, es irracional la conclusión de la Sala a fs. 1839/1840, en cuanto a que el número de capataces y oficiales era adecuado para el tipo de tarea que se desarrolló en la obra (montaje mecánico). Esa conclusión se basa en la declaración de un testigo sospechoso que se contradice con los demás testimonios y supone, nuevamente, un absurdo evidente. Si había 270 trabajadores y se formaban grupos compuestos por tres operarios, ello determina la existencia de 90 grupos. Sin embargo, no había 90 oficiales, apenas, quizás, 15. Ello demuestra el absurdo razonamiento de la Sala, que no es lógico. Configura igualmente un absurdo evidente que la Sala no aplicara lo dispuesto en el artículo 142.2 del C.G.P., cuando los demandados no agregaron las planillas de control de tareas, documentos que hubieran ratificado que la actividad de los accionantes encuadraban en una categoría superior. g) La Sala, al rechazar la procedencia del reclamo por horas extras, incurrió en una errónea aplicación de los artículos 140, 142 y 158 del C.G.P. No valoró la totalidad de la prueba, no valoró el incumplimiento del deber de colaboración de las demandadas e ignoró por completo los motivos de sospecha de testigos que tomó en cuenta. h) La Sala, al rechazar la procedencia de la condena al pago del rubro “campera de abrigo”, incurrió también en una errónea aplicación de los artículos 140 y 142 del C.G.P., ya que surge acreditado que únicamente se entregó un “buzo polar” insuficiente para afrontar los fríos padecidos en el medio del campo. i) La Sala, al concluir que correspondía desestimar la pretensión reparatoria del daño moral alegado, se fundó en una valoración de la prueba absurda en forma evidente, en infracción de lo dispuesto en el artículo 140 del C.G.P. El absurdo radica en que se ignoraron las declaraciones de los testigos propuestos por la parte actora y en que se basó el fallo en la declaración de testigos sospechosos, así como en prueba inconducente. En este sentido, precisó los errores de valoración en cuanto a distintos hechos que fundaron el reclamo por daño moral: las condiciones del ómnibus que trasladaba a los accionantes a su lugar de trabajo, “los pastizales, el barro y la presencia de serpientes y roedores” (fs. 2007), el “filo cortante de las mesas y el inadecuado tipo de guantes de trabajo”, las quemaduras por exposición al sol, la exigencia de esfuerzos físicos desmedidos, el hacinamiento y la falta de higiene, la insuficiencia de baños. En definitiva, solicitó que se anulara la recurrida y que, en su lugar se condenara al pago de los rubros reclamados en su demanda. V) A fs. 2028/2044 compare-cieron las co-demandadas Giacote S.A. y Raditon S.A. y evacuaron el traslado del recurso de casación que les fuera oportunamente conferido. Afirmaron que se imponía su rechazo por ser inadmisible, al no verificarse error grosero o inexcusable en la valoración probatoria ni infracción normativa alguna. VI) A fs. 2046/2079 vta. comparecieron las restantes co-demandadas, Acconstruc-tora S.A. y Lafemir S.A., quienes igualmente abogaron por el rechazo del medio impugnativo de los accionantes, controvirtiendo sus argumentos. VII) Recibidos los autos en la Corporación (fs. 2086), por providencia No. 818 de fecha 8 de mayo de 2019, se dispuso el pase a estudio y autos para sentencia, la que finalmente se acordó en legal forma. CONSIDERANDO : La Suprema Corte de Justicia, por unanimidad de sus miembros naturales, acogerá parcialmente el recurso de casación interpuesto por la parte actora, de acuerdo a los fundamentos que se explicitarán a continuación. I) En cuanto al agravio por haberse declarado la falta de legitimación de las co-demandadas Giacote S.A. y Raditon S.A. Este agravio se sustenta en la denuncia de dos infracciones normativas que se pasará a considerar. I.I) La errónea aplicación de las Leyes de tercerización . I.I.a) El agravio y lo resuelto por la Sala . Como se consignó en el capítulo de Resultandos, la parte actora esgrimió como agravio que la Sala al declarar que las co-demandadas Giacote S.A. y Raditon S.A. no están legitimadas pasivamente en esta causa, violó lo dispuesto en las Leyes 18.099 y 18.251 sobre subcontratación. La Sala consideró que el régimen legal en materia de responsabilidad laboral por subcontratación, consagrado en las Leyes 18.099 y 18.251, no comprende los fenómenos de subcontratación “en cadena”, como lo supone el planteo de los actores (contestación de la parte actora de la excepción de falta de legitimación de Giacote S.A. y Raditon S.A., fs. 995/998). Los actores, por el contrario, sobre la base de que las Leyes de tercerización comprenden los supuestos de subcon-tratación “en cadena”, afirmaron que dado que esas sociedades habrían admitido que contrataron a la empresa SEMIUR para realizar obras en las plantas de generación de energía solar conocidas como “Planta Giacote” y “Planta Bola de Oro” y ésta, a su vez, contrató a Acconstructora S.A., la empleadora directa de los actores, corresponde concluir en su legitimación pasiva frente a este reclamo. En sostén de su posición, y a diferencia del criterio de la Sala, afirmaron que las Leyes de tercerización comprenden a toda la cadena de subcontratación, y no solo a quien contrató con el empleador directo. Citaron en su apoyo lo expresado por la Dra. Rosina Rossi al extender discordia a la sentencia No. 112/2017 del Tribunal de Apelaciones del Trabajo de 1º Turno. Agregaron que para interpretar las leyes de subcontratación, debe tenerse presente que en caso de dudas, debe seguirse la solución más beneficiosa para el trabajador. Por ello, no fue correcto recibir el planteo de Giacote S.A. y de Raditon S.A., por el cual postularon que ellas contrataron la obra a la empresa SEMIUR y que fue ésta última quien contrató a Acconstructora S.A. La Corporación, por los fundamentos que se explicitarán, entiende que el agravio no resulta de recibo. I.I.b) Las Leyes de tercerización laboral no comprenden supuestos de subcontratación “en cadena” . En efecto, la Sala no incurrió en ninguna infracción normativa al descartar la legitimación pasiva de Giacote S.A. y Raditon S.A. ya que la responsabilidad por créditos laborales regulada en las Leyes 18.099 y 18.251 no comprende los llamados supuestos de subcontratación “en cadena”. En relación al fenómeno de la subcontratación en cadena, cabe preguntarse, como se ha planteado en esta causa, si la responsabilidad del régimen sobre tercerización “comprende únicamente el primer grado o escalón de externalización de mano de obra u operaciones, o si, por el contrario, la empresa principal o usuaria es responsable aún en los casos de delegación de obras, servicios o trabajo en cascada o cadena. Nos explicamos. Muchas veces el fenómeno de la descentralización se reduce al desplazamiento de funciones y operaciones entre la empresa comitente y sus empresas proveedoras o auxiliares. Sin embargo, nada impide que estas últimas encarguen a su vez a un tercero, la ejecución de todo o parte de la parcela de actividad confiada a las mismas. Tal supuesto es frecuente en los casos en que la operación delegada es de importante volumen y complejidad. Otro ejemplo típico de subcontratación en cascada se observa habitualmente en la industria de la construcción. No es extraño que la empresa contratista confíe parte de las tareas de construcción que le encomendó el comitente, en subcontratistas especiali-zados (electricidad, sanitaria, pintura, etc.). En esta industria la subcontratación suele descender varios escalones. Cuando se verifican los supuestos de externalización en cascada, la duda que surge es si se puede extender la responsabilidad de la empresa principal no solamente hacia los trabajadores del intermediario, subcontratista o suministrador de mano de obra, con el que contrató directamente, sino también frente a los trabajadores de las empresas auxiliares o proveedores con las que se vinculan estos últimos con la finalidad de cumplir con el objeto encargado” (ROSENBAUM, Jorge y CASTELLO, Alejandro: “Subcontratación e intermediación laboral. Estudio de las leyes 18.099 y 18.251”, FCU, 3ª edición, Montevideo, 2012, págs. 195/196) . Esa es la posición que ha sostenido, por ejemplo, el Tribunal de Apelaciones del Trabajo de 2º Turno en varios fallos -por ejemplo: sentencias Nos. 438/2012, considerando IX; 439/2012, considerando IV; 341/2017, considerando III-, compartiendo la opinión de estudios especializados sobre el punto. Así, en el último de los fallos citados se sostuvo que: “(...) ‘Tampoco correspon-de la denominada responsabilidad ‘en cadena’ al abrigo de las Leyes 18.099 y 18.251. En tal sentido los Dres. Garmendia Arigón y Gauthier afirman: ‘... que en el caso uruguayo existió una opción deliberada al concebir el proyecto de Ley, de no contemplar la responsabilidad en las sucesivas subcontrataciones como sí se hizo en el caso chileno. La única referencia que existe en la norma nacional a la hipótesis de sucesivas subcontrataciones se encuentra en el artículo 5º de la Ley Nº 18.251, donde se estipula que el mismo derecho de retención tendrá el contratista respecto de sus subcontratistas en caso de detectar obligaciones incumplidas. No obstante, la razón más plausible de esta referencia se encuentra en que la disposición del artículo 5º, consiste en una repetición textual del inciso tercero del artículo 183- C del Código de Trabajo chileno, extremo que en todo caso no autoriza a concluir que por ello debe entenderse extendida la responsabilidad solidaria al resto de la cadena de subcontratos’’” . En tal sentido, señalan GARMENDIA y GAUTHIER que para que exista subcontratación (y, por lo tanto, para que se active el sistema de atribución de responsabilidades que consagran las Leyes 18.099 y 18.251) es necesario que exista un acuerdo contractual entre la empresa principal y la empleadora directa del trabajador con el que esta última mantiene obligaciones pendientes de cumplimiento. En segundo lugar, la única referencia que existe en la norma nacional a la hipótesis de sucesivas subcontrataciones se encuentra en el art. 5º de la Ley 18.251, que dispone lo siguiente: “ (Retención de los pagos). Cuando el subcontratista, el intermediario o la empresa suministradora no acredite oportunamente el cumplimiento de las obligaciones laborales y previsionales y del seguro de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales en la forma señalada, el patrono o empresario principal podrá retener de las obligaciones que tenga a favor de aquél o aquéllos, el monto correspondiente. El mismo derecho tendrá el contratista respecto de sus subcontratistas” . Repárese –indican los autores- en el pasaje resaltado, ya que dicha oración establece que el “contratista” (es decir: la “primera empresa” que aparece en una cadena de subcontratos”) puede realizar retenciones respecto de sus subcon-tratistas. Va de suyo, a contrario sensu, que dicha facultad de retener, sólo puede hacerse efectiva eslabón por eslabón y no salteándose pasos en la cadena. Es decir: el empresario principal solo puede practicar retenciones a aquel con quien directamente mantiene un acuerdo contractual, pero no puede practi-carlas a quien, a su vez, ha sido subcontratado por éste último. Esto viene a confirmar que las Leyes no contemplaron la responsabilidad en cadena, porque de lo contrario, tendrían que haber admitido la posibilidad de que también se practicaran retenciones en cadena y esto último, no aconteció. En suma: de acuerdo al sistema de las Leyes 18.099 y 18.251, sólo se activa la atribución de responsabilidades en casos de subcontra-tación, cuando existe un acuerdo contractual entre las dos empresas en cuestión (es decir: entre la que emplea directamente al trabajador y la empresa usuaria) (GARMENDIA ARIGÓN, Mario y GAUTHIER, Gustavo: “Tercerizaciones. Análisis de las Leyes Nº 18.099 y Nº 18.251 y su aplicación jurisprudencial”, FCU, 2ª edición, Montevideo, 2012, págs. 106 y 107). En términos similares, se pronuncian BAROFFIO y LASARTE al afirmar que el art. 1 de la Ley 18.099 expresamente señala que la empresa principal únicamente responderá por las obligaciones laborales de sus subcontratistas, intermediarios o suministradores de mano de obra. El literal A) del art. 1 de la Ley 18.251, en la definición de subcontratación señala expresamente que debe existir un acuerdo contractual entre la empresa que encarga el servicio u obra y quien la ejecuta o presta (requisito negocial). Es decir, debe haber un contrato entre la empresa principal y la empresa subcontratista, lo que no existe entre las empresas A y C. La empresa A no está facultada a ejercer el derecho de información respecto a la empresa C. La empresa A no puede ejercer el derecho de retención sobre la empresa C. El art. 5 de la Ley 18.251 señala expresamente que la empresa principal únicamente puede ejercer el derecho de retención sobre la empresa C (BAROFFIO, Alberto y LASARTE, Felipe: “Leyes de tercerización”, LA LEY URUGUAY, Montevideo, 2017, pág. 80). En la jurisprudencia, se ha pronunciado en este sentido el Dr. Julio Posada y la Dra. Doris Morales, Ministros integrantes del Tribunal de Apelaciones del Trabajo de 1º Turno (sentencia No. 112/2017 con discordia de la Dra. Rosina Rossi) y las Salas del Trabajo de 3º Turno y de 4º Turno (sentencia No. 405/2014 y sentencias Nos. 19/2014 y 179/2014, respectivamente). En definitiva, se impone desestimar el agravio, por basarse en una interpretación del alcance de la responsabilidad prevista en la legislación sobre tercerización que no resulta de recibo. I.II) La infracción al artículo 137 del C.G.P. I.II.a) El agravio y lo resuelto por la Sala . Como se consignó ante-riormente, la parte actora esgrimió, como segundo fundamento de su agravio el haber la Sala declarado la falta de legitimación de Giacote S.A. y Raditon S.A., la infracción a lo dispuesto en el art. 137 del C.G.P., en cuanto impone probar los hechos invocados por las partes que “sean controvertidos”. Y ello porque afirmó que las demandadas confesaron tanto ser las dueñas de los parques solares en donde trabajaron los actores como haber encargado las obras en las cuales los accionantes prestaron servicios. El agravio no es de recibo. I.II.b) Dado que las leyes de tercerización laboral no comprenden supuestos de subcontratación “en cadena”, es irrelevante el planteo de la recurrente . En la medida que Raditon S.A. y Giacote S.A. no están abarcadas por la legislación sobre tercerizaciones, como se señaló precedentemente, no basta con la mera condición de propietarias de los inmuebles donde se prestó la actividad laboral para que estén legitimadas pasivamente o de comitente de la obra. En tal sentido, corres-ponde remitirse a lo consignado en el considerando I.I.a). II) En cuanto al agravio por la revocación de la condena al pago de los rubros “presentismo” y “compensación no salarial” del Grupo 8, subgrupo 01 . II.I) El agravio y lo resuelto por la Sala . Los recurrentes sostu-vieron que la Sala, al revocar la condena al pago de los rubros “presentismo” y “compensación no salarial”, aplicó erróneamente los convenios colectivos del Grupo 8 y el decreto 28/2011. La Sala consideró que esos beneficios están previstos para quienes realizan “montaje industrial” mas no para quienes, como los actores, se encuentran comprendidos en la regulación de actividades de “montaje electrometal mecánico (Grupo 8)”, por lo cual les rige el “acuerdo bipartito de Parques Fotovoltaicos”, en el cual no está prevista la partida. Agregó la Sala que la condición de personal contratado para obra determinado determina que no tengan derecho a esas partidas. Sostuvieron que el crite-rio de la Sala constituyó un error, ya que a los actores les corresponde el cobro de esas partidas, que benefician al “montaje industrial”, por las siguientes razones: prestaron servicios de montaje electrometal mecánico, actividad que es un tipo de montaje industrial; aun cuando se excluyera al “montaje electrometal mecánico” de los beneficios reclamados, la categoría de los actores corresponde al montaje industrial, cf. convenio colectivo del 18 de marzo de 2011; el convenio del que surge su derecho ha sido invocada por las propias demandadas; y, aun si hubiera dudas, debe aplicarse el principio “in dubio pro operario”. El agravio es de recibo con el alcance y por las razones que se dirán a continuación. II.II) En cuanto al derecho de los actores al cobro de las partidas “compensación no salarial” y “presentismo” . II.II.I) Resumen . En el caso, la Sala incurrió en error al considerar que los actores no tenían derecho a estas partidas. A juicio de la Corte asiste razón a los recurrentes en cuanto a que la Sala interpretó erróneamente los convenios colectivos aplicables al caso, al considerar que los beneficios referidos no estaban previstos para los accionantes, en su calidad de trabajadores contratados para obra determinada. La actividad desarrollada por los actores califica dentro del género “montaje industrial” y las dos concretas partidas en análisis no están excluidas en los casos de personal contratado para obra determinada. Cabe tener presente que en esta causa está fuera de discusión que los actores pertenecen al Grupo 8 ( Industria de Productos Metálicos, Maquinaria y Equipos ), subgrupo 01 ( Industrias metálicas básicas... ) y que su empleador directo fue la co-demandada Acconstructora S.A. En ese marco, debe de verse que la fuente del derecho de los actores al cobro de la partida reclamada se encuentra: (i) el convenio colectivo de 14 de noviembre de 2011 del sector, (artículo décimo séptimo numerales 1 y 4); y, (ii) el “convenio interno” suscripto entre la co-demandada Acconstructora S.A. la U.N.T.M.R.A. (Unión Nacional de Trabajadores del Metal y Ramas Afines), de fecha 1º de febrero de 2017, (proemio). II.II.II) Las partidas reclama-das . En la demanda se identificó la fuente de estas dos partidas en lo previsto en el artículo tercero, numerales 1 y 4 del convenio colectivo de fecha 18 de marzo 2011 del Grupo 8 de los Consejos de Salarios, subgrupo 01. Transcribimos la norma a continuación: “Tercero: Compensaciones a aplicar en el montaje industrial . Cuando se realicen monta-jes industriales se aplicaran las siguientes compensa-ciones a partir del 1 de febrero de 2011: 1) Un sistema de incentivo para asistencia como se detalla: a) Por trabajo efectivo interrumpido y completo en la semana se generará una partida salarial cuyo monto será de 12% del salario básico o mínimo efectivamente ganando durante la semana. El salario básico o mínimo es el que corresponde a cada trabajador excluidas las horas extras, sobrelaudos, primas, viáticos, compensaciones o cualquier otra partida de carácter remuneratorio. En los casos que se aplique un sistema en las empresas se tomará la condición más beneficiosa para los trabajadores que revistan al día de este acuerdo. b) El beneficio se generará igualmente en los casos de trabajo incompleto taxativamente detallado a continuación: x) por lluvia o falta de material si el operario concurrió al montaje en cuyo caso la concurrencia genera solamente este beneficio. xx) por gestiones que deban realizar los trabajadores autorizados por la empresa, ante dependencias estatales o de Seguridad Social. xxx) por feriados pagos comprendidos en la semana considerada. xxxx) cuando el trabajo de la semana se realice en forma incompleta en razón del inicio o finalización de las vacaciones anuales pagas. En estos casos y al único efecto del cálculo del beneficio se computará el equivalente al salario que el trabajador habría percibido en caso de haber trabajado efectivamente. c) En todas las demás situaciones de trabajo incompleto, no se generará el beneficio con la única excepción de las abstenciones colectivas y concertadas del trabajo de carácter parcial en la jornada y dispuestas y comunicadas por UNTMRA y el PIT CNT en cuyo caso se generará sobre las jornadas ininterrumpidas trabajadas efectivamente en la semana y las situaciones previstas en el párrafo anterior. (...) 4) Una compensación de acuerdo a lo que más abajo se indica que es la suma sobre horas comunes de compensaciones no salariales y por tanto no gravadas por ninguna clase de aportes y no generan beneficios de seguridad social y otros tales como salario vacacional, sueldo anual complementario, licencia, indemnización por despido y seguro de desempleo. Ayudante de Montador $ (...) por hora. Medio oficial montador, soldador o cañista $ (...) por hora. Oficial montador, soldador o cañista C $ (...) por hora Oficial montador, soldador o cañista B $ (...) por hora Oficial montador soldador o cañista A $ (...) por hora” (los destacados mediante negrita son del original). Cabe precisar que el convenio colectivo del grupo 8, subgrupo 1 invocado por la parte actora (el de 18 de marzo de 2011) fue sustituido por uno posterior, de fecha 14 de noviembre de 2011, que es el que rige a la fecha. Esto no incide en el presente caso, por cuanto el último convenio prevé iguales beneficios en su cláusula décimo séptima. II.II.III) Los beneficios establecidos para el “montaje industrial” aplican a los accionantes . A diferencia de lo sostenido por la Sala, la Corte considera que los beneficios previstos en el convenio colectivo del Grupo 8, sub-grupo 01, de fecha 14 de noviembre de 2011 aplican -de regla- a los accionantes. A) Cabe partir por considerar el convenio bipartito de empresa suscrito el 1º de febrero de 2017 en Paysandú entre la co-demandada Acconstructora S.A. y la U.N.T.M.R.A. (agregado con la contestación de la demanda por Acconstructora S.A., fs. 894/898 vta.). En este convenio suscripto a nivel de empresa no se prevén las partidas analizadas (“compensación no salarial” y “presentismo”). Sin embargo, cabe tener presente que en el proemio de ese instrumento se estableció que Acconstructora S.A. y la UNTMRA: “Celebran dicho convenio, el cual regirá a partir del 1 de enero de dos mil diecisiete y se integrará a los beneficios superiores del convenio madre del Grupo 8 subgrupo 01, atendiendo este al montaje electrometal mecánico fotovoltaico ” (fs. 894, el subrayado nos pertenece). De lo recién transcripto surge clarísimamente la remisión que hicieron las partes a “los beneficios superiores” del convenio madre del Grupo 8 subgrupo 1, el ya referido Convenio Colectivo de fecha 12 de noviembre de 2011, “atendiendo este al montaje electrometal mecánico fotovoltaico”. Quiere decir que quienes prestaron servicios para Acconstructora S.A. a partir del 1º de enero de 2017, como los actores, tenían derecho al cobro de los beneficios pactados en el convenio bipartito más los “beneficios superiores” previstos en el “convenio madre”, esto es, el Convenio Colectivo de 12 de noviembre de 2011. En este punto es indudable que la expresa remisión a los “beneficios superiores” del convenio madre permite concluir que existen beneficios allí regulados a los que acceden los trabajadores del Acconstructora que realizan “montaje electrometal mecánico fotovoltaico”. De otro modo, la redacción del convenio bipartito no tendría sentido; es muy claro que una empresa del porte de la co-demandada y el sindicato metalúrgico no suscriben convenios con ligereza y liviandad. Evidentemente las partes pactaron que los trabajadores de Acconstructora S.A. gozarían de los beneficios del convenio bipartito más los “beneficios superiores” del convenio colectivo “madre” del sector. Ahora bien: ¿cuáles son concretamente los “beneficios superiores” del Convenio Colectivo del 12 de noviembre de 2011 a los que refirieron la co-demandada y la U.N.T.M.R.A., “atendiendo al montaje electrometal mecánico fotovoltaico” ?. Si se lee atentamente ese convenio colectivo, se advierte que no hay ningún beneficio previsto para el “montaje electrometal mecánico” ni, menos, para el “montaje electrometal mecánico fotovoltaico”, categoría esta última que ni siquiera existe en el convenio colectivo de marras. La única referencia que existe en el convenio colectivo a “montaje electrometal mecánico” al que se remitieron las partes se encuentra en el inciso segundo de la cláusula decimoquinto, en el cual se define “montaje electrometal mecánico” como un tipo de montaje que difiere del “montaje industrial”: “DECIMOQUINTO: DEFINICIÓN DE MONTAJE. Se entenderá por Montaje industrial aquel que, una vez creadas las condiciones por la obra civil, implique trabajos de montaje de estructuras metálicas, calderería, cañería, equipos, etc., realizados por montadores, cañistas, soldadores, mecánicos, ayudantes, etc., de diferentes grados de calificación. Corresponde asimismo en-tender como montaje electrometalmecánico, la construcción y montaje de tableros e instalaciones eléctricas necesarias para el funcionamiento de la industria, así como para el funcionamiento y control de los propios equipos. Asimismo se entenderá como montaje industrial todo el proceso vinculado con una parada técnica de mantenimiento que las empresas deban desmontar y montar equipos existentes. Exclusiones: ensamblajes final de partes de un equipo que hacen al funcionamiento del mismo (p. ej. aire acondicionado), como una única unidad tenga o no obra civil previa, mantenimiento y reparaciones de equipos existentes en obras no nuevas, Industria Naval. Asimismo se entiende que cualquier otra salida del lugar habitual de trabajo a realizar tareas que no sean las arriba indicadas no constituyen montajes”. En este contexto, ineludi-ble para resolver correctamente el caso, debe enfati-zarse que los únicos beneficios que se regulan en el convenio colectivo al que se remitieron expresamente las partes son relativos al montaje industrial, no hay beneficios específicos para el manido “montaje electrometal mecánico” ni, menos, para el “montaje electrometal mecánico fotovoltaico” -categoría inexistente en el convenio colectivo-. En consecuencia, resulta claro que de los beneficios regulados para el “montaje industrial”, los únicos regulados en el convenio colectivo, aplican al “montaje electrometal mecánico fotovoltaico”, que no por lo que resulta de autos y de las definiciones aportadas sino como una especie del primero. En función de lo que viene de señalarse, la Corte considera que el criterio de la Sala es errado: rige el convenio bipartito y este sí remite a los beneficios del convenio colectivo, convenio colectivo en el cual los únicos beneficios regulados son los del “montaje industrial”, tipo de actividad en el cual queda subsumido el “electrometal mecánico”, a poco que se compare su contenido. B) Por otra parte, el agravio debe ser recibido porque, estando a los hechos tenidos por probados por la Sala, en cuanto a en qué consistía la actividad de los actores -descripta detalladamente en el considerando II, fs. 1962-, tal actividad encarta prístinamente en la definición de “montaje industrial” prevista en el convenio colectivo aplicable (cláusula decimoquinto, sobre definición de montaje, incisos primero y segundo; transcripta precedentemente). En efecto, la actividad que realizaban los actores según la Sala se amolda sin esfuerzo a la definición de “montaje industrial”, por cuanto suponía en términos del convenio: “una vez creadas las condiciones por la obra civil”, “trabajos de montaje de estructuras metálicas, (...) equipos, etc. realizados por montadores”. Por el contrario, los aspectos de la instalación eléctrica, propios del “montaje electrometal mecánico”, eran realizados por los oficiales y medio oficiales, no por los ayudantes montadores: “Una vez colocado aprietan el bulón para ajustarlo y luego, el oficial y [el] medio oficial hacen el trabajo fino, chequean las condiciones para favorecer la parte eléctrica” (fs. 1962). II.II.IV) Consecuencias de la recepción del agravio . En función del acogimiento del agravio y de lo dispuesto en el artículo 277.1 del C.G.P., cabe referir al contenido del fallo sobre este punto. Debe anularse la revocación de la condena a pagar estos rubros dispuesta por la Sala y, en su lugar, condenarse al pago de las partidas tomando como base de cálculo el salario efectivamente percibido como “ayudantes de montaje” y los datos contenidos en las liquidaciones realizadas en la demanda, más reajuste, interés y multa de precepto. Respecto de la procedencia del rubro que cabría llamar “presentismo”, cabe señalar que no corresponde recibir el intempestivo cuestiona-miento de Acconstructora S.A., quien en casación sostuvo que no se acreditó que los accionantes hubieran cumplido con lo previsto en la norma respectiva en cuanto a su asiduidad. El planteo no se realizó en la demanda y refiere a una cuestión de hecho que la empleadora pudo y debió conocer (registro de asistencia); en función del principio de disponibilidad del medio probatorio, era la empleadora quien debió aportar el registro de asistencia respectivo y no lo hizo. III) En cuanto al agravio por desestimarse la condena al pago de los rubros “viático”, “campera de abrigo”, indemnización por rescisión “ante tempus” y horas extras . III.I) Para la mayoría integrada por los Sres. Ministros, Dres. Eduardo TURELL, Jorge CHEDIAK, Elena MARTÍNEZ y Luis TOSI estos agravios son improcedentes ya que, atento a lo establecido en el art. 268 inciso 2º del C.G.P., y tratándose de un proceso en el cual no se demandó a una entidad pública de las previstas en la disposición mencionada, rige plenamente la regla que establece la improcedencia del recurso de casación respecto de aquellas cuestiones que han sido objeto de doble confirmatoria. Respecto del alcance de esta regla, la Corte ha sostenido en reiteradas oportunidades: “(...) la «ratio legis» del artículo 268 del C.G.P. –con la redacción dada por el art. 37 de la ley No. 17.243– radica en impedir que se revisen en el grado casatorio aspectos de la pretensión sobre los cuales recayeron pronunciamientos jurisdiccionales coincidentes en dos instancias, en razón de lo cual entiende la Corporación que aquellas cuestiones involucradas en el objeto de la litis y a cuyo respecto la decisión de primer grado fue confirmada en segunda instancia, se encuentran exiliadas del control casatorio (...)” (cf. sentencias Nos 376/2009, 1221/2009, 122/2010, 884/2012, i745/2015 y 179/2015, entre otras). Al amparo de la disposición e interpretación referidas, cabe declarar la inadmisibilidad del medio impugnativo ensayado respecto de aquellas cuestiones resueltas en primera instancia que fueron confirmadas por la Sala. En el caso, en primera instancia se desestimó la demanda en lo que refiere a los siguientes rubros: 1) la indemnización por rescisión intempestiva (considerando 4, fs. 1842); 2) las horas extra (considerando 6, fs. 1851/1854); 3) “viático” (considerando 7, fs. 1854); y, 4) campera de abrigo (considerando 7, fs. 1854). En segunda instancia, igualmente, se desestimaron todos esos rubros. Consecuentemente, estos agravios deben ser desestimados por improcedentes. III.II) La suscrita redac-tora, en cambio, considera que el recurso de casación es admisible en relación a estos puntos litigiosos. Debe de verse que la tesis restrictiva se basa en lo establecido en el art. 268 del C.G.P., en la redacción dada por el art. 37 de la Ley No. 17.243, que establece que: “ No será procedente el recurso de casación cuando la sentencia de segunda instancia confirme en todo, y sin discordia, a la sentencia de primera instancia... ”. La jurisprudencia tradi-cional de la Corte considera que todos aquellos aspectos de la sentencia que hayan sido confirmados íntegramente en segunda instancia y no hayan sido objeto de discordia, aun cuando otros aspectos de la sentencia hayan sido modificados o respecto de los cuales haya existido discordia, no son pasibles de revisión en casación. A esa posición se ha opuesto una más amplia sobre los requisitos de admisibilidad del recurso, que entiende que siempre que el Tribunal de segunda instancia revoque en forma total o parcial la sentencia de primera instancia, o que la confirme pero con discordia, la sentencia -en su integralidad- resultará pasible de ser revisada en casación. Esta tesis fue impulsada inicialmente en la discordia de la Dra. Selva KLETT a la sentencia de la Corte No. 465/2005 y ha sido compartida por la doctrina especializada (en tal sentido, véase: BARREIRO, María Virginia y TEJERA, Mariela: “Admisibi-lidad de la casación ante la doble confirmatoria y sin discordia”; LANDONI SOSA, A.; GONZALEZ S. y CABRERA R., “Procedencia del recurso de casación y alcance en hipótesis de confirmatoria parcial de la sentencia apelada” ambos en AA.VV, “XIVas Jornadas Nacionales de Derecho Procesal, Colegio de Abogados - IUDP, Colonia del Sacramento, 2009, págs. 187/196 y 151/168 respectivamente y LANDONI SOSA, Ángel: “El recurso de casación”, XVIIas Jornadas Nacionales de Derecho Procesal, Colegio de Abogados del Uruguay – IUDP, Rivera, 2015, págs. 229/254). Por lo tanto, existe otra lectura posible y más compatible con los principios propios de la vía impugnativa (así lo he sostenido desde mi ingreso a la Corte, en los fundamentos particulares consignados en la Sentencia No. 652/2017). Se postula en tal marco, una posición más amplia sobre los requisitos de admisibilidad del recurso que nos ocupa, que entiende que siempre que el Tribunal de segunda instancia revoque en forma total o parcial la sentencia de primera instancia o que la confirme, pero con discordia, la sentencia, en su integralidad , es pasible de ser revisada en casación. En criterio de la suscrita redactora, esta tesis es la que mejor se condice no solamente con el texto legal, sino con el sistema procesal en su conjunto. En particular, es la que mejor realiza el principio de libertad impugnativa, que está consagrado en el art. 244.1 del C.G.P., destacándose que cualquier restricción a la libertad de impugnación –como la que en este caso consagra la disposición legal en estudio- debe interpretarse en sentido restrictivo. La disposición en cuestión (art. 268 del C.G.P.), se limita a determinar las sentencias que pueden ser objeto del recurso, pero en ningún momento limita el contenido de éste o establece qué partes de la sentencia pueden recurrirse o no. Ahora bien, sin perjuicio de lo dicho, estimo que, por resultar mi posición minoritaria en el seno de la Corte, resulta estéril ingresar a examinar el mérito del punto litigioso sobre el que, a juicio de la mayoría, está vedado su control en casación. IV) En cuanto a la desestima-toria de la pretensión por diferencias de categoría . IV.I) El agravio . Los accionantes afirmaron en su recurso de casación que la Sala, al rechazar la pretensión por el pago de las diferencias salariales derivadas de realizarse tareas propias de una categoría laboral superior, fundándose en que no se acreditó que los accionantes desarrollaran tareas propias de una categoría laboral superior a aquella por la cual se los contrató y pagó, violó las reglas legales sobre valoración de la prueba. Concretamente, afirmaron que la Sala ignoró lo manifestado por los testigos Colman, Pacheco, Noble, González, Parodi, García y Menéndez, testigos que no tenían tacha de sospecha alguna y que depusieron en sentido contrario a la conclusión de la Sala. Del mismo modo, la Sala privilegió el testimonio de Silva, Scápula, Carballo, Figueroa y Guigou, todos empleados de la parte demandada. Además, sostuvieron que la Sala le asignó a lo declarado por los testigos Pacheco, Noble, García y Menéndez un sentido opuesto a lo que efectivamente dijeron en relación a las tareas realizadas y herramientas utilizadas por los accionantes, lo que constituye un absurdo evidente. En otro orden, sostuvieron que es irracional la conclusión de la Sala de fs. 1839/1840, en cuanto a que el número de capataces y oficiales era adecuado para el tipo de tarea que se desarrolló en la obra (montaje mecánico). Esa conclusión se basa en la declaración de un testigo sospechoso que se contradice con los demás testimonios y supone, nuevamente, un absurdo evidente. Indicaron que si había 270 trabajadores y se formaban grupos compuestos por tres operarios, ello determina la existencia de 90 grupos. Sin embargo, no había 90 oficiales, apenas, quizás, 15. Ello demuestra a su juicio el absurdo razonamiento de la Sala, que no es lógico. También señalaron que configura igualmente un absurdo evidente que la Sala no aplicara lo dispuesto en el artículo 142.2 del C.G.P., cuando los demandados no agregaron las planillas de control de tareas, documentos que hubieran ratificado que la actividad de los accionantes encuadraban en una categoría superior. IV.II) Consideración del agravio . IV.II.I) En cuanto a la erró-nea valoración de la prueba como causal de casación y su procedencia formal en el caso . A) El agravio en examen cuestiona la valoración probatoria de la Sala, postulando que se incurrió en una valoración absurda, por las razones que se relacionaron. Como es bien sabido en el ámbito jurídico, la procedencia de este tipo de causal de casación está reservada a supuestos en que se impute a un Tribunal de segunda instancia la realización de una valoración probatoria consistente en razonamiento probatorio que por su formulación o la conclusión a la que arriba pueda ser calificado como evidentemente absurdo o arbitrario. B) En función de lo anterior, es actualmente un valor entendido por la Corte que la procedencia de este tipo de agravios requiere que, con abstracción de los términos que se empleen, se describa un razonamiento o conclusión probatoria que puedan recibir la nota de absurdo evidente o arbitrariedad manifiesta. En este sentido, el agravio será improcedente si la parte no cumple con alegar un error en la valoración probatoria de una entidad tal que califique como un absurdo o una arbitrariedad, por ese solo motivo, sin necesidad de ingresar al análisis de lo planteado. Dadas las particularidades de la errónea valoración de la prueba como causal de casación, surge así una carga de la debida alegación del contenido que viene de señalarse. C) En el caso planteado, el agravio planteado únicamente cumple con la carga de la debida alegación referida, en cuanto denuncia un error que podría suponer una arbitrariedad manifiesta cuando afirmó que la Sala le atribuyó a lo declarado por los testigos Pacheco, Noble, García y Menéndez un sentido opuesto a lo que efectivamente dijeron, en relación a las tareas realizadas y herramientas utilizadas por los accionantes. Las demás críticas que sustentan este agravio no pasan de ser la -respetable y fundada- expresión de una mera discordancia de la valoración probatoria de la Sala, razón suficiente para su rechazo sin otras consideraciones. IV.II.II) En cuanto a la valo-ración absurda de la prueba alegada . Como se señaló, la única línea argumental de este agravio que cabe considerar es la que denunció que la Sala, según los recurrentes, le hubiera atribuido a lo declarado por los testigos Pacheco, Noble, García y Menéndez un sentido opuesto a lo que efectivamente dijeron, en relación a las tareas realizadas y herramientas utilizadas por los accio-nantes, lo cual configuraría un absurdo y una arbitrariedad manifiesta. El agravio no es de recibo. De la lectura de lo declarado por esos testigos no surge que la Sala les haya otorgado un sentido opuesto a su contenido. La Sala expresó: “[El] proceso de trabajo (montaje mecánico) fue descripto por el testigo Sr. Silva (...) Relata dicho testigo que se acarrean perfiles, viguetas, para comenzar a colocar. El testigo armaba grupos de gente en los que ponía un oficial o medio oficial. Realizada la tarea de montaje, los oficiales y medio oficiales con un inclinómetro dan los grados a la estructura (...) Después vienen los paneles solares que se armaron en grupos de tres, cuatro u ocho y ahí, vienen los ayudantes montadores con un medio oficial y colocan las placas arriba de la mesa. Los ayudantes (los actores) manipulan el panel entre dos o tres. Una vez colocado aprietan el bulón para ajustarlo y luego, el oficial [o medio oficial chequea el trabajo fino]. En marzo y abril de 2017 había un promedio de 15 oficiales encargados de la gente. El testigo, tenía a su cargo ochenta personas, en un total de doscientas setenta. El resto de los testimonios relevados en la sentencia de fs. 1835 a 1842 arroja datos similares acerca de la cantidad de personal y las tareas realizadas por capataces, oficiales, medio oficiales y ayudantes (Sr. Pacheco, Sra. Noble, Sra. García (...) Sr. Menéndez...)”, (fs. 1962/1962 vta.). Lo declarado por los testigos Pacheco (fs. 1092/1096), Noble (fs. 1096/1099), García (fs. 1110/1117) y Menéndez (fs. 1117/1122) no es “opuesto” a lo que les atribuyó haber declarado la Sala: que esos testimonios indicaban datos similares a los que surgían del testimonio de Silva y del hecho de que no hubiera quejas de los trabajadores o del sindicato acerca de la cantidad de personal en las obras de autos y respecto de las tareas realizadas por capataces, oficiales, medio oficiales y ayudantes. No es correcto que esos testimonios tengan un contenido opuesto, contrario al que le dio la Sala. A poco que se repare en cada uno de ellos, en lo medular ratifican que el tipo de tareas que realizaban los accionantes son propias de la categoría “Ayudante de Montaje” y no de la de “Oficial de Montaje C”, básicamente: ajuste de las “mesas”, manipulación material de los paneles, presentación de los paneles sobre las meses, ajuste bulones y demás. Es ilustrativo como Menéndez afirmó que existían cuadrillas “de montaje eléctrico” (fs. 1120), lo que corrobora la conclusión de la Sala respecto a que los accionantes realizaban las tareas más sencillas de montaje. Y ese era el “hecho a probar”: cuáles eran las concretas tareas desarrolladas por los actores. En su demanda alegaron que desarrollaban tareas propias de una categoría superior (“Oficial de Montaje C”) a aquella por la cual fueron contratados y remunerados (“Ayudante de Montaje”). ¿Hay diferencias no relevantes entre lo declarado por Pacheco, Noble, García y Menéndez con lo afirmado por la Sala? Si. Pero no de una entidad tal que meriten decir que tienen contenidos opuestos. En definitiva, el razona-miento probatorio de la Sala no presenta quiebres lógicos en su enunciación, sino que consiste en una cadena de argumentos clara y racionalmente hilvanados que podrá ser más o menos compartible, pero ciertamente no es una argumentación pasible de ser calificada como absurda o arbitraria. V) En cuanto a la desestima-toria de la pretensión por indemnización del daño moral alegado . V.I) El agravio . Tal como se expresó, la parte actora se agravió porque la Sala, al concluir que correspondía desestimar la pretensión reparatoria del daño moral alegado, se fundó en una valoración de la prueba absurda en forma evidente, en infracción de lo dispuesto en el art.140 del C.G.P. Afirmó que el absurdo radicó en que se ignoraron las declaraciones de los testigos propuestos por la parte actora, considerándose únicamente la declaración de testigos sospechosos, así como en prueba inconducente. El agravio no es de recibo. V.II) Consideración del agravio . Dadas las particularidades que tiene la errónea valoración de la prueba como causal de casación ya anotadas, se considera que este agravio es formalmente improcedente, por no consistir en una denuncia de un absurdo o de una arbitrariedad manifiestos. En efecto, como se dijo, el agravio desarrollado a fs. 2003 infra/2016 vta., no pasa de ser la expresión de una mera discordancia con lo resuelto por la Sala en el considerando III de la recurrida a fs. 1963/1964. En definitiva, la Suprema Corte de Justicia, por unanimidad de sus miembros naturales, FALLA : POR ANULAR LA RECURRIDA, ÚNICAMENTE EN CUANTO REVOCÓ LA CONDENA AL PAGO DE LOS RUBROS “COMPENSACIÓN NO SALARIAL” Y PRESENTISMO Y, EN SU LUGAR, POR CONDENAR A SU PAGO CONFORME LO INDICADO EN LOS CONSIDERANDOS II.II.III) Y II.II.IV) DE ESTE PRONUNCIAMIENTO, SIN ESPECIAL CONDENACIÓN PROCESAL. A LOS EFECTOS FISCALES, FÍJANSE LOS HONORARIOS FICTOS EN 20 B.P.C. NOTIFÍQUESE A DOMICILIO, PUBLÍQUESE Y, OPORTUNAMENTE, DEVUÉLVANSE LOS AUTOS CON LAS FORMALIDADES DE ESTILO.